Source: The Conversation – (in Spanish) – By Zarina Kulaeva, Postdoctoral research fellow, UOC – Universitat Oberta de Catalunya
Desde la década de 1970, los estudios sobre regímenes políticos se han enfrentado a una pregunta que Aristóteles ya planteaba hace más de 2 000 años: ¿cómo comprender y clasificar las formas de gobierno? En 1975, la Comisión Trilateral encargó a los científicos Michael J. Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki la elaboración de uno de los informes más controvertidos de la década, La crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las democracias.
En este reporte, los autores se preguntaban si la democracia atravesaba una crisis estructural, articulando su diagnóstico en torno al problema de la sobrecarga de demandas sobre el gobierno.
La noción de sobrecarga señalaba que la expansión del activismo, la creciente movilización social y la ampliación de derechos y expectativas ciudadanas estaba llevando a las democracias y a su capacidad para procesar todas las demandas de participación y redistribución hacia una crisis de gobernabilidad. Esto reflejaría la controvertida idea de que la democracia había llegado a ser, en cierta medida, ingobernable.
Esta preocupación práctica reveló un problema conceptual más profundo: ¿qué entendemos por régimen político y cómo lo definimos? Desde los años 1970, emergieron dos enfoques principales para clasificar a los regímenes políticos.
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El primero, categórico, los concibe desde una lógica binaria: democracia versus autoritarismo.
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El segundo enfoque, de naturaleza continua, parte de la premisa de que estos polos no son absolutos y que los regímenes políticos se distribuyen a lo largo de un espectro amplio de matices intermedios.
Las diferentes categorías de la democracia
A partir de esta concepción continua proliferaron innumerables categorías intermedias. Las democracias podían ser iliberales, electorales o delegativas; mientras que los autoritarismos adquirían las propiedades sultanísticas, competitivas o no competitivas. Algunos expertos denominaron a este fenómeno de expansión de calificativos cada vez más descriptivos como una auténtica “Babel terminológica” de los régimenes políticos, aludiendo a la creciente dispersión conceptual.
La evolución de estos tipos puede observarse en ejemplos contemporáneos. Según la clasificación Regimes of the World, España, en 2024, aparece como una “democracia liberal”, categoría que comparte con Australia, Japón o Sudáfrica. Sin embargo, si recurrimos al The Economist Democracy Index (EIU Report 2024, 2025), España figura como “democracia plena”, con una puntuación superior a 8 en 2023. La diferencia entre la democracia “plena” y la democracia “liberal” no constituye categorías equivalentes, pues responde a parámetros normativamente diferenciados.
Este entramado conceptual introduce un sesgo difícil de advertir: al clasificar los regímenes políticos, tendemos a evaluarlos según estándares normativos de democracia o autoritarismo, antes que atender a la lógica interna del propio concepto. Incluso las categorías más recientes, como “regímenes híbridos” repiten este patrón.
De allí surgen preguntas cruciales: ¿significa “democracia liberal” lo mismo en España que en Sudáfrica, pese a sus diferencias sociohistóricas y constitucionales? ¿Es comparable la autocracia de Chad con la de Indonesia, aun cuando sus estructuras de autoridad, bases culturales y prácticas estatales presentan profundas divergencias? La respuesta depende, en última instancia, del filtro conceptual utilizado. El problema se agudiza si consideramos que pocos estudios definen explícitamente qué es un régimen político.
Varios autores revisaron 196 trabajos publicados desde 1996 y hallaron que solo 18 ofrecían una definición clara, aun cuando este concepto debería preceder a cualquier taxonomía de democracia o autoritarismo. Sin un marco conceptual sólido se corre el riesgo de analizar democracias y autoritarismos sin comprender adecuadamente la categoría más amplia que los contiene.
Además, las variables históricamente privilegiadas para medir democracia y autoritarismo –la existencia de elecciones y su nivel de competitividad– han tendido a universalizarse como criterios evaluativos. Ello borra particularidades sociohistóricas de regímenes cuya lógica política se articula en torno a otros factores no captados por estas métricas.
¿Es Ruanda una autocracia electoral?
Por ejemplo, Singapur es clasificado como “democracia iliberal” o “autoritarismo competitivo”, según la tipología empleada. Ruanda, por su parte, aparece como “autocracia electoral” en la clasificación de Regimes of the World. Cabe preguntarse si dicha etiqueta refleja de manera adecuada la persistencia de la violencia estructural, el peso político del legado del genocidio de 1994 o su conocido enfoque “securitario” (securocratic approach), o sea, que prioriza la seguridad sobre la libertad y la igualdad.
De forma similar, Japón es categorizado como “democracia plena”, a pesar de que el Partido Liberal Democrático ha gobernado desde 1955 hasta 1993, casi siempre en un gobierno de mayoría absoluta con alternancias breves en décadas recientes. Estas dinámicas hegemónicas se captan solo parcialmente mediante indicadores centrados en la competitividad electoral.
No es de extrañar que esta “ineluctable modalidad de lo visible” subraye que nuestra percepción del mundo está inevitablemente condicionada por los sentidos, como ya anticiparon Aristóteles, Tomás de Aquino y David Hume.
De modo análogo, en la clasificación de los regímenes políticos, las categorías conceptuales que empleamos –lo que clasificamos como democracia o autoritarismo– funcionan como filtros que determinan qué aspectos consideramos relevantes y cuáles quedan fuera de nuestro campo analítico. Así, la ciencia política corre el riesgo de proyectar sobre la realidad categorías que, en ocasiones, más que describirla con precisión, la simplifican o incluso la distorsionan.
Necesitamos una definición más clara
En un contexto de crisis democrática global y creciente heterogeneidad entre las formas de gobierno, las limitaciones de nuestras categorías analíticas se vuelven aún más evidentes.
Se requiere, por tanto, un marco conceptual más matizado y multidimensional, capaz de captar la complejidad interna de los sistemas políticos, su historicidad y las lógicas que estructuran su funcionamiento.
Definir con claridad qué entendemos por “régimen político” constituye el primer paso para construir clasificaciones conceptualmente consistentes y empíricamente rigurosas.
La historia de los regímenes políticos desde 1970 no se reduce a una secuencia de transiciones entre democracia y autoritarismo; es, ante todo, la historia de una transformación conceptual: el esfuerzo de la ciencia política por elaborar categorías capaces de capturar la complejidad de la gobernanza contemporánea.
Reconocer el carácter histórico, normativo y contingente de estas categorías es indispensable para comprender con mayor precisión analítica y rigor teórico la política del mundo actual.
Zarina Kulaeva no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ¿Qué es realmente un régimen político? Más allá de la democracia y el autoritarismo – https://theconversation.com/que-es-realmente-un-regimen-politico-mas-alla-de-la-democracia-y-el-autoritarismo-270544