Source: The Conversation – (in Spanish) – By Antoni Bergas Forteza, Profesor de Derecho Financiero y Tributario, Universitat de les Illes Balears
En España, el modelo autonómico otorga a las comunidades una notable capacidad para diseñar su política fiscal. Esta descentralización ha reavivado en los últimos años el debate: ¿Estamos ante una competencia sana entre administraciones o frente a prácticas que generan desigualdad y tensiones en el modelo de financiación autonómica?
¿Qué es el ‘dumping’ fiscal?
En un sentido general, el dumping fiscal consiste en la práctica de reducir los impuestos en un territorio con el objetivo de atraer contribuyentes, inversiones o empresas desde otras regiones. En el contexto español, este fenómeno se observa principalmente en la aplicación de impuestos como el de patrimonio, el de sucesiones y donaciones o ciertos tramos del IRPF, que han sido cedidos total parcialmente por el Estado a las comunidades autónomas.
Cuando una comunidad decide bonificar estos tributos puede generar una competencia a la baja con otras comunidades que no tienen la misma capacidad recaudatoria. El resultado puede ser una carrera fiscal de fondo que erosione los ingresos públicos y ponga en entredicho la equidad del sistema.
Caso Madrid: ¿ventaja competitiva o privilegio estructural?
La Comunidad de Madrid es uno de los ejemplos más citados cuando se habla de dumping fiscal en España. Desde hace más de una década, los sucesivos gobiernos madrileños han optado por aplicar reducciones significativas en varios impuestos:
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Impuesto sobre el patrimonio: bonificado al 100 % desde 2008, lo que en la práctica supone su “eliminación”.
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Impuesto de sucesiones y donaciones: con bonificaciones de hasta el 99 % cuando se produce entre familiares directos.
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Tramos autonómicos del IRPF: con tipos impositivos más bajos que otras comunidades.
Estas decisiones fiscales han convertido a Madrid en una de las regiones con menor presión fiscal del país. Uno de los argumentos en contra de su política tributaria es que aprovecha de forma ventajosa su condición de capital del Estado y centro económico de España.
La concentración de sedes sociales de grandes empresas, los altos niveles de renta media y la atracción que ejerce sobre profesionales cualificados ha permitido a Madrid mantener sus ingresos pese a los recortes fiscales.
Esta combinación de factores crea un círculo virtuoso difícil de replicar en otras comunidades, generando un agravio comparativo.
Ley Mbappé: ¿un nuevo factor de agitación?
En el verano de 2024, la Comunidad de Madrid aprobó una modificación fiscal que rápidamente fue bautizada por los medios como la ley Mbappé en referencia al entonces reciente fichaje del futbolista francés Kylian Mbappé por el Real Madrid.
Esta medida ofrece una deducción del 20 % en en IRPF a nuevos residentes fiscales en Madrid (no residentes en los cinco años anteriores) que inviertan en obligaciones, bonos, letras del Tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades (se excluyen las inversiones inmobiliarias). Por tanto, ¿favorece esta ley a quién le dio su nombre oficioso? Pues depende, si el futbolista decide invertir parte de sus ganancias en la Comunidad de Madrid, sí.
Aunque la norma está configurada como un incentivo a la inversión extranjera, y a la larga pueda comportar una mayor recaudación –a mayor número de residentes de alto poder adquisitivo, mayor recaudación–, no solo podría haber un trato de favor a grandes fortunas, sino que también tendría efectos sobre la competencia fiscal entre comunidades.
Así se refuerza la percepción de que, gracias a su modelo tributario, determinados territorios podrían consolidarse como refugios fiscales tanto para ciudadanos nacionales con alto patrimonio como para élites globales en busca de regímenes tributarios más favorables.
Debate fiscal
La ley Mbappé reaviva el debate sobre si el marco fiscal actual favorece a unos territorios en detrimento de otros.
Para algunas comunidades esta norma supone un desequilibrio añadido en la competencia fiscal: los beneficios que atraerían a contribuyentes de alto nivel se concentran en Madrid, pero sus costes (en forma de menor recaudación global a corto plazo) se comparten entre todas las comunidades, poniendo en peligro la corresponsabilidad fiscal de las autonomías y la financiación de servicios públicos esenciales.
Atraer inversión foránea produciría un incremento recaudatorio en el territorio por el mayor nivel adquisitivo de los contribuyentes. Ahora bien, es seguro que dicha inversión tendría una mayor carga fiscal en cualquier otro territorio del Estado español, lo que supone una competencia desleal hacia otros territorios que no tienen el atractivo y centralidad económica, social y empresarial que puede tener la capital de España.
¿Es legal?, ¿y justo?
Desde el punto de vista legal, se trata de una actuación que entra dentro de las competencias autonómicas. El sistema de financiación vigente da margen a modificar tributos cedidos. Sin embargo, la cuestión central no es tanto la legalidad como la equidad.
El dumping fiscal a nivel autonómico puede romper el principio constitucional de solidaridad entre territorios e, incluso, el de generalidad e igualdad. La competencia fiscal descontrolada perjudica a las regiones con menor capacidad económica y menor margen de maniobra fiscal. Además, persiste la desigualdad entre ciudadanos que, pese a vivir bajo el mismo Estado, tributan más o menos en función de su lugar de residencia.
Los defensores de la autonomía fiscal pueden alegar que la competencia permite a las comunidades innovar, atraer inversión y mejorar la eficiencia del gasto público. En esta línea, señalan que, gracias a su dinamismo económico, regiones como Madrid han logrado mantener sus servicios públicos sin necesidad de subir impuestos. Ahora bien, debe considerarse también si ello ha implicado la necesidad por parte de otras comunidades de subir sus impuestos ante la falta de un atractivo económico, administrativo y fiscal respecto a Madrid.
Equilibrio fiscal, equidad territorial
El dumping fiscal entre comunidades autónomas es un fenómeno real, aunque difícil de medir. El caso de Madrid ejemplifica cómo una comunidad puede usar su autonomía fiscal para atraer riqueza, pero también cómo esto puede generar tensiones con el resto del Estado y fallos en la corresponsabilidad social entre comunidades autónomas.
El reto está en encontrar un equilibrio entre la autonomía fiscal y la equidad interterritorial. Para ello, es necesario repensar el sistema de financiación, armonizar ciertos impuestos clave y, sobre todo, abordar la desigualdad estructural entre territorios.
La fiscalidad no debe entenderse solo como una herramienta recaudatoria, sino también como un reflejo del modelo de país que se quiere construir y de las garantías que debe ofrecer al conjunto de ciudadanos, independientemente del lugar donde residan.
Antoni Bergas Forteza no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. ‘Dumping’ fiscal entre autonomías: ¿juegan todas las comunidades con las mismas reglas? – https://theconversation.com/dumping-fiscal-entre-autonomias-juegan-todas-las-comunidades-con-las-mismas-reglas-261029