Source: The Conversation – (in Spanish) – By María López Belloso, Profesora e Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de deusto, Universidad de Deusto
Desde la ruptura del alto el fuego en Guerguerat –el principal puesto fronterizo que conecta el Sáhara Occidental con Mauritania– en noviembre de 2020, el conflicto del Sáhara Occidental transita una fase de hostilidades de baja intensidad y diplomacia intermitente.
Esta misma fase quedó marcada por el reconocimiento, en diciembre de 2020, de la soberanía marroquí por parte de la Administración Trump, encajado en la lógica de los Acuerdos de Abraham: un paquete de medidas para normalizar las relaciones árabe-israelíes al que se sumaron Emiratos Árabes Unidos, Baréin y, más tarde, Marruecos y Sudán. Lanzado en 2020, combinó incentivos políticos y estratégicos.
En el caso marroquí, la normalización con Israel –con reapertura de oficinas de enlace y cooperación en seguridad, tecnología y economía– se correspondió con el respaldo de Washington a la posición de Rabat sobre el Sáhara. Desde entonces, la propuesta de “autonomía bajo soberanía marroquí” de 2007 ha escalado como opción “realista” para varios actores influyentes, mientras el referéndum de autodeterminación se ha ido desdibujando en la práctica.
A partir de entonces, varios actores recalibraron públicamente su enfoque: estados del Golfo reforzaron su apoyo al plan de autonomía, mientras que Francia y Alemania lo definieron como “serio y creíble”. Llamó sobre todo la atención el viraje de España –potencia administradora del territorio pendiente de descolonización–, quien pasó en 2022 a señalar la propuesta marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para una solución en un polémico giro del Gobierno.
Contenido de la resolución
La resolución 2797, adoptada el 31 de octubre de 2025, llega precisamente en ese clima y lo consolida: renueva un año más el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y ordena una revisión estratégica en seis meses.
El texto preserva la presencia de la ONU sobre el terreno y su función de verificación, pero evita abrir nuevas vías sustantivas –en derechos humanos o en la dimensión electoral que, en origen, debía sustentar el referéndum–, lo que redunda en continuidad operativa con poco oxígeno político.
Esta resolución renueva la MINURSO y ordena una revisión en seis meses, pero el corazón del texto late en otra parte: el lenguaje consagra la autonomía marroquí como horizonte “realista” y omite el referéndum. No es un simple matiz; es un desplazamiento del marco. La “solución mutuamente aceptable” ya no incluye, de facto, la opción independentista, y eso reconfigura el sentido del proceso auspiciado por la ONU.
De ahí nace la paradoja central: se sostiene la misión creada para organizar una consulta que el propio Consejo ha sacado del guion. La MINURSO mantiene la verificación y la mínima estabilidad en el terreno, pero sin una salida política coherente con el mandato original. La revisión semestral, lejos de ser una palanca evidente de cambio, podría funcionar como válvula de escape: ajustes técnicos y poco más, mientras la pregunta incómoda –qué significa hoy “autodeterminación” sin consulta– queda sin respuesta.
El texto evita reforzar dos pilares sensibles: un componente robusto de derechos humanos y las capacidades electorales que darían credibilidad a cualquier mecanismo de decisión futura. En un escenario de hostilidades de baja intensidad, esa omisión deja huecos de protección y reduce los incentivos para contener abusos a ambos lados del muro.
La aritmética diplomática
Estados Unidos impulsa el encuadre y varios países europeos lo acompañan, como España, cuya condición de potencia administradora pivotó en 2022 y calificó la autonomía como la base “más seria y realista”, movimiento que arrastró el debate europeo.
Rusia y China se abstienen: no dinamitan la continuidad de la misión, pero marcan distancia ante un texto inclinado hacia Rabat.
Argelia optó por ausentarse para subrayar que, a su juicio, el expediente del Sáhara Occidental sigue siendo un proceso de descolonización pendiente, cuya solución debe pasar por un mecanismo de autodeterminación auténtico –incluida la opción de independencia– y no por la consagración de la autonomía marroquí como único horizonte “realista”.
Argel denunció, además, que el texto desnaturaliza el mandato original de MINURSO al renovar la misión sin referéndum ni refuerzo de derechos humanos; ignora el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975 y las resoluciones de la Asamblea General sobre el estatus del territorio; y refleja el viraje político. Son factores que, en su lectura, vacían de contenido jurídico el marco de la ONU y perpetúan el statu quo bajo una pátina de estabilidad.
Consecuencias para las partes
El efecto neto en los incentivos es claro. Para Marruecos, validación incremental: estabilidad operativa y consagración política de la autonomía, sin contrapartidas sustantivas nuevas. Para el Frente Polisario, el mensaje es que la vía plebiscitaria ha quedado fuera del escenario.
Con la resolución 2797 el Consejo de Seguridad completa un viraje que venía gestándose desde 2020: del marco jurídico de descolonización, centrado en el referéndum, a un marco político de arreglo que privilegia la autonomía marroquí.
La misión se renueva alejada de su proposito; el instrumento jurídico (la consulta) se diluye y el resultado es claro: prevalece la realpolitik –la estabilidad y los alineamientos– sobre la vigencia operativa del derecho internacional en este conflicto.
La Unión Europea contribuye también a esta deriva. Pese a que el Tribunal de Justicia de la UE confirmó en octubre de 2024 que los acuerdos de comercio y pesca no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento de su pueblo, Bruselas ha explorado fórmulas para mantener flujos comerciales y pesqueros, desde nuevas negociaciones ad hoc hasta arreglos interinos con Marruecos que tensan el cumplimiento estricto de las sentencias. Es una búsqueda de puentes regulatorios que, en la práctica, bordea el fallo judicial en nombre del interés económico y la estabilidad con Rabat.
En suma, la resolución 2797 consagra el paso del derecho a la política como gramática dominante de la resolución del conflicto. Para el Sáhara Occidental, eso significa una ONU que gestiona el statu quo y una UE que busca atajos alrededor de sus propios fallos cuando chocan con intereses estratégicos. El mensaje de fondo –también para otras crisis– es incómodo: la fuerza del derecho cede terreno ante el derecho de la fuerza diplomática.
María López Belloso recibe fondos de distintas organizaciones públicas para la financiación de los proyectos de investigación (HEUROPE, Agencia Estatal de Investigación; Kutxa Fundazioa).
– ref. ¿Qué queda del referéndum del Sáhara Occidental tras la reciente resolución 2797 de la ONU? – https://theconversation.com/que-queda-del-referendum-del-sahara-occidental-tras-la-reciente-resolucion-2797-de-la-onu-268871