Source: The Conversation – (in Spanish) – By Tulio Alberto Álvarez-Ramos, Profesor/Investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Jefe de Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello
La amenaza que hoy acecha a los Estados constitucionales parece provenir “de más lejos que más nunca”, como el origen incierto de la barbarie que describió el escritor venezolano Rómulo Gallegos en su novela Doña Bárbara. No nace de una carencia de leyes, sino de una mutación del derecho: la transición hacia el Estado sin garantías y sin bienestar.
Mientras el siglo XX prometió que la apertura económica traería libertad, el siglo XXI sacrifica las garantías ciudadanas en el pragmatismo extractivo y la seguridad energética. Este modelo no es un fenómeno aislado: resuena en las grandes economías globales, que comienzan a privilegiar la competitividad y el rendimiento sobre los estándares democráticos tradicionales.
También se consolida en la validación (tras años de colapso) del gobierno venezolano por parte de Estados y organismos internacionales, sin que se haya producido una transformación política real cuando se cumplen seis meses de la captura de Nicolás Maduro, en enero de 2026, y Venezuela enfrenta las primeras semanas tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio y sus sucesivas réplicas. El desastre ha puesto en evidencia la deficiente preparación del Estado para atender una catástrofe de esa magnitud.
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Históricamente, la arquitectura del constitucionalismo se diseñó para dignificar el ser humano. Con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que atribuía las “desgracias públicas” al desprecio de los derechos, y la Constitución de 1787 de los Estados Unidos, que fijó como meta “promover el bienestar general”, el buen gobierno se convirtió en sinónimo de felicidad colectiva.
Este legado, recogido por el constitucionalismo venezolano de 1811, sostiene que la legitimidad de los gobiernos, que nace del consentimiento de los gobernados, y la división de poderes evitan las tiranías.
Ahora, como decíamos, surge el Estado sin bienestar, que rompe este pacto de siglos y sustituye la “búsqueda de la felicidad” de los padres fundadores estadounidenses por la búsqueda de la rentabilidad, y la “voluntad general” de los derecho de mujeres y hombres por el pragmatismo extractivo.
Olvidar que el fin último del Estado es el bienestar y la felicidad ciudadana es, en esencia, renunciar a la civilización política.
Cuando la democracia es sorprendida
El camino hacia un Estado sin bienestar no es nuevo, pero lleva más recorrido de lo que la teoría democrática pudo prever. En Venezuela, los eventos electorales de julio de 2024 mostraron cómo la norma jurídica quedó desplazada por un bloque normativo represivo.
Aunque la salida de Maduro generó una renovada expectativa de cambio político, la restauración democrática exige, además, el retorno de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que se separó formalmente en septiembre de 2013. Esta reincorporación no busca ser una mera formalidad diplomática: representaría el restablecimiento de un bloque de garantías supranacionales que actúe como contrapeso a la arbitrariedad interna.
La transición hacia un marco jurídico que proteja la pluralidad política –y no que la castigue– requiere la derogación de leyes venezolanas que han ido anulando la libertad de asociación y expresión, pues la labor del ciudadano y el periodista es el termómetro final de la salud republicana.
Restaurar la vigencia de la Constitución implica reconocer que ningún crecimiento económico o estabilidad técnica puede sustituir la justicia integral y el respeto a la voluntad popular. El desafío político venezolano es, en última instancia, demostrar que es posible desmantelar un sistema de exclusión para recuperar la senda de una democracia plena y vinculante.
El pragmatismo multilateral como aval del autoritarismo
La reanudación simultánea de operaciones con Venezuela por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en abril de este año marca un hito en la geopolítica venezolana.
Al restablecer relaciones bajo criterios de “mayoría de voto” y “necesidades técnicas”, estos organismos desplazaron el estándar de la legitimidad democrática en favor de una normalización operativa. Este movimiento valida la tesis del Estado sin bienestar: se acepta la inserción de un país en el engranaje internacional no por su apertura política, sino por su disposición a ajustar sus sectores estratégicos –energía y minas– a las demandas del mercado global y las directrices de la administración estadounidense.
Con este respaldo, que prioriza sobre las garantías ciudadanas la estabilidad macroeconómica y la negociación de una deuda de 240 000 millones de dólares, se envía el mensaje de que cumplir con las reglas del capital es suficiente, incluso si se mantiene el colapso de las instituciones democráticas.
Obviamente, la estabilidad económica es compatible con el ideal democrático, pero sin libertades económicas ni Estado de derecho no hay desarrollo económico real.
Entre el ‘dominium’ de Trump y la muralla económica china
El camino hacia el Estado sin bienestar es también el resultado de una pinza geoeconómica. Por un lado, la administración Trump ha consolidado su agenda de Dominus Quiritario, utilizando el petróleo y el gas como herramientas de diplomacia dura. Al priorizar el “Fossil-Fuel First” y asegurar el control de minerales críticos, Washington ha rediseñado las reglas: la seguridad nacional es ahora seguridad energética.
En este esquema, países como Venezuela son vistos menos como democracias a restaurar y más como suministradores estratégicos que deben ser estabilizados para que los recursos energéticos fluyan hacia los mercados.
Frente a esto, China ha perfeccionado su propia versión del autoritarismo desarrollista. Al controlar entre el 40 % y el 90 % del procesamiento global de materiales clave, Pekín ha transformado la dependencia de sus suministros en un arma geoeconómica, capaz de asfixiar economías mediante restricciones a la exportación, como las aplicadas al grafito y las tierras raras en 2025.
Frente a estas dos fuerzas contrarias, la respuesta de la Unión Europea ha sido el lanzamiento, en marzo de 2026, del plan RESourceEU y la Ley de Aceleración Industrial, buscando impulsar la reindustrialización y la transición energética, y asegurarse el suministro de materias primas críticas.
Sin embargo, esta búsqueda de autonomía estratégica corre el riesgo de validar los modelos chino y estadounidense, donde la competitividad industrial y el acceso a rentas justifican el debilitamiento de los marcos de control democrático y ambiental transnacional.
Rendidos ante las nuevas reglas
El reconocimiento financiero de una Venezuela sin libertades, pero con recursos que ofrecer a los mercados, marca el acta de defunción de los consensos políticos de la posguerra para la construcción del Estado del bienestar. Si el éxito de un Estado se mide por su capacidad de extraer rentas, y no por su capacidad de proteger los derechos de sus ciudadanos, estamos ante una involución global irreversible.
La crisis de las instituciones no es un fallo técnico, sino una rendición ante un nuevo diseño de las reglas mundiales. Anuncia un futuro donde la eficiencia del capital convive cómodamente con la asfixia de la política real, dejándonos un mundo con recursos, pero trágicamente vacío de humanidad.
Tulio Alberto Álvarez-Ramos no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Venezuela seis meses después de la salida de Maduro: democracia frente a rendimiento económico – https://theconversation.com/venezuela-seis-meses-despues-de-la-salida-de-maduro-democracia-frente-a-rendimiento-economico-280757