Category: The Conversation – in Spanish

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Miguel Morillas, Assistant professor of Management at ICADE School of Economics and Business Administration, Universidad Pontificia Comillas

Las nuevas políticas migratorias estadounidenses han alcanzado a los migrantes altamente cualificados. Desde otoño de 2025 el Gobierno de EE. UU. aplica fuertes restricciones sobre la visa de trabajo H-1B, destinada a graduados universitarios altamente especializados. Algunos advierten de que estas políticas podrían dañar la capacidad de innovación del país.

Este debate pone de relieve hasta qué punto el talento internacional se ha vuelto crucial en la innovación y el crecimiento económico de los países. Sin embargo, a los migrantes altamente cualificados a menudo se les reduce a sus credenciales formales, aunque sus aportaciones vayan mucho más allá de los títulos.

Conocimientos y habilidades

Cuando pensamos en migrantes altamente cualificados solemos imaginar científicos, ingenieros o expertos tecnológicos reclutados por sus cualificaciones formales. Nos imaginamos sus títulos, sus habilidades de programación y sus certificaciones, pero esa imagen es incompleta.

Analizamos la experiencia laboral cotidiana de 46 migrantes altamente cualificados en empresas multinacionales y hemos encontrado que estos profesionales contribuyen con mucho más de lo que revela su currículum. Aportan un conjunto amplio de habilidades tácitas: saberes prácticos, internalizados y experienciales, adquiridos al vivir y trabajar en distintos países y culturas.

Estas habilidades no aparecen en los currículos. Se aprenden durante años trabajando en entornos laborales complejos y diversos. Por ejemplo, aprenden a leer entre líneas en negociaciones interculturales, a percibir expectativas no dichas en colaboraciones internacionales o a detectar sutiles fallos de comunicación que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos.

Sin embargo, las organizaciones rara vez reconocen estas contribuciones. Los sistemas de recursos humanos tienden a recompensar lo medible: títulos, cargos y certificaciones. Las habilidades tácitas, en cambio, pasan desapercibidas.

Cinco formas de fortalecer a las empresas

En nuestra investigación, encontramos cinco maneras en que las habilidades tácitas de los migrantes altamente cualificados moldean de manera silenciosa el funcionamiento de las empresas multinacionales:

1. Ampliación de oportunidades de negocio. Los migrantes suelen tener una comprensión profunda de los mercados internacionales. Un especialista en biotecnología al que entrevistamos utilizó su conocimiento de las preferencias de los clientes, desarrollado a través de su trabajo en Alemania y otros lugares, para ayudar a su empresa a adaptar productos para clientes globales.

2. Sostenimiento de la colaboración especializada entre departamentos. Las organizaciones complejas a menudo tienen un diseño de equipos cerrados. Los migrantes que han trabajado en equipos multidisciplinares desarrollan una intuición especial para tender puentes entre, por ejemplo, ingenieros, científicos y especialistas en finanzas. De este modo, facilitan los flujos de trabajo e impulsan soluciones más innovadoras.

3. Mejoran los flujos de conocimiento informal entre departamentos. Con frecuencia, los migrantes internacionales crean nuevos espacios para compartir conocimiento. Un científico con el que hablamos organizó reuniones informales de intercambio de datos entre equipos de investigación, reduciendo barreras de información. Al hacerlo, actuó como un puente informal entre unidades que normalmente trabajan en compartimentos estancos, facilitando que el conocimiento circulara más allá de los canales formales.

4. Superación de barreras de comunicación. El idioma y las normas culturales a menudo bloquean la colaboración en lugares de trabajo internacionales. La sensibilidad intercultural de los migrantes les permite reducir tensiones, adaptar nuevos estilos de comunicación y garantizar una coordinación más fluida entre equipos diversos.

5. Detección de áreas ciegas en la inclusión en organizaciones. Muchos migrantes, a partir de sus experiencias personales al ser tratados como el otro, identifican dónde las culturas organizacionales excluyen por inercia. Algunos movilizaron esas experiencias para impulsar programas de diversidad e inclusión, presionando a las empresas para crear entornos más acogedores para el talento global.

Repensar qué significa ‘habilidad’

En una era de competencia global por el talento, reconocer las habilidades tácitas es crucial. Las multinacionales dependen de la innovación, pero a menudo infravaloran, precisamente, los recursos que la alimentan.

Si se ve a los migrantes altamente cualificados no solo como “talento importado”, sino como portadores de un conocimiento diverso y sensible al contexto, las organizaciones pueden desbloquear nuevas perspectivas de mercado, mejorar la colaboración entre departamentos y fomentar lugares de trabajo más inclusivos.

Más que “habilidades blandas” hablamos de habilidades tácitas, es decir, capacidades aprendidas en la experiencia y difíciles de convertir en credenciales. Cuando se activan en el día a día, refuerzan tres capacidades clave en multinacionales:

1. Ganar ventaja en mercados globales.

2. Compartir conocimiento entre equipos y filiales.

3. Trabajar con fluidez en entornos multiculturales.

No decimos que por sí solas estas habilidades “garanticen” el éxito, sino que sostienen procesos organizativos que lo hacen posible: la innovación, la coordinación, el aprendizaje.

Para el liderazgo empresarial, los responsables de recursos humanos y los responsables políticos, esto implica replantearse cómo se define “habilidad”. Habilidad no es solo lo certificado o medible: también es lo vivido, internalizado y practicado. Al pasar por alto estas habilidades ocultas se corre el riesgo de desaprovechar un talento que impulsa silenciosamente la innovación cada día.

Durante el tiempo que duró este estudio Miguel Morillas trabajó como investigador postdoctoral en la Universidad de Copenhague.

– ref. Más allá del currículum: los migrantes altamente cualificados mejoran los procesos organizativos de las empresas – https://theconversation.com/mas-alla-del-curriculum-los-migrantes-altamente-cualificados-mejoran-los-procesos-organizativos-de-las-empresas-274750

Source: The Conversation – (in Spanish) – By David Bueno i Torrens, Profesor e investigador de la Sección de Genética Biomédica, Evolutiva y del Desarrollo. Director de la Cátedra de Neuroeducación UB-EDU1st, Universitat de Barcelona

En la última década, las redes sociales se han integrado de manera profunda en la vida cotidiana de los adolescentes. Y muy a menudo, también de los preadolescentes. Lejos de ser una moda pasajera, constituyen un entorno relacional, informativo y emocional que influye de forma directa en su desarrollo personal.

Ante esta realidad, algunos países, como Australia y Francia, y más recientemente España, han propuesto prohibir su uso a menores de 16 años.

Más allá de las posibilidades reales de éxito de estas prohibiciones, por limitaciones técnicas y por la falta de apoyo de las empresas que las crean y gestionan, desde una perspectiva neuroeducativa el debate no debería centrarse en la prohibición absoluta de su uso, sino en la necesidad de educarnos, colectivamente, en el buen uso de estos recursos, a cualquier edad.

Autogestión, emociones y conciencia crítica

Desde la neurociencia, existen argumentos sólidos para defender una regulación que promueva la autogestión, el acompañamiento adulto y el empoderamiento de los propios adolescentes. Una regulación que puede contener ciertas prohibiciones, pero que también debe contemplar de forma explícita la alfabetización digital.

Cabe puntualizar que la alfabetización digital no consiste únicamente en saber utilizar dispositivos, aplicaciones o plataformas, sino muy especialmente en desarrollar la capacidad de autogestionar la propia relación con el mundo digital. Implica comprender cómo los entornos digitales, y especialmente las redes sociales, están diseñados para captar la atención y activar los sistemas de recompensa, y cómo esto impacta en las emociones, el comportamiento y la construcción de la identidad.

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Alfabetizar digitalmente significa aprender a regular el tiempo de conexión, a identificar y gestionar las emociones que se activan, como por ejemplo la comparación social, la necesidad de validación o el miedo a quedar fuera de un grupo, a poner límites conscientes ya hacer un uso intencional y no automático de la tecnología. Esta competencia, que es especialmente relevante en la adolescencia, no se adquiere de forma espontánea, sino que requiere acompañamiento adulto, modelado y espacios de reflexión compartida para favorecer una relación más libre, crítica y emocionalmente saludable con el entorno digital.

Vínculos reales y la socialización presencial

Además, para que esta regulación sea útil también debe promover alternativas sólidas al uso de redes sociales, que puedan ser aprovechadas por los adolescentes. En este punto, resulta fundamental que la regulación no se limite al ámbito digital, sino que incluya de manera explícita la creación y el fortalecimiento de entornos de socialización presencial. El desarrollo saludable del cerebro adolescente requiere experiencias reales de interacción cara a cara, donde puedan ponerse en juego habilidades como la comunicación no verbal, la empatía, la gestión de conflictos, la cooperación y la construcción de vínculos significativos.

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Espacios como el deporte, el juego libre, las actividades artísticas, culturales o comunitarias, así como el encuentro informal entre iguales no son un complemento accesorio, sino un pilar esencial del bienestar emocional y social. Regular el uso de redes sociales digitales sin garantizar alternativas presenciales atractivas, accesibles y sostenidas puede generar un vacío relacional que incremente todavía más el aislamiento, o que refuerce la dependencia de lo digital.

El cerebro adolescente frente a los algoritmos de recompensa

Uno de los elementos clave para entender esta necesidad es la maduración del cerebro adolescente. El cerebro humano no alcanza su pleno desarrollo hasta bien entrada la veintena, y una de las últimas áreas en madurar es la corteza prefrontal. Esta región es fundamental para funciones ejecutivas como la planificación, el control de impulsos, la toma de decisiones, la autorregulación emocional y la evaluación de riesgos. En la adolescencia, esta corteza aún se encuentra en proceso de reorganización sináptica y mielinización, lo que implica que los jóvenes son especialmente sensibles a estímulos emocionales intensos y a recompensas inmediatas.

Los algoritmos que rigen las redes sociales están diseñados precisamente para activar los sistemas de recompensa del cerebro, en particular los circuitos dopaminérgicos. Los likes, los comentarios, las notificaciones y la validación social generan microdescargas de dopamina que refuerzan la conducta de conexión constante.

En un cerebro adulto, con mayor capacidad de autorregulación, estos estímulos pueden gestionarse con relativa eficacia. Sin embargo, en un cerebro adolescente, todavía inmaduro desde el punto de vista ejecutivo, el riesgo de uso compulsivo y de dependencia conductual es significativamente mayor.

Acompañamiento, límites y responsabilidad compartida

El aprendizaje de la autorregulación no se produce de manera espontánea, sino que requiere modelos, especialmente del entorno de adultos, límites claros y coherentes y oportunidades guiadas para practicarla. Regular el uso de redes sociales no significa necesariamente impedir el acceso, sino crear contextos en los que los adolescentes puedan desarrollar progresivamente habilidades de gestión del tiempo, pensamiento crítico, conciencia emocional y control de impulsos, bajo la guía de adultos que actúen de forma consciente. Estas competencias son tan importantes como los contenidos académicos y forman parte del desarrollo integral de la persona.

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Otro aspecto relevante es el impacto emocional y social de las redes en esta etapa vital. La adolescencia es un periodo de construcción de la identidad, de búsqueda de pertenencia y de alta sensibilidad a la mirada del otro. La exposición constante a ideales irreales, comparaciones sociales, métricas de popularidad o dinámicas de exclusión puede afectar a la autoestima, la autoconfianza, la autoimagen y el autoconcepto, aumentar la ansiedad y favorecer estados de malestar emocional.

La neurociencia ha demostrado que el cerebro adolescente es especialmente reactivo al rechazo social, activando circuitos similares a los del dolor físico. Por ello, una exposición no regulada a estos entornos puede amplificar vulnerabilidades preexistentes.

En este contexto, cabe tener presente que regular no es censurar, sino educar. Implica que la sociedad, en su conjunto, incluidos de forma especial progenitores y docentes, asuma que el desarrollo saludable de los menores requiere entornos digitales responsables, pero también entornos presenciales ricos en oportunidades de relación. Las plataformas tienen un papel importante, pero también lo tienen las familias, las escuelas y las comunidades.

Los progenitores, en particular, no solo deben establecer normas, sino también acompañar, dialogar y ofrecer un ejemplo coherente en el uso de la tecnología, al tiempo que facilitan y valoran espacios de encuentro fuera de las pantallas. La regulación eficaz se basa en la calidad del vínculo y en la coherencia educativa, no en el control estricto ejercido autoritariamente.

Impacto emocional, empoderamiento y salud mental

Empoderar a los adolescentes es otro eje fundamental. Tratarles como sujetos pasivos a los que hay que proteger, sin darles explicaciones ni implicarles, suele ser poco efectivo. En cambio, cuando se les ofrece información clara sobre cómo funciona su cerebro, por qué ciertas aplicaciones resultan tan atractivas y qué efectos nocivos puede tener un uso excesivo o acrítico e irreflexivo, se favorece un mayor empoderamiento y toma de conciencia.

Comprender que su dificultad para desconectarse no es un “fallo personal”, sino una consecuencia de un cerebro en desarrollo frente a estímulos muy potentes, puede ser liberador y motivar la adopción de estrategias de autogestión más saludables.

La regulación del uso de redes sociales antes de los 16 años debería entenderse, por tanto, como una inversión presente y futura en salud mental y en madurez. No se trata de prohibir de forma estricta el contacto con la tecnología, sino de acompasarlo al desarrollo neurobiológico y emocional, lo que puede implicar ciertas prohibiciones.

Igual que no se espera que un niño pequeño cruce solo una calle muy transitada, no es razonable esperar que un adolescente gestione sin apoyo entornos digitales diseñados por adultos con fines comerciales.

Responsabilidad colectiva

En definitiva, la evidencia neurocientífica y neuroeducativa apunta a una idea clara: el cerebro adolescente necesita tiempo, acompañamiento, experiencias reguladas y vínculos reales para desarrollar plenamente su capacidad de autorregulación. Y las redes sociales no son neutrales.

Asumir esta complejidad y apostar por una regulación consciente, compartida y que incluya de forma explícita la promoción de la socialización presencial es una responsabilidad colectiva. Solo así podremos ayudar a los adolescentes a construir una relación sana, libre y consciente con un mundo digital que ya forma parte inseparable de sus vidas.

David Bueno i Torrens no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Redes sociales y adolescentes: prohibir no basta – https://theconversation.com/redes-sociales-y-adolescentes-prohibir-no-basta-275234

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alberto Nájera López, Profesor de Radiología y Medicina Física en la Facultad de Medicina de Albacete. Coordinador de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCLMdivulga), Universidad de Castilla-La Mancha

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que revisará la evidencia sobre los posibles efectos sobre la salud de la radiación emitida por los teléfonos móviles. Al mismo tiempo, han desaparecido o se han modificado páginas de la web oficial de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que recogían la evidencia más reciente y de mayor solidez científica, indicando que no existe riesgo para la salud.

Que se anuncie una nueva revisión científica, en sí mismo, no es un problema. Al contrario: revisar la evidencia es parte esencial del método científico. La preocupación surge por el historial de quien lo anuncia, el actual responsable de salud americano, Robert F. Kennedy Jr., adalid de una cruzada anticiencia. Y ahí es donde la preocupación deja de ser técnica o científica y pasa a ser política, basada en la desinformación a la que ya nos tiene acostumbrados.

Qué se ha borrado (y qué se ha dejado) en la web de la FDA

Durante años, la web de la FDA ha mantenido páginas divulgativas sobre teléfonos móviles y radiación de radiofrecuencia con un mensaje central muy claro: el conjunto de la evidencia científica disponible no ha vinculado el uso habitual del móvil con problemas de salud, incluido el cáncer.

Eran textos prudentes, basados en décadas de investigación, alineados con el consenso científico internacional y coherentes con lo que sostienen organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos o las agencias reguladoras europeas.

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Esos textos no han sido sustituidos por nuevos datos ni por resultados científicos actualizados: han desaparecido. Mientras la estructura general del sitio sigue existiendo, los enlaces que daban acceso a las diferentes secciones temáticas ahora redirigen a la página inicial, que muestra una fecha de actualización del 13 de mayo de 2021.

Esas secciones eliminadas, que pueden consultarse a través de web.archive.org incluían mensajes tan claros como: “el peso de casi 30 años de evidencia científica no ha vinculado la exposición a la radiación de los teléfonos móviles con problemas de salud, incluido el cáncer”; “la evidencia científica actual no muestra peligro alguno para los usuarios de teléfonos móviles, incluidos niños y adolescentes”; “las exposiciones a radiofrecuencia iguales o inferiores a los límites de seguridad no causan problemas de salud”, o que los límites actuales establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) “siguen siendo aceptables para proteger la salud pública”. También ofrecían recomendaciones para reducir la exposición únicamente como medidas voluntarias y precautorias, no basadas en un riesgo demostrado.

Make America ¿Healthy? Again

Según la agencia Reuters y la web especializada Advisory Board, la explicación oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) no es que haya nueva ciencia que contradiga lo anterior, sino que se han retirado páginas con “conclusiones antiguas” mientras se impulsa un nuevo estudio para identificar lagunas de conocimiento, incluidas tecnologías más recientes. Esta retirada, además, está ligada al lema “Make America Healthy Again” (MAHA), y a declaraciones previas sugiriendo vínculos entre móviles, daño neurológico y cáncer, pese a la ausencia de pruebas sólidas.

Este matiz es crucial: no estamos ante una actualización científica transparente, con nuevas referencias y revisión externa, sino ante una decisión político-administrativa sobre qué se muestra y qué no en una web institucional.

El problema no es la revisión

En los últimos años, la OMS ha impulsado hasta 11 revisiones sistemáticas, en las que han participado más de 90 científicos y científicas independientes de múltiples países, que han examinado más de 100 000 artículos sobre posibles efectos de las radiaciones de los móviles sobre la salud. La conclusión es clara: a los niveles habituales de exposición no existe evidencia de una relación causal con efectos adversos.

Pero aquí el contexto importa, porque no parece apuntar a una actualización por la evidencia recopilada por la OMS. El responsable último de esta reorientación es el citado Robert F. Kennedy Jr. Su historial público de enfrentamiento con el conocimiento científico es bien conocido: ha cuestionado reiteradamente la seguridad y utilidad de las vacunas, ha vinculado paracetamol, embarazo y autismo, ha difundido mensajes alarmistas sin respaldo empírico y ha promovido narrativas que chocan frontalmente con décadas de investigación biomédica sólida. Recientemente ha presentado una nueva pirámide de los alimentos que choca con la evidencia científica y contiene contradicciones claras.

No hablamos de opiniones marginales. Hablamos de decisiones y discursos con impacto directo en políticas públicas y en la confianza de la población en la ciencia y en las instituciones que deben proteger su salud. La historia de la salud pública muestra que la siembra estratégica de duda allí donde existe un consenso científico ha acompañado de forma reiterada a momentos en los que la evidencia entraba en conflicto con agendas ideológicas o políticas.

El patrón se repite: se siembra duda donde hay consenso y se presenta como “revisión crítica” lo que en realidad es desinformación institucionalizada. Resultado: se quiebra la confianza en la ciencia y en las instituciones, lo que inevitablemente tendrá consecuencias sobre la salud pública.

Qué podemos esperar

Con este panorama, la retirada de contenidos de la FDA no se produce en un país que siempre apostó por la ciencia, sino en uno ya inmerso en una reacción política contra la ciencia. Aunque las motivaciones declaradas puedan ser otras, el mensaje que acaba calando es peligroso: “si lo han quitado, será porque algo ocultaban”.
El riesgo no está en un nuevo estudio sobre radiación, sino en convertir la duda infundada en política oficial. La ciencia no es infalible, pero tiene algo que la distingue de la ideología: se corrige con datos, no con consignas.

Cuando se eliminan textos basados en evidencia sin ofrecer nada a cambio, no se protege a la población, se la deja más expuesta. Y esta vez no a la radiación, sino a la desinformación.

Alberto Nájera López es Director Científico del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS)

Jesús González Rubio es Vocal del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS)

– ref. El giro antivacunas de EE. UU. llega a los móviles – https://theconversation.com/el-giro-antivacunas-de-ee-uu-llega-a-los-moviles-275008

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carmen Pérez-Llorca Zamora, Vicedecana de IE Law School, IE University

En el Fedro, Platón nos cuenta que Sócrates desconfiaba de la palabra escrita. Creía que plasmar el conocimiento en un texto debilitaría la memoria y desincentivaría el diálogo. La escritura, advertía, es inferior al debate porque no puede responder. Solo crea una apariencia de sabiduría, no la sabiduría auténtica.

El paralelismo con la IA es evidente. Ahora disponemos de sistemas que redactan, resumen, argumentan, programan y dibujan a una velocidad y con una amplitud de conocimientos que ningún ser humano puede igualar. Nos hacen sentir competentes e informados sin tener que enfrentarnos primero a la incomodidad que conlleva cualquier proceso de aprendizaje. El peligro no es que la IA piense, sino que dejemos de pensar por nosotros mismos.

Escritura y debate oral

Sin embargo, la historia de la escritura ofrece una alternativa menos pesimista. A medida que la escritura se fue consolidando como un elemento central de la educación, no se abandonó el debate oral. Aquello que resultaba esencial en el debate se preservó, hasta el punto de que todavía hoy utilizamos el método socrático en la enseñanza, y especialmente en las facultades de Derecho, porque sabemos que las preguntas formuladas en el aula enseñan a los estudiantes a pensar con rapidez y desarrollan el juicio de una forma que ningún texto puede sustituir.

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Al mismo tiempo, aprendimos nuevas formas de pensar. La lectura silenciosa, que antes era inusual, se convirtió en algo natural. Aprendimos a razonar interiormente y a entablar un diálogo con el texto escrito que nos ha permitido seguir conversando con Sócrates incluso hoy en día.

Dicho de otro modo, no elegimos entre el debate y el texto. Ampliamos nuestras formas de pensar y, con ello, nos convertimos en mejores pensadores.

Alfabetización en IA

Nos encontramos ahora ante un umbral similar con la inteligencia artificial. Del mismo modo que la alfabetización se convirtió en un requisito fundamental para participar en la sociedad, la alfabetización en IA se está volviendo imprescindible para intervenir de manera informada en el derecho, en la vida pública y en la toma de decisiones democráticas.

Un graduado en Derecho que se incorpore a la profesión jurídica sin la capacidad de comprender y trabajar de forma crítica con la IA, de cuestionar sus supuestos y de afrontar conscientemente sus límites éticos, estará tan poco preparado como un abogado que no sabe leer. Una educación jurídica que excluya la IA es, por tanto, una educación incompleta.

Si la enseñanza del Derecho no se adapta, corremos el riesgo de perder a una generación de estudiantes formados con métodos anteriores a la IA para un mundo posterior a la IA. Su forma de pensar, aprender y escribir habrá sido moldeada por estas herramientas mucho antes de que lleguen a nuestras aulas, y la profesión a la que se incorporen exigirá que las utilicen de forma crítica y responsable.

Ignorar la IA no hará que nuestros alumnos piensen mejor. Y puede conducir a la desmotivación y la frustración, al tiempo que los dejará insuficientemente preparados.

Consecuencias sociales

No se trata únicamente de las carreras profesionales de nuestros alumnos, por muy importante que sea esta cuestión. Las consecuencias de nuestra inacción no recaen solo sobre nuestros graduados. El Derecho influye en nuestra vida cotidiana, a menudo de manera silenciosa, pero omnipresente, y cuando la tecnología transforma el funcionamiento de la sociedad, el Derecho debe transformarse con ella.

Serán nuestros alumnos, como futuros abogados, jueces, responsables políticos o profesores de Derecho, quienes deban traducir estos cambios en normas justas. Si no los preparamos para ello, la brecha se manifestará en todos los demás ámbitos.

Encontrar el equilibrio

¿Qué debe hacer, entonces, la formación jurídica? No basta con añadir una asignatura o adoptar una regla aislada. Desde luego, no sirve de nada ponerse una venda en los ojos y prohibir el uso de la IA. El reto es más profundo. Tenemos que reforzar los fundamentos y, al mismo tiempo, evolucionar con lo nuevo. No se trata de elegir entre tradición y novedad, sino de encontrar un equilibrio entre ambas.

Debemos redoblar la apuesta por aquello que nos hace humanos: la curiosidad intelectual, el propósito, la creatividad, el impulso de cuestionar y ejercer el pensamiento crítico. Estas dimensiones adquieren mayor importancia cuando la IA realiza una parte sustancial del trabajo técnico.

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Transformación de las preguntas

Cuando casi todo el mundo tiene acceso a sistemas capaces de redactar informes, resumir casos o esbozar argumentos jurídicos, las preguntas clave cambian. ¿Qué decidirán hacer los estudiantes con esa capacidad? ¿Qué preguntas plantearán? ¿Qué problemas les importarán lo suficiente como para ir más allá de una respuesta meramente aceptable?

La IA no puede decidir estas cuestiones. No puede, ni debe, determinar las motivaciones o prioridades de los alumnos. La capacidad de decidir qué queremos, de definir nuestro propósito y de perseguir nuestros objetivos sigue siendo el eje central de nuestra capacidad de acción como seres humanos.

Cinco grandes cambios

No obstante, debemos evolucionar. Integrar la IA como un recurso que favorezca el desarrollo intelectual de nuestros alumnos, en lugar de debilitarlo, nos obliga a:

1. Educarnos. Los profesores y los líderes académicos necesitan comprender la IA tanto a nivel funcional como conceptual: qué son estas herramientas, cómo funcionan, qué retos plantean y cómo pueden utilizarse tanto para la enseñanza del Derecho como para ejercerlo mejor. No se puede enseñar aquello que no se comprende.

2. Alfabetizar en IA a los estudiantes. Esta alfabetización debería ser universal, rigurosa y estructural. Permite a los alumnos entender cómo interactúan el Derecho, la tecnología y la sociedad; cómo razonan los sistemas de IA y por qué fallan; cómo influyen en el razonamiento y el juicio; y en qué consiste su uso responsable en la práctica, tanto en la vida cotidiana como en el ejercicio profesional. Los alumnos no deberían depender de respuestas que están a su alcance pero que no saben valorar.

3. Generar espacios para la simulación, la reflexión y la metacognición, entornos en los que los estudiantes puedan trabajar abiertamente con la IA para simular la práctica jurídica actual. Esto les permitirá experimentar con herramientas, analizar los resultados, identificar errores y reflexionar sobre su propio pensamiento como parte del proceso de aprendizaje. Lograrlo exige recursos, dedicación curricular y prácticas estructuradas.

4. Decidir en qué ámbitos no debe utilizarse la IA. Diseñar tareas que eviten que la IA se ocupe de procesos cognitivos clave y seguir utilizando la memoria y la atención, la lectura profunda, el razonamiento, el pensamiento crítico y el marco ético. Asegurarnos de que los alumnos tienen habilidades jurídicas básicas y realizan estas tareas sin asistencia de la IA: detectar problemas, aplicar precedentes, identificar y mitigar riesgos o defender una posición jurídica.

5. Transformar nuestras metodologías de enseñanza para elevar el nivel intelectual de lo que exigimos a nuestros alumnos. Esto implica cambiar tareas, exámenes y dinámicas de aula. Si la IA es capaz de realizar tareas específicas, estas ya no pueden ser el objetivo final del aprendizaje. Desenvolverse en los ámbitos interpretativo, estratégico y ético del razonamiento jurídico debe ser objetivo de la metodología, no añadirse a posteriori como un recurso tardío.

Preparar para el mundo que viene

La profesión jurídica está cambiando, y tenemos una obligación para con nuestros alumnos: prepararlos para el mundo al que pronto tendrán que enfrentarse, no para el mundo en el que nosotros nos formamos.

La palabra escrita no disminuyó nuestras capacidades; las transformó. Los seres humanos se adaptan. Esa es nuestra genialidad. Y, una vez más, ha llegado el momento de ponerla en práctica.

Carmen Pérez-Llorca Zamora no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. La IA nos obliga a cambiar la enseñanza del Derecho – https://theconversation.com/la-ia-nos-obliga-a-cambiar-la-ensenanza-del-derecho-272779

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Raúl Rivas González, Catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología., Universidad de Salamanca

Desde hace algunas semanas, varias de las compañías lácteas más grandes del mundo –incluidas, entre otras, Nestlé, Danone, Granarolo y Lactalis– están retirando y bloqueando lotes de fórmula infantil, por el temor a que estén contaminados con una toxina llamada cereulida.

Esta situación ha provocado retiradas masivas de productos y ha suscitado gran preocupación entre los padres. La alerta es global y afecta a más de 60 países en todo el mundo.

Se estima que al menos 29 países europeos están involucrados. España no es una excepción: la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido varias notificaciones de retirada preventiva de diversos lotes de leche de fórmula infantil por la posible presencia de cereulida.

Náuses, vómitos y diarreas

La cereulida es una toxina termoestable producida por las bacterias Bacillus cereus y Bacillus weihenstephanensis. Resistente al ácido y a las enzimas digestivas, provoca náuseas y vómitos intensos y cíclicos repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. También puede causar dolor abdominal y, a veces, diarrea. Incluso ocasionalmente da lugar a intoxicaciones graves relacionadas con insuficiencias hepáticas agudas.

En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del cuerpo y provocar complicaciones como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé. Los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer enfermedades graves.

De todas formas, la acumulación de cereulida en productos alimenticios es un riesgo significativo porque no se destruye fácilmente mediante métodos de procesamiento o digestión de los alimentos. En algunos casos, incluso puede llegar a ser mortal.

El principal sospechoso: el aceite de ácido araquidonico

El motivo de la posible contaminación con cereulida ha sido rastreado hasta un ingrediente específico: el aceite de ácido araquidónico o ARA, suministrado a las compañías por un proveedor internacional. El ARA es un ácido graso omega-6 utilizado en la industria alimentaria. Los fabricantes de fórmulas infantiles lo emplean en algunos productos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/127.

Dada la situación, la Comisión Europea solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) que emitiera asesoramiento científico urgente para respaldar las decisiones sobre la retirada de productos. Tras una evaluación rápida de los riesgos, la AESA ha establecido un nuevo nivel máximo de ingesta diaria segura para la cereulida.

El “síndrome del arroz frito”

Bacillus cereus es el principal agente causante del “síndrome del arroz frito” que se produce cuando el arroz hervido se deja a temperatura ambiente durante unas horas. Se estima que Bacillus cereus es responsable del 1,4 % al 12 % de todos los brotes de intoxicación alimentaria en el mundo. La bacteria produce enfermedades gastrointestinales de dos tipos: eméticas y diarreicas. El tipo emético, que a menudo es asociado con la ingesta de pasta y de arroz contaminado, surge por la presencia de la cereulida en los alimentos. En 2008, la muerte súbita de un adulto joven (20 años) fue asociada a una intoxicación alimentaria por_Bacillus cereus_.

Todo comenzó el 1 de octubre, cuando el joven enfermó tras ingerir restos de espaguetis con salsa de tomate, preparados cinco días antes y dejados en la cocina a temperatura ambiente. Después de asistir a clase, los calentó en el microondas. Inmediatamente después de comer, salió de casa para realizar actividades deportivas, pero regresó 30 minutos después y sufrió dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y diarrea acuosa. Después de medianoche, se quedó dormido. A la mañana siguiente, a las 11:00, sus padres estaban preocupados porque no se había levantado. Cuando fueron a su habitación, lo encontraron muerto. Los análisis posteriores aislaron cepas eméticas de Bacillus cereus y se encontraron altos niveles de cereulida en los espaguetis.

Cocinar alimentos contaminados a las temperaturas recomendadas elimina las células vegetativas de Bacillus cereus. Sin embargo, las esporas de esta bacteria, que son resistentes al calor, pueden sobrevivir al proceso de cocción y volver a germinar si los alimentos se enfrían lentamente.

Si los alimentos se mantienen durante varias horas a temperaturas inadecuadas antes de servirlos –por encima de 5 °C en el caso de alimentos fríos o por debajo de 57 °C en alimentos calientes– pueden desarrollarse concentraciones peligrosas de bacterias o de toxinas antes del consumo.

El correcto almacenamiento de los alimentos es fundamental para evitar las intoxicaciones alimentarias en el hogar.

Raúl Rivas González no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Alerta global por la presencia de la toxina cereulida en leche de fórmula infantil – https://theconversation.com/alerta-global-por-la-presencia-de-la-toxina-cereulida-en-leche-de-formula-infantil-275235

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Fernando Cvitanic, Docente de Relaciones Internacionales, Universidad de La Sabana

El martes 4 de febrero, Gustavo Petro y Donald Trump dejaron una imagen hasta hace poco impensable. Esta se produjo cuando los mandatarios de Colombia y Estados Unidos se saludaron y recorrieron juntos el Paseo de la fama de los presidentes en la Casa Blanca.

Fue el preámbulo de una de la reuniones más esperadas de la política internacional reciente. Los hechos tuvieron lugar después de que Estados Unidos y Colombia hayan vivido las relaciones más tensas de los últimos tiempos. El balance del encuentro marca una nueva etapa, que retoma la colaboración de manera amistosa.

Un callejón diplomático con salida

El contexto no era favorable para Petro y este no tenía muchas opciones.

Poco después de la nueva toma de posesión de Trump, se produjo la primera crisis. El regreso de unos aviones con inmigrantes deportados provenientes de los Estados Unidos desencadenó una ola de amenazas por parte de Washington. Gracias a los mecanismos diplomáticos de Colombia, este primer incidente pudo ser paleado.

La gota que derramó la copa surgió con la captura de Nicolás Maduro y las subsiguientes críticas del presidente colombiano. A modo de respuesta, se registraron nuevas amenazas que abrían la posibilidad de que Estados Unidos hiciera lo mismo con Colombia.

Una llamada telefónica solicitada por Gustavo Petro sirvió para calmar a Estados Unidos y aclarar un panorama, que ahora se torna amistoso y con serios compromisos.

Los temas principales: narcotráfico, Venezuela y Ecuador

“Llegamos a acuerdos. Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos los mejores amigos, pero no me ofendió porque no nos conocíamos. Estamos trabajando en eso y en otras cosas, incluyendo sanciones. Creo que él fue fantástico, nos llevamos muy bien”, dijo en primer lugar Donald Trump desde su despacho.

Primaron las relaciones binacionales. Los líderes se retiraron la camiseta de la idolología para dejar en claro que los intereses de los Estados van primero.

En una reunión que alcanzó las dos horas y rodeado por otros asistentes, como el vicepresidente, J.D. Vance, el secretario de estado, Marco Rubio y el senador Bernie Moreno, la delegación colombiana se dio a la tarea, de la mano del ministro de defensa, Pedro Sánchez, de presentar los resultados en materia de lucha contra las drogas.

A la exposición de los logros en este rubro se sumó la extradición y la llegada a Texas de uno de los narcotraficantes más poderosos del Valle del Cauca, Pipe Tuluá. Este arribó a los Estados Unidos justamente el día de la reunión para cumplir una pena de varios años de cárcel por ingresar drogas a los Estados Unidos.

Sobre el tema del narcotráfico, el presidente Gustavo Petro indicó en la rueda de prensa posterior que la lucha es “contra los capos de los capos”, no contra los campesinos y destacó que la erradicación de los cultivos de coca continuará manualmente, sin recurrir al glifosato. Una decisión que contrasta con la tomada a finales del pasado año, cuando el Gobierno volvió a recurrir a este polémico herbicida tras estar suspendido su uso durante los diez años anteriores.

El segundo punto involucró a Venezuela. “Cómo reactivar a Venezuela en su vecindad; cuál es el papel de los Estados Unidos ahí y cómo dejar fluir, incluso con aportes de los Estados Unidos, unos flujos que están construidos desde hace tiempo, que son comunes”, señalo el presidente Petro en rueda de prensa.

Con esta declaración, el mandatario colombiano hizo referencia a la importancia de activar fronteras prósperas, permitiendo el flujo de energía colombiana a Venezuela para la extracción de petróleo. También destacó que las fronteras cerradas o con sanciones solo favorecen al narcotráfico, por lo que es posible que una vez sean retiradas estas restricciones para que ambos países puedan hacer negocios. Colombia vendiendo energía y comprando hidrocarburos y gas al país vecino sin ser castigada.

En tercer lugar se habló de la crisis con Ecuador, situación ante la cual el presidente norteamericano se ofreció como mediador para resolver la tensión.

Varios desafíos y un solo camino

La reunión deja una reflexión. Cuando las alternativas se han reducido al mínimo, optar por el único camino disponible no responde a la falta de voluntad, sino a una lectura estratégica del contexto.

Antes de la reunión volvimos a ver a un Gustavo Petro provocador, que hizo repensar a varios analistas sobre una posible estrategia enfocada en buscar la cancelación de la reunión. Pero, en las relaciones internacionales, algunas veces es mejor hacer oídos sordos al ruido y abrir la posibilidad a ese único camino que ya estaba planeado: una reunión exitosa que finalizó en buenos términos para las partes.

En el tablero, Colombia sigue siendo el mejor aliado para la lucha contra las drogas de Estados Unidos, pero el más vulnerable. Alejarse de su principal socio comercial sería una operación kamikaze.

En este escenario, la decisión no fue entre opciones equivalentes, sino entre actuar de manera racional o poner a los colombianos a asumir costos mayores por la inacción.

Solo entre enero y noviembre de 2025, Colombia ingresó 13.498,8 millones de dólares fruto de las exportaciones a Estados Unidos, lo que equivale al 30% del total exportado. Dineros de los que dependen familias de floricultores, caficultores, productores de cacao, entre otros sectores de materias primas. Sin esta inyección económica, el país sufriría una crisis económica sin precedentes.

Tranquilidad comercial y electoral

Pero el éxito no solo traslada un ambiente de tranquilidad a los diferentes gremios comerciales. De cara a las elecciones presidenciales, el presidente y, por ende, su sucesor suman puntos. La apertura al diálogo impulsa su imagen de forma más favorable y permite a muchos empresarios sentir la calma de los mercados. En el caso de los floricultores, esto se traduce en un próspero 14 de febrero (Día de San Valentín).

“Gustavo: Un gran Honor. Amor a Colombia: Donald Trump”, rezaba el pie de la fotografía que se tomaron los dos mandatarios al final de la reunión. Una imagen que inmortaliza el momento histórico que fortalece la relación de dos presidentes.

En palabras de Petro, ambos le demostraron al mundo que, a pesar de las diferencias, se pueda dialogar y superar las tensiones. No importa si eso implica salir del Salón Oval llevando gorras rojas con la palabra MAGA (Make America Great Again). Posteriormente, con marcador, el propio Petro corrigió con la letra ‘S’, para convertirlo en un “Make Americas Great Again”, tal como lo hubiera querido Bolívar.

Fernando Cvitanic no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Reunión entre Petro y Trump: el día que el interés de los Estados se impuso a las rencillas y las ideologías – https://theconversation.com/reunion-entre-petro-y-trump-el-dia-que-el-interes-de-los-estados-se-impuso-a-las-rencillas-y-las-ideologias-275054

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ricard Martínez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Universitat de València

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.

Aunque el anuncio del presidente del gobierno español resulte novedoso, en realidad el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, vigente desde 2018, permite fijar la capacidad legal para consentir el tratamiento de nuestros datos en servicios digitales entre los 13 a los 16 años. En España se decidió que fuera a partir de los 14.

Es necesario entender los hechos que nos conducen hasta aquí y el conjunto de medidas que deberían acompañar a esta limitación. El deber de verificar la edad se reguló en EE. UU. por la Children Online Privacy Protection Act de 1998, y en España desde el Reglamento de la LOPD de 2007. Esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida por ningún operador, salvo los esfuerzos de la española Tuenti.

En el caso de las redes sociales, la Unión Europea se ha reunido con las compañías desde la vicepresidencia de Viviane Reding y se han adoptado acuerdos y compromisos corporativos sin resultado práctico alguno. En la actualidad, la industria ha pasado de la aceptación displicente a la oposición cerrada.

Distintos informes, como los realizados por EU Kids Online, han venido constatando de forma consistente el crecimiento significativo de los riesgos de internet para los menores. Existe un descenso constante en la edad a la que los menores se conectan a internet, disponen de un móvil, consumen pornografía o se registran en una red social. El reciente Informe de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia confirma esta tendencia con datos ciertamente preocupantes que apuntan a un uso adictivo del smartphone y las redes, al crecimiento de la conflictividad o la exposición a la pornografía, acompañadas de una demanda de educación e incluso de desconexión.

El diagnóstico del informe impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia es demoledor. Señala que las redes sociales generan un contexto de alto riesgo para la salud mental y física de los menores, de sobreexposición al acoso y los delitos contra la libertad sexual, de acceso a la pornografía y de adquisición de hábitos y conductas nocivos.

Coincide con los estudios que vienen alertando sobre el crecimiento de las enfermedades mentales, de las autolesiones o del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales pueden desplazar experiencias presenciales y reducir espacios de socialización autónoma, especialmente en usos intensivos.

Un modelo de negocio que busca el enganche

Distintas filtraciones parecen acreditar que los operadores de redes sociales han sido plenamente conscientes de los riesgos de su modelo de negocio y lo han fomentado. Las redes fomentan mecanismos de recompensa generando adicción. Estos se acentúan a través del scroll infinito, de la hiperestimulación y el uso nocturno que puede deteriorar la higiene del sueño. Cada like, emoji, chat o filtro de imagen responde a un objetivo claro: fomentar la vinculación, mantener la atención del usuario y monetizar la privacidad.

Además, los algoritmos de personalización favorecen el “enganche” del usuario y le proporcionan una visión de la realidad a través de filtros que generan una burbuja de contenidos a medida. Por otro lado, la monetización publicitaria parece incentivar la polarización, los discursos de odio, el negacionismo o la pornografía.

Responsabilidades sociales y administrativas

Por otra parte, es innegable que existe una cuota de responsabilidad social y administrativa. El primer contacto de un niño, niña o adolescente con una red social será propiciado por madres y padres o por el propio colegio, por ejemplo al adquirir un smartphone o al pedir tareas digitales

La ausencia de herramientas educativas para familias, y la presión que experimentan las familias cuando a ciertas edades sus hijos e hijas se enfrentan al ostracismo y el aislamiento si no están en una red social, hacen que la identidad digital en los primeros años dependa de adultos sin apoyos suficientes y de prácticas escolares a veces poco reflexivas o contradictorias con la protección de la infancia, como la publicación de vídeos en las redes sociales de los centros.

Legislar más allá de la prohibición

En este contexto, la acción legislativa emprendida por el Ministerio de Juventud e Infancia es adecuada. Parece urgente legislar con medidas eficaces, proporcionales y con garantías que aseguren el derecho a la identidad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. La limitación de la edad encuentra plena justificación en la garantía de un desarrollo adecuado de la personalidad.

Pero no es la única medida. Se requiere un diseño holístico que contemple políticas públicas proactivas y, al mismo tiempo, defina escenarios de responsabilidad. Desde una visión jurídica se hace imprescindible un enfoque que refuerce la disuasión, incluido si procede el incremento de la responsabilidad civil y penal. A la vez, hay que disciplinar la acción de los centros escolares y su responsabilidad.

La voz de los interesados

No obstante, existe un riesgo que no podemos obviar. Los niños, niñas y adolescentes deben tener voz. Deberíamos entender cómo hacer viable una socialización y un aprendizaje de la tecnología inspirado por valores democráticos e inclusivos. No podemos ser víctimas de la urgencia regulatoria y centrarnos exclusivamente en la prohibición.

Vivimos en la sociedad de la inteligencia artificial. Se requerirá de nosotros un nuevo modo de hacer las cosas y nuevas capacidades. No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas.

Por último, los reguladores más directamente concernidos (Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial) deben pasar de la recomendación a la auditoría, la coerción y la sanción a las plataformas. Pasó el tiempo de contemporizar. Existe una firme voluntad de sus directivos de amenazar la regulación y romperla. La democracia nos hizo libres, nos convirtió de súbditos en ciudadanos: no permitamos que nos conviertan en siervos digitales empezando por nuestros niños, niñas y adolescentes.

Ricard Martínez Martínez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿realmente los protege? – https://theconversation.com/prohibir-el-acceso-a-las-redes-sociales-a-menores-de-16-anos-realmente-los-protege-275092

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ricard Martínez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Universitat de València

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.

Aunque el anuncio del presidente del gobierno español resulte novedoso, en realidad el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, vigente desde 2018, permite fijar la capacidad legal para consentir el tratamiento de nuestros datos en servicios digitales entre los 13 a los 16 años. En España se decidió que fuera a partir de los 14.

Es necesario entender los hechos que nos conducen hasta aquí y el conjunto de medidas que deberían acompañar a esta limitación. El deber de verificar la edad se reguló en EE. UU. por la Children Online Privacy Protection Act de 1998, y en España desde el Reglamento de la LOPD de 2007. Esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida por ningún operador, salvo los esfuerzos de la española Tuenti.

En el caso de las redes sociales, la Unión Europea se ha reunido con las compañías desde la vicepresidencia de Viviane Reding y se han adoptado acuerdos y compromisos corporativos sin resultado práctico alguno. En la actualidad, la industria ha pasado de la aceptación displicente a la oposición cerrada.

Distintos informes, como los realizados por EU Kids Online, han venido constatando de forma consistente el crecimiento significativo de los riesgos de internet para los menores. Existe un descenso constante en la edad a la que los menores se conectan a internet, disponen de un móvil, consumen pornografía o se registran en una red social. El reciente Informe de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia confirma esta tendencia con datos ciertamente preocupantes que apuntan a un uso adictivo del smartphone y las redes, al crecimiento de la conflictividad o la exposición a la pornografía, acompañadas de una demanda de educación e incluso de desconexión.

El diagnóstico del informe de expertos para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia es demoledor. Señala que las redes sociales generan un contexto de alto riesgo para la salud mental y física de los menores, de sobreexposición al acoso y los delitos contra la libertad sexual, de acceso a la pornografía y de adquisición de hábitos y conductas nocivos.

Coinciden con los estudios que vienen alertando sobre el crecimiento de las enfermedades mentales, de las autolesiones o del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales pueden desplazar experiencias presenciales y reducir espacios de socialización autónoma, especialmente en usos intensivos.

Un modelo de negocio que busca el enganche

Distintas filtraciones parecen acreditar que los operadores de redes sociales han sido plenamente conscientes de los riesgos de su modelo de negocio y lo han fomentado. Las redes fomentan mecanismos de recompensa generando adicción. Estos se acentúan a través del scroll infinito, de la hiperestimulación y el uso nocturno que puede deteriorar la higiene del sueño. Cada like, emoji, chat o filtro de imagen responde a un objetivo claro: fomentar la vinculación, mantener la atención del usuario y monetizar la privacidad.

Además, los algoritmos de personalización favorecen el “enganche” del usuario y le proporcionan una visión de la realidad a través de filtros que generan una burbuja de contenidos a medida. Por otro lado, la monetización publicitaria parece incentivar la polarización, los discursos de odio, el negacionismo o la pornografía.

Responsabilidades sociales y administrativas

Por otra parte, es innegable que existe una cuota de responsabilidad social y administrativa. El primer contacto de un niño, niña o adolescente con una red social será propiciado por madres y padres o por el propio colegio, por ejemplo al adquirir un smartphone o al pedir tareas digitales

La ausencia de herramientas educativas para familias, y la presión que experimentan las familias cuando a ciertas edades sus hijos e hijas se enfrentan al ostracismo y el aislamiento si no están en una red social, hacen que la identidad digital en los primeros años dependa de adultos sin apoyos suficientes y de prácticas escolares a veces poco reflexivas o contradictorias con la protección de la infancia, como la publicación de vídeos en las redes sociales de los centros.

Legislar más allá de la prohibición

En este contexto, la acción legislativa emprendida por el Ministerio de Juventud e Infancia es adecuada. Parece urgente legislar con medidas eficaces, proporcionales y con garantías que aseguren el derecho a la identidad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. La limitación de la edad encuentra plena justificación en la garantía de un desarrollo adecuado de la personalidad.

Pero no es la única medida. Se requiere un diseño holístico que contemple políticas públicas proactivas y, al mismo tiempo, defina escenarios de responsabilidad. Desde una visión jurídica se hace imprescindible un enfoque que refuerce la disuasión, incluido si procede el incremento de la responsabilidad civil y penal. A la vez, hay que disciplinar la acción de los centros escolares y su responsabilidad.

La voz de los interesados

No obstante, existe un riesgo que no podemos obviar. Los niños, niñas y adolescentes deben tener voz. Deberíamos entender cómo hacer viable una socialización y un aprendizaje de la tecnología inspirado por valores democráticos e inclusivos. No podemos ser víctimas de la urgencia regulatoria y centrarnos exclusivamente en la prohibición.

Vivimos en la sociedad de la inteligencia artificial. Se requerirá de nosotros un nuevo modo de hacer las cosas y nuevas capacidades. No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas.

Por último, los reguladores más directamente concernidos (Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, AESIA) deben pasar de la recomendación a la auditoría, la coerción y la sanción a las plataformas. Pasó el tiempo de contemporizar. Existe una firme voluntad de sus directivos de amenazar la regulación y romperla. La democracia nos hizo libres, nos convirtió de súbditos en ciudadanos: no permitamos que nos conviertan en siervos digitales empezando por nuestros niños, niñas y adolescentes.

Ricard Martínez Martínez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿realmente les protege? – https://theconversation.com/prohibir-el-acceso-a-las-redes-sociales-a-menores-de-16-anos-realmente-les-protege-275092

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ricard Martínez Martínez, Profesor de Derecho Constitucional. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital, Universitat de València

La limitación de la edad de acceso a las redes sociales se ha situado en el centro del debate político estos días en España. Es una cuestión de extraordinaria complejidad que requiere de un acercamiento ponderado y basado en la evidencia.

Aunque el anuncio del presidente del gobierno español resulte novedoso, en realidad el Reglamento General de Protección de Datos de la UE permite fijar la capacidad legal para consentir en el tratamiento de los datos en los servicios de la sociedad de la información en la franja de los 13 a los 16 años.

Es necesario entender los hechos que nos conducen hasta aquí y el conjunto de medidas que deberían acompañar a esta limitación. El deber de verificar la edad se reguló en EE.UU. por la Children Online Privacy Protection Act de 1998, y en España desde el Reglamento de la LOPD de 2007. Esa obligación de verificación prácticamente no ha sido cumplida por ningún operador, salvo los esfuerzos de la española TUENTI.

En el caso de las redes sociales, la Unión Europea se ha reunido con las compañías desde la vicepresidencia de Viviane Reding y se han adoptado acuerdos y compromisos corporativos sin resultado práctico alguno. En la actualidad, la industria ha pasado de la aceptación displicente a la oposición cerrada.

Distintos informes, como los realizados por EU Kids Online ENLACE, han venido constatando de forma consistente el crecimiento significativo de los riesgos de internet para los menores. Existe un descenso constante en la edad a la que los menores se conectan a internet ENLACE, disponen de un móvil, consumen pornografía o se registran en una red social. El reciente Informe de UNICEF ENLACE sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia confirma esta tendencia con datos ciertamente preocupantes que apuntan a un uso adictivo del smartphone y las redes, al crecimiento de la conflictividad o la exposición a la pornografía, acompañadas de una demanda de educación e incluso de desconexión.

El diagnóstico del informe del comité de personas expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia es demoledor. Señala que las redes sociales generan un contexto de alto riesgo para la salud mental y física de los menores, de sobreexposición al acoso y los delitos contra la libertad sexual, de acceso a la pornografía y de adquisición de hábitos y conductas nocivos.

Coinciden con los estudios ENLACES que vienen alertando sobre el crecimiento de las enfermedades mentales, de las autolesiones o del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Las redes sociales pueden desplazar experiencias presenciales y reducir espacios de socialización autónoma, especialmente en usos intensivos.

Un modelo de negocio que busca el enganche

Distintas filtraciones parecen acreditar que los operadores de redes sociales han sido plenamente conscientes de los riesgos de su modelo de negocio y lo han fomentado. Las redes fomentan mecanismos de recompensa generando adicción. Estos se acentúan a través del scroll infinito, de la hiperestimulación y el uso nocturno que puede deteriorar la higiene del sueño. Cada like, emoji, chat, o filtro de imagen responde a un objetivo claro: fomentar la vinculación, mantener la atención del usuario y monetizar la privacidad.

Además, los algoritmos de personalización favorecen el “enganche” del usuario y le proporcionan una visión de la realidad a través de filtros que generan una burbuja de contenidos a medida. Además, la monetización publicitaria parece incentivar la polarización, los discursos de odio, el negacionismo o la pornografía.

Responsabilidades sociales y administrativas

Por otra parte, es innegable que existe una cuota de responsabilidad social y administrativa. El primer contacto de un niño, niña o adolescente con una red social será propiciado por madres y padres o por el propio colegio, por ejemplo al adquirir un smartphone o al pedir tareas digitales

La ausencia de herramientas educativas para familias, y la presión que experimentan las familias cuando a ciertas edades sus hijos e hijas se enfrentan al ostracismo y el aislamiento si no están en una red social, hacen que la identidad digital en los primeros años dependa de adultos sin apoyos suficientes y de prácticas escolares a veces poco reflexivas o contradictorias con la protección de la infancia, como la publicación de vídeos en suslas redes sociales de los centros.

Legislar más allá de la prohibición

En este contexto, la acción legislativa emprendida por el Ministerio de Juventud e Infancia es adecuada. Parece urgente legislar con medidas eficaces, proporcionales y con garantías que aseguren el derecho a la identidad digital de nuestros niños, niñas y adolescentes. La limitación de la edad encuentra plena justificación en la garantía de un desarrollo adecuado de la personalidad.

Pero no es la única medida. Se requiere un diseño holístico que contemple políticas públicas proactivas y, al mismo tiempo, defina escenarios de responsabilidad. Desde una visión jurídica se hace imprescindible un enfoque que refuerce la disuasión, incluido si procede el incremento de la responsabilidad civil y penal. A la vez, hay que disciplinar la acción de los centros escolares y su responsabilidad.

La voz de los interesados

No obstante, existe un riesgo que no podemos obviar. Los niños, niñas y adolescentes deben tener voz. Deberíamos entender cómo hacer viable una socialización y un aprendizaje de la tecnología inspirado por valores democráticos e inclusivos. No podemos ser víctimas de la urgencia regulatoria y centrarnos exclusivamente en la prohibición.

Vivimos en la sociedad de la inteligencia artificial. Se requerirá de nosotros un nuevo modo de hacer las cosas y nuevas capacidades. No estamos en guerra con la tecnología, sino con un uso antisocial que cosifica a las personas.

PPor último, los reguladores más directamente concernidos (AEPD, CNMC, AESIA) deben pasar de la recomendación a la auditoría, la coerción y la sanción a las plataformas. Pasó el tiempo de contemporizar. Existe una firme voluntad de sus directivos de amenazar la regulación y romperla. La democracia nos hizo libres, nos convirtió de súbditos en ciudadanos: no permitamos que nos conviertan en siervos digitales empezando por nuestros niños, niñas y adolescentes.

Ricard Martínez Martínez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: ¿de verdad les protege? – https://theconversation.com/prohibir-el-acceso-a-las-redes-sociales-a-menores-de-16-anos-de-verdad-les-protege-275092

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Noah Eliot Vanderhoeven, PhD Candidate, Political Science, Western University

Los Juegos Olímpicos de este invierno no serán un evento deportivo internacional normal. Una nube de tensión geopolítica se cierne sobre las competiciones en Milán-Cortina, así como sobre la próxima Copa Mundial de Fútbol Masculino de la FIFA.

La tensión se intensificó tras el discurso del primer ministro Mark Carney en Davos, donde expuso su visión de un nuevo orden mundial para las potencias medias. Esto contrastó claramente con el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien siguió expresando su interés en adquirir Groenlandia.

Como resultado, es probable que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 perturben de manera singular el objetivo declarado por el Comité Olímpico Internacional de que el deporte una al mundo bajo una misma bandera. En lugar de silenciar el conflicto político, los Juegos podrían amplificarlo.

La política detrás de los anfitriones

La misión unificadora de los Juegos Olímpicos se sitúa en una posición incómoda, sobre todo si se tienen en cuenta debates pasados sobre la moralidad de celebrarlos en Estados represivos. Durante décadas, los críticos han argumentado que esos regímenes utilizan los Juegos para mejorar su imagen global y promover sus objetivos políticos y económicos.

Los eventos deportivos internacionales proporcionan una amplia cobertura mediática y exposición de marca. Esa atención es especialmente atractiva para quienes buscan legitimidad en la escena mundial. El acceso a una audiencia occidental brinda a estos Estados la oportunidad de “lavar su imagen” a través de una percepción cuidadosamente construida.

Los regímenes represivos han recurrido cada vez más a esta estrategia. Las investigaciones muestran que la proporción de eventos deportivos internacionales organizados por autocracias se redujo del 36 % en 1945-1988 al 15 % en 1989-2012, pero ha repuntado hasta el 37 % desde 2012.

El lavado deportivo y el acuerdo olímpico

El sportswashing, o lavado deportivo, consiste en utilizar el deporte para desviar la atención del público de conductas poco éticas. En el caso de los eventos internacionales, el objetivo suele ser mejorar la reputación del país anfitrión utilizando la inmensa popularidad del deporte para “evitar” el escrutinio relacionado con los abusos de los derechos humanos o el retroceso democrático.

El lavado deportivo también puede servir para establecer una mayor aceptación global de los regímenes represivos, especialmente cuando las instituciones occidentales aceptan su riqueza y consienten sus objetivos.

Las organizaciones deportivas internacionales también se benefician de este acuerdo. Los anfitriones autoritarios son más propensos a aceptar la construcción de costosas instalaciones deportivas de un solo uso, ya que no se enfrentan a las repercusiones que puede tener en una democracia el utilizar fondos públicos para un evento que reporta pocos beneficios a los ciudadanos.

En algunos casos, estos regímenes incluso han estado dispuestos a sobornar a funcionarios con el objetivo de obtener los votos necesarios para ganar las licitaciones para albergar estos eventos deportivos.

Del lavado deportivo al nacionalismo

A menudo existe una relación simbiótica entre los regímenes represivos y las organizaciones deportivas internacionales. Sin embargo, es poco probable que el evento de Milán-Cortina sirva para el lavado deportivo que hemos visto recientemente. En cambio, es posible que los relatos políticos de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 sean más explícitamente nacionalistas.

El deporte es un poderoso vehículo para la retórica nacional. Puede reforzar la identidad social de una persona o la forma en que se percibe a sí misma en relación con los demás. Así, anima a la gente a verse como miembros de un equipo o de un país, celebrando la victoria como un éxito colectivo o interpretando la derrota como una pérdida simbólica.

El deporte también posee un fuerte simbolismo que puede ser explotado para construir una identidad de país. Por ello, esta identidad conecta con formas primitivas de ideología nacional.

Tensiones políticas de cara a Milán-Cortina

En el período previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, una serie de conflictos geopolíticos ha intensificado las tensiones en torno al evento. Entre ellos se incluyen la invasión estadounidense de Venezuela, el deseo de Trump de anexionar tanto Groenlandia como Canadá a Estados Unidos y sus continuas disputas comerciales con quienes eran aliados tradicionales.

Ya sea por la tensión entre la Unión Europea y Estados Unidos o entre estos y Canadá, hay muchas historias que pueden reactivar la retórica nacionalista.

El campeonato de hockey sobre hielo 4-Nations Face-Off, que Canadá ganó hace un año, demostró lo rápido que se puede movilizar el nacionalismo canadiense en medio de tensas negociaciones comerciales con Estados Unidos. Cualquier partido olímpico de hockey sobre hielo entre ambos alimentará la imaginación nacional de los dos países y de sus líderes políticos.

Dinamarca y Estados Unidos también están en el mismo grupo en el torneo masculino de hockey sobre hielo, lo que significa que tendrán que enfrentarse entre sí en la fase de liguilla.

El torneo masculino de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York, supuso un momento crucial en la Guerra Fría. Cuando Estados Unidos, el equipo que nadie creía que podría ganar, venció a los favoritos, el Ejército Rojo de la Unión Soviética, se consideró un “milagro sobre el hielo”.

Dadas las amenazas de Trump contra Groenlandia, un territorio danés, el enfrentamiento olímpico entre los dos equipos podría servir como el propio “milagro sobre el hielo” de Dinamarca.

Un medallero propicio para la manipulación política

Más allá del hockey sobre hielo, todo apunta a que estos Juegos Olímpicos de Invierno serán fructíferos para Estados Unidos, ya que los equipos de Noruega y Rusia, que suelen ser los favoritos, están inmersos en diferentes problemas.

Noruega, líder histórico en medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno, y tradicionalmente una potencia en los deportes nórdicos y las pruebas de esquí, se enfrenta a un enorme escándalo por haber hecho trampas en el salto de esquí. Por su parte, los atletas rusos siguen sin poder competir bajo su bandera nacional debido a la guerra en Ucrania y solo se les permite participar como atletas individuales neutrales previamente seleccionados.

Es probable que Trump le dé mucha importancia a cualquier buen resultado de Estados Unidos, comparando cualquier éxito con los de la UE y Canadá.

Durante su segundo mandato, Trump ha recibido a numerosos atletas en la Casa Blanca y ha vinculado públicamente el éxito deportivo con la fortaleza nacional. Celebró la participación estadounidense en la Ryder Cup de golf y el 4-Nations Face-Off, incluso cuando Estados Unidos fue derrotado en ambas.

Por lo tanto, el éxito de los Juegos Olímpicos de Invierno podría proporcionar capital político en un momento delicado. En medio de su ataque a Venezuela y su objetivo declarado de adquirir Groenlandia, los principales países futbolísticos y los poderosos de la UE –entre ellos Francia y Alemania– han hecho tentativas de reconsiderar su participación en la Copa Mundial Masculina de 2026, organizada en gran parte por Estados Unidos.

Pero primero, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 ofrecerán una serie de enfrentamientos que servirán a los objetivos nacionalistas de Trump, Carney y los líderes de la Unión Europea.

Noah Eliot Vanderhoeven no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. La geopolítica que se oculta tras los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 – https://theconversation.com/la-geopolitica-que-se-oculta-tras-los-juegos-olimpicos-de-invierno-de-milan-cortina-2026-275161