Source: The Conversation – (in Spanish) – By David Alvarado, Associate professor, Universidade de Vigo
El instituto V-Dem marca el 2023 como el año en que Israel perdió la condición de democracia liberal, categoría que exige, además de elecciones libres, tribunales independientes y contrapesos al poder. Su último informe, con datos de 2025, sigue considerando al país únicamente como democracia electoral.
Votar permite cambiar de Gobierno, pero recuperar garantías debilitadas requiere decisiones sobre las instituciones. La salida de Benjamín Netanyahu podría abrir esa posibilidad. Que se concrete dependerá de los compromisos del próximo Ejecutivo, además de quién lo presida.
Ninguno de los grandes bloques en liza ha alcanzado una mayoría absoluta en el escrutinio provisional de las elecciones del 27 de octubre en Israel. Con alrededor del 90 % de los votos contabilizados, el bloque de Netanyahu suma 53 de los 120 escaños de la Knéset, la oposición judía, 48 y las dos listas de mayoría árabe, 19. Los eventuales pactos entre partidos podrían condicionar quién designa a los altos magistrados, la investigación de los fallos del 7 de octubre de 2023 y el futuro de la libertad de prensa en el Estado hebreo.
Escenarios hacia un nuevo Gobierno
Al aún primer ministro le faltan apoyos para revalidar su cargo. No le basta con reeditar la actual coalición, que mantendría en el Gobierno a una extrema derecha que promueve la colonización de Cisjordania. Netanyahu podría buscar nuevos aliados en formaciones opositoras de derecha, como Yisrael Beiteinu, liderada por Avigdor Liberman, o el sector de Naftali Bennett en B’Yachad. Pero ambos dirigentes suscribieron con Yair Lapid, Gadi Eisenkot y Yair Golan unas prioridades comunes que incluyen limitar los mandatos del primer ministro y crear una comisión de investigación sobre el 7 de octubre.
Sin tránsfugas del actual bloque gubernamental, un segundo escenario requiere el apoyo de los diputados árabes. Si los bloques votan unidos y se mantiene este reparto, la abstención de esos diputados no bastaría, pues los 48 escaños de los opositores judíos seguirían por debajo de los 53 de Netanyahu. Al menos seis diputados árabes tendrían que votar a favor.
La noche electoral, Gadi Eisenkot, líder de centroderecha de Yashar, prometió un “gobierno sionista”, sin aclarar en ese discurso si aceptará apoyo externo árabe.
Yousef Jabareen, de la Lista Conjunta, ofreció facilitar el relevo a cambio de negociar.
Existe un precedente. En 2021, Ra’am, de inspiración islamista, se convirtió en el primer partido árabe independiente que integraba una coalición gubernamental, la que desalojó a Netanyahu bajo Naftali Bennett y Yair Lapid. No ocupó ministerios y obtuvo a cambio inversiones para localidades árabes. La coalición se rompió al año siguiente.
La Lista Conjunta, que reúne a otros tres partidos, nunca ha integrado una coalición y hace campaña por el fin de la ocupación. Ra’am incorporó a Yoav Segalovitz, hebreo, alto mando policial retirado y ex viceministro de Seguridad Pública, quien se define como sionista y busca atraer el voto judío.
El tercer escenario sería un Gobierno de unidad entre el Likud y la oposición judía, con Netanyahu u otro dirigente al frente, o mediante un sistema de rotación. Pero Eisenkot rechazó compartir Gobierno con actual primer ministro, incluso alternándose en el cargo, aunque no descartó pactar con el Likud sin él.
Itamar Ben Gvir, líder del partido de extrema derecha Otzma Yehudit, advirtió contra esa alianza la noche electoral. Si se agotan las vías legales para conseguir la confianza parlamentaria, habrá elecciones. Ante un bloqueo, repetir los comicios fue la opción preferida en una encuesta preelectoral del Israel Democracy Institute.
Contrapesos democráticos en juego
La reforma judicial aprobada en marzo de 2025 prevé sustituir a los dos representantes de la abogacía en el comité que elige a los jueces por juristas designados por gobierno y oposición. Así, seis de sus nueve miembros dependerán de los partidos, cuatro de la mayoría en el poder y dos de sus adversarios parlamentarios. La reforma está prevista para la nueva legislatura.
El cambio aumenta el riesgo de que la afinidad política pese más que el mérito profesional y de que los jueces que aspiren a ascender necesiten el favor de los dirigentes cuyas decisiones deberán juzgar.
El conflicto con los órganos de control también afectó a los servicios de inteligencia. En marzo de 2025, el Gobierno acordó destituir a Ronen Bar, jefe del Shin Bet (el servicio de inteligencia interior), que investigaba a colaboradores de Netanyahu. El 21 de mayo, el Supremo declaró ilegal el cese por conflicto de intereses. Al día siguiente, el primer ministro anunció quién sería su sucesor, el general David Zini, pese a que la fiscal general le había prohibido efectuar el nombramiento mientras examinaba las consecuencias de la sentencia.
Netanyahu está siendo juzgado desde 2020 por fraude y abuso de confianza en tres causas, una de ellas también por soborno. La fiscalía sostiene que recibió regalos de empresarios a cambio de favores y que negoció con el editor del periódico Yedioth Ahronoth una cobertura favorable a cambio de limitar por ley a Israel Hayom, su principal rival. También lo acusa de beneficiar mediante decisiones regulatorias a la compañúa de telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura favorable en la web de noticias Walla!, entonces bajo el control del propietario de Bezeq.
Un estudio sobre la reforma judicial en Israel concluyó que quienes más se identificaban con el primer ministro y más rechazaban a sus rivales políticos eran también quienes más apoyaban reducir el poder de los tribunales para controlar al Gobierno.
La prensa también se encuentra en el punto de mira del Ejecutivo. En noviembre de 2024, el Gobierno ordenó cortar el contacto con el diario Haaretz y retirarle la publicidad oficial. Justificó la medida por unas declaraciones de su editor, Amos Schocken. Una ley aprobada en julio de 2026 amplía la influencia del Ejecutivo sobre la radiotelevisión. El Supremo suspendió provisionalmente parte de su aplicación aquel mes. La ley modifica tanto la composición del regulador como las reglas de propiedad y la asignación de publicidad pública.
Rendición de cuentas del 7-O
La investigación sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 (7-O) también exige dirimir responsabilidades políticas y de seguridad. Investigaciones periodísticas sostienen que el presidente de Emiratos Árabes Unidos habría advertido a Netanyahu de una posible gran operación y que el aviso no llegó a los jefes de seguridad. Netanyahu lo niega y ha demandado a los medios y periodistas que lo publicaron.
Las informaciones no permiten afirmar que el primer ministro conociera el plan del ataque. Una investigación independiente debería esclarecer qué advertencias se recibieron y cómo se gestionaron.
La legislación vigente permite al Gobierno crear una comisión para investigar los fallos del 7-O, pero reserva al presidente del Supremo la elección de sus miembros. Netanyahu ha rechazado esa fórmula y ha defendido que coalición gubernamental y oposición elijan a los investigadores a partes iguales. Su proyecto quedó sin aprobar al disolverse la Knéset. Eisenkot ha prometido poner en marcha la comisión prevista en la ley. Del próximo Gobierno dependerá si la investigación queda en manos de personas designadas por el presidente del Supremo o por partidos cuyas decisiones son objeto de investigación.
Ciudadanía y ocupación
Ra’am y la Lista Conjunta, candidaturas mayoritariamente árabes, pudieron concurrir después de que el Supremo anulara el 2 de octubre su exclusión por la Comisión Electoral. El día del voto, Netanyahu presentó la elevada participación árabe como una amenaza y denunció un robo electoral sin pruebas. La misma encuesta del Israel Democracy Institute evidenciaba que una clara mayoría de los judíos consultados rechazaba que esos partidos integrasen el Gobierno o incluso lo sostuvieran desde fuera.
Los palestinos de Jerusalén Este que tienen residencia permanente, pero no ciudadanía israelí, solo pueden votar en las elecciones municipales. Tampoco puede votar en las elecciones nacionales israelíes la población palestina de Cisjordania y Gaza que carece de ciudadanía israelí, aunque las decisiones israelíes condicionan sus vidas. Recuperar controles institucionales dentro de Israel no resolvería por sí mismo la falta de participación de esas poblaciones en las decisiones que afectan a su seguridad, su movilidad y sus tierras.
Entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre, la ONU documentó 244 ataques de colonos con víctimas o daños materiales en Cisjordania. Eisenkot los ha denunciado como “terror judío bajo el amparo del Gobierno”, señalando que también perjudican la legitimidad internacional de Israel y al propio movimiento de colonización.
Sin embargo, como prácticamente todos los partidos de mayoría judía, rechaza un Estado palestino. Un relevo al frente del Ejecutivo podría restablecer los controles sobre el poder político. Para los palestinos, el alcance del cambio dependerá de eventuales limitaciones del próximo Gobierno sobre la ocupación, asentamientos y nivel de violencia.
David Alvarado no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. La herencia de Netanyahu: cuando votar no basta para recuperar la democracia israelí – https://theconversation.com/la-herencia-de-netanyahu-cuando-votar-no-basta-para-recuperar-la-democracia-israeli-295042