¿Son moralmente correctas las políticas arancelarias, la persecución de inmigrantes o su regularización? Francisco de Vitoria tiene la respuesta

Source: The Conversation – (in Spanish) – By David Jiménez Castaño, Profesor permanente laboral de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, Universidad de Salamanca

Protesta en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, en enero de 2026, tras la muerte de Renee Good, tiroteada por agentes del ICE. Alejandro Díaz Manrique

Aunque vivió entre 1483 y 1546, el burgalés Francisco de Vitoria es reconocido como uno de los precursores de la teoría de los derechos humanos y de las relaciones internacionales. Aprovechando que en este 2026 celebramos el quinto centenario de la fundación de la Escuela de Salamanca, el movimiento intelectual que él mismo puso en marcha gracias a su docencia en la universidad del río Tormes, queremos recuperar una tesis central de su pensamiento: el ius communicationes o derecho a la comunicación.

Este principio aparece por primera vez en su Relección sobre los indios de 1539 y será clave para justificar la presencia española en América. Además, también es de gran utilidad para analizar casos tan actuales como el cierre del estrecho de Ormuz, la regularización de inmigrantes aprobada en España o la política arancelaria del gobierno de Donald Trump.

El alcance global de la sociabilidad natural del ser humano

Estatua a un hombre religioso con un libro en la mano colocada delante de una iglesia.
Estatua a Francisco de Vitoria en Salamanca.
Luis Rogelio HM/Wikimedia Commons, CC BY-SA

Para nuestro autor, el ser humano es una criatura que, debido a su frágil condición natural, viene al mundo en desventaja respecto a otros animales. Sin embargo, el hecho de estar dotado de razón y lenguaje le confiere una dignidad superior al del resto de criaturas y una oportunidad única para superar dichas carencias a través de la cooperación con sus semejantes.

Los individuos se agrupan así en sociedades en las que, intercambiando el fruto de su trabajo, pueden cubrir sus necesidades básicas y prestarse ayuda recíprocamente. Esto va más allá de la mera satisfacción egoísta de necesidades materiales: gracias a la palabra, la convivencia y el reconocimiento mutuo se crea una amistad natural entre los habitantes de una misma república.




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Ahora bien, esta simpatía natural que siente el ser humano hacia sus semejantes, ese respeto hacia la dignidad de sus iguales, no se agota dentro de las fronteras nacionales en las que desarrolla su vida. Nos agrupamos en repúblicas para hacer que la prestación del mutuo socorro sea más práctica y eficiente, pero la amicitia desborda estos límites y se extiende por todo el orbe. Así lo señalaba Vitoria en su Relección sobre el poder civil de 1528.

En este sentido, se puede afirmar que la humanidad es una y que el carácter global de nuestra especie condiciona las relaciones entre individuos y entre pueblos.

Relación del ius communicationis con el derecho natural y de gentes

La ley natural es aquella con la que Dios hace que la naturaleza siga su voluntad. Determina que el sol salga todos los días o que los seres vivos nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueran.

Ahora bien, Dios habla a cada criatura de acuerdo con su propia esencia, algo que, en el caso del ser humano, implica su racionalidad. Así, aquellas personas que se toman la molestia de reflexionar al actuar saben que tienen que procurar su propia conservación, pero sin hacer a los demás lo que no les gustaría que les hicieran a ellos.

Esto último vuelve a poner de relieve la sociabilidad natural del hombre y demuestra que esta ley natural es un antecedente claro de nuestros actuales derechos humanos. Para Vitoria, la ley natural debe aplicarse en cada país a través de la ley civil que ordena la convivencia entre los miembros de una misma sociedad.

Mientras que el derecho natural atañe a todos los hombres y mujeres, el derecho de gentes rige las relaciones entre los pueblos. Es decir, como no existe una sociedad de naciones, estas deben coordinarse sin la oportunidad de acudir a ningún poder superior. Por tanto, las normas que, de acuerdo con la ley natural, pueden garantizar la pacífica coexistencia entre naciones deben componen el derecho de gentes.

En este sentido, el ius communicationis, el derecho a la libre comunicación, sería un derecho de gentes porque garantiza eficientemente la ayuda mutua entre toda la humanidad.

Sobre el derecho a la libre circulación de las personas

Una primera formulación del ius communicationis permite la libre circulación de personas. A juicio de Vitoria, cualquier individuo puede moverse por el mundo siempre y cuando no viole las leyes civiles de la sociedad receptora.

Y no solo eso. La nación que los recibe está también obligada a hospedar a los viajeros y, en caso de causa motivada, albergarlos y protegerlos. Aquí entrarían, por ejemplo, situaciones que dieran pie a la solicitud de asilo político o la acogida de personas sin recursos.




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Incluso si no se diera ninguno de los casos anteriores, Vitoria asegura que cualquiera que resida largo tiempo en una sociedad receptora –o sus descendientes– tendría derecho a que se le concediese la ciudadanía. Lo más interesante es que ningún gobernante podría impedir esta libre circulación de personas; el que lo hiciese se convertiría en tirano y podría ser sancionado por la comunidad internacional.

Así, el pensamiento de Vitoria colisiona con el trato que el gobierno de Trump está dando a los inmigrantes en territorio estadounidense y, sobre todo, el comportamiento del ICE. También contradice a aquellos que en España criminalizan a los inmigrantes, proponen excluirlos de las coberturas y ayudas sociales o se oponen a la acogida de menores. En cambio, la regularización de quienes demuestran tener arraigo en otro país que no es el suyo y haber contribuido al desarrollo económico encajaría con su propuesta.

Si la humanidad es una y todos tenemos la obligación de socorrer a nuestros iguales, negarle ayuda al prójimo sería contrariar la voluntad de Dios.

Sobre el derecho a la libre circulación de las ideas y las cosas

Pero no solo aseguramos nuestra supervivencia y la del resto de la humanidad permitiendo que las personas transiten entre naciones. El libre comercio de mercancías e ideas también contribuye a ello.

Gracias al comercio, las sociedades tienen acceso a bienes desconocidos o que escasean en su territorio. Lo mismo sucede con el intercambio de conocimientos. Vitoria piensa fundamentalmente en la libre predicación del Evangelio en América por parte de los españoles, pero su tesis puede hacerse extensiva a otros casos. Tampoco en esta situación pueden los gobiernos impedirle a sus ciudadanos que comercien con extranjeros o reciban las ideas que estos quieran transmitirles pacíficamente. Si lo hiciesen se estarían oponiendo al derecho natural y de gentes y podrían ser coaccionados por el resto de naciones para que cesaran en su actitud.




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Relacionar la actualidad con lo que se ha señalado hace un momento no es complicado. Resuena en las prácticas arancelarias que dificultan el libre comercio entre Estados Unidos y el resto de los países o en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Trump e Irán. También en el control de internet que ejercen algunos Estados.

De hecho, algunos estudiosos creen que el ius communicationis de Vitoria podría ser útil todavía para reglar internacionalmente el flujo de información en la red o para legislar una futura colonización del espacio.

No está mal para alguien que elaboró estos pensamientos hace cinco siglos.


Este artículo surge de la colaboración con la Fundación Ignacio Larramendi, institución centrada en desarrollar proyectos relacionados con el pensamiento, la ciencia y la cultura en Iberoamérica con el objetivo de ponerlos a disposición de todo el público.

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The Conversation

David Jiménez Castaño recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de un proyecto de investigación del programa Generación de Conocimiento.

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¿Nunca gana al Monopoly? La economía y las finanzas explican por qué algunos jugadores dominan siempre la partida

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Álvaro Melón Izco, Profesor Permanente Laboral de Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de La Rioja

Andronos Haris/Shutterstock

Casi todo el mundo ha vivido la misma situación: una partida de Monopoly que empieza como entretenimiento familiar y termina con un jugador acumulando propiedades, dinero y poder mientras el resto cae lentamente en la bancarrota. Aunque solemos pensar que todo depende de la suerte de los dados, las matemáticas y las finanzas cuentan una historia muy distinta.

El Monopoly no es simplemente un juego de azar. Es un modelo simplificado de cómo funciona realmente la inversión y la acumulación de riqueza.

El tablero no es tan aleatorio como parece

La mayoría de los jugadores asume que todas las casillas tienen la misma probabilidad de ser visitadas. Pero eso es falso.

Las reglas del juego generan zonas mucho más transitadas que otras. La principal razón es la cárcel, que funciona como un auténtico atractor probabilístico (el estado al que tiende a evolucionar un sistema a lo largo del tiempo, basándose en la probabilidad). Es decir, a la cárcel se puede llegar de muchas formas: cayendo en la casilla correspondiente, sacando tres dobles seguidos o mediante cartas de “Suerte” y “Caja de comunidad”. Esto provoca que las casillas situadas a continuación reciban muchas más visitas que otras partes del tablero.

Además, no todos los resultados de los dados son igual de probables. Al lanzar dos dados, el 7 es la suma que más aparece, seguido del 6 y el 8. Eso hace que determinadas calles tengan una frecuencia de paso mucho mayor.

Como puede observarse, las calles naranjas y rojas –situadas justo después de la cárcel– concentran una parte muy importante del tráfico del tablero.

La razón es puramente matemática. Con dos dados existen 36 combinaciones posibles. El número 7 puede obtenerse de seis maneras distintas (1+6, 2+5, 3+4, etcétera), mientras que el 2 y el 12 solo tienen una combinación posible. Por eso el 7 aparece mucho más veces durante una partida.

Esta distribución de probabilidades tiene enormes consecuencias estratégicas. Los jugadores que salen de la cárcel suelen avanzar entre 6 y 10 casillas, lo que convierte determinadas zonas del tablero en auténticas autopistas de tráfico.

Aplicando el concepto de rentabilidad

Desde el punto de vista económico, una propiedad vale según el dinero que puede generar. Esto parece obvio, pero muchos jugadores cometen el mismo error que muchos inversores en la vida real: confundir precio con rentabilidad.

Las propiedades más caras no siempre son las mejores inversiones. Algunas calles baratas generan proporcionalmente mucho más dinero porque reciben más visitas y permiten recuperar antes la inversión inicial.

Aquí surge un concepto clave de las finanzas: la rentabilidad, que mide cuánto beneficio produce una inversión en relación con el dinero invertido. Y cuando este criterio se aplica al Monopoly, aparecen resultados sorprendentes.

Como se puede observar, algunas propiedades más caras y, por tanto, con mayores ingresos (como las del grupo verde), ofrecen rentabilidades brutas incluso inferiores al 100 %. Mientras, otros grupos de propiedades más baratas y, por consiguiente, con menos ingresos, ofrecen rentabilidades brutas mucho más altas, hasta por encima del 150 %.

El valor esperado

Sin embargo, la rentabilidad por sí sola no basta. Una propiedad puede generar alquileres enormes, pero si casi nadie cae en ella el beneficio real será pequeño. Lo importante es combinar dos elementos:

  • Cuánto dinero genera la casilla.

  • Con qué frecuencia recibe visitas.

En finanzas, esto se conoce como valor esperado. En términos simples:

Ingreso esperado = probabilidad de visita × dinero generado

Este mismo principio se utiliza para valorar inversiones reales, como viviendas de alquiler, centros comerciales o autopistas de peaje.

Cuando se aplica al Monopoly, las conclusiones son claras: las propiedades más valiosas no son necesariamente las más caras, sino las que generan más flujo de caja de forma constante.

El grupo de color más rentable por turno es el de color naranja y la calle Serrano es la casilla más rentable de todo el tablero. Este grupo va seguido de los de color azul claro, azul oscuro y rojo. Por ello, si quiere tener más probabilidades de éxito, debería priorizar la compra de estas propiedades en tu partida.

La rentabilidad marginal

Otro elemento decisivo es saber cuándo construir casas y hoteles. Aquí entra en juego otro concepto económico: la rentabilidad marginal. Es decir, cuánto beneficio adicional genera cada nueva inversión (en el caso del Monopoly, construir una casa adicional).

Los cálculos muestran que la tercera casa suele ser el punto óptimo. A partir de ahí, seguir construyendo sigue aumentando los ingresos, pero cada nueva casa aporta, proporcionalmente, menos rentabilidad que la anterior.

Por eso, muchos jugadores experimentados prefieren extender grupos de tres casas antes que construir hoteles rápidamente.

La escasez también importa

El Monopoly incorpora otra idea económica fundamental: la escasez de recursos. En el juego solo existen 32 casas y 12 hoteles. Eso significa que un jugador puede construir no solo para ganar más dinero, sino también para impedir que los demás crezcan.

Muchos jugadores expertos mantienen varias propiedades con tres o cuatro casas, sin transformarlas en hoteles, para bloquear el mercado inmobiliario del tablero.

Este mecanismo se parece mucho a lo que ocurre en algunos mercados reales: controlar un recurso escaso no solo aumenta beneficios, también limita las oportunidades de los competidores.

¿Cómo ganar al Monopoly?

Aunque el azar influye, los jugadores que mejor entienden estos principios económicos suelen tener más ventaja que el resto. Las estrategias de juego más eficaces suelen ser:

  1. Comprar propiedades desde el principio para controlar el mayor número posible de activos.

  2. Conseguir monopolios o grupos completos de color lo antes posible.

  3. Priorizar las calles con mayor rentabilidad esperada, especialmente las naranjas y rojas.

  4. Mantener liquidez suficiente, hipotecando propiedades poco útiles para seguir invirtiendo.

  5. En fases avanzadas, permanecer en la cárcel puede ser una buena estrategia para evitar caer en monopolios rivales.

Una lección económica disfrazada de juego

Cuando se analiza en profundidad, el Monopoly se parece mucho menos a un juego de azar y mucho más a una simulación simplificada de la economía real: premia a quienes entienden la importancia de la liquidez, la inversión temprana, el flujo de caja y la gestión estratégica de recursos.

Y quizá esa sea la verdadera razón por la que siempre gana la misma persona en casa: no tiene más suerte, simplemente piensa como un inversor.

The Conversation

Álvaro Melón Izco no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Nunca gana al Monopoly? La economía y las finanzas explican por qué algunos jugadores dominan siempre la partida – https://theconversation.com/nunca-gana-al-monopoly-la-economia-y-las-finanzas-explican-por-que-algunos-jugadores-dominan-siempre-la-partida-283189

« Je suis venu tuer un meurtrier » : il y a cent ans, l’assassinat de Symon Petlioura à Paris

Source: The Conversation – in French – By Andreï Kozovoï, Professeur des universités, Université de Lille

Scholem Schwarzbard (au centre) s’exprime pendant son procès pour l’assassinat en pleine rue à Paris de Symon Petlioura, à l’issue duquel il sera acquitté.
Gallica.bnf.fr

Réfugié à Paris après le démantèlement par les Soviétiques de la République populaire d’Ukraine, qu’il avait brièvement présidée, Symon Petlioura, alors âgé de 47 ans, a été abattu en pleine rue il y a exactement cent ans. Retour sur le parcours de son meurtrier (finalement acquitté) et sur le contexte de l’époque : la France venait de reconnaître l’URSS et celle-ci chercha à tirer profit du procès, très médiatisé, pour améliorer son image internationale.


Mardi 25 mai 1926, Paris. Peu après 14 heures, un homme de petite taille, de corpulence moyenne, les cheveux blonds coiffés avec une raie sur le côté droit, sort du restaurant Chez Chartier (actuellement le Bouillon Racine), au croisement de la rue Racine et du boulevard Saint-Michel, au cœur du Quartier latin. Ce restaurant, il y vient presque tous les jours, le plus souvent accompagné de sa femme et de sa fille. Mais aujourd’hui, il est seul. Son épouse, malade, est restée à la maison.

L’homme prend la direction du parc du Luxembourg quand il est approché par un inconnu d’une trentaine d’années, les cheveux roux ondulés et rejetés en arrière. Le dévisageant de ses yeux bleus d’acier, l’inconnu l’interpelle : « Tu es Petlioura ? » « Oui, Petlioura », répond notre promeneur ne se doutant de rien. « Alors, défends-toi ! », crie l’inconnu en tirant un coup de feu. L’homme s’écroule. L’inconnu s’approche de sa victime, et tire à cinq reprises à bout portant. « Par pitié, ça suffit », souffle Petlioura avant de perdre connaissance. Emmené à l’hôpital, il décédera deux heures plus tard.

Une dizaine de passants ayant assisté à la scène se jettent sur l’assassin. Roué de coups, il est sauvé du lynchage par l’arrivée des policiers. Ayant repris ses esprits, il décline son identité : Scholem Schwarzbard, Juif né en 1886 à Izmaïl, ville portuaire de Bessarabie, emprisonné pour avoir pris part à la révolution de 1905, exilé en France en 1910 pour y exercer la profession d’horloger. Engagé volontaire lors de la Première Guerre mondiale, Schwarzbard a été naturalisé en 1925. Un homme qui se dit anarchiste, affilié à aucun parti politique et qui n’éprouve aucun remords. « Je suis venu tuer un meurtrier », clame-t-il froidement à la police.

L’homme qu’il vient d’exécuter — car il s’agit bien, dans son esprit, d’une exécution — est Symon Petlioura, ancien leader de l’éphémère République populaire ukrainienne (RPU, 1917-1920). Un homme que Schwarzbard tient pour l’un des principaux responsables des pogromes commis en Ukraine entre 1918 et 1920, pendant la période qu’on a pris l’habitude d’appeler « guerre civile russe », mais qui est aussi, pour les Ukrainiens, une guerre d’indépendance. Les estimations du nombre de victimes des violences antijuives de masse commises durant cette période, bilan encore très disputé, varient de 35 000 à 200 000 — parmi lesquelles une dizaine de proches de Schwarzbard lui-même.

Un procès historique

Le procès de l’assassin de Petlioura s’ouvre le 18 octobre 1927, devant une affluence record. Très médiatisé, se déroulant devant le jury populaire de la cour d’assises de la Seine, il suscite des formes de mobilisation antagonistes.

« Procès des pogromes » selon la formule de l’avocat de Schwartzbard, Henry Torrès, qui défend la thèse du « crime de passion » en raison de la responsabilité, même symbolique, de Petlioura ; « procès de la Guépéou » (ou GPU, successeur de la Tchéka, services secrets et police politique soviétique) pour la communauté ukrainienne en France, mais aussi pour les émigrés socialistes-révolutionnaires russes, qui dépeignent Schwarzbard en marionnette aux mains du gouvernement soviétique. Selon eux, Schwarzbard aurait été manipulé par la GPU pour tuer un ami du maréchal Pilsudski, qui a pris le pouvoir en Pologne à la suite d’un coup d’État en mai 1926. L’assassinat aurait eu pour but d’empêcher les deux hommes d’organiser un soulèvement antibolchevik en Ukraine.

Simon Petlioura (avec le trident sur sa manche) et Józef Piłsudski (au centre) accompagnés de leurs officiers à Ivano-Frankivsk en septembre 1920.
Adam Szelagowski, journal Wiek XX’, Varsovie 1937

L’opinion publique française se passionne pour un procès qui lui fait découvrir, sous un angle dont elle ignorait à peu près tout, l’histoire récente d’un pays, la Russie, pour lequel elle a une fascination ancienne. L’URSS, qui a vu le jour en décembre 1922, suscite un intérêt teinté de forte méfiance : la reconnaissance diplomatique de l’URSS par la France, en octobre 1924, n’a pas apaisé la querelle liée aux « emprunts russes », dettes tsaristes contractées auprès de nombreux petits porteurs que Moscou se refuse à honorer.

Les soupçons planant sur l’arrivée massive d’espions soviétiques sur le sol français — sans parler du rôle occulte du Komintern, l’Internationale communiste, organisation dont le but est la promotion de la « révolution mondiale » et dont le relais, en France, est le Parti communiste français, qui a vu le jour en 1920. Les transfuges soviétiques, issus de représentations diplomatiques et commerciales, dont beaucoup s’installent en France (deuxième destination des exilés politiques après l’Allemagne), entretiennent une atmosphère déjà très tendue dans la capitale, où les forces conservatrices accusent les gouvernements successifs du Cartel des Gauches de pratiquer une politique migratoire laxiste. Pour l’Action française, les immigrés tels que Schwarzbard « volent le travail des Français » ; et la culture de la violence dont ils seraient porteurs les rendrait inassimilables.

Schwartzbard est acquitté le 26 octobre 1927, sous les acclamations du public. Son principal accusateur, Ilya Dobkowski, qui affirmait qu’il avait été manipulé par la Tchéka, ne parvient pas à convaincre les jurés. D’abord favorables à Petlioura, les témoignages se montrent de plus en plus à charge. La déposition d’une infirmière et témoin directe du pogrome de Proskourov (aujourd’hui Khmelnytskyï), l’un des pires massacres de Juifs avant la Seconde Guerre mondiale, orchestré par les hommes de l’ataman Ivan Semesenko, ayant fait au moins 1 500 morts le samedi 15 février 1919, produit un effet impérissable sur les jurés. D’une certaine manière, avec l’acquittement de Schwarzbard, c’est tout le mouvement national ukrainien qui se trouve discrédité pour avoir rendu possibles les pogromes en relayant le mythe « judéo-bolcheviste » selon lequel les ennemis bolcheviks et les Juifs ne font qu’un. Et peu importe si Petlioura avait créé un secrétariat, devenu ministère des Affaires juives, et si avec lui, les Juifs s’étaient vus reconnaître l’ensemble des droits dont jouissaient les autres citoyens ukrainiens.

Pour ses contemporains, le procès Schwarzbard est un procès politique typique de ceux s’étant déroulés à Paris dans les années 1920. On songe par exemple au procès, toujours en 1926, de la fusillade de la rue Damrémont, où le même Torrès défend le communiste Marc-Joseph Bernardon, qui est acquitté ; ou à celui, en 1929, de Georges Benoît, pour tentative d’assassinat du procureur Charles Fachot (sic), qui sera lui aussi acquitté. Dans les années 1930, le contexte changera, et l’assassin du président Paul Doumer, Pavel Gorguloff, sera guillotiné en 1932, alors que le meurtre pouvait aussi, à bien des égards, être qualifié de « crime de passion ».

Il est en même temps, comme l’écrit Virginie Sansico, un procès perçu comme « historique » et d’envergure planétaire. Un juriste de Varsovie, Raphael Lemkin, suivra le procès de très près et les conclusions qu’il en tirera lui serviront quelques années plus tard à forger la notion de génocide. En 1963, la philosophe Hannah Arendt le comparera au procès Eichmann, y voyant un « procès-spectacle », dans le bon sens du terme. Il inspirera la création de la Ligue internationale contre les pogromes, l’ancêtre de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA).

La peu crédible théorie de « la main de Moscou »

La théorie de la responsabilité des services secrets soviétiques dans le meurtre de Petlioura, toujours d’actualité pour une partie de la communauté ukrainienne, ne peut aujourd’hui être sérieusement défendue au regard de la documentation disponible. Et ce, même si par la suite, l’implication du KGB dans l’élimination de dirigeants nationalistes ukrainiens, à commencer par Stepan Bandera en 1959 à Munich, ne fait évidemment aucun doute.

Il ne convient pas non plus de voir dans l’acquittement de Schwarzbard une anomalie judiciaire résultant d’une quelconque opération d’influence du Parti communiste français. Entre 1914 et 1923, quatre assassinats politiques très médiatisés avaient été commis à Paris ; lors des procès qui suivirent, tous les assassins avaient été acquittés malgré leurs aveux. Le cas le plus mémorable est sans doute l’acquittement, en 1919, de Raoul Villain, l’assassin de Jean Jaurès. L’acquittement de meurtriers est aussi avéré dans un contexte autrement moins favorable pour l’accusée : dans cet Empire qui a vu naître Schwarzbard et Petlioura, la révolutionnaire russe Vera Zassoulitch avait été acquittée en avril 1878 du meurtre du général Fiodor Trepov.




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La thèse d’après laquelle la « main de Moscou » aurait influencé le verdict paraît d’autant plus improbable que le contexte de l’automne 1927 est précisément très défavorable aux Soviétiques, avec de fortes tensions franco-soviétiques en raison de « l’affaire Rakovsky », du nom de l’ambassadeur soviétique, Christian Rakovsky, devenu persona non grata après la découverte de sa participation à une déclaration de l’opposition (trotskiste) appelant à l’insurrection dans les colonies françaises.

Instrumentalisation par l’URSS

Ceci étant dit, on ne peut nier que les autorités soviétiques aient utilisé le procès de Schwarzbard à des fins politiques, pour tenter de présenter au monde leur régime comme moderne et civilisé — l’antithèse d’un tsarisme structurellement antisémite. Une image censée contrer la propagande du bolchevik au couteau entre les dents.

Le pouvoir soviétique autorise en effet la collecte de témoignages, dûment identifiés par les rabbins locaux, censés démontrer l’implication de Petlioura dans les violences antijuives de la guerre civile, témoignages envoyés ensuite à Paris pour être cités au procès. Cette opération sert aussi un objectif de propagande intérieure : les Juifs de Russie y voient la preuve que le pouvoir soviétique est de leur côté. Ceux qui hésitaient encore intentent des procès à d’anciens pogromistes, dont ceux ayant participé au massacre de Proskurov, qui se retrouvent en prison ou condamnés à mort. En été 1926, dix anciens policiers tsaristes sont jugés à Polotsk, dans la région de Vitebsk, en Biélorussie soviétique, pour des faits s’étant déroulés vingt-deux ans plus tôt, en 1904-1905. Le pouvoir communiste autorise ces procès, car ils s’inscrivent dans le narratif d’un tsarisme fondamentalement antisémite et ne concernent pas les exactions commises par l’Armée rouge pendant la guerre civile.

D’autre part, Moscou se saisit du procès Schwarzbard pour s’en prendre à toutes les organisations nationalistes ukrainiennes, qu’elles se revendiquent de Petlioura ou pas. La focalisation sur la responsabilité de Petlioura permet aussi aux autorités soviétiques de passer sous silence la nature éminemment plurielle des responsabilités dans les violences — moins à mettre sur le compte de Petlioura (responsable, mais non coupable, la différence est de taille), que sur celui des atamans de la RPU et surtout de leurs soldats, habitués à voir dans les Juifs, depuis la Première Guerre mondiale, autant de traîtres potentiels, et depuis 1917, sensibles au mythe du « judéo-bolchevisme » ; sans oublier l’implication des voisins immédiats des victimes, mus par des considérations souvent bassement matérielles.

Les pogromes ont surtout été rendus possibles en raison d’un contexte d’anarchie, et non à la suite d’un programme d’extermination découlant d’une idéologie antisémite propagée par les dirigeants, comme ce sera le cas quand l’Allemagne nazie organisera l’Holocauste en s’appuyant sur une partie des populations locales d’Europe centrale et orientale.

Voir dans cette récupération du procès Schwarzbard la confirmation de la thèse selon laquelle l’assassinat aurait été commandité par la GPUest, encore une fois, infondé. D’abord, parce que le soutien des Juifs par les autorités soviétiques est, on le sait, éphémère : dès la fin de la NEP, à la fin des années 1920, le mot « pogrome » disparaît du vocabulaire officiel pour laisser la place à l’euphémisme « actions de banditisme », des manifestations parmi d’autres de la « contre-révolution ». Et d’autre part, parce que loin de calmer les tensions, le procès parisien entraîne un regain d’antisémitisme en Ukraine soviétique : Elissa Bemporad parle d’un pic de violences en 1926, avec le retour d’accusations qu’on pensait définitivement reléguées au passé — celles du meurtre rituel d’enfants chrétiens.

À moyen et long terme, le mythe « judéo-bolcheviste » se voit renforcé : il fera le lit des massacres antijuifs de la Seconde Guerre mondiale. L’assassinat de Petlioura en fait un martyr ; un siècle plus tard, son héritage controversé n’a pas fini de susciter la polémique et de créer des tensions au sein de la communauté internationale.

Mais comme le prouve l’exemple de la France où la mémoire de la Révolution demeure clivante, cet héritage n’est nullement un obstacle à la formation d’un État démocratique — à condition de laisser les historiens faire leur travail…

The Conversation

Andreï Kozovoï ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. « Je suis venu tuer un meurtrier » : il y a cent ans, l’assassinat de Symon Petlioura à Paris – https://theconversation.com/je-suis-venu-tuer-un-meurtrier-il-y-a-cent-ans-lassassinat-de-symon-petlioura-a-paris-283660

Affaire Sarkozy : faut-il repenser l’infraction d’association de malfaiteurs ?

Source: The Conversation – in French – By Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre

Nicolas Sarkozy a été condamné en septembre 2025, en première instance, à cinq ans de prison ferme pour « association de malfaiteurs » dans le cadre des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye. L’ex-chef de l’État a fait appel de cette décision (à la suite de laquelle il avait passé vingt jours très médiatisés en prison). Ce second procès est en cours, Nicolas Sarkozy reste, entre autres, accusé d’être l’« instigateur » d’une association de malfaiteurs. Au-delà de la gravité des faits reprochés dans cette affaire, que recouvre cette infraction ? Comment est-elle apparue dans la loi française ? A-t-elle sa place dans un État de droit démocratique ?


Comme ce fut le cas en première instance, la poursuite de Nicolas Sarkozy du chef d’association de malfaiteurs en vue de la conclusion d’un pacte de corruption est au cœur de l’accusation formée à son encontre. Comme à l’autonome dernier, ses défenseurs affirment que cette accusation ne reposerait que sur l’existence de relations ou d’amitiés préexistantes, sans la preuve d’un acte matériel de corruption pouvant être reproché à l’ancien locataire de l’Élysée.

D’une certaine façon, ses défenseurs ont raison.

Le délit d’association de malfaiteurs permet d’engager la responsabilité pénale d’une personne sans avoir à établir son implication directe dans la réalisation du crime projeté par l’association : il suffit de démontrer sa participation à l’entente formée à cette fin. Une forme de répression qui, pas plus que l’exécution provisoire d’une condamnation pénale, n’est réservée aux classes dirigeantes. Mais une forme de répression qui, il est vrai, interroge du point de vue des exigences de l’État de droit démocratique.

Un délit créé en réaction autoritaire à la Révolution

Au fondement de l’ordre pénal libéral et républicain proclamé en 1789, il y a en effet la volonté – dans une société désormais fondée sur le primat de la liberté individuelle – de prémunir l’individu de toute forme d’arbitraire des pouvoirs publics. Une protection qui suppose notamment que l’on ne puisse être mis en cause qu’en raison de son propre fait – et non celui d’autrui – et d’actes matériels, non de simples intentions, réelles ou supposées.

Or, en son principe même, le délit d’association de malfaiteurs vient, au moins indirectement, remettre en cause ces garanties. Son introduction dans le Code pénal de 1810 est d’ailleurs l’une des manifestations de la réaction autoritaire aux acquis de la Révolution qui caractérise, pour partie, le Premier Empire. En permettant de retenir la responsabilité pénale de personnes du seul fait de « l’organisation de bandes ou de correspondance entre elles », l’article 266 du Code pénal napoléonien permet ainsi de réprimer une personne aux seuls motifs de son association avec d’autres et aux desseins criminels qu’on leur prête.

Instituée pour lutter contre les « brigands » qui sévissaient à la fin du XVIIIᵉ siècle, cette incrimination va toutefois assez rapidement tomber en désuétude.

En réalité, c’est à la fin du siècle suivant que se forge l’acception contemporaine de l’association de malfaiteurs, qui constitue l’un des outils répressifs adoptés pour lutter contre un mouvement anarchiste alors en plein essor et dont l’action parfois violente va servir de motif à une répression débridée.

En décembre 1893 et juillet 1894, trois lois, bientôt qualifiées de « scélérates », sont adoptées dans le but explicite de donner le maximum de latitude au pouvoir répressif face aux menées anarchistes. Promulguée le 18 décembre 1893, c’est la deuxième qui introduit le délit d’association de malfaiteurs dans sa forme actuelle, la définissant comme « tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation » d’une infraction.

Transposé dans le Code pénal en 1981, ce délit verra son champ d’application étendu en 1994 puis à nouveau en 2001 : ne ciblant initialement que les associations formées en vue de la préparation d’un crime, il vise aujourd’hui toute préparation collective d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. En 1996, le législateur introduit parallèlement l’infraction d’association de malfaiteurs terroriste, dont les éléments constitutifs sont les mêmes, la spécificité ne tenant qu’à la nature du projet criminel.

Un risque arbitraire fort

Dès l’origine, ces éléments constitutifs sont rédigés de façon particulièrement large, pour ne pas dire extensive. Ceci favorise une répression tendanciellement arbitraire, en ce qu’elle permet de condamner des personnes non en raison de leur fait personnel, non en raison d’un acte matériel consommé, mais en raison de leur seule association avec des individus impliqués dans la préparation d’un projet délictueux.

La Cour de cassation considère ainsi la responsabilité pénale de la personne engagée par sa seule présence au lieu de réunion habituel d’une organisation criminelle ou sa seule participation à une discussion. En outre, le fait que la personne ignore la nature du projet criminel préparé – voire que ce dernier ne soit pas précisément défini – n’empêche pas de caractériser le délit d’association de malfaiteurs. En d’autres termes, il suffit de fréquenter, fut-ce ponctuellement, des personnes envisageant la réalisation d’une infraction, pour être soi-même mis en cause.

Ce risque d’arbitraire est encore plus exacerbé en matière terroriste. Le propre de cette qualification est en effet de présenter un caractère foncièrement subjectif. Aux termes de l’article 421-1 du Code pénal, un crime ou un délit terroriste est en réalité une infraction de droit commun – tel un meurtre, un enlèvement ou encore des destructions par incendie – mais qui se trouve « en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Une définition qui offre aux autorités répressives une marge d’appréciation considérable.

Définir ce qui trouble gravement l’ordre public implique déjà une approche nécessairement subjective, dépendant de la sensibilité relative des pouvoirs publics – et des médias – à tel ou tel fait criminel.

Mais déterminer si la personne avait également l’intention spécifique d’intimider ou de terroriser autrui par son geste, ouvre inévitablement sur l’arbitraire, a fortiori lorsqu’on se situe au stade des actes préparatoires. On constate ainsi que le recours à l’incrimination d’association de malfaiteurs terroriste permet de mettre en cause des personnes n’ayant aucune implication dans la préparation d’un quelconque projet d’attentat, mais au seul motif de leur adhésion réelle ou supposée à une idéologie perçue comme encourageant la criminalité terroriste (fréquentation d’un lieu de culte où sont tenus des propos belliqueux, liens amicaux avec une personne décrite comme « radicalisée »…). Une fuite en avant répressive qui, en outre, ne fait qu’amenuiser l’efficacité bien comprise de la lutte contre la délinquance.

L’expérience nous enseigne en effet que moins les critères de mise en cause sont précis, plus la répression manque sa cible. Les perquisitions menées sous couvert de l’état d’urgence déclaré en novembre 2015 pour lutter contre la criminalité terroriste, qui pouvaient être ordonnées sans autre critère que l’existence d’une « menace pour l’ordre public », ont permis de mettre en évidence des infractions terroristes dans moins de 1 % des cas et sans jamais permettre de déjouer un projet d’attentat imminent.

Pour une définition plus précise de l’association de malfaiteurs

Pour autant, l’association de malfaiteurs peut aussi être utilisée pour sanctionner – et ainsi prévenir – de véritables projets criminels avant qu’ils ne soient mis à exécution, notamment en matière terroriste.

Mais si l’on veut que l’action des services répressifs cesse de se disperser pour se concentrer sur ces seuls faits, il est nécessaire de définir de façon beaucoup plus stricte l’incrimination de la préparation d’un acte délictueux. D’une part, en la circonscrivant à une liste limitative d’infractions, en privilégiant bien sûr les plus graves d’entre elles (homicides, criminalité organisée…). D’autre part, en ciblant non les relations de la personne, mais uniquement la commission d’actes préparatoires objectivables (acquisition ou confection d’armes ou d’explosifs, transactions financières, actes de repérage…).

Ainsi pourrait se mettre en place une réponse pénale qui, en se conformant davantage aux exigences de l’État de droit démocratique, n’en serait que plus efficace.

The Conversation

Vincent Sizaire est magistrat

ref. Affaire Sarkozy : faut-il repenser l’infraction d’association de malfaiteurs ? – https://theconversation.com/affaire-sarkozy-faut-il-repenser-linfraction-dassociation-de-malfaiteurs-283210

Pollution extrême en Asie du Sud : quand les pratiques agricoles brouillent les observations satellites

Source: The Conversation – France (in French) – By Selviga Sinnathamby, Doctorante en télédétection et physique de l’atmosphère, Sorbonne Université

Chaque année, en octobre-novembre, des épisodes de pollution intense sont observés dans une vaste région s’étalant de l’est du Pakistan au Bangladesh et longeant l’Himalaya. Une étude récente montre qu’ils sont liés au brûlage de déchets agricoles et que l’intensité de la contamination dépend des conditions météorologiques. Elle met également en évidence que les paysans connaissent les heures de passage des satellites utilisés par les autorités locales pour surveiller les quantités brûlées, ce qui complique le suivi des pollutions.


Le 18 novembre 2024, le Taj Mahal était plongé dans un brouillard opaque, ne laissant apparaître que l’ombre du mausolée. Au même moment, à 200 kilomètres au nord, des niveaux de particules fines dépassant 60 fois les seuils limites définis par l’Organisation mondiale de la santé étaient enregistrées à New Delhi. Mortels, ces taux de pollution ont alors entraîné la fermeture de plusieurs écoles et le confinement des personnes les plus vulnérables dans la capitale indienne.

Ce nuage de pollution, aussi appelé « smog », s’était formé en réalité dès la fin du mois d’octobre précédent. Il a persisté pendant le mois suivant, comme le montrent les images du satellite états-unien VIIRS, où un nuage grisâtre est visible depuis l’est du Pakistan jusqu’au nord de l’Inde, le 9 novembre 2024.

Images VIIRS (de gauche à droite) pour les 1er octobre, 26 octobre et 9 novembre 2024. Les nuages apparaissent en blanc, et la pollution en gris.“ zoomable=”true”/>

Ce n’est pas la première fois que cette région connaît de tels <a href=
Selviga Sinnathamby, Fourni par l’auteur

pics de pollution extrêmes à cette période de l’année. Ceux-ci coïncident en effet avec le brûlage des résidus agricoles, une pratique largement répandue chez les agriculteurs de la plaine indogangétique (vaste région s’étalant de l’est du Pakistan au Bangladesh et longeant l’Himalaya).

Ma thèse de doctorat porte sur le suivi de la pollution atmosphérique en Asie à partir d’observations satellitaires. En partant de cet événement, j’ai cherché à mieux comprendre le mécanisme de formation des épisodes de pollution dans cette région et, notamment, à voir quel facteur, de l’étendue des surfaces brûlées ou de la météorologie, influençait le plus l’intensité de ces épisodes d’une année à l’autre.

Les raisons du brûlage des déchets agricoles

La plaine indogangétique a connu au cours de ces dernières décennies un essor industriel et économique qui s’est accompagné d’une forte croissance démographique. Ces activités intenses contribuent à la dégradation de la qualité de l’air dans la région.

Carte de la plaine indogangétique avec ses régions administratives et ses principales villes.
Adapté par Selviga Sinnathamby, Fourni par l’auteur

Une autre source de pollution est le secteur agricole, élément vital de l’économie régionale. La vaste plaine fertile est considérée comme la principale région nourricière d’Asie du Sud, générant près de la moitié de la production céréalière consommable. Elle doit en grande partie cette productivité à la révolution verte survenue la fin des années 1960, qui a généralisé et intensifié la culture par rotation du riz et du blé dans certains États indiens, tels que le Pendjab et l’Haryana.

Le riz est semé en mai puis récolté en octobre-novembre, tandis que le blé est semé en novembre et récolté en avril-mai. Ce calendrier agricole est calé sur la mousson, où les pluies généreuses de juin à septembre arrosent les terres et aident les plants de riz, gourmands en eau, à se développer.

Ces cultures génèrent toutefois de grandes quantités de paille. Si une partie peut être utilisée pour nourrir le bétail ou à des fins domestiques, la majorité de ces déchets, en particulier ceux provenant de la riziculture, est brûlée.




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Plusieurs raisons l’expliquent.

  • D’une part, la paille de riz a une utilisation limitée dans la vie courante, contrairement aux autres déchets agricoles, et ne sert pas pour l’alimentation du bétail, par exemple.

  • D’autre part, les agriculteurs indiens sont pressés par le temps : le court délai entre la récolte du riz et le semis du blé demande un nettoyage rapide des champs. Le brûlage à champ ouvert est vu alors comme une solution simple, efficace et surtout économique pour les agriculteurs, qui sont bien souvent contraints financièrement.

La fenêtre temporelle entre les deux cultures s’est encore réduite depuis 2009, avec la mise en place de lois de protection des nappes phréatiques au Pendjab et dans l’Haryana. En effet, une des conséquences de la Révolution verte est la surexploitation des eaux souterraines à cause de l’irrigation massive, ce qui a conduit à des pénuries en eau, vers la fin des années 1990. Ces lois visent alors à ralentir l’épuisement des nappes phréatiques, en obligeant les agriculteurs à retarder le semis du riz afin d’aligner sa croissance avec la mousson.

Cartes de l’intensité totale des feux agricoles pendant la mousson (à gauche) et pendant les mois d’octobre et de novembre (à droite), en moyenne, sur la période 2007-2024. Plus la valeur est foncée, plus l’intensité radiative en mégawatts (MW) est forte.
Selviga Sinnathamby, Fourni par l’auteur

Même si l’état des nappes phréatiques s’est considérablement amélioré depuis 2009, ces lois ont davantage favorisé le recours au brûlage des résidus agricoles et, par conséquent, ont participé à la détérioration de la qualité de l’air régionale. Les feux allumés lors de cette pratique impactent négativement la santé des 600 millions d’habitants de la plaine indogangétique puisqu’ils émettent de nombreux polluants dans l’air, tels que les particules fines et le monoxyde de carbone (CO).

Une surveillance insuffisante de la pollution

Pour prévenir la population de ces pics de pollution, il est essentiel de suivre les niveaux de polluants dans la région. En Inde, il a fallu attendre 2014 pour que le gouvernement lance la surveillance automatique de la qualité de l’air dans tout le pays. Même si le nombre des stations de surveillance est passé de 30 à plus de 500 en dix ans, elles se concentrent principalement dans les zones urbaines et connaissent bien souvent des problèmes techniques.

La surveillance de la qualité de l’air dans la région a également été impactée par le retour de l’administration Trump aux États-Unis, qui a cessé de communiquer les mesures faites au niveau de ses ambassades depuis mars 2025.

Dans ce contexte, les observations réalisées depuis l’espace permettent de surveiller de manière continue et régulière la composition atmosphérique, et ce, depuis près de deux décennies. C’est notamment le cas des instruments français IASI, qui survolent la Terre à bord des satellites européens Metop depuis 2007 et qui mesurent en particulier les concentrations journalières de CO provenant des feux.

Pour notre étude, nous avons analysé cette série de mesures longue de plus de dix-huit ans, conjointement aux réanalyses des vents de surface et à l’intensité des feux agricoles fournies par les instruments MODIS, embarqués sur les satellites de la Nasa.

En haut : cartes des concentrations de CO mesurées par IASI, en moyenne, du 5 au 11 novembre pour 2011, 2017 et 2024. En bas : cartes d’intensité des feux agricoles observée par MODIS et les vents de surface moyens issus des réanalyses météorologiques pour la même période.
Selviga Sinnathamby, Fourni par l’auteur

Nos résultats montrent que les vents de surface influencent considérablement l’intensité des épisodes de pollution. En 2024, des vents exceptionnellement faibles ont persisté pendant près d’une semaine, favorisant alors l’accumulation du CO au sein de la région. On a observé des conditions similaires en 2017, mais pendant plus de deux semaines. Au contraire, en 2011, des vents plus forts ont contribué à atténuer la pollution alors que des feux agricoles plus intenses aient été détectés.

Des feux passés sous les radars

Notre travail met néanmoins en évidence une intensification des pics de CO, malgré une diminution des feux observés par MODIS ces dernières années.

Plusieurs hypothèses nous amènent à penser que les agriculteurs ont changé leur façon de gérer les résidus. La principale semble être une conséquence directe de l’interdiction de leur brûlage dans certains États indiens, comme Le Pendjab et l’Haryana, depuis 2015. Des amendes sont infligées aux agriculteurs qui pratiquent le brûlage des déchets agricoles. Une autre hypothèse serait liée à l’adoption de variétés de riz à croissance rapide, ce qui laisse plus de temps aux agriculteurs de gérer les résidus.

Intensité totale des feux agricoles allumés en octobre et novembre dans les États indiens du Pendjab et de l’Haryana, telle que détectée par les satellites de la NASA (MODIS). Les feux semblent diminuer mais les concentrations du monoxyde de carbone, traceur des feux, ne suivent pas la même tendance.
Selviga Sinnathamby, Fourni par l’auteur

En réalité, la surprise vient du fait que les agriculteurs brûlent les résidus en dehors du passage des satellites américains pour échapper aux sanctions. Une récente étude démontre, à l’aide de satellites géostationnaires qui sondent la région quasiment toutes les heures, qu’en 2024 les feux ont été allumés en fin d’après-midi, soit bien après le passage de MODIS vers 13 h 30

Même si cette découverte prête à sourire, elle n’enlève en rien la gravité de la situation : on estime à une fourchette de 44 000 à 98 000 le nombre de morts prématurées, entre 2003 et 2017, liées à l’exposition à la pollution émise par ces feux agricoles.

Le gouvernement indien essaie, à sa façon, de lutter contre la pollution de l’air en instaurant des tours « anti-smog » ou bien en déclenchant des pluies artificielles, à New Delhi par exemple. Or, ces solutions peinent à convaincre la population locale : des manifestations contre la dégradation de la qualité de l’air ont eu lieu pour la première fois en novembre 2025 à New Delhi.

The Conversation

Cathy Clerbaux a reçu des financements du CNES et de Eumetsat pour mener à bien les travaux de son équipe de recherche

Sarah Safieddine et Selviga Sinnathamby ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

ref. Pollution extrême en Asie du Sud : quand les pratiques agricoles brouillent les observations satellites – https://theconversation.com/pollution-extreme-en-asie-du-sud-quand-les-pratiques-agricoles-brouillent-les-observations-satellites-280423

Révolution dans l’isolation : des laines végétales acoustiques et résistantes au feu

Source: The Conversation – France (in French) – By Clément Piégay, Chercheur en acoustique environnementale, Cerema

Trouver un matériau protégeant du bruit, du froid, de la chaleur, mais qui soit également résistant aux flammes sans utiliser de traitements polluants, et si possible produit localement… de récentes recherches ont peut-être trouvé ce Saint-Graal. Elles démontrent le potentiel des laines végétales que l’on peut désormais traiter contre le feu avec des solutions non toxiques et qui ont également l’immense bénéfice de stocker le CO₂ atmosphérique.


C’est un fléau qu’on ignore trop souvent : selon l’Organisation mondiale de la santé, la pollution sonore constitue le deuxième facteur de morbidité environnementale en Europe, juste après la pollution atmosphérique. L’Agence européenne de l’environnement précise, elle, qu’en 2019 au moins 20 % de la population européenne était exposée à des niveaux de bruit considérés comme nocifs pour la santé humaine.

Une étude récente de l’Ademe évalue enfin à 124,1 milliards d’euros par an le coût social et sanitaire des bruits de transport et de voisinage dans les logements français, en partie imputable à la mauvaise qualité de l’isolation des bâtiments.

Face à cette réalité, le secteur du bâtiment joue un rôle clé dans la lutte contre les nuisances sonores. Il est également indissociable de l’objectif de neutralité climatique fixé par l’Union européenne pour 2050. En effet, en Europe, avec trois bâtiments sur quatre construits avant 1980, souvent sans réglementation acoustique ni thermique, le secteur de la construction représente à lui seul 40 % de la consommation énergétique et environ 36 % des émissions globales de dioxyde de carbone (CO₂) à l’échelle européenne.

Dans ce contexte, l’amélioration de l’isolation, tant acoustique que thermique, des bâtiments existants et neufs s’impose donc comme un défi majeur, à l’échelle française, européenne et même mondiale.

Face à ces enjeux sanitaires et environnementaux, les matériaux biosourcés, comme les laines végétales émergent comme une solution particulièrement adaptée aux exigences actuelles et aux attentes des pouvoirs publics (Loi de transition énergétique pour la croissance verte, Réglementation environnementale 2020 etc.).

Les laines végétales, un matériau aux nombreux atouts

Panneaux de laine de chanvre posés dans le cadre d’une rénovation d’un bâti traditionnel alsacien
Panneaux de laine de chanvre posés dans le cadre d’une rénovation d’un bâti traditionnel alsacien.
Fourni par l’auteur

Les laines végétales appartiennent à la famille des isolants biosourcés qui regroupent des panneaux isolants fabriqués à partir de fibres organiques renouvelables d’origine végétale (lin, chanvre…) ou animales (laine de mouton, par exemple). Ces panneaux, pouvant être constitués d’un ou de plusieurs types de fibres pour combiner leurs propriétés, présentent de nombreux atouts et apparaissent, aujourd’hui, comme le type d’isolant offrant la solution la plus respectueuse de l’environnement.

En effet, la biomasse végétale, produite par photosynthèse à partir du CO₂ prélevé dans l’atmosphère, permet de stocker durablement du carbone dans les matériaux de construction, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, la grande variété d’espèces utilisables permet de valoriser des ressources disponibles localement réduisant ainsi l’empreinte écologique liée au transport. Sur le plan agricole, les cultures dont proviennent les fibres végétales, comme celle du chanvre, par exemple, peu gourmand en eau et dont la France est le premier producteur européen, favorisent la régénération des sols, limitant le recours aux engrais et renforçant leur durabilité.

Panneaux de laines végétales.
Différents panneaux de laines végétales.
Fourni par l’auteur

Enfin, les laines végétales se distinguent également par d’excellentes propriétés d’isolation thermique liées à leur porosité élevée. La nature même des fibres, capables d’absorber une partie de l’humidité de l’air, confère aux laines des propriétés thermorégulatrices contribuant à la stabilité de l’humidité et de la température à l’intérieur des bâtiments pour le confort des occupants tout au long de la journée. Une qualité de plus en plus importante, surtout en été.

Des performances remarquables et notamment en acoustique

Les performances acoustiques des laines végétales ne sont pas en reste. Grâce à leur porosité élevée, les laines végétales présentent une absorption acoustique élevée correspondant à leur capacité à absorber l’énergie d’une onde sonore. En effet, en pénétrant dans la structure fibreuse des laines, les ondes acoustiques subissent une dissipation de leur énergie par des effets visqueux (frottement de l’air présent dans les matériaux sur les parois des fibres) et thermiques (échanges de température entre l’air piégé au sein des matériaux et les fibres).

Propagation schématique d’une onde sonore en interaction avec un matériau et tube de Kundt permettant de caractériser les propriétés acoustiques des matériaux. Fourni par l’auteur.
Fourni par l’auteur

Résultat : l’onde réfléchie en surface voit son énergie considérablement réduite par rapport à l’onde incidente initiale, ce qui est une propriété recherchée lorsque l’on vise à améliorer la qualité acoustique d’une salle. Ces propriétés sont mesurables en laboratoire grâce à un dispositif appelé tube de Kundt.

Concernant les propriétés en transmission liées à l’isolation acoustique, des études récentes démontrent que les laines végétales, une fois intégrées dans des systèmes de parois conventionnelles, offrent des performances généralement équivalentes à celles des isolants minéraux traditionnels (laine de roche, laine de verre,…).

Ces résultats marquent une étape décisive dans l’adoption des matériaux biosourcés dans la construction, ouvrant la voie à une utilisation plus large et plus ambitieuse de ces solutions durables dans le secteur du bâtiment.

Un domaine en plein essor

À l’heure actuelle, selon l’Association des industriels de la construction biosourcée, les matériaux d’isolation biosourcés représentent 11 % du marché français de l’isolation en 2023 avec une progression spectaculaire de 95 % en volume depuis 2016. Cette croissance soutenue devrait se poursuivre et même s’amplifier dans les prochaines années, portée par les objectifs de la RE2020 et de la loi Climat et résilience qui imposera, dès 2030, l’utilisation de matériaux biosourcés ou bas carbone dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions publiques.

Cependant, un frein limite encore l’essor de l’utilisation des matériaux biosourcés : leur réaction face au feu. En effet, les composés végétaux sont par nature combustibles. Pour répondre aux exigences imposées par la réglementation incendie, leur utilisation répond à des règles techniques de mise en œuvre et ils peuvent faire l’objet d’un traitement d’ignifugation afin de retarder l’apparition de la flamme. Mais les traitements à base de bore et de sels d’ammonium fréquemment utilisés ont été restreints pour des questions de toxicité.

Pour respecter la nature des fibres végétales utilisées dans les laines d’isolation et conserver leurs intérêts environnementaux, des traitements alternatifs bio-inspirés sont possibles et font l’objet de recherches. Par exemple, une solution à base d’acide phytique (formé pendant la maturation des graines dans les végétaux) et d’urée a été récemment testée sur des laines isolantes à base de fibres de chanvre.

Ce traitement par pulvérisation, compatible avec le procédé industriel de fabrication des isolants, modifie la réaction de pyrolyse (décomposition du matériau sous l’action de la chaleur) des fibres en créant une couche protectrice résiduelle charbonnée stable. Cette couche formée à la surface des laines permet de protéger la partie saine des matériaux et de stopper la propagation de la flamme, sans altérer les performances thermiques, de régulation de l’humidité et acoustiques des laines végétales.

À gauche, échantillon de laine de chanvre traité avec un mélange d’acide phytique et d’urée ; au centre, échantillon traité après essais au cône calorimètre ; à droite présentant une couche charbonnée protectrice
À gauche, échantillon de laine de chanvre traité avec un mélange d’acide phytique et d’urée ; au centre, échantillon traité après essais au cône calorimètre (à droite) présentant une couche charbonnée protectrice.
Fourni par l’auteur

Vers des isolants biosourcés toujours plus performants

Le développement de ces nouvelles générations de traitements permet d’utiliser de nouveaux procédés de fabrication à faible impact environnemental et sanitaire. De plus, les recherches actuelles visent également à optimiser les performances acoustiques en basses fréquences (BF) pour des panneaux d’épaisseur réduite inférieure à 5 centimètres, afin de proposer des isolants superoptimisés combinant légèreté, efficacité et sécurité incendie.

Ces innovations pourraient révolutionner l’usage des matériaux biosourcés, en les rendant compétitifs même dans des applications exigeantes, tout en respectant leur vocation écologique. Les recherches en cours ouvrent de fait la voie à des solutions techniques directement utilisables, en s’appuyant sur des méthodes peu coûteuses et adaptées à une production industrielle.


Cet article a été co-écrit avec Philippe Glé (UMRAE – Cerema Strasbourg) et Thomas Schatzmayr Welp Sá (UMRAE – Cerema Strasbourg).

The Conversation

Clément Piégay a reçu des financements de l’ANR.

Sandrine Marceau a reçu des financements de l’ADEME, l’ANR et l’Union Européenne.

ref. Révolution dans l’isolation : des laines végétales acoustiques et résistantes au feu – https://theconversation.com/revolution-dans-lisolation-des-laines-vegetales-acoustiques-et-resistantes-au-feu-280206

Pourquoi l’écoute est la compétence citoyenne la plus importante de l’ère numérique

Source: The Conversation – France (in French) – By Sara Kells, Director of Program Management at IE Digital Learning and Adjunct Professor of Humanities, IE University

Dans un monde saturé de prises de parole, la véritable rareté est peut-être devenue l’attention sincère portée aux autres. Halfpoint/Shutterstock

Les démocraties modernes défendent ardemment la liberté d’expression, mais négligent souvent une condition pourtant essentielle du débat public : la capacité à écouter réellement ce que disent les autres.


Dans une conversation ordinaire aujourd’hui, il n’est pas difficile de sentir le moment où quelqu’un cesse d’écouter. Son attention se déplace, sa réponse arrive trop vite, ou son regard dérive vers un écran qui attend à proximité. L’échange continue, mais quelque chose d’essentiel a déjà été perdu. Nous nous exprimons, plus que jamais, à travers plateformes, appareils et espaces numériques. Mais nous écoutons-nous réellement les uns les autres ?

Le débat public contemporain tend à se concentrer sur la parole. Les questions de savoir qui peut parler, ce qui devrait être régulé et si la liberté d’expression est menacée dominent les discussions sur la vie numérique. Ce sont évidemment des enjeux importants, mais ils reposent sur une hypothèse que nous examinons rarement : celle selon laquelle être entendu serait une conséquence naturelle du fait de parler.

Les Athéniens de l’Antiquité comprenaient que la parole démocratique exigeait deux choses à parts égales : le droit de parler et le courage de dire la vérité. Mais ces deux idéaux dépendent de la présence de quelque chose que les Athéniens évoquaient rarement de manière explicite, parce que, dans l’agora, cela allait simplement de soi : un auditoire disposé à accueillir sincèrement ce qui était dit. La parole et l’écoute ne sont pas des préoccupations concurrentes. Elles constituent les deux faces d’une même pratique civique, et il est impossible de défendre l’une sans se soucier de l’autre.

Aujourd’hui, nous consacrons une énergie considérable à protéger et à étendre le droit de parler. Nous accordons bien moins d’attention à ce qui se passe du côté de ceux qui reçoivent cette parole.

Ce que l’écoute exige réellement

L’écoute n’est pas une activité passive. Elle ne consiste pas simplement à se taire, pas plus qu’elle ne se réduit au fait d’entendre des mots passer. Bien écouter, c’est se confronter à la parole d’autrui comme à quelque chose de porteur de sens, qui mérite d’être compris, interprété et auquel il est possible de répondre selon ses propres termes.

Les philosophes parlent ici de « réception attentive » (uptake) : la volonté de recevoir avec justesse ce que quelqu’un a dit avant d’y réagir. Cela signifie consacrer assez de temps à un argument pour en saisir véritablement le sens, plutôt que de répondre à une version simplifiée ou déformée de celui-ci. Cela implique de distinguer ce qu’une personne a effectivement affirmé de ce que nous avons supposé qu’elle voulait dire. Cela revient aussi à considérer celui qui parle comme un participant à un échange commun, et non comme un obstacle à écarter.

C’est plus difficile qu’il n’y paraît. Nous avons tendance à écouter pour répondre plutôt que pour comprendre. Nous guettons le moment où nous pourrons répliquer, la faille dans l’argumentation, l’ouverture qui nous permettra d’imposer notre propre point de vue. Ce n’est pas de l’écoute. C’est de l’attente.

Cette distinction est essentielle dans une vie démocratique. Lorsque les citoyens réagissent à des caricatures d’opinions opposées plutôt qu’aux opinions elles-mêmes, le débat public perd sa capacité à produire autre chose que du bruit. Le désaccord devient une mise en scène. L’argumentation se transforme en théâtre. Et la possibilité d’une véritable persuasion – celle de changer réellement d’avis à la lumière de ce qu’une autre personne a dit – disparaît silencieusement.

Les environnements numériques rendent l’écoute plus difficile

Les plateformes qui accueillent aujourd’hui l’essentiel de nos conversations publiques n’ont pas été conçues pour favoriser l’écoute. Elles ont été pensées pour générer de l’engagement – ce qui est tout autre chose.

L’engagement, tel qu’il est mesuré par les grandes plateformes de réseaux sociaux, correspond aux clics, aux partages, aux réactions et au temps passé. Les contenus qui suscitent des émotions fortes – en particulier l’indignation, la colère morale ou le scandale – obtiennent généralement de bons résultats selon ces critères. Ceux qui invitent à une réflexion attentive, beaucoup moins.

Le résultat est un environnement informationnel qui récompense systématiquement les formes de communication les moins propices à une véritable écoute : rapides, affirmatives, chargées émotionnellement et conçues pour provoquer une réaction plutôt que pour susciter une réponse réfléchie.

À cela s’ajoute la manière dont les algorithmes nous présentent les contenus. Nous rencontrons rarement des arguments dans leur forme complète, exprimés par ceux qui les défendent et replacés dans le contexte où ils ont été formulés. À la place, nous sommes le plus souvent confrontés à des fragments, des captures d’écran, des résumés ou des paraphrases, souvent choisis précisément parce qu’ils sont faciles à rejeter ou à ridiculiser. Autrement dit, nous sommes entraînés à interagir avec des caricatures. Or les caricatures n’exigent pas d’écoute. Elles n’exigent qu’une réaction.

Les conséquences pour la vie démocratique sont sérieuses. Un espace public dans lequel chacun parle en permanence sans avoir réellement le sentiment d’être entendu n’est pas un espace sain. C’est un espace où les frustrations s’accumulent, où les positions se durcissent et où le terrain commun nécessaire aux décisions collectives devient de plus en plus difficile à trouver. Ce n’est pas seulement un problème technologique. C’est un problème civique. Et il appelle une réponse civique.

Comment enseigner (et pratiquer) l’écoute

La bonne nouvelle, c’est que l’écoute, contrairement à la conception des algorithmes, est une chose sur laquelle nous pouvons agir directement. C’est une compétence, et les compétences peuvent s’enseigner.

Dans les contextes éducatifs, cela signifie créer des espaces où les étudiants pratiquent délibérément l’écoute attentive. Les enseignants peuvent, par exemple, organiser des débats dans lesquels les étudiants doivent reformuler l’argument d’un camarade de manière satisfaisante avant d’en proposer une critique. Cette pratique instaure un environnement où une participation équitable devient une exigence structurelle plutôt qu’une considération secondaire, et où le désaccord est envisagé comme une occasion de comprendre plutôt que de l’emporter.

La même discipline s’applique au-delà des discussions en direct. On peut demander aux étudiants d’écouter un podcast, de regarder une vidéo ou de lire un article avec une seule consigne en tête : êtes-vous capable d’exposer honnêtement son argument avant de décider si vous êtes d’accord avec lui ?

Ce ne sont pas de simples exercices scolaires. Ce sont des répétitions de la vie démocratique.

Ces habitudes peuvent aussi être cultivées en dehors du cadre éducatif. Avant de répondre à quelque chose qui vous provoque ou vous agace, prenez un instant pour vous demander si vous avez réellement compris l’argument en question. Avant de critiquer une position, reformulez-la dans des termes que son défenseur reconnaîtrait comme justes. Distinguez ce qu’une personne a effectivement dit des suppositions que vous faites sur les raisons pour lesquelles elle l’a dit. Ce sont de petits ajustements, mais pratiqués avec constance, ils transforment la qualité des échanges.

Une démocratie qui apprend uniquement aux citoyens à parler librement n’a accompli que la moitié du travail. Dans la Grèce antique, l’agora n’était pas une scène. C’était un lieu d’échange. Retrouver cet esprit – dans les salles de classe, dans les conversations et dans les espaces numériques que nous partageons désormais – commence par une compétence plus discrète et plus exigeante : apprendre à véritablement écouter.

The Conversation

Sara Kells ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Pourquoi l’écoute est la compétence citoyenne la plus importante de l’ère numérique – https://theconversation.com/pourquoi-lecoute-est-la-competence-citoyenne-la-plus-importante-de-lere-numerique-282171

ChatGPT Santé se veut une aide pour les médecins et les patients. Est-ce fiable ? Quels risques pour la confidentialité et le secret médical ?

Source: The Conversation – France in French (2) – By Nesrine Kaaniche, Associate professor, Télécom SudParis – Institut Mines-Télécom

En janvier 2026, OpenAI a lancé, aux États-Unis, ChatGPT Santé. Ce logiciel est principalement destiné aux patients pour les aider à mieux comprendre et à gérer leurs informations de santé. Il peut aussi être utilisé par les médecins afin de faciliter l’accès aux données médicales et d’améliorer le suivi des patients.

Avec une telle utilisation par les médecins et les patients, la protection des patients – que ce soit leur santé ou leurs données – et la préservation du secret médical dépendent des barrières techniques mises en place.


En pratique, ChatGPT Santé permet d’interpréter des résultats d’analyses, de suivre l’évolution de certains indicateurs, de préparer des rendez-vous médicaux ou encore d’obtenir des explications personnalisées à partir de données de santé.

Pour les patients, c’est un outil d’assistance informationnelle visant à les accompagner dans leur parcours de soins, sans se substituer aux professionnels de santé. Pour ces professionnels, ChatGPT peut servir d’aide au diagnostic.

Dans les deux cas, sa légitimité dépend d’un équilibre délicat : il s’agit de transformer des dossiers médicaux éparpillés en une aide au diagnostic fiable, tout en protégeant la vie privée des patients.

En effet, les données de santé, considérées comme sensibles, sont soumises à des réglementations bien précises. Leur confidentialité est essentielle pour garantir le respect du secret médical et limiter les risques d’utilisation abusive. En effet, un accès non consenti par des assureurs ou des banques pourrait entraîner des refus de couverture, des hausses de primes ou des refus de crédit fondés sur l’état de santé d’un individu.

Pour pouvoir garantir la confidentialité des données de santé transmises et traitées par ChatGPT Santé (ou d’autres systèmes équivalents), il faut résoudre des défis techniques majeurs : sécuriser les flux de données, garantir l’anonymisation dans un environnement massivement interconnecté, à la fois lors de la collecte de données, de l’entraînement du modèle et de son utilisation.

Fiabilité algorithmique et risque d’hallucination clinique

En tout premier lieu, la protection du patient repose sur la justesse des informations fournies par l’IA aux utilisateurs, patients comme médecins.

Le phénomène d’hallucination, inhérent aux architectures de type Large Language Model (LLM), prend une dimension critique en milieu clinique : une erreur de conversion d’unité ou une confusion posologique (par exemple, 5 milligrammes contre 50 milligrammes) peut engager le pronostic vital.

Pour neutraliser ce biais, OpenAI déploie des « mécanismes d’ancrage » (grounding) par l’intermédiaire de référentiels tels que HealthBench, un benchmark de 150 000 ressources validées par des pairs. Ce processus transforme l’IA en un moteur de synthèse documentaire où chaque affirmation est corrélée à une source vérifiable (DOI d’études, portails hospitaliers), ce qui permet aux patients de mieux comprendre les résultats de leurs analyses avec un jargon moins technique.

Pour les professionnels de santé, cet ancrage rend l’outil plus fiable, car il repose dès lors sur le concept de garantie humaine : l’interface ne se substitue jamais au décideur final (le médecin, quand il s’agit de poser un diagnostic), mais agit comme un médiateur d’informations dont la traçabilité permet au praticien de valider systématiquement la suggestion du modèle.

Sécuriser les flux de communication

L’architecture de ChatGPT Santé repose sur une organisation claire des différents éléments : les phases de calcul (à distance ou en local) afin de permettre la collecte des données, l’entraînement du modèle et son utilisation ; mais aussi les flux d’information entre différents terminaux (smartphones, laboratoires d’analyses, hôpitaux, data centers, etc.).

La circulation des données est gérée par la plateforme B.Well Connected Health. Cette infrastructure agit comme une interface consacrée au domaine médical, permettant de faire communiquer entre elles différentes sources de données même si elles sont très différentes.

Elle permet ainsi d’harmoniser des données variées, comme celles issues d’applications personnelles (Apple Health, MyFitnessPal) ou celles provenant des dossiers médicaux hospitaliers. En vérifiant que chaque donnée correspond bien au bon patient, et en garantissant que les données respectent les normes et règles en vigueur, la plateforme assure un flux de données déterministe ou associé à un seul utilisateur pour la phase d’inférence du LLM (c’est-à-dire son utilisation grâce à des prompts). L’ensemble de cette chaîne de traitement s’opère dans un environnement maintenu en isolation totale vis-à-vis du réseau public.

Contrairement à l’interface standard de ChatGPT, les informations cliniques des patients sont exclues du processus d’entraînement global du modèle de langage : elles ne modifient jamais les poids synaptiques du réseau de neurones global de ChatGPT. Ces données personnelles sont stockées uniquement dans un espace de recherche spécifique à chaque utilisateur, ce qui garantit que les informations sensibles restent séparées du modèle et de son évolution ultérieure.

De plus, l’architecture de ChatGPT Santé s’appuie sur la méthode RAG (Retrieval-Augmented Generation) : au lieu de mémoriser l’historique médical, le modèle consulte, lors de chaque requête, une base de données privée et isolée. Contrairement à une mémorisation classique, où un modèle pourrait intégrer et retenir directement des informations sensibles dans ses paramètres, ce mécanisme limite le risque que ces données soient apprises ou réutilisées involontairement par le modèle.

Cependant, ces vecteurs restent temporairement stockés sur les serveurs d’OpenAI, notamment pour des raisons de modération, jusqu’à trente jours. Cette conservation, même limitée, représente un point de vulnérabilité potentiel, car elle expose les données à un risque résiduel d’accès non autorisé.

Anonymiser les données pour éviter l’identification des patients

La protection des données dans ChatGPT Santé doit garantir que la nature des informations traitées ne permette pas l’identification du patient.

La première technique de « dés-identification » mise en place par OpenAI est bien sûr de retirer les identifiants directs, par exemple les noms de patients. Mais ceci n’élimine pas le risque de réidentification par corrélation de métadonnées, rendant l’anonymat vulnérable. En effet, une récente étude a démontré que le croisement de seulement trois points de données (une pathologie rare, une géolocalisation précise et un historique de fréquence cardiaque issu d’un wearable) permet une réidentification dans plus de 80 % des cas. Par sa capacité de corrélation, l’IA peut en effet lier des informations anonymes pour isoler un profil unique.

Pour neutraliser ce risque, ChatGPT Santé pourrait se reposer sur la « confidentialité différentielle », qui consiste à ajouter une petite perturbation aléatoire aux données afin qu’aucune analyse ne puisse être rattachée avec certitude à un individu.

L’efficacité du système dépend de la gestion de ce compromis entre bruit et confidentialité : un niveau de confidentialité trop élevé sacrifie l’utilité clinique des informations (qui sont trop bruitées pour être utiles), alors qu’un bruit insuffisant fragilise le secret médical face à la puissance d’analyse croisée des systèmes d’IA.

Garder les données confidentielles lors de la phase d’utilisation du LLM

Si ChatGPT Santé s’appuie sur un chiffrement de bout en bout pour sécuriser les flux de communication, le véritable défi réside dans la protection des données en cours d’utilisation, lors de la phase dite d’« inférence ».

En effet, l’architecture des modèles de type transformer impose à ce jour au système de déchiffrer l’information pour opérer ses calculs d’inférence. Cela implique que, même de manière fugitive, les données de santé résident en clair dans la mémoire vive (RAM) des serveurs de calcul, constituant un point de vulnérabilité face à des vecteurs d’attaque de type « extraction de mémoire ».

L’avenir de la confidentialité des données de santé repose sur des techniques de chiffrement avancées, notamment le chiffrement homomorphe. Cette approche permet d’effectuer des calculs directement sur des données chiffrées, sans avoir besoin de les déchiffrer au préalable. Autrement dit, il est possible de traiter les données tout en les gardant protégées, ce qui garantit que leur contenu reste inaccessible, même pendant leur utilisation.

Pour l’instant, OpenAI adopte une approche hybride : l’utilisation de serveurs spécifiques sur Microsoft Azure doit permettre de garder les données séparées des données des autres utilisateurs (ou celles d’autres applications que ChatGPT Santé). Cette organisation crée un environnement proche d’un système interne (également appelé « sur site »), même s’il repose sur le cloud. Elle permet de mieux protéger les échanges de données, mais n’élimine pas totalement les risques d’exposition temporaire lors de leur traitement.

Le conflit de souveraineté : les données françaises face aux lois états-uniennes

Enfin, le déploiement de ChatGPT Santé en Europe poserait un défi de souveraineté majeur.

En effet, en France, la législation impose l’hébergement des données cliniques chez des prestataires certifiés « Hébergeurs de données de santé ». Bien que Microsoft Azure dispose de centres de données certifiés en France (France Central), le calcul intensif requis par l’IA nécessite des processeurs ultrapuissants qui consomment énormément d’énergie. Pour des raisons de disponibilité électrique, ces moteurs de calcul sont souvent situés dans des fermes de serveurs hors de l’Union européenne.

Or, ce déport de la donnée vers des serveurs états-uniens déclenche l’application du Cloud Act, une loi qui permet aux autorités des États-Unis d’exiger l’accès aux informations gérées par une entreprise états-unienne, indépendamment de leur lieu de stockage physique.

Ce cadre entre en collision directe avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) européen, créant un conflit de lois où la protection européenne s’effacerait devant les prérogatives de sécurité américaines.

The Conversation

Nesrine Kaaniche ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. ChatGPT Santé se veut une aide pour les médecins et les patients. Est-ce fiable ? Quels risques pour la confidentialité et le secret médical ? – https://theconversation.com/chatgpt-sante-se-veut-une-aide-pour-les-medecins-et-les-patients-est-ce-fiable-quels-risques-pour-la-confidentialite-et-le-secret-medical-281082

Fin du tandem Sonko-Diomaye : anatomie d’une dualité au sommet de l’État sénégalais

Source: The Conversation – in French – By Toumani Traoré, Doctorant en Science Politique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

L’arène politique sénégalaise est souvent le théâtre de luttes d’influence, soit entre acteurs d’un même parti, soit entre acteurs de partis distincts. Comme le soutenait Lord Palmerston, chef de la diplomatie britannique en 1848:

En politique, il n’y a pas d’ennemis permanents ni d’amis permanents, seulement des intérêts permanents.

La situation qui prévaut au sommet de l’exécutif du Sénégal n’échappe pas à cette maxime.

Le tandem Sonko-Diomaye, composé du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko, qui parlait le même langage, est aujourd’hui en proie à de fortes dissensions internes. Ces divergences ont abouti, le 22 mai, à l’annonce du limogeage du Premier ministre par le président de la République et la dissolution du gouvernement.

Si le meeting du 8 novembre 2025 annonçait des signes avant-coureurs de divergences fratricides, l’entretien du 2 mai 2026 a levé toute équivoque. Le président de la République évoque lui-même des désaccords avec son Premier ministre en dénonçant la “personnalisation excessive” du pouvoir autour de ce dernier.

Mes recherches doctorales portent sur les transformations récentes du système politique sénégalais à travers l’émergence de Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF, au pouvoir) et les recompositions sociopolitiques observées entre 2021 et 2024 dans un contexte de forte instabilité politique. J’analyse comment ce parti antisystème a réussi à bouleverser l’ordre sociopolitique traditionnel établi au Sénégal.

La construction d’un capital symbolique indivis, une illusion bicéphale

Le tandem inédit s’est forgé lorsque Sonko a porté son choix sur Diomaye après l’invalidation de sa candidature. Initialement construit dans une dynamique de complémentarité politique, l’un assurait la gestion de l’appareil d’État et l’autre, la légitimité politique forte durant les premiers mois de leur gouvernance.

Cependant, le grand rassemblement politique de PASTEF du 8 novembre 2025, dépeint les limites d’une illusion bicéphale portée par Sonko. “L’après 8 novembre”, comme a affirmé Sonko, est un tournant vital pour la suite du compagnonnage institutionnel entre le président de la République et lui-même. La relation entre les deux est aujourd’hui bloquée dans l’impasse. D’abord, des divergences sur le choix du coordonnateur de la coalition au pouvoir, ensuite sur leur vision du pouvoir, et enfin sur le choix des alliés.

Dès lors, le slogan fusionnel “Sonko mooy Diomaye” (Sonko est Diomaye, en wolof) comme stratégie de survie du PASTEF face au régime de Macky Sall, l’ancien président, tend à s’atrophier pour laisser émerger les slogans “Sonko est Sonko”, ou “Ousmane est Sonko”. Les travaux du journaliste Sidy Diop convergent en ce sens. Diop montre que “l’unité proclamée a vécu. Elle laisse place à une dualité désormais visible, presque assumée, où les rôles se redéfinissent et les ambitions s’affirment”.

“Diomaye n’est plus Sonko. Sonko n’est plus Diomaye”. Or, dans la perspective de la théorie de la domination et de la reproduction symbolique qui a permis à Sonko d’opérer un “capital de procuration”, leur fusion symbolique a créé un “habitus partisan unique” où l’homopastefien et le sympathisant au “Projet” ne percevaient plus deux représentants distincts, mais une dyade, une seule force politique indivisible.

Cette dualité au sommet est l’aboutissement temporel de leur “complémentarité” à l’entrée du champ politique de l’exécutif, car la nature présidentielle du régime politique sénégalais impose une distinction forte où l’autorité du président ne se partage pas. Les prérogatives du président de la République et du Premier ministre sont définies par la Constitution aux articles 42 à 52, transformant ainsi la fusion initiale en une « rivalité douce ».

Diomaye adopte souvent une posture de réserve, de garant des institutions, tandis que Sonko conserve son registre de mobilisation et de rupture. C’est ce que le sociologue français Pierre Bourdieu qualifie de “position qui occupe l’homme car le rôle institutionnel détermine les actions, le langage et la posture de l’individu, plutôt que l’inverse”.La fonction présidentielle impose un habitus “souverain” qui entre mécaniquement en distinction avec l’habitus de “chef de parti” du Premier ministre. Ce qui, conformément à une éthique de séparation entre les fonctions de chef de l’État et celles de chef de parti, a valu à Diomaye de démissionner de son poste de secrétaire général ainsi que de toutes les instances dirigeantes du parti PASTEF.

En outre, bien que réelle mais invisible, la frontière entre le président de la République et son Premier ministre réside dans le passage de la communication de rue “Diomaye est Sonko” à une communication institutionnelle où l’image du président de la République vient en premier selon une logique protocolaire. Là où Sonko a porté Diomaye au pouvoir, ce dernier jouit aujourd’hui d’un pouvoir discrétionnaire, avec un pouvoir de nomination, créant ainsi une bipolarisation politique entre pro-Diomaye et pro-Sonko.

Les limites de la dualité

En physique, la mécanique des fluides signifie que quand deux corps de masses différentes partagent une enveloppe, celui avec une masse supérieure comprime le second. Appliqué à Diomaye et Sonko, cela signifie que le pouvoir n’est pas statique comme c’est le cas de la nature humaine.

Par le flux ascendant d’influence, par son aura et son contrôle du parti, Ousmane Sonko injecte de la légitimité populaire à Bassirou Diomaye Faye. Par l’effet inverse, le flux descendant d’influence Bassirou Diomaye, à travers ses décrets et décisions d’État, matérialise les aspirations du Projet en les inscrivant dans le droit positif sénégalais. Ainsi, si Sonko prend trop de place, son influence déborde sur le territoire institutionnel de Diomaye.

Dès lors, le président peut paraître sous tutelle. Si Diomaye s’isole trop, il perd sa veine de légitimité qu’est Sonko. Ils sont dans un système de dépendance mutuelle et d’autodestruction. Le pouvoir voyage entre le bureau présidentiel et la Primature. C’est ce qui maintient la rivalité douce.

En imitant le désir de l’autre, ils deviennent des doubles antagonistes. Plus ils se ressemblent, plus leur divergence devient profonde car l’autre est le miroir de sa propre ambition. Les deux acteurs désirent les mêmes objets : pouvoir, présidence, leadership. Sonko aspire à détenir le pouvoir exécutif; Diomaye aspire à conforter son siège.

Ce qui se joue aujourd’hui au sommet du pouvoir nous rappelle qu’en politique, le “gentlemen’s agreement” n’est qu’un mythe pour les idéalistes. C’est le retour du syndrome du numéro deux qui refait surface inlassablement. Le dauphin présomptif, initialement loyal et compétent, gravit des échelons et se retourne contre son leader lorsque celui-ci prend toute la lumière.

L’acteur hégémonique, quant à lui, dans sa logique de sécuriser les scrutins futurs, transforme un allié fidèle en ennemi par méfiance. Ce qui crée davantage une forme de paranoïa réciproque qui présage une période de turbulences sociales et politiques.

The Conversation

Toumani Traoré does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Fin du tandem Sonko-Diomaye : anatomie d’une dualité au sommet de l’État sénégalais – https://theconversation.com/fin-du-tandem-sonko-diomaye-anatomie-dune-dualite-au-sommet-de-letat-senegalais-283241

Pour continuer à exporter dans un contexte de guerre, les entreprises ne mettent pas leurs œufs dans le même panier

Source: The Conversation – France (in French) – By Manon Meschi, Management international; Stratégie d’entreprise, ESSCA School of Management

Comme pour un portefeuille d’actifs financiers, les entreprises exportatrices se retrouvent à choisir entre des risques modérés et élevés, voire très élevés. HappyEva/Shutterstock

S’adapter ou périr. La dure loi de la jungle s’applique aux entreprises exportatrices. Le dilemme est cruel : soit s’ouvrir à de nouveaux marchés potentiellement rémunérateurs au risque de tout perdre, soit ne plus exporter et ne plus espérer gagner de nouveaux clients. Et si la réponse était dans la capacité à pivoter le plus rapidement possible ?


Le blocage du détroit d’Ormuz provoque de fortes tensions sur les marchés des matières premières et met à l’arrêt une partie du trafic commercial mondial. Pour les entreprises exportatrices, ce bouleversement est une réalité. Il se traduit par des coûts logistiques en hausse, des retards de livraison, une forte instabilité de la demande ou encore la perte soudaine de débouchés sur les marchés internationaux.

Le dernier baromètre de la confiance des PME montre que le développement international reste un vecteur de croissance, même si seulement 25 % d’entre elles envisagent de renforcer leur présence à l’étranger. Les tensions dans le Moyen-Orient ou en Ukraine se traduisent par des délais de paiement qui s’allongent puisque la part des entreprises réglées au-delà de 70 jours a augmenté de 15 % à 24 %. Le risque géopolitique est désormais perçu comme la principale menace par plus de 65 % des entreprises, soit une hausse de 37 points par rapport à 2025, devant les problèmes d’approvisionnement et les difficultés de transport.

Dans ce contexte inédit, une question s’impose : comment adapter la stratégie d’exportation face à la multiplication des chocs mondiaux ?

Rester flexible

Pour analyser ce phénomène, nous avons mené une étude sur près de 3 000 entreprises françaises, petites et moyennes (PME). Nos résultats montrent que ces entreprises reconfigurent leur portefeuille de marchés en fonction de l’intensité des chocs exogènes. Lorsque les perturbations restent modérées, dans une temporalité restreinte ou d’ampleur très localisée, elles ont tendance à exporter vers plusieurs régions géographiques.

Cette stratégie leur permet de rester flexibles et de réorienter rapidement leurs flux commerciaux en cas de difficultés localisées. En revanche, lorsque les chocs deviennent plus intenses en matière de durée, d’ampleur ou de sévérité, les PME françaises se recentrent sur un nombre plus limité de marchés, souvent situés dans une région qu’elles connaissent bien, comme l’Union européenne. Elles renforcent leur présence dans ces marchés jugés plus sûrs, afin de compenser les pertes dans les zones les plus touchées.

Chocs en cascade

Moins dotées en ressources et moins préparées que les grandes multinationales, les petites et moyennes entreprises disposent de marges de manœuvre limitées pour absorber ces chocs. Un marché qui se ferme, une route commerciale qui est perturbée, un partenaire local qui fait faillite et c’est parfois toute la stratégie d’exportation qui est remise en question.

Pour autant, elles ne subissent pas passivement ces situations imprévues et font preuve d’agilité. Selon le 3ᵉ baromètre export des PME publié par Bpifrance Le Lab, les PME exportatrices françaises font preuve de résilience malgré la multiplication des chocs sur les marchés internationaux, leur part à l’export reste globalement stable, autour de 24 %. Elles disposent de plusieurs options stratégiques pour s’adapter face à ces chocs :

  • quitter les pays particulièrement affectés ;

  • explorer de nouveaux marchés ;

  • se replier temporairement sur des zones plus sûres.

Garder plusieurs options ouvertes

Face à des chocs encore limités ou très localisés, les entreprises cherchent à diversifier leurs débouchés à l’export pour réduire leur dépendance à certains pays ou régions. Au début de la pandémie du Covid-19, de nombreuses PME françaises ont cherché à compenser la fermeture de marchés en explorant de nouvelles destinations. Une entreprise qui exportait principalement en Europe peut ainsi tenter sa chance en Amérique du Nord ou en Asie.

Selon une enquête récente, près de deux tiers des entreprises françaises cherchent à se positionner sur de nouveaux marchés à l’export pour faire face aux tensions géopolitiques localisées. Dans le même temps, 58 % d’entre elles diversifient leurs fournisseurs ou leurs sources d’approvisionnement, et une proportion similaire réorganise ses flux en passant par des marchés tiers. Cette dispersion géographique devient une forme d’assurance ; si un marché s’effondre, un autre peut compenser. Cette stratégie repose sur une idée simple : dans un monde incertain, mieux vaut garder plusieurs options ouvertes pour rester flexible.

Repli stratégique vers des zones sûres

Multiplier les marchés implique des coûts : coordination, logistique, adaptation réglementaire, gestion de partenaires locaux. Face à cette pression, un tournant s’opère et les entreprises réduisent leur exposition internationale. Elles se retirent des marchés les plus risqués ou les plus éloignés, et concentrent leurs efforts sur un nombre plus restreint de zones jugées plus stables. Près de 56 % des entreprises exportatrices françaises privilégient actuellement des régions politiquement stables ; 53 % d’entre elles cherchent à renforcer leurs partenariats locaux pour sécuriser leurs flux et contourner les perturbations.

Très souvent, cela signifie un recentrage régional : 86 % des entreprises exportatrices françaises prévoient de cibler l’Union européenne en 2026. L’objectif est clair : sécuriser les ventes, limiter les risques et maintenir les économies d’échelle.

Cette stratégie, observée pendant la pandémie, se retrouve aujourd’hui suivie dans de nombreux secteurs confrontés aux incertitudes géopolitiques.

Disparité des réponses

Notre étude révèle que ces petites et moyennes entreprises exportatrices affichent des réponses divergentes selon la nature des chocs.

Si les catastrophes naturelles, climatiques et épidémiques provoquent des réactions plus rapides et immédiates, ces chocs sont difficiles à anticiper et peuvent affecter simultanément plusieurs régions. Ils incitent les entreprises à se replier plus vite vers un recentrage régional.

À l’inverse, les chocs d’origine humaine tels que les conflits armés, attentats ou accidents industriels sont souvent plus localisés et perçus comme plus contrôlables par l’intervention humaine ou gouvernementale. Ils laissent davantage de marge pour réorganiser les flux et redéployer les activités vers d’autres zones.

Dispersion ou concentration géographique

Les petites et moyennes exportatrices naviguent en permanence entre ces deux logiques, contraintes par leurs ressources limitées :

  • diversifier la présence internationale permet de gagner en flexibilité ;

  • concentrer les ventes et accentuer la pénétration de certains marchés offrent davantage de sécurité par une meilleure connaissance des pays visés.

Les réponses apportées varient selon l’intensité des turbulences et le niveau d’incertitude. Lorsque l’incertitude est modérée, la dispersion géographique domine. Mais lorsque les crises deviennent trop fortes ou trop fréquentes, la concentration s’impose. C’est un équilibre délicat où chaque décision implique des arbitrages stratégiques.

Sortir rapidement de marchés dangereux

Derrière ces ajustements se dessinent de nouvelles stratégies d’exportation et une transformation du commerce international. Pour les petites et moyennes exportatrices, il ne s’agit plus seulement de conquérir de nouveaux marchés. Désormais, il est question de pouvoir en sortir rapidement et y revenir si les conditions s’améliorent et l’opportunité ressurgit. Cette capacité à pivoter devient un atout stratégique majeur pour les PME exportatrices.

Dans un monde marqué par de fortes turbulences, les entreprises les plus performantes ne sont pas forcément celles qui sont présentes partout, mais celles qui savent adapter rapidement leur portefeuille de marchés selon l’intensité et la nature des chocs qui perturbent le commerce mondial.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Pour continuer à exporter dans un contexte de guerre, les entreprises ne mettent pas leurs œufs dans le même panier – https://theconversation.com/pour-continuer-a-exporter-dans-un-contexte-de-guerre-les-entreprises-ne-mettent-pas-leurs-oeufs-dans-le-meme-panier-279274