Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Castelao López, Economía financiera y contabilidad, Universidade da Coruña
Una persona jubilada, un joven con unos pocos ahorros y ganas de enriquecerse rápidamente o alguien en paro y necesitado de dinero recibe un mensaje sobre una inversión en criptomonedas con unas rentabilidades excepcionales. Pica. Horas después, su dinero ha pasado por tres cuentas bancarias, una plataforma digital y una sociedad recién creada, sin apenas actividad real y situada fuera del país. Ninguna de las personas que movieron ese dinero conoce de verdad quién organizó la estafa. Cuando los fondos salen al extranjero, ya es tarde para recuperarlos.
Situaciones como esta se repiten más de lo deseable y plantean un interrogante: ¿quién tenía que haber visto antes los movimientos inusuales en las cuentas de los afectados? ¿Las entidades, sus trabajadores, los supervisores, la policía, los fiscales? Casi nadie por separado pero todos en su conjunto.
Porque el problema ya no es solo detectar movimientos de dinero de origen ilegal: además, ahora se mueve más rápido que las instituciones que intentan vigilarlo. El verdadero reto no es vigilar más sino entender mejor cómo convertir millones de señales dispersas en información útil antes de que el rastro del dinero se pierda.
Una arquitectura, no una pirámide
Solemos imaginar la lucha contra el blanqueo como una torre de control en la que una autoridad recibe los datos, detecta la trama y avisa a la policía. La realidad española se parece menos a una pirámide y más a una red de esclusas. Bancos, profesionales, supervisores, policías, fiscales y jueces intervienen en momentos distintos. Esa distribución multiplica los puntos de detección, pero también fragmenta la responsabilidad, cada actor ve una señal parcial, casi nunca el mapa completo.
En el centro de esa red está el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias SEPBLAC, la unidad de inteligencia financiera española, un organismo público que recibe y analiza las operaciones sospechosas de servir para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. También supervisa cómo cumplen sus obligaciones de control tanto las instituciones financieras como sus empleados. Ese doble papel le permite conectar lo que detecta en una operación con lo que observa dentro de las entidades. Pero también sirve para evitar que el exceso de alertas acabe produciendo más ruido que señal.
Cómo viaja una alerta
Volvamos a la estafa. El banco detecta varias señales. Primero, unas entradas de fondos de muchos particulares; luego, salidas rápidas a terceros; y después, movimientos que no encajan con el perfil del cliente. Ante un riesgo serio no presenta una denuncia sino que envía una comunicación al SEPBLAC.
Esa comunicación no es una prueba judicial. Es una alerta cualificada que puede orientar una investigación, pero que todavía debe contrastarse, cruzarse con otros datos y convertirse en evidencia. Si la señal tiene suficiente densidad, el SEPBLAC la traslada a quienes pueden actuar: la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria o la Fiscalía. Solo al final un juez decidirá si aquella sospecha inicial se ha transformado en prueba válida.
Las cifras revelan la presión del sistema. Según la más reciente memoria anual del SEPBLAC, en 2024 las comunicaciones por sospecha crecieron un 76 %, hasta superar las 24 000, impulsadas, sobre todo, por el fraude digital y las “cuentas mula”, que sirven para transportar el dinero recaudado por los delincuentes de una entidad a otra.
El cuello de botella ya no está en generar alertas, sino en aprovecharlas. Si se comunica para cubrirse las espaldas, o si falta capacidad para explotar la información, el sistema produce volumen, pero no necesariamente mejores resultados. Cada eslabón sirve de filtro, pero también puede romper la cadena.
Una mirada al exterior
La comparación con Estados Unidos ayuda. Allí, la unidad federal de inteligencia financiera reúne y reparte datos pero no investiga por su cuenta, sino que alimenta a otras agencias. España tiene un sistema más integrado, pero la organización policial y judicial está más fragmentada. En ambos casos, la cuestión decisiva es la misma: no importa cuántos organismos existan, sino si la información circula entre ellos con calidad, rapidez y responsabilidad.
A ese tablero se ha sumado hace poco una pieza europea: desde 2025 funciona en Fráncfort la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), pensada para reducir las diferencias entre países y supervisar directamente a las entidades de mayor riesgo. Su promesa (un marco único para toda la Unión) es atractiva
El verdadero debate
¿Cuántos organismos vigilan el rastro del dinero en España? Muchos, pero no todos hacen lo mismo. Unos previenen, otros supervisan, otros analizan, otros investigan y otros juzgan. El verdadero debate no está en el número de actores, sino en la calidad de la coordinación entre ellos.
Y es en esa red donde España se juega buena parte de su capacidad real para evitar que el dinero sucio siga circulando con apariencia de limpio.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. ¿Quién sigue el rastro del dinero? El sistema español contra el blanqueo de capitales – https://theconversation.com/quien-sigue-el-rastro-del-dinero-el-sistema-espanol-contra-el-blanqueo-de-capitales-283929