Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ghazaal Habibyar, PhD Candidate, Faculty of Social Sciences, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
En agosto de 2021, los talibanes volvieron a tomar Kabul y, en cuestión de semanas, impidieron que las niñas asistiesen a la escuela más allá de sexto (11-12 años). Cinco años después, la restricción sigue vigente.
Afganistán continúa siendo el único país del mundo que prohíbe oficialmente a las niñas y a las mujeres acceder a la educación secundaria y superior. Desde entonces, a las mujeres afganas también se les ha prohibido trabajar en la mayoría de los sectores en los que antes estaban empleadas, desde los trabajos públicos hasta las organizaciones de ayuda humanitaria nacionales e internacionales.
A unas 2,2 millones de adolescentes se les ha impedido asistir a la escuela secundaria durante casi 1 800 días. Un análisis de UNICEF de 2026 prevé que Afganistán perderá hasta 20 000 profesoras y 5 400 trabajadoras sanitarias de aquí a 2030, y se estima que las restricciones ya le están costando al país unos 84 millones de dólares al año.
Desde septiembre de 2025, las fuerzas talibanes también han prohibido a las mujeres afganas –incluido el personal de las Naciones Unidas– el acceso a las oficinas de la ONU. En enero de 2026, las funcionarias públicas perdieron incluso el salario reducido que recibían desde 2021 por quedarse en casa.
Ya vi cómo ocurría algo parecido una vez, cuando era una niña en 1996, la última vez que los talibanes tomaron Kabul.
Lo que más me impacta de esta segunda prohibición no es que haya vuelto a ocurrir, sino que la falta de reacción internacional esta vez no se deba a una falta de concienciación. Todo el mundo sabe lo que les está pasando a las niñas afganas. El fracaso radica en que ese conocimiento no ha supuesto ningún coste real para los talibanes.
Lo que han construido las mujeres afganas
A los pocos días de la toma del poder, las mujeres afganas salieron a las calles de Kabul coreando “Pan, trabajo, libertad”, una reivindicación que han seguido planteando desde entonces, asumiendo un riesgo personal real. Este grito de guerra, que las define, reclama derechos humanos básicos: educación y empleo frente a la exclusión sistémica de la vida pública.
Grupos de mujeres afganas han organizado protestas durante todo ese tiempo, a pesar de que las participantes han denunciado detenciones, torturas y asesinatos como respuesta, reacciones tan severas que han obligado a que gran parte de su labor de resistencia se realice en la clandestinidad.
Porque, aunque en febrero de 2026 las niñas volvieron a salir a las calles de Kabul a exigir educación, protestar se ha vuelto demasiado peligroso. Así, las mujeres afganas han creado algo más discreto: redes informales de escuelas clandestinas, gestionadas desde sus propios hogares, que imparten clases a niñas que, de otro modo, no tendrían acceso alguno a un aula.
Esta resistencia no se lleva a cabo porque sea fácil o segura. Se lleva a cabo porque nadie más lo ha hecho por ellas, y hay que hacerlo.
Además de las protestas y la educación clandestina, las organizaciones de mujeres afganas también se han dedicado a documentar lo que está pasando. En junio de 2026, investigadores del Instituto para las Mujeres, la Paz y la Seguridad de la Universidad de Georgetown contabilizaron 264 decretos talibanes que afectan a los derechos humanos desde 2021, 166 de los cuales se dirigen específicamente a las mujeres y las niñas.
La respuesta internacional se queda corta
El principal canal para el diálogo internacional con el Gobierno del país es el Proceso de Doha, liderado por la ONU. Desde 2023 se han celebrado múltiples rondas de conversaciones con representantes de los talibanes con el objetivo de lograr la reintegración definitiva de Afganistán en la comunidad internacional: la normalización de las relaciones diplomáticas, el reconocimiento formal del Gobierno talibán y el retorno del país a una participación normal en las instituciones internacionales y el comercio.
Por insistencia de los talibanes, las mujeres y los grupos de la sociedad civil afgana han sido excluidos de las negociaciones principales, reuniéndose por separado y al margen de las mismas. Sima Samar, expresidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, ha argumentado que, al aceptar las condiciones de participación impuestas por los talibanes, la ONU corre el riesgo de legitimar indirectamente precisamente las políticas a las que dice oponerse.
Georgette Gagnon, representante especial adjunta de la ONU y responsable de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, defendió lo contrario en esa misma sesión: que sigue siendo necesario un compromiso continuo, basado en principios pero pragmático, incluso cuando los avances son graduales.
Ese desacuerdo, que se manifiesta en la propia tribuna de la ONU, pone de manifiesto la trampa que las mujeres afganas llevan años describiendo: se emiten regularmente declaraciones que expresan la preocupación internacional y que no le cuestan nada a los talibanes.
Esfuerzos globales
En septiembre de 2024, Australia, Canadá, Alemania y los Países Bajos invocaron formalmente las obligaciones de Afganistán en virtud de la CEDAW, la convención de la ONU contra la discriminación de la mujer que Afganistán ratificó en 2003. Se trata de una iniciativa verdaderamente significativa, ya que es la primera vez que unos Estados intentan que otro rinda cuentas ante el tribunal más alto del mundo por discriminación de género.
Pero, dos años después, el caso aún no ha llegado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Una declaración suscrita por grupos de la sociedad civil con motivo del primer aniversario de la iniciativa la ha descrito como un esfuerzo que podría culminar finalmente en un caso ante la CIJ, no como uno que ya lo haya logrado.
Cuando los Países Bajos y Canadá interpusieron un caso similar contra Siria por torturas, fueron avanzando por cada una de las etapas sin retrasos. Una vez que las negociaciones se estancaron en 2022, solicitaron sin demora el arbitraje. Al no responder Siria en el plazo exigido de seis meses, presentaron la demanda ante la CIJ en 2023 y obtuvieron una resolución vinculante.
Tras invocar el mismo mecanismo contra Afganistán, no se ha alcanzado ningún hito equivalente. Las negociaciones, si es que han fracasado, no han dado paso de forma visible a una solicitud de arbitraje, y el caso sigue en el punto de partida.
Las mujeres afganas, y los Estados que asumieron este compromiso en su nombre, merecen la misma urgencia procesal que llevó el caso de Siria hasta su resolución.
La magnitud de lo que esta inacción ha permitido está bien documentada.
Reflexiones personales
Reconozco todo esto porque ya viví una versión de ello en otra ocasión.
En 1996, era una niña a la que le faltaban unas semanas para los exámenes finales cuando los talibanes tomaron Kabul. Aquella noche, sin electricidad, nos reunimos alrededor de una radio y oímos que nos habían promocionado al curso siguiente, pero que las escuelas permanecerían cerradas para las niñas hasta nuevo aviso.
Al principio, no entendí lo que eso significaba. Como joven estudiante, me alegré de que se cancelaran los exámenes finales, así que corrí a contárselo a mi abuela. En medio de un pasillo oscuro, sin embargo, me di cuenta: no podría ir más al colegio. Me senté y lloré.
Pero tuve suerte.
Mis padres nos trasladaron a mi hermana y a mí a Pakistán para que pudiéramos seguir estudiando, una decisión que muchas familias afganas no podían permitirse. De hecho, nosotros tampoco. Fueron mis tías y tíos, que vivían en el extranjero, quienes financiaron nuestros estudios.
Algunas de mis amigas no pudieron terminar la escuela y, por lo que sé, en lugar de eso las casaron. Yo conseguí convertirme en la primera mujer en ocupar el cargo de directora, luego viceministra y, posteriormente, ministra en funciones de Minas y Petróleo en el Gobierno afgano.
La situación cambió para mi generación, pero nada garantiza que vaya a ser así para esta; la concienciación por sí sola no bastará para lograrlo.
Las mujeres afganas han pasado los últimos cinco años demostrando que no han aceptado esta prohibición como algo permanente. Vale la pena preguntarse por qué el resto del mundo se ha conformado con mucho menos que eso.
Ghazaal Habibyar no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
– ref. De pequeña, los talibanes me prohibieron ir al colegio en Afganistán. Ver cómo vuelve a pasar es desgarrador – https://theconversation.com/de-pequena-los-talibanes-me-prohibieron-ir-al-colegio-en-afganistan-ver-como-vuelve-a-pasar-es-desgarrador-289902
