Source: The Conversation – (in Spanish) – By Xavier Coller, Catedrático, Dpto. Ciencia Política y de la Administración, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia
El anuncio del presidente del Gobierno anticipando las elecciones al 29 de noviembre ha supuesto un adelanto de nueve meses respecto al calendario ordinario. Esto no es nuevo en España. Cinco de los siete presidentes que ha tenido España han adelantado las elecciones en alguna ocasión –todos menos José María Aznar (PP) y Mariano Rajoy (PP)– y 9 de las 16 elecciones generales también han tenido lugar antes de que terminara la legislatura. Algo más nuevos sí parecen ser los motivos que están detrás de este último.
Un adelanto electoral puede ocurrir por muchos motivos, pero casi todos tienen dos denominadores comunes: que se perciba que la legislatura será ingobernable y que el presidente del Gobierno considere que mejora su posición respecto a una convocatoria ordinaria.
En esta ocasión, sería razonable pensar que los cálculos internos de la parte socialista del Ejecutivo consideran que no hay un escenario mejor a la vista y que prolongar la agonía legislativa no rinde beneficios.
En un contexto en el que la crisis migratoria de Ceuta amenazaba con hacer imposible una mejora en la valoración del Gobierno, redirigir el debate hacia la vivienda puede haber parecido la única vía de escape, justificada por la movilización tras el desahucio de Maricarmen. No obstante, esto es una apuesta que tiene sus riesgos.
La vivienda, en el punto de mira
Entre los posibles contratiempos a los planes de Moncloa hay el peligro de que una campaña centrada en la vivienda puede resultar un mal negocio. La sensación desde varios sectores del electorado es que esta legislatura no ha avanzado de forma decidida en esa materia. El papel del ministerio ha sido puesto en entredicho y desde el PP se ha hablado del mayor fracaso de este Gobierno y el mayor éxito para el siguiente.
Todo esto ocurre en un escenario en el que las desigualdades en el acceso a la vivienda preocupan cada vez más a la ciudadanía.
A este asunto se le añaden otros, como es el caso de la percepción sobre la gestión de la inmigración. Aunque la crisis migratoria en Ceuta haya pasado a un segundo plano, una eventual desactivación de la agenda sobre vivienda podría relanzar el debate migratorio, en el que partidos como Vox y PP se encuentran más cómodos que con la vivienda.
A esto se le añade el problema, agitado desde varios frentes, de la corrupción, que –real o no, sentenciada o no– ha configurado cierta visión de la política actual en sectores de la población y de los medios.
Es probable que la campaña electoral bascule sobre estos tres elementos, aderezados por los éxitos económicos y sociales del Gobierno y su minusvaloración por la actual oposición.
Todo esto ocurre en un contexto en el que tanto PSOE como Sumar acumulan caídas en intención de voto, con Podemos y el conjunto de partidos nacionalistas y regionalistas estancado, a la vez que Vox reúne alrededor de un 18 % en intención de voto y el PP se sitúa con entre 4 y 8 puntos de ventaja sobre los socialistas.
La estrategia del adelanto electoral no parece tanto de remontada, sino más bien de salvar los muebles en un escenario complicado. Aun así, puede haber partido: las mejores encuestas son las elecciones (como sugirió un presidente de Gobierno a quien le pronosticaban la derrota).
Así queda el calendario
En todo caso, por incierto que sea el resultado, el calendario sí está mucho más claro. Una vez se cierre la convocatoria oficial (que incluye la disolución de las Cortes), los partidos tendrán algo más de una semana para cerrar las coaliciones y otra más para presentar candidaturas. Se proclaman candidatos el 2 de noviembre y el 13 se inicia la campaña. Es un decir, porque la campaña pareció iniciarse con las elecciones de Extremadura en diciembre de 2025.
El voto por correo estará activo hasta el 25 de noviembre. Algunos dirigentes del PP y de Vox han sembrado dudas sobre la honradez de Correos e indirectamente sobre los actores que intervienen en el voto por correo: la Oficina del Censo Electoral (gestionada por el Instituto Nacional de Estadística) y la Junta Electoral Central (jueces y catedráticos).
Estas dudas suelen generar desconfianza en las instituciones y parecen querer reactivar el debate sobre la ley de nietos o justificar un potencial resultado negativo relacionado con el voto exterior, que en realidad suele tener poco impacto real.
La deslegitimación de las instituciones es uno de los pasos graduales que erosionan y hacen caer las democracias. Y como recuerda la politóloga Susan Stokes en su libro Los Regresores, los líderes políticos elegidos tienen una gran responsabilidad en esa erosión en la medida en que atacan a las instituciones de la democracia retóricamente antes de hacerlo políticamente. Urge no seguir por esa senda.
En medio de todo esto, un elemento que tendrá ecos intensos en el debate público es que los decretos rechazados por el Congreso se presenten remodelados finalmente en la Diputación Permanente.
La Diputación es el órgano que mantiene el Congreso operativo en vacaciones o entre legislaturas. Por su composición interna, los votos de Junts no son decisivos, aunque está por ver lo que harán otros partidos. Recordemos que estos decretos creaban, entre otras cosas, seguridad ante posibles futuros desahucios.
Probablemente, una aprobación en la Diputación Permanente será objetada judicialmente por PP y Vox. Estos movimientos pueden crear incentivos para que el debate público se centre más en la vivienda y en las medidas de protección a la población más vulnerable, opacando a Ceuta y la inmigración (especialmente si se producen avances en ese flanco). Sin embargo, no está claro que reduzca la percepción de corrupción que tienen algunas capas de la población.
Un problema añadido a este anticipo electoral es que sorprende a la izquierda del PSOE sin candidato/a claro y con movimientos que anticipan una dispersión de partidos. En estas circunstancias, la dispersión o la fragmentación reduce las probabilidades de obtener escaños para la izquierda, lo que reduce también las probabilidades de repetir un gobierno progresista.
Por otro lado, el crecimiento continuado de Vox apuntala a un PP que se mantiene y, con una menor dispersión de siglas en la derecha, fortalece la probabilidad de que estas dos formaciones puedan formar gobierno, como han hecho en varias comunidades autónomas.
¿Lloverá el día de las elecciones?
Por último, ¿puede el (mal) tiempo influir en las elecciones? Parece que sí de dos maneras.
Por un lado, un estudio sugiere que la lluvia reduce la participación, especialmente de algunos segmentos como el de los jóvenes, menos inclinados a votar que los más mayores, y el de la población más desfavorecida. Según los datos del CIS, las opciones de voto preferidas por la población entre los 18 y 35 años son, por este orden, PSOE, Vox y el PP.
Por otro lado, hay estudios experimentales que muestran que el mal tiempo afecta al estado de ánimo y, en esas circunstancias, el votante dudoso puede optar más por opciones continuistas que por las de cambio. Desde este punto de vista, la lluvia podría facilitar que las personas que vayan a votar y que tengan poco claro el voto terminen prestando su apoyo a partidos de gobierno.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. Elecciones anticipadas: ¿y ahora qué? – https://theconversation.com/elecciones-anticipadas-y-ahora-que-293635