Source: The Conversation – (in Spanish) – By Miguel Ángel Ajuriaguerra Escudero, Dr. Arquitecto, Especialista en Planificación Estratégica en el Área de Análisis Geográfico, Universidad Rey Juan Carlos
Todo lo que se hace con urgencia puede tener consecuencias. En este caso, la urgencia tiene nombre propio: Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio ha vuelto a situar la vivienda en el centro del debate público. Pero la urgencia no debería limitarse a un caso mediático. También debería alcanzar a las miles de personas anónimas que cada año pierden su vivienda en España.
La vulnerabilidad que este caso ha hecho visible no es excepcional. Puede aparecer en distintos momentos de la vida y afectar a personas mayores, jóvenes y familias con menores. También puede alcanzar a quienes atraviesan dificultades económicas.
Por eso, conviene ampliar la mirada: no se trata solo de responder a la situación de Maricarmen, sino de prevenir que otras personas lleguen a una situación semejante.
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Desahucios y lanzamientos
En 2025 se practicaron en España 25 540 lanzamientos. El Consejo General del Poder Judicial utiliza este término para referirse a la ejecución de un desahucio.
De ese total, 18 317 (el 71,7 %) derivaron de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta categoría se vincula principalmente con los alquileres, aunque no identifica exclusivamente casos de impago. Otros 4 346 lanzamientos, equivalentes al 17 %, se produjeron en procedimientos de ejecución hipotecaria. Los 1 877 restantes obedecieron a otras causas. La cifra total bajó un 11 % respecto a 2024, pero sigue mostrando la dimensión del problema.
Estas cifras requieren una precisión: un lanzamiento no implica necesariamente que se trate de una vivienda habitual. Tampoco todos responden a la misma causa ni afectan a personas en idéntica situación. Aun así, el volumen invita a mirar más allá de un único caso. Si la reacción política se acelera cuando una historia conmueve a la opinión pública, cabe preguntarse por qué no se mantiene esa urgencia ante un problema que afecta a miles de personas.
Las normas que intervienen
Para entender qué puede hacer una ley (y qué no) es necesario distinguir las normas que intervienen. La Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada en 1994, regula los contratos de alquiler y las obligaciones de propietarios e inquilinos. La Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada en 2000, establece el procedimiento judicial. Su artículo 250 contempla demandas para recuperar una finca por impago de la renta o por finalización del contrato. Por tanto, el desahucio no se explica por una sola ley: intervienen tanto las reglas del arrendamiento como las del proceso judicial.
A las normas citadas se añadió, en 2023, la Ley por el Derecho a la Vivienda. Esta introdujo cambios en los procedimientos, incluidos trámites relacionados con la comunicación a los servicios sociales y con situaciones de vulnerabilidad. Modificó la ley procesal, pero no sustituyó la regulación de los alquileres ni impidió todos los desahucios. La protección depende de las circunstancias del caso, de los requisitos legales y de las decisiones judiciales.
Las leyes también tienen una historia política
No basta con decir qué partido las aprobó. Conviene distinguir quién impulsó un proyecto, quién negoció cambios y quién votó el texto final. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 se aprobó con un amplio consenso parlamentario. Según la prensa de la época, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya fueron los grupos que quedaron fuera del acuerdo.
La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 no fue una norma específica sobre desahucios, sino una reforma general de los procedimientos civiles. En la votación final, el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida apoyaron el texto. El Partido Socialista y Convergència i Unió votaron en contra, mientras Coalición Canaria se abstuvo. Esa diferencia no significa que los grupos contrarios no participaran en la tramitación o no presentaran propuestas.
La Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 obtuvo menos consenso. Fue aprobada con 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención. La apoyaron, entre otros, el Partido Socialista, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu. Votaron en contra el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco y Junts, además de otros grupos. El Bloque Nacionalista Galego se abstuvo.
Este recorrido muestra que el marco actual no es obra de un solo partido ni responde a un único momento político. También ayuda a entender una decisión más reciente. En febrero de 2026, el Partido Popular, Vox y Junts rechazaron el Real Decreto Ley que prorrogaba la moratoria antidesahucios contemplada entre las medidas del llamado escudo social para 2026. Aquella votación hizo decaer esa prórroga. Sin embargo, no eliminó todo el marco legal sobre desahucios ni permite anticipar qué harán esos partidos ante una propuesta distinta.
Las incógnitas del ‘decreto Maricarmen’
Todavía no se conoce el contenido definitivo del decreto que el Gobierno podría aprobar este martes. Se sabe que el partido socio de Gobierno Sumar ha reclamado la prórroga de los contratos de alquiler y reforzar la protección frente a los desahucios y los fondos de inversión. También pide regular determinados alquileres y facilitar que Maricarmen recupere su vivienda. Son demandas políticas, no medidas que puedan darse por incluidas antes de conocer el texto.
Aunque el Consejo de Ministros apruebe el llamado Decreto Maricarmen, su continuidad no estaría garantizada, pues el Congreso tendría que convalidarlo en un plazo de 30 días. La norma podría mantenerse o decaer según el resultado de esa votación.
Medidas generales para el acceso a viviendas asequibles
La respuesta no debería reducirse a una medida urgente para un caso concreto ni a un reproche dirigido a un solo partido. Hay que atender a quienes ya afrontan un lanzamiento y actuar antes de que se produzca. Eso exige mejorar el acceso a viviendas asequibles y reforzar las alternativas habitacionales.
También requiere coordinar mejor la intervención social y judicial. Una política de vivienda debe responder a jóvenes, familias y personas mayores. Para lograrlo, no basta con reaccionar ante la noticia del día: hacen falta medidas eficaces, evaluación y acuerdos que puedan sostenerse en el tiempo.
Miguel Ángel Ajuriaguerra Escudero no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Más allá del ‘Decreto Maricarmen’, España necesita leyes que garanticen el acceso a la vivienda – https://theconversation.com/mas-alla-del-decreto-maricarmen-espana-necesita-leyes-que-garanticen-el-acceso-a-la-vivienda-293020