Anthropic es una destacada empresa estadounidense de inteligencia artificial fundada por antiguos investigadores de OpenAI. Son los creadores de Claude.PhotoGranary02/Shutterstock
Cuenta el mito (mythos) griego que los dioses entregaron a Pandora una vasija con la orden de no abrirla jamás. Cuando la curiosidad pudo con ella, todos los males del mundo escaparon de su interior, sin que hubiera ya forma de devolverlos dentro.
El pasado viernes (12 de junio) la Administración Trump ordenó sorpresivamente a Anthropic suspender el acceso a sus últimos modelos de IA, Fable 5 y Mythos 5, a cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera de EE. UU. Y así, abrió la caja de Pandora de la IA. Previamente, el 5 de marzo de 2026, el Pentágono hizo pública una decisión insólita: declarar que la empresa Anthropic es “un riesgo para la cadena de suministro”. Ahora ha ido más allá.
Ante las dificultades de realizar esa discriminación de usuarios en la práctica, la compañía ha optado por desactivar el modelo para todo el mundo.
Veto al acceso a modelos por parte de extranjeros
La medida marca un antes y un después en el desarrollo de la inteligencia artificial, ya que por primera vez el Gobierno norteamericano ha decidido restringir el acceso a determinados modelos de IA a extranjeros.
El detonante, según Anthropic, fue que las autoridades habían identificado un método para eludir (jailbreak) las salvaguardas de seguridad de Fable 5, que podía desbloquear las capacidades de ciberseguridad del modelo y poner en riesgo la seguridad nacional de EE. UU.
Las capacidades que tienen estas herramientas para encontrar fallos en los sistemas informáticos y rendijas por las que colarse para obtener información los convierten en una potente arma para los ciberdelincuentes. La empresa respondió que el fallo era limitado, no universal, y que la misma técnica podría afectar a modelos de competidores no sujetos a la misma restricción.
Más allá del episodio concreto, este precedente reconfigura el tablero.
El botón rojo de la IA
Hasta ahora, los controles de exportación se aplicaban a cosas tangibles: chips, máquinas de litografía, software. Lo de Fable demuestra que un gobierno puede vetar y controlar el acceso global a un servicio de IA instantáneamente, sin que los usuarios, empresas o gobiernos afectados puedan hacer nada.
Al igual que con la caja de Pandora, una vez abierta no hay forma de volver a meter su contenido dentro. Así, aunque Washington revierta la orden, el mensaje es irreversible: ha quedado demostrado que tiene el control y que, si quiere, puede ejercerlo. Esa certeza pasa a formar parte del cálculo de todo Estado y toda empresa que dependa de modelos estadounidenses, y no hay marcha atrás posible para una capacidad que ya se ha exhibido.
En la era de la IA, el acceso a los modelos más avanzados es crítico, ya que no se trata de un sector más, sino que se ha convertido en una tecnología que está transformando la economía, la sanidad, la defensa y la educación, entre otros.
Así, quien dispone de los mejores modelos, datos e infraestructura (lo que se conoce como el AI Stack) obtiene ventaja en casi todo lo demás.
De ahí la contradicción del movimiento estadounidense: el país quiere ser a la vez el gran desarrollador mundial de IA mientras se guarda la potestad de priorizar y decidir quién y cómo accede a sus avances. No obstante, ambas aspiraciones pueden llegar a ser contradictorias en la práctica, ya que muchos países podrán replantearse los riesgos de hacer depender su economía y su infraestructura crítica de un proveedor que se reserva el derecho a desconectarlo.
¿Un nuevo impulso a la soberanía digital?
La consecuencia última lógica de este hecho podría ser una huida de la dependencia tecnológica de los grandes actores del mundo de la IA y un refuerzo de la búsqueda de lo que se conoce como soberanía digital.
Así, a la luz de este último episodio, apostarlo todo a un único proveedor aparece cada vez más claramente como una estrategia arriesgada, ya se llame este Washington o Pekín.
Este episodio puede acelerar el movimiento en pos de alcanzar una IA soberana no dependiente de agentes externos. No obstante, es importante matizar este punto y afirmar que el verdadero objetivo realista no es la autosuficiencia total, sino la autonomía estratégica: diversificar, controlar los puntos críticos y evitar el cierre por un solo actor.
Una verdad incómoda para Europa
En particular, para la Unión Europea, este episodio refleja una verdad incómoda. Mientras que se ha apostado todo al efecto Bruselas y a su poder normativo en el mundo digital como forma de influir en el tablero geopolítico (Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), etc.), la realidad es que el caso de Fable demuestra que controlar a las empresas que efectivamente desarrollan la tecnología puede resultar mucho más decisivo que regular cómo se usa.
Quien controla el modelo puede apagarlo; quien solo lo regula, no. Aunque la regulación sigue siendo necesaria, el caso de Fable pone de relieve las limitaciones de una estrategia digital basada exclusivamente en la regulación.
En consecuencia, la UE podría reaccionar y verse empujada finalmente a desarrollar un ecosistema de IA propio si no quiere depender únicamente de actores externos. Lo que aportaría nuevos argumentos a la archidebatida Autonomía Estratégica europea.
No obstante, la paradoja final es que una medida pensada para proteger los intereses nacionales estadounidenses puede acabar erosionando su propio liderazgo en la carrera de la IA: al recordarle al mundo que esa tecnología tiene un interruptor en Washington, ha dado a todos los demás la mejor razón para reducir su dependencia tecnológica del gigante norteamericano y construir capacidades propias.
Así, Estados Unidos ha abierto su propia caja de Pandora: al descubrir al mundo su poder sobre la tecnología, ha liberado una certeza que ya no podrá devolver a su interior.
Mateo García Silva no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Del 15 al 17 de julio, en el Palacio de la Magdalena, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, vamos a “quemar las naves”.
El curso, abierto a todos los públicos, está dirigido tanto a personas con curiosidad por la ciencia como a estudiantes, docentes, investigadores y profesionales interesados en aprender nuevas formas de comunicar el conocimiento científico. Adelanto que cerrará con sorpresa: un aperitivo del eclipse que nos vamos a comer.
La información completa y el programa pueden consultarse en la página oficial del curso, que es posible gracias al apoyo de la Universidad de Navarra, la Fundación Ramón Areces y la Fundación Lilly.
Hace falta más humanidad que nunca
Con el lema “Lo humano, primero”, esta edición propone una reflexión sobre el papel de la divulgación científica en una época marcada por el avance de la inteligencia artificial.
Si las máquinas son capaces de generar textos, imágenes o respuestas cada vez más sofisticadas, ¿qué elementos siguen siendo exclusivamente humanos? Hicimos esta pregunta a Ricardo Piñero, el “filósofo optimista” que participará en el curso, en una entrevista para abrir boca: “Creo en la potencialidad del ser humano. Somos seres muy, muy jugosos”, dice Piñero.
A partir de esta pregunta, el curso explorará algunas de las cuestiones más relevantes para la comunicación de la ciencia contemporánea, entre ellas, la ética. Para desmenuzarla, contamos con una voz humana relevante, la del experto en inteligencia artificial y cuántica José Ignacio Latorre. No hay que perderse su propuesta de futuro: “Un gran pacto para integrarnos con las máquinas”.
En el lado opuesto a las máquinas está el ecólogo e investigador del CSIC Fernando Valladares. Volaremos cometas con él para reivindicar el juego, el viento y el cielo como esos espacios donde somos más humanos. Pregunta Valladares: ¿sabes por qué vuela una cometa?. La respuesta no es lo esperado.
El lujo de contar con la matemática y reconocida divulgadora Clara Grima nos llevará a explorar matemáticas invisibles, y el musicólogo Mario Muñoz, conductor de Correspondencias en Radio Clásica – RTVE.es, tiene este reto: incorporar la música a la divulgación de la ciencia.
Habrá debate, con participación del alumnado. ¿Si hubiera que elegir entre arte y ciencia, con qué nos quedamos? Van a defender sus posiciones el microbiólogo y reconocido divulgar Ignacio López Goñi y el filósofo Ricardo Piñero.
De todos y para todos
La inclusión será otro de los ejes centrales de esta edición. Bajo el epígrafe de “los invisibles”, el curso abordará cómo diseñar proyectos de divulgación accesibles para personas con discapacidad y cómo incorporar perspectivas diversas a la comunicación científica. En esta jornada, participa Lluís Montoliu, genetista y biotecnólogo que centra gran parte de su investigación en enfermedades raras. Es experto en albinismo, considerado una enfermedad rara de origen genético. Montolliu conversará con Rubén Romero García, conocido como @rubenelalbino, un proyecto divulgativo donde explica el albinismo de forma cercana y con gran sentido del humor. El objetivo es contribuir a una divulgación más abierta, capaz de llegar a públicos cada vez más amplios y heterogéneos.
Las sesiones de tarde las ocuparán talleres prácticos sobre comunicación científica, narrativas innovadoras y uso del vídeo para divulgar, impartidos por especialistas como Pilar Perla y el experto en uso de IA para el formato audiovisual Bienvenido León. Más allá de transmitir conocimientos, el curso pretende proporcionar herramientas concretas para que investigadores, docentes y comunicadores puedan conectar mejor con la sociedad.
La aventura de divulgar ciencia en español con éxito reivindica el rigor, la creatividad y la sensibilidad, la comprensión del mundo como una tarea colectiva y donde la IA nos traiga sin cuidado.
El jueves, 25 de junio, celebramos los 8 años de la edición en español de The Conversation con una mesa redonda sobre periodismo riguroso, conocimiento experto y comunicación en tiempos de desinformación. El evento, al que nos encantaría que nos acompañaran, se celebrará en el Espacio Fundación Telefónica. Participan en la mesa redonda Ángeles Caballero, Aitana Castaño y Martín Barreiro; modera Claudia Lorenzo, editora de Arte y Humanidades de The Conversation.
Desde que The Conversation arrancó, una frase ha guiado el trabajo de sus editores: «Rigor académico, oficio periodístico».
El objetivo de la plataforma ha sido siempre acercar el conocimiento experto al público general, facilitando que cada persona pueda formarse su propio criterio acerca del mundo que la rodea. En un contexto como el actual, donde la desinformación circula con rapidez y los bulos encuentran cada vez más espacio, este propósito resulta más relevante que nunca.
La mesa redonda
En este encuentro, y a través de una mesa redonda con voces destacadas del periodismo y la divulgación, pondremos en valor la importancia de un periodismo serio y comprometido, así como de una información basada en hechos, fuentes contrastadas y evidencias. Un espacio para reflexionar sobre cómo comunicar con rigor en tiempos de incertidumbre y ruido informativo. Para ello, contaremos con la participación de Ángeles Caballero y Aitana Castaño, periodistas, y de Martín Barreiro, meteorólogo; esta conversación estará moderada por la editora de Arte y Humanidades de The Conversation, Claudia Lorenzo.
Ángeles Caballero colabora actualmente en El País, donde realiza crónica política, social y entrevistas; en el programa Hora 25 y el pódcast La cena de los idiotés de la Cadena SER; y en La Sexta y TVE. Es autora de los libros Los parques de atracciones también cierran y Orfidal y Caballero, ambos de la editorial Arpa. Durante veinte años se dedicó a la prensa económica en diferentes cabeceras, además de colaborar para medios como El Confidencial, Vanity Fair y Onda Cero, y compaginó su tarea como directora de nuevo negocio de la agencia de comunicación Trescom con la fundación de la revista digital Ctxt.
Aitana Castaño ha sido redactora de La Nueva España, La Voz de Asturias y los informativos de RTPA (Radiotelevisión del Principado de Asturias), y jefa editorial de La Cuenca del Nalón. Ha colaborado para publicaciones sobre minería, las cuencas mineras, el movimiento obrero o el periodismo en Asturias y Galicia. Desde el año 2023 forma parte del «Comando Norte», en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER. Además, ha codirigido el pódcast Dalle mio nena, y ha publicado en la editorial Pez de Plata los libros Los niños de humo, Carboneras, Rastros de ceniza y Las madrinas.
Claudia Lorenzo Rubiera (moderadora) es la editora de Arte y Humanidades en The Conversation. Periodista y escritora, está especializada en información cultural y cinematográfica en medios como Kinótico, Jotdown, Vanity Fair, SModa, GQ Spain o Atlántica XXII. También ha trabajado en comunicación de eventos culturales y en programas de televisión, y ha coescrito el libro divulgativo El cine en 100 preguntas.
Martín Barreiro es meteorólogo, físico y divulgador científico. Desarrolla su labor en RTVE, donde acerca la información meteorológica y climática al gran público con un enfoque riguroso y accesible. Además, colabora en el programa Directo al Grano a través de la sección «Antes de Marte», dedicada a cuestiones ambientales, científicas y de sostenibilidad. Ha trabajado en investigación y comunicación meteorológica en distintos medios e instituciones y es coautor del libro El Extraordinario Planeta A. Su trayectoria combina ciencia, comunicación y divulgación para fomentar una mejor comprensión de los desafíos climáticos y ambientales de nuestro tiempo.
Source: The Conversation – in French – By Anne-Claude Ambroise-Rendu, Professeur d’histoire contemporaine, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Malgré les révélations qui éclatent régulièrement dans l’actualité à leur sujet, les violences sexuelles sur mineurs restent invisibilisées dans la société, et la protection au quotidien des enfants et des adolescents reste défaillante. Remise en perspective de cette inertie, qui persiste face à la libération de la parole, alors que des associations continuent de se mobiliser chaque semaine en mémoire de la jeune Lyhanna, retrouvée morte dans le Gers, le 4 juin 2026.
La déferlante médiatique du traitement de l’affaire Lyhanna témoigne de l’incapacité qui est toujours et encore celle de notre société à entendre, à voir et donc à répondre à la question des violences sexuelles exercées sur les mineurs.
Elle rappelle aussi ce qu’ont été les flux et les reflux qui ont marqué l’histoire des révélations médiatiques de ces violences. Pour spectaculaires qu’elles aient été, elles ont eu peu d’effets pratiques quant à la protection au quotidien des enfants et adolescents.
Des victimes effacées par le bruit médiatique ?
Ce crime et sa découverte provoquent la stupeur pourtant, la « révélation » n’est pas inédite.
Déjà, le 19 août 1988, au journal télévisé de 20 heures sur Antenne 2, la journée d’information sur les violences sexuelles subies par les enfants impulsée par Hélène Dorlhac, secrétaire d’État à la famille, était annoncée par Christine Ockrent en ces mots, sur un ton grave :
« Il faut en parler, il faut oser en parler, malgré la gêne, les tabous et le risque aussi de briser des silences qui ne sont pas toujours ceux de l’ignorance. Les enfants aussi sont victimes des perversités et des violences sexuelles dans des proportions qu’on ose à peine imaginer : une fille sur quatre, un garçon sur huit. »
Interview d’Anne-Claude Ambroise-Rendu sur la littérature et la prise de conscience des violences sexuelles sur mineurs (Association Stop aux violences sexuelles, 2017).
Outre que le soupçon pesait très lourd alors sur la parole de l’enfant, les effets à long terme du crime n’étaient guère envisagés. De surcroît, les journaux privilégiaient nettement les affaires sanglantes, et donc les viols suivis d’assassinats, et passaient encore assez largement sous silence l’ordinaire plus quotidien des violences sexuelles perpétrées dans le cadre supposé protecteur des relations familiales ou de voisinage, c’est-à-dire l’attentat à la pudeur sans violence.
Les deux premiers tiers du XXᵉ siècle ne dérogent pas à cette règle de l’ellipse, qui élimine en quelque sorte les victimes de la scène d’un drame avant tout perçu comme une atteinte à la morale sociale et à l’honneur, et les médias abordent même sensiblement moins le sujet. Néanmoins, en 1948, le Monde, relatant le viol et le meurtre d’une petite fille de 9 ans, reconnaît que le « drame [est] hélas assez banal en soi ».
Mais cette banalité-là reste encore largement liée au meurtre : la pédocriminalité n’est pas clairement identifiée comme telle par la presse.
Le tournant des années 1980
Radio et télévision entrent en lice à la fin des années 1970 et se font l’écho du vaste débat qui anime une partie de la société. En libérant la parole et les corps, les années qui suivent Mai-68 marquent une rupture incitant les médias à explorer les silences de l’intimité et à dénoncer les tabous.
La publicité nouvelle faite à la pédophilie et à sa défense prend une dimension politique : en l’inscrivant dans une remise en question globale et radicale de l’ordre social et moral, les défenseurs d’une pratique pédophile exempte de violence et de contrainte tentent de lui attribuer une légitimité et d’en faire une véritable culture. Les enfants ont aussi droit à la sexualité, clament-ils, donnant de fait davantage de visibilité à la question.
Le climat change nettement avec les années 1980 : la famille est revalorisée et la protection de l’enfance redevient un souci majeur. Les voix dissidentes des années précédentes se taisent peu à peu.
En 1986, lors des débats des Dossiers de l’écran, Alain Gérôme donne directement et conjointement la parole à trois femmes ayant été victimes de pères ou de frères incestueux ou ayant dénoncé les agissements d’un époux incestueux, parmi lesquelles Eva Thomas qui vient de publier le Viol du silence, et à des téléspectateurs aux avis partagés. Le standard téléphonique SVP 11 11 est submergé par une véritable « avalanche de témoignages », la plupart dénonciateurs. Le lendemain, la presse écrite tout entière donne un très large écho à ce moment télévisuel, annonçant : « La honte a changé de camp. »
Après l’émission de Mireille Dumas Bas les masques sur l’enfance violée, en avril 1995, éclate l’affaire Dutroux et la dramatisation des propos médiatiques s’accentue notablement. Les médias découvrent le marché de la pédophilie (baby porno, tourisme sexuel, etc.), et la presse et la télévision affermissent inexorablement les liens entre actes pédophiles et violence meurtrière en amalgamant assassins et violeurs.
Les développements de l’affaire d’Outreau (2004-2005), dans laquelle 13 accusés sur 17 sont finalement blanchis, incitent les médias à un revirement, véritable contre-déferlante médiatique : la parole de l’enfant est l’objet de nouvelles prudences, voire d’un retour en force du soupçon, l’expertise psychiatrique est relativisée, la magistrature critiquée et la question de l’erreur judiciaire, si présente au XIXᵉ siècle, est revivifiée.
À partir de 2017, les vagues successives des différents #MeToo (#BalanceTonPorc, #MeTooinceste) et, en 2020 et 2021, la publication successive du Consentement, de Vanessa Springora, et de la Familia Grande, de Camille Kouchner, relancent la dynamique de la « révélation ».
Une inertie face aux violences sexuelles
Après des décennies d’une médiatisation faite de flux et de reflux, l’ordinaire des violences sexuelles est encore largement invisibilisé. Pour un meurtre qui défraie la chronique, des milliers de cas de violences sexuelles beaucoup plus ordinaires ne passent pas la rampe de l’exposition médiatique, même lorsqu’elles sont révélées à la justice.
Tout se passe souvent comme, si en dépit de l’histoire, du Code pénal et de l’indignation générale que suscitent ces actes, la violence extrême et la brutalité létale demeuraient la mesure étalon du crime. Les institutions ne sont pas seules en cause parce qu’elles témoignent, telles qu’elles sont, de la répugnance du « système » à affronter ce qui n’est pas seulement une question, mais bien un problème.
L’attentat à la pudeur a bien été qualifié de crime dès 1810, crime précisé et élargi en 1832 avec l’attentat sans violence sur mineur, mais l’exercice de la justice n’étant pas toujours fidèle à l’esprit du Code pénal, ces affaires judiciaires ont été régulièrement traitées soit avec répugnance, soit avec négligence.
La croissance des dénonciations depuis les années 1980, dans le contexte d’un élargissement général du champ des comportements sanctionnés, et l’augmentation des condamnations pour viol montrent qu’il ne se passe pas rien et que les choses avancent. Reste qu’aujourd’hui encore 86 % des plaintes sont classées sans suite, chiffre qui témoigne de la difficulté de la police comme de la justice à entendre la parole des plaignant·es et à la considérer comme un élément susceptible d’établir la réalité du crime.
La législation a n’est pas seule en cause, même si, depuis le Code pénal de 1810, les lois, y compris celles de la République, sont rédigées et votées par des hommes, pour des hommes. La loi de juillet 1989, allongeant les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs, a été portée par des femmes de gauche : Michèle André, Denise Cacheux, Frédérique Bredin et Yvette Roudy, soutenues par Roselyne Bachelot.
Et la législation sur les violences sexuelles sur mineurs a connu des ratés évidents : la loi de décembre 1980 redéfinissant le viol et le code de 1994 ont marqué une régression par rapport au code de 1810 en transformant le crime d’attentat à la pudeur sans violence en délit d’atteinte sexuelle. Mais c’est surtout la mise en œuvre qui pèche, c’est-à-dire la prise en compte effective et pratique par la justice et l’ensemble du corps social de cette criminalité.
La pensée dominante crée un effet de système qui, d’une part, renforce la possibilité de l’emprise et, d’autre part, contribue à la tolérance de la délinquance sexuelle : cet effet s’appelle la domination masculine. Une domination valorisant historiquement une sexualité masculine prédatrice et conquérante qui se manifeste des blagues sexistes au viol et, profondément incorporée par les individus hommes et femmes, fait le lit des abus.
Anne-Claude Ambroise-Rendu ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Thomas Burelli, Professeur en droit, Section de droit civil, Université d’Ottawa (Canada), membre du Conseil scientifique de la Fondation France Libertés, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Des menaces de mort explicites, des insultes racistes et du harcèlement grave demeurent présents dans League of Legends, l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde, malgré leur interdiction par la loi et par Riot Games.
Alors que la partie de jeu vidéo en ligne vient de se terminer, des joueurs commentent les statistiques et leurs erreurs ou réussites. Jusqu’à ce que l’un d’eux, visiblement excédé par la tournure des évènements, lance : « i hire hitman on you/watch back irl » (« Je vais engager un tueur à gages/fais gaffe à toi dans la vraie vie) ». Non il ne s’agit pas de fiction : nous avons personnellement fait l’expérience de menaces de mort directes et explicites sur le célèbre jeu en ligne League of Legends de la compagnie Riot Games.
Les menaces extrêmes côtoient en fait une foule de comportements problématiques, allant du harcèlement aux propos racistes, sexistes ou homophobes, en passant par les appels au suicide. Cela fait partie du quotidien de nombreux joueurs de jeux vidéo en ligne. Il est néanmoins très difficile d’évaluer avec précision l’ampleur de ces phénomènes dans la mesure où les plates-formes ne partagent pas toujours publiquement les données relatives à la modération.
La persistance de ces comportements nous interpelle dans la mesure où il s’agit de crimes, au sens du droit pénal, dans la plupart des pays à travers le monde. Il s’agit également de comportements qui sont en général explicitement interdits par les plates-formes de jeu dans leurs conditions générales de vente.
En tant que professeur et doctorant spécialisés en droit des jeux vidéo à l’Université d’Ottawa, cette situation nous apparaît totalement inacceptable et particulièrement risquée pour une plate-forme de jeu en ligne.
Un système opaque
Il existe bien des mécanismes pour dénoncer les joueurs qui adoptent des comportements répréhensibles.
Le traitement des plaintes est néanmoins déconcertant : d’une part, les victimes ne sont pas nécessairement tenues informées par l’opérateur du jeu d’éventuelles sanctions qui seraient prises contre les auteurs de menaces de mort. D’autre part, il est possible d’observer que les comptes des auteurs ne sont pas systématiquement fermés.
En d’autres termes, Riot Games semble, dans une certaine mesure, tolérer que des auteurs d’infractions pénales continuent de jouir de sa plate-forme.
Selon Riot Games, les comportements véritablement problématiques ne concerneraient qu’une infime minorité de joueurs :
« Les données montrent que seuls 5 % des joueurs se comportent de manière perturbatrice systématiquement […]. Mais les 95 % restants sont des joueurs réguliers qui perdent leur sang-froid de temps à autre. » (Traduction libre)
Or, Riot Games ne communique pas sur le volume des comportements problématiques et le nombre de personnes affectées. Selon certaines estimations, ce 5 % en question représenterait tout de même plus de 6 millions de joueurs à travers le monde.
Mais de façon plus préoccupante, nous sommes contraints de croire sur parole une compagnie qui, en matière de comportements abusifs, n’a aucun intérêt à être transparente afin de préserver sa réputation, d’autant plus si les statistiques ne sont pas flatteuses.
Un problème minimisé
Les études scientifiques sur le sujet ainsi que les sondages auprès des joueurs viennent par ailleurs nuancer les affirmations de Riot Games. Selon une étude scientifique publiée en 2024, les discours haineux et les menaces de mort sont respectivement présents dans 3,4 % et 7 % des matchs analysés (à l’échelle mondiale des dizaines de millions de matchs ont lieu chaque jour).
Par ailleurs, Riot Games met l’emphase sur la fréquence des comportements et non sur leur nature pour les qualifier de problématiques.
Doit-on en conclure que des menaces de mort par des joueurs qui « perdent leur sang-froid de temps en temps » seraient acceptables ? Et que signifie de temps en temps ? Une fois par semaine ? Une fois par mois ? Riot Games met ainsi sur un pied d’égalité tous les comportements problématiques, ceux qui ne sont pas illégaux (la triche, le sabotage, etc.) et les comportements interdits par la loi (les menaces de mort, les insultes à caractère haineux, etc.).
Ceci est extrêmement problématique, car ces comportements ne sont pas équivalents.
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Le désintérêt de Riot Games
Nous avons demandé à un responsable de la compagnie Riot Games pourquoi les comportements toxiques criminels tels que les menaces de mort ne font pas l’objet de sanctions strictes et dissuasives pour les joueurs (par exemple une exclusion permanente du jeu). Voici sa réponse : « Pensez-vous qu’il est approprié de bannir définitivement quelqu’un la première fois qu’il est toxique dans le chat ? » (Traduction libre). Encore une fois, il est question de la fréquence des actes et non de leur nature et de leur gravité.
Un autre responsable de Riot Games a déclaré publiquement : « Les menaces de mort et le harcèlement direct sont bien sûr interdits et constituent des problèmes relativement marginaux. Je m’attendrais également à ce que ces questions soient principalement traitées en privé » (Traduction libre).
Quand bien même il s’agirait de comportements « nichés » (ce que les données contredisent), ce qui importe, c’est la gravité des actes et l’importance qui leur est donnée. En l’occurrence, d’autres comportements répréhensibles, comme la triche, sont traités de façon beaucoup plus sérieuse par Riot Games.
Dans ces circonstances, de nombreux joueurs ne prennent pas au sérieux les conséquences associées aux comportements toxiques criminels. Ils savent que, d’une manière ou d’une autre, ils pourront continuer à jouer.
Quel risque pour les plates-formes ?
Les comportements problématiques qui ont cours dans les jeux de la compagnie Riot Games sont en général peu connus du grand public. En effet, contrairement aux réseaux sociaux, ces comportements ont lieu dans le cadre de parties impliquant un nombre restreint de participants. S’ils ne sont pas enregistrés par les joueurs au moyen de photos ou d’impression écran, ils disparaissent une fois la partie terminée.
Cependant, à mesure que les sports électroniques se popularisent, que les compétitions se multiplient et que les médias généralistes s’y intéressent, les risques réputationnels pour une compagnie comme Riot Games augmentent. Ces risques sont liés à la fois à la présence de ces comportements et aux manières par lesquelles Riot Games décide de les traiter.
La récente fusillade survenue dans une école secondaire de Tumbler Ridge illustre les risques. OpenAI détenait des informations sur les intentions de la tireuse alléguée, mais n’a pas prévenu les autorités publiques. OpenAI a dû s’expliquer auprès des autorités canadiennes et fait aujourd’hui l’objet de poursuites par les familles des victimes. La situation est similaire avec Riot Games, qui détient des données relatives aux menaces de mort sur sa plate-forme, mais n’agit pas toujours en conséquence.
Quels recours pour les joueurs qui subissent ces comportements ?
Les comportements toxiques criminels sont devenus pour beaucoup de joueurs des comportements qui font en quelque sorte partie du jeu. Ils ont été normalisés et certains joueurs y sont désensibilisés. Il est néanmoins important, selon nous, de ne pas les accepter et de faire comprendre à une compagnie comme Riot Games qu’elle doit en faire plus.
Pour cela, les joueurs peuvent documenter les cas de toxicité criminelle auxquels ils sont confrontés. Il est pertinent de les communiquer à la plate-forme, même si les démarches peuvent être fastidieuses et ne pas mener à des sanctions efficaces. Afin de faire pression sur la plate-forme et de sensibiliser le grand public à ces enjeux, ces comportements peuvent être partagés publiquement sur les réseaux sociaux. Ceci pourrait encourager les plates-formes à agir afin de préserver leur réputation.
Finalement, il est possible d’envisager des actions collectives dans les territoires qui autorisent ce type de recours. Des joueurs ayant subi des comportements toxiques criminels pourraient ainsi se regrouper afin de tenter d’obtenir une réparation de la part des plates-formes. Notons que les actions collectives dans le domaine des jeux vidéo se multiplient ces dernières années : à propos des potentiels effets néfastes des jeux vidéo sur la santé des enfants, ou encore à propos de la protection des données personnelles des joueurs.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
L’étude des budgets-temps de transport entre 1976 et 2020 met en évidence deux trajectoires opposées : la France des vitesses subies et l’Île-de-France des vitesses choisies. Ces dynamiques interrogent la portée sociale et territoriale de la transition des mobilités, entre inégalités d’accès à la vitesse et émergence d’un privilège du ralentissement.
Les pratiques de mobilité disent beaucoup sur nos sociétés. Le nombre de déplacements, leur durée, leur distance et leur régularité sont autant d’indicateurs des modes de vie et de l’organisation des territoires. Depuis vingt ans, crises écologiques, sociales et économiques viennent les bouleverser. La crise des gilets jaunes en 2018 a notamment mis en lumière une fracture sociale autour de la mobilité : les métropoles privilégient les modes doux et les transports publics, tandis que les périphéries restent dépendantes de la voiture.
Cette opposition n’est pas nouvelle. Paris et les grandes villes ont souvent été à l’avant-garde des nouvelles normes de mobilité, tandis que le reste du territoire s’adapte. L’étude des budgets temps de transport (BTT) – la durée quotidienne consacrée aux déplacements – permet d’objectiver cette fracture.
Depuis les années 1970, le BTT est considéré comme relativement stable : on parle de la conjecture de Zahavi, selon laquelle les individus consacrent environ une heure par jour à se déplacer, quels que soient le pays ou le niveau de développement des transports. Cette « constante » est toutefois critiquée. En effet, elle masque les différences sociales et territoriales et dépend fortement des méthodes statistiques utilisées.
Table 1 : Évolution de la mobilité quotidienne individuelle en France
Entre 1982 et 2008, en France, la vitesse moyenne augmentait, passant de 19 à 27 km/h. Simultanément, les distances parcourues augmentaient aussi de 17,4 à 25,2 km, mais le BTT restait stable autour de 55 minutes.
Les gains de vitesse ont donc été convertis en déplacements plus longs, mesurés en kilomètre, et non en temps gagné. Ceci confirmant la conjecture de Zahavi, à un niveau agrégé.
Un ralentissement subi à l’échelle nationale
Depuis 2010, cette tendance s’inverse : la vitesse des déplacements stagne, voire baisse légèrement (de 27 à 26 km/h), tandis que le BTT augmente (+ 10 %). Les Français doivent donc aller plus loin pour leurs activités quotidiennes, dans un contexte de recomposition modale : la voiture perd du terrain, tandis que transports publics et marche se renforcent.
Les catégories sociales les moins favorisées et les plus dépendantes de l’automobile subissent particulièrement ce ralentissement. Les ouvriers et artisans-commerçants voient leur temps de déplacement quotidien augmenter de 13 à 17 %, tandis que les cadres maintiennent ou réduisent leur temps grâce à une meilleure accessibilité aux emplois et aux loisirs, via les transports collectifs.
En Île-de-France, un ralentissement plus choisi
Les inégalités d’accès aux emplois et aux transports collectifs révèlent à peu près la même logique en Île-de-France. Cependant, la dynamique globale diffère assez nettement : la densité urbaine limite la vitesse, aux alentours de 10 à 12 km/h, et le BTT y est historiquement plus élevé (de 1,25 à 1,5 heure).
Tableau 2 : Évolution de la mobilité quotidienne individuelle en Île-de-France
Entre 2010 et 2020, on observe un léger recul des temps et des distances de déplacement. C’est le signe d’une adaptation des habitants : relocalisation des activités en proximité, développement du vélo et de la marche. Ici, le ralentissement y prend la forme d’un choix, soutenu par les politiques de mobilité durable, incarnée par la figure du cadre francilien à vélo ou plus généralement du citadin aux pratiques de consommation locales.
Vers une nouvelle fracture territoriale et sociale
Ces dynamiques révèlent que la fin de la course à la vitesse n’est pas neutre socialement. Les cadres et les catégories aisées bénéficient du ralentissement, en choisissant la proximité et des modes doux. Les plus précaires, eux, continuent de subir la mobilité : plus loin, plus longtemps, avec moins d’alternatives.
La « France à deux vitesses » se matérialise aujourd’hui dans les pratiques de mobilité. La vitesse, jadis symbole de progrès, devient un marqueur d’inégalités. La lenteur, autrefois contrainte, peut devenir un privilège lorsqu’elle est choisie.
Comprendre cette transformation est crucial pour imaginer une transition écologique qui ne creuse pas encore davantage les écarts entre ceux qui peuvent choisir la proximité et ceux qui subissent le ralentissement.
Emmanuel Munch est vice-président de Tempo Territorial et membre de la Déroute des Routes.
Laurent Proulhac ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
En impliquant des citoyens dans la production de connaissances, les frontières entre la science et la société se redéfinissent.Charlène Rivière, Fourni par l’auteur
Associer scientifiques et citoyens pour produire des connaissances : l’idée séduit, voire enthousiasme. Mais comment ces collectifs fonctionnent-ils réellement ? Une enquête, menée en Occitanie, lève le voile.
Les recherches menées avec la société sont-elles l’affaire de tous ? Que disent réellement les faits ? Notre enquête, portant sur des projets de recherche menés avec des structures diverses – principalement des associations, des entreprises et des collectivités –, montre que les femmes scientifiques y sont très majoritairement engagées. Les collectifs observés sont en outre largement construits à partir de liens interpersonnels préexistants. Si une part importante du travail de recherche est souvent menée en commun, tous ces acteurs ne prennent pas en charge les mêmes tâches. L’enquête révèle en effet que, bien que les orientations soient souvent discutées collectivement, l’analyse des données recueillies demeure par exemple largement assurée par les scientifiques. Pourtant, ces formes de production de connaissance sont diverses et il serait probablement vain de tenter de les enfermer dans un cadre unique.
Alors, pourquoi et comment s’organise un tel partage ? Pour répondre à cette question, nous avons étudié la façon dont ces collectifs fonctionnent, et dans quelles conditions.
Faire de la science « avec et pour » la société : de quoi parle-t-on ?
Les sciences et les recherches participatives remontent bien au-delà de l’époque contemporaine, et correspondent à l’engagement d’acteurs non scientifiques de métier dans la production de connaissances. Au Japon, par exemple, les dates de floraison des cerisiers – sakura – sont consignées depuis plus de mille ans par des habitants et des érudits. Aujourd’hui, ces démarches prennent des formes variées, allant de la collecte citoyenne de données à la participation à d’autres étapes de la recherche.
Par exemple, Vigie-Nature mobilise des volontaires pour suivre la biodiversité à l’échelle internationale ; Galaxy Zoo permet à des internautes de classer des galaxies à partir d’images astronomiques ; en France, le projet La Grande Synchr’EAU mobilise également des citoyens pour mesurer simultanément la qualité de l’eau et produire des données scientifiques à grande échelle.
Nous sommes confrontés à une grande diversité de pratiques, allant du simple recueil de données jusqu’à la définition conjointe des questions de recherche, des méthodes, de l’analyse des résultats et de leur valorisation. Elles interrogent le partage qui a pu être établi entre « sachant » et « non sachant », « théoriciens » et « praticiens », dans la période contemporaine, qui a vu fortement se développer l’activité scientifique sous la forme de disciplines très diverses et de plus en plus spécialisées.
Ouvrir la « boîte noire » des collectifs producteurs de connaissances
Notre enquête, conduite à Toulouse, repose sur l’analyse de 21 réponses recueillies par questionnaire auprès des 53 (co)porteurs et référents de 29 projets de corecherche menés très largement en Occitanie. Elle dresse un panorama des pratiques et des ressentis de ces acteurs. Leurs projets mobilisent 54 organisations non académiques et 34 laboratoires de recherche.
Dispersion des 88 organisations qui composent les 29 collectifs de corecherche, lauréats des deux dispositifs étudiés, selon leur statut académique ou non-académique. Fourni par l’auteur
Ces projets abordent 7 grandes thématiques : « Agroécologie, alimentation et pratiques alimentaires », « Santé, corps et contexte », « Participation, gouvernance et aide à la décision », « Apprentissages, transmission et appropriation des savoirs », « Habiter, territoires et transitions locales », « Humanités, imaginaires et récits contemporains » et « Milieux naturels et dynamiques écologiques ».
Deux premiers constats émergent de l’enquête :
Des collectifs issus de relations antérieures : la moitié des répondants indiquent que leurs collectifs de co-recherche se sont formés à partir de liens interpersonnels préexistants, très souvent entre femmes : des liens professionnels datant d’au moins un an.
Une présence féminine importante : environ deux tiers des enquêtés sont des femmes, un pourcentage qui nécessite une analyse plus approfondie pour en évaluer la significativité car il pourrait seulement s’agir d’une représentativité disciplinaire et institutionnelle due au pourcentage élevé de Maîtres de Conférences qui sont des femmes dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales.
Comment les rôles sont-ils répartis ?
Dans la lignée du rapport de recherche sur le projet Initiatives de recherches collaboratives Toulouse – porté par la Maison des sciences humaines et sociales de Toulouse de 2018 à 2022 et visant à recenser et mieux comprendre les collaborations entre sciences et « société civile non marchande » en Occitanie-Ouest –, l’enquête met en lumière une collaboration effective, mais asymétrique selon les étapes de la démarche de production de connaissances.
Quatre étapes sur cinq ont vocation à être partagées entre scientifiques et partenaires : la définition des problèmes, le choix des terrains et/ou de la population d’étude, la collecte des données et la diffusion. Dans les faits, la collecte et l’analyse des données restent principalement l’apanage des scientifiques, tandis que l’accès aux terrains ou aux populations d’étude est souvent initié et facilité par les acteurs de la société.
Pour que des acteurs aux cultures professionnelles différentes puissent se comprendre, s’organiser et se coordonner, des méthodes d’accompagnement, souvent regroupées sous le terme « intermédiation », sont évoquées comme utiles, voire nécessaires. Pourtant, dans notre enquête, cette fonction – et le panel de compétences qu’elle requiert – repose presque toujours sur une seule personne, le porteur de projet « principal », rarement formé à ce rôle. Former à l’intermédiation pour mieux accompagner des collaborations hybrides semble donc constituer un levier majeur pour un bon déploiement des projets.
Comment peut-on faire de la science avec et pour la société ?
L’enquête montre que les activités des collectifs de corecherche étudiés ne relèvent ni d’un effet d’affichage ni d’un simple engouement passager. Dans la grande majorité des cas, les relations entre scientifiques et partenaires sont jugées fréquentes et complémentaires. Les projets favorisent des apprentissages réciproques et un enrichissement intellectuel en lien avec un climat de confiance : « Le travail collaboratif avec les scientifiques permet d’affiner le regard sur le sujet complexe de la corecherche et de tenter de partager la démarche avec les habitants concernés » selon un partenaire extra-académique, référent du projet. La qualité des savoirs et celle des relations semblent aller de pair :
« La corecherche impose un rythme plus lent, mais nécessaire, pour permettre l’émergence de relations de confiance et de véritables échanges. Le respect des temporalités de chacun […] est un facteur clé de réussite », selon un chercheur, porteur de projet.
Mais ces dynamiques ne vont pas de soi. L’ambition affichée d’une symétrie d’engagement, avec des compétences différentes, dans la plupart des étapes de production des connaissances ne résiste pas aux descriptions issues de notre enquête. La diversité des formes de collaborations est une richesse qui reconnaît la diversité des compétences et des savoirs des « non-scientifiques ». Observer cette pluralité permet d’interroger les partages que notre société a établis entre « sachant » et « non-sachant », entre « théorie » et « pratique ».
La diversité observée est aussi celle du caractère « situé » et « ancré » dans des contextes et des territoires de connaissances collectivement produites. Que l’on parle de la co-élaboration de questions de recherche ou de la co-interprétation des données collectées, l’enjeu principal de ces partenariats est la production de connaissances utiles pour éclairer, voire résoudre, un problème concret.
Par exemple, coconstruire une solution biomimétique s’inspirant des castors pour ralentir l’assèchement prématuré de cours d’eau nécessite une symbiose entre les savoirs symboliques des scientifiques et les savoirs pratiques des personnes concernées – locaux, militants, etc. –, ainsi qu’une volonté d’agir commune. L’apport des partenaires « non scientifiques » est alors décisif aux côtés du travail des scientifiques, habitués à produire des connaissances généralisables, mais qui s’éloignent ainsi parfois d’un ajustement à la spécificité de l’écosystème. En ce sens, les discussions, échanges, voire confrontations, entre ces acteurs aux profils divers procèdent souvent par tâtonnements et ajustements progressifs, nécessitant une capacité d’adaptation des scientifiques et des non-scientifiques. Les compétences spécialisées de chacun peuvent être davantage exploitées, notamment : d’une part, la connaissance du contexte des partenaires et, d’autre part, les capacités de formalisation et d’écriture des scientifiques, habitués à publier et à communiquer.
Pour autant, cette diversité révèle aussi des situations d’expérimentation, souvent menées en dehors des sentiers battus de nos institutions, confrontées à d’importantes contraintes et incertitudes. Ces collaborations reposent sur des disponibilités construites dans le cadre d’autres activités, qu’elles soient professionnelles ou personnelles. Car les moyens humains – compétences et personnels pour animer les échanges, gérer administrativement les projets, etc. – et matériels – ressources financières pour les besoins d’enquête, de formalisation et de diffusion des résultats, pour assurer la disponibilité des participants tout au long du processus, etc. – permettant de se consacrer pleinement au déploiement de ces collaborations hybrides font souvent défaut.
Les chercheurs, comme les partenaires, ne sont pas forcément formés, prêts et suffisamment disponibles pour vivre ces collaborations et en assurer le maintien dans la durée. Et ce, d’autant plus que leurs activités sont marquées par des modes de fonctionnement, des objectifs, et des temporalités différentes. Est également pointée la question de la reconnaissance de ces activités par les institutions, notamment dans les carrières professionnelles, que l’on parle des scientifiques ou de leurs partenaires.
Faire de la science avec et pour la société est possible et fécond, tant pour faire avancer la connaissance en elle-même que pour contribuer à résoudre des problèmes rencontrés. Toutefois, cette démarche nécessite des compétences qui ne sont pas aujourd’hui usuelles dans la production de connaissances. Notre enquête montre qu’il n’y a pas qu’une façon de faire collectif, ni une seule méthode ou démarche qui doit s’imposer. Étudier de près la diversité de ces modes de collaboration, en suivant leur déploiement dans leurs conditions concrètes d’organisation et de partage, nous semble essentiel pour mieux accompagner ces collectifs et bénéficier de connaissances complémentaires à celles produites par les canaux plus habituels de la sphère académique.
Les auteurs remercient les membres du comité de ressources de l’Observatoire, ainsi que les cochercheurs ayant participé à l’enquête, sans qui celle-ci n’aurait pas été possible. L’enquête sociologique, exploratoire et compréhensive, menée par l’observatoire Science avec et pour la société (SAPS) de la Communauté d’universités et établissements de Toulouse, dont fait état cet article, est issue de l’analyse des 21 réponses à un questionnaire destiné aux 53 (co)porteurs et référents des 29 projets de recherche participative sélectionnés et accompagnés dans le cadre des deux dispositifs 2024 du comité de programme « Science et société » du projet Toulouse Initiative for Research’s Impact on Society (TIRIS) : l’appel à projets « Co-recherche avec la société » et l’appel à manifestation d’intérêt de sa Boutique des sciences.
Max Bouyssières est chargé du projet Observatoire Science Avec et Pour la Société (SAPS), un dispositif financé par TIRIS, au sein de la COMUE (Communauté d’universités et établissements) de Toulouse. TIRIS est un projet cofinancé par l’ANR au titre de France 2030 (ANR-22-EXES-0015), par la région Occitanie et par le Fonds Européen de Développement Régional.
Jolivet Anne-Claire est directrice opérationnelle Recherche, Doctorat, Valorisation et responsable du service Science avec et pour la Société à la Comue de Toulouse.
Bertrand Jouve est le Responsable Scientifique et Technique de TIRIS, un projet cofinancé par l’ANR au titre de France 2030 (ANR-22-EXES-0015), par la région Occitanie, et par le Fonds Européen de Développement Régional.
Charlène Riviere est chargée du programme “Science-Société” de TIRIS, au sein de la COMUE (Communauté d’universités et établissements) de Toulouse. TIRIS est un projet cofinancé par l’ANR au titre de France 2030 (ANR-22-EXES-0015), par la région Occitanie et par le Fonds Européen de Développement Régional.
Nicolas Dietrich est président du comité de programme « Science et société » de TIRIS, un projet cofinancé par l’ANR au titre de
France 2030 (ANR-22-EXES-0015), par la région Occitanie et par le Fonds Européen de Développement Régional.
Philippe Terral est Vice-Président Science Avec et Pour la Société (SAPS) de la COMUE (Communauté d’universités et établissements) de Toulouse
Maquette de l’arc de triomphe qui sera édifié à Washington, présentée à la Maison-Blanche par Donald Trump, le 7 octobre 2025. Site officiel de la Maison-Blanche
L’arc de triomphe est de longue date un instrument de glorification du pouvoir, utilisé par les empereurs romains puis par de nombreux souverains pour inscrire leur action dans la mémoire collective. Donald Trump souhaite reprendre cette tradition avec l’édification d’une monumentale arche à Washington pour célébrer les 250 ans de l’indépendance des États-Unis, un projet chargé de symboles patriotiques. Mais l’initiative suscite de vives controverses, ses détracteurs y voyant moins un hommage à la nation qu’une tentative d’inscrire durablement le trumpisme et son promoteur dans le paysage mémoriel américain.
Depuis l’Antiquité, les dirigeants politiques cherchent à graver leur action dans la pierre pour l’éternité. Parmi les monuments les plus chargés de symboles figure l’arc de triomphe. Né dans la Rome antique, il avait pour fonction de célébrer les victoires militaires et d’immortaliser la gloire des empereurs. L’arc n’était pas seulement un élément architectural. Il constituait un instrument de propagande destiné à rappeler au peuple la puissance du pouvoir et à inscrire le nom du souverain dans la mémoire collective.
Les exemples abondent dans l’histoire. L’Empire romain érigea les arcs de Titus, de Septime Sévère ou encore de Constantin afin de commémorer des campagnes victorieuses et d’exalter la grandeur impériale. Plusieurs siècles plus tard, cette tradition fut reprise par les souverains européens. En France, Napoléon Ier fit construire l’Arc de triomphe de l’Étoile afin d’honorer la Grande Armée et de donner une traduction monumentale à sa propre légende.
Si cette tradition perdure, c’est parce que l’arc de triomphe remplit une fonction particulière. Il matérialise la victoire, mais aussi la continuité historique. Il relie le présent à un passé glorifié. En érigeant un tel monument, un dirigeant affirme implicitement qu’il appartient à une lignée d’hommes exceptionnels ayant marqué leur époque. L’architecture devient alors un langage politique. Les monuments permettent de raconter une histoire nationale tout en mettant en scène celui qui en revendique l’héritage.
C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre le projet porté par Donald Trump.
Un monument… monumental
Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président a multiplié les initiatives destinées à remodeler le paysage monumental de Washington. Parmi elles figure un ambitieux projet d’arc de triomphe destiné à célébrer le deux-cent-cinquantième anniversaire de l’indépendance des États-Unis, le 4 juillet 2026.
Le monument proposé atteindrait 250 pieds (environ 76 mètres de hauteur). Ce chiffre n’a pas été choisi au hasard. Il correspond exactement aux deux cent cinquante années écoulées depuis l’adoption de la Déclaration d’indépendance en 1776. Chaque pied du monument est ainsi censé symboliser une année d’existence de la nation américaine.
À travers cette équivalence numérique, les promoteurs du projet transforment l’édifice en une sorte de monumental calendrier de pierre célébrant deux siècles et demi d’histoire nationale. Comme dans les grandes constructions impériales de l’Antiquité, la taille du monument devient elle-même un message politique.
Le futur édifice doit être inauguré à Memorial Circle sur Columbia Island, à proximité immédiate du pont Arlington Memorial Bridge entre le Lincoln Memorial et le cimetière national d’Arlington. Cet emplacement constitue l’une des principales portes d’entrée symboliques de Washington. Situé dans l’axe monumental reliant les grands lieux de mémoire nationale, il offrira une visibilité exceptionnelle.
Les esquisses dévoilées par l’administration Trump montrent un monument directement inspiré de l’Arc de triomphe parisien et, surtout, des arcs romains. La structure est réalisée dans une teinte ivoire et ornée de multiples éléments dorés. Au sommet prend place une immense figure féminine dotée d’ailes, inspirée de la statue de la Liberté (New York), tandis que plusieurs aigles monumentaux renforcent la dimension patriotique de l’ensemble.
Les inscriptions prévues incluent notamment les formules « One Nation Under God » (« Une nation [unie] sous [l’autorité de] Dieu », nldr) et « Liberty and Justice for All » (« Liberté et justice pour tous », ndlr), présentes dans le serment d’allégeance au drapeau des États-Unis. Le monument est donc à la fois un hommage à l’histoire nationale et une synthèse visuelle des grands symboles de l’identité américaine.
Controverses esthétiques, financières et symboliques
Officiellement, le projet vise à célébrer les deux cent cinquante ans de la Déclaration d’indépendance. Cette commémoration constitue l’un des grands rendez-vous mémoriels de l’histoire américaine. Comme le bicentenaire de 1976 en son temps, elle doit donner lieu à une vaste série de cérémonies patriotiques. Pour Donald Trump, cette célébration représente une occasion unique de réaffirmer un récit national fondé sur l’exceptionnalisme américain, la grandeur historique du pays et le patriotisme civique. L’arc de triomphe serait ainsi présenté comme un symbole de l’unité nationale et de la continuité historique entre les Pères fondateurs et l’Amérique contemporaine.
Cependant, le projet suscite de vives controverses. Historiens, architectes, associations de préservation du patrimoine et vétérans dénoncent un monument jugé disproportionné. Plusieurs critiques estiment qu’il risque de rompre l’équilibre visuel entre le Lincoln Memorial et Arlington National Cemetery, tout en modifiant profondément le paysage historique de Washington.
Les interrogations concernent également le financement. L’administration évoque un mélange de fonds publics et de dons privés, sans avoir encore communiqué de budget définitif. Cette absence de chiffrage précis nourrit les critiques, alors même que plusieurs grands projets présidentiels sont simultanément engagés dans la capitale fédérale.
Au-delà des questions budgétaires et urbanistiques, le débat est surtout symbolique. Les opposants considèrent que le monument dépasse largement la simple célébration du deux-cent-cinquantième anniversaire de l’indépendance. Ils y voient la volonté de laisser une empreinte durable sur le paysage américain et de faire entrer le trumpisme dans la géographie même de la mémoire nationale. Certains médias ont d’ailleurs rapidement popularisé l’expression d’« arc de Trump ». Derrière cette formule se cache toute l’ambiguïté du projet. S’agit-il d’un hommage rendu à l’Amérique ou d’un monument destiné à inscrire le nom de son promoteur dans l’histoire nationale ? La question résume à elle seule l’essentiel des débats.
Cette interprétation renvoie à une caractéristique bien connue des grands bâtisseurs politiques. Depuis Auguste jusqu’à Napoléon, les dirigeants qui font ériger des monuments spectaculaires cherchent souvent à associer leur propre image à celle de la nation. Dans le cas de Donald Trump, la référence la plus évidente semble être celle des empereurs romains. Comme eux, il mobilise l’architecture monumentale pour mettre en scène la grandeur nationale et inscrire son passage au pouvoir dans le paysage physique du pays.
La comparaison la plus pertinente est sans doute celle avec Auguste. Premier empereur romain (de 27 avant notre ère à l’an 14 de notre ère), celui-ci transforma profondément Rome, dont il dira qu’il a trouvé une ville de briques et laissé une ville de marbre. Derrière cette formule se cachait une stratégie de légitimation fondée sur la monumentalisation du pouvoir. Donald Trump paraît poursuivre une logique comparable lorsqu’il multiplie les projets architecturaux destinés à marquer durablement la capitale fédérale.
Les sciences politiques qualifient parfois ce phénomène de « césarisme symbolique » ou de « syndrome augustéen ». Il s’agit de la tendance d’un dirigeant à se représenter comme le restaurateur d’une grandeur nationale supposément perdue et à matérialiser cette ambition par des monuments spectaculaires. Dans cette perspective, l’arc de triomphe ne constitue pas seulement un projet d’aménagement urbain. Il devient une mise en récit du pouvoir lui-même.
À travers cet arc de triomphe, se croisent mémoire nationale, célébration patriotique, ambition personnelle et fascination pour les modèles de l’Antiquité. Comme Auguste après les guerres civiles romaines, Donald Trump entend apparaître comme celui qui restaure une grandeur prétendument perdue et qui grave son récit dans la pierre.
Quelle postérité ?
Au fond, l’histoire jugera peut-être moins la hauteur de l’arc que l’ampleur de l’ambition qu’il incarne. Car si tous les chemins menaient autrefois à Rome, certains semblent aujourd’hui vouloir passer par Washington. Et si Auguste affirmait avoir trouvé une ville de briques pour laisser une ville de marbre, Donald Trump pourrait un jour soutenir qu’il a trouvé une capitale déjà remplie de monuments et qu’il l’a quittée avec un monument de plus.
Reste à savoir si les visiteurs y verront un hommage aux Pères fondateurs ou le plus spectaculaire selfie politique jamais construit à l’échelle d’une nation.
Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
La nature a horreur du vide. Le blocage du détroit d’Ormuz laisse le champ libre à deux sources d’énergie concurrentes du pétrole : le solaire et le charbon. En Europe, la chute du prix du premier laisse espérer une accélération de la décarbonation de l’économie. En Asie, l’arrêt de centrale au charbon apparaît illusoire tant cette rustine semble indispensable en temps de crise.
Le détroit d’Ormuz, dans le golfe Arabo-Persique, est bloqué depuis le 28 février, lorsque l’Iran a répondu à la campagne aérienne américano-israélienne en interdisant le passage aux tankers. Si lors du G7 Trump semble promettre à la fois la paix et des bombes, l’issue du conflit reste peu claire.
La crise a eu un effet sur les prix du pétrole. Selon les analyses, le baril pourrait monter à 120 dollars états-uniens si la crise s’éternise, ou redescendre à 80 dollars états-uniens si les choses s’améliorent. À lire les prix futurs des marchés financiers de Chicago, le pétrole ne devrait pas dépasser les 80 dollars états-uniens dans les mois à venir. Les marchés financiers misent sur une accalmie.
Reste la vraie question. Cette flambée va-t-elle rendre le solaire plus attractif, ou au contraire ramener l’économie mondiale à ses origines de la révolution industrielle, c’est-à-dire au très polluant charbon ? La réponse est probablement charbon à court terme, et solaire à plus long terme.
C’est que nous avons étudié dans un article publié le 5 juin dernier, évaluant la facture d’une sortie du charbon alignée sur l’objectif climatique de 1,5 °C. Le charbon reste encore une source d’énergie importante aujourd’hui dans la production d’électricité mondiale.
Chute du prix des panneaux solaires de 70 %
En économiste de salon, on serait tenté de dire que si les pommes sont plus chères, les poires auront plus de succès sur l’étal. Un pétrole cher, c’est plus de panneaux solaires et plus de voitures électriques.
C’est vérifié sur les marchés des véhicules électriques, dont la vente a augmenté de 30 % au premier trimestre 2026 en Europe par rapport à l’année dernière.
Les chiffres mondiaux confirment cet élan. Entre début 2022 et fin 2025, le prix des panneaux solaires a chuté de près de 70 %, tiré par les capacités chinoises. En France, les carnets de commandes chez les installateurs triplent, tandis qu’au Royaume-Uni, le fournisseur d’électricité Octopus Energy rapporte une hausse de 54 % des ventes de panneaux solaires sur les trois premières semaines de mars.
Des effets inflationnistes
Autre bonne nouvelle : le réveil européen sur l’indépendance énergétique. Même Frank Elderson, juriste néerlandais et membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), affirme que l’absence de transition augmente l’inflation. Une prise de position un peu risquée si l’on considère que ce n’est pas tout à fait le métier d’une banque centrale.
Concrètement, le prix des énergies fossiles peut rapidement augmenter, créant de l’inflation en Europe. Car les risques inflationnistes du pétrole sont au cœur du débat. A contrario, une infrastructure hydraulique, solaire ou éolienne, une fois construite, ne génère pas d’augmentation du prix de l’énergie, et de facto pas d’inflation en Europe.
« La vraie question n’est plus de savoir si l’Europe peut se permettre la transition énergétique, mais si elle peut se permettre de ne pas la faire », souligne Frank Elderson poussant les autorités politiques à agir au nom de l’inflation.
Le pétrole plus cher se répercute sur tous les produits jusqu’au yaourt breton. Pour produire un yaourt, il faut des tracteurs, du plastique dérivé du pétrole pour l’emballage et du pétrole pour transporter le yaourt vers le consommateur. Les crises pétrolières ont des effets inflationnistes de second ordre qui perturbent vite les prix en Europe. Quand même la Banque centrale européenne commence à juger la transition européenne à l’aune des risques d’inflation qu’apporte sa lenteur, il y a peut-être du mouvement.
Le charbon, grand bénéficiaire
Jusque-là, les bonnes nouvelles. Les mauvaises, elles, viennent d’Asie. Ces pays sont bien plus à cran, étant donné qu’ils n’ont pas leurs propres ressources pétrolières comme les Européens avec la mer du Nord.
La Corée du Sud a supprimé son plafond obligeant les centrales à charbon à ne pas tourner au-delà de 80 % de leur capacité.
Âge des usines à charbon dans les différents pays. Les centrales en Europe et aux États-Unis sont moins nombreuses et plus vieilles que les centrales chinoises, récentes et nombreuses. Tandfonline, Fourni par l’auteur
Car le charbon pourrait être le grand bénéficiaire du moment. Dans un article récemment paru, nous montrons que la Chine, qui n’a pas non plus de pétrole, a inauguré ces dernières années un nombre considérable de centrales à charbon pour produire son électricité.
Même en temps normal, la transition asiatique serait coûteuse au vu du parc neuf qui vient d’être construit. Une crise pétrolière n’arrange rien. L’autre risque : les profits des grandes majors pétrolières, qui leur confèrent davantage de pouvoir pour influencer les processus politiques.
Piège fossile
Pour mesurer l’ampleur de ce piège fossile, notre article avec Camille Macaire, Fabio Grieco et Ulrich Volz évalue précisément la facture d’une sortie du charbon alignée sur l’objectif climatique de 1,5 °C. Nous y démontrons que la mise à l’arrêt anticipée des centrales, une étape indispensable, générerait 842 milliards de dollars états-uniens (soit 739,34 milliards d’euros) d’actifs échoués au niveau mondial. Ces 842 milliards seraient perdus pour les États de Chine, d’Indonésie et d’autre pays d’Asie, très dépendants sur le charbon.
Remplacer ces capacités par du bas carbone implique un coût de la dette écrasant, estimé à 3 100 milliards de dollars états-uniens à l’échelle globale. Face à des taux d’emprunt souvent prohibitifs pour les pays du Sud global, le maintien du charbon apparaît comme une rustine évidente en temps de crise. Et ce même si à long terme, les gains opérationnels liés aux énergies propres sont estimés à 3,8 milliards de dollars états-uniens (ou plus de 3,3 milliards d’euros). Il peut donc y avoir des gains colossaux.
Une transition difficile
Le problème ? Les centrales construites en Chine et ailleurs en Asie sont récentes. Si un gouvernement local vient d’ouvrir il y a deux ans une usine à charbon, qui emploie beaucoup de travailleurs. Fermer cette centrale va être politiquement difficile. Sans aide financière de pays riches, la transition va être difficile.
Les péripéties iraniennes de Donald Trump produisent des effets à la fois positifs et négatifs pour la transition. Le solaire et l’électrique gagnent du terrain là où le consommateur peut arbitrer. Le charbon gagne du terrain là où l’urgence énergétique ne laisse pas le choix.
Savoir qui l’emportera dépendra moins du prix du baril que de la durée du cafouillage iranien.
Alain Naef a reçoit des financements de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
