Source: The Conversation – (in Spanish) – By Sara Palomo Díez, Profesora Permanente Laboral, Universidad Complutense de Madrid
Imagine que un detective encuentra una gota de sangre en la escena de un crimen ocurrido en 1980. El asesino nunca fue fichado, por lo que su perfil de ADN no coincide con nadie en las bases de datos de la policía. Durante décadas, el caso acumula polvo en un sótano. El culpable sigue libre, convencido de que se ha salido con la suya.
Sin embargo, años después, la policía recibe un soplo inesperado. No viene de un testigo ocular, sino del árbol genealógico de una persona corriente que vive a miles de kilómetros y que decidió enviar una muestra de saliva a una empresa privada para saber si tenía antepasados vikingos o descubrir a un primo lejano.
Esto no es el guión de una serie de televisión: es un ejemplo de cómo opera la genealogía genética forense (GGF), una disciplina que está revolucionando la investigación criminal.
Pero ¿cómo funciona exactamente este “milagro” científico capaz de reabrir casos que parecían enterrados para siempre?
Del “código de barras” al mapa de carreteras
La policía lleva décadas usando el ADN para resolver casos, pero de una forma limitada. El sistema tradicional (conocido como CODIS) funciona como un “código de barras”. Analiza unas regiones muy concretas del ADN (llamadas STRs) para ver si la muestra hallada en la escena del crimen coincide al 100 % con un sospechoso ya fichado. Es la misma técnica que se emplea en casos de identificación de víctimas, o personas desaparecidas.
Se trata de unos marcadores genéticos ideales para esta finalidad porque están repartidos por todo el genoma, son muy pequeños –lo que garantiza mayor probabilidad de éxito si la muestra está degradada, algo habitual en contextos forenses– y varían considerablemente entre individuos, lo que posibilita que sean muy específicos de cada persona.
Sin embargo, cuando el “código de barras” del delincuente no se encuentra en la base de datos policial, o bien cuando la víctima es un soldado de la I Guerra Mundial del que ya no quedan familiares cercanos vivos que compartan cierto grado de ese material genético, nos enfrentamos a un importante problema para llevar a cabo las identificaciones.
La genealogía genética forense cambia las reglas del juego porque utiliza un análisis muchísimo más profundo basado en los llamados polimorfismos de nucleótido único (SNPs). En lugar de un simple código de barras, los científicos extraen un “mapa de carreteras” completo del genoma. No se trata de buscar una coincidencia exacta, sino de rastrear la herencia compartida con parientes muy lejanos (como primos terceros o cuartos) a través de todo nuestro árbol familiar.
Aquí entran en juego otro tipo de bases de datos, que no son de carácter policial, sino plataformas abiertas como GEDmatch o FamilyTreeDNA. En ellas, millones de personas normales suben voluntariamente sus datos genéticos con fines recreativos, como buscar sus orígenes o familiares lejanos. De este modo, sin saberlo, están creando una red de conexiones familiares gigantesca.
Rastreando el árbol genealógico
Cuando los investigadores introducen el perfil de SNPs de una muestra sin identificar en estas plataformas civiles, la ciencia no busca al culpable directo, sino a sus familiares. Sobre esta metodología de investigación trata nuestro artículo, publicado en la revista WIREs.
Pongamos un ejemplo real y famoso: el caso de Michelle Martinko, una estudiante asesinada en Iowa en 1979. Casi cuarenta años después, los genetistas subieron el ADN del asesino a una base de datos genealógica. El sistema no encontró al autor del crimen, pero localizó a una mujer que compartía el suficiente material genético con la muestra como para ser su prima hermana.
A partir de ese único hilo conductor, el trabajo de los genetistas y genealogistas se vuelve puramente detectivesco:
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Dibujan el árbol a la inversa: rastrean hacia atrás en el tiempo (usando registros de nacimiento, censos y bodas) hasta encontrar a los antepasados comunes de esa familia.
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Filtran las ramas: investigan a los descendientes directos de esos antepasados en el presente.
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Cruzan datos lógicos: buscan qué miembros masculinos de esa familia tenían la edad adecuada y estaban en el lugar idóneo cuando ocurrió el crimen.
En el caso de Michelle Martinko, este rastreo redujo el misterio a solo tres hermanos. Para el paso final, la policía solo tuvo que vigilar discretamente a uno de ellos (Jerry Burns), recoger una pajita que tiró en un restaurante y comprobar en el laboratorio tradicional si su ADN coincidía con el de la escena del crimen. Tras 39 años, el caso se cerró con una condena.
Esta misma técnica también permitió atrapar en 2018 al Asesino del Golden State, que violó a 50 mujeres y mató al menos a 12 personas en las décadas de los setenta y los ochenta. Desde entonces se usa también con fines humanitarios para identificar restos óseos degradados de soldados o personas desaparecidas.
Justicia frente a derecho a la intimidad
Sin embargo, la velocidad de la ciencia a menudo choca con las leyes. Mientras que en Estados Unidos y algunos países de Europa, como Suecia, se permite el uso de estas bases de datos civiles bajo estrictos criterios, en otros no es así. En España, por ejemplo, la legislación actual vela más por la privacidad y no permite cruzar los datos policiales con plataformas genéticas comerciales.
En casos españoles emblemáticos como el de Eva Blanco, asesinada en 1997, la policía tuvo que recurrir a estrategias alternativas, como analizar el ADN mitocondrial (la línea materna) para descubrir el origen geográfico del sospechoso y realizar cribados locales.
¿Por qué estas restricciones? Porque, aunque la genealogía genética forense no solo puede ser una herramienta maravillosa para el ámbito forense: también revela información privada sobre las personas y sus familiares. Entonces, ¿Debería primar el derecho a la intimidad o el deber de dar respuesta a una familia que lleva décadas esperando justicia? He ahí el dilema.
María Samino Gómez, graduada en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid, ha colaborado en la elaboración de este artículo.
Sara Palomo Díez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Del árbol genealógico al banquillo de los acusados: la nueva era de la investigación criminal – https://theconversation.com/del-arbol-genealogico-al-banquillo-de-los-acusados-la-nueva-era-de-la-investigacion-criminal-282299