Source: The Conversation – (in Spanish) – By Blanca Obón Azuara, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y en Medicina Intensiva, Departamento de Sanidad de Aragón
La agricultura española se sustenta en gran medida en el trabajo estacional. Detrás de los frutos que llegan a las mesas se esconde la realidad de miles de mujeres migrantes temporeras que enfrentan una compleja red de desigualdades en su salud y condiciones laborales.
Un trabajo feminizado y segregado
La segregación de tareas por sexo es una realidad palpable en el campo español. Mientras los hombres se dedican a labores mecanizadas o de mayor carga física, las mujeres se concentran en la recolección y el manipulado.
Esta división no es neutral: ellas se enfrentan a riesgos laborales específicos derivados de la repetición de movimientos y posturas forzadas y agravados por la falta de equipos de protección individual (EPI) que se adapten a su fisonomía.
Además, la contratación en origen, ejemplificada por el programa GECCO del Gobierno español, crea una fuerte dependencia de intermediarios y de los empleadores, acentuando la precariedad y vulnerabilidad de mujeres migrantes en la agricultura.
Este modelo de migración circular, aplicado mayoritariamente a mujeres para la cosecha de frutos rojos, ha sido objeto de críticas por sus condiciones de vulnerabilidad.
Más allá del campo: vivienda y acoso
Las desigualdades no terminan en la jornada laboral. El alojamiento, provisto por el empleador, se convierte en un espacio de control social donde las mujeres están expuestas al acoso sexual y otras formas de violencia de género. A diferencia de los hombres, que suelen habitar en asentamientos informales de extrema precariedad pero con mayor autonomía, las mujeres afrontan una “liminalidad íntima” donde su vida privada queda supeditada al entorno laboral.
A pesar de que el Convenio 190 de la Organizacíón Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso entró en vigor en España en 2023, su implementación en el sector agrario sigue siendo insuficiente. La falta de protocolos efectivos y canales de denuncia protegidos deja a muchas trabajadoras en una situación de desprotección frente a abusos.
El derecho teórico a la salud
España reconoce legalmente el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, pero la realidad para las temporeras migrantes es muy distinta. Las barreras idiomáticas, la falta de mediación cultural y el desconocimiento de sus derechos dificultan el acceso a servicios básicos, especialmente en lo que se refiere a salud sexual y reproductiva.
Mientras los hombres hacen frente a obstáculos relacionados con la irregularidad documental o el temor a represalias, las mujeres suman barreras estructurales en la atención ginecológica y el seguimiento del embarazo.
La ausencia de dispositivos de salud sensibles al género en las zonas de campaña agrava esta brecha asistencial.
Discriminación en la selección: el estatus familiar
Un hallazgo particularmente preocupante es la discriminación en los procesos de selección en origen. Se han documentado prácticas que priorizan a mujeres con hijos menores y un estado civil específico, bajo la supuesta finalidad de “garantizar el retorno”. La exigencia del Libro de Familia para acceder a un empleo es discriminatoria por sexo y situación familiar, y vulnera la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva y la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato, además de las directivas europeas y el Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación.
Esta selección condicionada refuerza la segregación laboral y la dependencia, limitando la capacidad de las mujeres para denunciar abusos por miedo a no ser contratadas en futuras campañas.
Hacia una acción coordinada
La situación de las temporeras no es un efecto colateral, sino el resultado de un modelo que prioriza la eficiencia económica sobre los derechos humanos. Es urgente implementar políticas públicas efectivas entre las que destacan:
-
Salud: implementar equipos móviles con mediación intercultural y atención específica en salud sexual y reproductiva, como se propone en distintos documentos.
-
Prevención: realizar evaluaciones de riesgos diferenciadas por género y dotar de EPI adaptados.
-
Vivienda: desvincular el alojamiento del contrato de trabajo para garantizar la autonomía y seguridad de las trabajadoras y la Directiva (UE) 2024/1760.
-
Gobernanza: aplicar la Directiva (UE) 2024/1760 en las cadenas de suministro y asegurar la transparencia retributiva, conforme a la Directiva (UE) 2023/970 y al Real Decreto 902/2020.
Visibilizar esta doble carga es el primer paso para garantizar que los derechos laborales y de salud sean una realidad para todas las personas que sostienen nuestra agricultura.
Artículo escrito con el asesoramiento de la Sociedad Española de Epidemiología.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. Mujeres invisibles en los campos: el paradigma de las inmigrantes temporeras en España – https://theconversation.com/mujeres-invisibles-en-los-campos-el-paradigma-de-las-inmigrantes-temporeras-en-espana-275330