Source: The Conversation – (in Spanish) – By Guilherme Casarões, Associate Professor of Brazilian Studies, Florida International University
La noche del 17 de noviembre de 2025, agentes federales brasileños detuvieron al banquero Daniel Vorcaro en la pista del aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, cuando se disponía a embarcar en un jet privado. Inicialmente fue retenido por riesgo de fuga y detenido unos meses más tarde por múltiples cargos de fraude bancario, corrupción y blanqueo de capitales. Actualmente se encuentra a la espera de sentencia.
Ahora, a menos de un mes de las elecciones nacionales en Brasil, la denominada “crisis del Banco Master” amenaza con sacudir la democracia del país hasta sus cimientos.
A primera vista, se trataba solo de un escándalo financiero. Poco después de la detención de Vorcaro, el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación de su banco, el Banco Master, con unas pérdidas sin precedentes estimadas en 47 300 millones de reales (unos 8 000 millones de euros). Alrededor del 90 % de esta suma fue reembolsada a los titulares de cuentas y a los accionistas por el Fondo de Garantía de Créditos (FGC) –el equivalente brasileño de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de Estados Unidos o el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) en España–, lo que supuso el mayor desembolso de la historia de la institución.
El sistema financiero brasileño se vio sometido a una gran presión. Desde 2018, el Banco Master había firmado contratos para gestionar y prestar servicios a fondos de pensiones estatales y municipales, así como a entidades bancarias. Aunque Vorcaro, de ser declarado culpable, difícilmente se convertiría en el primer estafador brasileño vestido de banquero, las investigaciones han revelado que sus métodos eran tan creativos como brutales.
Para proteger las operaciones de Master del escrutinio público, Vorcaro habría creado una enorme red de economistas, personas influyentes, burócratas, políticos y jueces. A algunos se les contrató para que respaldaran al banco; a otros, según la fiscalía, se les sobornó abiertamente para que permitieran que se llevaran a cabo transacciones turbias. Cada vez que la estrategia fallaba, supuestamente intimidaba y chantajeaba a sus detractores, incluidos periodistas y funcionarios, llegando incluso a planear causarles daño físico.
Tras diez meses de investigaciones, el caso del Banco Master apunta a que Vorcaro logró tomar como rehén al sistema político del país. Al parecer, el banquero se dio cuenta de que Brasil ya no contaba con tres poderes del Estado que se controlaban entre sí, sino con tres puntos de veto que podían adquirirse por separado.
Comprar acceso a esos tres poderes permitió a Vorcaro protegerse frente al Estado. Pero solo pudo lograrlo porque la política brasileña se había vuelto cada vez más disfuncional durante la década anterior.
El tira y afloja institucional de Brasil
En Brasil, el Congreso ejecuta el presupuesto tanto como legisla. El Tribunal Supremo legisla siempre que los legisladores se encuentran en un punto muerto, llegando en ocasiones a revocar decisiones del Congreso. Un presidente debilitado, ahogado por la deuda pública y presionado por los otros poderes, tiene poca influencia para impulsar políticas. Este tira y afloja se ha convertido en un sello distintivo de la política brasileña contemporánea.
El aumento de los poderes legislativos se remonta a 2016. Durante el juicio político contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, descubrió que la presidencia de la Cámara podía pasar de ser un cargo de carácter procedimental a convertirse en una espada que se cernía sobre la presidencia. Las asignaciones presupuestarias del Congreso pasaron a ser obligatorias y aumentaron de 12 900 millones de reales (alrededor de 2 200 millones de euros) en 2017 a 61 000 millones de reales (algo más de 10 000 millones de euros) en 2026, lo que supone aproximadamente una cuarta parte de todo el gasto federal discrecional. Un presidente ya no puede retenerlas para disciplinar a una coalición.
El activismo judicial se intensificó durante el mandato del presidente Jair Bolsonaro. El conflicto permanente del expresidente –ahora encarcelado– con el Tribunal Supremo en torno a la política frente a la pandemia, la desinformación y los derechos de libertad de expresión empujó a los magistrados a asumir un papel político al que nunca han renunciado. Si bien es innegable que el tribunal desempeñó un papel clave a la hora de salvaguardar la democracia brasileña frente al intento de golpe de Estado de Bolsonaro en 2022, la política judicial lleva mucho tiempo traspasando los límites de la normalidad democrática.
Y aunque el actual presidente, Lula da Silva, volvió al poder en 2023 con la promesa de restaurar la democracia en Brasil, el desequilibrio institucional no ha hecho más que agravarse. El Gobierno de Lula apoyó la condena por parte del Tribunal Supremo de cientos de participantes en el asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023 y no ocultó su entusiasmo cuando Bolsonaro y sus colaboradores fueron encarcelados. Pero los recientes ataques coordinados desde la Casa Blanca de Donald Trump y por parte de miembros de extrema derecha del Congreso no han hecho más que demostrar que la presidencia es el eslabón más débil de la política brasileña.
La red de influencias de Vorcaro
En este entramado entró en escena un banquero con problemas de liquidez y cuyo pragmatismo pesaba más que la ideología. Los investigadores han trazado una red de influencias notable no solo por su tamaño, sino también por su ecumenismo.
En la derecha política, se dice que Vorcaro ofreció ventajas de lujo y dinero en efectivo a varios políticos, entre ellos un exministro de Bolsonaro y líder de la coalición de derecha, el senador Ciro Nogueira. El dinero de Vorcaro también llegó a Dark Horse, la película biográfica sobre Bolsonaro: los informes de la unidad de inteligencia financiera de Brasil rastrean aproximadamente 12,3 millones de dólares hasta el fondo de Texas que gestiona el presupuesto de la película, incluidos 1,6 millones enviados en septiembre de 2025 a petición de su hijo, Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial.
Hace unas semanas, la filtración de mensajes de voz del teléfono de Vorcaro parecía mostrar al “niño prodigio” de la extrema derecha brasileña, el diputado Nikolas Ferreira, poniéndose en contacto con el banquero para lo que parecían ser favores políticos.
En la izquierda política, la Policía Federal alega que el senador de Bahía, Jaques Wagner, entonces jefe de grupo de Lula en el Senado, recibió un piso en Salvador y 3,5 millones de reales (592 550 millones de euros). Las investigaciones también revelaron que, ya en 2018, el gobernador de Bahía, Rui Costa –que más tarde ocupó el cargo de jefe de gabinete de Lula–, favoreció los negocios de Vorcaro al permitir que los funcionarios públicos obtuvieran préstamos a altos tipos de interés vinculados al Banco Master.
Y luego está el Poder Judicial, donde las acusaciones son más graves y las pruebas más comprometedoras. El magistrado del Tribunal Supremo Dias Toffoli se recusó de la investigación sobre el Banco Master en febrero, después de que la prensa revelara pagos por valor de al menos 35 millones de reales (5,9 millones de euros) procedentes de fondos vinculados a Vorcaro a un complejo turístico de Paraná en el que él tenía una participación. Toffoli niega haber cometido ninguna irregularidad.
El hijo de otro magistrado del Tribunal Supremo, Kássio Nunes Marques, recibió 281 600 reales (unos 48 000 euros) a través de un contrato de consultoría pagado por el banco, según revela la investigación.
Por su parte, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, a quien a menudo se considera el némesis de Bolsonaro, se enfrenta a la acusación más explosiva: el bufete de abogados de su esposa, Viviane Barci de Moraes, firmó un contrato de 131 millones de reales (22,2 millones de euros) con el Banco Master. La policía recuperó la parte de las conversaciones de Vorcaro con el juez Moraes, lo que sugiere un grado inusual de intimidad entre ambos, aunque no haya pruebas contundentes de que Moraes actuara a petición de nadie.
La información sobre las conversaciones de Moraes con Vorcaro procede de un informe policial encargado (y hecho público) por otro magistrado del Tribunal Supremo, André Mendonça, quien se hizo cargo de las investigaciones sobre el Banco Master a principios de este año. Antes de ser nombrado miembro del Tribunal Supremo en 2022, Mendonça ocupó los cargos de fiscal general y ministro de Justicia de Bolsonaro. Ahora se encuentra al frente de una guerra sin cuartel dentro de la facción rival del Tribunal, liderada por Moraes.
Los críticos de la izquierda han acusado a Mendonça de utilizar la investigación sobre el Banco Master como arma para debilitar a Moraes y a sus aliados en defensa de los intereses de la familia Bolsonaro. Al hacerlo, Mendonça socava aún más la legitimidad del tribunal, que es precisamente lo que la extrema derecha brasileña anhela.
El escándalo se extiende a las elecciones nacionales
La ironía es que los políticos mejor posicionados para hacer campaña a costa de la deshonra del Tribunal Supremo son precisamente los más expuestos por esos mismos expedientes. Aunque Flávio Bolsonaro no deja de pedir la dimisión de Moraes, hasta ahora no ha logrado explicar cómo se las arregló para quedarse con el dinero de Vorcaro que debería haber financiado la película biográfica de su padre (aún no está claro cuál fue su destino real).
Mientras tanto, Mendonça, un cristiano evangélico, se ha convertido en una figura de culto en los mítines de extrema derecha. Su atención exclusiva en las posibles irregularidades de Moraes –mientras hace la vista gorda ante todos los demás actores políticos que se han saltado las normas para beneficiar a un banquero que se ha enriquecido a costa de pensionistas, funcionarios públicos y pequeños inversores– parece ser el salvavidas de Flávio Bolsonaro en lo que se perfila como una de las campañas presidenciales brasileñas más reñidas hasta la fecha.
Lula, por su parte, tiene las manos atadas. Aunque no parece estar implicado en la trama de Vorcaro, guardó silencio durante mucho tiempo para evitar verse arrastrado a una crisis institucional que afectaba principalmente a los demás poderes del Estado. Solo rompió el silencio hace unos días, cuando la división en el Tribunal Supremo se hizo evidente e insostenible, y exigió que se desclasificaran todos los expedientes del caso del Banco Master.
Quizá sea demasiado tarde para que Lula se pronuncie sobre otro escándalo de corrupción más que sacude a Brasil en plena campaña electoral. Aunque el apoyo de Lula a las investigaciones difícilmente mejorará sus resultados en las encuestas, podría dar lugar a nuevas revelaciones que cambien el panorama de la contienda.
Pero la presidencia brasileña sigue en juego. Si un Lula debilitado resulta reelegido en octubre, se enfrentará a un reto mayor que el simple mantenimiento de la democracia en Brasil. Su misión en un cuarto mandato será arreglar un sistema político cada vez más disfuncional, abordando el creciente malestar social y evitando que nuevos escándalos socaven aún más la política brasileña.
En caso de que Flávio Bolsonaro resulte elegido, es probable que el escándalo del Banco Master se barra bajo la alfombra, pero solo después de que consiga impulsar la destitución de sus oponentes en el Tribunal Supremo. Sustituir a los magistrados en activo por aliados ideológicos ha sido una parte integral de la estrategia autoritaria de la extrema derecha, desde Hungría hasta Estados Unidos.
En ese caso, el banquero no solo habrá financiado la caída institucional de Brasil, sino que habrá sembrado las semillas de un auténtico retroceso democrático.
Guilherme Casarões no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. El escándalo bancario que sacude la política brasileña y las elecciones presidenciales previstas para octubre – https://theconversation.com/el-escandalo-bancario-que-sacude-la-politica-brasilena-y-las-elecciones-presidenciales-previstas-para-octubre-292262