Source: The Conversation – (in Spanish) – By Rafael Bustos García de Castro, Profesor e investigador, Universidad Complutense de Madrid

Rodeada por cierta expectativa y confusión se produjo el pasado 19 de febrero de en Washington la inauguración de la Junta de Paz. El motivo de esta confusión: las dudas sobre su encaje legal con Naciones Unidas y los límites de sus competencias.
La Junta de Paz actúa a toda rapidez aprovechando la incertidumbre jurídica que rodea su creación y objetivos. Se trata de un órgano administrativo de carácter transitorio amparado por la Resolución 2803 del CS de Naciones Unidas aprobada el pasado 17 de noviembre de 2025. De hecho, tiene como fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2027.
En enero de 2026, el texto de la Carta de la Junta de Paz fue enviada a 60 Estados, algunos de los cuales manifestaron en la última Cumbre de Davos (celebrada entre el 19 y 23 de enero) su intención de unirse a la nueva organización internacional.
Precisamente el motivo alegado por la mayoría de los países para no hacerlo es que la Carta entra en conflicto con las obligaciones asumidas por los Estados al crear las Naciones Unidas y con los poderes y competencias atribuidos a esta organización. Es más, si bien la autorización para crear la Junta de Paz estaba confinada estrictamente a la cuestión de Gaza, el nuevo organismo internacional asume competencias universales de consolidación de paz sin límite geográfico alguno.
Además, mientras que el Consejo de Seguridad fecha su terminación al acabar 2027, el estatuto de la Carta afirma que la Junta se disolverá cuando quiera su presidente.
Pago en metálico por membresía permanente
Una lectura atenta al tratado que crea la Carta deja entrever una extraña combinación de aspectos jurídicos vinculados a las organizaciones internacionales junto con otros que son típicos de la gobernanza de las empresas privadas.
Si por un lado se afirma que la Junta de Paz es una organización internacional con personalidad jurídica regida por el derecho internacional, por otro se otorgan poderes vitalicios a individuos, no a Estados miembros, que son exorbitantes –presidencia vitalicia, designación a dedo del sucesor, pago en metálico por la condición de miembro permanente, poder personal de arbitraje, veto y poder de disolución…– que solo pueden concebirse en el mundo mercantil privado.
Por si hubiera pocas dudas e incluso sospechas sobre la finalidad última de la Junta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante el evento que aunque la ONU tiene un gran potencial, “la Junta de Paz supervisará seguramente a Naciones Unidas y se asegurará de que haga su trabajo correctamente”.
Obviamente, esto sería completamente ilegal, ya que la Carta de San Francisco (1945) es un tratado internacional especial que tiene preeminencia sobre cualquier otro y crea una organización única de tipo universal y fines generales que no admite subordinación.
Escenificación y mensaje performativo
Aprovechando esta confusión entre el mandato dado por Naciones Unidas y los fines declarados de la Junta de Paz, se reunieron en Washington 26 Estados miembros y dos decenas de países y la UE en calidad de observadores. Es evidente que muchos Estados no querían faltar porque se iba a tratar del futuro de Gaza y Palestina.
Además, asistieron el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el de la FIFA, Gianni Infantino; el general estadounidense Jasper Jeffers, a quien la Junta ha encargado dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF); y el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz.
A título individual se dieron cita Tony Blair, como exrepresentante político, y Ali Saath, un exministro palestino elegido para liderar el órgano tecnocrático en Gaza bajo las órdenes de la Junta.
Completaban los empresarios y multimillonarios Marc Rowan y Yarik Gabay y Liran Tancman, así como los asesores presidenciales, también empresarios del sector inmobiliario, Steve Witkoff y Jared Kushner.
Ausentes estaban los Estados que han declinado participar en la Junta –como Francia o España– y otros que no han contestado y presumiblemente no participarán –Rusia y China–. No fueron invitados los representantes palestinos y, por supuesto, no había autoridades de Naciones Unidas.
Como habrá adivinado el lector o la lectora, este auditorio era abrumadoramente masculino, no habiendo ni una sola mujer en la zona de presidencia y muy pocas en el conjunto de la sala. La voz de una mujer, eso sí, se escuchaba para presentar a los invitados y cederles el turno de palabra.
La imagen de empresarios y representantes políticos actuando como en un consejo de administración, con intervenciones ordenadas y sin debate, con palabras caballerosas y apretones de manos, destilaba un olor rancio a masculinidad y una monotonía del lenguaje de los negocios que todos parecían compartir –prosperidad, oportunidades, inversiones, rentabilidad–.
De forma triunfalista se celebró el fin del conflicto en Gaza, como si ya estuviera resuelto, afirmando que es un éxito indiscutible de Trump, y dándose el dato de que el número de muertos se ha reducido al 1 % desde el alto el fuego de octubre. Se ocultaba así que Israel ha matado al menos unas 600 personas en Gaza desde entonces sin contar las víctimas cotidianas que dejan los ataques de colonos y militares en Cisjordania.
Un resort turístico difuso
El capital público (unos 10 000 millones de dólares anunciados por EE. UU y otros 7 000 millones por otros países de la Junta) más el capital privado movilizado a través del Banco Mundial convertirán a Gaza en un resort turístico, rentabilizando su “valiosísima costa de playa”. Ni una sola palabra sobre cómo se hará esto, cómo antes se tendrán que retirar las toneladas de escombros –lo que llevará años–, cómo se descontaminará el suelo agrícola o el agua subterránea, quiénes construirán esas viviendas y torres de apartamentos o cómo se conectará con el mundo exterior para la llegada de visitantes. De la soberanía de Gaza ninguna mención.
El discurso performativo logró en parte alejar de la mente del espectador la responsabilidad de Israel (cuestiones como quién debería pagar la reconstrucción de Gaza, qué ocurre con las ordenes de detención por crímenes de guerra y con la causa que tiene abierta por genocidio…) o la complicidad de EE. UU. en la destrucción de Gaza –primer suministrador de bombas y armamento–. Por un momento ofuscó, pero no derribó la idea más poderosa de que Gaza es parte irrenunciable de Palestina y que ningún resort conseguirá eliminar su identidad, ni sus derechos inalienables.
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Rafael Bustos García de Castro no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. La Junta de Paz de Trump: legalidad dudosa, delirios empresariales y prepotencia masculina – https://theconversation.com/la-junta-de-paz-de-trump-legalidad-dudosa-delirios-empresariales-y-prepotencia-masculina-276560
