Source: The Conversation – (in Spanish) – By Elisa Brey, Profesora en sociología y opinión pública, experta en migraciones y vida urbana, Universidad Complutense de Madrid
La brecha digital se une a las dinámicas excluyentes del mercado de la vivienda (proliferación de alquileres de corta estancia, retirada de viviendas del mercado alquiler) y a la escasez de iniciativas públicas. Como resultado, se refuerzan las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente para las personas más vulnerables.
Así lo hemos comprobado en un estudio reciente, realizado en tres ciudades del sur de Europa: Madrid, Bolonia y Atenas.
Esta digitalización coloca a algunos grupos sociales en una situación de especial ventaja (nativos digitales, turistas o nómadas digitales) mientras otros (personas mayores o en situación de pobreza, por ejemplo) se ven especialmente excluidos.
Qué entendemos por digitalización en el sector vivienda
La digitalización se observa en tres niveles. El primero opera en el mercado inmobiliario en su conjunto, y está vinculado al auge del capitalismo digital. Un indicador es el aumento de los propietarios corporativos que gestionan el alquiler de sus propiedades anónimamente, con datos, y a través de intermediarios.
La lógica de datos rompe el vínculo entre propietarios e inquilinos, centrándose en maximizar beneficios y minimizar riesgos. Esto permite una gestión impersonal de los desahucios y discrimina a los inquilinos más vulnerables. Además, las plataformas digitales fomentan los aumentos en los precios de compra y alquiler.
El segundo nivel se refiere al uso de las redes por parte de movimientos sociales para dar visibilidad a las necesidades de vivienda. En España, ha sido relevante la acción en plataformas digitales de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y, más recientemente, de los Sindicatos de inquilinas e inquilinos.
El tercer nivel se refiere a la promoción de plataformas digitales por las autoridades públicas. El objetivo es ampliar el acceso a la información y la transparencia de las iniciativas públicas.
La digitalización beneficia a unos, no a todos
Según las entrevistas hechas en Madrid, Bolonia y Atenas, la brecha digital modula el impacto de la digitalización en el derecho a la vivienda. Este impacto depende de los grupos de población y el tipo de plataforma digital.
Las personas mayores, los migrantes, las personas sin hogar, los refugiados y los inquilinos se encuentran en una situación más vulnerable en la era digital. Por el contrario, propietarios e inquilinos a corto plazo (como los turistas o los nómadas digitales) pueden estar más protegidos.
La situación de los jóvenes es ambigua. En general, se ven menos afectados por la brecha digital, pero se encuentran en una situación vulnerable para acceder a una vivienda asequible y digna.
La generación de alquiler (generation rent), menores de 40 años que no pueden permitirse comprar una vivienda, que emergió como consecuencia a largo plazo de la crisis de 2008, agravado por la pandemia de covid-19, se ha consolidado como una generación de inquilinos. Para ellos, el régimen de tenencia tiene consecuencias vitales más allá de la vivienda: se retrasa la salida del hogar familiar y se pospone la formación de una familia propia, lo que a su vez provoca un desplome de la natalidad.
En los tres países que estudiamos es clara la posición de fuerza de las personas con mayores conocimientos digitales en el acceso a la vivienda. Tienen más poder para acceder a la información y negociar las condiciones del alojamiento. Un posible factor de protección ante la brecha digital sería unirse a movimientos sociales y organizaciones de defensa a través de la participación digital y analógica, dadas las consecuencias reales que tiene la brecha digital en el derecho a la vivienda.
En cuanto al tipo de plataformas digitales utilizadas por los ciudadanos, las plataformas austeras –que funcionan como intermediarias entre quien ofrece y quien recibe el servicio (por ejemplo, Idealista o Airbnb)–, benefician a los propietarios, especialmente si se trata de fondos de inversión transnacionales. Las redes sociales pueden convertirse en plataformas digitales de networking, defensa y diálogo. Ofrecen así mayor visibilidad al derecho a una vivienda digna.
Familiaridad versus brecha digital
En España, la digitalización puede facilitar el acceso a la vivienda a determinados grupos de población. Por ejemplo, los jóvenes, gracias a su familiaridad con el mundo digital y los anuncios en línea pueden encontrar compañeros de piso más rápidamente.
Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram y similares) son otros canales informales de acceso a la vivienda para jóvenes y otros grupos vulnerables. Allí pueden encontrar y compartir recursos de forma pública, o con un grupo limitado de personas de su confianza.
La brecha digital afecta al acceso a la vivienda de distintos modos. Interfiere al solicitar vivienda pública y ayudas económicas o al registrarse en el censo. Incide en otros procesos del ámbito privado, como el pago del alquiler y los servicios a través de oficinas electrónicas.
Más allá de la disponibilidad de dispositivos electrónicos, también el acceso a una conexión a internet adecuada es parte fundamental de la integración en la sociedad actual, junto con tener competencias digitales básicas.
Son notables los problemas que enfrentan las personas vulnerables cuando realizan tareas burocráticas complejas en los sitios web del gobierno. El acceso se ve agravado por la falta de conocimiento sobre dónde buscar la información. La brecha digital aumenta las dificultades para acceder a la información sobre la oferta de vivienda, ya que gran parte de ella se publica en listados en línea.
Retos de futuro
En materia de digitalización y vivienda, algunos temas merecen mayor atención. Es el caso de la gobernanza democrática (en el plano digital) de los sistemas de vivienda: la igualdad de acceso a la información digital sobre los programas de vivienda pública, el papel del Estado en la alfabetización digital, la política de vivienda asequible y la regulación de los mercados inmobiliarios, incluidos los alquileres a corto y medio plazo.
Estos nuevos conocimientos permitirán a las sociedades estar mejor preparadas para prevenir las crisis de vivienda y reconocer, proteger y cumplir el derecho a la vivienda para todos y por todos en la era digital.
Elisa Brey recibió fondos de UNA Europa, en 2022, como investigadora principal del proyecto “Digitalized exclusion, public opinion, and the right to housing in Europe” (Referencia: SF21D2). En el proyecto, liderado desde la Universidad Complutense de Madrid, colaboraron la Universidad de Bolonia (Giulia Ganugi & Sara Chinaglia) y KU Leuven (Angeliki Paidakaki & Maria Geldimi).
Ainhoa Ezquiaga Bravo recibió fondos de UNA Europa, en 2022, como colaboradora externa en el proyecto “Digitalized exclusion, public opinion, and the right to housing in Europe” (Referencia: SF21D2). En el proyecto, liderado desde la Universidad Complutense de Madrid, colaboraron la Universidad de Bolonia y KU Leuven.
– ref. También la digitalización y la brecha digital influyen en el derecho a la vivienda – https://theconversation.com/tambien-la-digitalizacion-y-la-brecha-digital-influyen-en-el-derecho-a-la-vivienda-274488