Actividades veraniegas para niños y adolescentes al alcance de todos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Silvia López Larrosa, Profesora del departamento de Psicología, Universidade da Coruña

El verano se extiende ante nosotros. Dos meses de vacaciones escolares y la pregunta: ¿qué haremos en este tiempo? Si hay niños y adolescentes en casa, a menudo la pregunta incluye cierta angustia adulta, pues convivir con los más pequeños cuando nosotros estamos ocupados y ellos ociosos puede convertirse en un reto.

Pero las largas vacaciones infantiles del verano ofrecen grandes oportunidades para hacer todas las cosas que no dan tiempo durante el curso, muchas de ellas sin necesidad de moverse del lugar donde vivimos, pagar campamentos caros o hacer largos viajes.

Encontrar y cultivar nuevos intereses

Una posibilidad es aprender algo nuevo, siempre dependiendo de los intereses de cada persona, de las circunstancias familiares y de las opciones que se ofrezcan en el lugar en que nos encontremos.

Puede ser desde tareas tan asequibles como mantener un diario o ejercitar la imaginación escribiendo historias cotidianas o inventadas, hasta recuperar el arte analógico de hacer fotos, pasando por sencillamente visitar museos.




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El verano es el tiempo perfecto para despertar y cultivar la pasión por la lectura. Aprender rimas, en el caso de los más pequeños, escuchar audiolibros en los viajes en coche, leer en voz alta un rato cada día, intercambiar libros y comentarlos entre los miembros de la familia… todas estas son maneras de ayudar a cimentar un hábito lector, algo con un innegable impacto positivo en el cerebro, el vocabulario, la imaginación o la reducción del estrés, además de que contribuirá a un mejor rendimiento académico cuando comience el nuevo curso.

Redescubrir la naturaleza

Los estudios señalan que el contacto con la naturaleza reporta beneficios para la salud física y mental y mejora el bienestar a cualquier edad. El verano parece una época propicia para reencontrarse con la naturaleza y disfrutar de ella y de la familia.

En la naturaleza podemos realizar actividades físicas como deportes acuáticos, tanto en el mar como en ríos o embalses: nos obligan a aprender técnicas y movimientos para evitar lesiones o accidentes, y son un ejercicio perfecto para el calor. Y en el medio terrestre se puede caminar, correr, montar a caballo o andar en bicicleta.




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Atención y ejercicio con plantas y animales

En nuestros paseos por parques, zonas verdes o bosques podemos ver pájaros, flores, árboles, huellas de animales. Si estos paseos se hacen con personas que nos ayuden a leer en la naturaleza y a escucharla, una simple salida al campo puede convertirse en una gran aprendizaje, que nos reporta serenidad y mejora la atención.

Si esta salida se realiza con animales como los caballos, mejoramos nuestro equilibrio, ejercitamos músculos y nos vinculamos con otro ser, al que podemos ensillar, desensillar, bañar o cepillar.

Desarrollar la psicomotricidad fina

En verano, no solo podemos reconectar con la naturaleza, sino que es posible equilibrar la actividad física con otras alternativas de motricidad fina como aprender a coser, dibujar o colorear, hacer manualidades con barro, plastilina, arcilla, hacer cestos, tejer, o usar abalorios para hacer adornos.

Algunas de estas actividades suponen emplear nuevos materiales, pero para otras se usan elementos que nos han acompañado desde hace mucho como el barro, los hilos o el mimbre. Por ello, son una oportunidad para descubrir técnicas antiguas de bordado, cestería o alfarería, y para hablar con nuestros mayores y con los artesanos que mantienen estas tradiciones, que a veces se encuentran precisamente en los lugares donde veraneamos, en pueblos con una tradición, historias y unas costumbres que podemos aprender.

Idiomas veraniegos

En algunos de estos lugares, también es posible adentrarse en su lengua. De hecho, uno de los propósitos del verano suele ser mejorar en un segundo idioma. Viajar permite usar dicha lengua y descubrir formas de vida y costumbres más o menos diferentes.

Para los que prefieran quedarse pero quieran familiarizar el oído a otro idioma, se pueden sintonizar canales de televisión, ver películas, o aprender letras de canciones en otra lengua. Podemos incluso perfeccionar la propia a través, por ejemplo, de clases de oratoria.

Aprender o practicar un instrumento

Un idioma universal es el de la música, que activa nuestro cerebro, produce beneficios atencionales e influye en nuestro estado de ánimo. Los niños más pequeños pueden experimentar creando instrumentos caseros, con elementos como cucharas y vasos, un recipiente con legumbres o una tapa.

Podemos conocer un instrumento para ver si es el que nos gustaría tocar (escuchando, viendo vídeos o localizando a personas que lo toquen) o perfeccionar nuestra técnica en caso de que ya sepamos, adentrarnos en la música de épocas diferentes o en el folclore local, aprender o crear canciones, movernos al ritmo de acordes nuevos e incluso, por qué no, inventar una coreografía.

Tiempo para cocinar y comer mejor

En verano, aunque los adultos estén trabajando, los niños y adolescentes de la casa disponen de más tiempo para disfrutar comprando lo que se va a cocinar, incluso de cultivar a pequeña escala. Aprender a cocinar, a reconocer los alimentos y de dónde proceden son sin duda conocimientos valiosos para adultos y niños que impactan en su salud, autonomía, planificación y organización.

Desaprender también es importante

Como hemos visto, el verano puede ser una época muy propicia para aprender, pero también existe la oportunidad de desaprender. Por ejemplo, desaprender una dependencia excesiva de la tecnología y desaprender la tendencia a hacer las actividades cotidianas a toda prisa y sin pararnos a pensar. Prestar atención a lo que hacemos y disfrutar con ello nos ayuda a estar presentes en el momento y desconectar de los estímulos digitales.

Todo el tiempo que dediquemos a estar en la naturaleza en familia, o permitiendo que los niños exploren y aprendan por sí solos, jugando, haciendo deporte, expandiendo su imaginación, cocinando, escuchando a las personas mayores, haciendo manualidades, cantando o tocando un instrumento, siendo conscientes de dónde estamos y lo que hacemos, es tiempo de calidad que le habremos robado a las pantallas. No se trata de prohibirlas o desecharlas, pero sí de aprovechar para reequilibrar su presencia en nuestra vida.

The Conversation

Silvia López Larrosa no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Actividades veraniegas para niños y adolescentes al alcance de todos – https://theconversation.com/actividades-veraniegas-para-ninos-y-adolescentes-al-alcance-de-todos-259150

Sostenibilidad en las universidades: ¿cómo formar a los profesionales que el planeta necesita?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alejandra del Carmen Meza Servín, Associate professor, Universidad de Guadalajara

Gorodenkoff/Shutterstock

Sequías prolongadas, aumento global de las temperaturas, degradación de los suelos y eventos meteorológicos extremos son solo algunos de los escenarios a los que los futuros profesionales se enfrentarán, independientemente de su área de formación. Un ingeniero, un médico, un arquitecto o un economista ya no pueden ejercer su profesión sin considerar cómo sus decisiones impactan, o son impactadas, por la crisis ambiental. Ante esta urgencia, surge una pregunta crítica: ¿están las universidades preparando a los estudiantes para navegar y mitigar estos desafíos?

La educación superior tiene una responsabilidad ineludible en la transición hacia sociedades más sostenibles. La sostenibilidad no debe ser un añadido opcional en los planes de estudio, sino un principio rector que permee todas las disciplinas.

Sin embargo, integrar este enfoque no es tarea sencilla. Requiere una transformación curricular profunda, la capacitación docente y, sobre todo, un cambio de paradigma en cómo entendemos la formación profesional. Algunas instituciones ya han comenzado este camino.

Ejemplos actuales

La Universidad de Guadalajara, por ejemplo, incorporó desde 2019 materias transversales en todas sus carreras. Dos ejemplos son las materias “Cultura de la paz” y “Vida y Entorno Sustentable” que se imparten en todos los programas de pregrado del Centro Universitario de los Altos y que estan vinculadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Estas asignaturas buscan que los estudiantes, ya sea de Derecho o Agroindustria, comprendan la interdependencia entre sus campos y problemáticas como la desigualdad social o el agotamiento de recursos naturales.




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Pero la transversalidad es solo el inicio. Otras universidades, como la Autónoma de Barcelona, han ido más allá, creando programas de posgrado especializados en Sostenibilidad
y promoviendo investigaciones aplicadas en colaboración con sectores públicos y privados.

En América Latina, la Red de Campus Sustentables, que agrupa a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de San Paulo, ha impulsado desde 2015 iniciativas para reducir huellas de carbono en campus y fomentar la participación estudiantil en proyectos ambientales. Estos esfuerzos reflejan un reconocimiento creciente: la sostenibilidad no puede limitarse a un curso aislado, sino que debe ser un eje estructural en la educación.

¿Es suficiente con materias transversales?

Sin embargo, cabe preguntarnos si estas acciones son suficientes. La velocidad del deterioro ambiental sugiere que las medidas incrementales podrían no ser adecuadas. Como advierte el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), los próximos diez años son cruciales para evitar los peores escenarios del calentamiento global.

En este contexto, las materias transversales, aunque valiosas, podrían quedarse cortas si no van acompañadas de metodologías pedagógicas innovadoras. La enseñanza basada en proyectos, el aprendizaje al servicio, los proyectos de intervención en comunidades o la simulación de escenarios reales son herramientas que permiten a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos a problemas concretos.

Por ejemplo, en la Universidad de Chile, alumnos de Ingeniería y Ciencias Sociales colaboran en el diseño de soluciones para comunidades afectadas por la escasez hídrica, integrando saberes técnicos y comunitarios.

¿Cómo evaluar?

Además, la formación en sostenibilidad exige repensar las competencias que se evalúan. No basta con que los estudiantes memoricen conceptos; deben desarrollar pensamiento crítico, resiliencia y capacidad de trabajo interdisciplinario. La educación para la sostenibilidad debe ser “transformadora”, es decir, desafiar las lógicas tradicionales y fomentar una visión sistémica.

Esto implica que los profesores también necesitan formación continua. Como ejemplo podemos mencionar el programa de la Universidad de Costa Rica que certifica a docentes en pedagogías ambientales.

Una práctica cotidiana en las aulas

El análisis no puede eludir una reflexión incómoda: aunque las universidades avanzan, el ritmo es desigual y, en muchos casos, insuficiente. Mientras algunas instituciones lideran cambios estructurales, otras aún consideran la sostenibilidad como un tema marginal. ¿Estamos a tiempo de rectificar el rumbo?




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La respuesta es sí, pero con una condición: la sostenibilidad debe dejar de ser un discurso bienintencionado para convertirse en una práctica cotidiana en las aulas. Esto demanda no solo más contenidos “verdes”, sino también pedagogías que inspiren acción y ética.

Las universidades tienen la oportunidad –y la obligación– de formar profesionales que no solo se adapten al mundo, sino que lo transformen. Este planeta no necesita más graduados que repitan modelos; necesita agentes de cambio capaces de imaginar y construir futuros viables.

Como escribió el filósofo Edgar Morin, la educación debe “enseñar la condición humana” en su relación indisoluble con la naturaleza. El tiempo de actuar es ahora: cada clase, cada syllabus revisado, cada proyecto interdisciplinario, es un paso para ese cambio.

The Conversation

Alejandra del Carmen Meza Servín no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Sostenibilidad en las universidades: ¿cómo formar a los profesionales que el planeta necesita? – https://theconversation.com/sostenibilidad-en-las-universidades-como-formar-a-los-profesionales-que-el-planeta-necesita-257665

¿Qué pasaría en España si mañana desapareciera la inmigración?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Paula Costa Correa, Investigadora del área de Filosofía del Derecho. Abogada especializada en Migraciones y Derecho Penal, Universidad de Navarra

Unai Huizi Photography/Shutterstock

Mientras algunos medios y discursos políticos describen la migración como una amenaza o una “avalancha”, los datos muestran lo contrario: España no vive una invasión, sino una relación de interdependencia funcional con los países del Sur Global. En otras palabras, lo que se presenta como un problema es, en realidad, una necesidad estructural. El país necesita población migrante para sostener su pirámide demográfica, su economía y su sistema de bienestar.

Esta simbiosis migratoria no es una metáfora. Es una realidad demográfica. Desde 1950, la población mundial se ha triplicado. En regiones como África Subsahariana o Asia Meridional, el crecimiento es constante y sostenido, ejerciendo presión sobre recursos, empleo y sistemas sociales. En cambio, Europa y América del Norte enfrentan el fenómeno contrario: envejecimiento poblacional, bajas tasas de fecundidad y reducción progresiva de la población activa.

En el caso español, el contraste es claro. La tasa de fecundidad se sitúa desde hace años por debajo de 1,3 hijos por mujer, muy lejos del umbral de reemplazo generacional (2,1). Sin flujos migratorios constantes, España perdería millones de habitantes en las próximas décadas, con efectos directos sobre el sistema fiscal, las pensiones y el empleo. Según proyecciones del INE y de Naciones Unidas, de mantenerse la fecundidad actual sin migración, la población podría descender hasta 30 millones en 2100, frente a los 47 millones actuales.

En todos estos escenarios debemos tener en cuenta que los bebés que nacen hoy no empezarían a cotizar hasta 2045. Es decir, apostar por una fecundidad de tres hijos por mujer supondría un esfuerzo económico adicional para el estado de bienestar durante al menos dos décadas, antes de que esas nuevas generaciones pudieran sostener el sistema.

Ni la natalidad basta, ni la migración sobra

Ante este panorama, ¿puede la natalidad compensar por sí sola el déficit demográfico? La respuesta es negativa. Hemos modelado tres escenarios de política natalista, y todos presentan limitaciones estructurales.

En el mejor de los casos –con políticas públicas sostenidas durante 20 años– no habría ningún impacto real antes de 2045. En escenarios más intensivos (como aumentar a tres o cuatro hijos por mujer en una legislatura), los resultados son ineficaces, fiscalmente insostenibles y socialmente inviables. No se puede compensar un problema estructural con medidas de corto plazo ni con presión sobre los cuerpos de las mujeres.

En cambio, la migración sí tiene efectos inmediatos. La llegada de personas jóvenes en edad de trabajar ha contribuido en las últimas décadas a equilibrar la relación entre cotizantes y jubilados. Un estudio estima que sin migración el indicador de sostenibilidad demográfica –que mide cuántas personas en edad de trabajar hay por cada persona mayor de 65 años– habría sido un 30 % inferior, agravando aún más la presión sobre el sistema de pensiones. Esto significa que la presión sobre dicho sistema de pensiones habría sido mucho mayor con menos trabajadores sosteniéndolo.

Lejos de ser una amenaza, la migración ha contribuido a mantener el equilibrio entre cotizantes y jubilados, retrasando un colapso que, de otro modo, ya estaría en marcha.

Pero la función de la migración no es solo económica. La movilidad humana cumple un rol redistributivo a nivel global: traslada población activa desde regiones con exceso de presión demográfica hacia otras con escasez de mano de obra y envejecimiento. Esta relación de interdependencia –aunque desigual– permite mantener en funcionamiento sectores esenciales como los cuidados, la agricultura o la hostelería. Negar esta realidad por motivos ideológicos no cambia los hechos: solo impide gestionarla de forma realista, con planificación y justicia.

Ni milagro ni amenaza

En paralelo, el envejecimiento plantea retos adicionales. Menos trabajadores significa menos cotizaciones, pero también más gasto sanitario, más dependencia y más personas mayores viviendo solas. En España, la esperanza de vida ha aumentado y la feminización de la vejez introduce nuevas desigualdades: muchas mujeres mayores carecen de pensión propia o dependen de redes familiares cada vez más frágiles.

Las proyecciones muestran que sin una política migratoria sostenida, el sistema de bienestar español se enfrentará a una presión insostenible. Los discursos que rechazan la migración apelan al mito de la autosuficiencia nacional, pero ese modelo nunca ha existido. Desde los años 2000, el crecimiento español ha estado directamente vinculado al trabajo y las contribuciones de millones de personas migrantes.

Esto no significa que la migración sea una solución mágica. También necesita planificación, integración y derechos. Pero sí constituye un componente esencial de cualquier estrategia demográfica realista. De hecho, países como Canadá o Alemania ya aplican políticas activas para atraer y retener población extranjera cualificada y no cualificada. España, sin embargo, sigue atrapada en una narrativa de emergencia, inseguridad y control.

Por eso, debemos dejar de ver a España solo como puerta de entrada de migración hacia Europa, y empezar a entender su posición como una oportunidad estratégica: atraer talento, corregir desequilibrios y rejuvenecer el tejido social. Seguir anclados en el miedo y la mentira emotiva no solo perjudica a las personas migrantes, sino que priva al país de una herramienta imprescindible para su sostenibilidad.

La simbiosis migratoria entre Norte y Sur es una realidad del siglo XXI. Negarla no elimina el problema, solo impide encontrar soluciones eficaces.

The Conversation

Paula Costa Correa es presidenta de la Asociación de Migración y Derechos Humanos de Navarra (MIGENE), un observatorio independiente sobre la situación migratoria en España y sus implicaciones sociales y jurídicas.

ref. ¿Qué pasaría en España si mañana desapareciera la inmigración? – https://theconversation.com/que-pasaria-en-espana-si-manana-desapareciera-la-inmigracion-259355

Microplásticos en la sal: el aderezo involuntario en nuestra cocina

Source: The Conversation – (in Spanish) – By María del Mar Cledera-Castro, Profesora Titular, Departamento de Ingeniería Mecánica, Área Medioambiente, Universidad Pontificia Comillas

Just Life/Shutterstock

Los microplásticos son fragmentos o partículas de plástico con un tamaño inferior a los cinco milímetros, por lo que en algunos casos son visibles al ojo humano. Sabemos que están en todas partes, incluso en nuestros alimentos cuando agregamos sal a ellos. Se estima que hay 500 fragmentos de microplásticos por kilogramo de este condimento, según un estudio realizado con 13 marcas europeas.

Teniendo en cuenta que consumimos entre 6 y 18 gramos de sal al día, estamos ingiriendo entre 3 y 9 fragmentos de plástico.

¿Cómo acaban los microplástico en la sal?

La producción de sal es una industria especialmente vulnerable a la contaminación por microplásticos, sobre todo cuando se trata de salinas de evaporación solar en el litoral. Este tipo de salinas obtiene la materia prima –el agua salada– del mar o de una ría, que de por sí puede traer cierta concentración de microplásticos. Si además hay presencia de vertidos de aguas residuales, arrastre de sedimentos o vertidos de residuos sólidos, su concentración será aún mayor.




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Además, en un reciente estudio que hemos realizado en las salinas de evaporación solar de la península ibérica hemos comprobado que los microplásticos también contaminan la sal a través del aire. Este hallazgo va contra la corriente actual que establece que las sales obtenidas por métodos tradicionales se contaminan únicamente debido a su presencia en el agua de la que se extrae la sal.

Hemos estimado concentraciones que oscilan entre 256 y 1 500 microplásticos por litro de agua desde la entrada de la salina hasta la entrada a los cristalizadores –la última etapa del proceso–, y entre 79 y 193 por cada kilo para la sal envasada.

Para el estudio obtuvimos muestras de salmuera y sal de cada etapa de producción, desde la entrada de agua de mar/salmuera hasta la etapa final del producto listo para la venta, en seis salinas de España, tres de interior y tres de litoral.

Las salinas de interior se alimentan de agua salada de manantial, que procede de la disolución de las sales que quedaron tras la evaporación de antiguos mares (Thetys, Zechstein…) en épocas geológicas pasadas (por ejemplo, en el Mioceno, hace aproximadamente 5 millones de años, o en el Triásico, hace cerca de 200 millones de años).

Los productos finales de las salinas ubicadas geográficamente en espacios naturales protegidos presentan un número inferior de microplásticos, lo cual permite deducir que el entorno y el ambiente donde se sitúa la salina influye de manera determinante en la exposición a estas micropartículas.

Además, en las salinas de interior, cuando el agua se saca del pozo, no aparecen microplásticos en los análisis, mientras que en etapas posteriores sí hallamos estos contaminantes. Hemos estudiado salinas aisladas y en desuso desde hace muchos años y alejadas de poblaciones, y también hemos detectado la presencia de microplásticos. De ahí que podamos concluir que parte de las partículas presentes en la sal son de procedencia aérea.

Gráfico que muestra el porcentaje de microplásticos en el agua en diferentes etapas de una salina para seis salinas diferentes
Proporción de microplásticos en las diferentes etapas para varias salinas españolas.
Las autoras, CC BY-SA

A pesar de que diversas investigaciones han detectado microplásticos en la sal a nivel mundial durante la última década, la mayoría se han centrado en la sal ya envasada; no existía hasta ahora ningún trabajo que analizara el proceso completo de producción de este condimento. Por esa razón, nuestro estudio es pionero para entender el origen y las causas de la contaminación por microplásticos en las salinas en España y prevenir así la contaminación en la sal alimentaria.

¿Cómo se obtiene sal por evaporación?

Para obtener sal por evaporación solar se expone el agua salada, almacenada en balsas de gran tamaño, al sol y al viento, para que se vaya evaporando el agua y se concentre la sal. En la última serie de balsas, los cristalizadores, la sal alcanza tal concentración en el agua, que esta se satura y la sal precipita al fondo, desde donde se recoge.

El agua de mar suele tener una concentración de 30-40 gramos por litro de cloruro sódico o sal común, mientras que en el cristalizador alcanza los 300 gramos por litro.

Una vez cosechada, la sal se amontona en grandes pilas para que escurra el agua. Dada la altura de estos montones, que puede alcanzar una decena de metros, actúan de barrera para el viento y atrapan los microplásticos que transporta.

Desde ahí, la sal se traslada a un almacén donde se lava, muele y envasa, preparada ya para la venta. En todos estos procesos, la sal tiene contacto con los neumáticos de las cosechadoras, el caucho de las cintas transportadoras y los propios envases, que suelen ser de plástico. Hay, por tanto, numerosas situaciones en las que se puede contaminar la sal, sin contar con los microplásticos que traiga el agua de origen.

Charcas de unas salinas con el agua rosada y montones de sal entre ellas, con el mar al fondo
Salinas de Fuencaliente, en la isla de La Palma.
Christian Kaehler/Shutterstock

Es por tanto esencial conocer bien los procesos de producción de sal, de los que existen infinitas variantes, e identificar los puntos en los que hay mayor riesgo de contaminación por microplásticos, para minimizar su presencia y garantizar así la calidad y seguridad alimentaria de este nutriente esencial.

Los efectos sobre la salud de este contaminante emergente son cada vez más conocidos. Por ejemplo, pueden bloquear membranas celulares e impedir el correcto funcionamiento de ciertos procesos fisiológicos. Además, los plásticos vienen acompañados de sustancias que pueden resultar también perjudiciales para la salud y pueden ser además vectores para microorganismos patógenos y especies potencialmente invasoras.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. Microplásticos en la sal: el aderezo involuntario en nuestra cocina – https://theconversation.com/microplasticos-en-la-sal-el-aderezo-involuntario-en-nuestra-cocina-260320

La selección: los retos de implantar (bien) las energías renovables

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Lucía Caballero, Coordinadora internacional / Editora de Medio Ambiente y Energía

dee Karen/Shutterstock

Las energías renovables son una de las principales herramientas con las que contamos para reducir la quema de combustibles fósiles y, con ello, disminuir las emisiones de los gases causantes del cambio climático. Sin embargo, aunque no cabe duda del valor de estas tecnologías, su implantación presenta todavía algunos desafíos.

Por un lado, tanto la construcción de parques eólicos y solares como la fabricación de coches eléctricos requiere el empleo de minerales críticos –como el cobalto, el silicio y el litio–, llamados así porque no resulta fácil conseguirlos o su minería tiene graves consecuencias ambientales. No obstante, el impacto minero de la extracción de estos materiales es menor que el del carbón y se están desarrollando métodos para facilitar su obtención y reutilización.

En el caso de elementos como el platino y el iridio, necesarios para la fabricación de pilas de hidrógeno, se están buscando materiales alternativos. Además, se estudia el uso de agua de mar o de aguas residuales para reducir el consumo de agua dulce de esta tecnología.

Por otro lado, la instalación de estas infraestructuras tiene efectos significativos en el medio ambiente y la biodiversidad. Precisamente, la modificación y fragmentación del paisaje y la destrucción de hábitats son dos de los factores que favorecen la pérdida de especies.

La eólica marina, además, tiene un impacto directo en la fauna al generar ruidos, vibraciones y colisiones. Y precisamente las áreas de alto potencial energético (con mucho viento u oleaje) a menudo coinciden con zonas de alto valor ecológico. Así, los objetivos de implantación de aerogeneradores podrían chocar frontalmente con la meta marcada por el Marco Mundial de la Diversidad Biológica Kunming-Montreal: proteger el 30 % de los océanos para 2030.

La única manera de hacer compatibles las energías renovables y la conservación de la biodiversidad es con una minuciosa planificación del territorio que minimice los posibles daños y prevea la mitigación y restauración de los efectos negativos.

Por último, otro de los retos a enfrentar es tecnológico: estas instalaciones producen electricidad de manera intermitente (se detienen cuando no hay viento o sol) y presentan una peor respuesta ante incidencias en la red. De ahí que se necesite implantar nuevas tecnologías de soporte, aumentar las instalaciones de almacenamiento de energía, como el almacenamiento térmico a altas temperaturas, e incrementar la generación eléctrica para garantizar la estabilidad del sistema.

Descarbonizar la economía, es decir, reducir o evitar las emisiones de dióxido de carbono, principal responsable del cambio climático, no tiene por qué estar reñido con la seguridad energética ni la conservación de la biodiversidad. Con una planificación y evaluación adecuadas, y la aplicación de políticas que aseguren su cumplimiento, los proyectos de tecnologías renovables podrán superar los retos que plantean.

The Conversation

ref. La selección: los retos de implantar (bien) las energías renovables – https://theconversation.com/la-seleccion-los-retos-de-implantar-bien-las-energias-renovables-260760

Alcohol sales changed subtly after Canada legalized cannabis

Source: The Conversation – Canada – By Michael J. Armstrong, Associate Professor, Operations Research, Brock University

In Canada, some studies indicate alcohol consumption declined slightly as medical cannabis use became more common. Did similar decreases follow recreational legalization? (Unsplash+)

Before Canada legalized recreational cannabis in October 2018, it was unclear how the change might affect beverage alcohol consumption. Would consumers drink less or more after cannabis became legal?

Drinking might decrease, for example, if people used cannabis in place of alcohol. That switch potentially could reduce alcohol-related harms. But economically, it would mean any gains in the cannabis industry would likely come at the expense of alcohol producers.

Conversely, drinking might increase if people used alcohol along with cannabis. That could boost alcohol industry profits and government tax revenues, but at the cost of increased health risks of both substances.

In response to this uncertainty, some businesses diversified. One alcohol producer bought a cannabis grower, while a cannabis firm took took over several beer brewers.

Research from the United States into the relationship between alcohol and cannabis use is inconclusive. Some studies report that alcohol use decreased in states that allowed cannabis, while others said usage increased or didn’t significantly change. Those conflicting conclusions might reflect the complex legal situation in the United States, where cannabis remains illegal under federal law, even in states that allow its use.

In Canada, some studies indicate alcohol consumption declined slightly as medical cannabis use became more common. Did similar decreases follow recreational legalization?

To investigate this question, I first collaborated with health science researchers Daniel Myran, Robert Talarico, Jennifer Xiao and Rachael MacDonald-Spracklin to study Canada’s overall alcohol sales.

Total sales looked stable

We started our research by examining annual alcohol sales from 2004 to 2022. During that period, beer sales gradually fell, while the sale of coolers and other drinks steadily rose. That left total sales basically unchanged.

So consumers were apparently switching from beer to other beverages. But there were no obvious effects from 2018’s cannabis legalization.

This diagram shows how beer sales declined while other beverage sales increased from 2004 to 2022. Total alcohol sales remained roughly constant.
Annual Canadian beverage alcohol sales from 2004 to 2022, in litres of ethanol content per capita. The vertical gray bar marks cannabis legalization.
(Statistics Canada), CC BY-ND

We also compared monthly sales during the 12 months before legalization versus the 12 after. This included national average sales by liquor retailers and beer producers. In both cases, sales trends showed no significant changes in October 2018.

However, this research on Canada-wide sales was mainly designed to detect large changes. To find subtler ones, I focused on the province of Nova Scotia.

Some liquor stores sold cannabis

When Canada legalized cannabis, most provinces banned liquor stores from selling it to avoid tempting alcohol drinkers into trying cannabis.

Nova Scotia did the opposite. Its government-owned liquor corporation became the main cannabis retailer. After legalization in October 2018, most provincial liquor stores kept selling only alcohol, but some began selling cannabis as well.

This unique situation prompted me to study the province’s sales. I focused on the 17 months before and 17 months after legalization.

The corporation’s total alcohol sales initially fell in October 2018, then slowly regrew. As a result, monthly sales after legalization averaged about $500,000 below their earlier levels.

More interestingly, the changes differed between the cannabis-selling stores and the alcohol-only ones. At the alcohol-only stores, sales immediately fell. They averaged $800,000 below previous levels.

But at cannabis-sellers, alcohol sales began growing. Total monthly sales from October 2018 to February 2020 averaged $300,000 above earlier levels.

This diagram shows that after October 2018, alcohol sales rose gradually at liquor stores that sold cannabis but fell quickly at stores selling only alcohol.
Seasonally adjusted Nova Scotia Liquor Corporation retail sales of beverage alcohol in Canadian dollars, from May 2017 to February 2020. The vertical gray bar marks cannabis legalization.
(Nova Scotia Liquor Corporation), CC BY-ND

The divergence in sales was larger for beers than for spirits or wines.

Interestingly, alcohol-only stores located near cannabis-selling stores had changes similar to those located farther away, suggesting that cannabis-seller proximity didn’t matter.

Switching substances or stores?

My data can’t say why the sales split occurred, but I can speculate.

Consider the immediate sales drop at alcohol-only stores — this could suggest some consumers switched from alcohol to cannabis right after legalization.

Meanwhile, the lack of a drop at cannabis sellers might mean some consumers simply changed where they shopped. Instead of visiting their local alcohol-only retailer, they went to cannabis sellers to shop for alcohol and cannabis together.

The cannabis sellers’ ongoing growth might reflect people increasingly buying cannabis from licensed stores instead of illegal dealers. They went to those stores to buy weed, but picked up some extra booze while they were there.

Looking ahead

My research so far has focused on the initial post-legalization period, from October 2018 to February 2020.

I plan to study later periods next, when cannabis retailing was more widespread and perhaps more influential.

That will be more challenging, however, because COVID-19 arrived in March 2020. The pandemic disrupted sales of alcohol, though not of cannabis. It will be tricky to separate cannabis effects from pandemic ones, or from Canadian consumers’ evolving drinking habits in general.

My guess is that cannabis legalization had little short-term impact on existing drinkers overall. Most Canadians didn’t suddenly consume cannabis with their cabernet or replace vodka with vapes.

Instead, we might see gradual long-term shifts. Young Canadians now reach legal age in a context where cannabis and alcohol are both allowed. Some folks who previously would have started drinking alcohol might now choose cannabis instead, or in addition.

For now, alcohol drinking is still three times more common than cannabis use. Whether that continues, only time will tell.

The Conversation

Michael J. Armstrong does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Alcohol sales changed subtly after Canada legalized cannabis – https://theconversation.com/alcohol-sales-changed-subtly-after-canada-legalized-cannabis-260375

Cancellations at Canadian film festivals raise questions about accountability

Source: The Conversation – Canada – By Dorit Naaman, Alliance Atlantis Professor of Film and Media, Queen’s University, Ontario

Film festivals are unique cultural institutions, spaces to see diverse films by local and global filmmakers and an important market for distributors. These films are often difficult to see, or even know about, outside of festival circuits.

Festivals are also answerable to funders and to different stakeholders’ interests. Cancellations of planned films raise questions about festivals’ roles and accountability to community groups who find certain films objectionable, the wider public, politicians, festival sponsors, audiences, filmmakers and the films themselves.

In September 2024, The Toronto International Film Festival (TIFF) faced a backlash from pro-Ukrainian groups — and former deputy prime minister Chrystia Freeland, who is of Ukrainian descent — when the documentary Russians at War was included in the program.




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‘Russians at War’ documentary: From the Crimean to the Iraq War, soldier images pose questions about propaganda


The Ukrainian Canadian Congress and other advocates called on TIFF to cancel the film, directed by Russian Canadian Anastasia Trofimova, which they accused of being Russian propaganda.

TIFF did cancel festival screenings after it was “made aware of significant threats to festival operations and public safety,” but once the festival was over, showed Russians at the TIFF Lightbox Theatre.

In November, the Montréal International Documentary Festival (RIDM) cancelled the Canadian premiere of Rule of Stone, directed by Israeli Canadian director Danae Elon. As a film and media professor, I supervised Elon’s research for the film while she pursued a master’s degree at Queen’s University.

RIDM acknowledged Elon’s “personal commitment to criticizing and questioning the state of Israel” through her story about the stone that, by Israeli law, has to be used on the exterior of every new building in Jerusalem.

In the film, Elon examines how, in post-1967 Jerusalem, “architecture and stone are the main weapons in a silent, but extraordinarily effective colonization and dispossession process” of Palestinians.

As a documentarist and a researcher in Israeli and Palestinian media representations of fighters, I have analyzed both films and followed the controversies. Each focuses on contemporary political issues relevant to our understanding of current affairs.

While the reasons for the cancellations are different, in both cases the festivals responded to pressures from community groups, placing the public right to a robust debate at the festival and beyond as secondary.

‘Russians at War’

Director Anastasia Trifamova embedded herself in a Russian supply unit, and later a medical team, eventually making her way to the front lines in occupied Ukraine.

Trifamova comes across as a naive filmmaker, using an observational, non-judgmental form of filmmaking common in 21st-century war documentaries, as seen in films like Armadillo and Restrepo (respectively following Danish and U.S. troops in Afghanistan).

As noted by TIFF, Russians was “an official Canada-France co-production with funding from several Canadian agencies,” and Trifamova said she did not seek or receive official permission from the Russian army to film.

The film documents the machination of war, where soldiers are both perpetrators of violence and its victims. It humanizes the soldiers, which understandably can be upsetting to Ukrainian and pro-Ukrainian publics. But should emotions of one group, outraged and incensed as they may be, prevent the public from having the difficult conversations promoted by the film?

Early in the film, Trifamova confronts the soldiers about why they are fighting and they respond with Russian propaganda (fighting Nazism, defending the borders).

Later, soldiers approach Trifamova — on camera — to express doubts about the justification of the war and their presence in Ukraine. The film provides an unflattering view of Russia’s attack on Ukraine, emphasizing the futility of the war and the incredible toll on soldiers and civilians (including some Ukrainian civilians). Russian troops appear untrained and poorly equipped to fight in chaotically managed battles.

Like Armadillo and Restrepo, Russians at War represents the soldiers without judgment and contributes to necessary conversations about war. In my analysis, while Trifamova refrains — in her sporadic voice-over — from condemning the war outright, it is difficult to read the film as Russian propaganda.

While TIFF cited security concerns as the reason for cancellation, security was in place for another film that attracted controversy, Bliss.

A cancellation from such an established festival likely has an effect on how a film is able to circulate. For example, TVO, one of the funders of Russians at War, cancelled its scheduled broadcast days after the TIFF cancellation.

‘Rule of Stone’

Rule of Stone, as noted by RDIM, “critically examines the colonialist project of East Jerusalem following its conquest by Israeli forces in 1967.”

The title references a colonial bylaw to clad building with stone, first introduced by the British, which still exists today.

The film, which examines architecture’s role in creating modern Jerusalem, is led by Elon’s voice-over. It mixes her memories of growing up in 1970s Jerusalem and her reckoning with the “frenzy of building,” which included projects by architect Moshe Safdie, a citizen of Israel, Canada and the United States. Elon recounts that her father, journalist and author Amos Elon, was a close friend of Safdie, as well as legendary Jerusalem mayor Teddy Kolek.

Safdie is among the Israeli architects, architectural historians and planners who Elon interviews. The expansion of Jewish neighbourhoods is contrasted with the restrictions on and disposession of Palestinians in Jerusalem. Multiple scenes show the demolition of Palestinian homes or the aftermath. In intervwoven segments, Izzat Ziadah, a Palestinian stonemason who lives in a stone quarry, gives a tour of what is left of his destroyed home.

Viewers hear how the planning, expansion and building of Jewish neighbourhoods, post-1967, were designed to evoke biblical times. As architectural historian Zvi Efrat notes, the new neighbourhoods look like, or attempt to look like, they were there forever.

‘Rule of Stone’ trailer.

As reported by La Presse, the RIDM cancellation came after the festival received information about the documentary’s partial Israeli financing, something that “embarrassed” them with some of the festival’s partners. Funding for the development of the film came from the Makor Foundation for Israeli Films, which receives support from Israel’s Ministry of Culture and Sport.

Two organizations, the Palestinian Film Institute and Regards Palestiniens, opposed the film’s showing on the basis of their commitment to the Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI).

In the organizations’ logic, Israel state funding means a film should be subject to boycott as “PACBI specifically targets Israeli institutional funding in the arts which serves to culturally whitewash and legitimize the Israeli state.”

In my view, this position differs from the PACBI guidelines, which state:

“As a general overriding rule, Israeli cultural institutions, unless proven otherwise, are complicit in maintaining the Israeli occupation and denial of basic Palestinian rights, whether through their silence or actual involvement in justifying, whitewashing or otherwise deliberately diverting attention from Israel’s violations of international law and human rights.”

Makor should be exempted since it regularly funds films that draw attention to Israel’s violations of Palestinian human rights. In 2024 alone, the list includes The Governor, The Village League and Death in Um al hiran.

RIDM’s website does not disclose support for a boycott. In the end, RIDM announced that Elon withdrew her film. She stated: “Screening my film at RIDM does not serve the long-term purpose of the festival, nor is it possible now to address the nuances in our common fight for justice for Palestine. I am deeply saddened and distressed by [what] has brought it to this point.”

To date, the film has not found a cinema in Montréal willing to screen it.

Provoking important conversations

The two festivals’ mission statements promise high-quality films that transform or renew audiences’ relationships to the world.

It is clear why programmers chose both films, since they’re cinematically innovative and provoke important conversations.

However, both festivals silenced these films and signalled to other filmmakers that these festivals are not brave spaces to have difficult and necessary conversations.

The Conversation

Dorit Naaman does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Cancellations at Canadian film festivals raise questions about accountability – https://theconversation.com/cancellations-at-canadian-film-festivals-raise-questions-about-accountability-250892

La multiplication des satellites pose des risques de sécurité. Voici comment mieux gérer le « far west » spatial

Source: The Conversation – in French – By Wael Jaafar, Associate Professor, École de technologie supérieure (ÉTS)

Depuis quelques années, la conquête de l’espace connaît une accélération sans précédent.

À l’ère des constellations de satellites, où des milliers d’engins gravitent autour de la Terre à des vitesses vertigineuses, de nouveaux défis apparaissent. Ils ne sont pas seulement techniques ou scientifiques : ils sont aussi géopolitiques.

Longtemps dominée par les États-Unis et la Russie, l’exploration spatiale est désormais multipolaire. L’Inde, la Chine, l’Europe et plusieurs acteurs privés, comme SpaceX avec Starlink, se livrent une compétition acharnée pour lancer des satellites et créer des réseaux de communication couvrant toute la planète – et bientôt, la Lune ou Mars. L’objectif n’est plus seulement scientifique : il est aussi stratégique.

Ces constellations de satellites sont devenues indispensables. Elles permettent d’offrir un accès à Internet dans des régions mal desservies, d’améliorer la localisation basée sur GPS, de surveiller l’environnement, ou encore de gérer les services d’urgence. Mais elles soulèvent aussi de sérieuses questions de sécurité.

Avant de rejoindre en 2022 l’École de technologie supérieure (ÉTS), j’ai travaillé plusieurs années dans l’industrie des télécommunications, tant au Canada qu’à l’international. Mes recherches actuelles portent sur l’intégration des réseaux terrestres et non terrestres, l’allocation de ressources, l’informatique en périphérie (edge computing) et quantique, et l’intelligence artificielle appliquée aux réseaux.

L’espace, un milieu ouvert… et vulnérable

Contrairement aux câbles terrestres ou à la fibre optique, les communications spatiales s’effectuent dans un environnement ouvert. Cela signifie qu’elles peuvent potentiellement être interceptées. Lorsqu’un satellite transmet des données à un autre ou à une station au sol, tout acteur malveillant équipé des bons outils peut tenter d’intercepter et de décrypter ces échanges.


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Cela pose des risques pour la confidentialité des données personnelles, mais aussi pour des informations sensibles d’origine militaire ou gouvernementale. Des pays pourraient utiliser leurs propres satellites pour espionner ceux des autres. D’autant plus que les satellites n’obéissent pas à des frontières terrestres : ils survolent tous les pays sans distinction.

Aujourd’hui, il n’existe pas de normes internationales strictes pour encadrer le comportement des satellites en orbite. On ne peut pas interdire à un satellite de passer au-dessus d’un territoire ou d’observer un espace donné. C’est le Far West spatial !

Le défi de la cryptographie quantique

Pour sécuriser les communications spatiales, on utilise actuellement des algorithmes de chiffrement classiques. Ces systèmes sont basés sur la complexité mathématique de certains problèmes, qui prennent des milliers d’années à résoudre avec les ordinateurs actuels. Mais cela pourrait changer radicalement avec l’arrivée de l’informatique quantique.

Le fameux « Q-Day », jour hypothétique où les ordinateurs quantiques seront capables de casser la plupart des systèmes de chiffrement existants, est redouté par de nombreux experts en cybersécurité. Il suffirait qu’un pays ou une entreprise dispose d’un tel ordinateur pour compromettre des décennies d’échanges confidentiels.

Heureusement, la cryptographie quantique, qui repose sur les principes de la physique quantique, offre des pistes prometteuses. Par exemple, en générant des clés de chiffrement parfaitement aléatoires et en rendant toute interception détectable (puisqu’une observation modifie l’état quantique du signal), on pourrait créer des systèmes de communication pratiquement inviolables.

Mais transposer ces technologies quantiques à l’espace n’est pas simple. Sur la fibre optique, elles fonctionnent bien, car l’environnement est stable et contrôlé. En espace libre, avec des communications laser, les perturbations (ou bruits) sont beaucoup plus difficiles à contrôler.

Vers une cybersécurité spatiale intelligente

Outre la quantique, d’autres technologies sont explorées pour sécuriser les communications satellitaires. L’une d’elles concerne les antennes radio, est appelée le « beamforming », ou la formation de faisceaux directionnels. Le beamforming consiste à concentrer le signal radio dans une direction très précise. Cela limiterait le risque d’interception, puisqu’il faut être sur la trajectoire du signal pour capter la transmission.

L’intelligence artificielle (IA) joue également un rôle croissant. Elle peut être utilisée pour corriger les erreurs dues au bruit ambiant, pour détecter des tentatives d’intrusion ou pour améliorer la gestion des clés de chiffrement. Certaines approches combinent d’ailleurs IA et technologies quantiques pour renforcer la sécurité.

Un espace surchargé et sans réglementation claire

La multiplication des constellations de satellites, comme celle de Starlink (qui prévoit à terme plus de 40 000 satellites en orbite basse), rend l’espace très encombré. À ces satellites s’ajoutent des débris spatiaux, dont certains, même de quelques centimètres, peuvent endommager sérieusement un satellite en raison de leur vitesse.

Pour éviter les collisions, certaines entreprises offrent des services de surveillance. Les satellites peuvent alors ajuster leur trajectoire pour éviter les objets menaçants. Mais ce système est encore rudimentaire : les échanges de données entre satellites ne sont pas automatisés et ne se font pas en temps réel. L’information est transmise à la Terre, traitée dans des centres de données, puis renvoyée.

Il devient urgent d’harmoniser les pratiques. L’IEEE (l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens) travaille actuellement à l’élaboration d’un cadre réglementaire international pour améliorer la « space data awareness », c’est-à-dire la connaissance partagée de l’environnement spatial immédiat des satellites. Cette initiative de standardisation est désignée par IEEE P1964. L’objectif est que les satellites puissent coopérer pour signaler les dangers, partager des données critiques… tout en respectant la confidentialité.

Reprendre le contrôle de notre souveraineté spatiale

Enfin, un enjeu fondamental est celui de la souveraineté. Faut-il confier nos communications à des infrastructures étrangères comme Starlink, contrôlées par des intérêts privés et étatiques hors de notre juridiction, alors que leurs capacités de surveillance pourraient croître dans un avenir rapproché ? Même si ces systèmes ne peuvent pas encore intercepter ou décrypter nos communications sensibles, cela pourrait changer avec l’avènement de l’informatique quantique.

Pour garantir une véritable autonomie numérique et spatiale, il devient crucial de développer des alternatives locales, sécurisées, et résilientes, que ce soit par la fibre optique ou par des réseaux satellitaires indépendants. Cela nécessitera des investissements soutenus, une volonté politique affirmée et une coopération internationale renforcée.

La sécurité de nos satellites ne se résume pas à de la haute technologie. Elle est au cœur de tensions géopolitiques, de choix stratégiques, et d’une transformation majeure des communications mondiales.

Alors que les enjeux se déplacent de la Terre vers l’orbite, il devient impératif d’anticiper les risques, de développer des technologies résilientes et surtout, de mettre en place des règles du jeu claires. Sans cela, l’espace pourrait devenir le nouveau théâtre d’affrontements invisibles… mais aux conséquences bien réelles.

La Conversation Canada

Wael Jaafar est membre de l’OIQ (Ordre des Ingénieurs du Québec). Il est également membre sénior de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) et membre de l’ACM (Association for Computing Machinery). Dans le cadre de ses recherches, il a reçu des financements d’organisations gouvernementales, incluant le CRSNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada), le FRQ (Fonds de recherche du Québec), et la FCI (La Fondation canadienne pour l’innovation). Prof. Jaafar fait partie de l’équipe de mise en place de l’initiative de standardisation IEEE P1964 “Standards for Collaborative Orbital Data Sharing”.

ref. La multiplication des satellites pose des risques de sécurité. Voici comment mieux gérer le « far west » spatial – https://theconversation.com/la-multiplication-des-satellites-pose-des-risques-de-securite-voici-comment-mieux-gerer-le-far-west-spatial-259859

Accès aux soins en Afrique : pourquoi cartographier les établissements de santé peut sauver des vies

Source: The Conversation – in French – By Peter M Macharia, Senior postdoctoral research fellow, Institute of Tropical Medicine Antwerp

Le manque d’informations fiables sur les établissements de santé en Afrique subsaharienne etait très manisfeste pendant la pandémie de COVID-19. Au moment où les besoins en soins d’urgence augmentaient, il était difficile de savoir où se trouvaient les établissements, combien de lits ou de bouteilles d’oxygène ils avaient, ou encore quels spécialistes y travaillaient. Ces données manquantes auraient permis d’évaluer avec précision la capacité d’accueil supplémentaire des hôpitaux et l’accès aux soins intensifs selon les régions.

Ces données auraient permis d’évaluer avec précision la capacité d’accueil supplémentaire des hôpitaux et l’accès géographique aux soins intensifs. Peter Macharia et Emelda Okiro, dont les recherches portent sur la santé publique et l’équité dans l’accès aux services de santé dans les milieux défavorisés, partagent les conclusions de leur récente étude, réalisée avec plusieurs collègues.

Que sont les bases de données ouvertes sur les établissements de santé ?

Un établissement de santé est un lieu où sont fournis des services de santé. Il peut s’agir de petites cliniques ou de cabinets médicaux, mais aussi de grands hôpitaux universitaires ou de référence.

Une base de données sur les établissements de santé est une liste de tous les établissements de santé d’un pays ou d’une zone géographique, telle qu’un district. Une base de données type doit attribuer à chaque établissement de santé un code unique, un nom, une taille, un type (soins primaires, secondaires ou tertiaires), un statut de propriété (public ou privé), un statut opérationnel (en activité ou fermé), un emplacement et une localisation administrative (district, commune). Elle doit également mentionner les services (soins obstétricaux d’urgence, par exemple), la capacité (nombre de lits, par exemple), les infrastructures (disponibilité de l’électricité, par exemple), les coordonnées (adresse et courriel) et la date de la dernière mise à jour de ces informations.

La méthode idéale pour établir cette liste consiste à mener un recensement, comme l’a fait le Kenya en 2023. Mais cela nécessite des ressources. Certains pays ont compilé des listes à partir de données existantes bien qu’incomplètes. Le Sénégal l’a fait, tout comme le Kenya en 2003 et 2008.

Cette base de données doit être accessible à tous les acteurs concernés : autorités publiques, partenaires au développement, chercheurs. Elle doit être partagée dans un cadre clair, qui protège à la fois la vie privée des individus et le travail des personnes qui ont produit les données. Dans certains pays, tels que le Kenya et le Malawi, ces listes sont accessibles via des portails web sans besoin d’autorisation. Dans d’autres, ces listes n’existent pas ou nécessitent une autorisation supplémentaire.

Pourquoi sont-elles utiles ?

Les listes d’établissements peuvent répondre aux besoins des individus et des communautés. Elles contribuent également à la réalisation des objectifs sanitaires à l’échelle régionale, nationale et continentale.

Pour les individus, ces listes permettent de connaître les options disponibles pour se faire soigner. Pour les communautés, ces données aident à mieux organiser les services. Par exemple, elles permettent de décider où déployer les agents de santé communautaires. C’est ce qui a été fait au Mali et en Sierra Leone.

Les listes de services de santé sont utiles pour distribuer des produits tels que des moustiquaires et allouer les ressources en fonction des besoins sanitaires des zones desservies. Elles aident à planifier les campagnes de vaccination en créant des microplans détaillés de vaccination.

Quand on tient compte du type de maladies présentes, des conditions sociales ou de l’environnement, les services peuvent être mieux adaptés aux réalités locales.

Des cartes détaillées des ressources sanitaires permettent d’intervenir plus rapidement en cas d’urgence en localisant précisément les établissements équipés pour faire face à des crises spécifiques. Les systèmes de surveillance des maladies dépendent de la collecte continue de données auprès des établissements de santé.

Au niveau continental, les listes sont essentielles pour coordonner la réponse du système de santé en cas de pandémie ou d’épidémie. Elles peuvent faciliter la planification transfrontalière, la préparation aux pandémies et la collaboration.

Pendant la pandémie de COVID-19, ces listes ont permis de déterminer où affecter des ressources supplémentaires, telles que des hôpitaux de fortune ou des programmes de transport pour les personnes âgées de plus de 60 ans.

Les listes sont utilisées pour identifier les populations vulnérables exposées à des agents pathogènes émergents et les populations qui peuvent bénéficier de nouvelles infrastructures sanitaires.

Elles sont importantes pour rendre accessibles les soins obstétricaux et néonataux d’urgence.

Que se passe-t-il si ces listes n’existent pas ?

De nombreux problèmes surviennent si nous ne savons pas où se trouvent les établissements de santé ni ce qu’ils offrent. La planification des soins de santé devient inefficace. Cela peut entraîner la duplication des listes d’établissements et une mauvaise allocation des ressources, ce qui conduit à du gaspillage et à des inégalités.

Nous ne pouvons pas identifier les populations qui manquent de services. Les interventions d’urgence sont affaiblies par l’incertitude quant au meilleur endroit où transporter les patients atteints de pathologies spécifiques.

Les ressources sont gaspillées lorsqu’il existe des listes de structures en double. Par exemple, entre 2010 et 2016, six ministères ont collaboré avec des organisations de développement, ce qui a donné lieu à dix listes de structures de santé au Nigeria.

En Tanzanie, il existait plus de 10 listes différentes d’établissements de santé en 2009. Tenues par des bailleurs de fonds et des agences gouvernementales, ces listes spécifiques à chaque fonction ne permettaient pas de partager facilement et précisément les informations. Cela a rendu nécessaire la création d’une liste nationale des établissements.

Que faut-il faire pour en créer une ?

Une liste complète des établissements de santé peut être établie en faisant une cartographie ou en rassemblant des listes existantes. C’est le ministère de la Santé qui doit en être responsable. Il doit créer, développer et mettre à jour cette base de données.

Les partenariats jouent un rôle clé dans ce processus. Plusieurs acteurs peuvent contribuer : bailleurs de fonds, ONG humanitaires, partenaires techniques, instituts de recherche. Beaucoup d’entre eux ont déjà leurs propres listes, créées pour des projets spécifiques. Ces listes devraient être réunies dans une base centralisée, gérée par le ministère.

Les partenariats sont essentiels pour élaborer des listes d’établissements. Les parties prenantes comprennent les bailleurs de fonds, les partenaires humanitaires et chargés de la mise en œuvre, les conseillers techniques et les instituts de recherche. Beaucoup d’entre eux disposent de leurs propres listes basées sur des projets, qui devraient être intégrées dans une liste centralisée gérée par le ministère. Le ministère de la Santé doit favoriser un climat de transparence, en encourageant les citoyens et les parties prenantes à contribuer à l’amélioration des données sur les établissements de santé.

Les gouvernements doivent s’engager sur le plan politique et financier. Créer et actualiser une bonne liste des centres de santé demande de l’argent, du personnel formé et des moyens adaptés.

Il est important de s’engager à rendre ces données accessibles à tous. Quand les listes sont en libre accès, elles deviennent plus complètes, plus fiables et plus utiles pour tout le monde.

The Conversation

Peter Macharia bénéficie d’un financement du Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Belgique (FWO, numéro 1201925N) pour sa bourse postdoctorale senior.

Emelda Okiro bénéficie d’un financement pour ses recherches de la part du Wellcome Trust dans le cadre d’une bourse senior Wellcome Trust (n° 224272).

ref. Accès aux soins en Afrique : pourquoi cartographier les établissements de santé peut sauver des vies – https://theconversation.com/acces-aux-soins-en-afrique-pourquoi-cartographier-les-etablissements-de-sante-peut-sauver-des-vies-260441

Calls to designate the Bishnoi gang a terrorist group shine a spotlight on Canada’s security laws

Source: The Conversation – Canada – By Basema Al-Alami, SJD Candidate, Faculty of Law, University of Toronto

British Columbia Premier David Eby recently called on Prime Minister Mark Carney to designate the India-based Bishnoi gang a terrorist organization.

Brampton Mayor Patrick Brown echoed the request days later. The RCMP has also alleged the gang may be targeting pro-Khalistan activists in Canada.

These claims follow a series of high-profile incidents in India linked to the Bishnoi network, including the murder of a Punjabi rapper in New Delhi, threats against a Bollywood actor and the killing of a Mumbai politician in late 2024.

How terrorism designations work

Eby’s request raises broader legal questions. What does it mean to label a group a terrorist organization in Canada and what happens once that label is applied?

Under Section 83.05 of the Criminal Code, the federal government can designate an entity a terrorist organization if there are “reasonable grounds to believe” it has engaged in, supported or facilitated terrorist activity. The term “entity” is defined broadly, covering individuals, groups, partnerships and unincorporated associations.

The process begins with intelligence and law enforcement reports submitted to the public safety minister, who may then recommend listing the group to cabinet if it’s believed the legal threshold is met. If cabinet agrees, the group is officially designated a terrorist organization.

A designation carries serious consequences: assets can be frozen and financial dealings become criminalized. Banks and other institutions are protected from liability if they refuse to engage with the group. Essentially, the designation cuts the group off from economic and civic life, often without prior notice or public hearing.

As of July 2025, Canada has listed 86 entities, from the Islamic Revolutionary Guard Corps to far-right and nationalist organizations. In February, the government added seven violent criminal groups from Latin America, including the Sinaloa cartel and La Mara Salvatrucha, known as the MS-13.

This marked a turning point: for the first time, Canada extended terrorism designations beyond ideological or political movements to include transnational criminal networks.

Why the shift matters

This shift reflects a deeper redefinition of what Canada considers a national security threat. For much of the post-9/11 era, counterterrorism efforts in Canada have concentrated on groups tied to ideological, religious or political agendas — most often framed through the lens of Islamic terrorism.

This has determined not only who is targeted, but also what forms of violence are taken seriously as national security concerns.

That is why the recent expansion of terrorism designations — first with the listing of Mexican cartels in early 2025, and now potentially with the Bishnoi gang — feels so significant.

It signals a shift away from targeting ideology alone and toward labelling profit-driven organized crime as terrorism. While transnational gangs may pose serious public safety risks, designating them terrorist organizations could erode the legal and political boundaries that once separated counterterrorism initiatives from criminal law.

Canada’s terrorism listing process only adds to these concerns. The decision is made by cabinet, based on secret intelligence, with no obligation to inform the group or offer a chance to respond. Most of the evidence remains hidden, even from the courts.

While judicial review is technically possible, it is limited, opaque and rarely successful.

In effect, the label becomes final. It brings serious legal consequences like asset freezes, criminal charges and immigration bans. But the informal fallout can be just as harsh: banks shut down accounts, landlords back out of leases, employers cut ties. Even without a trial or conviction, the stigma of being associated with a listed group can dramatically change someone’s life.

What’s at stake

Using terrorism laws to go after violent criminal networks like the Bishnoi gang may seem justified. But it quietly expands powers that were originally designed for specific types of threats. It also stretches a national security framework already tainted by racial and political bias.




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Canadian law enforcement agencies continue to target Muslims


For more than two decades, Canada’s counterterrorism laws have disproportionately targeted Muslim and racialized communities under a logic of pre-emptive suspicion. Applying those same powers to organized crime, especially when it impacts immigrant and diaspora communities, risks reproducing that harm under a different label.

Canadians should be asking: what happens when tools built for exceptional threats become the default response to complex criminal violence?

As the federal government considers whether to label the Bishnoi gang a terrorist organization, the real question goes beyond whether the group meets the legal test. It’s about what kind of legal logic Canada is endorsing.

Terrorism designations carry sweeping powers, with little oversight and lasting consequences. Extending those powers to organized crime might appear pragmatic, but it risks normalizing a process that has long operated in the shadows, shaped by secrecy and executive discretion.

As national security law expands, Canadians should ask not just who gets listed, but how those decisions are made and what broader political agendas they might serve.

The Conversation

Basema Al-Alami does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Calls to designate the Bishnoi gang a terrorist group shine a spotlight on Canada’s security laws – https://theconversation.com/calls-to-designate-the-bishnoi-gang-a-terrorist-group-shine-a-spotlight-on-canadas-security-laws-259844