Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carmen Esther Falcón-Pérez, Profesora Titular de Universidad de Economía Financiera y Contabilidad. Instituto Tides., Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
El problema de la vivienda no es nuevo en España. Se trata de una cuestión recurrente que ha adquirido especial intensidad en los últimos años. El aumento de los precios, las dificultades para acceder a una hipoteca o asumir un alquiler y la escasez de vivienda asequible han convertido el acceso a un sitio donde vivir adecuado en uno de los principales desafíos sociales.
La situación tampoco es exclusivamente española. La dificultad para acceder a una vivienda digna y asequible afecta a numerosos países de la Unión Europea, que están planteando medidas para incrementar la oferta y facilitar el acceso.
Nos encontramos, por tanto, ante un problema complejo, en el que intervienen factores económicos, sociales, demográficos y territoriales.
En España confluyen un déficit estructural de vivienda asequible, una fuerte presión de la demanda en determinados territorios, dificultades de acceso a la financiación y un parque de inmuebles sociales insuficiente. A ello se suma un modelo residencial históricamente orientado hacia la propiedad y una oferta de alquiler público limitada.
El reto no consiste únicamente en contener los precios. También es necesario encontrar un equilibrio entre la protección de los hogares que no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios y la existencia de una oferta suficiente de alquiler.
Cuando el alquiler o la hipoteca absorben una parte excesiva de los ingresos familiares, aumenta el riesgo de pobreza y exclusión residencial. El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se ha enfrentado a un proceso de desahucio de la vivienda en la que llevaba décadas viviendo, permite visualizar esta dimensión humana del problema.
Su situación ha impulsado el denominado Decreto Maricarmen, una propuesta para reforzar la protección frente a determinados desahucios. Se trata, no obstante, de una propuesta y no de una norma actualmente en vigor.
Casos como este plantean una cuestión fundamental: ¿cómo proteger a una persona vulnerable sin trasladar a un particular la responsabilidad de resolver un problema social?
La Administración debe dar respuesta
Cuando exista una situación acreditada de vulnerabilidad, la suspensión temporal de un desahucio puede ser necesaria para evitar una situación de emergencia. Pero esta medida debería estar acompañada de una respuesta habitacional por parte de las administraciones.
El reconocimiento de la vivienda como derecho social implica que los poderes públicos deben desarrollar políticas y mecanismos que permitan hacerlo efectivo. Esa responsabilidad no puede trasladarse automáticamente a cada propietario particular.
Grandes fondos frente a pequeños propietarios
Esta cuestión exige distinguir entre realidades muy diferentes. No es lo mismo un gran fondo de inversión que gestiona un amplio parque inmobiliario que un pequeño propietario que alquila una vivienda o dispone de pocos inmuebles. Las políticas dirigidas a unos y otros requieren, por tanto, un análisis diferenciado.
Para un pequeño propietario, dejar de percibir una renta durante un periodo prolongado puede representar un perjuicio económico considerable. No puede asumir por sí solo la solución de un problema social de la dimensión que tiene actualmente la vivienda en España.
Si un inquilino deja de poder pagar debido a una situación de vulnerabilidad, los poderes públicos deben disponer de mecanismos de ayuda, mediación, alternativas habitacionales y vivienda pública. Al mismo tiempo, el propietario necesita un marco estable que le permita alquilar su vivienda sin asumir riesgos económicos que no puede soportar.
Si queremos que el mercado privado contribuya a solucionar el problema de la vivienda, no podemos considerar al pequeño propietario únicamente como una parte del problema; también puede formar parte de la solución.
Las condiciones jurídicas y económicas pueden influir en las decisiones de los dueños de los inmuebles. Si alquilar una vivienda implica una incertidumbre o un riesgo difícil de asumir, algunos pequeños propietarios pueden decidir no incorporarla al mercado. No puede afirmarse que toda regulación reduzca automáticamente la oferta, pero sí que los incentivos forman parte del funcionamiento del mercado.
Por ello, la protección del inquilino vulnerable y la seguridad del propietario no deberían plantearse como objetivos incompatibles. La clave está en establecer garantías para ambas partes y en que el Estado asuma la responsabilidad que corresponde cuando existe una situación de vulnerabilidad.
Lo que necesita España
No obstante, las medidas de emergencia no pueden sustituir a una política estructural. Suspender temporalmente un desahucio puede evitar que una persona pierda su vivienda, pero no crea una alternativa habitacional. Si la Administración no dispone de esa alternativa, la medida puede terminar simplemente aplazando el problema.
España necesita aumentar la oferta asequible mediante la simplificación administrativa, el fomento de la construcción y rehabilitación, la innovación, la productividad y un marco estable.
Especialmente importante es ampliar el parque de vivienda pública. Durante décadas, el modelo residencial español estuvo muy orientado hacia la propiedad, mientras la vivienda protegida destinada al alquiler tuvo un peso menor. Reforzar la vivienda pública permitiría disponer de una verdadera red de seguridad para quienes no pueden acceder al mercado.
La solución, en definitiva, no pasa por enfrentar a propietarios e inquilinos. Pasa por proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, ofrecer garantías a los pequeños propietarios y conseguir que las administraciones públicas asuman su responsabilidad.
Carmen Esther Falcón-Pérez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. El caso Maricarmen: cómo proteger a las personas vulnerables sin cargar a los pequeños propietarios – https://theconversation.com/el-caso-maricarmen-como-proteger-a-las-personas-vulnerables-sin-cargar-a-los-pequenos-propietarios-293023