Source: The Conversation – (in Spanish) – By Judith Muñoz Saavedra, Profesora Facultad Educación, Universitat de Barcelona
La regularización extraordinaria de personas migrantes ha sido promovida por organizaciones migrantes y colectivos feministas como una medida histórica de justicia social. Más allá del acceso a un permiso de residencia y trabajo, la iniciativa representa para muchas personas la posibilidad de salir de la invisibilidad administrativa y ejercer derechos básicos en condiciones de mayor seguridad.
Para las organizaciones feministas, además, esta regularización tiene una dimensión específica de justicia de género. Las mujeres migrantes se concentran en sectores especialmente precarizados, como el empleo doméstico y los cuidados. Según el informe Trabajo invisible y cuerpos rotos, este sector emplea a cerca de 565 000 personas en España, de las cuales el 87 % son mujeres y aproximadamente un 32 % trabaja en la economía informal.
En este contexto, la falta de documentación incrementa la dependencia económica, la exposición a abusos y las dificultades para acceder a la protección social.
Sin embargo, cuando faltan pocas semanas para el cierre del proceso de regularización, previsto para el 30 de junio, algunos datos invitan a preguntarse quiénes están logrando acceder y quiénes corren el riesgo de quedarse fuera. La asociación Mujeres Pa’lante, entidad de referencia en el acompañamiento a mujeres migrantes en Barcelona y L’Hospitalet, ha realizado hasta la fecha 6 185 atenciones vinculadas al proceso. De las personas atendidas, solo el 18,7 % corresponde a mujeres y apenas 70 son trabajadoras internas, una cifra que equivale a cerca del 1 % del total de atenciones.
Aunque estos datos son provisionales, resultan especialmente significativos porque proceden de una entidad especializada en acompañar mujeres migrantes. Según las profesionales de la asociación, estas cifras no reflejan una falta de interés por parte de las mujeres, y de las trabajadoras internas en particular, sino la existencia de barreras específicas que dificultan su acceso al proceso.
Falta de recursos para desplazarse e informarse
Las trabajadoras internas constituyen uno de los colectivos más invisibles dentro del mercado laboral español. Viven en el domicilio de la persona empleadora, disponen de escaso tiempo libre y, en muchos casos, carecen de recursos propios para informarse, desplazarse o realizar trámites administrativos. Su aislamiento dificulta el acceso a recursos comunitarios, servicios públicos y redes de apoyo.
Las investigaciones sobre migraciones y cuidados lleva décadas mostrando cómo las mujeres migrantes ocupan una posición central en las denominadas cadenas globales de cuidados. En España, una parte importante de la atención a personas mayores y dependientes descansa sobre su trabajo. Sin embargo, las trabajadoras internas continúan enfrentándose a condiciones laborales marcadas por la precariedad, la dependencia y un limitado reconocimiento social.
La situación resulta especialmente paradójica porque España ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar mediante la ratificación del Convenio 189 de la OIT, en vigor desde 2024. Este instrumento reconoce su derecho a condiciones laborales dignas, protección frente a abusos y acceso efectivo a derechos laborales y sociales.
La experiencia de las trabajadoras internas muestra, sin embargo, que el reconocimiento formal de derechos no siempre se traduce en posibilidades reales de ejercerlos. Tener derecho a regularizarse no significa necesariamente poder hacerlo. Cuando una persona depende del domicilio empleador para vivir, dispone de un único día libre a la semana o encuentra dificultades para empadronarse y desplazarse, cualquier trámite administrativo se convierte en un desafío adicional.
Adaptar mecanismos a sus condiciones de vida
Aquí emerge una paradoja que merece atención. Una medida diseñada para reducir la vulnerabilidad puede dejar fuera precisamente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad si no incorpora una perspectiva interseccional y mecanismos adaptados a sus condiciones de vida.
Por eso, la cuestión no es únicamente cuántas personas lograrán regularizar su situación. También debemos preguntarnos quiénes están quedando fuera y qué obstáculos están limitando su acceso.
Si queremos que la regularización tenga un verdadero impacto en términos de igualdad y justicia de género, resulta necesario que la administración adopte medidas urgentes. No basta con publicar información en páginas web o difundir campañas generales. Es necesario desplegar estrategias capaces de llegar a las trabajadoras internas allí donde se encuentran.
Esto implica reforzar la colaboración con entidades comunitarias, habilitar dispositivos de atención en fines de semana, facilitar el acompañamiento presencial y desarrollar campañas dirigidas también a los hogares empleadores. Significa, en definitiva, reconocer que no todas las personas parten de las mismas condiciones para ejercer sus derechos.
Las cifras de Mujeres Pa’lante constituyen una señal de alerta. Cuando un colectivo tan relevante como las trabajadoras internas apenas está presente en el proceso, conviene preguntarse si el problema reside en las personas o en las barreras que dificultan el acceso a sus derechos.
La regularización extraordinaria representa una oportunidad histórica para avanzar hacia una sociedad más inclusiva. Pero si estas mujeres continúan encontrando obstáculos para acceder a la medida, corremos el riesgo de seguir dejando atrás a quienes nos cuidan.
Beatriz Cantero Riveros es miembro de Mujeres Pa’lante.
Judith Muñoz Saavedra no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Las barreras invisibles de la regularización de migrantes: el caso de las trabajadoras internas – https://theconversation.com/las-barreras-invisibles-de-la-regularizacion-de-migrantes-el-caso-de-las-trabajadoras-internas-284794