Source: The Conversation – (in Spanish) – By Lucia Diaz-Cameselle, Legal Researcher in International Trade and Maritime Law, Universidade de Vigo
El arbitraje internacional rara vez ocupa titulares, pero decide pleitos que pueden sacudir economías enteras. Es una forma de resolver conflictos basada en una idea simple: solo existe si las partes lo aceptan. En vez de ir a un juzgado, acuerdan que su disputa la decidan uno o varios árbitros, que actúan como tribunal privado y dictan una decisión final llamada laudo.
En 2024, las principales instituciones arbitrales tenían pendientes 386.000 millones de euros. Es decir, más de 30 veces los ingresos conjuntos de los 20 clubes de fútbol más grandes del mundo en la temporada 2024-2025.
Qué es el arbitraje y cómo funciona
El arbitraje puede llegar de dos maneras. La más común es por adelantado, con una cláusula arbitral dentro de un contrato (por ejemplo, en un acuerdo de energía, construcción o financiación). La otra es después, cuando el problema ya estalló y las partes firman un acuerdo específico para someter esa disputa a este mecanismo.
¿Por qué lo prefieren Estados y empresas? Por varias razones:
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Neutralidad: en un pleito internacional nadie quiere jugar “en campo contrario”. Con el arbitraje, ambas partes eligen dónde y quién decide el caso. Esto es clave cuando una de las partes es un Estado o el conflicto gira en torno a decisiones públicas (energía, minería, grandes obras, etc).
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Especialización: así se evita un juez “que ve de todo”. El arbitraje ofrece la posibilidad de elegir árbitros experimentados que entienden el sector y el tipo de contrato. Esto ahorra tiempo y reduce errores, especialmente en disputas que requieren alto grado de conocimientos técnicos.
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Ejecutabilidad internacional: ganar no sirve de mucho si luego el cobro es difícil. La ventaja del arbitraje es que el laudo suele ser más fácil de reconocer y ejecutar en otros países que una sentencia extranjera, gracias a reglas internacionales, como la Convención de Nueva York, de 1958.
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Mayor control por las partes: en el arbitraje, el proceso suele ser más flexible. Las partes y el tribunal ajustan calendarios, pruebas y audiencias del caso. Eso no siempre lo hace más “rápido”, pero sí resulta más previsible que los tribunales tradicionales, especialmente con el grado de saturación que sufren actualmente.
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Confidencialidad: en general, el laudo no es público por defecto. El arbitraje ocurre fuera del foco público y la información solo se filtra si las partes lo acuerdan o en casos muy concretos (por ejemplo, en algunos casos en los que una de las partes es un Estado).
El mapa global: dónde y quién arbitra
Hablar de “las mayores instituciones” es delicado porque no todas publican cifras, ni las calculan igual. Por ejemplo, algunas cuentan solo lo que reclama quien presenta el caso y otras suman también lo que reclama la otra parte. Además, algunas gestionan, sobre todo, arbitrajes nacionales, que no son comparables con centros dedicados a disputas internacionales.
Aun así, con los datos públicos de 2024 sobre “importe en disputa” (o equivalente) se puede dibujar un mapa bastante claro.
Algunos casos relevantes
Uno de los casos relevantes es el de España ante el arbitraje internacional por la cuestión de las ayudas públicas a las renovables, que luego les fueron retiradas. Tras el recorte a las renovables de 2013, España acumula 51 reclamaciones por 10 635 millones de euros. Ya hay laudos que, en conjunto, ordenan pagos por alrededor de 1 514 millones. Ahora el problema ya no es solo el laudo, sino el pago: algunos inversores intentan cobrar en tribunales de fuera de la UE, pero la Comisión Europea sostiene que esto podría vulnerar la normativa europea.
También llamativo es el caso de Yukos vs. Rusia. El arbitrio condenó al Estado ruso a pagar más de 50.000 millones de dólares a los antiguos accionistas de la petrolera por expropiación ilegal. Este es el ejemplo perfecto de que el arbitraje tiene una segunda parte: cobrar. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo de Países Bajos cerró la última vía de anulación del laudo. De esta forma, consolidó su validez y permitió la ejecución transnacional.
Llamativo resulta tambien el caso Nigeria vs. Process & Industrial Developments Limited (P&ID), relativo a un proyecto fallido de gas de 2010. El laudo acordó un pago cercano a los 11.000 millones de dólares a favor de Nigeria pero posteriormente fue anulado por fraude. Este caso ilustra la posible revisión del sistema cuando hay indicios de abuso. En 2023, el Tribunal Superior de Justicia británico dejó sin efecto este laudo al considerar que se obtuvo mediante fraude. Este caso es un recordatorio de que el arbitraje puede ser eficiente, pero no es infalible.
Finalmente, en 2019, un tribunal arbitral ordenó a Pakistán pagar más de cuatro mil millones de dólares a Tethyan Copper, una compañía minera chileno-canadiense, por vulneraciones vinculadas a un proyecto minero. El caso alimentó un debate clásico: ¿hasta dónde puede un Estado cambiar de idea sobre una mina (licencias, condiciones, cancelación del proyecto) sin tener que pagar una indemnización millonaria a la empresa inversora?
Qué está cambiando
El arbitraje está viviendo un momento de cambios: hay más dinero en juego, más casos se gestionan desde Asia y, sobre todo, está entrando en el foco público cuando se entra en la fase decisiva: pagar o cobrar un laudo.
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Mega reclamaciones por recursos naturales. A finales de 2025, Axis International llevó a Guinea a un arbitraje por 29 mil millones de dólares tras la retirada de una licencia minera. Lo destacable es la tendencia: cuando un país endurece las condiciones para explotar materias primas (por ejemplo, exigir más empleo local, más proveedores locales o más procesamiento en el país), aumentan los choques con los inversores y las reclamaciones se disparan.
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Energía, transición y fricción normativa en Europa. El caso de las fallidas ayudas españolas al desarrollo de las energías renovables (2004-2008) ilustra esta fricción. La Comisión Europea sostiene que pagar ciertos laudos dictados en disputas entre países de la UE puede chocar con las normas europeas. Mientras ese conflicto no se aclare, crece la incertidumbre y los inversores buscan jurisdicciones donde sea más fácil convertir un laudo en cobro real.
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La ONU intenta reformar el arbitraje inversor-Estado. La ONU ha iniciado un proceso para cambiar las reglas del arbitraje entre inversores y Estados con el objetivo de que sea más barato, más transparente y más difícil de manipular. En enero de 2026 avanzó en tres cuestiones: que se sepa quién financia el pleito, reglas más claras sobre quién paga los costes y fórmulas para juntar o coordinar casos parecidos para evitar decisiones distintas sobre temas similares.
El momento más delicado llega cuando toca cobrar
En suma, el arbitraje es la vía que muchas empresas y Estados eligen cuando un conflicto cruza fronteras y hay miles de millones en juego. El momento más delicado casi siempre llega después del laudo: cuando toca cobrar, sobre todo si quien debe pagar es un Estado.
Este mecanismo recibe cada vez más atención: las cuantías aumentan, crecen los roces con normativa pública y la ONU impulsa reformas para que el sistema sea más transparente, más eficiente y más imparcial.
Lucia Diaz-Cameselle no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. Arbitraje: ¿por qué las disputas multimillonarias entre Estados y empresas no llegan a los tribunales? – https://theconversation.com/arbitraje-por-que-las-disputas-multimillonarias-entre-estados-y-empresas-no-llegan-a-los-tribunales-274566