Source: The Conversation – (in Spanish) – By Pedro César Martínez Morán, Director del Master in Talent Management de Advantere School of Management / Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, Universidad Pontificia Comillas
La selección femenina de España celebra su victoria en la final de la Women’s Nations League el 2 de diciembre.RTVE
Al ganar su segunda Women’s Nations League, la selección femenina de fútbol de España se sucede a sí misma. En 2023, también subió a lo más alto del pódium en el Campeonato Mundial, la primera final en la que participaban. En estos escasos años, tan solo se le ha escapado conseguir medalla en los pasados Juegos Olímpicos.
Cambio de paradigma
En este siglo XXI, España brilla en un conjunto amplio de disciplinas. Tanto es así que en abril de 2025 se han superado por primera vez los 6 000 deportistas de alto nivel, según recoge el Consejo Superior de Deportes.
No obstante, el fútbol acapara todas las atenciones. Según la compañía de marketing deportivo SportsValue, de las diez competiciones deportivas con mayor generación de ingresos en el mundo, cinco se relacionan con este deporte.
La liga masculina de fútbol de España ocupa un meritorio noveno lugar, y en la competición que gestiona juegan el primero y el sexto equipos del mundo por ingresos. Es el deporte más popular en este país.
Sin embargo, hasta épocas recientes, las selecciones nacionales asomaban muy poco la cabeza en los rankings correspondientes. Se atribuye a Alfredo Di Stefano la frase lapidaria de “jugamos como nunca y perdimos como siempre”. Incluso, se publicó un libro con ese título. Eran otros tiempos.
La eclosión del fútbol femenino
La selección española ganó todos los partidos de la última Eurocopa femenina, aunque perdiese el más importante. Si bien en la fase de grupos sus rivales le marcaron algún gol, en los partidos decisivos, los previos a la final, mantuvo su portería a cero. Su planificación ha brillado. El gol en la semifinal ante Alemania, a la que nunca se había derrotado, no fue debido al azar: según comentó la jugadora Aitana Bonmati, “lo habían estudiado”.
En las categorías inferiores, España ocupa el segundo lugar en el ranking de campeonatos europeos ganados en sub-17. En el caso de las sub-19, es el país con más trofeos conquistados.
Por el lado individual, las jugadoras españolas lideran el ranking de balones de oro. Bonmatí y Alexia Putellas sobresalen. Además, las licencias de fútbol femenino en España casi se han multiplicado por tres en el intervalo 2012 a 2024.
Mientras las audiencias televisivas de la semifinal de la Eurocopa alcanzaron cifras muy altas, el partido de vuelta frente a Alemania en la final de la Women´s Nation League registró la mejor entrada a un partido de fútbol femenino en España.
Qué es el fútbol
El fútbol son muchas cosas, demasiadas: juega un rol significativo en la vida diaria. El historiador británico David Goldbaltt incluso llega a aseverar que es “el reflejo más extraordinario de la sociedad”. Estrechamente ligado a la política y a los medios de comunicación, a menudo se utiliza como herramienta de expresión política y de socialización, incluso como medio para moldear la opinión pública y la identidad.
Lo importante en el fútbol, en opinión de Luis Aragonés, futbolista y luego entrenador, es ganar, ganar y volver a ganar. La victoria produce titulares, mientras que la derrota genera abandono.
Aportación de España: talento y perseverancia
El talento individual y el colectivo caminan por senderos diferentes. Según Pablo Atela y Fernando Díez, el primero se puede asociar a creatividad, habilidades superiores al promedio y compromiso con la tarea. El segundo conecta con la cooperación y la armonía social.
En 2007, la psicóloga norteamericana Angela Duckwort, junto con un equipo de expertos, reveló el papel crucial que tiene la determinación en el éxito. Unos años más tarde, en 2016, publicó un libro –Grit: el poder de la pasión y la perseverancia– donde dejaba de manifiesto cómo la resiliencia y la fuerza de voluntad para alcanzar metas resultan tan importantes como el propio talento.
Según BBC Sports, los éxitos del fútbol femenino español han venido de una mezcla entre familiaridad y continuidad. Por su parte, el diario británico The Guardian, justo antes de comenzar la Eurocopa femenina, titulaba que los problemas acontecidos tras ganar el Campeonato del mundo resultaron un revulsivo para transformar el fútbol femenino español.
España gusta
En definitiva, los triunfos futbolísticos de las jugadoras españolas resuenan en el escaparate internacional: a los espectadores de este deporte les gusta como juega España.
Tras superar polémicas y numerosas dificultades, la selección rezuma alegría, simplicidad, desparpajo. En lo estrictamente deportivo juegan como nadie y durante estos últimos años le han tomado la medida a la victoria. A eso hay que sumar el gran trabajo que se está haciendo categorías inferiores. Su rendimiento colectivo demuestra el valor del talento grupal y la gran preparación técnica y táctica a nivel individual.
Pedro César Martínez Morán no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Deborah Besseghini, Doctora Investigadora Marie Curie – Departamento de Geografía, Historia y Filosofía – Historia Moderna, Universidad Pablo de Olavide
Ilustración satírica de 1896 donde se ve al Tío Sam interponiéndose entre las potencias europeas y unos personajes que representan a Nicaragua y Venezuela.Wikimedia Commons
El 24 de noviembre venció el ultimátum a Nicolás Maduro por el que Estados Unidos clasificó al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista, allanando el camino para una posible intervención militar contra Venezuela.
Esa decisión parece menos una exigencia jurídica que una advertencia política.
Como ya se vio en la “guerra de los doce días” contra Irán, que llevó a casi toda la UE a aceptar las exigencias estadounidenses en el marco de la OTAN, Washington se preocupa cada vez menos por sustentar sus ataques mediante justificaciones normativas.
Acoso diplomático
Los detractores del presidente Trump sostienen que ha convertido a EE.UU. en un “Estado mafioso” (mafia state), debido a que recurre a prácticas gansteriles, tanto a nivel internacional como nacional. Para estas voces críticas, Trump busca la cooperación o el sometimiento mediante la amenaza del uso de la fuerza.
No hace falta simpatizar con Maduro para ver los riesgos de este acoso diplomático “bully diplomacy”. Por exitosa que haya sido hasta ahora, socava los ya frágiles cimientos del orden mundial normativo (rule-based global orden) que Occidente dice defender. Sus efectos resultan difíciles de prevenir.
Esto sucede en el aniversario de la llamada doctrina Monroe, que tuvo lugar el 2 de diciembre.
A todos nos suena el lema “América para los americanos” y ahora lo asociamos con el control de fronteras y el proteccionismo industrial. Sin embargo, no es la primera vez que se alzan banderas con este lema.
1823 fue el marco de una auténtica partida de ajedrez geopolítico. Más de dos siglos después del mensaje del presidente James Monroe, resulta útil conocer cómo Londres y Washington compitieron por la proyección política en Latinoamérica. Entender qué ocurrió y cómo Europa perdió gradualmente capacidad de influencia puede ayudarnos a leer mejor lo que se avecina.
El giro intervencionista de la doctrina Monroe
Monroe no podía prever que su declaración contra la injerencia europea en los países independientes de América y a favor del no-intervencionismo estadounidense en Europa (en Grecia, por ejemplo) se transformaría en una “doctrina” útil para justificar no solo el aislacionismo, sino también el intervencionismo en América y más allá.
Sin embargo, el germen de ese giro ya estaba inscrito en el propio mensaje de 1823.
Aquel año, la contrarrevolución alcanzaba su cenit con la invasión francesa de España, que restauró el absolutismo en Europa y parecía anunciar una intervención franco-española en América.
Cuando Monroe leyó su mensaje, Gran Bretaña ya había asegurado el gradual reconocimiento de la independencia hispanoamericana, publicando el compromiso francés a la no-intervención en América que recoge el Memorándum de Polignac. Este hecho constituyó una parte del proceso para la difícil aceptación británica de la intervención francesa en España.
Pero Washington lo desconocía. Como subrayan los expertos, la declaración de Monroe no representó una ambigua cooperación con Londres, sino una potente reacción negativa a un anterior pedido británico de colaboración sobre la independencia latinoamericana.
Fue, en esencia, un manifiesto de emancipación geopolítica.
El secretario John Quincy Adams, autor del documento, se oponía a la propuesta británica de declarar que ni Gran Bretaña ni EE. UU. anexarían territorios previamente españoles, porque pensaba que Londres quería limitar la proyección estratégica de la república. Su negativa contenía en esencia la ideología del “destino manifiesto” y un panamericanismo contradictorio.
Considerando cómo los conflictos imperiales del siglo XVIII habían perturbado la geografía continental, Adams quiso establecer que los territorios americanos ya no eran peones en el ajedrez europeo.
El mensaje de Monroe no fue una herramienta de política interna, como se ha dicho, sino que dejó claro al mundo que EE.UU. interpretaría cualquier amenaza europea a las independencias hispanoamericanas como un ataque a su propia seguridad y paz.
Percibía como interferencia los planes para crear monarquías independientes, porque nuevos lazos dinásticos habrían arrastrado a América a conflictos europeos. Por eso, la “libertad hemisférica” tenía que ser republicana.
Aguafuerte coloreado a mano de Charles Williams, en el que se ironiza sobre una derrota naval británica durante la Guerra de 1812. Library of Congress
EE. UU. terminó legitimando como defensiva su teórica intervención contra la interferencia de otras potencias en otros países. Poco importó que careciera de la fuerza y la voluntad de materializar la amenaza. Fue una herramienta propagandística en Latinoamérica, que tuvo profundos efectos en México y Texas. Creó graves divisiones internas entre conservadores probritánicos y liberales proestadounidenses y empujó la reacción británica, una dinámica observada previamente en Sudamérica durante la Guerra de 1812.
Pero al intentar debilitar a la influencia europea, EE. UU. no quería actuar como guía del mundo americano.
El origen del “patio trasero”
Los límites de la declaración de Monroe residían, contrariamente a lo que se cree, en la reticencia de EE. UU. a gobernar un continente que solo deseaba controlar en la medida necesaria para su seguridad. Hispanoamérica representaba un escudo frente a la amenaza europea, la barrera entre el hogar y el mundo. Era su “patio trasero”. Con el tiempo el “hogar” se expandiría al jardín, y el jardín se proyectaría sobre el resto del mundo entre muchas contradicciones. Pero EE. UU. no perdería su hábito, fijado ya en 1823, de interpretar la injerencia ajena en territorios externos como una amenaza directa a su propia seguridad.
Y así como en el siglo XIX no quería gobernar el caos americano, hoy no quiere gobernar el mundo ni Occidente. Como conclusión, la “bully diplomacy” de Trump encarna el lado oscuro de una potencia militar hegemónica que no quiere ser un imperio, sino seguir preservándose a sí misma.
Deborah Besseghini es doctora investigadoras Marie Curie en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde desarrolla el proyecto “UNWANTED – The Revolutionary Impact of Financing a Global War, 1797-1825”, financiado por la Comisión Europea.
Algunos artículos citados son parte de un numero monográfico sobre la Doctrina Monroe en el cual la investigadora participó.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Margarida Romero, Research associate, Universitat Internacional de Catalunya; Université Côte d’Azur; Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA – CSIC)
Para la directora del centro, la mañana se complicó antes de que la última gota de café cayera en la taza. En la sala de profesores, el ambiente se podía cortar con un cuchillo: desde hacía ya un par de años, las expectativas infladas en torno a la digitalización del colegio habían monopolizado las conversaciones.
Esta vez, sin embargo, el debate no giraba en torno al uso de la inteligencia artificial por parte del alumnado en los deberes. El foco estaba puesto en un estudiante de segundo de la ESO que había logrado saltarse las restricciones de su tableta escolar y acceder a YouTube. La preocupación no era únicamente que hubiese visto un par de vídeos inocentes, sino que el simple hecho de vulnerar las medidas de seguridad del dispositivo evidenciaba un fallo grave: si un alumno podía romper las barreras, también podía exponerse a contenido inapropiado.
El jefe de estudios, firme defensor del proyecto digital, se lamentaba mientras señalaba la pantalla: “Mira, lo teníamos todo cerrado: cámara, tienda de aplicaciones, navegador… y aun así lo han vuelto a abrir”. La directora era consciente de que el incidente iba más allá de lo técnico: detrás afloraban expectativas familiares contradictorias, un claustro dividido y una comunidad educativa que todavía no tenía claro si la tecnología era una herramienta de aprendizaje, un riesgo… o ambas cosas a la vez.
Una innovación compleja
Aquella mañana, la directora asumió algo que llevaba tiempo rondándole la cabeza: la tableta, ese dispositivo presentado como instrumento para la renovación pedagógica, se rebelaba como una fiera difícil de domesticar. Cuando se utilizaba en ciertas actividades pedagógicas, podía ser fascinante, pero también podía ser un peligro para los alumnos. El profesorado no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que había que restringir la libertad de la fiera; con la aprobación del jefe de estudios, se fue creando una jaula de restricciones en respuesta a las incidencias que su uso había causado.
Quedaba ya lejos el discurso que había situado a la tableta en el centro del ambicioso proyecto digital del centro: un dispositivo por alumno, presentado como una manera de adaptar la enseñanza al mundo digital.
El jefe de estudios, uno de los grandes impulsores del proyecto, defendía la digitalización con verdadero entusiasmo. Imaginaba alumnos creando vídeos, investigando por su cuenta, colaborando en línea y realizando sus actividades en el aula y en casa en un mismo soporte. Además, la tableta se había presentado a las familias como una manera de no tener que cargar con los manuales escolares entre la escuela y el hogar. Durante los primeros meses, algo de esa promesa pareció cumplirse entre los profesores más entusiastas y los alumnos con más autodisciplina y capacidad de regulación.
Sin embargo, la directora siempre había sospechado que la tableta tenía un potencial tan prometedor como problemático. Desde el primer curso, familias y docentes le trasladaron inquietudes que se repetían con frecuencia: vídeos grabados sin permiso, capturas de pantalla comprometedoras, distracciones constantes en el aula, accesos a contenidos inapropiados. Tras cada incidente, el equipo directivo instaba al servicio técnico a encontrar una solución “definitiva y urgente”.
En respuesta, el centro empezó a bloquear la cámara, restringir aplicaciones, limitar el acceso a internet o desactivar funciones básicas del dispositivo. El objetivo era doble: proteger al alumnado y evitar situaciones que pudieran dañar la convivencia o la reputación del centro. Pero ese control tan minucioso tenía efectos secundarios evidentes: las tabletas quedaban reducidas a versiones muy limitadas de lo que originalmente se había prometido. La “fiera” tecnológica pasaba a ser, en la práctica, un aparato domesticado hasta la ineficacia, un corderito manso pero ineficiente.
Los estudiantes, acostumbrados a usar sus tabletas con total libertad en casa, reaccionaban a las limitaciones con creatividad y cierta picardía. Cada día buscaban formas de “desatar” la fiera que había atado el equipo técnico de la escuela. Y así, como en el relato de Penélope, el profesorado dedicaba horas a tejer un entramado de restricciones tecnológicas, que los alumnos intentaban destejer cuando salían del centro. Un tejer y destejer diario, perdiendo el tiempo y la paciencia del equipo del centro. Ese tiempo invertido en vigilar la herramienta terminaba restándolo de lo realmente importante: la relación educativa, la conversación, la atención personalizada.
Protocolo común para centros
El caso de este colegio no es una excepción sino representativo de las contradicciones y frustraciones que se han vivido en las aulas con la llegada de las tecnologías digitales. En nuestro reciente trabajo de investigación al respecto, hemos diseñado un estudio que incorporara no solo la visión de todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, docentes, familias y equipos directivos y pedagógicos), sino también la observación directa en los centros.
Nuestro trabajo se llevó a cabo en dos institutos de secundaria, con 536 alumnos observados. Allí constatamos cómo la tensión entre innovación y control atraviesa toda la vida escolar. Algunos centros optan por prohibir los móviles; otros, por crear zonas sin pantallas; otros apuestan por una digitalización total; y los hay que deciden recortar la tecnología hasta dejarla casi irreconocible.
En la última década, la educación ha oscilado entre el tecnooptimismo y el tecnoescepticismo, una dinámica que se ha intensificado con la llegada de la inteligencia artificial generativa, que irrumpe en un ecosistema ya saturado de tensiones.
Herramientas que transforman
En nuestras observaciones comprobamos que la tecnología genera dificultades porque suele introducirse en la escuela como si fuera un objeto neutro, algo que puede simplemente usarse bien o mal.
Pero las herramientas digitales transforman las relaciones entre docentes, alumnado y familias. Alteran las normas, los ritmos, las posibilidades de trabajo y también los riesgos. Por eso, proponemos regular sus usos desde el propio centro educativo y acompañar al profesorado en su capacidad para diseñar actividades donde la tecnología aporte un valor añadido, ya sea para desarrollar competencias disciplinares o digitales.
Dos ejemplos sencillos: mutilar una tableta (bloquear cámara, aplicaciones o funciones determinadas) la reduce a un libro caro, mientras que prohibir el móvil elimina cualquier posibilidad educativa. En cambio, usar la tecnología con sentido implica integrarla en actividades que aporten valor: por ejemplo, usar la cámara para documentar un experimento o el móvil para recoger y analizar datos en una salida. La diferencia es clara: el objetivo no es bloquear por defecto, sino de dar un propósito pedagógico a las herramientas para desarrollar competencias digitales y disciplinares.
No se trata de expulsar, mutilar o domesticar la tecnología, sino de desarrollar capacidades docentes y directivas que permitan establecer políticas de uso centradas en el desarrollo competencial: pensamiento computacional, comprensión y análisis de datos, alfabetización informática y capacidad de programar. El objetivo no es formar meros consumidores de tecnología, sino personas capaces de comprenderla, crearla y transformarla.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
La Defensa Civil palestina busca vecindarios bajo los escombros tras una incursión israelí en una casa en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, el 24 de octubre de 2023. Anas-Mohammed/Shutterstock
El 4 de diciembre de 1975 fallecía en su apartamento de Nueva York Hannah Arendt, filósofa y politóloga judía de origen alemán, nacionalizada estadounidense, cuya obra alcanzó una enorme proyección internacional.
Su trayectoria se distingue por una independencia intelectual poco común, que hace difícil su encuadre en las corrientes dominantes del pensamiento del siglo XX. Sus investigaciones abordan temas tan variados como la sociedad de masas, las posibilidades de la acción política, las tensiones internas de la democracia, la violencia extrema y la responsabilidad de los ciudadanos ante esa violencia.
Sin embargo, Arendt es recordada sobre todo por el concepto de “banalidad del mal”, formulado en su estudio sobre el criminal de guerra Adolf Eichmann, quien –a diferencia de otros jerarcas nazis juzgados en Núremberg en 1946– había logrado eludir la justicia durante años.
La aniquilación sin preguntas
En Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal, de 1963, Arendt argumenta que Eichmann no era ninguna encarnación del mal radical, una figura demoníaca o un sádico. Era, más bien, un individuo mediocre, gris, anodino y sobre todo incapaz de pensar de forma crítica.
En esencia, Eichmann cumplió el papel de un funcionario diligente, más atento a la eficiencia administrativa que a las implicaciones éticas de sus actos. Consideraba que la aniquilación sistemática de un grupo humano –aceptada sin reflexión y justificada por la supuesta amenaza que representaba para la supervivencia del Estado– no solo era legítima sino necesaria. También entendía que cumplir con esa tarea formaba parte de su deber como ciudadano alemán.
Su obediencia estricta a las órdenes, desprovista de pensamiento y de empatía, revelaba un tipo de mal que no surge de una voluntad perversa, sino de una profunda incapacidad para pensar. Ese mal banal es superficial y conformista: no se manifiesta como un impulso violento o ideologizado, sino como una obediencia ciega a estructuras jerárquicas que diluyen la responsabilidad individual. Arendt advirtió que esta forma de mal es especialmente peligrosa porque no se reconoce a sí misma como tal. Además abre la posibilidad inquietante de que atrocidades radicales puedan ser cometidas por personas aparentemente normales, carentes de pensamiento crítico.
El genocidio en Gaza
Resulta tristemente irónico que, algo más de medio siglo después de estas investigaciones, el mundo asista impertérrito a otro genocidio.
Ya en abril de 2025 la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, señaló la presencia de patrones genocidas en las actuaciones que Israel sigue llevando a cabo en Palestina, especialmente en la Franja de Gaza, a pesar del alto en fuego. Entre los argumentos que sustentaron esta valoración figuraban, entre otros, la hambruna deliberada provocada mediante restricciones políticas a la ayuda humanitaria, la destrucción sistemática del patrimonio histórico y cultural palestino y la creación de condiciones de vida que hacían prácticamente imposible la existencia cotidiana en el territorio, tal y como documentó Amnistía Internacional.
El exministro de Defensa del gobierno de Israel Yoav Gallant describió a los gazatíes como “animales humanos”. El actual ministro ultra Bezalel Smotrich llamó a destruir totalmente Gaza y concentrar a su población o incluso confesar que “nadie nos dejará matar a 2 millones de civiles de hambre, incluso aunque sea algo justificado y moral”. Sin embargo, a pesar de las numerosas y documentadas declaraciones de estos jerarcas debemos asumir, según el planteamiento de Arendt, que los soldados israelíes que cumplen estas órdenes no actúan necesariamente por maldad personal.
Las acciones del piloto de las FDI que recibe la orden de bombardear un hospital, o del ingeniero informático que programa el algoritmo que determina dicho ataque y calcula cuántas bajas civiles pueden causar sin soliviantar en exceso la opinión pública de Occidente no responden necesariamente a una voluntad genocida propia. Se insertan dentro de un sistema jerárquico y burocratizado que proporciona amparo legal y legitimidad política a sus acciones, pero no se les pueden atribuir una maldad intrínseca.
Nociones de ética pero no aplicación
Uno de los aspectos que más sorprendió a Arendt de su cobertura al juicio de Eichmann fue que el acusado parecía tener nociones de la ética kantiana. Esta señala la autonomía del juicio moral y el deber de actuar según un criterio que pueda ser asumida como principio universal. El acusado entendía que el principio de su voluntad podría devenir en unas leyes generales, en este caso una que se fundamentara en la supervivencia del Tercer Reich a través de las acciones necesarias, incluida la solución final. La nueva escala de valores prescrita por el gobierno hacía que a Eichmann, que se expresaba en términos burocráticos, le fuera irrelevante pensar desde el punto de vista de las otras personas, las víctimas. También le permitía sentirse, según sus propias palabras, “libre de toda culpa”.
No resultaría difícil imaginar justificaciones parecidas en el caso de que existiese un futuro tribunal internacional que juzgase a los responsables del genocidio en Palestina: que la aniquilación sistemática de un grupo humano –aceptada sin reflexión y amparada en la supuesta amenaza que representaba para la supervivencia del Estado– no solo se consideraba legítima sino necesaria. Según esto, cumplir con esa tarea formaba parte del deber como ciudadanos israelíes.
El mal no se revela con rostro monstruoso, sino que se esconde en la mediocridad, la obediencia ciega y la incapacidad de pensar por uno mismo. En tiempos de crisis, esta advertencia sigue siendo urgente: solo una ciudadanía activa, reflexiva y moralmente responsable puede frenar la deshumanización y el autoritarismo.
Como señala la periodista Teresa Aranguren en su reciente libro Palestina: la existencia negada, al día siguiente de la destrucción del hospital de Al-Ahli por un misil de alta tecnología –armamento solo accesible a una potencia como Israel– Netanyahu se reunió con Joe Biden, entonces presidente de Estados Unidos. Este, según los informes, le dijo con una media sonrisa: “Parece que han sido los del otro lado, no tú”.
Responder de esa manera, con tal cinismo ante la muerte de civiles, es un ejemplo claro de lo que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal.
Álvaro Ledesma de la Fuente no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Le vieillissement cérébral est propre à chaque individu et dépend de son mode de vie, notamment de ses expériences sensorielles, de ses habitudes de lecture et des défis cognitifs qu’il relève au quotidien.(Shutterstock)
Je me suis demandé dernièrement si mon cerveau restera en bonne santé quand je vieillirai. Même si je suis professeure dans un département de neurologie, il m’est difficile d’évaluer si mon cerveau, ou celui de quiconque, souffre d’une neurodégénérescence précoce.
Mon étude récente montre toutefois que la taille d’une partie du cerveau augmente avec l’âge plutôt que de dégénérer.
La raison pour laquelle il est si complexe d’évaluer la neurodégénérescence, c’est que mesurer les petites structures de notre cerveau constitue tout un défi.
Cet article fait partie de notre série La Révolution grise. La Conversation vous propose d’analyser sous toutes ses facettes l’impact du vieillissement de l’imposante cohorte des boomers sur notre société, qu’ils transforment depuis leur venue au monde. Manières de se loger, de travailler, de consommer la culture, de s’alimenter, de voyager, de se soigner, de vivre… découvrez avec nous les bouleversements en cours, et à venir.
Les technologies modernes de neuro-imagerie permettent de détecter une tumeur au cerveau ou une lésion épileptique. Ces anomalies, qui mesurent plusieurs millimètres, peuvent être visualisées grâce à l’imagerie par résonance magnétique (IRM), dont la puissance est environ 30 000 à 60 000 fois supérieure à celle du champ magnétique naturel de la Terre. Le problème est que la pensée et la perception humaines fonctionnent à une échelle plus petite encore.
Certaines zones du cerveau augmentent de volume avec l’âge
La pensée et la perception se produisent dans le néocortex. Cette partie périphérique de notre cerveau est composée de six couches. Lorsqu’on ressent un contact sur son corps, c’est la couche IV du cortex sensoriel qui est activée. Cette couche a la largeur d’un grain de sable, soit une taille bien inférieure à celle que les appareils d’IRM des hôpitaux peuvent généralement représenter.
Quand on module ses sensations corporelles, par exemple quand on peut lire ce texte plutôt que d’avoir conscience de son mal de dos, ce sont les couches V et VI du cortex sensoriel qui s’activent. Elles sont encore plus petites que la couche IV.
Pour mener mon étude publiée dans la revue Nature Neuroscience, j’ai eu accès à un appareil d’IRM 7 Tesla qui offre une résolution cinq fois supérieure à celle des appareils standard. Il permet d’obtenir des instantanés de minuscules réseaux cérébraux lors de la perception et de la pensée.
Grâce à cet appareil, mon équipe et moi-même avons pu examiner le cortex sensoriel de jeunes en bonne santé (d’environ 25 ans) et de personnes âgées en bonne santé (d’environ 65 ans) afin de mieux comprendre le vieillissement cérébral. Nous avons constaté que seules les couches V et VI, qui modulent la perception corporelle, présentaient des signes de dégénérescence liée à l’âge.
La couche IV, qui permet de ressentir le toucher, était plus développée chez les personnes âgées en bonne santé. Nous avons aussi mené une étude comparative avec des souris. Nous avons obtenu des résultats similaires chez les souris âgées, qui avaient également une couche IV plus développée que les plus jeunes. Notre étude sur les souris comprenait un troisième groupe de souris très âgées où on a pu observer que cette partie du cerveau pouvait dégénérer à un âge plus avancé.
Selon les théories actuelles, notre cerveau rétrécit avec l’âge. Cependant, les découvertes de mon équipe contredisent en partie ces théories. Il s’agit de la première preuve que certaines zones du cerveau augmentent de volume avec l’âge chez les personnes en bonne santé.
Il nous reste encore beaucoup à apprendre sur le vieillissement du cerveau. Gorodenkoff/Shutterstock
Le vieillissement cérébral est propre à chaque individu
Les personnes âgées dont la couche IV est plus épaisse devraient être plus sensibles au toucher et à la douleur, et avoir de la difficulté à moduler ces sensations en raison de la diminution des couches profondes.
Pour mieux comprendre cet effet, nous avons étudié un patient d’âge moyen né sans un bras. Ce dernier avait une couche IV plus petite. Comme son cerveau recevait moins d’impulsions qu’une personne ayant deux bras, la masse de la couche IV s’était moins développée. Les parties du cerveau qui sont davantage utilisées forment plus de synapses, et donc plus de masse.
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Plutôt que de dégénérer de manière systématique, le cerveau des personnes âgées semble préserver, au moins en partie, les fonctions qu’il utilise. Le vieillissement cérébral peut être comparé à une machine complexe dans laquelle certaines pièces fréquemment utilisées sont bien huilées, tandis que celles qui le sont moins rouillent. De ce point de vue, le vieillissement cérébral est propre à chaque individu et dépend de son mode de vie, notamment de ses expériences sensorielles, de ses habitudes de lecture et des défis cognitifs qu’il relève au quotidien.
Cela montre également que le cerveau des personnes âgées en bonne santé conserve sa capacité à rester en phase avec son environnement.
Toute une vie d’expériences
Les résultats présentent un autre aspect intéressant. Le schéma des changements cérébraux observés chez les personnes âgées, avec un renforcement de la zone de traitement sensoriel et une réduction des zones responsables de la modulation, possède des similitudes avec des troubles neurodivergents tels que le trouble du spectre de l’autisme ou le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Ces troubles se caractérisent par une sensibilité sensorielle accrue et une capacité de filtrage restreinte, ce qui entraîne des problèmes de concentration et de flexibilité mentale.
Nos conclusions indiquent-elles que le vieillissement engendre des troubles neurodivergents ? Le cerveau des personnes âgées s’est développé au fil d’une vie d’expériences, tandis que les personnes neurodivergentes naissent avec ces schémas cérébraux. Il est difficile de savoir quels autres effets pourrait avoir la croissance de la masse cérébrale avec l’âge.
Cependant, nos résultats nous fournissent quelques indices sur les raisons pour lesquelles les personnes âgées éprouvent parfois des difficultés à s’adapter à de nouveaux environnements sensoriels. Dans certaines situations, par exemple si elles doivent utiliser un nouvel appareil ou si elles visitent une nouvelle ville, la réduction des capacités de modulation des couches V et VI peut devenir particulièrement manifeste, augmentant ainsi le risque de désorientation ou de confusion.
Cela peut également expliquer pourquoi les capacités à effectuer plusieurs tâches à la fois, comme utiliser un téléphone portable tout en marchant, diminuent avec l’âge. Les informations sensorielles doivent être modulées pour éviter les interférences lors de l’exécution de plusieurs tâches simultanément.
Les couches moyennes et profondes présentaient davantage de myéline, une couche protectrice constituée de graisse et qui est essentielle au fonctionnement et à la communication nerveuse, chez les souris comme chez les humains. Cela indique qu’il pourrait y avoir un mécanisme compensatoire pour la perte de la fonction modulatrice chez les personnes de plus de 65 ans. Cet effet semblait toutefois s’estomper chez les souris très âgées.
Nos résultats démontrent l’influence du mode de vie sur le vieillissement du cerveau.
Esther Kuehn travaille pour l’Institut Hertie de recherche clinique sur le cerveau et le Centre allemand pour les maladies neurodégénératives (DZNE) de Tübingen. Elle bénéficie d’un financement du Conseil européen de la recherche (CER).
Le Canada a beaucoup à gagner en Asie du Sud-Est. Du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) à celui de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le voyage diplomatique en octobre de Mark Carney en Asie témoigne de l’intérêt et de la nécessité du Canada de trouver un point d’entrée dans l’immense marché asiatique.
La région de l’Indo-Pacifique est aujourd’hui le principal moteur économique du monde, contribuant jusqu’à 60 % de la croissance mondiale. Tandis que le Japon et la Corée du Sud enregistrent un taux de croissance entre 1 et 2 % pour l’année 2025, la Chine maintient une croissance de 4,2 %, l’Inde de 6,6 % et l’ANASE 4,3 %.
Si ces pays asiatiques aspirent, pour certains, à retrouver un nouvel élan économique, ou, pour d’autres, à accéder au statut d’économie à revenu élevé, ils ont en commun de rechercher des sources d’énergie fiables, accessibles et opérationnelles. Dans les prochaines années, la stabilité et la diversification des fournisseurs énergétiques seront des enjeux clés. Les besoins sont bien réels, et vont augmenter. Qui va en profiter ?
Doctorante en science politique, affiliée au Centre d’études et de recherches de l’Université de Montréal, je travaille sur la Chine et sur la région Indo-Pacifique.
Redéfinition de l’échiquier géopolitique
Le 1ᵉʳ février 2025, Donald Trump a déclaré une guerre commerciale contre le Canada et le Mexique, avant même de s’en prendre à la Chine, son ennemi juré. Dès lors, la diversification économique s’est imposée comme une priorité stratégique pour Ottawa.
Élu en promettant d’être l’homme de la situation, Mark Carney a employé un langage totalement différent de celui de son prédécesseur sur l’importance des questions d’ordre économique. À l’occasion de son discours de victoire électorale, le nouveau premier ministre canadien a affirmé vouloir faire du Canada une superpuissance énergétique, autant dans les énergies propres que dans les énergies conventionnelles.
Ce pivot vers l’économie, la sécurité nationale et le pragmatisme s’arrime bien aux besoins des pays asiatiques, qui cherchent eux aussi à diversifier leurs chaînes d’approvisionnements et à trouver des partenaires commerciaux stables et crédibles sur le plan politique.
L’attrait du Canada pour des pays en quête de diversification
Selon Statistique Canada, en 2024, les minéraux combustibles (dont le pétrole, le gaz naturel et le charbon), les huiles minérales et leurs produits dérivés représentaient 25 % des exportations canadiennes. De fait, les ressources énergétiques constituent le premier poste d’exportation du Canada. Pourtant, 89,33 % de ces ressources sont acheminées aux États-Unis… Ce que le Canada exporte le plus vers les pays de l’ANASE, ce sont des céréales !
Si le Canada veut devenir une superpuissance énergétique, comme le souhaite Mark Carney, il lui faudra développer des partenariats commerciaux et surtout énergétiques ailleurs qu’au sud du 49e parallèle. Le marché asiatique, en pleine croissance et en quête de stabilité et de sécurité énergétique, pourrait constituer une véritable opportunité à long terme.
La consommation croissante d’énergie en Asie
La dépendance aux énergies fossiles demeure la norme dans la région. Selon les données de l’Agence internationale de l’énergie, l’industrie et le transport concentrent la plus grande part des besoins en énergie, qui continueront de croître à mesure que l’industrialisation et l’urbanisation s’accélèreront, notamment dans les pays émergents. Le charbon demeure, de loin, la principale source d’énergie, représentant 49,3 % de la consommation d’énergie primaire de la région d’Indo-Pacifique, et 57 % de la production d’électricité. Les ressources tendent toutefois à s’épuiser.
Si les économies développées comme la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, et Singapour importent quasiment 100 % de leur pétrole et de leur gaz, l’Indonésie et la Malaisie parviennent à exporter leurs énergies fossiles.
L’Indonésie est le premier exportateur mondial de charbon, et la Malaisie, un exportateur majeur de gaz naturel liquéfié (GNL). Le rapport Asean Oil and Gas Updates 2024 montre cependant que l’Asie du Sud-Est fait face à un épuisement progressif de ses réserves pétrolières, et devrait devenir importatrice nette de gaz d’ici 2027.
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Une région qui s’active pour trouver de l’énergie
Les gouvernements de la région s’entendent de manière quasiment unanime sur deux grandes priorités. D’abord, assurer et préserver leur sécurité énergétique, définie par l’Agence internationale de l’énergie comme étant la disponibilité ininterrompue de sources d’énergie à un prix abordable. Ensuite, exécuter une transition vers des formes d’énergies plus propres que le charbon.
Pour atteindre ces deux objectifs, les pays multiplient des initiatives de diversification énergétique et investissent massivement dans la construction d’infrastructures. En Asie du Sud-Est, les nouvelles usines de regazéification et de liquéfaction se multiplient. En 2023, la région totalisait 57,76 Mtpa de capacité de regazéification, et 64,1 Mtpa de capacité de liquéfaction, avec des projets ambitieux d’expansion d’ici 2030, notamment en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines.
Le Canada a-t-il les moyens de ses ambitions ?
Le Canada s’est ainsi nouvellement doté des moyens pour compétitionner avec les États-Unis, qui exportent déjà massivement leur GNL depuis 2016 à partir de terminaux situés dans le golfe du Mexique. Cependant, ceux-ci transitent par le canal de Panama, un détour coûteux.
Le Canada possède un avantage concurrentiel considérable, un terminal portuaire directement accessible à partir de la côte ouest. Au mois de juillet 2025, partait le premier navire transportant du GNL canadien à destination de l’Asie, depuis le port de Kitimat, en Colombie britannique. Parmi les cinq multinationales ayant le plus contribué à ce projet, quatre sont d’origines asiatiques : Petronas (Malaisie), PetroChina (Chine), Mitsubishi Corporation (Japon) et Kogas (Corée du Sud).
Du côté du pétrole, malgré les retards et la flambée des coûts associés à sa construction, l’expansion du réseau d’oléoduc de Trans Mountain a porté la capacité d’exportation du Canada à 890 000 barils par jour, ouvrant la voie à des exportations vers des partenaires asiatiques à partir de la côte ouest du pays. Avec plus d’un partenaire à qui vendre son pétrole, le Canada a vu le prix de son baril augmenter rapidement en quelques mois.
N’ayant exporté aucun GNL avant 2016, les États-Unis sont devenus les premiers exportateurs au monde en 2023, et leurs exportations continuent de battre des records. Le marché est là, mais qui va s’enrichir : le Canada ou les autres ?
Yaxin Zhou ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
The theme recognizes persistent barriers faced by disabled people: disproportionate poverty, employment discrimination, inadequate social protection and the denial of dignity and autonomy in care systems.
At the same time, the committee identified several areas of deep concern, such as the expansion of Medical Assistance in Dying (MAID) for disabled people whose death is not foreseeable. The report warns that inadequate supports risk normalizing death as a “solution” to poverty, lack of services and discrimination, and that the concept of choice can create a false dichotomy, enabling death without guaranteeing support.
All policies tell stories
All policies convey narratives and stories that carry values. They deal with questions of “why” as well as “how.”
The Accessible Canada Act is framed as a landmark piece of human rights legislation, emphasizing inclusion, accessibility and the removal of barriers. (Pixabay)
Research shows that the odds for having unmet needs for health-care services, medications, assistive aids or devices, or help with everyday activities increases with disability severity. A coalition of disability rights organizations and two personally affected individuals have filed a Charter challenge with the Ontario Superior Court of Justice opposing Track 2 of the MAID law, which extends eligibility to people whose death is not reasonably foreseeable.
Narrative accounts like the ones below, and research in bioethics, highlights that many people seek MAID not because they are terminally ill, but because they face poverty, inadequate housing and lack of care. This reveals a troubling contradiction: while the ACA proclaims a commitment to inclusion and support, MAID often functions as a default solution for those failed by the very systems the ACA aims to fix.
The stories told by these two policies — on one hand, the promise of full inclusion and on the other, the normalization of state-facilitated death for those marginalized by inadequate support — reveal a profound tension in Canada’s approach to disability rights and social responsibility.
Troubling cases
Cases are emerging where people access MAID due to intolerable suffering caused by systemic failures. There is a story of 66-year-old Normand Meunier who requested medical assistance in dying following a hospital stay last year that left him with a severe bedsore. He died a few weeks later.
The coroner’s report on Meunier’s case highlights the need for guaranteed and prompt access to therapeutic mattresses for patients with spinal cord injuries. Québec coroner Dave Kimpton also calls on the province to create an advisory committee aimed at preventing and treating bedsores with new tools and training. Kimpton observes:
“It is now undeniable to me, after this research, that the body of someone with a spinal cord injury speaks a different language, and that health-care professionals must learn to decode it if they are to anticipate and effectively manage medical complications.”
Disability justice, as championed by the late activist Alice Wong and her Disability Visibility project, insists that storytelling is not “add-on” advocacy — it is evidence that exposes how policies like MAID, income-testing and institutionalization feel on the ground. Wong’s work demonstrates that disabled people’s stories are a powerful form of resistance, providing evidence that disabled people exist in societies that often erase them.
In her book Dispatches from Disabled Country, activist, educator and researcher Catherine Frazee provides an alternative vision of living with a disability. She uses a metaphor of Disabled Country to describe a “place of refuge for outlaws from the rules of fitting in a place where the value of human life is intrinsic, not contingent on a place that yields itself to our being and our capacity to flourish.”
Re-examining Canada’s disability policy story
From a policy-research perspective, understanding these narrative dynamics is essential for evaluating the effects of laws such as the ACA and for anticipating the implications of MAID expansion.
Scholars argue that policy narratives influence everything from budget priorities to program eligibility criteria and institutional cultures. They also shape how disabled people imagine their futures — an increasingly important dimension of well-being research.
As Canada reflects on the International Day of Persons with Disabilities, emerging evidence underscores the importance of aligning disability policy with the lived realities documented through research, monitoring processes and personal accounts.
Examining the narratives embedded in policy frameworks can help clarify how laws and institutions either support or hinder long-term flourishing for disabled people, and can offer insights into how stories told in policies ultimately align with societal values.
Alfiya Battalova does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Christian Gortazar, Catedrático de Sanidad Animal en el IREC, responsable del grupo SaBio, Universidad de Castilla-La Mancha
El virus de la peste porcina africana se transmite entre jabalíes, pero puede afectar también a los cerdos.David Relimpio
A finales de noviembre de 2025 se confirmaron los primeros casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en la provincia de Barcelona. El foco se localizó en un entorno periurbano, atravesado por autovías y muy próximo al campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de Barcelona. La zona, previamente señalada como punto de riesgo, fue delimitada inicialmente con un radio de 6 kilómetros y una franja de vigilancia ampliada hasta los 20.
La hipótesis más plausible sobre la entrada del virus apunta a restos de comida contaminada que llegaron a un jabalí. Sea como sea, el virus de la PPA ya está en España. Y eso es una pésima noticia para nuestro sector porcino.
A continuación intentamos resolver las dudas que surgen sobre la naturaleza de esta enfermedad, qué medidas deben tomarse para controlarla y cuáles pueden ser las consecuencias de su expansión.
1. ¿Cuál es el origen y cómo se contagia?
La causa de la PPA es un virus de ADN de gran tamaño, capaz de expresar unos 160 genes, lo que lo convierte en un patógeno especialmente complejo. Encapsulado y resistente, puede sobrevivir durante meses en restos orgánicos, como un jabalí en descomposición.
Su transmisión se produce principalmente por contacto directo con sangre o tejidos, lo que puede ocurrir cuando un jabalí consume restos cárnicos contaminados o a través de interacciones estrechas entre los animales.
Una vez infectado, el ejemplar comienza a excretar el virus a los 3-4 días, y suele morir en unos 8-9 días, presentando fiebre alta y hemorragias internas. La mortalidad supera el 90 %. De forma natural, la PPA se propaga lentamente, a unos 13 km por año, por lo que focos más alejados suelen deberse a actividad humana.
2. ¿Qué conviene saber sobre el jabalí?
El jabalí es el ancestro del cerdo. Ambos comparten no solo la genética, sino también muchas enfermedades. Es lo que se denomina un “estratega de la r”, o sea, capaz de soportar altos niveles de caza, depredación o enfermedades. Aunque es una especie nativa de Eurasia y el norte de África, la proliferación del esta especie genera numerosos problemas: produce daños agrícolas, invade zonas urbanas, destruye nidos de aves amenazadas y transmite enfermedades al ganado.
Esta sobreabundancia se debe al aumento de zonas forestales, al cambio de cultivos, al abandono de la ganadería extensiva y a la caída del número de cazadores. Como resultado, se estima que en España hay actualmente entre 2 y 3 millones de jabalíes, unas diez veces más que hace 40 años. También es una especie cinegética cuya caza entretiene y ocupa a muchas personas y genera una actividad económica vital para el medio rural.
3. ¿Qué medidas se deben tomar de manera inmediata?
Lo primero es dejar la zona cero razonablemente tranquila. Los jabalíes del área infectada acabarán muriendo todos de PPA, pero hay que definir bien sus límites. Partiendo de los casos que ya conocemos, habrá que ampliar el radio de búsqueda. En las zonas más cercanas debe hacerse de forma intensa, con batidas de búsqueda de cadáveres meticulosas, discretas y realizadas por suficientes agentes medioambientales y colaboradores. Y en las más alejadas, utilizando drones y perros especializados para prospectar barrancos, cauces y cualquier otro ambiente en el que puedan aparecer jabalíes enfermos o muertos.
Cada cadáver encontrado será mapeado, recogido y enviado para análisis y destrucción. Esto tardará unos días.
4. ¿Y a medio plazo?
Una vez delimitado el perímetro, es clave evitar que salgan jabalíes infectados o restos contaminados, salvo para análisis y destrucción. En el centro del brote, donde se concentran los casos, el virus acabará con los animales por sí solo. Progresivamente, habrá que actuar sobre las poblaciones circundantes.
Esto hay que hacerlo de forma silenciosa, sin perros, posiblemente combinando trampas y el posterior sacrificio con el uso de silenciadores y visores térmicos. Se trata de establecer una zona de baja densidad, de reducir la probabilidad de que la PPA se extienda más allá de la zona infectada. Ocurre como en un cáncer: mejor llevarse algo de tejido de más.
Aunque pueda parecer una medida dura, es más compasivo intervenir a tiempo y evitar el sufrimiento que provoca la enfermedad. La experiencia en otros países demuestra que, si se actúa pronto y con intensidad, es posible erradicar la PPA.
5. ¿Habrá vacunas?
No a corto plazo. Las vacunas inactivadas y las de subunidades son muy seguras, pero poco eficaces, mientras que las vacunas vivas atenuadas –mucho más efectivas– aún necesitan importantes mejoras en seguridad.
6. ¿Qué pasará con los cerdos?
Todo dependerá de si se contiene al virus en un área relativamente pequeña. Las pocas explotaciones porcinas de la zona lo pasarán mal, aunque recibirán ayudas. Lo importante es evitar que el virus llegue a comarcas con alta producción porcina, clave para el sector agroalimentario.
El porcino representa el 17 % del PIB agrario y genera cerca de 300 000 empleos, muchos en zonas rurales. Si la PPA se limita a unas pocas comarcas y se controla en poco tiempo, las exportaciones podrán mantenerse, aunque haya un bajón inicial.
7. ¿Cómo afectará a la caza?
En la zona infectada y sus alrededores no se puede cazar. El control de jabalíes, si es necesario, se hará de forma discreta para evitar movimientos de animales potencialmente infectados. Esta prohibición afectará a algunas sociedades de cazadores, que deberán buscar oportunidades en otras zonas. A cambio, habrá que reforzar la actividad cinegética en áreas periféricas más alejadas; la colaboración entre sociedades vecinas será fundamental. Además, en los cotos de riesgo se aplicarán protocolos de desinfección.
El papel de los cazadores ya es clave en el control del jabalí, y lo será aún más con la PPA. Contribuirán a reducir la densidad y a localizar cadáveres gracias a su conocimiento del terreno.
8. ¿Qué ocurrirá en el futuro?
Nadie sabe qué ocurrirá a largo plazo. En los países bálticos, la PPA resultó fatal para los productores de porcino y redujo drásticamente la población de jabalíes, hasta niveles comparables a los de hace 20 años. En esa región, la cercanía de países poco transparentes y nada colaborativos, como Rusia y Bielorrusia, ha dificultado el control, y la enfermedad se ha vuelto endémica. Ahora, diez años después, las poblaciones de jabalí empiezan a recuperarse, pero la peste permanece. Aquí, en España, aún estamos a tiempo.
Christian Gortazar recibe fondos de la Comisión Europea, proyecto Horizon Europe ASFaVIP, sobre PPA, además de proyectos nacionales y regionales de i+d.
Aleksandra Kosowska está contratada con cargo a proyecto ASFaVIP: Understanding performance characteristics of live attenuated vaccines for the prevention and control of African swine fever in wild boar and domestic pigs (GA Nº 101136676), financiado por la Comisión Europea.
Employees do not stand on equal footing in the face of these changes, nor do they experience the same level of vulnerability. The capacity to respond to AI-related job threats varies sharply based on income, education, race and digital access.
These disparities ultimately shape who can adapt and leverage new technological opportunities, and who becomes excluded from them and left behind.
Such positions typically involve routine or repetitive tasks in sectors like customer service, retail, administration, warehousing and food service. Reports show these jobs are up to 14 times more likely to be displaced than higher-wage positions. Women are 1.5 times more likely than men to be pushed into new occupations as a result.
These employees are far better positioned to integrate AI into their workflow. For example, national data shows that Canadian employees benefit most from AI when their jobs involve “complementary” tasks. These are tasks that AI can augment or enhance.
AI can also improve the quality of their work. Research shows consultants who use AI produce work that is more than 40 per cent higher in quality than those who don’t use AI. These advantages can accelerate career progression and income growth for people already in privileged socioeconomic positions.
These patterns reinforce existing class inequities by expanding opportunities for those in high-income, professional roles while deepening precarity for those in low-income, entry-level and front-line roles.
Uneven access to skills training
Upskilling and reskilling are often presented as solutions to AI-related job threats, but access to these opportunities is unevenly distributed across social groups.
Upskilling refers to developing more advanced skills within a current role, while reskilling involves learning entirely new skills to transition into a different job. High-income, highly educated professionals receive far more institutional support to upskill or reskill, such as employer-funded training, paid time to learn new tools and access to advanced digital tools.
In contrast, workers from lower socioeconomic backgrounds and low-income jobs often lack the financial means, time and organizational support needed to develop new skills.
These structural gaps are reflected in participation rates: a survey by Gallup and Amazon shows that 75 per cent of workers in computer-related occupations engage in upskilling, compared with less than one-third of workers in office administration, food service, production and transportation roles.
People in high-income, white-collar roles, urban areas and well-resourced institutions typically have reliable internet, AI tools and access to digital skills training. They also develop AI literacy through formal education and job training, which gives them more opportunities to experiment with AI and integrate it into their work.
However, those in manual jobs, rural areas, low-income households, marginalized communities and older age groups often lack stable connectivity, updated technology and access to formal training, making AI adoption more difficult for them.
This leaves them more vulnerable to AI-related job threats. These gaps in access and skills reinforce existing socioeconomic inequalities by concentrating the benefits of AI among advantaged groups while heightening the risks for those with fewer resources.
AI holds great potential to positively impact employees, organizations and the workplace. However, without equitable access to upskilling, reskilling, training, digital resources and AI literacy, the technology can deepen the disparities between different social groups. Closing these gaps and creating fair opportunities for adaptation is essential if AI is to benefit our society more broadly and equitably.
Mehnaz Rafi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Surexploitation des ressources marines et halieutiques, déchets abandonnés dans la nature, tourisme de masse… comment préserver les écosystèmes côtiers locaux des conséquences néfastes du tourisme et des activités humaines intensives ? Des recherches menées en Indonésie démontrent que les « aires protégées » et, dans le cas de l’Indonésie, les « aires marines protégées » (AMP) en particulier offrent des pistes prometteuses afin d’allier préservation de la biodiversité et développement économique – à condition d’y associer les populations locales. Cet article fait le point sur les dispositifs « d’aires » existants et offre un retour d’expérience sur leur efficacité en Indonésie.
La mise en place d’une aire protégée demeure l’un des principaux outils pour conserver la biodiversité. Mais les restrictions d’usage associées (selon les zones concernées : interdiction de prélèvement ou de circulation, itinéraires ou calendriers imposés, défense de faire un feu ou de bivouaquer) sont généralement contraignantes pour les riverains ou les touristes, et souvent mal acceptées.
Des travaux de recherche menés en Indonésie montrent qu’associer les communautés voisines à la conservation est généralement un gage d’efficacité écologique : les règles établies sont alors mieux comprises, voire co-construites, et, dès lors, mieux admises et respectées.
Ainsi, les bénéfices attendus de la mise en protection se concrétisent du point de vue écologique et il est possible d’y adjoindre des co-bénéfices pour les populations riveraines.
Périmètres et restrictions d’usage
La stratégie nationale des aires protégées (SNAP) donne la définition suivante de la notion d’« aire protégée » : « Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés. »
C’est donc une zone géographique définie par la loi, dont l’usage est restreint par rapport au droit commun.
Plusieurs catégories de protection ont été définies par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), un lien étant clairement établi entre, d’une part, le degré de rareté et de menace pesant sur les écosystèmes, les animaux et les plantes et, d’autre part, le niveau des restrictions d’usage.
L’arsenal habituel est un périmétrage de la zone et la sécurisation légale du foncier ; la détermination d’une « zone cœur » et de zones tampons ; une régulation des accès et des pratiques ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion écologique ; des activités de police de l’environnement et de valorisation des connaissances.
Compte tenu des interactions entre faunes marine et terrestre (ponte des tortues, habitat des crabes et oiseaux de mer), de nombreuses aires protégées côtières sont mixtes, incluant une zone en mer et une partie terrestre pour garantir une continuité écologique entre les deux milieux.
Une tension entre biodiversité et développement économique
Aujourd’hui, la biodiversité est la plus riche dans les zones faiblement peuplées et faiblement développées (moindre pression anthropique, moindre pollution) et c’est naturellement dans ces zones que l’on est le plus susceptible de créer des aires protégées pour sécuriser les écosystèmes.
Dès lors, l’objectif de conservation peut entrer en tension avec celui du développement économique local.
Si les personnes les plus pauvres et les plus éloignées de l’économie mondiale sont les plus dépendantes de la nature pour leur subsistance, il faut aussi noter que la création d’une aire protégée se traduit pour les populations riveraines par de nouvelles contraintes pesant sur leurs pratiques productives (agriculture, cueillette, élevage, châsse, pêche), leurs itinéraires (zones interdites de manière temporaire ou permanente, nomadisme), leurs comportements (gestion des déchets). Il existe une tension traditionnelle entre droits des riverains et droits de la nature.
Les logiques de conservation sont parfois déployées dans des contextes d’inégalités importantes, car faisant se côtoyer des populations très pauvres et isolées, avec des opérateurs économiques plus riches alignés sur d’autres standards (tourisme, pêcheries industrielles, mines). En Indonésie, certains villages côtiers, situés dans des zones très touristiques, figurent parmi les plus riches du pays, mais aussi parmi les plus inégaux : les modes de vie traditionnels (pauvres) coexistent avec ceux, davantage empreints de consommation, d’un petit groupe de personnes qui profitent plus directement des revenus issus du tourisme.
Par ailleurs, les villages proches d’aires protégées ont souvent un accès plus limité aux équipements, infrastructures (près de la moitié des populations proches des aires protégées n’a pas accès au réseau téléphonique) et soutiens financiers (la moitié des ménages n’a pas accès au crédit).
De manière générale, ces villages proches d’aires protégées affichent en moyenne de plus hauts niveaux de pauvreté et d’inégalité qu’ailleurs dans le pays, et si l’on y observe une lente augmentation des revenus des plus pauvres, le niveau des inégalités, lui, a plutôt tendance à augmenter.
Dès lors, est-il possible de concilier conservation et développement juste des populations locales ?
Associer les populations locales
Des travaux menés sur une série d’aires marines protégées en Indonésie montrent que l’association directe des populations à la création puis à la gestion des aires protégées (information des populations sur les enjeux, création de groupe de parole, représentation des populations voisines dans les instances de décision, intégration des riverains dans la surveillance ou le guidage, etc.) est un garant de l’efficacité écologique et de l’acceptation sociale. Chaque restriction d’usage, si elle est comprise, nourrie de la connaissance des populations locales et confrontée à leurs contraintes existantes, sera mieux respectée et les coûts de coercition réduits. De même, si l’exercice de la surveillance écologique est exercée par un ou une voisine, elle n’est pas vécue comme exogène.
Les travaux soulignent notamment :
L’importance du volet social de la conservation écologique : il est nécessaire d’associer au maximum les populations riveraines au processus de création puis de gestion des aires marines, notamment lors de l’élaboration des règles. Celles-ci doivent être construites en tenant compte des besoins locaux et des connaissances des habitants. Il est par exemple très important que des enquêtes préalables soient effectuées avant la création de nouvelles aires protégées, pour en limiter l’impact et s’assurer de l’existence de solutions alternatives ou de compensations adaptées. Cette économie non monétaire, fondée sur la nature, n’est toutefois pas bien connue ni appréhendée par les décideurs.
La nécessité d’une diversification des profils de recrutement des gestionnaires et écogardes (ne pas se limiter aux formations purement biologiques et écologiques). Il convient de former les gestionnaires en place aux approches économiques et sociales et de les doter d’outils pratiques pour les aider à mieux intégrer les populations et mieux prendre en compte leurs points de vue.
La biodiversité, garantie de subsistance et atout de développement
Concilier objectifs socio-économiques et environnementaux n’est donc pas impossible, même si l’objectif principal d’une aire protégée est généralement prioritairement biologique, visant à maintenir durablement des écosystèmes.
La biodiversité protégée peut être un facteur particulièrement attractif pour le tourisme (plongée, randonnée, pêche sportive, grande chasse) et devenir un atout économique pour un pays, le tourisme étant dans la comptabilité nationale une exportation de services, pourvoyeuse de devises, d’emplois et d’activité économique. Tout en rappelant aussi qu’un tourisme intense, mal contrôlé et mal canalisé, peut évidemment devenir une menace additionnelle pour la biodiversité des milieux fragiles.
Les aires marines protégées offrent par ailleurs de nombreux bénéfices environnementaux. En conservant la biodiversité et le paysage, elles favorisent la pêche durable et le tourisme côtier. En protégeant les zones d’habitat de la faune sauvage, elles facilitent la reproduction des poissons. En zone intertropicale, elles augmentent également la résilience des communautés humaines face au changement climatique, car les mangroves et les barrières de corail atténuent les effets du changement climatique comme la montée du niveau des mers et l’érosion côtière, et l’impact des phénomènes extrêmes, notamment les tsunamis dans les pays à forte activité sismique comme l’Indonésie (entre 5 000 et 10 000 séismes enregistrés chaque année).
Les conditions de l’efficacité des aires marines protégées
Prévue par le Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, l’extension ou la création d’aires protégées, si elle est conduite en lien avec les populations, peut se traduire par une amélioration des conditions de vie des riverains, avec notamment une amélioration des captures de pêche, un meilleur accès des communautés à l’information, un accès à des emplois dans le tourisme, notamment pour les femmes. Une extension des aires marines protégées, si elle s’accompagne d’une démarche consultative et inclusive, peut donc conjuguer intérêt écologique et économique.
Dans cette perspective, les travaux de recherche en matière de mesure de la biodiversité (comptabilité écologique et océanique, Blue ESGAP, comptabilité des écosystèmes côtiers) sont très attendus, car ils devraient permettre à moyen terme un meilleur suivi des effets écologiques et sociaux des aires marines protégées et de documenter ainsi la contribution au développement durable des politiques de conservation de la nature.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
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