Source: The Conversation – (in Spanish) – By César San Juan, Profesor de Psicología Criminal. Dpto. Psicología Social, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Desde tiempos remotos, la cultura popular ha atribuido a la Luna llena la capacidad de alterar el comportamiento humano y desatar impulsos violentos. De hecho, la palabra “lunático” tiene ese origen. Sin embargo, la investigación científica no ha encontrado pruebas sólidas de que este cuerpo celeste rocoso condicione nuestro comportamiento.
Donde sí encontramos evidencia empírica, y cada vez más robusta, es en la relación entre las altas temperaturas y el incremento de la violencia. No es la Luna lo que debería preocuparnos. Es el Sol.
El calor como detonante: qué dice la ciencia
Recientes estudios sobre la relación entre temperatura y crimen ha producido hallazgos tan reveladores como inquietantes. Un metaanálisis publicado en Environmental Health Perspectives, que analizó estudios publicados entre 1946 y 2023, concluyó que las temperaturas elevadas se asocian de forma consistente con mayores tasas de criminalidad, especialmente de carácter violento. Y en Finlandia , la temperatura ambiente explicó el 10% de la varianza en la tasa de crimen violento a lo largo de más de una década, con un aumento del 1,7% por cada grado centígrado adicional.
Otro estudio sobre 44 ciudades estadounidenses entre 2005 y 2022 encontró que el riesgo de ser víctima de un delito era especialmente alto en aquellas localidades donde las temperaturas se desviaban de sus registros históricos.
¿Cómo se explican estos hallazgos? Por un lado, la hipótesis temperatura-agresión sostiene que el calor produce un estrés fisiológico que incrementa la irritabilidad, reduce el autocontrol e induce impulsividad. Por otra parte, la teoría de las actividades rutinarias sugiere que, cuando hace calor, la gente sale más, cambia sus hábitos, y aumentan las oportunidades de encuentro entre potenciales agresores y posibles víctimas.
Lejos de ser mutuamente excluyentes, probablemente ambos mecanismos actúan en paralelo.
Violencia en el hogar: el espacio privado no es más seguro
El efecto del calor no se limita al espacio público. La violencia intrafamiliar y, de forma especialmente preocupante, la violencia de género siguen un patrón estacional bien documentado. En Estados Unidos, el Bureau of Justice Statistics constató que las tasas de violencia en la pareja son significativamente más altas en verano (un 12%) que en el resto del año.
En España, las cifras son especialmente elocuentes. Según datos del Ministerio de Igualdad, se observa una pauta estacional persistente: los meses con mayor concentración de víctimas son los de verano y las vacaciones navideñas. Esta doble estacionalidad –verano y Navidad– revela algo crucial: no es solo el calor lo que importa (o el frío) sino la convivencia forzosa. Las vacaciones implican más horas compartidas entre víctima y agresor, un mayor aislamiento de la mujer respecto a su red de apoyo social y posibles tensiones económicas añadidas.
Sea como fuere, es imprescindible subrayar un matiz fundamental: el calor no “crea” maltratadores. La violencia de género es un problema estructural, arraigado en dinámicas de poder y control. Lo que las altas temperaturas pueden hacer es aumentar las probabilidades de que un potencial agresor pierda el control de sus impulsos. El factor ambiental actúa como desencadenante, no como causa.
La sombra del cambio climático
Si la temperatura y la violencia están vinculadas, el cambio climático añade una dimensión preocupante a este panorama. Un estudio publicado en Environmental Research Letters en el 2020 combinó modelos estadísticos de crimen con 42 modelos climáticos globales y proyectó que Estados Unidos podría sufrir entre 2,3 y 3,2 millones de crímenes violentos adicionales entre 2020 y 2099, dependiendo del escenario de emisiones de gases de efecto invernadero.
La criminalidad, como tantas otras consecuencias del calentamiento global, no es neutra desde el punto de vista de la equidad: golpeará con más fuerza a quienes ya parten de una posición de desventaja. Las regiones con mayor vulnerabilidad social, menor acceso a climatización y tejidos urbanos más densos –las llamadas “islas de calor” urbanas– experimentarán este efecto con mayor intensidad. La criminalidad, como tantas otras consecuencias del calentamiento global, no es neutra desde el punto de vista de la equidad: golpeará con más fuerza a quienes ya parten de una posición de desventaja.
La “buena” noticia es que estas proyecciones son sensibles al escenario de emisiones. Los mismos modelos muestran que un calentamiento limitado a 1,5ºC (el umbral del Acuerdo de París) implicaría daños significativamente menores que un escenario de emisión sin restricciones. Dicho de otro modo, cada décima de grado que se evite no solo preserva glaciares y ecosistemas: también puede salvar vidas en los barrios más vulnerables de nuestras ciudades.
La Luna, con toda su carga poética y simbólica, no altera las estadísticas criminales. El aumento de la temperatura terrestre sí lo hace. La evidencia acumulada en décadas de investigación criminológica, epidemiológica y psicológica dibuja un panorama meridiano: el calor extremo incrementa la agresión en el espacio público, amplifica el riesgo de violencia intrafamiliar y, con la llegada del cambio climático, amenaza con convertirse en un factor de inseguridad de primera magnitud.
Entender estos patrones puede ayudarnos a diseñar políticas públicas más eficaces: reforzar los servicios de atención a víctimas de violencia de género durante los meses estivales, intensificar la presencia policial en momentos y espacios de mayor riesgo, o integrar la variable climática en los modelos de prevención del delito.
César San Juan no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Maria Izquierdo-Pulido, Catedrática del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía, Universitat de Barcelona
El magnesio se ha convertido en uno de los suplementos estrella. Las motivaciones para consumirlo son múltiples: dormir mejor, reducir el estrés, evitar calambres, tener más energía o prevenir carencias. Las redes sociales han amplificado su popularidad y muchas personas lo toman con la idea de que es una solución sencilla para sentirse mejor. El problema es que a menudo se confunden funciones fisiológicas reales con beneficios clínicos que, en personas sanas, están poco demostrados.
Pero ¿qué dice realmente la ciencia?
Un suplemento no mejora una dieta pobre
El magnesio es un mineral esencial. Participa en centenares de reacciones enzimáticas y es necesario para el metabolismo energético, la función muscular y nerviosa, la síntesis de proteínas, el mantenimiento de los huesos y el equilibrio electrolítico.
Una ingesta insuficiente puede asociarse a fatiga, debilidad o alteraciones neuromusculares. Pero una cosa es que el magnesio sea imprescindible y otra muy diferente es que suplementarlo resulte útil para todo el mundo. En nutrición, más no siempre quiere decir mejor. De hecho, el beneficio de un suplemento, ya sean vitaminas o minerales, es claro cuando hay un déficit; en cambio, el efecto es mucho menos evidente cuando las necesidades ya se cubren con la alimentación.
Las mejores fuentes dietéticas de magnesio son los cereales integrales, las verduras de hoja verde, las legumbres, los frutos secos, las semillas y el cacao puro. En muchas personas, incorporar más de estos alimentos tendría más sentido que añadir una cápsula. Un suplemento no mejora una dieta pobre: la sustituye de manera ilusoria. Confiar en que una píldora compensará lo que no comemos es engañarse a uno mismo. Y una idea que, por desgracia, resulta muy rentable para quien la vende.
En la Unión Europea hay alegaciones de salud autorizadas para el magnesio: que contribuye a reducir el cansancio, al metabolismo energético normal y a la función muscular y nerviosa. Son declaraciones ciertas en sentido fisiológico, pero no significan que un suplemento de magnesio actúe como un energizante o relajante universal. Indican, simplemente, que el organismo necesita este mineral para funcionar bien.
Promesas del magnesio versus qué dice la ciencia
También se ha popularizado la idea de que cada problema requiere una forma concreta de magnesio: citrato para el estreñimiento, bisglicinato para el sueño, malato para el cansancio, treonato para el cerebro.
Es cierto que las distintas sales varían en su absorción y tolerancia digestiva, pero demostrar que una sal concreta es clínicamente superior para dormir o para reducir el estrés en personas sanas es otro tema. Este “recetario de sales” es hoy más una estrategia de marketing que una conclusión científica.
La ciencia matiza cada una de estas promesas. El sueño es uno de los reclamos más populares: el magnesio interviene en la excitabilidad neuromuscular y en procesos de relajación, lo que le proporciona una base biológica plausible.
Aun así, la evidencia clínica es bastante limitada: un ensayo clínico reciente en adultos con mala calidad del sueño apunta a una reducción modesta del tiempo necesario para conciliar el sueño. No obstante, hacen falta más estudios clínicos, con muestras más amplias y medidas objetivas del sueño, antes de poder afirmar con solidez que el magnesio mejora la calidad del descanso. De hecho, la Unión Europea no tiene aprobada ninguna declaración de propiedades saludables que relacione este mineral con la mejora del sueño.
Con los calambres musculares para algo parecido. Las revisiones disponibles no muestran un beneficio claro en personas que los experimentan de forma habitual, y la idea de que “el magnesio elimina los calambres” es demasiado simplista.
En cuanto a la energía, el organismo no funciona como un depósito que se llena indefinidamente: si las necesidades ya están cubiertas, añadir más magnesio no produce más energía. El beneficio esperable es corregir una deficiencia, no convertir un mineral en un estimulante.
En personas con enfermedad renal o que toman determinados medicamentos el riesgo es mayor. Además, puede interferir con algunos antibióticos y fármacos para la osteoporosis si se toman al mismo tiempo.
Todo junto invita a una reflexión más amplia. En una población sana, la mayoría de complementos alimentarios no son necesarios si la dieta es suficiente, completa y equilibrada. Algunos pueden ser útiles en situaciones concretas –déficits diagnosticados, necesidades aumentadas o indicaciones clínicas–, pero eso no justifica su uso generalizado.
El problema no es solo el producto, sino también el mensaje que lo acompaña. La idea de que una cápsula puede compensar la falta de sueño, el estrés crónico o unos hábitos poco saludables resulta muy atractiva desde el punto de vista comercial, pero responde más a intereses de mercado que a necesidades reales de salud pública.
El magnesio no es una moda sin fundamento: es un nutriente esencial con funciones muy importantes. La pregunta no debería ser “¿qué suplemento me falta?”, sino “¿realmente lo necesito o simplemente me lo han vendido bien?”. La mejor recomendación sigue siendo la que parece “menos atractiva”, pero también la más sólida: primero, los alimentos y, solo cuando sea necesario, una suplementación bien indicada por un profesional sanitario.
Maria Izquierdo-Pulido recibe fondos de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
Isabella Parilli Moser recibe fondos de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
Maria Fernanda Zeron Rugerio recibe fondos de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.
Cuando hoy hablamos de violencia de género, maltrato psicológico, coerción emocional o dependencia afectiva, pensamos de inmediato en conceptos construidos desde la sociología, la psicología clínica o el derecho contemporáneo. Los asociamos a un vocabulario nacido en las últimas décadas, fruto de la investigación científica, la evolución legislativa y una creciente conciencia social.
Pero la literatura –y, de manera muy especial, el teatro– suele adelantarse a la historia. Antes de que la sociedad encuentre palabras para nombrar determinadas heridas, algunos creadores ya han sabido reconocerlas, observarlas y convertirlas en materia dramática.
Así sucede con una de las obras menos frecuentadas y, paradójicamente, más modernas de Benito Pérez Galdós: Bárbara (1905).
Es cierto que no podemos afirmar que fuese el primer autor en mostrar sobre un escenario aquello que hoy identificamos como violencia contra la mujer. La escena europea de finales del siglo XIX había comenzado ya a cuestionar la institución matrimonial, la autoridad patriarcal y la posición social de la mujer, especialmente las obras de Henrik Ibsen y August Strindberg. Sin embargo, sí puede sostenerse con fundamento que Galdós figura entre los primeros dramaturgos europeos –y, con seguridad, entre los pioneros de la escena española– en representar con singular profundidad los mecanismos psicológicos, emocionales y sociales del maltrato ejercido contra una mujer.
Un estreno que su tiempo no pudo leer del todo
El 28 de marzo de 1905, el Teatro Español de Madrid acogió el estreno de Bárbara, con María Guerrero al frente del reparto. No era una obra más dentro de la producción dramática galdosiana. Llegaba en un momento de plena madurez teatral, cuando el escritor canario llevaba más de una década entregado intensamente a la escena tras el estreno de Realidad en 1892, también protagonizada por Guerrero.
A primera vista podría parecer un drama de pasiones, redención moral o conflictos matrimoniales. Pero una lectura atenta revela algo mucho más incómodo y profundamente moderno: Galdós está representando el progresivo proceso de destrucción interior de una mujer sometida durante años a una relación marcada por la violencia, el control y la humillación.
En 1905 no existía la expresión “violencia de género”. Tampoco había protocolos de protección, estudios clínicos sobre relaciones abusivas ni un lenguaje jurídico capaz de nombrar la violencia psicológica. Y, sin embargo, Galdós parece reconocerla con extraordinaria lucidez.
Bárbara no aparece únicamente como una esposa desgraciada o una mujer atrapada en un matrimonio infeliz. Es una mujer emocionalmente erosionada, insegura, culpabilizada, aislada y, en muchos momentos, incapaz de reconocerse fuera de la estructura que la oprime.
Su relación con Lotario –su esposo– no responde simplemente al modelo tradicional del marido autoritario. Lotario controla, humilla, desacredita, ridiculiza, aísla y, finalmente, consigue que Bárbara termine dudando incluso de su propia percepción de la realidad, uno de los mecanismos más devastadores del maltrato psicológico.
Lo verdaderamente sorprendente es que Galdós no necesita construir grandes escenas de violencia explícita para transmitir esa opresión. Le bastan la palabra, el tono, la pausa, la repetición, el silenciamiento: la mirada del otro convertida en juicio permanente. Sobre todo, le interesan los demás, ya que, en el primer acto, en un acto de defensa, Bárbara, sin desearlo, mata a Lotario. Los restantes tres actos muestran cómo reaccionan Bárbara y la sociedad ante una tragedia de este tipo.
Quien hoy se acerque a la obra reconocerá con inquietante claridad comportamientos que la psicología contemporánea describe con términos como manipulación emocional, pérdida progresiva de autoestima, dependencia afectiva o normalización del abuso.
No estamos, por tanto, ante una lectura anacrónica proyectada desde el presente; diversas investigaciones filológicas han puesto de relieve esta dimensión de la obra. Precisamente, Carolina Melini y yo hemos estudiado la extraordinaria modernidad de Bárbara como representación dramática del maltrato y de los micromachismos.
Una preocupación constante en la obra de Galdós
Esta pieza no surge por casualidad. Casi desde los inicios de su creación Galdós había convertido a las mujeres en uno de los centros de gravedad de su universo. Fortunata, Jacinta, Tristana o Marianela demuestran el interés del autor por explorar la condición femenina dentro de una sociedad profundamente patriarcal, con mujeres condicionadas por matrimonios de conveniencia, dependencias económicas, limitaciones educativas, estructuras morales que restringían su libertad, etc.
Cuando Galdós llega al teatro, esa preocupación se intensifica: de las veintidós obras de teatro estrenadas, diecisiete de ellas tienen a una mujer como protagonista absoluta. La escena no solo permite contar el conflicto, sino compartirlo, hacerlo visible y convertirlo en experiencia colectiva. Por ello, Bárbarafue una obra especialmente incómoda para la España de comienzos del siglo XX.
¿Por qué sigue interpelándonos más de un siglo después?
Los mecanismos esenciales del abuso han cambiado menos de lo que quisiéramos pensar. Se han modificado el lenguaje, la legislación o los sistemas de protección, pero la culpa, el miedo, la dependencia, la manipulación emocional y la destrucción de la autoestima siguen formando parte de demasiadas historias.
Y ahí reside la extraordinaria modernidad de Galdós, quien nunca escribió sobre una moda intelectual de su tiempo. No construyó una simple denuncia coyuntural, sino que identificó una de las formas más persistentes de violencia dentro de la intimidad humana y tuvo la valentía de colocarla en el centro del escenario.
Por ello reivindicamos que esta obra entre en el canon. Igual que su autor, debería ser un clásico. Los clásicos no sobreviven porque hablen del pasado. Lo hacen porque siguen poniendo nombre a aquello que una sociedad, en ocasiones, todavía no se atreve a mirar de frente.
Más de ciento veinte años después del estreno de Bárbara, la pregunta no es si Galdós fue uno de los primeros dramaturgos en mostrar la violencia contra la mujer desde un escenario. La pregunta sería: si él fue capaz de verla con tanta claridad en 1905, ¿qué excusa puede permitirse nuestra sociedad para no reconocerla hoy?
Quizá haya llegado el momento de devolver Bárbara al debate público.
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Carmen Márquez Montes no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ángeles Sánchez Díez, Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM), Universidad Autónoma de Madrid
Cada mes, la variación de los precios se convierte en un dato económico de interés general. Los telediarios, los boletines informativos, la prensa escrita y las redes sociales se hacen eco de si el coste de la vida sube o baja y en qué magnitud. Entonces es cuando economistas, periodistas, clase política y público en general hablan de inflación, deflación, estanflación o incluso reduflación.
¿A qué se refieren exactamente estos términos?
La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Es decir, no se puede hablar de inflación si solo crece el precio de unos pocos productos, o lo hace solo en un periodo breve de tiempo. La inflación es un proceso generalizado (de la gran mayoría de los bienes y servicios) y continuado a lo largo de los meses.
El aumento de los precios (la inflación) es un proceso natural que va de la mano del crecimiento de la economía. De hecho, el Banco Central Europeo estima que el incremento deseado de los precios es de un 2 % anual. A diferencia de lo que podría parecer a simple vista, la inflación cero (o negativa) no es una buena noticia para la economía, dado que se relaciona con procesos recesivos. En este caso, hablamos de deflación.
Otros dos conceptos importantes son la estanflación, que se produce cuando la subida de los precios se da en un periodo de recesión, y la reduflación, que supone la subida de precios por cantidad vendida. Es decir, cuando, por ejemplo, se mantiene el precio de un champú pero el bote pasa de traer 500 a 420 mililitros.
¿Cómo se mide la variación de los precios?
Muchos indicadores miden la variación de precios, pero el más utilizado es el Índice de Precios al Consumo (IPC), indicador que refleja el precio de una “cesta de la compra representativa de la familia española”. La información para construir esta cesta proviene de la Encuesta de Presupuestos Familiares, que recoge la información sobre el gasto medio de los hogares españoles en bienes y servicios, agrupados en 12 grandes grupos (alimentos, bebidas, vestido y calzado, etc.)
No gastamos lo mismo en alimentación que en bebidas y tabaco, ni tampoco destinamos los mismos recursos a vivienda y suministros como agua, electricidad y gas que a educación y sanidad, que están cubiertos en gran medida por el sector público. Por eso, es necesario establecer unas ponderaciones, que reflejen cuánto dinero destinamos a cada tipo de productos o de servicios. La subida del precio de los tomates y el de la vivienda no tienen el mismo efecto sobre la inflación, pues al primero destinamos un porcentaje muy inferior de nuestra renta que al segundo.
¿Nuestros gustos son iguales hoy que hace una década?
Las generaciones de edad más avanzada bebían coñac en su juventud. Más tarde se puso de moda el whisky y el vodka, y ahora, el gin tonic y el tequila. También se ha generalizado el consumo de bienes que no se identificaban con la tradición española, como el aguacate, el mango o la papaya. No menos importantes son los cambios en los patrones de consumo por las nuevas formas de vida, como la comida preparada o los pedidos de comida para entrega a domicilio.
Además, la tecnología también ha modificado los patrones de consumo. Hace décadas que el gasto en cintas de cassettes, en discos o en CD es irrelevante. Hoy en día el acceso a la música se realiza, sobre todo, a través de plataformas.
Sea por la razón que sea, la cesta representativa de la compra cambia a lo largo del tiempo, y con ella la metodología para el cálculo del IPC. Desde 1939 se han realizado 12 revisiones, la última de ellas en 2025, siguiendo las directrices de la Unión Europea.
¿Cómo sabe el INE lo que cuestan las cosas?
Cada mes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge miles de precios en establecimientos físicos, empresas de servicios y plataformas digitales de todo el territorio español, y, de forma cada vez más importante, a través de sistemas automáticos de recogida de información gracias a la digitalización. No sabemos de qué comercios se toman los precios exactamente: así se evita que puedan cambiarse para manipular el valor del IPC. También desconocemos el producto exacto del que se recoge el precio. Por ejemplo, se registra lo que cuesta la leche entera, pero no sabemos de qué marcas ni en qué establecimientos.
Una vez que se han recogido los precios, se comparan con los registrados en los periodos anteriores y se calcula un índice ponderado, dando más importancia a los bienes y consumos a los que destinamos más renta. Esas son las ponderaciones del IPC.
Aprendamos a interpretar los datos de la inflación
¿Qué significa que, en mayo de 2026, en España el Índice de Precios al Consumo haya sido de 102,951, la inflación anual del 3,2 %, la inflación mensual del 0,1 % y la inflación acumulada del 1,6 % según el Instituto Nacional de Estadística? Veámoslo paso a paso.
El IPC es un número índice, que se hace igual a 100 en un año base. En la actualidad, el IPC tiene como año base el 2025. Si el IPC es inferior a 100 quiere decir que los precios son menores que en el año base o de referencia, y si es mayor indica un incremento respecto a ese momento del tiempo. Por lo tanto, si el IPC en enero de 2020 era de 82,032 los precios eran menores que en el año base (2025) y si en mayo de 2026 el IPC era de 102,951, los precios han aumentado.
Pero ¿cuánto han crecido? Es importante que el periodo de tiempo sea siempre el mismo, ya sea un mes, un trimestre o un año, por ejemplo. Si no es imposible hacer comparaciones.
Que, según el INE, la inflación anual haya sido del 3,2 % en mayo de 2026 quiere decir que los precios crecieron en esa magnitud respecto a mayo de 2025. Es decir, a lo largo de los últimos 12 meses. Este es uno de los indicadores más utilizados, dado que las cifras económicas se suelen presentar en variaciones anuales.
Por su parte, la inflación mensual nos informa de la variación de los precios de un mes respecto del anterior. Es decir, si la inflación mensual de mayo de 2026 es del 0,1 %, quiere decir que han crecido una décima respecto a abril de 2026.
Finalmente, el INE publica la variación de los precios en lo que va de año o acumulada, es decir, respecto a diciembre del año anterior. Que la inflación acumulada sea del 1,6 % en mayo de 2026 nos informa cuánto han crecido los precios en los 5 primeros meses del año. Nos da una pista de si podremos (o no) cumplir con las estimaciones realizadas por las autoridades monetarias. Viene a ser como un examen parcial de la evaluación continua.
¿Y se mide igual en todas las comunidades autónomas y el resto de la UE?
Las familias vascas no gastan igual que las catalanas en restaurantes y alojamientos: los primeros destinan el 19,79 % de su renta y los segundos el 14,90 %.
Pues bien, la inflación es un concepto económico popular, que forma parte del vocabulario general, pero, como todo en esta vida, esconde una cierta complejidad. Por ello, es necesario conocer que hay detrás de su medición para saber realizar las interpretaciones.
Ángeles Sánchez Díez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
La Coupe du monde n’est pas seulement un événement sportif. En suscitant des débats sur la valeur de l’effort, l’appartenance nationale, les effets de la mondialisation, la marchandisation du sport et les inégalités de destin, elle révèle différentes manières de penser la société et la vie collective. À travers des conversations ordinaires, le football devient, le temps d’un tournoi, un véritable laboratoire des imaginaires politiques.
Depuis le début de la Coupe du monde, les matchs alimentent un vaste ensemble de conversations bien au-delà des stades. Au bureau, dans les cafés, dans une salle des professeurs, dans les transports ou autour d’un repas de famille, on commente une composition d’équipe, on juge une décision arbitrale, on s’indigne d’une défaite ou on célèbre un exploit.
Ces espaces ordinaires constituent autant de « tiers lieux », situés à mi-chemin entre l’intimité du foyer et les institutions, où se construisent discrètement des habitudes de sociabilité, d’échange et de délibération.
Dans des sociétés souvent décrites comme fragmentées, la Coupe du monde crée pendant quelques semaines un horizon commun. Elle oriente les regards vers les mêmes écrans, suscite des émotions partagées et fournit à chacun des sujets de conversation immédiatement accessibles. Elle agit ainsi comme une véritable caisse de résonance des sensibilités et des préoccupations de son époque.
Pourtant, regarder le même match ne signifie pas y voir la même chose.
Ce qui se déroule sur le terrain ne parle jamais de lui-même. Un but, une défaite ou une célébration ne se réduisent pas à leur signification sportive. Le football offre une sorte de « condensé de société », support d’interprétations multiples et de projections qui dépassent largement le cadre du jeu. La compétition agit, entre autres, alors comme un révélateur de nos imaginaires politiques. Chacun y projette une certaine manière de penser l’organisation de la société et la vie collective.
L’équipe comme métaphore de la société
Pour certains, la Coupe du monde raconte avant tout la force du collectif et les vertus de l’inclusion. Une équipe qui gagne n’est jamais la simple addition de talents individuels. Elle repose sur des complémentarités, des ajustements permanents et une confiance réciproque. On entend alors que « la diversité fait la richesse », que « personne ne gagne seul » ou encore que « chacun apporte quelque chose de différent ».
L’équipe deviendrait ainsi la démonstration qu’une société peut tenir ensemble sans exiger l’effacement des singularités. Se dessine ici une vision pluraliste et coopérative du vivre-ensemble, selon laquelle la cohésion naît moins de l’uniformité que de la capacité à faire coopérer des différences.
D’autres préfèrent y voir une école du mérite, de l’effort et de la transmission. Derrière la victoire, ils soulignent les heures d’entraînement, les sacrifices consentis, l’acceptation des règles communes et le respect de l’autorité. Les mêmes formules reviennent régulièrement : « on n’a rien sans rien », « le travail finit toujours par payer » ou « sans règles, chacun fait comme il veut ». Le terrain rappelle alors qu’une communauté politique ne peut durablement tenir sans responsabilité individuelle et sens des devoirs partagés. Affleure ici une conception républicaine de la vie collective attachée aux vertus civiques, à la culture de l’exigence et à la continuité des repères communs.
Une autre lecture met davantage l’accent sur l’appartenance collective. « Cela fait du bien d’être fiers de son pays », entend-on parfois. « Pendant quelques semaines, on est tous derrière la même équipe. » Dans des sociétés où les références communes paraissent parfois plus incertaines, la sélection nationale réactive le sentiment d’appartenir à une histoire partagée. Le maillot, l’hymne ou le drapeau rappellent qu’il existe encore un « nous » capable de transcender les différences ordinaires. Plus qu’un simple élan affectif, s’exprime ici une forme d’appartenance démocratique, de patriotisme civique nourri par des symboles, une mémoire commune et l’idée d’un destin partagé.
La compétition à l’épreuve de la critique
L’enthousiasme suscité par la compétition n’interdit pas les interrogations qu’elle soulève.
Pour certains, la Coupe du monde constitue aussi un révélateur des contradictions de la mondialisation contemporaine. Elle met au jour des intérêts économiques, diplomatiques et géopolitiques qui ravivent les débats sur les conditions de production de l’événement, ses coûts environnementaux ou les stratégies d’influence des États.
« Le football ne justifie pas tout », rappellent certains. « Il faut regarder l’envers du décor. » L’événement apparaît alors comme un révélateur des arbitrages qui traversent nos sociétés. Ce regard traduit une sensibilité attentive à la régulation collective et à la responsabilité publique, soucieuse de concilier prospérité, justice et préservation des ressources communes.
D’autres s’inquiètent de voir le jeu progressivement absorbé par les logiques du marché. Les transferts records, les droits télévisés, le prix des places ou la présence omniprésente des sponsors nourrissent l’impression que l’argent a pris le dessus. Beaucoup ont le sentiment que « le football est devenu un business », que « tout s’achète et tout se vend » ou que « les supporters passent après les intérêts financiers ». Cette vigilance exprime la crainte de voir une passion populaire progressivement absorbée par les logiques marchandes, jusqu’à ce que la valeur financière finisse par l’emporter sur ce qui faisait son sens collectif.
Enfin, l’histoire des grands champions nourrit elle aussi des lectures contrastées. Les parcours extraordinaires de quelques joueurs inspirent et entretiennent l’idée que le talent et la détermination peuvent changer une destinée. Mais ce récit rencontre parfois ses limites : « il n’y a pas les mêmes chances pour tout le monde », « tous les talents ne sont pas repérés » ou encore « pour un qui réussit, combien abandonnent en chemin ? »
Des sensibilités politiques plus mouvantes qu’on ne le croit
Ces différentes interprétations ne renvoient pas toujours à des appartenances politiques clairement établies. Certaines traduisent des convictions relativement stabilisées ; d’autres se construisent davantage au gré des circonstances et des enjeux du moment.
Cette coexistence rappelle que les rapports contemporains au politique relèvent moins de fidélités durables qu’autrefois. Les sensibilités se composent, se déplacent et se réajustent selon les situations. Des convictions ancrées coexistent avec des prises de position plus contextuelles. Le même individu peut, selon les sujets, valoriser l’effort individuel, défendre des mécanismes de solidarité, dénoncer les excès du marché ou exprimer un attachement renouvelé à l’appartenance nationale.
À travers le football se donne ainsi à voir une politisation plus souple et plus circonstanciée, faite d’adhésions successives, de sensibilités plurielles et de positionnements parfois réversibles.
La Coupe du monde ne transforme évidemment pas les supporters en citoyens exemplaires. Les émotions partagées ne remplacent ni les institutions ni les formes plus durables de délibération démocratique. Elles rappellent toutefois qu’il existe encore des événements capables de retenir simultanément l’attention de millions d’individus et d’ouvrir des espaces de discussions sur ce qui nous relie, nous oppose ou nous oblige collectivement.
À ce titre, la Coupe du monde apparaît moins comme une simple parenthèse de divertissement que comme un observatoire privilégié des imaginaires politiques contemporains. Une forme de parlement ordinaire où, à travers les passions du jeu, une société continue de débattre d’elle-même.
Maxime Travert ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
La loi encadre le passage de fonctionnaires du secteur public vers le secteur privé, communément appelé « pantouflage ». Elle sanctionne la prise illégale d’intérêts d’un agent public lorsque ce dernier avantage une entreprise privée dans le but d’être recruté par elle. Or, la recherche montre que le pantouflage et le « rétro-pantouflage » (retour du fonctionnaire dans le public après un passage dans le privé) se sont développés sous la présidence d’Emmanuel Macron. Les contrôles et les sanctions, eux, sont très insuffisants.
En mars 2026, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) se prononçait sur un projet de reconversion singulier : l’ancien directeur de cabinet de la ministre Sophie Primas souhaitait rejoindre la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), organisation qu’il avait servie précédemment comme lobbyiste, en qualité de directeur général délégué à la stratégie politique… Appelée à juger de la compatibilité de ce pantouflage sous l’angle du risque déontologique, la HATVP rendait un avis favorable. Les réserves qu’elle émet n’ont qu’une portée étroite : l’interdiction pour l’ancien agent de contacter la ministre et le premier ministre, ainsi que les membres de leurs cabinets.
Ce faisant, cet avis offrait un exemple particulièrement emblématique des trous et des flous du contrôle des mobilités public-privé aux sommets de l’État, et de la sous-estimation des risques démocratiques qui leur sont liés, et ce, à l’heure où les grandes entreprises consacrent des montants record au lobbying.
Il faut dire que les travaux de recherche, mais aussi diverses enquêtes journalistiques, montrent qu’il y a aujourd’hui une nouvelle donne du pantouflage en France, avec des risques qui vont bien au-delà de conflits d’intérêts ponctuels puisqu’il y va de l’indépendance de la puissance publique et de la confiance des citoyens dans celle-ci, c’est-à-dire dans sa capacité à effectivement les défendre et les protéger.
En deux décennies, les portes tournantes sont devenues une donnée structurelle de l’organisation du pouvoir en France, amplifiée par un ensemble de réformes successives des deux quinquennats d’Emmanuel Macron qui ont desserré les règles, voire incité à la mobilité public-privé des agents publics.
De fait, le pantouflage n’est plus un « bâton de maréchal » : il s’échelonne désormais tout au long de trajectoires professionnelles aux sommets et à la périphérie de l’État, et touche aujourd’hui des couches bien plus larges que les seuls grands corps puisque ministres, membres de cabinet ministériels et des états-majors de Matignon et de l’Élysée, ou encore régulateurs participent à ce mouvement brownien.
Le phénomène fonctionne désormais dans les deux sens : au pantouflage vers le privé s’ajoute un « rétro-pantouflage » croissant – des profils issus du privé prenant les rênes d’administrations publiques, mouvement facilité par la loi du 6 août 2019, même si ce flux inverse reste mal documenté. Et on peut dire qu’il est structurel, car il tient à la fois au rétrécissement des perspectives professionnelles pour les hauts fonctionnaires en milieu de carrière, à la dépendance croissante des grandes entreprises aux décisions des régulateurs nationaux ou européens et à l’émergence de générations d’élus qui conçoivent le passage en politique comme une séquence professionnelle parmi d’autres.
Dernier point essentiel de cette nouvelle donne : le fait que les flux se sont réorientés vers de nouveaux secteurs (numérique, santé, agroalimentaire), mais aussi vers les métiers du conseil – lobbying, affaires publiques, cabinets d’avocats, communication de crise –, structures qui se tiennent à la périphérie des institutions publiques et qui capitalisent sur le carnet d’adresses et la connaissance intime des institutions régulatrices.
Au-delà du seul conflit d’intérêts, un risque systémique
Nombreux sont ceux qui défendent les vertus de cette porosité et y voient une « pollinisation » croisée profitant à l’administration.
L’argument ne convainc pas : cette fertilisation ne fonctionne qu’à sens unique, les portes tournantes excluant de fait la société civile non marchande de leurs bénéfices. D’autres pointent l’effet désincitatif de l’accroissement des règles déontologiques sur l’attractivité des fonctions publiques, mais rien n’indique aujourd’hui une telle relation.
Mais ce point de vue tend surtout à sous-estimer les intérêts et les valeurs qui sont mis à mal par cette nouvelle donne des mobilités public-privé. Pour en prendre la mesure, il importe d’élargir la focale au-delà du conflit d’intérêts individuel.
Au-delà de ce niveau micro, les départs appauvrissent l’expertise publique et diffusent une « culture circulatoire » qui modifie la manière dont les administrations régulent l’économie et la société en se montrant tendanciellement moins sensibles aux intérêts les plus diffus portés par la société civile des organisations non gouvernementales, des syndicats et des associations (santé, travail, environnement, etc.) qu’aux intérêts et enjeux économiques privés constitués (compétitivité, attractivité économique, etc.).
Au-delà, et de manière plus fondamentale encore, c’est la confiance des citoyens dans les institutions publiques et leur capacité à offrir des solutions aux grands défis et menaces de notre temps (bifurcation écologique, concentration économique dans les Big Tech, etc.) qui est en jeu (Cf. Antoine Vauchez, Public, Anamosa, 2022).
Quatre chantiers pour une meilleure protection de l’intérêt public
Pour y faire face, les dispositifs actuels de contrôle – qu’ils soient préventif ou répressif – se révèlent insuffisants. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chargée depuis 2019 de contrôler les mobilités d’environ 15 000 responsables publics, a adopté une doctrine d’accompagnement visant à dé-risquer les mobilités public-privé plutôt qu’à les interdire (Cf. Jana Vargovčíková et Antoine Vauchez, « Corps privés, intérêts publics Élites politico-administratives et formation d’une morale managériale d’État ») : les incompatibilités ne dépassent pas 4,5 % des cas, et elle n’a ni les moyens ni les pouvoirs d’enquête pour s’assurer du respect des « réserves » qui accompagnent ses avis de compatibilité des pantouflages ou rétro-pantouflages.
Quant au volet pénal, la loi du 2 février 2007 dite de modernisation de la fonction publique en a fortement réduit la portée : le délai de viduité pendant lequel l’agent public s’engage à ne pas travailler pour une entreprise qu’il aurait régulée dans ses fonctions est passé de cinq à trois ans, mais il est exigé désormais que l’agent ait directement supervisé l’entreprise qu’il rejoint – et non plus simplement qu’il ait été en charge du secteur, ce qui explique la rareté des condamnations, illustrée par l’affaire récente du conseiller d’État relaxé malgré son passage de TotalEnergies après l’avoir jugée au Palais-Royal. Un haut fonctionnaire ayant régulé un secteur peut ainsi légalement pantoufler vers toutes les entreprises qu’il n’a pas directement supervisées.
Il importe dès lors de réfléchir à un contrôle plus ambitieux et plus effectif pour mieux protéger l’intérêt public. Il ne s’agit pas de fermer hermétiquement les frontières entre public et privé, mais, quand les risques sont avérés, de doter la Haute Autorité et le juge pénal d’une capacité d’action beaucoup plus incisive.
Quatre chantiers sont envisageables qui sont présentés en détail dans le Livre blanc de l’Observatoire de l’éthique publique, publié le 14 juin.
1) Réduire les incitations structurelles au pantouflage
La réforme passe d’abord par un traitement des causes, qui tiennent aux réformes (voir notamment la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel ; la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; et le décret du 5 décembre 2025 sur les conditions de disponibilité dans la fonction publique) des deux mandats d’Emmanuel Macron facilitant les circulations public-privé.
En réservant à nouveau les emplois de direction de l’État aux fonctionnaires, on valoriserait le professionnalisme spécifique des serviteurs de l’intérêt général. En contrepartie de ce monopole retrouvé qui apporte plus de garanties du point de vue de l’intégrité publique, le privilège statutaire de conserver son poste lors d’un départ dans le privé ne devrait plus valoir indéfiniment : tout départ serait considéré comme définitif au bout de cinq ans cumulés hors du public, contre dix aujourd’hui. Le passage dans le privé deviendrait ainsi un choix assumé, et non une parenthèse indéfiniment réversible aux frais de la collectivité.
2) Créer un Observatoire des mobilités public-privé au sein de la HATVP
Toute politique sérieuse de régulation suppose d’abord de savoir ce que l’on régule. Or, la connaissance des mobilités public-privé reste fragmentaire et discontinue. La construction d’un Observatoire de l’intégrité publique doit établir une cartographie des secteurs et des fonctions le plus exposés aux risques d’atteinte à la probité publique.
3) Interdire les pantouflages à risque
C’est la proposition centrale. Toutes les mobilités ne présentent pas le même niveau de risque, et il n’est pas raisonnable de soumettre à un simple régime de « réserves » des situations qui compromettent objectivement l’intérêt public ou la souveraineté nationale.
Pour les fonctions les plus exposées – ministres, régulateurs, hauts fonctionnaires de Bercy, conseillers de l’Élysée ou de Matignon ayant suivi un texte législatif – tout passage vers le secteur régulé serait interdit pendant trois ans, sous peine d’un délit expressément rebaptisé « pantouflage illégal » (art. 432-13 du Code pénal). Le droit doit également être modifié pour permettre de sanctionner les entreprises « débaucheuses » qui ne respecteraient pas cette interdiction.
4) Renforcer les moyens et refonder la doctrine de la HATVP
Quant aux mobilités ne relevant pas des fonctions les plus risquées, le Livre blanc propose un changement de doctrine de contrôle de la HATVP, fondé sur un recours plus fréquent aux décisions d’incompatibilité quand un risque est avéré et sur la création d’une infraction administrative de « mobilité public-privé contraire à l’intérêt public » qui donnerait à la HATVP les pouvoirs de sanction dont elle est aujourd’hui dépourvue, et ce, donc, sans passer par le juge pénal.
Ces quatre chantiers s’inspirent d’une même idée : doter la puissance publique des outils pour mesurer, contrôler et interdire des pratiques qui minent la confiance des citoyens dans la capacité de l’État à servir l’intérêt général. La campagne présidentielle à venir offre une occasion rare d’en débattre.
Juliette Lelieur a reçu un financement pour sa chaire de l’Institut thématique interdisciplinaire MAKErS (Université de Strasbourg) et elle est membre de l’Observatoire de l’éthique publique.
Lola Avril a reçu des financements du CNRS dans le cadre de la chaire REGANET. Elle est membre de l’Observatoire de l’éthique publique.
Antoine Vauchez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
En France notamment, dans les années 1990, les mobilisations associatives en contexte de pandémie de VIH ont eu pour effet le développement de la « démocratie sanitaire ».
Six ans après le covid, une recherche en anthropologie auprès d’une association de parents de victimes du covid à Bergame en Italie, là où cette pandémie a débuté en Europe, montre qu’une mobilisation dans le domaine juridique peut avoir un impact majeur.
La redéfinition du crime d’« épidémie coupable » par la Cour suprême de cassation italienne pourrait inspirer des changements de législations, ailleurs en Europe et dans le monde.
L’Organisation mondiale de la santé (0MS) recommande d’impliquer les populations dans la réponse aux épidémies, voire de co-construire les réponses avec elles. Cette approche est en phase avec la « démocratie sanitaire » inscrite dans la loi française et développée par un courant combinant éthique, droits humains et santé publique. Pour mémoire, la démocratie sanitaire est une démarche qui vise à associer usagers, professionnels et décideurs publics dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé dans un esprit de dialogue et de concertation.
Mais la place qui lui est accordée reste variable d’un pays à l’autre et la concrétisation de cette notion est discutée lors de chaque nouvelle épidémie, comme actuellement avec l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo.
En contexte covid, utiliser le droit pour faire appliquer la démocratie sanitaire
En Italie, le tissu associatif a été mobilisé pendant l’épidémie de covid-19 pour des interventions de secours et de soins, mais n’a pas été associé aux décisions de santé publique. À Bergame, l’association Sereni e sempre uniti (« Sereins et toujours unis ») a été créée par des familles de victimes pendant l’épidémie dans un objectif d’entraide et de plaidoyer.
Cette association a choisi un positionnement particulier du point de vue de la socioanthropologie des associations, qui lui confère un intérêt majeur sur le plan scientifique. Elle se différencie d’autres associations de professionnels et de familles, ou de personnes vivant avec le VIH, en ce qu’elle utilise le droit comme outil pour faire appliquer la démocratie sanitaire.
Notre recherche a débuté en 2020. Initialement centrée sur le vécu du covid et les rapports sociaux entre malades, familles et professionnels de santé autour de Bergame et dans la vallée Seriana, elle s’est progressivement focalisée sur les logiques d’action de l’association face à l’échec de la santé publique dans une province où 6000 décès ont été déplorés.
Les investigations ethnographiques (observation participante et méthodes classiques) ont été poursuivies jusqu’à ce jour pour parvenir à la documentation complète du processus.
En Italie, une gestion de crise défaillante
Premier foyer de la pandémie en Europe, l’Italie recense ses premiers cas dans la vallée Seriana, fortement industrialisée. La Lombardie possède un système de soins réputé mais caractérisé par une désertification progressive du dispositif sanitaire public imputée à des politiques de privatisation agressive. Dans cette situation, combinée aux choix politiques durant la crise, la première vague de covid-19 conduit en quelques semaines aux images qui ont circulé dans les médias internationaux d’une file de camions militaires évacuant des cercueils qui ne peuvent être gérés.
Une vive polémique éclate à propos de mesures qualifiées de « bricolées » et de négligences dans la mise en place des mesures. Les familles dénoncent les conditions de décès de leurs proches : saturation des établissements, encombrement des services d’urgences avec des files d’attente interminables, pénurie de ressources empêchant l’accès aux soins, entassement des cadavres dans les églises. De nombreuses personnes sont décédées chez elles par asphyxie alors que l’oxygène médical était introuvable.
Le combat d’une association devant les cours de justice
De plus, accompagnée par un groupe de juristes, avec comme chef de file l’avocate Consuelo Locati, l’association adopte la voie judiciaire pour obtenir des explications sur la pertinence et la légitimité des mesures adoptées pendant la pandémie. 700 plaintes font l’objet de deux procédures judiciaires contre le ministère de la santé, la présidence du Conseil des ministres et les administrateurs de la région Lombardie.
En avril 2020, le Parquet de Bergame ouvre une enquête qui durera trois ans et se terminera par la mise en examen des fonctionnaires et des politiciens qui ont géré la pandémie. Ces résultats constituent un point important pour l’action légale de Sereni, comme le souligne le Pr Andrea Crisanti dans son rapport de 2022 pour le parquet de Bergame (Crisanti A. 2022. Expertise technique du Pr Andrea Crisanti ordonnée par le Parquet de la République auprès du tribunal de Bergame. Rapport no 15749/2020/21 n°3).
Cette bataille légale, qui vise à établir vérité, justice et reconnaissance, tente de mettre fin à l’impunité des responsables sanitaires et, à travers cela, à restituer la dignité à laquelle les victimes n’ont pas eu droit jusque-là. Elle a aussi pour objectif que les populations soient à l’avenir moins démunies face aux erreurs des autorités et surtout plus impliquées dans l’élaboration et l’application des mesures de préparation et de réponse aux épidémies, une revendication en adéquation avec la démocratie sanitaire.
Pendant six ans, l’association Sereni, avec ses avocats à ses côtés, a mené un travail de documentation préalable basé sur le recueil, l’organisation, puis le dépôt auprès des tribunaux de milliers de pages de documents, une démarche essentielle dans les décisions de justice qui ont jalonné cette campagne.
Une victoire qui fera bouger les lignes
Un cap décisif de la bataille juridique a été franchi le 10 avril 2025, lorsque la Cour suprême de cassation italienne élargit la définition juridique du crime « d’épidémie coupable » en y incluant « l’omission, la négligence, l’inaction et le silence en contexte d’obligation d’informer ».
Cet arrêt pourrait permettre la réouverture des procédures pénales précédemment classées sans suite contre des hauts représentants des institutions politiques et sanitaires à l’époque des faits. Il pourrait aussi inspirer des changements de législations dans d’autres pays.
Cet évènement suscite d’autant plus d’espoir qu’il résonne avec deux autres succès à des étapes préalables. En 2024, la Cour européenne des Droits de l’homme (CEDH) accepte d’instruire le dossier présenté par Sereni, qui révèle des violations des droits humains dans la gestion de la pandémie, fait rare puisque seulement 5 % des plaintes soumises à cette cour sont acceptées. L’association attend les suites.
Puis le 24 mars 2026, les familles au sein de l’association sont reconnues victimes par le tribunal pénal de Rome. Lors de cette audition préliminaire impliquant des fonctionnaires du ministère de la Santé, il est formellement établi que le plan pandémique national qui aurait dû être mis à jour « ne l’a pas été, en partie par manque de moyens ». Une brèche est alors ouverte dans le mur d’omerta et l’immunité qui protège les autorités depuis six ans, à propos des défaillances dans la gestion de la crise.
Ces trois évènements montrent que l’association a obtenu des succès significatifs grâce à quatre éléments principaux : l’expertise de juristes engagés et eux-mêmes concernés par le décès de proches, un travail considérable de documentation pour la préparation des dossiers juridiques, une persévérance qui a permis de dépasser la temporalité des institutions, et le soutien de centaines de familles.
Une scène en témoigne :
Le 24 mars 2026, dans l’immense salle du Tribunal pénal de Rome, remplie d’éléments des forces de l’ordre, une centaine de membres de Sereni avaient fait le déplacement de plus de 600 kilomètres pour se tenir aux côtés de leurs avocats pendant l’audition. Un mur de solidarité et de soutien, une présence émotionnelle très forte, pour que la voix des citoyens soit entendue et ait un poids quand il s’agit de la santé de tous.
En Italie et ailleurs, la persévérance de Sereni ancre le pouvoir des associations face aux autorités
Dans un contexte national hostile dans lequel ni la politique, ni les responsables sanitaires chargés de la gestion de la crise n’ont été en mesure d’éclairer les raisons du désastre, cette association a trouvé dans la justice un moyen pour faire avancer ses revendications, celles des familles de victimes.
Les enjeux ne concernent pas seulement les familles éprouvées. Pour les populations, en Italie et ailleurs, la persévérance associative exemplaire de Sereni permet d’ancrer davantage le pouvoir des associations face aux autorités et ouvre la voie vers une forme de démocratie sanitaire. Le suivi des procédures initiées il y a six ans nécessitera encore quelques mois ou années de documentation anthropologique.
Aujourd’hui, l’enquête ethnographique auprès des familles des défunts et membres de l’association montre que son action militante a permis de redonner un sens aux épreuves qu’ils ont vécues, en surmontant des situations de deuils qualifiés de traumatiques, impossibles, ou absents, pour des morts ressenties comme injustes.
Encore des étapes à franchir et un final à écrire
La mobilisation citoyenne a aussi permis de requalifier la notion « d’épidémie coupable » avec une extension majeure de son champ d’application. Ainsi, « l’omission, la négligence, l’inaction et le silence en contexte d’obligation d’informer » deviennent passibles en Italie de peines de prison.
Au regard des positions des institutions de santé globale, le périmètre de cette requalification juridique mériterait d’être encore élargi pour y inclure la « préparation » aux épidémies, voire la « participation communautaire » à l’élaboration des stratégies.
Cette notion juridique aura-t-elle des effets incitatifs ? L’appel est lancé pour d’autres enquêtes afin de préciser si cette singularité italienne qu’est le « crime d’épidémie coupable par omission, négligence, inaction » permet désormais aux populations d’avoir un pouvoir concret face à l’État dans la définition et la mise en œuvre des politiques sanitaires.
La reconnaissance de cette notion dans d’autres pays pourrait aider à mettre les États devant leurs responsabilités à propos de la préparation de leur système de soin, un élément essentiel pour obtenir la confiance des populations et une réponse efficace aux épidémies.
Le projet COMESCOV pour « Confinement et mesures sanitaires visant à limiter la transmission du covid-19 : Expériences sociales en temps de pandémie en France, en Italie et aux USA » (ANR-20-COVI-0083-01) est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.
Chiara Alfieri est membre de Associazione famigliari delle vittime del covid-19 Sereni e sempre uniti. Elle a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche pour le projet COMESCOV (« Confinement et mesures sanitaires visant à limiter la transmission du covid 19 : Expériences sociales en temps de pandémie en France, en Italie et aux USA », ANR-20-COVI-0083-01).
Marc Egrot a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour le projet COMESCOV (« Confinement et mesures sanitaires visant à limiter la transmission du covid 19 : Expériences sociales en temps de pandémie en France, en Italie et aux USA », ANR-20-COVI-0083-01).
Alice Desclaux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Les erreurs d’analyse de Tel-Aviv et de Washington sont patentes. Fin février dernier, Israël et les États-Unis pensaient pouvoir rapidement venir à bout de la République islamique d’Iran. Le gouvernement Nétanyahou a cru que cette perspective lui offrait une occasion rêvée d’en finir avec le Hezbollah libanais, déjà affaibli après les affrontements de 2024. Quatre mois plus tard, le régime iranien est toujours là, de même que l’organisation paramilitaire du Sud-Liban, et Donald Trump semble de plus en plus désireux de se dégager au plus vite de ce bourbier, au point d’exercer des pressions sans précédent sur son allié privilégié.
Après la guerre des soixante-six jours de 2024 au sud du Liban – durant laquelle Tel-Aviv a accumulé des succès tactiques et infligé des revers notables à l’« Axe de la résistance » –, s’est ancrée chez bon nombre d’observateurs et d’analystes la conviction qu’Israël était devenu la puissance hégémonique au Moyen-Orient. Une conviction encore renforcée par le fait que cette guerre a été suivie de l’effondrement du régime Assad en Syrie en décembre de la même année, ce qu’Israël a présenté comme la conséquence des coups de boutoir qu’il avait assénés aux alliés de Damas.
Cette vision des choses reste répandue aujourd’hui. Pourtant, dernièrement, le terrain libanais a révélé les limites de la puissance israélienne. La reprise des hostilités par Israël en mars 2026 n’a pas abouti à l’écrasement du Hezbollah qu’avait promis Benyamin Nétanyahou. Au contraire, la détermination du mouvement chiite libanais ne faiblit pas. Pour Tel-Aviv, les combats terrestres sont de plus en plus coûteux, tant sur le plan humain que matériel.
Dans le même temps, la relation entre Israël et les États-Unis est parcourue de tensions dans un contexte marqué par la signature, le 17 juin dernier, du protocole d’accord visant à mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient : l’Iran exige dans ce cadre que les opérations militaires israéliennes au Liban prennent fin et qu’un agenda temporel pour un retrait israélien total du Sud-Liban soit élaboré.
L’agacement de la Maison-Blanche
Donald Trump, qui était toujours apparu comme un soutien systématique de Benyamin Nétanyahou, a récemment changé de ton, affirmant qu’« Israël se bat contre le Hezbollah depuis trop longtemps » et que « trop de gens ont été tués », avant d’ajouter : « Si Israël ne peut pas faire le boulot sans tuer tout le monde, le [président syrien] s’en occupera » – suggestion qu’Ahmed Al-Charaa s’est d’ailleurs empressé d’écarter.
Israël semble désormais dans l’impasse. Amos Harel, correspondant militaire du journal Haaretz estime à cet égard :
« Du point de vue d’Israël, c’est probablement le pire des scénarios : un bilan humain qui ne cesse de s’alourdir ; une réalité régionale dangereuse dans laquelle des accords problématiques lui sont imposés sur plusieurs fronts ; une crise politique interne ; et peut-être le problème le plus grave à long terme : une fracture grandissante avec l’administration américaine, pourtant amie. »
Israël qui, il y a quelques mois encore, ambitionnait d’imposer un nouveau rapport de force régional, de la Syrie à l’Iran en passant par le Liban, fondé sur sa suprématie militaire et le soutien inconditionnel de Washington, se retrouve en difficulté et peine à obtenir des résultats tangibles et pérennes sur le terrain libanais. L’explication tient avant tout au fait que Tel-Aviv a sous-estimé aussi bien la résilience du régime iranien que celle du Hezbollah.
Les paris perdus de l’offensive contre Téhéran
Lorsque le 28 février dernier, les États-Unis et Israël ont lancé leur offensive surprise contre l’Iran et éliminé plusieurs hauts responsables du régime, l’idée selon laquelle la République islamique se trouvait au bord de l’effondrement irriguait les déclarations et les analyses. Benyamin Nétanyahou avait alors réussi à convaincre Donald Trump que le moment était opportun en lui tenant le discours suivant :
« L’économie iranienne est en ruine. Le peuple est au bord de la révolte. Les gardiens de la révolution perdent le contrôle. »
Dès lors, l’ampleur de la démonstration de force devait contraindre l’Iran à capituler ou, au moins, à créer un contexte favorable à une dynamique interne de changement de régime. Comme le note l’universitaire américain Alfred McCoy, Washington a refusé d’effectuer un débarquement qui aurait provoqué de nombreuses pertes humaines au sein de son armée et a tenté de mobiliser les minorités ethniques iraniennes, qui représentent environ 40 % de la population du pays, le Pentagone étant « conscient que les forces terrestres américaines se heurteraient à une résistance redoutable : la milice bassidj, forte d’un million d’hommes, les 150 000 gardiens de la révolution (spécialisés dans la guérilla asymétrique) et les 350 000 soldats de l’armée régulière iranienne ».
Le plan consistant à s’appuyer sur des groupes armés kurdes pour déstabiliser le régime iranien s’est révélé hasardeux, Donald Trump ayant ouvertement accusé les combattants kurdes irakiens d’avoir conservé les armes envoyées par son administration au lieu de les utiliser pour s’attaquer à l’Iran.
L’offensive américano-israélienne, qui tablait sur la faiblesse du régime de Téhéran et sur un soulèvement de la population iranienne, n’a pas eu l’effet escompté. Au contraire : l’Iran a non seulement répondu par des frappes de missiles balistiques visant Israël, des bases américaines dans la région ainsi que plusieurs alliés de Washington, mais a aussi fait de la fermeture du détroit d’Ormuz une véritable arme de guerre.
Ces erreurs d’analyse sur l’Iran n’ont pas été sans incidence quant à l’appréhension de la situation libanaise. En effet, Israël semblait persuadé que ses coups d’éclat de l’année 2024 – explosion simultanée de bipeurs et de talkies-walkies de nombreux membres du Hezbollah ; assassinat du secrétaire général du parti Hassan Nasrallah ; désorganisation de la structure de commandement par l’élimination de plusieurs hauts responsables et la destruction d’une grande partie de son arsenal – avaient obéré les capacités de nuisance de l’organisation.
Dans un contexte où la République islamique d’Iran, parrain historique du Hezbollah, semblait sur le point de chuter, les Israéliens ont cru, début mars, que le moment était idéal pour neutraliser définitivement le mouvement chiite libanais.
Ces pronostics ont été déjoués. Le Hezbollah avait réorganisé et reconstruit son commandement en remplaçant sa structure pyramidale par une structure décentralisée, composée de petites unités ayant une connaissance limitée des opérations de leurs pairs afin de préserver le secret opérationnel. Tous les responsables identifiés par le Mossad dans le cadre de l’implication du Hezbollah dans la guerre en Syrie ont été remplacés.
Par ailleurs, l’organisation paramilitaire a démontré qu’elle disposait encore non seulement de combattants, mais aussi d’armements : les frappes d’artillerie, l’utilisation de missiles sophistiqués ou de drones à fibres optiques difficiles à intercepter ont illustré sa capacité de résistance et de nuisance.
Depuis le 25 mai dernier, alors que Washington et Téhéran discutaient des termes d’un accord, Israël a élargi son offensive militaire contre le Hezbollah, et cherche à avancer au-delà de la « ligne jaune » (de défense avancée). Une stratégie qui semble dénuée de cap clair. Dans l’article déjà cité, Amos Harel constate que « beaucoup au sein de l’état-major général savent que les combats actuels n’ont aucun objectif stratégique utile ». « Dans cette guerre asymétrique, Israël ne peut pas éradiquer une force combattante qui est encore importante et bien armée », considère de son côté l’ancien diplomate français Denis Bauchard.
La situation est d’autant plus problématique que toute perspective d’accord final entre Washington et Téhéran reste conditionnée par l’exigence iranienne d’un arrêt de la guerre au Liban et d’un retrait israélien du sud du pays – exigence à laquelle le gouvernement israélien oppose une fin de non-recevoir, le ministre de la défense étant allé jusqu’à déclarer que l’armée israélienne resterait au Sud-Liban même si les États-Unis lui enjoignaient de s’en retirer.
Pour favoriser une désescalade, les États-Unis cherchent également à faire pression sur la partie libanaise. Ainsi, le gouvernement libanais a cédé aux injonctions américaines et signé un accord-cadre avec Israël qui, s’il venait à être appliqué, transformerait l’armée libanaise en force supplétive de l’armée israélienne. En effet, les termes de cet accord ne mentionnent jamais « le retrait » israélien, mais évoquent un « redéploiement » avec la création, à la lisière de la ligne jaune, de zones pilotes qui seraient confiées à l’armée libanaise et qui pourraient s’étendre à d’autres parties de la zone occupée par Israël ; si toutefois l’institution militaire libanaise venait à se montrer coopérative.
Cet accord suscite une opposition assez large au Liban : il est dénoncé par le Hezbollah et par le mouvement Amal (le plus grand parti chiite au Parlement), et vivement critiqué par Walid Joumblatt, leader politique de la communauté druze. Cette position a été suivie par le Courant patriotique libre, parti représentatif d’une partie du camp chrétien. L’opposition à cet accord transcende donc les clivages intercommunautaires.
Un échec pour Tel-Aviv… et pour Washington
Donald Trump a déjà exercé de fortes pressions sur son allié israélien pour l’empêcher de saboter le processus de négociation avec Téhéran. La tension culmine actuellement dans la relation bilatérale, sachant qu’un accord final avec l’Iran apparaît comme un développement indispensable pour le président américain : une fermeture prolongée du détroit d’Ormuz aurait des effets désastreux sur l’économie de son pays et, donc, sur les chances de son parti aux élections de mi-mandat de novembre prochain.
Aux États-Unis, de nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui pour critiquer le mémorandum d’entente avec l’Iran. Robert Malley, principal négociateur de l’accord nucléaire iranien de 2015 puis émissaire spécial pour l’Iran sous Joe Biden, juge que Trump a accepté des conditions pires que celles qu’il aurait pu obtenir par la voie diplomatique. Son constat est sans appel :
« Aujourd’hui, les faucons qui avaient été exaltés par l’opération “Epic Fury” sont furieux contre M. Trump pour avoir mis fin au conflit. Les colombes ne lui pardonneront pas de l’avoir déclenché. Tout le monde est perdant, et personne n’est satisfait. »
Lina Kennouche ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
*« Je vais passer une semaine à Rome en amoureux, trouve-moi 5 hôtels romantiques en centre-ville. » Faites-vous confiance aux IA Génératives pour vous aider à organiser vos vacances ? Une nouvelle étude montre les points de résistance à l’utilisation de ces nouvelles technologies. *
Les outils d’intelligence artificielle Générative (IAG) comme ChatGPT peuvent être considérés comme des compagnons de voyage et aident désormais les voyageurs à concevoir leurs itinéraires, à rechercher des destinations, à réserver des prestations touristiques et à résoudre leurs problèmes en temps réel.
Pourtant, malgré l’engouement, un nombre important de voyageurs reste profondément hésitants à les utiliser. Concrètement, une récente enquête de Longwoods International a révélé que seulement 33 % des voyageurs américains étaient disposés à utiliser ChatGPT pour planifier leurs voyages. Des hésitations similaires ont été constatées sur d’autres marchés comme la Corée du Sud, notamment là où la confiance numérique, les attentes culturelles et les pratiques de planification divergent des normes occidentales.
Alors que les défenseurs de la technologie se concentrent sur « l’adoption », notre étude récente explore l’envers du décor : pourquoi tant d’entre nous résistent-ils aux conseils de voyage générés par l’IA ? Cette étude utilise une approche qualitative pour explorer comment les voyageurs résistent aux conseils de voyage générés par l’IA. Elle permet de montrer comment les gens appréhendent, jugent et réagissent aux outils d’IA dans leurs contextes sociaux et culturels.
Une nouvelle étude menée en Iran
Elle a été menée en Iran, un pays en développement dont le tourisme représente une source de revenu important. Un échantillonnage raisonné (une méthode de sélection des participants dans laquelle le chercheur choisit délibérément les personnes les plus pertinentes pour répondre à la question de recherche, plutôt que de les sélectionner au hasard) a été utilisé pour recruter des voyageurs ayant effectué au moins quatre voyages internationaux au cours des trois dernières années. Ce critère garantissait que les participants étaient activement impliqués dans la planification de leurs voyages et avaient probablement déjà rencontré des recommandations générées par l’IA.
Les participants ont été recrutés via deux canaux : trois agences de voyages spécialisées dans les voyages à l’étranger permettant d’accéder à des clients réguliers, et des comptes Instagram publics présentant du contenu de voyage généré par les utilisateurs. Pour élargir l’échantillon, l’échantillonnage en boule de neige (une méthode de sélection des participants dans laquelle les premiers participants recrutés recommandent d’autres personnes qui répondent aux critères de l’étude) a également été utilisé.
Le guide d’entretien semi-structuré (une méthode de collecte de données, principalement utilisée dans les recherches qualitatives, où le chercheur suit un guide d’entretien composé de questions préparées à l’avance, tout en restant libre d’adapter l’ordre des questions et d’en poser de nouvelles selon les réponses du participant) a été élaboré à partir d’une analyse des recherches antérieures sur la résistance à la technologie, l’adoption de l’IA et le comportement des consommateurs dans le tourisme et d’autres domaines connexes. La collecte de données s’est poursuivie jusqu’à l’obtention de la saturation théorique (atteinte lorsque les nouvelles données ne permettent plus d’enrichir la théorie ou les catégories d’analyse que le chercheur développe) après 22 entretiens. Ce nombre est conforme aux normes de la recherche qualitative, qui privilégient le sens et la profondeur thématique plutôt que la couverture statistique.
Une résistance complexe
La résistance à l’utilisation de l’IA pour la planification de voyages n’est pas seulement une question d’être « en retard sur son temps ». Il s’agit plutôt d’une réaction complexe façonnée par des frustrations pratiques, des valeurs culturelles et même notre sentiment d’identité.
Plus qu’un simple problème technique, pour beaucoup, la résistance commence par des barrières fonctionnelles. Bien que l’IA puisse agréger des données rapidement, elle échoue souvent au « dernier kilomètre » de la planification de voyage.
On note différentes barrières :
La barrière d’usage : Les utilisateurs trouvent souvent les interfaces d’IA encombrantes ou déconnectées. Par exemple, si ChatGPT peut suggérer un vol, il ne peut pas le réserver, forçant les utilisateurs à basculer entre plusieurs plates-formes.
La barrière de valeur : De nombreux voyageurs trouvent les suggestions de l’IA redondantes ou se limitant à des listes génériques de type « top 10 » qui n’offrent pas plus de valeur qu’une simple recherche Google.
La barrière de risque : L’obstacle le plus important est sans doute celui des « hallucinations de l’IA » – où les systèmes fournissent avec assurance de fausses informations, comme fournir des informations imprécises sur les sites de visite ou suggérer des hôtels inexistants ou des règles de visa obsolètes. Un participant a partagé : « … Je l’ai testé en demandant les sites classés par l’Unesco à proximité, et il s’est trompé… Il a donné plusieurs mauvaises réponses, alors que ce sont des informations de base qu’on trouve facilement en ligne… S’il n’arrive pas à trouver ça, comment puis-je faire confiance à tout le reste qu’il suggère ? » Un autre participant a expliqué : « … Ses informations ne sont pas à jour, donc je ne m’y fie pas pour des informations importantes concernant les voyages, comme les règles relatives aux frontières ou aux visas. Ces règles changent souvent, et une erreur à ce sujet peut gâcher un voyage ». Dans le monde à enjeux élevés des voyages internationaux, ces erreurs pourraient transformer des vacances de rêve en cauchemar.
La menace pour notre identité de voyageur
Au-delà des défauts techniques, il existe des barrières psychologiques plus profondes. Pour beaucoup, planifier un voyage n’est pas seulement une corvée à automatiser ; c’est un rituel précieux et une source de fierté personnelle. Certains voyageurs voient l’IA comme une menace pour leur autonomie. Utiliser une machine pour planifier un voyage donne l’impression de « déléguer » un processus créatif, rendant le voyage final moins personnel.
De plus, la tradition joue un rôle majeur. Dans la culture iranienne, les conseils de voyage reposent sur une confiance relationnelle – demander à un proche qui y est « réellement allé ». L’IA, en revanche, semble froide et impersonnelle, manquant de l’authenticité émotionnelle d’une recommandation humaine.
Notre recherche identifie finalement trois types distincts de « résistants » :
Les opposants : ils considèrent la planification de voyage comme un acte personnel et relationnel et voient l’IA comme une menace pour leur autonomie.
Les temporisateurs : ce groupe n’est pas « anti-IA » mais attend que la technologie fasse ses preuves et nécessite des témoignages de réussite avant de s’engager.
Les leaders d’opinion : les résistants les plus actifs. Ils s’engagent de manière critique avec l’IA et expriment souvent leur opposition, considérant ces outils comme des systèmes « biaisés par l’Occident » ou culturellement déphasés qui ne comprennent pas les réalités locales.
Les développeurs devraient se concentrer sur des modèles hybrides qui soutiennent, plutôt que de supplanter, l’agence humaine. Le voyage est une expérience profondément humaine, ancrée dans l’interaction sociale. Tant que l’IA ne respectera pas ces nuances culturelles et émotionnelles, beaucoup préféreront encore discuter avec un ami plutôt que de rédiger une commande pour un robot.
Tan VO-THANH ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Gonflage du ballon manœuvrant BALMAN à Kourou en 2024.ESA-CNES-ARIANESPACE, Fourni par l’auteur
Et si les clés de notre climat se trouvaient à plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes ? La stratosphère, parfois considérée comme une simple couche de l’atmosphère, a un impact décisif sur nos vies : elle nous protège des rayonnements ultraviolets, elle peut déclencher de grandes vagues de froid polaire et même bouleverser les saisons lorsqu’elle se charge d’aérosols. Il s’agit d’un véritable laboratoire naturel pour les chercheurs. Comprendre son fonctionnement, c’est mieux comprendre les mécanismes qui façonnent notre climat.
Pour percer les secrets de la stratosphère, les scientifiques disposeront bientôt d’un nouvel outil : le ballon manœuvrant. Véritable voilier des hautes couches de l’atmosphère, cet engin permet d’explorer cette région fascinante de manière inédite.
La stratosphère s’étend entre 18 et 50 kilomètres d’altitude. Située au-dessus de la troposphère, où se déroule l’essentiel de la météorologie, elle occupe une région singulière de l’atmosphère terrestre. À ces altitudes, l’air est trop raréfié pour permettre aux avions conventionnels de voler, mais demeure trop dense pour qu’un satellite puisse s’y maintenir en orbite. La stratosphère constitue ainsi une zone intermédiaire, longtemps restée difficile d’accès.
Cette inaccessibilité n’en fait pas moins un territoire d’un grand intérêt scientifique et stratégique. Les chercheurs y réalisent des mesures directes afin de mieux comprendre, par exemple, le climat. Dans le même temps, la très haute altitude suscite l’intérêt des acteurs de la défense, qui y voient un domaine propice au déploiement de plates-formes capables d’effectuer des missions de surveillance ou de communication tout en restant difficiles à détecter et à intercepter.
Principe de la navigation des ballons manoeuvrants : en changeant d’altitude, il suivent différentes couches de vent. Cnes, Fourni par l’auteur
Une technologie aussi simple qu’ingénieuse permet pourtant d’accéder à la stratosphère : le ballon. Popularisé dès le XIXe siècle par les récits de Jules Verne, ce moyen de transport aérien n’a cessé d’évoluer. Ainsi, les ballons modernes se distinguent désormais par leurs capacités de manœuvre : en modifiant leur altitude, ils exploitent les différentes couches de vent pour se déplacer et suivre des trajectoires choisies. Une élégante façon de naviguer dans les hautes couches de l’atmosphère, à la manière d’un voilier porté par les courants marins.
Léger comme un ballon
Parmi les différents engins capables de s’élever dans l’atmosphère — avions, hélicoptères ou fusées — les ballons occupent une place à part. Contrairement aux autres aéronefs, ils ne s’appuient ni sur la portance des ailes ni sur la poussée d’un moteur : ils utilisent la poussée d’Archimède pour se maintenir en altitude. Pour cela, leur enveloppe contient un gaz plus léger que l’air, généralement de l’hélium ou de l’hydrogène.
À mesure que l’on s’élève, l’air devient de moins en moins dense. Ainsi, à 18 kilomètres d’altitude, sa densité est divisée par dix par rapport à celle observée au niveau du sol. Cette diminution modifie directement la force d’Archimède, puisque celle-ci dépend de la masse d’air déplacée.
En ajustant soigneusement la quantité de gaz embarquée, le volume de l’enveloppe et la masse de la charge utile, il est possible d’atteindre une altitude d’équilibre dans la stratosphère. Le ballon peut alors demeurer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à une altitude quasi constante.
Dans cette situation, deux forces s’équilibrent parfaitement : la poussée d’Archimède, dirigée vers le haut, et le poids du ballon, dû à la gravité terrestre, dirigé vers le bas. Le ballon « flotte » alors dans l’atmosphère, comme un navire à la surface de l’océan.
Histoire des ballons stratosphériques
Les ballons stratosphériques modernes sont fabriqués à partir de films de polyéthylène, un matériau léger, résistant et peu coûteux. Leur développement a véritablement pris son essor dans les années 1950, à mesure que la production industrielle de ces films plastiques se généralisait. Cette innovation a permis la réalisation de ballons de très grande taille, capables d’atteindre les hautes couches de l’atmosphère.
Dès 1960, les ballons stratosphériques suscitent l’intérêt des agences spatiales naissantes. En effet, ils offrent une plate-forme idéale pour tester de nouvelles technologies et préparer les futures missions satellitaires. Plus simples à mettre en œuvre et beaucoup moins coûteux qu’un lancement orbital, ils permettent de valider des instruments dans un environnement proche de celui de l’espace.
Ainsi, dès sa création en 1961, le Centre National d’Études Spatiales développe des programmes de ballons stratosphériques destinés à la recherche scientifique et à la préparation des technologies spatiales. Au fil des décennies, les progrès de l’électronique, des télécommunications et de l’informatique embarquée ont considérablement renforcé les capacités de ces plates-formes.
Préparation d’un lâcher de ballon en 1965. CNES/JOUBERT Luc, Fourni par l’auteur
Les ballons stratosphériques ont ainsi contribué à l’étude de plusieurs enjeux scientifiques majeurs. Dans les années 1980 et 1990, ils ont participé à la compréhension de l’appauvrissement de la couche d’ozone au-dessus des régions polaires. Plus récemment, ils sont devenus des outils précieux pour l’observation du climat. Aujourd’hui, ils continuent de fournir des mesures uniques, indispensables à la compréhension de notre atmosphère et de son évolution.
Les ballons présentent également un atout remarquable : leur grande capacité à changer d’échelle. Il est possible de concevoir aussi bien des ballons d’une vingtaine de mètres de diamètre que des géants dépassant les 100 mètres. Les plus grands peuvent emporter près d’une tonne d’instruments scientifiques jusqu’à 40 kilomètres d’altitude.
Cette flexibilité est une des raisons du succès des ballons. Toutefois, ils sont confrontés à une limitation fondamentale. Contrairement à un avion ou à un satellite, un ballon ne dispose pas de moyen de propulsion lui permettant de modifier sa trajectoire. Une fois en vol, il est entraîné par les courants atmosphériques et dérive au gré des vents, ce qui limite fortement sa capacité à rejoindre ou à maintenir une position donnée.
Un voyage en ballon
Pour dépasser les limites des ballons traditionnels, les ingénieurs du Centre National d’Études Spatiales (CNES) développent une nouvelle génération d’aéronefs stratosphériques : les ballons manœuvrants. Leur particularité réside dans leur capacité à modifier leur altitude en cours de vol. À l’image d’un voilier qui ajuste sa route en recherchant les vents les plus favorables, ces ballons exploitent les différentes couches de l’atmosphère pour se déplacer vers une destination choisie.
Cette capacité repose sur une architecture originale à double enveloppe. Le gaz porteur, généralement de l’hélium, est contenu dans une enveloppe interne. Autour de celle-ci se trouve une seconde enveloppe dans laquelle il est possible d’ajouter ou de retirer de l’air grâce à un dispositif spécialement conçu pour les conditions stratosphériques. En augmentant la quantité d’air embarquée, le ballon devient plus lourd et descend. À l’inverse, lorsque cet air est évacué, il retrouve de la flottabilité et remonte.
Le principe de la double enveloppe pour changer d’altitude en réglant la quantité d’air contenue dans l’enveloppe : l’ajout d’air, plus lourd que l’hélium, provoque la descente du ballon. Cnes, Fourni par l’auteur
Le pilotage s’appuie ensuite sur les vents présents à différentes altitudes. Les ballons manœuvrants évoluent notamment autour de 20 kilomètres d’altitude, à la limite inférieure de la stratosphère, où les courants atmosphériques peuvent présenter des directions très différentes selon la hauteur. En choisissant soigneusement l’altitude la plus favorable, il devient possible d’orienter progressivement la trajectoire du ballon et de le guider vers sa zone d’observation.
Cette approche transforme le ballon en un véritable « voilier de la stratosphère », capable de parcourir de longues distances en utilisant uniquement l’énergie des vents, sans moteur ni consommation importante d’énergie.
Le concept de ballon manœuvrant n’est pas entièrement nouveau. Il a été développé à grande échelle au cours des années 2010 par l’entreprise américaine Google dans le cadre de son projet « Loon ». L’objectif était ambitieux : déployer une flotte de ballons stratosphériques capables d’apporter un accès à Internet dans les régions les plus isolées du globe, à l’image des constellations de satellites de télécommunication qui se développent aujourd’hui. Bien que le projet ait été arrêté en 2021 pour des raisons économiques, il a démontré la faisabilité et l’efficacité de la navigation stratosphérique par changement d’altitude.
Cette technologie a depuis trouvé de nouveaux débouchés. Aux États-Unis, l’entreprise Aerostar exploite des ballons manœuvrants capables de séjourner durablement dans la stratosphère. Ces plates-formes sont utilisées aussi bien pour des missions scientifiques que pour des applications liées à la surveillance et à la défense.
Consciente du potentiel stratégique et scientifique de ces véhicules, la France a engagé ses propres développements dans ce domaine. Depuis 2021, le Centre National d’Études Spatiales (CNES) travaille à l’adaptation et à la maîtrise de cette technologie en partenariat avec HEMERIA, acteur historique français du ballon stratosphérique.
L’objectif est de doter la France et l’Europe d’une capacité autonome de présence prolongée dans la stratosphère, au service de la recherche, de l’observation de l’environnement et des futures applications opérationnelles.
Des premiers tests de lâchers aux premiers tests en conditions réelles
Après plusieurs années de développement, le moment est venu de confronter notre ballon manœuvrant (BALMAN) à la réalité du terrain. Au printemps 2024, sur le site du CNES d’Aire-sur-l’Adour, dans les Landes, les équipes ont réalisé les premiers essais de lâcher de ce nouvel aéronef stratosphérique. Les opérations ont été menées à l’aube, quand les conditions météorologiques sont généralement plus calmes, limitant les rafales de vent susceptibles de compliquer les délicates opérations de décollage.
Entraînement au lâcher à Aire-sur-l’Adour, dans les Landes, à l’aube. Cnes, Fourni par l’auteur
Mais réussir un lâcher de ballon ne constitue que la première étape. Pour valider pleinement le concept, il est indispensable de tester le véhicule dans son environnement opérationnel : la stratosphère. Ces essais doivent être réalisés en tenant compte de nombreuses contraintes, notamment l’insertion du ballon dans l’espace aérien et la maîtrise des risques liés au survol des populations. En effet, même si les vols sont soigneusement préparés, la retombée d’un équipement depuis plusieurs dizaines de kilomètres d’altitude nécessite des mesures de sécurité particulièrement rigoureuses.
Pour conduire ces essais dans les meilleures conditions, le CNES bénéficie d’un atout exceptionnel : le Centre spatial guyanais. Situé entre l’océan Atlantique et la forêt amazonienne, ce vaste territoire faiblement peuplé offre un environnement idéal pour les expérimentations aéronautiques et spatiales. C’est depuis cette base, mondialement connue pour les lancements d’Ariane 6, que les premiers vols du ballon manœuvrant ont été réalisés.
Ces campagnes d’essais ont permis de franchir plusieurs étapes majeures. Lors du premier vol, le ballon a démontré sa capacité à décoller, rejoindre la stratosphère puis revenir au sol en toute sécurité. Le second vol a marqué une avancée supplémentaire avec la première utilisation en conditions réelles du système de gestion d’air permettant de modifier l’altitude du ballon — une étape essentielle pour transformer ce simple ballon stratosphérique en véritable voilier capable de naviguer dans les vents de la haute atmosphère.
Le futur du BALMAN, le ballon manœuvrant
L’aventure BALMAN ne fait que commencer. Après les premiers vols d’essai, le programme poursuit sa qualification technologique. L’objectif est désormais d’accumuler de l’expérience en vol et d’enrichir progressivement le véhicule avec de nouvelles fonctionnalités. Parmi les prochaines évolutions figure notamment l’intégration d’un système de parachute, dont les premiers essais sont prévus à l’hiver 2026.
À mesure que sa maturité technologique augmentera, BALMAN ouvrira la voie à de nouvelles applications scientifiques. L’une des premières pourrait être sa contribution à la succession du projet STRATEOLE 2, une future flotte de ballons longue durée développée conjointement par le CNES et le CNRS à l’horizon 2030. Grâce à leur capacité à séjourner plusieurs mois dans la stratosphère, ces ballons constitueront un outil unique pour observer et mieux comprendre les échanges entre les différentes couches de l’atmosphère.
L’étude du climat et de l’atmosphère repose aujourd’hui sur la complémentarité de plusieurs moyens d’observation. Les satellites offrent une vision globale de notre planète, tandis que les mesures réalisées directement dans l’atmosphère permettent d’analyser avec précision les phénomènes locaux et les mécanismes physiques à l’œuvre. En apportant sa capacité de manœuvre à ces futures missions, BALMAN permettra d’orienter les observations vers les zones les plus intéressantes et d’optimiser le déploiement des instruments scientifiques.
À plusieurs dizaines de kilomètres au-dessus de nos têtes, une nouvelle génération de ballons est ainsi en train d’émerger. Capables de naviguer dans les vents de la stratosphère comme des voiliers sur l’océan, ils pourraient bientôt devenir des outils essentiels pour mieux comprendre notre atmosphère et les changements qui l’affectent.
Francois VACHER ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son poste au CNES.
Laurent Tessariol ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
