Con el precio de la vivienda marcando máximos en muchas ciudades españolas y el acceso a un hogar convertido en una de las principales preocupaciones sociales, el tema de la vivienda se ha colocado en el centro del debate político y económico.
En este escenario, cada vez son más quienes consideran que la fiscalidad local debe desempeñar un papel más activo. La pregunta es sencilla: si el sistema tributario pretende adaptarse a la capacidad económica de los contribuyentes, ¿debe seguir pagando el mismo porcentaje una vivienda modesta, situada en un barrio periférico, que una propiedad de gran valor, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad?
Según valor de catastro
Actualmente, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) constituye la principal fuente de ingresos tributarios de los ayuntamientos. Su funcionamiento es sencillo: cada inmueble paga en función de su valor catastral y del tipo aprobado por el municipio.
Quien tiene una vivienda de mayor valor paga más que quien tiene una más modesta. Sin embargo, a diferencia del IRPF, el impuesto no aplica tipos más altos a medida que aumenta la riqueza del contribuyente, sino que se impone el mismo porcentaje a todos los inmuebles.
Un ejemplo: pensemos en dos viviendas situadas en la misma ciudad. Una tiene un valor catastral de 80 000 euros y otra de 1 000 000 de euros. Si el municipio aplica un tipo del 0,70 %, la primera pagará 560 euros y la segunda 7 000. La diferencia radica en el valor catastral, pero ambas soportan exactamente el mismo porcentaje de gravamen. Ahí se encuentra el núcleo de la discusión.
¿Qué significa realmente un IBI progresivo?
Cuando se habla de IBI progresivo suele pensarse en aumentar la tributación de los grandes propietarios. Sin embargo, el debate es más amplio.
La idea consiste en introducir mecanismos que permitan adaptar mejor el impuesto a las distintas realidades del mercado inmobiliario. En lugar de aplicar un único tipo para todas las viviendas, podrían establecerse porcentajes diferenciados, en función de determinadas circunstancias que reflejen una mayor capacidad económica.
Las fórmulas posibles son muy diversas:
Introducir escalas progresivas similares a las del IRPF.
Establecer tipos más elevados para los inmuebles con mayor valor catastral.
Reforzar la tributación de viviendas permanentemente desocupadas.
Diseñar recargos específicos para los grandes tenedores de parques de viviendas.
Los argumentos a favor
Los defensores de estas medidas consideran que permitirían que la contribución fiscal reflejara mejor las diferencias económicas existentes dentro del mercado inmobiliario, además de proporcionar nuevas herramientas para impulsar políticas de vivienda:
Mejoraría la adecuación del impuesto al principio de capacidad económica. No se trata únicamente de que los inmuebles más valiosos paguen más en términos absolutos, sino de que soporten también una carga relativa superior.
Permitiría proteger mejor la vivienda habitual y aliviar la carga tributaria de determinados hogares.
Podría ser una herramienta útil para que los ayuntamientos desarrollen políticas de vivienda más activas en un contexto de fuerte tensión residencial.
Los argumentos en contra
Para algunos expertos, la progresividad es más adecuada en impuestos personales, como el IRPF, que en tributos como el IBI, de carácter real y objetivo, que gravan cada inmueble de manera individual sin tomar en cuenta la riqueza global de su propietario.
Además, advierten de que una mayor complejidad podría generar problemas de gestión, aumentar la conflictividad y reducir la seguridad jurídica.
Otros temen que determinadas reformas acaben trasladando costes a los inquilinos o generando efectos indeseados sobre la inversión inmobiliaria.
Barcelona abre el debate
La cuestión ya no es una mera hipótesis académica.
En mayo de 2026, la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una iniciativa para respaldar una reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que permita introducir mayores dosis de progresividad en el IBI.
La propuesta no se limita a los grandes tenedores, sino también a inmuebles vacíos y usos no residenciales con el fin de “avanzar hacia una fiscalidad municipal más progresiva, justa y orientada a garantizar el derecho a la vivienda”.
El gran obstáculo: la ley
El principal problema no es político ni económico, sino jurídico.
La legislación vigente configura el IBI como un impuesto real y objetivo, por lo que se grava cada inmueble y no la situación económica global de su propietario. Como consecuencia, los ayuntamientos disponen de un margen muy limitado para introducir mecanismos de progresividad.
Por ello, cualquier reforma relevante exige una modificación previa de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Una cuestión de modelo de ciudad
Detrás del debate sobre el IBI progresivo se esconde una discusión mucho más profunda. La pregunta es qué papel deben tener los ayuntamientos ante el problema de la vivienda. ¿Deben limitarse a recaudar o pueden utilizar los tributos para favorecer un acceso más justo a la vivienda?
Por eso, la cuestión ya no es solo cuánto dinero recauda el IBI, sino cómo puede contribuir a afrontar el problema. Se trata de un debate que acaba de empezar, pero que probablemente tendrá un papel importante en el futuro de la financiación local en España.
¿Debe seguir siendo el IBI un impuesto esencialmente proporcional o ha llegado el momento de incorporar criterios de progresividad para adaptarlo a los retos actuales de la vivienda?
La respuesta puede acabar impulsando una de las reformas más importantes de la fiscalidad local española desde la creación del propio impuesto.
Albert Navarro García no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
¿Puede un niño aprender límites sin “obedecer”? La crianza positiva o respetuosa ha impulsado este debate. Sus defensores promueven el vínculo, la comunicación y el respeto. Sus críticos temen que los límites se vuelvan poco claros.
Teniendo en cuenta los efectos de las experiencias tempranasen el cerebro, la salud mental y el comportamiento de los niños, muchos padres, cuidadores y educadores tienen dudas sobre este método de crianza.
Si desaparece la autoridad tradicional, ¿quién pone los límites? ¿Cómo aprenden los niños a controlar sus impulsos? ¿Estamos formando niños más seguros emocionalmente? ¿O adultos con poca tolerancia a la frustración?
En busca del equilibrio
La ciencia ofrece una respuesta clara: los niños necesitan límites y afecto; adultos cariñosos y firmes, las dos cosas. Necesitan comprensión emocional y necesitan límites consistentes. El desafío no es elegir entre autoridad o empatía sino aprender a combinar ambas.
¿Cómo? Por ejemplo, explicando por qué existen las normas y siendo consistente en las consecuencias de no cumplirlas, validando las emociones (lloros, enfados, pataletas) y acompañando pero con firmeza.
Mito: “Si no le grito, no me va a obedecer.” La realidad y lo que dicen las evidencias es que los límites claros funcionan mejor que los gritos a largo plazo. Ejemplo: El niño pega a su hermano. En lugar de gritar: “¡Deja de pegarle ya!”, podemos decir: “No voy a permitir que pegues. Las manos son para cuidar. Ven, vamos a decirle cómo te sientes con palabras.”
Mito: “La crianza respetuosa es dejar hacer lo que el niño quiera.” La crianza respetuosa sí pone límites. La diferencia es que evita la humillación y la violencia. Los mejores resultados aparecen cuando los padres combinan afecto, estructura y expectativas claras, evitando un exceso de permisividad.
Mito: “A mí me criaron duro y no me pasó nada.” Muchas personas no identifican las consecuencias de estas practicas porque crecieron considerándolas como “normales” y porque muchas de ellas no tienen efectos inmediatos. Sin embargo, los efectos pueden manifestarse, posteriormente, en la dificultad para expresar emociones, el manejo del conflicto mediante la autoridad o la agresión, mayor riesgo de problemas de salud mental, como síntomas de ansiedad, depresión o baja autoestima.
Muchos niños continúan sintiéndose seguros y queridos por sus padres, especialmente cuando los castigo, golpes o gritos ocurren dentro de una relación generalmente cálida. Sin embargo, la evidencia muestra que estas practicas no aportan beneficios adicionales sobre otras estrategias disciplinarias y sí incrementan el riesgo de resultados negativos en el desarrollo.
Mito: “Si dejamos al niño reaccionar emocionalmente sin frenarlo, lo estamos malcriando”. No se trata de dejar al niño solo mientras llora o protesta: reconocer sus emociones significa acompañarlo y ayudarlo a desarrollar autocontrol.
Por ejemplo, ante una “pataleta” porque no puede conseguir lo que quiere (otro caramelo, quedarse más tiempo en un sitio), no es necesario enfadarse o exigir al niño que deje de gritar o llorar, porque normalmente esto hará que lo haga de manera más intensa. Podemos actuar de manera empática, comprendiendo su frustración, pero firme, insistiendo en que no hay más caramelos o que hay que marcharse, explicando las razones cuando pase la rabieta.
Mito: “Un castigo fuerte enseña más rápido”. Un castigo puede detener una conducta de forma inmediata. Sin embargo, no siempre enseña habilidades para el futuro. Las estrategias basadas en orientación, apoyo y disciplina positiva producen mejores resultados a mediano y largo plazo.
Mito: “Los niños necesitan mano dura para respetar.” El miedo puede producir obediencia pero no confianza ni autonomía. La autoridad basada en el vínculo, la comunicación y normas claras favorece buenas relaciones.
Cinco estrategias respaldadas por la evidencia
Corregir la conducta, no al niño: No es lo mismo decir “Eres grosero” que decir “No voy a permitir que hables de esa manera”. “No voy a permitir…” es una frase muy utilizada en enfoques de crianza positiva, porque comunica un límite firme sin atacar al niño ni recurrir a amenazas o castigos.
Sin embargo, la frase por sí sola no basta: debe ir acompañada de una acción coherente. Por ejemplo, si el niño golpea a su hermano, en lugar de “¡Eres un niño malo!” se puede decir “No voy a permitir que golpees a tu hermano.” Mientras lo dices, separas físicamente a los niños y ayudas al niño a calmarse antes de enseñarle otra forma de expresar su enojo.
Validar la emoción, pero mantener el límite: Comprender una emoción no significa aceptar cualquier conducta. Por ejemplo: “Entiendo que estés molesto porque quieres seguir jugando. Aun así, el tiempo de pantalla terminó”.
Explicar las reglas y mantenerlas. Los niños aprenden mejor cuando saben qué se espera de ellos. También necesitan saber qué ocurrirá si incumplen una norma.
Calmarse antes de corregir: respirar e intentar bajar el tono de voz suele ser más efectivo que reaccionar con enojo.
No evitar toda frustración: aprender a esperar un turno, a aceptar un “no” o resolver conflictos ayuda a crecer. La frustración también es una oportunidad de aprendizaje.
El objetivo no es solo que los hijos obedezcan, también importa que se conviertan en personas capaces de pensar por sí mismas, relacionarse con respeto y enfrentar la vida con seguridad y humanidad.
Martha Rocío González Bernal no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
El pasado 30 de julio llegaron a Ceuta cerca de 80 000 personas migrantes. Aunque la mayoría volvió a cruzar la frontera en sentido opuesto, muchas permanecen en la ciudad en condiciones de hacinamiento, infravivienda o sinhogarismo, sin acceso a alimentos seguros, agua y saneamiento. Esta situación está generando alarma social y preocupación por posibles riesgos sanitarios, tanto para las personas migrantes como para la población ceutí.
Crisis humanitaria, no sanitaria
Ceuta afronta una crisis humanitaria. El incremento de llegadas ha superado la capacidad de acogida, comprometiendo el acceso a servicios básicos. Se trata de una situación compleja que exige reforzar los servicios del Estado en coordinación con las distintas administraciones, la ciudadanía y las ONG, garantizando los derechos de todas las personas.
El incremento de la demanda asistencial, en un momento de vacaciones estivales, sin duda ha puesto a prueba al sistema sanitario. El Ministerio de Sanidad indicó que había camas disponibles y que no se retrasaron las citas programadas. Además, se ha reforzado el personal para la asistencia a los migrantes, que se hace en puntos desplazados y en un circuito diferenciado.
Aun así, es preciso mantener y ampliar las capacidades de prevención, de diagnóstico precoz y de atención sanitaria.
Sarna y otras enfermedades que generan preocupación
Los determinantes sociales y ambientales desfavorables incrementan el riesgo de enfermedades de la piel (como la sarna), de infecciones gastrointestinales o respiratorias. Estas situaciones no representan un problema de salud de carácter infeccioso o parasitario para la población general de Ceuta, sino un problema de salud para quienes las padecen.
En el caso de la sarna, se contagia a través del contacto directo y prolongado piel con piel o contacto con ropa contaminada. La transmisión se evita con la higiene diaria, el tratamiento y limpieza de la ropa.
En relación con la tuberculosis, solo la forma respiratoria es contagiosa, requiriendo un contacto estrecho en espacios cerrados. Además, las personas dejan de ser contagiosas a las pocas semanas de iniciar el tratamiento.
Las infecciones gastrointestinales detectadas están, al parecer, originadas por la bacteria Escherichia coli, frecuente en España. Su causa tiene que ver con la falta de acceso a higiene, alimentos y bebidas en condiciones sanitarias y a la dificultad de cocinar y preservar los alimentos y bebidas adecuadamente.
El enfoque preventivo y el diagnóstico precoz son fundamentales, garantizando el acceso a recursos básicos y al sistema sanitario para la atención a problemas de salud física y mental. También es esencial el acceso a la vacunación, especialmente triple vírica, poliomielitis y tétanos/difteria, según las recomendaciones y estrategia común de vacunación para personas migrantes del Ministerio de Sanidad español.
El confinamiento de una ciudad carece de justificación desde el punto de vista técnico. Se trata de enfermedades que ya existen en España, con mecanismos de transmisión, tratamiento y modos de prevención conocidos. Una buena gestión de esta crisis humanitaria prevendrá la aparición de enfermedades infecciosas en los migrantes.
Grupos en situación de mayor vulnerabilidad
En este contexto, conviene priorizar la atención a menores y a mujeres embarazadas que, debido a las duras condiciones en las que se ha realizado la trayectoria migratoria, pueden presentar interrupciones en sus calendarios de vacunación o en el seguimiento prenatal.
Además, las mujeres y las niñas migrantes tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual o situación de trata y mayores dificultades para detectar y atender a esas situaciones.
Los peligros de la alarma social y de la xenofobia
Es comprensible la inquietud ciudadana ante una situación que interrumpe la vida cotidiana. Sin embargo, no es admisible usar este tipo de situaciones para justificar discursos xenófobos, tales como asociar la migración con la propagación de enfermedades.
Desde la Sociedad Española de Epidemiología condenamos firmemente este tipo de discursos. La estigmatización y xenofobia, además de vulnerar los derechos de las personas, desincentivan el contacto con los servicios sanitarios, retrasan el diagnóstico y dificultan la aplicación de medidas de prevención.
Necesitamos un sistema resiliente
Mejorar las condiciones de habitabilidad, agua potable, saneamiento y alimentación es el primer paso, además del acceso a servicios del sistema sanitario preventivos, de diagnóstico y de tratamiento. Para mejorar la preparación ante una crisis, es imprescindible invertir en un sistema de salud pública resiliente, con personal estable, formado y con buenas condiciones laborales.
Los servicios de epidemiología y salud pública desempeñan un papel fundamental para monitorizar riesgos, identificar brotes e intervenir a tiempo. La Agencia Estatal de Salud Pública, todavía en proceso de despliegue operativo, hubiera sido de gran ayuda para afrontar esta crisis.
Maria João Forjaz recibe fondos, obtenidos en concurrencia competitiva, del Instituto de Salud Carlos III, para la realización de proyectos de investigación. Es presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología y punto focal de España para la estrategia Behavior and Cultural Insights de la OMS.
Federico Eduardo Arribas Monzón es miembro de la Sociedad Española de Epidemiologia, formando parte del grupo de formacion y empleabilidad y participo en el grupo asesor de comunicacion de la citada Sociedad cientifica.
Isabel Aguilar Palacio recibe fondos de investigación del Instituto de Salud Carlos III, del Gobierno de Aragón y de consultoría de la Comisión Europea. Pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología.
María Isabel Portillo es Investigadora Senior del Instituto de Investigación Sanitaria BioBilzkaia y Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiologia
Óscar Zurriaga recibe fondos, obtenidos en concurrencia competitiva, del Instituto de Salud Carlos III, para la realización de proyectos de investigación. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
Pello Latasa pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología.
Pere Godoy es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Publica en la Universidad de Lleida e investigador principal de proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III. Es miembro del Consell Assessor en Vacunacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Es miembreo del grupo de Vigilancia de la Salud Pública y de Vacunas e Inmunización de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y miembro de la Comisión Asesora de Comunicación de la SEE. Ha sido presidente de la SEE.
Susana Monge Corella recibe fondos de investigación competitivos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y del Instituto de Salud Carlos III a través de la acción estratégica intramural.
Ángela Domínguez García no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Vaporiser un peu de parfum sur son cou est une étape familière avant de quitter la maison. Mais la publication virale sur Instagram d’un cancérologue a désigné le cou comme une zone « qui invite à la prudence », car elle se trouve à proximité de la glande thyroïde.
La légende précise qu’il n’existe aucune preuve que le fait de vaporiser du parfum sur le cou endommage la thyroïde. Pourtant, les références aux perturbations hormonales et à l’exposition à vie à des substances chimiques à travers une peau fine pourraient suggérer un lien possible avec des maladies thyroïdiennes ou le cancer. Une petite vaporisation pourrait-elle vraiment présenter un risque particulier?
Les données actuelles ne montrent pas que l’application de parfum sur la peau au niveau de la thyroïde fasse parvenir de manière sélective les composés chimiques du parfum à la glande ou l’expose à une dose plus élevée que si l’on vaporisait ailleurs. Les recherches sur l’absorption cutanée et l’anatomie du cou ne corroborent pas l’idée d’une voie d’accès directe et sélective vers la glande thyroïde.
La thyroïde est une glande en forme de papillon située dans la partie inférieure avant du cou. Elle produit et libère des hormones qui aident à réguler la façon dont le corps utilise son énergie. Elle se trouve sous la peau, ainsi que sous plusieurs couches de tissu conjonctif et de muscles.
Que se passe-t-il lorsque le parfum entre en contact avec la peau?
La peau agit comme une barrière. Un ingrédient peut s’évaporer, rester à la surface, pénétrer dans les couches cutanées ou passer dans la circulation sanguine. L’absorption dépend de la substance chimique, de sa composition, de l’état et de l’emplacement de la peau, de la dose et de la durée de contact.
L’emplacement sur le corps peut influencer l’absorption. Une fois qu’une substance chimique atteint les vaisseaux sanguins situés dans les couches profondes de la peau, elle peut circuler plus largement. L’application d’une substance près d’un organe ne cible pas automatiquement cet organe.
Les évaluations de sécurité des produits cosmétiques en aérosol tiennent également compte de l’inhalation. Cette voie d’exposition n’entraîne pas d’exposition particulière de la thyroïde lors d’une application au cou.
Les préoccupations portent en grande partie sur les phtalates, une famille de substances chimiques dont les usages et les effets sur la santé varient. Le phtalate de diéthyle, ou DEP, a été utilisé comme solvant et fixateur dans les parfums. D’autres phtalates ont principalement servi à assouplir les plastiques. Les données concernant un membre de cette famille ne peuvent pas simplement être appliquées à tous les autres.
Une revue systématique publiée en ligne en 2024 a rassemblé 17 études portant sur 5 616 enfants et adolescents. Elle a fait état d’associations entre l’exposition aux phtalates et les taux de certaines hormones thyroïdiennes, tandis que les résultats concernant d’autres hormones étaient incohérents. Les études ont examiné l’exposition provenant de multiples sources. Elles n’ont pas porté sur l’application de parfum sur le cou ni sur le développement de maladies thyroïdiennes, et ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet.
Le parfum peut contribuer à l’exposition au DEP. Dans une étude portant sur 337 femmes, les utilisatrices de parfum présentaient des concentrations urinaires plus élevées de phtalate de monoéthyle, un produit de dégradation du DEP. Cela confirme que le parfum est une source d’exposition au DEP. L’étude n’a pas porté sur les atteintes à la thyroïde ni sur le site d’application.
Un « perturbateur endocrinien » est une substance exogène qui modifie le système hormonal et provoque un effet nocif. Le risque dépend du produit chimique, de la dose, de la voie d’exposition, du moment et de la durée de l’exposition. Un effet hormonal observé lors d’une expérience en laboratoire ne permet pas d’établir le risque lié à un produit parfumé fini utilisé dans des conditions quotidiennes.
Une utilisation répétée implique une exposition répétée, même si cela ne signifie pas nécessairement une accumulation. Les phtalates sont transformés en produits de dégradation qui sont rapidement éliminés par l’urine, tandis qu’une utilisation fréquente peut renouveler l’exposition à plusieurs reprises.
En Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, les produits cosmétiques doivent faire l’objet d’une évaluation de leur sécurité avant leur mise en marché, bien que les systèmes de réglementation diffèrent. Les évaluateurs tiennent compte des ingrédients, des concentrations, de l’usage prévu et de l’exposition probable. Les mélanges de parfums peuvent être désignés sous le nom de « parfum », tandis que les allergènes spécifiés doivent être nommés lorsqu’ils dépassent les concentrations prescrites en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.
Les effets cutanés les mieux établis
En ce qui concerne les parfums appliqués directement sur la peau, le risque le plus clairement établi est celui de la dermatite de contact allergique, une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons et d’inflammation causée par le contact avec un ingrédient. Une étude a estimé que l’allergie de contact aux parfums touche de 0,7 % à 2,6 % de la population générale.
Certains ingrédients des parfums peuvent provoquer une réaction phototoxique, c’est-à-dire une réaction semblable à un coup de soleil lorsqu’un composé chimique présent sur la peau est exposé à la lumière. Une étude menée chez l’humain sur des parfums modèles a révélé que l’huile de bergamote, qui contient un composé chimique réactif à la lumière, pouvait provoquer une telle réaction après une exposition aux rayonnements ultraviolets A (UVA). Le risque dépendait de la concentration et de la dose d’UV; cela ne s’applique donc pas à tous les parfums.
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L’exposition prolongée au soleil est considérée comme l’un des principaux facteurs contribuant à la poïkilodermie de Civatte, qui se caractérise par une peau amincie, de couleur brun-rougeâtre, avec de petits vaisseaux sanguins visibles sur les côtés du cou. Une petite étude portant sur 32 patients a suggéré que l’allergie aux parfums pourrait jouer un rôle chez certaines personnes, mais n’a pas pu démontrer que les parfums étaient à l’origine de cette affection.
L’odeur des parfums peut également affecter les personnes souffrant de migraine. Dans une étude menée en clinique, les personnes souffrant de migraine ont fréquemment cité le parfum comme une odeur qui, selon elles, avait déclenché leurs crises. L’étude s’appuyait sur des souvenirs; elle ne peut donc pas fournir d’estimation démographique ni prouver un lien de causalité. Elle n’apporte aucune preuve de lésions thyroïdiennes.
Alors, faut-il éviter de vaporiser du parfum sur le cou?
Pour la plupart des gens, les données scientifiques actuelles ne fournissent aucune raison liée à la thyroïde d’éviter spécifiquement le cou. Cancer Research UK indique qu’il n’existe aucune preuve que l’utilisation de parfum cause le cancer.
Des recherches supplémentaires pourraient clarifier les effets d’une exposition répétée à des mélanges de parfums. Les données actuelles ne démontrent pas que le fait de vaporiser le cou permette aux composés chimiques du parfum d’atteindre plus facilement la thyroïde.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Stuart Phillips, Professor, Kinesiology, Tier 1 Canada Research Chair in Skeletal Muscle Health, McMaster University
J’ai passé plus de trois décennies à étudier comment l’exercice physique et l’alimentation nous aident à rester en santé, et un élément revient sans cesse dans les données : vivre plus longtemps et vivre bien ne vont pas de pair. Si nous avons en partie résolu le premier problème, nous accusons un retard sur le second.
Au cours du siècle dernier, l’espérance de vie moyenne des Canadiens a augmenté de 22 ans, pour atteindre environ 80 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. La recherche médicale et scientifique pourrait faire grimper ces chiffres encore davantage. Cependant, le nombre d’années que nous pouvons espérer vivre en bonne santé est en baisse ; au Canada, il s’établit désormais à environ 67, contre un sommet d’environ 70 ans.
Cet article fait partie de notre série La Révolution grise. La Conversation vous propose d’analyser sous toutes ses facettes l’impact du vieillissement de l’imposante cohorte des boomers sur notre société, qu’ils transforment depuis leur venue au monde. Manières de se loger, de travailler, de consommer la culture, de s’alimenter, de voyager, de se soigner, de vivre… découvrez avec nous les bouleversements en cours, et à venir.
Cela signifie qu’un grand nombre d’entre nous sont en voie de passer près de deux décennies, voire plus, à vivre avec une maladie chronique, un déclin cognitif ou une perte de mobilité. C’est cet écart, et non la durée de vie en soi, qui constitue la véritable crise. Et presque personne ne la traite comme telle.
La longévité n’est pas le bon indicateur
La longévité est le mot à la mode, les influenceurs discutant de la possibilité d’une espérance de vie à trois chiffres. Un biohacker fortuné a investi des millions pour tenter de vivre jusqu’à 160 ans et invite d’autres personnes à dépenser jusqu’à 1 million de dollars américains par année pour se joindre à lui. Il a récemment annoncé qu’il souffrait d’une maladie auto-immune.
La vie est devenue une épreuve d’endurance, et nous devons tenir bon jusqu’au bout.
En revanche, imaginez cette personne de 80 ans qui habite plus bas dans la rue et qui porte elle-même ses épiceries, monte ses escaliers, conduit sa voiture et s’accroupit par terre pour jouer avec son petit-enfant. Voilà l’objectif qui vaut la peine d’être poursuivi.
Idéalement, une bonne santé et une qualité de vie liée à la santé devraient durer toute notre vie. L’équilibre entre la qualité et la quantité de nos années est le principe qui sous-tend la « durée de vie en santé » : la période de notre vie que nous passons en bonne santé. Certes, la bonne santé est subjective, et certains ont fait valoir que la « durée de vie en bonne santé » ne peut peut-être pas être définie à un âge précis et qu’elle est plus fidèlement représentée par un indice.
Quelle que soit la façon dont on la mesure, il est clair que combler l’écart entre la durée de vie en bonne santé et la durée de vie totale est à la fois cruellement nécessaire et extrêmement difficile à réaliser, ce qui pourrait expliquer le décalage entre l’ampleur du problème et le peu d’investissements pour y remédier : selon les estimations, le rapport entre les dépenses de santé consacrées au traitement et celles consacrées à la prévention s’élève à près de 12 pour 1 au Canada.
La kinésiologie est la science qui étudie les mouvements, les performances et le fonctionnement du corps. Associée à l’approche préventive de la médecine, elle peut aider à éviter que les gens se retrouvent à l’hôpital, plutôt que de simplement les soigner une fois qu’ils y sont déjà.
Le mandat de l’institut accorde la priorité à la collaboration interdisciplinaire afin de faire progresser la recherche et l’enseignement, et de transformer les résultats en actions concrètes qui profitent réellement aux communautés. La recherche à elle seule ne change pas les vies ; ce sont les gens qui s’appuient sur des données probantes qui agissent.
Imaginez cette personne de 80 ans qui habite au bout de la rue et qui porte elle-même son épicerie, monte ses escaliers, conduit sa voiture et s’accroupit par terre pour jouer avec son petit-enfant. (Unsplash/Alvaro Reyes)
Nous voulons aider les Canadiens et les gens bien au-delà de nos frontières à passer davantage d’années en bonne santé en retardant l’apparition des maladies, en préservant les fonctions physiques et cognitives et en renforçant la résilience avant même qu’elle ne soit nécessaire.
Y parvenir permettrait d’améliorer la qualité de vie tout en réduisant les coûts liés au traitement du cancer, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques, de la démence, de la douleur chronique et des troubles de la mobilité à long terme.
Cet institut est le premier du genre ; il a vu le jour grâce à un don de 50 millions de dollars versé par les philanthropes Marcy et John McCall MacBain et leur fondation. Cet investissement repose sur un pari précis : celui que les interventions les plus déployables à grande échelle, les plus abordables et fondées sur des données probantes pour prolonger la durée de vie en bonne santé restent encore à découvrir et à mettre en pratique.
Nous voulons montrer qu’investir du temps et des ressources dès l’enfance, et tout au long de la vie, renforce le corps pour qu’il résiste plus longtemps aux maladies chroniques qui rongent nos dernières décennies.
Le faux visage des industries du bien-être et de la longévité
Les industries du bien-être et de la longévité, ainsi que les biohackers en ligne, ont convaincu leurs adeptes que le but ultime est d’« optimiser » sa vie grâce à des pilules, des protocoles et des potions.
Sans surprise, les principaux facteurs de la durée de vie en bonne santé sont déjà bien connus : de l’exercice régulier, un meilleur sommeil, une alimentation saine, de véritables liens sociaux, ne pas fumer et consommer l’alcool avec modération.
En agissant sur ces facteurs, vous vous donnez de bien meilleures chances de prévenir les maladies qui touchent principalement les personnes âgées. La meilleure façon de traiter une maladie chronique reste encore de la retarder, ou, dans le cas de la démence et du déclin cognitif, de l’éviter complètement.
Le Canada dépense près de 144 milliards de dollars par année en produits liés au bien-être, pour finalement voir la santé de la population se détériorer à un âge de plus en plus précoce.
La recherche est pourtant claire : rien ne prouve que les suppléments, les peptides et les « traitements » vendus par les industries de la longévité et du bien-être contribuent de quelque façon que ce soit à votre durée de vie en bonne santé.
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Les facteurs d’influence sont nombreux
Pour aborder cette question, il faut prendre du recul. Les facteurs qui influencent le plus la durée de vie en bonne santé ne sont pas une pile de suppléments ni un cocktail de peptides. Ces facteurs sont complexes, difficiles à corriger et ne sont pas accessibles de manière uniforme dans tous les secteurs de la société.
Des rues et des parcs sécuritaires. De la nourriture abordable. Un endroit où dormir. Un voisin avec qui marcher. Des horaires de travail prévisibles. L’accès à des services de garde. Aucun de ces éléments n’est un luxe, mais ils constituent une infrastructure fondamentale pour une durée de vie en bonne santé plus longue, ce qui, pour bien trop de Canadiens est tout simplement hors de portée.
Le revenu, l’éducation, le logement, les conditions de travail, la sécurité du quartier, l’isolement social et la discrimination ont au moins autant d’importance pour bien vieillir que tout ce qu’on peut trouver dans un document sur la longévité.
La recherche en santé ne se demande plus si nous pouvons vivre plus longtemps. C’est déjà le cas. La nouvelle question est de savoir si nous sommes prêts à investir sérieusement, équitablement et dès l’enfance pour vivre mieux. Nous pourrions découvrir qu’une durée de vie en bonne santé plus longue mène aussi à une longévité encore plus grande, pour tous. Voilà un objectif qui vaut la peine d’être poursuivi.
Stuart Phillips reçoit des fonds des Instituts de recherche en santé du Canada, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, des National Institutes of Health des États-Unis, de Nestlé Health Sciences, de FrieslandCampina, du National Dairy Council des États-Unis, des Producteurs laitiers du Canada et de Cargill.
Source: The Conversation – in French – By Elisabeth Lafleur, Doctorante en psychologie, profil recherche-intervention, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Pourquoi certains parents vivent-ils davantage de difficultés sexuelles après l’arrivée d’un bébé ? L’existence de traumas vécus dans le passé joue un rôle important pour amplifier les divers facteurs qui interviennent.
Mais pourquoi certains parents vivent-ils davantage de difficultés sexuelles que d’autres après l’arrivée d’un bébé ? Pour répondre à cette question, nous avons étudié 437 couples de parents ayant repris une activité sexuelle depuis la naissance de leur enfant (baisers, caresses, relations avec pénétration). Nous voulions vérifier si les traumas vécus durant l’enfance, telles la négligence, les agressions ou l’intimidation, étaient liés à une moins grande satisfaction sexuelle, et si le fait de se sentir compris, accepté et soutenu par son partenaire pouvait contribuer à préserver cette satisfaction.
Les modèles biopsychosociaux suggèrent que durant la période post-partum, le bien-être sexuel est influencé par une combinaison de facteurs biologiques (tels les changements hormonaux et l’allaitement), psychologiques (par exemple la dépression post-partum), et relationnels.
Au-delà du simple fait d’être écouté, cela implique de sentir que notre partenaire connaît et saisit qui nous sommes, qu’il apprécie et respecte nos capacités, notre personnalité et nos opinions, et qu’il est attentif et disposé à répondre à nos besoins, par exemple en apportant un soutien dans les moments difficiles. Les chercheurs appellent ce sentiment la « réceptivité perçue ».
Prenons l’exemple d’Anya et Robin, qui ont accueilli leur bébé il y a quatre mois. Dans son enfance, Anya a été exposée à de la violence physique entre ses parents. Robin, quant à lui, a vécu de la négligence émotionnelle.
Ils ont recommencé à avoir des relations sexuelles dans les dernières semaines. Anya a toutefois l’impression que Robin souhaite retrouver rapidement leur intimité « comme avant » et qu’il n’est pas suffisamment attentif à son vécu et ses besoins pendant leurs rapports. Ayant grandi dans un climat de violence où elle ne se sentait ni en sécurité ni entendue, Anya est sensible aux situations où elle a l’impression que ses besoins ne sont pas pris en compte et qu’elle ressent de la pression. Elle en vient alors à apprécier de moins en moins ces moments d’intimité.
De son côté, Robin trouve difficile le changement de rôle et ressent que la relation de couple prend moins de place. Il craint que la relation se dégrade, mais ressent qu’Anya invalide parfois ses préoccupations, ce qui ravive des souvenirs d’enfance où il se sentait peu important et peu écouté. Pour lui, l’intimité représente une manière de se sentir connecté à Anya. Il se sent donc moins satisfait sexuellement.
Cet exemple illustre comment, durant la période post-partum, la réceptivité perçue entre partenaires est un élément essentiel pour reconnecter avec l’autre, mais qu’elle peut facilement être fragilisée, particulièrement chez les personnes ayant vécu des traumas. Ces parents peuvent éprouver plus de difficulté à exprimer leurs besoins et nécessiter une sensibilité accrue de la part de leur partenaire.
Attention et sensibilité à l’expérience de l’autre
Nos résultats suggèrent que les conséquences des traumas ne se limitent pas à la personne qui les a vécus. À travers les interactions au sein du couple, leurs effets peuvent aussi se répercuter sur le partenaire et influencer la satisfaction sexuelle de l’autre. La manière dont chaque partenaire est réceptif à l’autre peut donc faire une différence dans le bien-être relationnel et sexuel du couple.
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Être réceptif à son partenaire ne signifie pas toujours avoir les bonnes réponses. Il s’agit plutôt d’être attentif et sensible à l’expérience de l’autre. Concrètement, cela peut passer par le fait d’écouter l’autre sans interrompre ni chercher immédiatement des solutions, vérifier sa compréhension (« si je comprends bien, tu as l’impression que… »), valider les émotions de l’autre même si elles sont différentes des nôtres, ainsi qu’exprimer ses propres besoins de manière ouverte et respectueuse.
Ces gestes peuvent renforcer le sentiment de sécurité dans la relation et soutenir l’intimité pour tous les parents, mais particulièrement chez ceux ayant vécu des traumas. Ils peuvent ainsi contribuer à favoriser et préserver un lien plus satisfaisant dans cette nouvelle réalité.
Lafleur, Elisabeth a reçu des financements du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et du Fonds de recherche du Québec (FRQ).
Alison Paradis a reçu du financement de recherche des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et des Fonds de recherche du Québec (FRQ). Elle est directrice du Laboratoire d’étude sur le bien-être des familles et des couples (LÉFAC), membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), de l’Équipe Violence Sexuelle et Santé (ÉVISSA) et de l’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD).
Natacha Godbout a reçu des financements octroyés pour la qualité des projets de recherche par compétition du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et des Fonds de recherche du Québec. Elle est membre de l’Ordre des psychologues du Québec, directrice de l’unité de recherche et d’intervention sur le trauma et le couple (TRACE), du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) et des équipes de recherche EVISSA et SCOUP.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By María Teresa Gil Bazo, Profesora Titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y Cátedra Jean Monnet en Estudios Europeos, Universidad de Navarra
En The Conversation hemos preguntado a seis expertos en derecho y relaciones internacionales, migraciones, sociología y derechos humanos qué soluciones plantean ante la crisis migratoria que vive Ceuta. Aunque sus propuestas difieren, coinciden en reclamar más recursos, coordinación institucional, procedimientos individualizados, cooperación con Marruecos y respeto a los derechos humanos, con medidas inmediatas y estructurales.
María Teresa Gil Bazo,
profesora titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (Universidad de Navarra).
España debe resolver la insólita situación en la que se encuentra una de sus autonomías en un marco jurídico estricto y de respeto de la dignidad inherente a todo ser humano. Hacer frente a la llegada a Ceuta de un número de extranjeros casi igual al de su población exige aumentar los recursos para afrontar esta situación extraordinaria con voluntad política y buena fe.
Es necesario aumentar la capacidad de los equipos que tramitan los expedientes administrativos, tanto de asilo como de expulsión/devolución, para dar resolución rápida a todos los casos. Es también urgente desplegar todos los esfuerzos diplomáticos necesarios con Marruecos y exigir a dicho país que cumpla con sus obligaciones internacionales. Mientras tanto, es imperativo aumentar la capacidad de Ceuta tanto en sanidad como en acogida temporal.
España debe aceptar ya el ofrecimiento de la UE, incluida su agencia de control de fronteras exteriores (Frontex), para realizar un control de fronteras serio y a la vez respetuoso con los derechos y libertades de los extranjeros. Todo ello exige una acción coordinada y liderada desde el Gobierno de España.
Cecilia Estrada Villaseñor, profesora y analista especializada en migraciones internacionales, refugio, movilidad humana y comunicación (Universidad Pontificia Comillas).
La salida del evento no está en la frontera, está antes de lo que imaginamos como “línea” y que se ha enredado. El nudo de Ceuta es tal porque se ha construido en los espacios donde las personas esperan: casas de acogida, albergues y dispositivos de contención en Marruecos, sostenidos en buena medida por la externalización del control europeo. Mientras la cooperación se mida por el número de cruces evitados, el problema se aplazará, no se resolverá y se enquistará.
La mejor solución pasa por invertir esa lógica. Sugiero, primero, garantizar en la propia frontera un procedimiento individualizado de identificación y acceso al asilo, con asistencia jurídica y atención especializada a menores. Segundo, reorientar la cooperación con Marruecos hacia la protección verificable, y no hacia la inmovilización, con mecanismos independientes de seguimiento, dado que se ha podido comprobar que el procedimiento que se ha empleado a lo largo de todos estos años da como resultado una situación compleja, en especial para las personas que permanecen en Ceuta. Y en tercer lugar, abrir vías legales y seguras que faciliten el acceso al asilo para todas las personas con perfiles vulnerables desde el otro lado de la frontera, porque sin ellas la única alternativa seguirá siendo el salto.
Si no se aprende de esta situación, lo que ha ocurrido en Ceuta volverá a repetirse (y en futuras ocasiones, en otras fronteras de la Unión Europea) porque las causas seguirán permaneciendo intactas si solo se gestiona el síntoma.
Berta Álvarez-Miranda Navarro, profesora titular de sociología, especializada en sociología de las migraciones (Universidad Complutense).
Conviene desenredar los hilos que componen el nudo que se ha creado en Ceuta, que no es sencillo.
Para empezar, el gobierno debe apoyar a la ciudad autónoma para afrontar la cuestión humanitaria más inmediata. Tanto las instituciones ceutíes como la sociedad civil están superadas por el número y las necesidades de los recién llegados. La solución es complicada no solo por la gravedad de la situación, sino también por el incentivo a migrar irregularmente.
En segundo lugar, es necesario afrontar la gestión administrativa de los migrantes que han permanecido en la ciudad, cuya situación debe examinarse caso a caso, por ser menores de edad, potenciales solicitantes de asilo o personas que han migrado por mar, sin saltar una barrera física, y, por tanto, no pueden ser “devueltos en caliente”. Sin embargo, tampoco tienen derecho a permanecer en España.
Por último, el gobierno debe estabilizar la colaboración con Marruecos en el control de una frontera extremadamente desigual, sin abandonar a los ceutíes de todas las confesiones que son y se sienten españoles. Y debe hacerlo en un contexto internacional más volátil, en que Marruecos se ha acercado a los intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo mientras España se alejaba. De esta manera, ha ampliado su capacidad de chantaje a España y Europa. Y ahí los migrantes constituyen una valiosa baza.
Cristina Churruca Muguruza, investigadora en el Instituto de Derechos Humanos (Universidad de Deusto).
A corto plazo, la prioridad debería ser responder a una capacidad de acogida que ya está claramente desbordada. El Estado debería habilitar alojamientos temporales dignos, movilizando todos los recursos disponibles: instalaciones públicas, apoyo logístico del Ejército y la capacidad operativa de organizaciones humanitarias. Solo así se podra gestionar la acogida, la atención sanitaria y social y la protección de las personas más vulnerables. Esta medida de emergencia debería ir acompañada de traslados rápidos a la península y de devoluciones a Marruecos únicamente cuando existan garantías reales de respeto de los derechos, especialmente en el caso de los menores.
A medio y largo plazo, España y la UE deberían adoptar una posición más firme con Marruecos, condicionando parte de la cooperación a compromisos verificables y destinando fondos a educación, protección social y empleo en las zonas de origen.
Al mismo tiempo, deben aumentarse urgentemente las inversiones en servicios públicos, empleo e infraestructuras en Ceuta.
Gloria Fernández-Pacheco Alises, profesora en el Departamento de Derecho.
Grupo de investigación en Migraciones (Universidad Loyola).
Este verano hemos visto la necesidad de proponer medidas preventivas en los incendios que han arrasado Europa. ¿Será la solución contratar más efectivos en la línea de fuego o prevenir con la preparación adecuada de espacios y la concienciación ciudadana en cuanto al respeto del entorno? Las soluciones sostenibles en el tiempo implican medidas preventivas de largo plazo. No pueden resolverse desde el cortoplacismo y la emoción que generan los eventos inesperados.
Tanto ese fenómeno como el de las migraciones están en la encrucijada de un camino en el que nos encontramos cambios rápidos y reacciones virulentas. Muchos de esos cambios han sido generados por las decisiones humanas. Las políticas europeas de planificación territorial excluyente y la marginación social como herramienta de poder político tienen efectos colaterales, en este caso en el devenir de los flujos migratorios.
Es curioso cómo sus efectos normalmente se caracterizan por ser movimientos boomerang, de ida y vuelta. La respuesta debe partir igualmente de una planificación serena que permita asegurar flujos ordenados y analizar sus consecuencias, así como el respeto por las características de los territorios y la protección de los derechos humanos.
Todo ello implica procesos administrativos que garanticen los derechos de manera individualizada, debates políticos serenos que se basen en datos científicos, coordinación institucional y planificación estructural ordenada y consciente. Se requiere, por tanto, intervenciones a largo plazo basadas en análisis rigurosos y no en alarma social cortoplacista.
Manuel Marín Gastón, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público (Universidad Nebrija).
Toda contestación al “ataque híbrido” marroquí en Ceuta debe alejarse de una política de apaciguamiento. Por ejemplo, para solucionar la crisis migratoria de 2021-2022 el gobierno, sin consultar a las Cortes, reconoció el plan marroquí de autonomía para el Sahara como propuesta “práctica y realista”. Esa decisión solo transmitió que la instrumentalización migratoria es una estrategia rentable.
Si la solución es arrebatar el poder coercitivo a Marruecos, el camino comienza por señalar cuáles son sus objetivos: los enclaves españoles en África y las islas Canarias. En este archipiélago se disputa la zona económica exclusiva ampliada, donde se halla el monte submarino Tropic, rico en tierras raras como el telurio.
Con esto en mente, el gobierno debería abandonar el cortoplacismo electoralista y responder con una estrategia ofensiva y con el Congreso. Finlandia y otros países europeos ya legislan medidas excepcionales como suspender el asilo temporalmente en caso de ataques híbridos migratorios. No es lo ideal en una democracia, pero menos aún lo es ceder a las exigencias del agresor.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Source: The Conversation – in French – By Damien Marage, Géographe et écologue, Professeur des Universités, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
L’ESSENTIEL
Il y a en moyenne cinq fois plus de bois mort dans les forêts françaises aujourd’hui qu’il y a vingt ans.
La nécromasse est souvent accusée de provoquer des fléaux tels que des incendies ou des épidémies. C’est infondé.
Le bois mort est, au contraire, fondamental à l’écosystème forestier et un indicateur de la biodiversité des forêts.
Les épisodes caniculaires, les sécheresses successives, les attaques parasitaires, les tempêtes sont en partie à l’origine de l’augmentation de la quantité de bois mort dans les forêts de l’Hexagone. Selon l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), son volume moyen a été multiplié par cinq en vingt ans, passant de 5 mètres cubes par hectare à 25 mètres cubes par hectare (m3/ha).
Face à cette réalité, on peut entendre une petite musique monter : le bois mort serait un fléau tant il encombrerait les parcelles, qui seraient à cause de lui mal entretenues, plus inflammables, plus propices à la propagation de ravageurs… Ainsi présenté, le bois mort ne serait que problème. Tâchons d’y voir plus clair.
Le bois mort : une composante primordiale des forêts
Commençons par un constat paradoxal : le bois mort est plein de vie.
Une multitude d’espèces spécialisées dépendent de caractéristiques forestières particulières, résultant du vieillissement – appelé sénescence en botanique – puis de la mort des arbres.
En pleine possession de ses moyens, un arbre vivant protège son tronc, ses branches et ses racines des insectes, des champignons et des pathogènes par les barrières physiques et chimiques que constituent l’écorce et des molécules complexes que sont tannins, résines et latex.
Mais lorsqu’il est affaibli en raison d’une perturbation ou d’un stress ou bien parce qu’il vieillit naturellement, ces défenses s’amenuisent et vont permettre à des myriades d’organismes de s’immiscer sous l’écorce, dans son aubier (partie du bois juste derrière l’écorce) et jusqu’au duramen (partie centrale d’un tronc).
Ainsi, plus de 40 % de la diversité biologique des écosystèmes forestiers relève d’organismes « recycleurs de bois » appelés « saproxylophages ». On distingue parmi eux les espèces saproxyliques, qui ne consomment que le bois mort en décomposition, et les espèces xylophages, qui réalisent leur cycle de vie dans le bois (mort ou vivant).
Le recyclage du bois mort
La quantité d’arbres morts sur pied et au sol par unité de surface représente la nécromasse de la forêt. Son recyclage se déroule en trois temps, d’abord celui de la colonisation, puis celui de la décomposition et, enfin, celui de l’humification.
Lors de la première phrase, des centaines d’espèces de champignons, comme l’amadouvier responsable de la « pourriture blanche » ou bien la « moisissure noire », vont venir coloniser le bois mort.
Ensuite, la phase de décomposition est généralement liée aux insectes dont beaucoup de coléoptères, notamment la famille des cérambycidés (capricornes ou longicornes) qui se nourrissent de bois mort. On compte en leur sein certaines espèces emblématiques, comme le lucane cerf-volant, la rosalie des Alpes, le grand capricorne du chêne ou le pique-prune.
De gauche à droite : lucane cerf-colant, rosalie des Alpes, grand capricorne du chêne et pique-prune. Clame Reporter, Peter Krimbacher, Lidewijde, Magnefl/Wikimedia, CC BY
Enfin, la phase d’humification est réalisée par des organismes détritivores (champignons, acariens, collemboles, oribates, bactéries), qui se nourrissent de la matière organique en état avancé de décomposition et incorporent les restes de bois dans l’humus qu’ils contribuent à former. Cette action renforce le stockage du carbone dans le sol forestier, qui, en France, est souvent plus important que le carbone stocké dans la partie aérienne de la forêt. L’humidification permet également de restituer des éléments minéraux essentiels à la santé des arbres et de la forêt.
La durée de ces trois phases varie de cinq ans à plus de cent ans en fonction de l’essence, de la taille des débris et du contact avec le sol.
Un signe du bon état écologique des forêts
Le recyclage du bois mort mobilise lors de toutes ces phases un ensemble de chaînes alimentaires complexes auxquels prennent part des crustacés (les cloportes), des mollusques (le discret Discus), des microorganismes, des oiseaux – comme les pics qui forent le bois à la recherche d’insectes ou pour concevoir un nid – ou des mammifères, à l’instar des chauves-souris comme le murin de Bechstein.
Dans le réseau national des réserves forestières, qui rassemble les forêts protégées, les volumes et les densités d’arbres morts sur pied et de bois mort au sol sont deux à quatre fois supérieurs aux valeurs moyennes nationales. Ces volumes peuvent dépasser les 100m3/ha.
Cette nécromasse est largement reconnue comme un indicateur composite et complexe de la biodiversité des forêts, du bon état écologique des forêts et comme une mesure de l’efficacité des efforts de protection de la biodiversité. Ces espaces forestiers protégés représentent cependant moins de 2 % de la superficie des forêts hexagonales.
Des dispositifs pour protéger le bois mort
Informés et conscients des enjeux du bois mort, les forestiers ont réalisé des efforts importants pour sa prise en compte dans les forêts gérées. De petites parcelles forestières conservées volontairement pour favoriser les arbres âgés, les arbres morts et la biodiversité associée ont, par exemple, été créées. On les appelle « îlots de vieillissement et de sénescence ».
Des trames de vieux bois ont également été mises en place afin de créer une continuité de vieux arbres au sein d’une forêt permettant de faire prospérer la biodiversité inféodée aux vieux arbres ou aux arbres morts. Un plan national d’action consacré notamment aux vieux bois a, en outre, été élaboré en 2022.
C’est une évolution satisfaisante pour les biologistes, les écologues et les protecteurs de la nature, mais pas toujours pour la foresterie ou la société en général. Pour quelles raisons ?
Les procès faits au bois mort
D’abord, l’exploitant forestier et le scieur veulent du bois sain : personne ne construit de charpente en bois pourri ! Le forestier « ampute » donc le cycle forestier de cette longue phase de sénescence. Il y a logiquement, par conséquent, moins d’arbres sénescents et de bois mort dans les forêts exploitées que dans les non exploitées.
Ensuite, le bois mort peut provoquer des incendies. Lorsqu’il est sec sur pied, c’est un bon combustible et une véritable chandelle tendue vers le ciel, qui attire la foudre. De longues dates, les Canadiens et États-Uniens de la côte ouest sont accoutumés à ces cycles de grands incendies forestiers provoqués par celle-ci.
Toujours aux États-Unis et au Canada, le bois mort dérivant crée des amoncellements appelés embâcles sur les grands cours d’eau dont les barrages hydroélectriques ne peuvent alors plus fonctionner. Il faut en réduire la quantité dans les versants forestiers adjacents et les éliminer.
Le bois mort est également accusé de favoriser la pullulation d’insectes, comme les scolytes, des coléoptères qui pondent sous l’écorce des résineux affaiblis et pouvent se propager vers des forêts saines.
Il faut alors tout couper sans hésitation et avec la plus grande diligence. Les arrêtés préfectoraux des trois régions de l’est de la France (l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne) sont là pour en témoigner : des millions d’épicéas scolytés ont ainsi été récoltés, souvent par coupe rase, amputant alors le sol d’un possible retour d’éléments minéraux.
Enfin, le bois mort est perçu par la plupart d’entre nous comme étant sale, le signe d’une forêt mal gérée, difficile d’accès et rendue dangereuse par la chute des branches ou des troncs morts.
Tous ces procès faits au bois mort sont-ils justes ? Reprenons point par point les griefs dont il est la victime.
Alors, si encombrant que cela le bois mort ?
À propos de l’exploitation du bois mort, il est tout à fait possible de l’utiliser, car les propriétés mécaniques restent identiques, un certain temps. Les bois scolytés, les frênes atteints de chalarose, par exemple, peuvent être employés, seules quelques légères colorations peuvent constituer un défaut visuel. L’État l’indique bien dans ses prescriptions.
Les griefs des exploitants forestiers ont peut-être parfois une autre origine : lorsqu’une grande partie de bois mort afflue sur le marché, du fait des ravages d’un pathogène par exemple, cela fait chuter les cours du bois et empêche les autres propriétaires, non touchés, de vendre du bois « frais ».
On sait, en revanche, que leur fréquence et intensité sont moindres lorsque la végétation est clairsemée et peu dense, comme c’est le cas dans les systèmes agro-sylvo-pastoraux, qui allient production agricole et production forestière. Avec le déclin de ces territoires ruraux, une accumulation de biomasse, résultat de l’abandon d’activités agro-sylvo-pastorales, s’est produite, mais avec peu de bois mort car ce sont de jeunes boisements.
Dans ces paysages, comme partout ailleurs, le bois mort au sol joue du reste le rôle d’une éponge. Gorgé d’eau, il la restitue à l’écosystème.
Une autre chose qu’on ne sait pas toujours, c’est que les incendies de forêt sont également corrélés à l’instabilité sociale, comme le chômage. On s’attend donc à ce que davantage d’incendies se déclarent dans des territoires en déclin social continu dans les zones rurales en voie de dépeuplement.
Ainsi, la forêt est peut-être surtout une construction sociale qu’il faut inclure dans les politiques d’aménagement de nos territoires.
C’est ce que l’on constate également avec les embâcles (amoncellement naturel ou artificiel de matériaux, ndlr). Nous savons aujourd’hui, grâce aux travaux des hydrogéomorphologues qu’ils sont importants dans le fonctionnement des cours d’eau : ils déterminent le débit, piègent les sédiments et la matière organique qui fournit de la nourriture, des refuges et une couverture protectrice aux poissons. Les embâcles complexifient ainsi la morphologie des cours d’eau et, aussi, notre rapport à ce processus.
Venons-en maintenant aux insectes dits « ravageurs ». Non, ils ne détruisent pas systématiquement les forêts saines.
Déjà dans les années 1920, la question s’était posée avec la même acuité qu’aujourd’hui lors de la création du premier parc national suisse. Les conclusions d’Auguste Barbey, entomologiste forestier de renommée internationale, furent sans équivoque : point de danger.
Si l’on prend, par exemple, les scolytes qui ravagent actuellement l’est de la France, les réelles causes de leur prolifération sont bien connues : des sécheresses qui se multiplient avec le changement climatique et qui affaiblissent les arbres et les rendent plus colonisables par les scolytes, des paysages où les monocultures d’épicéa se succèdent sans diversité d’espèces pouvant faire barrière, des hivers doux qui permettent à davantage d’individus de survivre jusqu’au printemps…
Que vive le bois mort !
Que retenir de tout cela ? Le bois mort ne peut nuire aux forêts puisqu’il en est une composante intrinsèque fournissant gîte et couvert à un nombre considérable d’espèces qui participent en retour à la fertilité des sols. En quantité et en qualité, il est le signe d’une forêt en bon état écologique.
Face aux incendies, aux embâcles comme aux pathogènes qui ravagent les massifs français, ne nous trompons donc pas d’ennemis. Avec une trajectoire d’augmentation des températures de 4 °C d’ici à la fin du siècle et 10 fois plus de jours de vagues de chaleur, les feux de forêt devraient augmenter de 70 % en 2050 par rapport à la période 2000-2020.
Oui, il y a des forêts plus vulnérables que d’autres aux incendies, oui il existe des conditions météorologiques plus propices, oui nous avons raison de nous inquiéter de l’étalement urbain en périphérie des massifs, de l’abandon des territoires ruraux.
Mais non, le bois mort n’est pas dangereux ; non, il n’est pas de trop en forêt.
Pourquoi alors le bois mort a-t-il un statut de paria alors qu’il était une ressource indispensable à la vie des communautés rurales du XIXᵉ siècle? C’est parce que nos sociétés sont de plus en plus coupées de cette fabuleuse destinée du bois mort. Nous sommes ainsi devenus ignorants de la longueur des cycles forestiers, déconnectés de la lenteur de décomposition du bois mort, et nous considérons bien souvent la forêt comme un simple parc de loisir.
Ainsi, la chute potentielle de bois mort le jour où le vent souffle est perçue comme un désagrément. Aurons-nous la capacité de différer la satisfaction de nos désirs pour que d’autres humains, ou autres qu’humains, puissent jouir à l’avenir de forêts paisibles et sensibles ?
Guy Lempérière, entomologiste forestier, ancien chercheur au Laboratoire d’écologie alpine (LECA) de l’Université de Grenoble-Alpes et directeur de recherche à l’IRD a contribué à la rédaction de cet article.
Damien MARAGE a reçu des financements de l’ANR. Il est membre du Conseil national de la protection de la nature et expert auprès du comité français de l’UICN.
Le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction est en pleine révolution avec l’avènement de la politique « zéro émission nette ».
Une étude propose quatre scénarios pour le secteur européen de la construction à l’horizon 2040, en combinant besoins en logement, objectifs « net zéero » et accessibilité financière.
Trois priorités se dégagent de ces scénarios : la rénovation en profondeur du parc immobilier existant, une infrastructure numérique permettant de surveiller les performances énergétiques ainsi que de nouvelles compétences et capacités organisationnelles pour la construction industrialisée.
L’Europe est confrontée à une double crise qu’elle n’arrive pas à résoudre. Au cours des quinze dernières années, les prix de l’immobilier ont augmenté de 60 % et les loyers de 30 % à travers l’Europe, tandis que le nombre de permis de construire a chuté de 20 %. Sur la même période, les coûts de construction dans l’Union européenne (UE) ont augmenté de 56 %.
Pourtant, la Commission européenne prévoit une hausse de la demande de logements de plus de 2 millions d’unités par an. La Banque européenne d’investissement estime que l’UE a actuellement besoin de 2,25 millions de logements supplémentaires, soit environ 50 % de plus que ce qui est réellement construit.
Les bâtiments construits restent parmi les plus grandes sources d’émissions de gaz à effet de serre du continent.
La crise de l’accessibilité au logement et la crise climatique ne sont pas deux problèmes distincts. Il s’agit d’une défaillance systémique interdépendante. Le secteur européen de la construction et de l’immobilier se trouve au cœur de ces deux phénomènes.
Nous avons mené une étude sur plusieurs années avec des dizaines d’experts européens du secteur – architectes, promoteurs, fournisseurs de matériaux, énergéticiens, gestionnaires – afin de détailler quatre scénarios pour le secteur européen de la construction à l’horizon de 2040, en combinant les (forts) besoins en logement et des objectifs « net zéro ».
Environ 40 % de la consommation énergétique de l’Europe
Le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (Architecture Engineering Construction, AEC) a connu quatre décennies de stagnation de la productivité. La complexité des procédures d’autorisation, la fragmentation de la gouvernance et une structure industrielle axée sur des projets ponctuels l’ont empêché de fournir à grande échelle des logements abordables, agréables à vivre et durables.
À la fin de l’année 2025, l’offre de logements neufs dans l’Union européenne ne répondait qu’à 50 % de la demande réelle. Cette situation s’est aggravée avec la flambée des coûts de main-d’œuvre et des matériaux.
Par ailleurs, la hausse et la volatilité des prix de l’énergie ont également entraîné une augmentation de la production de matériaux grands consommateurs d’énergie, tels que le ciment, l’acier et le verre, accentuant ainsi la hausse des coûts de construction. Parallèlement, les bâtiments représentent environ 40 % de la consommation énergétique de l’Europe et 36 % de ses émissions de CO₂.
Transformer les modèles économiques
Le Pacte vert pour l’Europe, le Plan d’action pour l’économie circulaire et la taxonomie de l’Union européenne pour les activités durables exigent une décarbonation structurelle, du secteur de la construction notamment. Cependant, comme le souligne clairement le « Reimagining Real Estate » du Forum économique mondial (2024), les engagements en matière de technologie et de durabilité ne sont pas suffisants s’ils ne s’accompagnent pas d’une refonte totale des rôles de ceux qui construisent, possèdent et gèrent les logements.
Le précédent cadre du Forum économique mondial, intitulé « Framework for the Future of Real Estate », en 2021, formulait le même avertissement : accessibilité financière et décarbonation ne pourraient converger qu’à condition que le secteur transforme en profondeur ses modèles économiques et ses structures de gouvernance.
Aucun de ces deux cadres ne précise par quelles voies concrètes cette transformation pourrait réellement s’opérer.
Des logements énergivores
La France illustre à quel point les objectifs européens en matière de logement et de climat peuvent rapidement entrer en conflit. En avril 2026, le gouvernement a annoncé un plan de relance du logement visant à accélérer la construction, à décentraliser certaines décisions et à lancer un troisième grand programme de rénovation urbaine.
Sa proposition la plus controversée permettrait de remettre sur le marché locatif les logements énergivores classés F et G. La condition sine qua non : les propriétaires s’engagent à les rénover dans un délai de trois ans pour les maisons individuelles et de cinq ans pour les immeubles d’habitation.
Selon les règles actuelles, les logements classés G sont interdits de location neuve ou renouvelée depuis 2025, et ceux classés F le seront à partir de 2028. La question est de savoir si l’application de la loi et le financement permettront de concrétiser ces rénovations.
Vu d’Espagne et d’Allemagne
Dans toute l’Europe, les gouvernements s’efforcent d’accroître l’offre de logements sans compromettre les objectifs climatiques.
L’Espagne a opté pour une approche « industrielle », utilisant les fonds européens pour construire des logements sociaux – dont le parc est limité – plus rapidement et à moindre coût, tout en faisant face à une forte demande de location touristique. Objectif affiché : 15 000 nouveaux logements sociaux par an, en réduisant de 60 % le temps nécessaire à leur mise sur le marché. Sur le parc immobilier dans son ensemble, le déficit total de logements est estimé à 750 000 unités.
L’Allemagne est confrontée, dans une moindre mesure, à cette même problématique : les mises sur le marché de logements ont avoisiné les 206 000 unités, soit leur plus bas niveau depuis treize ans en 2025, loin des estimations antérieures qui tablaient sur un besoin annuel de 320 000 appartements jusqu’en 2030.
Quatre scénarios plausibles pour 2040
Dans notre recherche, nous avons élaboré quatre scénarios pour le secteur européen de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction à l’horizon 2040. Ces scénarios ne sont pas des prédictions.
Dans le premier scénario, des géants économiques dominent le secteur, tandis que les grandes entreprises technologiques et les entreprises de construction de type fabricant d’équipement d’origine – une entreprise qui fabrique des pièces, des composants ou des logiciels – s’imposent grâce à une construction industrialisée hors site, fondée sur les données. Les logements deviennent des services par abonnement ; les plateformes fixent les normes et la productivité augmente fortement. Cependant, l’accessibilité financière et l’autonomie des locataires restent des sujets de controverse, et les petites entreprises peinent à survivre.
Dans le second scénario, l’avenir est circulaire : une coalition de régulateurs, d’institutions financières et d’entreprises pionnières intègre les principes circulaires dans la législation en matière d’urbanisme, dans les marchés publics et dans la finance. Les bâtiments deviennent des banques de matériaux documentées ; les biomatériaux remplacent le béton ; la rénovation domine la construction.
Si dans cette hypothèse, l’impact carbone et celui du besoin en ressources diminuent notablement, le scénario doit être accompagné – pour les moyennes et grandes villes – d’un effort sur le financement. Pour cela, les pouvoirs publics doivent s’intéresser de près aux politiques de construction, aux typologies de logement et aux modèles de propriété.
Dans le troisième scénario, le secteur public prend les rênes : les gouvernements interviennent directement lorsque les mécanismes du marché ne parviennent pas à produire les résultats escomptés à grande échelle. Des objectifs contraignants, des typologies standardisées et des programmes d’investissement public favorisent une décarbonation rapide et améliorent l’offre de logements, ce, au détriment de l’innovation privée et de l’expérimentation créative.
Dans le quatrième scénario, celui de la révolution de l’énergie verte, la décarbonation rapide du réseau électrique redéfinit l’ensemble de la question du logement. Les bâtiments deviennent des « ressources actives » au sein de réseaux intelligents bidirectionnels, et le carbone opérationnel disparaît en grande partie. En d’autres termes, la généralisation des « smart grids » (réseaux de distribution optimisés, dans les deux sens, entre fournisseurs et consommateurs) réduit considérablement l’impact carbone des lieux de vie et de travail.
L’attention se porte alors sur l’impact carbone intrinsèque – celui associé à l’ensemble du cycle de vie des matériaux, la précarité énergétique et les effets distributifs d’une transition qui profite à certains ménages bien plus qu’à d’autres.
Trois priorités
Ce que nous mettons ici clairement en évidence, c’est qu’il n’y a pas de lien automatique entre la construction de nouveaux logements, la décarbonation du parc immobilier et l’accessibilité financière du logement.
Les mêmes instruments – finance verte, marchés publics circulaires, numérisation – peuvent conduire à des résultats très différents selon le type d’intervenants qui orchestre le système et selon la logique de gouvernance qui prévaut.
Trois priorités (pour « ne rien regretter ») se dégagent de ces scénarios :
la rénovation en profondeur du parc immobilier existant est incontournable dans tous les scénarios. La seule question est de savoir qui paie et qui en tire profit ;
une infrastructure numérique permettant de surveiller les performances énergétiques et matérielles semble nécessaire, quel que soit l’acteur en charge ;
de nouvelles compétences et capacités organisationnelles pour la construction industrialisée et la réflexion sur le cycle de vie doivent être développées dès maintenant, et non « en attendant » l’accélération de la transition.
Reste à savoir si les décideurs politiques l’utiliseront pour remédier aux défaillances structurelles de la gouvernance que nos scénarios révèlent, ou s’ils se contenteront d’ajouter de nouveaux instruments à un système dont les tensions fondamentales restent non résolues. Le secteur du bâtiment dispose d’une quinzaine d’années pour y parvenir.
Les scénarios d’avenir existent ; les choix nous appartiennent.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
L’Amazonie recouvre l’un des principaux foyers de déforestation de la planète. En perturbant le cycle de l’eau et en augmentant les risques de catastrophes naturelles, la destruction des forêts contribue largement au phénomène de désertification. Midia Ninja/Wikimédia, CC BY
L’ESSENTIEL
La Mongolie accueille en ce moment la 17ᵉ Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies de lutte contre la désertification.
De nombreux instruments ont déjà été mis en place afin de lutter contre les sécheresses et la désertification galopantes. Ce qui fait défaut relève davantage de la volonté politique et de l’engagement financier.
Particulièrement exposée à la dégradation de ses terres, la Mongolie reçoit cette Conférence dans un contexte de fortes turbulences pour le multilatéralisme. La réussite de cette édition dépendra de l’engagement effectif des États et des financeurs privés en faveur de la restauration des terres.
À Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, du 17 au 28 août 2026, près de 200 États se retrouvent autour d’une crise longtemps reléguée au second plan de l’agenda international : celle des sols, des terres dégradées et de la sécheresse. La COP17 (17ᵉ conférence de suivi de la convention sur la désertification, chaque COP étant numérotée selon la convention sur laquelle elle porte) réunit les 197 États et organisations parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, mais aussi scientifiques, organisations internationales, entreprises, ONG, peuples autochtones, agriculteurs et éleveurs. Son slogan, « Restaurer la terre, restaurer l’espoir », résume l’enjeu : transformer les engagements accumulés depuis trois décennies en résultats mesurables.
Jamais la dégradation des terres n’a été aussi grave ; et paradoxalement, jamais les instruments internationaux destinés à y répondre n’ont été aussi nombreux. Pourtant, l’écart entre les ambitions proclamées et les financements effectivement disponibles est immense. À Oulan-Bator se joue donc autant l’avenir des terres que la crédibilité d’un multilatéralisme environnemental fragilisé.
Une crise planétaire qui dépasse largement les déserts
La désertification ne signifie pas simplement l’avancée spectaculaire du Sahara ou du désert de Gobi. Elle désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sous l’effet combiné des facteurs climatiques et humains. Agriculture intensive, déforestation, surexploitation des pâturages, mauvaise gestion de l’eau et artificialisation des sols se conjuguent désormais dramatiquement avec le réchauffement climatique.
Les conséquences sont systémiques : baisse des rendements agricoles, raréfaction de l’eau, insécurité alimentaire, migrations, tensions autour de l’accès aux ressources, perte de biodiversité et fragilisation des États. La sécheresse qui a réduit les flux du canal de Panama, les pertes agricoles en Afrique australe ou les épisodes répétés de sécheresse en Europe montrent que le phénomène n’est plus une question cantonnée au « Sud global ». En Espagne, la production d’huile d’olive a par exemple fortement chuté sous l’effet des épisodes de sécheresse récents et actuels.
Trente ans de diplomatie onusienne : des instruments réels, mais des résultats insuffisants
La réponse internationale n’est pas nouvelle. La question de la désertification est entrée dans l’agenda mondial lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 1992. Elle a donné naissance à la « Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification » (UNCCD), adoptée à Paris en 1994 et entrée en vigueur en 1996. Elle constitue aujourd’hui le seul traité international juridiquement contraignant spécifiquement consacré à la gestion durable des terres.
L’UNCCD travaille en articulation avec les deux autres grandes conventions environnementales issues du processus de Rio – la Convention-cadre sur les changements climatiques, et celle sur la diversité biologique –, mais aussi avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le Fonds pour l’environnement mondial et les institutions financières internationales, à savoir la Banque mondiale et le FMI.
Un tournant important est intervenu avec l’adoption, en 2015, de l’Objectif de développement durable 15.3, qui fixe l’ambition de parvenir d’ici 2030 à un monde « sans dégradation nette des terres ». L’UNCCD a développé alors le concept et objectif de « neutralité en matière de dégradation des terres ». Dans ce cadre, 129 pays ont désormais défini des objectifs nationaux volontaires.
Le PNUD accompagne concrètement ces politiques : intégration de la restauration des terres dans les stratégies nationales de développement, projets de gestion durable des sols et de l’eau, soutien aux communautés rurales et mobilisation de financements. Son approche vise à faire de la restauration non seulement une politique environnementale, mais également un instrument de lutte contre la pauvreté et d’adaptation au changement climatique.
Il existe donc sur le terrain des succès concrets. Ainsi, le Botswana a réduit de plus de moitié certains indicateurs de dégradation ; la République dominicaine a restauré d’importantes zones agricoles et bassins versants. Le programme de la « Grande Muraille verte africaine », lancé en 2007 par l’Union africaine, montre ce que le multilatéralisme peut produire à grande échelle.
L’objectif de la Grande Muraille verte africaine est considérable : restaurer 100 millions d’hectares dans le Sahel d’ici 2030, de Dakar à Djibouti. Le bilan reste malgré tout mitigé, avec 1,66 million d’hectares actuellement déclarés en restauration, pour une cible de 100 millions – soit seulement 1,66 % de l’objectif.
Le principal problème reste en fait celui du financement.
La bataille de la sécheresse, une bataille surtout financière
La COP17 ne doit pas seulement proclamer une nouvelle déclaration, mais définir des principes communs : systèmes d’alerte précoce, évaluation des risques, planification nationale, gestion intégrée de l’eau, financement et partage des données scientifiques.
Autre difficulté : les financements privés ne représentent actuellement qu’environ 6 % des besoins de financement identifiés. L’un des enjeux pour l’ONU, dans un contexte de raréfaction de l’aide publique au développement, est donc de parvenir à mobiliser davantage les entreprises et les investisseurs privés.
Ceux-ci doivent contribuer réellement à la restauration des terres au bénéfice des peuples, et non financer sous couvert de « projets verts » des activités avant tout lucratives pour eux et bénéfiques pour leur image. Les financements venus du secteur privé doivent donc être assortis de garde-fous rigoureux et éviter les conflits d’intérêts.
La Mongolie, acteur géopolitique comme « troisième voisin »
Le choix de la Mongolie n’est pas seulement symbolique. Avec 1,5 million de km2, soit trois fois la France, ce vaste pays compte parmi les territoires les plus exposés à la dégradation des terres : près de 77 % de son territoire est affecté par la dégradation. Les pâturages couvrent environ 70 % du pays et font vivre une grande partie de la population rurale.
Sécheresses, surpâturage, tempêtes de poussière et surtout les « dzuds », ces épisodes hivernaux extrêmes qui déciment les troupeaux, fragilisent directement le modèle pastoral. Le nombre annuel de jours de tempêtes de sable et de poussière a plus que triplé depuis les années 1960.
Le président mongol a fait de ces questions un axe de la diplomatie du pays. La Mongolie a notamment obtenu de l’Assemblée générale des Nations unies la proclamation de 2026 comme « année internationale des parcours et des pasteurs ». La Mongolie cherche ainsi à transformer sa vulnérabilité en capacité diplomatique : faire reconnaître le pastoralisme non comme une survivance archaïque, mais comme une pratique pouvant contribuer à la conservation des écosystèmes.
Cette diplomatie comporte aussi une dimension géopolitique. Enclavée entre la Russie et la Chine, la Mongolie mène depuis plusieurs décennies une politique dite de « stratégie du troisième voisin », cherchant à diversifier ses partenariats avec l’Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et les institutions multilatérales. Accueillir une grande conférence de l’ONU permet à Oulan-Bator de renforcer cette insertion internationale tout en attirant investissements et technologies vertes.
Le retour du politique derrière l’écologie
La COP17 se déroule en outre dans un contexte géopolitique particulièrement difficile pour le multilatéralisme. Les tensions entre puissances, la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient, la rivalité sino-américaine, l’unilatéralisme de grandes puissances comme les États-Unis, et le recul de plusieurs engagements environnementaux rendent plus difficile l’adoption de règles collectives.
Un des problèmes fondamentaux est celui de la souveraineté. Les sols appartiennent aux États ; les politiques agricoles, foncières et hydrauliques relèvent largement des gouvernements nationaux. La Convention peut fixer des orientations, mais elle ne peut imposer aux États de transformer leurs systèmes agricoles.
À cela s’ajoute un conflit classique Nord-Sud : qui doit payer ? Les pays africains et autres États vulnérables – principalement dans le Sud – demandent davantage de financements concessionnels et de transferts de technologies Nord-Sud. Les pays donateurs – surtout dans le Nord – insistent davantage sur la gouvernance, la capacité d’absorption des fonds et la mobilisation du secteur privé.
Le multilatéralisme environnemental souffre moins d’un manque de connaissances que d’un déficit de volonté politique et surtout financière.
Une COP décisive, mais pas une COP miracle
La COP17 peut-elle ainsi sauver le multilatéralisme environnemental ? Probablement pas à elle seule. Mais elle peut contribuer à le réorienter. La lutte contre la désertification possède un avantage politique considérable : cet enjeu est très vaste, il touche simultanément à l’alimentation, à l’eau, à l’emploi, aux migrations, à la biodiversité, au climat et à la sécurité. Cela oblige donc les États à dépasser les cloisonnements institutionnels.
Le véritable enjeu d’Oulan-Bator est là : après trente ans de diplomatie environnementale, le monde ne manque plus de conventions, de programmes, de rapports ou de promesses. Il manque surtout une capacité collective à transformer l’engagement en financements réels et suffisants, et les financements en actions concrètes pour la restauration effective et durable des terres.
Chloé Maurel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
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