Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armando Alvares Garcia Júnior, Professor de Direito Internacional, Relações Internacionais e Geopolítica/Geoeconomia, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
Durante la madrugada del 10 de septiembre, Europa experimentó uno de los incidentes de seguridad más graves de su historia reciente: una formación de drones rusos atravesó el espacio aéreo polaco en el marco de una ofensiva sobre Ucrania y fue abatida por cazas de la OTAN.
Uno de estos aparatos impactó en la localidad de Wyryki-Wola, lo que activó alertas en toda la estructura de defensa euroatlántica y evidenció la vulnerabilidad de la frontera oriental de la Alianza.
La penetración de 19 drones en territorio polaco, en paralelo a un ataque masivo sobre Ucrania, puede o no entenderse como un accidente. Las autoridades polacas, por ejemplo, interpretaron el episodio como un gesto de fuerza diseñado para poner a prueba tanto la unidad política como la capacidad operativa de la OTAN ante amenazas híbridas y directas por parte de Rusia.
Este tipo de incursiones obliga a repensar los límites físicos y jurídicos de la disuasión colectiva y pone en jaque los mecanismos tradicionales de control de escalada.
La activación inmediata del artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte respondió a la percepción de un peligro directo a la integridad y soberanía polacas. Aunque esa disposición legal no implica un compromiso automático de defensa militar conjunta (como el artículo 5), sí obliga a consultas diplomáticas urgentes para coordinar la posición aliada y calibrar la naturaleza jurídica e internacional de la amenaza.
Esta herramienta ha sido empleada solo en contadas ocasiones, reflejando la gravedad de la situación y la importancia del consenso intergubernamental en la respuesta.
¿Cuál es el compromiso de España con la OTAN?
España ha reforzado este año su compromiso con la defensa colectiva de la OTAN, liderando desde julio la Brigada Multinacional en Eslovaquia, con base en Lešť, donde mantiene desplegados alrededor de 828 efectivos en el que es su contingente exterior más numeroso.
También participa en la Presencia Avanzada Reforzada (Enhanced Forward Presence) mediante despliegues rotatorios y ejercicios periódicos en el flanco oriental, como el reciente NATO’s Forge 2025 en Letonia, en el que contribuyó con tanques Leopard 2E, vehículos Pizarro y sistemas antiaéreos NASAMS, además de rotaciones temporales en Polonia y Lituania.
Igualmente, España aporta cazas Eurofighter y otros medios a misiones de policía aérea y vigilancia, como el Baltic Air Policing y operaciones en Islandia y Rumanía, reforzando su perfil como aliado clave tanto en la OTAN como en la Brújula Estratégica de la Unión Europea, que integra esfuerzos en inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.
Esta proyección exterior no exime a las autoridades españolas de sus responsabilidades jurídicas en plan doméstico. Cualquier aumento significativo del despliegue militar o modificación sustancial de las reglas de enfrentamiento debe someterse a un proceso de debate y aprobación en el Parlamento, asegurando un control democrático efectivo sobre las misiones internacionales y el cumplimiento de los compromisos asumidos por España en el marco del derecho internacional.
Este procedimiento resulta esencial en contextos donde la línea que separa la disuasión de un conflicto abierto se vuelve especialmente difusa.
Diferentes países, estrategias distintas
El incidente de los drones evidencia la existencia de estrategias divergentes dentro de la Alianza y la Unión Europea. Polonia y los Estados bálticos exigen medidas inmediatas de refuerzo y nuevas rondas de sanciones, mientras Alemania y Francia apuestan por una respuesta gradual y diplomática para evitar su escalada.
La administración estadounidense mantiene, bajo la presidencia de Trump, un discurso ambiguo que limita la cohesión estratégica, introduciendo un factor de incertidumbre en las capitales europeas.
En el seno de la Unión Europea, el debate sobre autonomía estratégica se acelera. Kaja Kallas, como Alta Representante para la Política Exterior, abogó por ampliar sanciones contra intermediarios energéticos y acelerar la implantación de la Brújula Estratégica. Esto no tiene otro objetivo que dotar a la UE de mayor capacidad militar autónoma que complemente y refuerce al sistema OTAN sin superponer competencias.
Más allá del plano militar, la reciente invasión del espacio aéreo polaco –siempre considerando la necesidad de datos contrastados y evitando conclusiones precipitadas ante la proliferación de relatos poco verificados– genera efectos económicos y energéticos inmediatos. Las turbulencias en los mercados tienden a incrementar los precios de la electricidad y el transporte en toda la Unión Europea, con un impacto directo sobre los consumidores españoles y de otros Estados miembros.
El riesgo de que este tipo de agresiones evolucione hacia escenarios híbridos –combinando operaciones cinéticas con campañas de desinformación y ataques cibernéticos– obliga a reforzar la estrategia española, especialmente en la protección de infraestructuras críticas, inteligencia y ciberseguridad, tanto a escala nacional como comunitaria.
A esto se añade que, según recientes estudios y análisis europeos, España y el sur de Europa han sido identificados como objetivos de campañas de desinformación y sabotaje de origen externo, requiriendo una cooperación aún mayor en resiliencia y defensa digital.
El respeto a la integridad territorial, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, sirve de base para las consultas en la OTAN y la posible elevación del caso ante instituciones multilaterales. Del mismo modo, la legitimidad de cualquier uso de la fuerza defensiva debe quedar inscrita tanto en las resoluciones de la Alianza como en la normativa constitucional de cada Estado miembro, especialmente España, cuya práctica constitucional refuerza el carácter parlamentario de las grandes decisiones estratégicas.
¿A qué se enfrenta ahora la Alianza Atlántica?
La Alianza Atlántica se enfrenta a una encrucijada, en la que la unidad y la rapidez de respuesta serán vitales para evitar fracturas que puedan debilitar su capacidad de disuasión y defensa. El despliegue español, su participación en ejercicios multinacionales y las lecciones aprendidas en operaciones preventivas reflejan tanto el compromiso europeo como la necesidad de dotar a las decisiones de legitimidad democrática y multilateral.
En este escenario, España asume tanto una responsabilidad militar como también diplomática, institucional y social, contribuyendo a la estabilidad colectiva sin descuidar los principios del derecho internacional y la garantía del control parlamentario.
El desafío de la frontera oriental evidencia que la defensa europea requiere respuestas integrales, cooperación avanzada y una interpretación dinámica del derecho internacional en tiempos de crisis.
Armando Alvares Garcia Júnior no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ¿Qué implica para España el ataque ruso con drones en Polonia? – https://theconversation.com/que-implica-para-espana-el-ataque-ruso-con-drones-en-polonia-265155