Source: The Conversation – (in Spanish) – By David Alvarado, Associate professor, Universidade de Vigo
La noche del 29 de julio, Mohamed VI pronunciaba el discurso del trono, en el que erigía la estabilidad como característica de su reinado y hacía de la economía el eje central de su intervención, exaltando los desarrollos industriales y las ambiciones tecnológicas de Marruecos.
Pocas horas después, se registraban hasta 80 000 entradas irregulares en Ceuta, dejando en las aguas mediterráneas, a los pies del paso fronterizo, al menos 83 fallecidos en el lado español y otros 11 confirmados del lado marroquí.
La narrativa oficial es que la estabilidad ha hecho de Marruecos un actor “creíble, respetado y escuchado” internacionalmente. Pero este modelo de Estado ha generado las condiciones de exclusión que expulsan a su juventud de sus fronteras.
La cuestión económica
El PIB per cápita español alcanzó en 2024 los 32 633 euros, mientras que el de Marruecos es de algo más de 4 000.
Sobre esa diferencia de ocho a uno sobreviven las familias de M’diq-Fnideq, la prefectura marroquí contigua a Ceuta. Antes había porteadoras que cruzaban con mercancías, pequeños comerciantes que compraban en la ciudad autónoma y revendían al otro lado, limpiadoras, cuidadoras y jornaleros que trabajaban en el enclave durante el día. En 2019, un informe del parlamento marroquí arrojaba luz sobre la “situación desastrosa” de estas porteadoras, cuyo número se estimaba en 3 500.
En octubre de ese mismo año, Rabat clausuró los pasos de Bab Sebta y Bab Melilia a esos tráficos.
El 22 de marzo de 2020, el BOE publicaba la decisión del cierre total de dichas fronteras. Con una tasa de paro cercana al 20 %, la zona de actividades económicas de Fnideq, habilitada como sustituto del comercio transfronterizo, apenas contaba en 2023 con 76 almacenes que generaban 1 100 empleos directos.
Según el Banco Mundial, desde 2020 la economía marroquí destruye de media 60 000 empleos netos al año, si bien el PIB creció casi un 5 % el pasado año.
El beneficio de ese crecimiento alcanza a quienes ya están incorporados a la economía formal, dejando al margen a tres millones de jóvenes marroquíes sin empleo ni formación.
La Constitución de 2011
Las primaveras árabes llegaron a Marruecos en 2011 de la mano del Movimiento 20 de Febrero (20-F), que impulsó movilizaciones para exigir reformas democráticas. Caídos Zine el Abidine Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto, Mohamed VI respondió preventivamente anunciando una reforma constitucional “profunda”.
Elaborada por una comisión de expertos designada por el soberano, pese a las protestas de amplios sectores de la población, la carta magna fue aprobada con un 98 % de votos el 1 de julio de 2011. Se ampliaron las prerrogativas parlamentarias, pero el rey mantiene el control exclusivo sobre defensa, justicia, religión y política exterior. Blandiendo la retórica del cambio, la monarquía neutralizó la contestación y salió reforzada.
Hasta 22 artículos recogen derechos y libertades, pero sin implementarse medidas para su aplicación. La igualdad entre hombres y mujeres queda supeditada a las reservas del derecho coránico. Los partidos no pueden asentarse sobre bases regionales y permanecen sujetos a la autorización del Ministerio del Interior. Desde la adopción de la Constitución de 2011, las brechas entre texto y práctica no han dejado de agrandarse.
Mohamed VI otorgó una nueva carta magna a los marroquíes, pero sigue interpretando la norma suprema a su antojo, maximizando sus prerrogativas y socavando la credibilidad de los partidos y las élites políticas. Además de fijar las grandes orientaciones políticas, escapan al control del Ejecutivo la nominación de gobernadores, embajadores y cónsules, dirigentes de empresas públicas y la composición parcial del Gabinete, en manos de una élite tecnocrática aupada por Palacio.
Invocando exigencias de estabilidad, amenaza terrorista, salvaguarda de la integridad territorial de injerencias externas, desarrollo y prosperidad, el rey se presenta como única alternativa.
La cuestión saharaui y la rivalidad con Argelia actúan como sustitutos del debate público. La posición marroquí sobre el Sáhara se ha convertido en la “causa nacional”, el principal mecanismo de cohesión dentro del espacio político. Cualquier cuestionamiento de la posición oficial al respecto roza el antipatriotismo.
La ruptura de relaciones diplomáticas con Argelia, en 2021, se instrumentalizó para movilizar apoyos internos y sancionar políticas controvertidas, canalizando las frustraciones hacia un enemigo exterior. Ambos mecanismos legitiman al sistema desde fuera y cierran el debate desde dentro.
Tradición contestataria y represión
Marruecos tiene una larga tradición de contestación. La trayectoria reciente abarca el desalojo violento de los campamentos saharauis en Gdeim Iziq (2010), el movimiento 20-F de 2011, la protesta y detención de jóvenes marroquíes descendientes de españoles reclamando la nacionalidad en Sidi Ifni (2016), las “revueltas de la sed” en Zagora (2017) o el movimiento de Jerada, tras la muerte de dos hermanos en un pozo clandestino de carbón, el 22 de diciembre de 2017.
El episodio más significativo fue el Hirak del Rif (Movimiento Popular del Rif), entre octubre de 2016 y mediados de 2018, con decenas de miles de personas movilizadas contra la marginación de Alhucemas. Su desencadenante fue la muerte de Mohcine Fikri, un vendedor de pescado que quedó atrapado en un camión de basura al intentar salvar su mercancía confiscada. Nasser Zefzafi, la figura más visible del movimiento, cumple veinte años de condena por “terrorismo”, “complot contra la seguridad interior” y “conspiración con actores extranjeros”.
El patrón se repite. A las demandas legítimas sigue una represión calibrada y concesiones simbólicas del Gobierno, que no ataja las causas estructurales, mientras el rey guarda silencio, presentándose como árbitro ecuánime.
La generación Z sale a la calle
El movimiento juvenil GenZ212, que arrancó en otoño de 2025, fue la última expresión y la más difícil de gestionar. Surgió de la muerte de hasta ocho mujeres por cesáreas mal practicadas en un hospital público de Agadir, y devino en una suerte de impugnación del modelo de desarrollo marroquí.
A diferencia del Movimiento Popular del Rif, careció de liderazgo identificable y de un programa concreto, lo que dificultó su pervivencia y complicó la represión convencional del Estado. Se organizó desde el servicio de mensajería instantánea Discord, donde el servidor pasó de 1 000 a 260 000 miembros en semanas. La consigna “Queremos hospitales, no solamente estadios” condensó la fractura entre el ingente gasto en infraestructuras deportivas (por ejemplo, el coste del estadio que se está construyendo en Casablanca se estima en casi 500 millones de dólares) y la precariedad de los servicios públicos.
Cerca de 2 480 personas fueron detenidas y 1 473 se enfrentan a causas penales. La judicialización alcanzó a artistas y comentaristas en redes sociales. El rapero Mehdi Black Wind fue detenido por una canción titulada “Pegasus”. El activista Souhaib Kabli fue condenado a ocho meses por criticar la normalización de las relaciones con Israel.
Además, una investigación de catorce medios internacionales acreditó en julio de 2026 que la DGST (inteligencia interior) utilizó el software espía israelí desde 2017 para vigilar a periodistas, activistas e incluso legisladores. El arresto del periodista Ali Lmrabet al aterrizar en Tánger se interpretó como un aviso a quienes escriben sobre Marruecos desde el extranjero.
Control de la narrativa pública
El régimen marroquí ha perfeccionado un mecanismo de control de la narrativa pública que activa en cada crisis. La Agence Marocaine de Presse (MAP), un organismo público, actúa como regulador del relato oficial.
Sus informaciones dictan la agenda de un sector audiovisual eminentemente estatal y una prensa privada propiedad de grupos económicos vinculados a la monarquía, dependiente de la publicidad institucional y de la renovación discrecional de sus licencias, por lo que impera la autocensura.
La avalancha migratoria sobre Ceuta reproduce ese patrón. La MAP cubrió el discurso y las actividades reales de la Fiesta del Trono, pero no difundió ninguna información sobre los cruces que se estaban produciendo. El ministerio de Interior marroquí no se pronunció hasta días después, atribuyendo lo ocurrido a la desinformación y a una acción coordinada en el ciberespacio.
Medios próximos al poder presentaron el episodio como “asalto teledirigido” con implicación argelina y difundieron el desmantelamiento por la Gendarmería Real de un grupo de WhatsApp por “incitar al cruce colectivo” del Tarajal. El drama se atribuyó a una manipulación en redes, no a causas estructurales.
Expulsar jóvenes como recurso geopolítico
El próximo 23 de septiembre Marruecos celebra elecciones legislativas. En 2021, la participación apenas alcanzó el 50 % de los inscritos y el partido que canalizó la esperanza reformista tras las primaveras árabes perdió más del 90 % de escaños. La desafección es el veredicto de quienes han comprendido que la disidencia tiene precio y la movilidad social es un privilegio inalcanzable.
La teoría de la privación relativa formulada por Ted Gurr explica lo ocurrido en el Tarajal mejor que cualquier cifra. La migración masiva no nace de la pobreza absoluta. Emerge del abismo percibido entre las expectativas de lo que los individuos consideran legítimo o posible y lo que el sistema les permite alcanzar.
Desde la ciudad de Fnideq, a escasos tres kilómetros de la frontera con Ceuta, esa brecha resulta más visible todavía, y las redes sociales la amplifican.
Las remesas como motor económico
En lo económico, las remesas de la emigración alcanzaron en 2024 un máximo histórico de 117 700 millones de dírhams (casi once mil millones de euros), convirtiendo a la diáspora en la primera fuente de divisas del reino.
El país que erige la estabilidad como un activo incorpora esas remesas a sus previsiones y gestiona la diáspora como palanca económica, diplomática y de presión. A diferencia del turismo o la industria, esa fuente de riqueza no requiere de infraestructuras.
Rabat ha demostrado que puede regular los flujos o dejarlos desbordarse cuando la negociación con Bruselas lo requiere. Lo que la crisis migratoria de Ceuta pone de relieve no es un fracaso de gestión. Es la puesta en escena de un modelo que ha convertido la exclusión de su juventud en un recurso geopolítico.
David Alvarado no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Los jóvenes marroquíes: la generación olvidada de Mohamed VI – https://theconversation.com/los-jovenes-marroquies-la-generacion-olvidada-de-mohamed-vi-289121
