Source: The Conversation – (in Spanish) – By Asbel Bohigues, Profesor de Ciencia Política, Universitat de València
Mientras los gobiernos de todo el mundo endurecen los controles migratorios, España ha tomado un camino sorprendentemente diferente. En enero de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que abre la vía a la residencia legal para cientos de miles de migrantes indocumentados que ya viven en el país. En un momento en el que las deportaciones, las detenciones y la exclusión dominan los debates sobre migración en otros lugares, España ha optado por la regularización.
La medida permite a los migrantes sin estatus legal solicitar permisos de residencia temporal, sacándolos de la invisibilidad administrativa. El contraste con otros países es notable. Mientras que el ICE intensifica sus operaciones en Estados Unidos y los gobiernos europeos –incluido el del Reino Unido– avanzan hacia políticas de inmigración más duras, España ha manifestado su voluntad de integrar en lugar de excluir.
Un largo camino
El decreto no es el resultado de una iniciativa gubernamental repentina, sino de un largo proceso político y social. Sus raíces se encuentran en una iniciativa legislativa popular, un mecanismo consagrado en la Constitución que permite a los ciudadanos presentar propuestas legislativas al Parlamento con al menos 500 000 firmas de apoyo.
En este caso, más de 700 000 personas respaldaron una iniciativa promovida por organizaciones sociales que exigían la regularización extraordinaria de los migrantes que viven en España sin papeles. Según los organizadores, alrededor de 500 000 personas se veían afectadas, lo que significa que residían y trabajaban en España sin acceso a los derechos básicos.
En abril de 2024, el Congreso de los Diputados votó por abrumadora mayoría a favor de estudiar la propuesta. Un total de 310 diputados la apoyaron, con solo 33 votos en contra; Vox fue el único que se opuso. A pesar de este amplio respaldo parlamentario, la iniciativa se estancó a finales de ese año y siguió bloqueada.
El decreto aprobado en enero de 2026 reaviva explícitamente la propuesta ciudadana, pero también se basa en experiencias anteriores. El precedente más notable se remonta a 2005, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero regularizó a más de 570 000 inmigrantes indocumentados.
Este proceso previo desempeña un papel importante en el debate actual: una investigación ha descubierto que condujo a un aumento de los ingresos fiscales y de las cotizaciones a la seguridad social, así como a una mejora de los resultados del mercado laboral. Es fundamental señalar que no provocó el efecto llamada a gran escala que suelen citar los detractores de las políticas de regularización.
¿Qué se ha aprobado exactamente?
En virtud del nuevo régimen, cualquier ciudadano extranjero que ya se encontrara en España antes del 31 de diciembre de 2025 podrá solicitarlo, siempre que pueda demostrar al menos cinco meses de residencia continuada. La prueba de residencia puede acreditarse mediante documentos públicos o privados, o una combinación de ambos. Los solicitantes no deben tener antecedentes penales y no deben ser considerados una “amenaza para el orden público”.
En el caso de los solicitantes de asilo, la elegibilidad depende de que hayan presentado una solicitud de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan documentarla.
Los solicitantes seleccionados recibirán un permiso de residencia válido por un año. Transcurrido ese periodo, deberán pasar a una de las categorías de residencia ordinaria previstas en la normativa española de inmigración. La medida no concede la residencia permanente, la ciudadanía ni el derecho de voto (excepto en las elecciones locales, pero en condiciones muy exigentes).
Su objetivo principal es la formalización. La regularización permite a las personas que ya viven y trabajan en España entrar en el mercado laboral legal, pagar impuestos y cotizar a la seguridad social, en lugar de permanecer atrapadas en la economía informal. El proceso se aplica por igual independientemente de la nacionalidad.
La unidad familiar es otro de los pilares del decreto. Los hijos menores de edad de los solicitantes que ya se encuentran en España pueden regularizarse al mismo tiempo, recibiendo permisos de residencia válidos por cinco años. El Gobierno también ha confirmado que los menores a cargo de migrantes indocumentados y solicitantes de asilo que cumplan los requisitos están cubiertos por la medida.
Las estimaciones oficiales sugieren que más de 500 000 personas podrían beneficiarse, pero esta cifra podría ser inferior a la real. Según un informe reciente del think tank económico Funcas, basado en datos de 2025, el número de personas que viven en situación irregular en España podría ascender a 840 000.
El momento es importante
Más allá de su contenido, el momento en que se ha promulgado el decreto ha generado una intensa controversia política. Llega en un momento de evidente fragilidad para la coalición gobernante, en particular para el Partido Socialista (PSOE).
El Gobierno se ha enfrentado a resultados decepcionantes en las elecciones regionales, relaciones cada vez más tensas con sus aliados parlamentarios, en particular con el partido nacionalista catalán Junts. También existe un clima generalizado de malestar político relacionado con las acusaciones de corrupción que afectan a miembros del PSOE, incluida la familia del presidente Pedro Sánchez.
En este contexto, el Partido Popular (PP) y Vox han acusado al Gobierno de utilizar la política migratoria como distracción, señalando el mortal accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el 18 de enero, que se cobró al menos 46 vidas, así como la crisis generalizada del sector ferroviario.
Sin embargo, esta narrativa de distracción pasa por alto la larga gestación de la medida. La recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular comenzó en 2021, y el Congreso respaldó formalmente la propuesta en abril de 2024, casi 21 meses antes de que el decreto fuera finalmente aprobado en 2026.
La aritmética parlamentaria también ha desempeñado un papel importante en esta decisión, ya que el Ejecutivo español carece de mayoría parlamentaria. Desde las elecciones de 2023, los votos combinados del PP, Vox y Junts (que apoyó a Sánchez en 2023, pero que ya no puede considerarse un aliado parlamentario) suman una estrecha mayoría de derecha, a pesar de que el propio Gobierno está liderado por la izquierda.
Esto ayuda a explicar la decisión de proceder mediante un real decreto, un instrumento normativo que no requiere la ratificación parlamentaria. No se trata de un caso aislado: medidas como el gasto en defensa también se han promovido de esta manera.
Gobernar mediante la regularización
Irónicamente, en un sistema parlamentario como el español, en el que el Ejecutivo surge de una votación de investidura, el mismo Gobierno que se formó con el respaldo parlamentario en 2023 está ahora haciendo todo lo posible para evitar las votaciones en el Parlamento. España no ha aprobado un nuevo presupuesto estatal desde 2022, y el Gobierno ni siquiera presentó un proyecto de presupuesto en 2025.
La razón es sencilla: reunir una mayoría se ha vuelto extraordinariamente complejo. Cualquier coalición viable debe incluir no solo a los partidos gobernantes, el PSOE y Sumar, sino también a los nacionalistas regionales y a los partidos independentistas, así como a fuerzas tanto de izquierda como de derecha, todos con sus propias agendas, rivalidades y tensiones internas.
Nada de esto es nuevo. Los gobiernos en minoría y los parlamentos fragmentados son características habituales de la política española. Lo que sí es nuevo, sin embargo, es la intensidad de la polarización política, que crea la impresión de un escenario excepcional o totalmente novedoso.
Desde esta perspectiva, el decreto de regularización puede entenderse como un intento del Gobierno de recuperar la iniciativa sin pasar por el Congreso, marcar la agenda política y reparar las tensas relaciones con Podemos.
Aunque Podemos solo cuenta con cuatro de los 350 escaños de la cámara, esos escaños son decisivos: en un parlamento minoritario, ninguno puede darse por sentado. Así es como funcionan los gobiernos minoritarios, configurando la agenda y negociando constantemente con otras fuerzas políticas, y en ese sentido, no hay nada extraordinario aquí: es simplemente un gobierno que gobierna.
En última instancia, el decreto refleja una elección política más amplia. Mientras que muchos gobiernos dan prioridad al cierre de fronteras y a la expulsión, España ha optado por abordar la realidad de que cientos de miles de personas ya vivían y trabajaban en el país sin estatus legal.
La experiencia pasada demuestra que incorporarlos al sistema legal fortalece las finanzas públicas, mejora la cohesión social y, sobre todo, devuelve los derechos a personas que ya forman parte de la sociedad española.
Asbel Bohigues no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. La regularización masiva de 500 000 inmigrantes indocumentados en España no es extrema ni oportunista, y tiene precedentes – https://theconversation.com/la-regularizacion-masiva-de-500-000-inmigrantes-indocumentados-en-espana-no-es-extrema-ni-oportunista-y-tiene-precedentes-275509