Source: The Conversation – (in Spanish) – By Gabriel Lozano Reina, Profesor del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas, Universidad de Murcia
Cuando la Unión Europea aprobó los fondos Next Generation EU (NGEU), en 2020, muchos los interpretaron como una respuesta excepcional a la crisis provocada por la pandemia. Sin embargo, su alcance ha ido mucho más allá de una política de emergencia. En realidad, los NGEU representan el mayor experimento de política industrial coordinada en Europa en décadas, orientada a transformar las economías nacionales a largo plazo.
Su objetivo no es solo recuperar lo perdido, sino redefinir el modelo productivo europeo, priorizando la transición ecológica, la digitalización y la autonomía estratégica. España se ha convertido en uno de los principales laboratorios de esta nueva estrategia, como pone de manifiesto nuestro reciente estudio, publicado en la revista Structural Change and Economic Dynamics.
De la recuperación a la transformación productiva
España canaliza los fondos NGEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su diseño deja claro que no se trata de gastar rápido sino de orientar la inversión hacia sectores considerados clave para la competitividad futura.
Una parte sustancial de los recursos se dirige a la industria, con especial énfasis en la energía, la movilidad sostenible, la digitalización de procesos productivos y la reducción de emisiones. A diferencia de crisis anteriores, en las que la política económica se centró sobre todo en estimular la demanda, el enfoque actual busca mejorar la estructura productiva.
Los sectores vinculados a la energía concentran una proporción muy elevada de los fondos. Actividades como el hidrógeno verde, las energías renovables, la electrificación del transporte o la descarbonización industrial absorben una parte sustancial de los recursos movilizados. Este patrón no es casual: la transición energética se ha convertido en uno de los ejes centrales de la nueva política industrial europea, tanto por razones climáticas como por su impacto sobre la competitividad y la seguridad económica.
En este contexto destacan los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), grandes iniciativas que reúnen a empresas, administraciones públicas y centros tecnológicos en torno a objetivos concretos. Proyectos ligados al vehículo eléctrico, al hidrógeno renovable o a los semiconductores buscan acelerar cambios estructurales en sectores estratégicos.
La lógica subyacente de estos proyectos es clara: el Estado deja de limitarse a corregir fallos de mercado y pasa a orientar la inversión hacia objetivos concretos, como la descarbonización o la autonomía tecnológica.
Un despliegue territorial desigual
Nuestro estudio pone de manifiesto que la ejecución de los fondos NGEU no es homogénea entre comunidades autónomas. Algunas regiones han logrado poner en marcha convocatorias y resolver proyectos con mayor rapidez mientras que otras muestran retrasos persistentes entre los fondos anunciados y los efectivamente ejecutados.
Comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha o el País Vasco presentan tasas de resolución claramente superiores a la media. A modo de ejemplo, en Aragón destacan, por ejemplo, la gigafactoría de baterías de Stellantis, el proyecto de amoníaco verde Armonia Green para fertilizantes y la planta de Calvera Hydrogen para infraestructuras de hidrógeno. En Castilla-La Mancha sobresalen iniciativas como las líneas de cargadores eléctricos de Mahle, un gran hub de hidrógeno renovable para fertilizantes y los sistemas de hidrógeno para aeronaves solares desarrollados por Skydweller. En el País Vasco, la reorientación industrial se apoya en proyectos como la electrificación total de la planta de Mercedes-Benz, la planta de baterías de estado sólido de Basquevolt y grandes electrolizadores para hidrógeno verde y e-fuels.
En cambio, Cataluña, a pesar de concentrar uno de los mayores volúmenes absolutos de fondos concedidos, presenta tasas de ejecución sensiblemente más bajas. Este resultado no responde a la ausencia de proyectos estratégicos –como la electrificación de la plataforma industrial de SEAT, la planta de refinado de metales para baterías de BASF o los proyectos de hidrógeno industrial y eólica marina flotante asociados al clúster PLEMCAT–, sino que puede estar debido a la mayor complejidad administrativa derivada de un elevado número de iniciativas, a una estructura empresarial más fragmentada y a un mayor peso de proyectos intensivos en I+D, cuyos procesos de evaluación y ejecución son más prolongados.
Estas diferencias sugieren que la capacidad de ejecutar los fondos depende no solo del volumen asignado o del tejido productivo existente, sino también del tipo de proyectos promovidos, su grado de madurez y la capacidad administrativa para gestionarlos.
Fuente: elaboración propia
Desigualdad entre empresas
Algo similar ocurre a nivel empresarial. Aunque las pymes tienen un alto grado de participación, los proyectos de mayor volumen económico se concentran en empresas grandes y capital-intensivas (que requieren de inversiones muy altas en maquinaria, fábricas e infraestructura), especialmente en sectores energéticos. Mientras la industria manufacturera agrupa a la mayoría de las empresas beneficiarias, actividades como la electricidad y el suministro energético, con un número reducido de compañías, concentran una parte muy significativa del volumen total de ayudas.
Fuente: elaboración propia
Territorialmente, Madrid destaca por concentrar una proporción muy elevada del importe total concedido a pesar de no ser la comunidad con mayor número de beneficiarios. En cambio, regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana presentan importes medios por empresa sensiblemente más bajos, lo que puede ser reflejo de una base productiva más fragmentada.
Una política contracíclica
Estos fondos europeos no se han dirigido exclusivamente a las empresas más rentables. En muchos casos, los recursos han llegado a compañías que sufrieron un mayor deterioro financiero durante la pandemia. Esto revela una lógica claramente contracíclica: sostener la inversión y evitar que la crisis frene procesos de modernización necesarios para el futuro.
Además, los primeros datos apuntan a mejoras posteriores en indicadores como productividad, rentabilidad y tamaño empresarial. Esto hace pensar que los fondos están reforzando la capacidad productiva de parte del tejido industrial. Sin embargo, la transformación estructural no es automática. Depende de que los proyectos generen aprendizaje, encadenamientos productivos y efectos de arrastre, y de que las administraciones sean capaces de evaluar resultados y corregir desviaciones.
Qué preocupa ahora
La experiencia acumulada apunta a una conclusión clara: el éxito de los fondos NGEU no depende solo del volumen de recursos movilizados, sino de cómo se gestionan y con qué criterios se asignan. Dicho de otro modo: si el volumen de recursos es importante, la forma de gestionarlos es decisiva.
Desde una perspectiva de política pública, el reto es doble:
-
Reforzar la capacidad administrativa (con recursos humanos suficientes, personal cualificado y sistemas de información eficaces), especialmente en aquellas comunidades con mayores dificultades para diseñar, gestionar y ejecutar proyectos complejos. Sin este refuerzo, se mantiene el riesgo de que haya cuellos de botella en el aprovechamiento pleno de los fondos y las desigualdades territoriales se hagan más profundas.
-
Mejorar el acceso de las pymes a las áreas más estratégicas no solo por el número de proyectos, sino también por su volumen y calidad. Esto exige simplificar los procedimientos, apoyar la cooperación empresarial y fortalecer los mecanismos de acompañamiento técnico.
Afianzar la política industrial española
Una política industrial orientada a objetivos solo será sostenible si incorpora evaluación, aprendizaje y corrección. Los fondos NGEU ofrecen una oportunidad histórica para modernizar la economía española, pero su legado dependerá de que se generen capacidades productivas duraderas y no se limiten a una expansión temporal de la inversión.
Habrá que ver si con estos recursos España es capaz de articular una política industrial de largo plazo, que permita construir una industria más competitiva, sostenible y territorialmente equilibrada, en un contexto geopolítico y geoeconómico cada vez más complejo e incierto.
Gabriel Lozano Reina recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (proyecto PID2024-159036NA-I00) y de la Fundación Cajamurcia.
Gregorio Sánchez Marín recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (Proyecto PID2024-159036NA-I00).
J. Samuel Baixauli recibe fondos de la Agencia Estatal de Investigación (proyecto PID2024-159036NA-I00) y de la Fundación Cajamurcia.
– ref. Fondos Next Generation Europa: una oportunidad de oro para consolidar el sector industrial en España – https://theconversation.com/fondos-next-generation-europa-una-oportunidad-de-oro-para-consolidar-el-sector-industrial-en-espana-273284