Source: The Conversation – (in Spanish) – By Marta Sánchez Esparza, Periodista y docente, Universidad Rey Juan Carlos
El Gobierno de España ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley sobre derecho al honor y a la intimidad personal que, entre otras cuestiones, pretende regular los true crime para proteger a las víctimas.
Esta iniciativa presenta una doble cara. Por una parte, facilita que las personas que han sufrido un delito puedan actuar contra las series que atenten contra su honor o su intimidad. Por otra, ¿puede un gobierno controlar las historias que producen los medios? ¿Hasta qué punto puede limitar los derechos de creadores y productores de contenidos? ¿Dónde está el equilibrio?
Los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen ya estaban protegidos en el artículo 18.1 de la Constitución española, y su ejercicio estaba articulado en el ámbito civil mediante la Ley orgánica 1/1982, que ahora será derogada por obsoleta.
El contexto digital ha generado situaciones inimaginables en la España de los años 80, como la aparición de imágenes generadas gracias a la inteligencia artificial generativa, la “resurrección” de personas gracias al clonado de sus voces o imágenes, los deepfakes o el consumo masivo de determinados contenidos a través de las plataformas.
La nueva norma, que afronta ahora el trámite de exposición pública, se propone proteger el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de las personas, al igual que lo hacía la ley de mayo de 1982. Por ello detalla en su artículo 7.1 toda una lista de conductas que lesionarían estos derechos.
Obstáculos al lucro del delincuente
Entre esas conductas figura que alguien que ha sido condenado aproveche su delito de alguna manera a través del true crime para obtener lucro o notoriedad pública, dañando así de nuevo a la víctima. Es decir, la nueva ley quiere poner obstáculos firmes a la tendencia, cada vez más extendida, de dar voz al criminal para narrar las historias que alimentan el género, cuyo consumo se ha disparado en las últimas décadas.
El true crime se ha convertido en un fenómeno de masas, y también en un campo de experimentación para la construcción de versiones y relatos alternativos en torno a crímenes y escándalos, donde cada vez es más frecuente encontrarse con acusados y condenados que tratan de empatizar con la audiencia.
El Rey del Cachopo o Las cintas de Rosa Peral son ejemplos de producciones españolas donde dos personas enjuiciadas y condenadas por asesinatos atroces aparecen ante la cámara ofreciendo su propia versión y mostrando emociones y aspectos de su vida personal con el fin de cambiar la percepción social sobre lo acontecido.
El caso de Daniel Sancho, condenado a prisión en Tailandia por el asesinato de un cirujano, o el de Ana Julia Quedaza, en prisión por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en Almería, revelan que el riesgo de que asesinos convictos se lucren gracias a sus crímenes es algo completamente real.
En EE. UU., un caso parecido lo protagonizó O.J. Simpson, cuando trató de publicar If I Did It, un relato sobre cómo habrían sido los asesinatos si él los hubiera cometido. La justicia paralizó inicialmente el libro y sentenció que los beneficios de la obra fuesen a parar a las víctimas.
En un artículo anterior expusimos los resultados de una investigación sobre cómo la presencia de acusados en el true crime en calidad de narradores altera por completo el enfoque judicial o policial previo y blanquea significativamente la actuación del criminal. Como se ha señalado con acierto, “la historia de Caperucita cambia por completo cuando el narrador es el lobo”.
Y esto es lo que está empezando a pasar en el true crime, con un notable daño sobrevenido a las víctimas. Para evitar esta nueva revictimización de las personas afectadas surge precisamente este intento de regular estas producciones audiovisuales.
Entre los dilemas éticos que suscita el género del true crime, el más grave es sin duda que el criminal se beneficie económica o reputacionalmente de la explotación mediática de su historia, que obtenga un lucro y que el mal se convierta de algún modo en un activo rentable.
Así se regula en EE.UU. y en Reino Unido
De nuevo en Estados Unidos, para hacer frente a ese dilema se aprobaron las Son of Sam Laws –Leyes del Hijo de Sam–, leyes que impiden que el criminal obtenga beneficios de su crimen. Y en el Reino Unido, en 2022 se aprobaron los Proceeds of Crime Act (POCA), que permiten la confiscación de cualquier ganancia obtenida como consecuencia de un delito, aplicando la filosofía de “el crimen no paga”.
En este marco, el Gobierno español sigue la estela de otros países en los que se ha determinado que quienes deben ser compensadas por el daño son las víctimas, y no los delincuentes.
Sin embargo, la nueva ley habilita a cualquier persona que se sienta afectada o lesionada por el relato de una historia a reclamar ante la justicia, colocando a los creadores en una posición de vulnerabilidad. ¿Es posible coartar la libertad de expresión y creación de las productoras con este instrumento legal que puede limitar o condicionar su trabajo? Regular un comportamiento lesivo no debe servir para asfixiar el derecho a la información.
En este sentido, el anteproyecto permite a quienes reclaman la vulneración de su derecho al honor y a la intimidad moverse en una zona de ambigüedad que podría fácilmente derivar en autocensura o, peor aún, atar las manos a los profesionales que se dedican a estas producciones.
Habrá que ver si, finalmente, la nueva ley completa su recorrido parlamentario y entra en vigor tal y como está redactada. Habrá que observar cómo se aplica en los órganos judiciales. La necesaria tutela y protección a las víctimas debería servir para potenciar un true crime ético y responsable, pero nunca para cercenar el interés público.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. El Gobierno español regula el ‘true crime’: ¿protección a las víctimas o recortes a los creadores? – https://theconversation.com/el-gobierno-espanol-regula-el-true-crime-proteccion-a-las-victimas-o-recortes-a-los-creadores-273544