‘NAZA’: las revelaciones israelíes retratan el aislamiento del pueblo palestino

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Drew Paul, Professor of Arabic, University of Tennessee

Los realizadores de _NAZA_, Yuval Abraham y Rachel Szor, realizaron entrevistas a miembros anónimos de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia israelíes desde las azoteas de Tel Aviv, Israel. Gil Cohen-Magen/AFP via Getty Images

Hay una escena impactante en el documental de 2004 de la cineasta marroquí-francesa-israelí Simone Bitton, Wall, que narra la historia de la construcción de la barrera de Cisjordania, una red de muros y vallas de 721 kilómetros que separa gran parte de Cisjordania de Israel.

Una losa de hormigón se va colocando lentamente en su sitio para completar un tramo del muro. Pulgada a pulgada, la comunidad palestina del otro lado se va haciendo cada vez más pequeña.

Y entonces –así, sin más– un mundo que está a un tiro de piedra desaparece.

Como alguien que ha estudiado las restricciones impuestas a los palestinos, a menudo pienso en esta escena como un microcosmos del uso que Israel lleva décadas haciendo de muros, puestos de control y tecnologías de vigilancia para aislar a los palestinos del resto de la sociedad.

Una enorme losa de hormigón se aproxima a otra losa, dejando visible una pequeña abertura a través de la cual se divisa la comunidad al otro lado.
Un fotograma del documental de 2004 Wall muestra el momento en que se termina de construir un tramo de la barrera de Cisjordania.
Down The Rabbit Hole/YouTube

En ningún lugar resulta más evidente esta dinámica que en la Franja de Gaza, que Israel cercó durante la década de los noventa y que lleva bloqueado desde 2007, alegando motivos de seguridad y la amenaza de ataques terroristas.

Debido a estas barreras, ha resultado difícil documentar el inmenso sufrimiento de los palestinos de Gaza, más de 70 000 de los cuales han perdido la vida como consecuencia de la guerra entre Israel y Hamás desde 2023. El Gobierno israelí prohíbe en gran medida a los periodistas internacionales entrar de forma independiente en la Franja de Gaza, mientras que a los palestinos de Gaza no se les permite, por lo general, salir de la Franja.

Sin embargo, el estreno de la película NAZA, de los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, ha puesto el foco en la tragedia que se está viviendo en Gaza sin recurrir a imágenes de cadáveres espantosos ni de barrios bombardeados.

La película se compone en gran parte de testimonios anónimos de 24 miembros del ejército y los servicios de inteligencia israelíes. En ellos se aborda la forma en que Israel ha utilizado la inteligencia artificial para atacar a dirigentes de Hamás, a pesar de saber que los ataques también provocarían un gran número de víctimas civiles. El título, NAZA, proviene de un acrónimo de la expresión hebrea “nezek agavi”, o “daños colaterales”, y es el sistema de umbrales del ejército israelí para determinar cuántas víctimas civiles son aceptables en sus ataques militares contra Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Ese día, militantes de Hamás procedentes de Gaza atacaron el sur de Israel, asesinando a 1 200 personas –en su mayoría civiles– y tomando además unos 250 rehenes.

Para mí, parte de la fuerza de la película reside en cómo se centra en la forma fría y calculada de llevar a cabo los ataques contra Gaza desde la distancia. Pero el enfoque del ejército israelí solo pudo funcionar tras aislar sistemáticamente al pueblo palestino a lo largo de décadas.

Víctimas invisibles

Además de construir muros y bloquear Gaza, Israel ha impuesto la separación de los palestinos restringiendo o denegando permisos a quienes desean entrar o trabajar en Israel mediante la vigilancia aérea y la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania.

Tanto el lenguaje visual como el contenido de NAZA reflejan y revelan cómo el conocimiento del sufrimiento palestino suele minimizarse en la cultura, la política y la vida cotidiana israelíes.

La película yuxtapone el audio de los testimonios de soldados israelíes con imágenes del paisaje urbano de Tel Aviv por la noche. En estas entrevistas, los soldados describen cómo se eligen los objetivos, cómo se planifican los ataques y qué margen de maniobra se concede en cuanto a las bajas civiles.

Las propias víctimas permanecen en gran medida ocultas, a pesar de su gran proximidad: Tel Aviv se encuentra a tan solo 70 kilómetros de la Franja de Gaza, remontando la costa.

Fotografía del paisaje urbano con edificios destruidos por las bombas y tiendas de campaña improvisadas.
La ciudad de Gaza, en esta imagen del 21 de septiembre de 2026, está a solo 43 millas de Tel Aviv, pero ambas pueden parecer mundos aparte.
Faiz Qreqa/Middle East Images/AFP vía Getty Images

La decisión de rodar principalmente de noche, en la oscuridad, utilizando voces en off para contar una historia que no se muestra ante la cámara, pone aún más de relieve hasta qué punto estos acontecimientos han sido ocultados en Israel y en todo el mundo. Quizá por eso el Gobierno israelí ha llegado tan lejos para desacreditar la película, afirmando que contiene “distorsiones deliberadas de la realidad”. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha amenazado con revocar la ciudadanía de sus directores.

En respuesta al interés y a la polémica suscitados en torno a la película, los realizadores anunciaron que NAZA estará disponible para su visionado en streaming de forma gratuita, para que cualquiera pueda verla, a partir de noviembre de 2026.

Rompiendo barreras

NAZA pone de relieve la distancia psicológica entre el agresor y el agredido, propiciada por la inteligencia artificial, las pantallas de ordenador y el aislamiento físico de las víctimas. Sin embargo, no es ni mucho menos la primera película que llama la atención sobre la invisibilidad de los palestinos.

La comedia negra de Elia Suleiman de 2002, Intervención divina, presenta repetidamente escenas en las que los personajes palestinos se quedan atrapados en un control militar israelí o intentan sortearlo. Y el documental de Yoav Shamir de 2003, Checkpoint, narra las interacciones cotidianas entre palestinos y soldados israelíes en los puestos de control de Cisjordania y Gaza.

Otras películas se centran en actos de transgresión o protesta. El drama de 2013 de Hany Abu-Assad, Omar, y el drama de Ameen Nayfeh de 2020, A 200 metros, presentan a personajes palestinos que infringen la ley y cruzan clandestinamente la frontera de Cisjordania hacia territorio israelí, exponiéndose a peligros físicos y legales.

No Other Land –el documental de 2024 que valió a Abraham y Szor un Oscar, junto con los directores Basel Adra y Hamdan Ballal–, enfoca su cámara hacia los movimientos de protesta palestinos contra las expropiaciones de tierras y las demoliciones de viviendas en Cisjordania. En la película de 2011 5 cámaras rotas, el agricultor palestino Emad Burnat plasma la lucha de su pueblo de Cisjordania contra la construcción de un enorme muro que aísla las tierras de cultivo y bloquea el acceso a recursos vitales. A pesar de que sus cámaras resultan dañadas o destruidas en repetidas ocasiones, Burnat se niega a dejar de documentar la resistencia.

NAZA estará disponible para su visionado en streaming de forma gratuita a partir de noviembre de 2026.

Llorar mientras se dispara

NAZA también pone de relieve otro fenómeno: cómo el aislamiento y la separación fomentan la complicidad. La distancia física entre los soldados israelíes y las personas a las que se dirigen puede hacer que resulte más fácil aceptar o ignorar lo que está ocurriendo.

De este modo, NAZA aborda un tema recurrente en el cine y la literatura israelíes: la exploración de la culpa de los soldados israelíes. A veces denominado de forma despectiva por los críticos como el género de “disparos y lágrimas”, el marco temático de estas películas ha sido criticado por centrarse en la angustia moral israelí a costa de las experiencias y perspectivas palestinas.

Por ejemplo, la novela de S. Yizhar Khirbet Khizeh (1949), que fue adaptada al cine en 1978, narra la historia desde la perspectiva de Micha, un soldado israelí que luchó en la guerra de 1948 que supuso la creación del Estado de Israel. Forma parte de una patrulla que expulsa a los palestinos de su pueblo, y la culpa que le invade a raíz de ello le provoca una crisis de conciencia que le atormentará durante años.

Décadas más tarde, el documental animado de 2008 Vals con Bashir sigue al director de la película, Ari Folman, mientras indaga en sus recuerdos reprimidos de su participación en la invasión israelí de Beirut de 1982 y de cómo, sin darse cuenta, ayudó a los combatientes de la milicia falangista cristiana libanesa a llevar a cabo las masacres de palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Shatila.

El género de “disparos y lágrimas” fue ampliamente aceptado en la cultura dominante israelí, y Khirbet Khizeh se enseñó en los colegios israelíes durante décadas. Pero la reacción hostil del Gobierno israelí ante NAZA tal vez sea señal no solo de la creciente intolerancia hacia la disidencia en Israel, sino también de una preocupación cultural y política cada vez menor por la moralidad de la ocupación israelí del territorio palestino.

¿A quiénes se escucha?

El hecho de que las perspectivas israelíes ocupen un lugar central en estas obras anteriores –así como en NAZA– también muestra cómo la violencia contra los palestinos puede ganar mayor credibilidad cuando la describen los propios israelíes.

Las narrativas palestinas recientes sobre Gaza, como From Ground Zero y Thirteen in Gaza, han suscitado cierta atención y elogios en el mundo del cine, pero ni de lejos tanta como la que ha recibido NAZA en las semanas transcurridas desde su estreno.

Incluso No Other Land, que se centra en un pueblo palestino, cuenta con un periodista y cineasta israelí, Abraham, que documenta las protestas y se enfrenta a los soldados israelíes, y es posible que no hubiera recibido la misma acogida si la hubieran rodado íntegramente palestinos.

Sin embargo, a pesar de estas numerosas barreras, los palestinos nunca han dejado de buscar formas de hacerse oír. Además de películas como Omar y A 200 metros, los vídeos y las imágenes compartidos directamente en las redes sociales les han permitido conectar directamente con el público y dar a conocer a nivel mundial su difícil situación, especialmente desde que comenzó la actual guerra en Gaza. De esta forma, han sido capaces de sortear las barreras físicas que durante tanto tiempo han restringido su libertad de movimiento, así como las barreras culturales que a menudo han mantenido sus experiencias ocultas a la vista del mundo.

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Drew Paul no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ‘NAZA’: las revelaciones israelíes retratan el aislamiento del pueblo palestino – https://theconversation.com/naza-las-revelaciones-israelies-retratan-el-aislamiento-del-pueblo-palestino-293026

Volver al trabajo tras una baja por salud mental: qué hace falta además del alta médica

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Mariola Pérez Marqués, Doctora en Psicología, psicóloga y directora de TFM, especializada en riesgos psicosociales y salud laboral, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

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Después de varios meses de baja por ansiedad, llega el día de volver al trabajo. Es lunes. Hay correos sin leer, gente que quiere contar cosas y asuntos que han aparecido mientras esa persona no estaba. Mucho de golpe.

Aunque ha recibido el alta y puede trabajar, la notificación médica no decide cómo será ese primer día ni qué va a pasar durante la semana siguiente. Y de eso se habla poco.

Volver

Durante una baja la vida sigue, y también el trabajo: puede que haya cambiado el equipo, que hayan aparecido tareas nuevas o que alguien haya asumido parte de lo que hacía el trabajador o la trabajadora ausente. Aunque a veces, todo sigue casi igual.

Una persona puede encontrarse mejor y estar preparada para reincorporarse sin sentirse todavía igual que meses atrás. Tal vez le cueste mantener la concentración durante mucho rato, tal vez se canse antes. O quizá le preocupe no saber qué se va a encontrar al llegar.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que, cuando haga falta, se faciliten ajustes y medidas de apoyo a la reincorporación al trabajo tras un problema de salud mental.

Dicho así suena muy formal, pero no tiene por qué serlo. A veces basta con decidir qué es urgente y qué no. O con evitar que el primer día aparezcan, de golpe, todos los asuntos guardados durante meses.

El trabajo al que se vuelve

Cuando alguien ha sufrido ansiedad o depresión, hay que mirar primero a la persona: cómo está, qué síntomas tiene, si ya puede volver al trabajo. Todo eso importa, pero también importa a dónde vuelve.

No es igual regresar a un puesto en el que puede organizar parte del día que hacerlo a otro en el que todo viene marcado desde fuera. Tampoco es lo mismo volver a un equipo tranquilo que a uno en el que cada mañana empieza con cinco asuntos urgentes, y nadie tiene claro cuál va primero.

Pensemos en alguien que, antes de la baja, pasaba buena parte del día saltando de una cosa a otra: correos, llamadas, interrupciones. Si vuelve y encuentra exactamente lo mismo, conviene preguntarse si el problema del regreso está solo en la persona.

A veces no hay que reducir el trabajo sino ordenarlo. El trabajo no explica todos los casos de ansiedad o depresión, claro que no, pero tampoco tiene sentido actuar como si la forma de organizarlo nunca tuviera nada que ver con el bienestar emocional de las personas.

Hablar

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha abordado la planificación y el acompañamiento del regreso al trabajo después de una baja por salud mental.

El responsable directo del trabajador que vuelve puede ayudar, aunque no tiene que hacer terapia ni saber interpretar un diagnóstico. Puede hablar del trabajo: qué ha pasado mientras la persona no estaba, qué tareas están pendientes, qué puede esperar. Y, sobre todo, si hay algo de la vuelta que le preocupe especialmente.

La respuesta puede ser muy concreta: una reunión, un cliente, una tarea que antes ya resultaba difícil o el miedo a encontrarse con meses de correo acumulado. Hablar de eso no exige entrar en la vida privada de nadie.

También conviene volver a preguntar unos días después. Hay problemas que se ven el primer lunes y otros que aparecen cuando la persona lleva dos o tres semanas y recupera el ritmo normal.

Lo de antes

Hay otra situación bastante común: regresar y encontrarse con los mismos problemas que estaban allí antes de la baja. La misma carga, el mismo conflicto, la misma sensación de ir siempre tarde.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo señala desde hace años problemas laborales como la sobrecarga, la falta de control sobre el propio trabajo, una mala organización o la falta de apoyo entre los riesgos psicosociales que pueden afectar a la salud. El tema también ocupa un lugar importante en la campaña europea 2026-2028 “Compromiso por la salud mental en el trabajo”.

Pongamos un ejemplo sencillo. Una persona se reincorpora y sigue teniendo dos responsables que le piden cosas distintas, a la misma hora y con la misma urgencia. Aprender a manejar mejor la ansiedad puede ayudar, pero no resuelve unas instrucciones que se contradicen.

Por cosas así, hay situaciones en las que toca mirar también al puesto.

Qué sabemos

Sobre la vuelta al trabajo después de una baja por salud mental se ha investigado mucho en los últimos años. Hay estudios que encuentran mejores resultados cuando se actúa no solo sobre la persona, sino también sobre el trabajo. Otros son menos claros. A veces aparecen mejoras y otras veces apenas hay diferencias. Y es que no hay una receta única.

Tampoco sería fácil que la hubiera porque hablamos de trabajos y situaciones distintas: una profesora que vuelve después de un mes de baja, una enfermera que lo hace después de medio año, alguien que trabaja solo, alguien que depende cada día de un equipo grande. Las dificultades no tienen por qué parecerse.

Por eso puede ser más útil empezar por una pregunta sencilla: ¿qué está haciendo difícil esta vuelta?

Después

Durante años hemos hablado mucho de las bajas laborales: cuántas hay, cuánto duran, cuánto cuestan. Pero del final de la baja se habla menos.

Y, sin embargo, volver al trabajo no siempre se resuelve con cruzar la puerta un lunes por la mañana. Puede haber dificultades el primer día, pero también una semana después, incluso un mes después. Por eso conviene estar atentos a cómo va la vuelta y, si hace falta, volver a hablar. A veces basta con preguntar.

El alta médica dice que una persona puede reincorporarse a su puesto. Luego empieza la parte que no aparece escrita en el parte de alta: cómo conseguir que, además de volver, pueda seguir allí.

The Conversation

Mariola Pérez Marqués no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Volver al trabajo tras una baja por salud mental: qué hace falta además del alta médica – https://theconversation.com/volver-al-trabajo-tras-una-baja-por-salud-mental-que-hace-falta-ademas-del-alta-medica-292194

¿Y si para Silicon Valley la extinción del ‘Homo sapiens’ fuera un ‘daño colateral’ aceptable?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ramón López de Mántaras, Profesor de investigación del CSIC, Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA – CSIC)

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El transhumanismo es una corriente filosófica y cultural que sostiene que la tecnología debería permitir superar las limitaciones biológicas del ser humano. Sus defensores plantean utilizar los avances en inteligencia artificial, biotecnología, ingeniería genética, neurotecnología y otras tecnologías para ampliar radicalmente nuestras capacidades físicas y cognitivas. De igual manera, prevén retrasar o eliminar el envejecimiento y transformar profundamente la naturaleza humana.

En sus versiones más extremas, el transhumanismo contempla incluso la posibilidad de sustituir progresivamente al ser humano biológico por formas de existencia posthumanas, incluidas eventuales superinteligencias artificiales.

Las trampas del ‘largoplacismo’

Por su parte, el altruismo eficaz es una corriente filosófica que propone utilizar la evidencia, el razonamiento y el análisis coste-beneficio para determinar qué actuaciones pueden generar mayor valor. Una de sus derivaciones es el “largoplacismo”, que lleva la perspectiva del altruismo efectivo mucho más allá del presente y concede una importancia extraordinaria al bienestar de las generaciones posthumanas futuras –tanto biológicas como digitales– y a la cantidad de “valor” que estas podrían aportar en un futuro lejano.

Llevada a posiciones extremas, esta forma de pensar puede conducir a aceptar costes y riesgos importantes en el presente, si se considera que con ello aumenta significativamente el valor de lo que está por venir. Y aquí aparece una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto es legítimo aceptar daños reales hoy en nombre de un futuro hipotético al que se atribuye un valor incalculable?

Desde esta perspectiva, evitar cualquier impedimento para que posibles seres posthumanos desarrollen todo su potencial puede convertirse en una de las máximas prioridades morales.

Qué entendemos por humanidad

“Hay que preservar la humanidad”, sostienen los largoplacistas. Pero la pregunta que rara vez se formula con suficiente claridad es: ¿qué entienden exactamente por esto?

Para la inmensa mayoría de nosotros, significa impedir que el Homo sapiens desaparezca como especie. Sin embargo, cuando determinados líderes tecno-autoritarios como Sam Altman, Dario Amodei –que sacudió la opinión pública con un comunicado reciente sobre el desarrollo de la IA–, Nick Bostrom, Ben Goertzel, Ray Kurzweil, Elon Musk, Larry Page, Peter Thiel o Eliezer Yudkowsky, vinculados al transhumanismo y al largoplacismo, hablan de preservar la humanidad, no necesariamente están hablando de preservar la especie humana.

Dos formas de extinción

En determinados debates sobre el riesgo existencial, se ha establecido, de hecho, una distinción entre dos formas de desaparecer del mapa: la “extinción terminal” y la “extinción final”. Según el filósofo Émile P. Torres, la primera es la desaparición definitiva del Homo sapiens y de cualquier posibilidad de que nuestra especie sea sustituida por una forma de existencia posthumana.

La “extinción final”, en cambio, se produciría cuando el ser humano fuera reemplazado por alguna forma de existencia posthumana considerada suficientemente valiosa como para representar una continuidad de la humanidad.

La distinción no es un simple juego de palabras: tiene consecuencias filosóficas y políticas enormes. Porque implica que, para determinadas visiones transhumanistas y para algunos sectores del altruismo eficaz, la desaparición de la especie humana tal y como la conocemos no sería necesariamente el peor futuro posible. El peor escenario sería que nuestra especie desapareciera sin dejar ningún sucesor posthumano capaz de desarrollar ese futuro. Así, la sustitución progresiva de los seres humanos por una nueva forma de existencia considerada superior podría llegar a interpretarse como una continuación –e, incluso, como una culminación– de la humanidad.

El papel de la superinteligencia artificial

Para alcanzar ese futuro transhumanista, muchos de sus defensores, especialmente en Silicon Valley, consideran que la sustitución progresiva de los seres humanos pasa necesariamente por el desarrollo de la superinteligencia artificial. Y aquí aparece una consecuencia particularmente inquietante. Si esa superinteligencia artificial se concibe como el instrumento necesario para alcanzar un futuro, en teoría, inmensamente más valioso, los riesgos asociados a su desarrollo, por grandes que sean, pueden llegar a considerarse un precio aceptable.

Desde esta perspectiva, regular el desarrollo de una hipotética superinteligencia artificial, ralentizarlo o detenerlo podría interpretarse no como una medida de prudencia, sino como una renuncia al futuro. La posibilidad de una catástrofe presente queda así subordinada a la promesa de un futuro hipotético.

Quién toma las decisiones

En este contexto, ya no se trata únicamente de preguntarnos cómo podemos evitar los riesgos de la IA, sino de decidir qué futuro consideramos deseable y qué riesgos estamos dispuestos a asumir para alcanzarlo. Y esa decisión no puede quedar en manos de un reducido grupo de empresarios, inversores y tecnólogos convencidos de que su particular visión del futuro debe convertirse en el destino de toda la humanidad.

El problema se vuelve todavía más grave cuando las mismas empresas que desarrollan estas tecnologías se presentan como las únicas capaces de gestionar sus riesgos.

Si consiguen convencer a la sociedad –y, sobre todo, a los responsables políticos– de que solo ellas poseen los conocimientos necesarios para evitar una catástrofe, se otorgan a sí mismas una supuesta capacidad para determinar qué riesgos debemos aceptar, qué desarrollos son legítimos y qué futuro debemos perseguir.

Es una concentración de poder incompatible con una sociedad democrática. Quienes tienen miles de millones de dólares invertidos en el desarrollo de la inteligencia artificial no pueden ser al mismo tiempo los árbitros de los riesgos que genera esa tecnología. Y mucho menos pueden decidir por el conjunto de la sociedad qué significa “progreso” o qué futuro merece la pena construir.

Por eso, resultan especialmente preocupantes las recientes declaraciones de Donald Trump, respaldadas por los máximos dirigentes de las grandes empresas tecnológicas, defendiendo que la superinteligencia es el horizonte que debemos alcanzar y que sus riesgos deben gestionarse mediante la autorregulación de las mismas empresas que compiten por desarrollarla.

Por un control democrático efectivo

La contradicción es evidente: la autorregulación no puede convertirse en una forma de privatizar una decisión que afecta a toda la sociedad. No podemos tolerar que las empresas que compiten por alcanzar primero una hipotética superinteligencia artificial sean también quienes determinen cuándo los riesgos son aceptables, qué salvaguardas son suficientes y hasta dónde debe llegar la carrera.

Necesitamos instituciones públicas capaces de ejercer un control democrático efectivo sobre estas tecnologías, establecer qué desarrollos requieren límites y qué objetivos tecnológicos queremos promover. Y necesitamos hacerlo antes de que las decisiones fundamentales hayan quedado irreversiblemente condicionadas por quienes controlan la tecnología, el capital y la infraestructura.

The Conversation

Ramón López de Mántaras no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Y si para Silicon Valley la extinción del ‘Homo sapiens’ fuera un ‘daño colateral’ aceptable? – https://theconversation.com/y-si-para-silicon-valley-la-extincion-del-homo-sapiens-fuera-un-dano-colateral-aceptable-293524

Resultados PISA: qué se puede comparar entre países y qué no

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jesús Miguel Rodríguez Mantilla, Profesor Titular de Universidad – Facultad de Educación (Área: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, MIDE), Universidad Complutense de Madrid

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¿Ha caído España mucho más que otros países del entorno en los resultados del último informe PISA? ¿Qué significa realmente el puesto de cada país en el ranking que propone este informe internacional?

PISA consiste en una serie de pruebas en lengua, matemáticas y ciencias a una muestra de estudiantes de 15 años. Pero los resultados de esta evaluación tienen un “margen de error”, de tal modo que dos países pueden obtener puntuaciones distintas sin poder afirmar que una sea realmente superior a la otra. La OCDE, organización detrás de PISA, solo considera que existen diferencias estadísticamente significativas cuando la distancia entre ambas puntuaciones supera ese margen (aunque este margen no es una cantidad fija, sino que varía en cada comparación en función de diversos factores estadísticos).

El ejemplo entre España y Francia ayuda a entenderlo. España (que ocupa el puesto 33 de 90 países) ha obtenido las puntuaciones de 477, 451 y 457 en ciencias, lectura y matemáticas, respectivamente. Las puntuaciones de Francia (posición 29) son 483, 456 y 458 en las respectivas áreas. Sin embargo, al comparar las puntuaciones de cada materia entre ambos países (con los procedimientos estadísticos adecuados), los resultados son similares; es decir, no se puede afirmar que los estudiantes franceses tengan puntuaciones superiores a los españoles.

Comparación con la media de países

Comparar las medias de España con las de la OCDE (las medias de los países participantes) ofrece una referencia más útil. Por ejemplo, en este último informe, de 2025, España se sitúa, en matemáticas, 6 puntos por debajo de la media de los países de la OCDE; 10 puntos por debajo en lectura, y 5 puntos por debajo en ciencias. En estos casos, las tres diferencias son estadísticamente claras: España está por debajo del promedio de países.

Tres gráficos de líneas comparan las puntuaciones de España y la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias entre 2000 y 2025; los símbolos indican diferencias estadísticamente significativas.
Figura 1. España y las medias OCDE en las tres materias, 2000-2025.
Elaboración propia con datos PISA de la OCDE.

También es útil observar la evolución de un mismo país en distintas remesas del informe. Por ejemplo, al comparar las puntuaciones de España entre PISA-2022 y PISA-2025 encontramos una caída de casi 16 puntos en matemáticas y de 23 en lectura: estos descensos son lo suficientemente grandes como para considerarse un dato relevante. En cambio, en ciencias, el descenso de 7 puntos no puede considerarse estadísticamente claro.

Países que mejoran

Reino Unido, por ejemplo, ha mejorado en ciencias (cerca de 12 puntos), pero no en matemáticas ni en lectura. La subida se concentra en Inglaterra y se limita a la edición 2022, por lo que no se considera una tendencia ascendente ya consolidada. Sí es ilustrativo que, entre ambas ediciones, ha habido una mejora del clima disciplinario, más perseverancia y menos distracción digital en el alumnado inglés que la media internacional.




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Turquía ha mejorado en las tres áreas (cerca de 8 puntos en matemáticas, 16 en lectura y 18 en ciencias). A diferencia del caso británico, presenta una tendencia de mejora desde hace años con el origen en importantes reformas curriculares a partir de 2015 y una mayor inversión en centros, recursos y en formación del profesorado.

Pese a estos ejemplos, es muy difícil analizar únicamente con PISA el posible impacto de determinadas políticas educativas en los resultados. Los datos permiten identificar factores que coinciden con los cambios, pero no aislar qué política o forma de enseñar los ha provocado.

¿Cómo influyen las formas de enseñar?

Para buscar pistas sobre ello podemos acudir a TALIS, otra encuesta de la OCDE, que recoge respuestas declaradas de docentes y equipos directivos sobre sus prácticas, formación, autonomía, clima de aula, uso de tecnología e inteligencia artificial, entre otros aspectos.

TALIS y PISA no permiten enlazar las respuestas de cada docente con los resultados de sus respectivos alumnos. Por eso solo podemos comparar promedios nacionales. No es posible concluir una relación causa-efecto entre las prácticas docentes y rendimiento académico, pero sí es posible observar algunos datos interesantes.

En un trabajo en el que relacionamos los resultados de PISA-2012 y TALIS-2013, ya vimos, por ejemplo, que Corea, Japón y Finlandia rendían muy bien en PISA, pese a registrar valores bajos en varias prácticas declaradas por su profesorado (como el trabajo en pequeños grupos, por proyectos o las formas de evaluar). En otros lugares sucedía lo contrario: países cuyos docentes reportaban en TALIS usar estas metodologías sacaban puntuaciones más bajas en PISA.

Relacionando PISA-2025 y TALIS-2024 vuelven a aparecer algunas paradojas.

En Estonia (cuyos alumnos se han colocado en el puesto 7 de 90), los docentes declaran recurrir poco al trabajo por proyectos en clase, mientras que en Kosovo (puesto 82) su profesorado afirma, precisamente, trabajar por proyectos con más frecuencia que la media de países.

El profesorado de Colombia (puesto 65) manifiesta utilizar con mucha frecuencia actividades de pensamiento crítico, pero el país obtiene resultados pobres en PISA-2025. En Marruecos (puesto 85) y Kosovo (82), también con bajos rendimientos en PISA-2025, el profesorado declara más claridad en sus explicaciones y mayor capacidad para gestionar el aula que la media de países.




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Imposible valorar el impacto de la IA

El uso de IA muestra otro contraste. En Singapur (puesto 2), cerca del 75 % del profesorado declara usarla. Pero en Turquía (puesto 21), que ha mejorado en las tres materias, solo lo admite el 24 % del profesorado, mientras que en Japón (puesto 5) su uso declarado es muy bajo (junto a niveles bajos de enseñanza adaptativa, es decir, más personalizada).

En España (puesto 33), el 35 % del profesorado declara emplear la IA y presenta niveles más altos que la media internacional en la utilización de materiales digitales, en enseñanza adaptativa y trabajo por proyectos. Sus docentes también declaran menos colaboración profesional, más tiempo de clase perdido por interrupciones y un mayor estrés por carga de trabajo.

En cualquier caso, aunque España ha empeorado claramente en matemáticas y lectura, no puede afirmarse que haya caído más que todos los países de su entorno, ni atribuir el resultado a una metodología concreta. PISA señala dónde cambia el rendimiento, y TALIS ayuda a describir cómo dicen enseñar los docentes. Pero, con todos estos datos, las causas siguen abiertas.

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Jesús Miguel Rodríguez Mantilla no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Resultados PISA: qué se puede comparar entre países y qué no – https://theconversation.com/resultados-pisa-que-se-puede-comparar-entre-paises-y-que-no-292244

Ecología de los virus otoñales: cuáles son los más frecuentes y cómo interfieren entre sí

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología (SEM), Universidad de Navarra

Detalle de un coronavirus. La incidencia de la covid está experimentando un repunte estos días en España. CG Alex/Shutterstock

Con el otoño llegan los resfriados, la congestión nasal, la tos seca, los estornudos y el dolor de cabeza, el dolor de garganta, algo de fiebre, falta de apetito, decaimiento… En algunos casos se puede complicar y convertirse en un problema de salud grave.

La mayoría de estos síntomas los causan los virus. Tendemos a pensar que solo hay gripe, coronavirus o virus respiratorio sincitial (VRS), pero la lista también incluye parainfluenza, rinovirus, enterovirus, adenovirus, metapneumovirus, bocavirus… De muchos de ellos hay además diversas variedades.

Los virus respiratorios tienen sus temporadas, aunque no todos siguen el mismo calendario. En este momento, los casos de covid están aumentado en toda España. Si ahora sufre un resfriado, quizá sea covid. El virus sigue evolucionando, hay nuevas variantes, la inmunidad natural de pasadas infecciones puede disminuir y la tasa de vacunación también. Esto explicaría, en parte, este resurgimiento del coronavirus SARS-CoV-2.


Fuente: Informe SiVIRA (Semana 39/2026)

Cómo se mueven los virus respiratorios

Un estudio reciente ha analizado cómo se han comportado 18 virus respiratorios desde octubre de 2022 a septiembre de 2025. En concreto, los investigadores han recogido datos de cuatro virus de la gripe (tres de tipo A y uno de B), dos del VRS, dos coronavirus estacionales (NL63 y OC43), cuatro tipos de parainfluenza, rinovirus, enterovirus, adenovirus, metapneumovirus, bocavirus y, por supuesto, SARS-CoV-2. En total han analizado 32 782 muestras.


Fuente: Patterns in the dynamics of respiratory viruses after the COVID-19 pandemic: an observational, retrospective study using sentinel surveillance network data, Catalonia, 2022 to 2025

Aunque el trabajo tenga algunas limitaciones (los datos solo son de Cataluña y corresponden a personas con síntomas que acudieron a los centros participantes y no representan a toda la población infectada), los resultados muestran cómo son las oleadas de cada virus y en qué periodos se solapan.

El VRS y la gripe presentaron la estacionalidad más marcada. Mientras que la actividad del primero comenzaba en octubre, la de la gripe lo hacía a principios de noviembre. El máximo del VRS se producía aproximadamente un mes antes que el de la gripe. Además, su descenso era más prolongado, por lo que ambas epidemias coincidían durante parte de su recorrido. También hay que mencionar que la gripe A mostró un patrón anual más definido que la gripe B.

Por su parte, los rinovirus y enterovirus circulaban durante todo el año, pero su actividad se intensificaba en otoño y primavera. En lugar de una única temporada, mostraban un patrón con dos máximos. Se observó también que la positividad de los rinovirus disminuía durante los periodos epidémicos de SARS-CoV-2.

Otros virus ocupaban distintos momentos del calendario. El coronavirus estacional OC43 y el bocavirus comenzaban a aumentar entre octubre y noviembre y presentaban máximos prolongados entre febrero y abril. Su actividad coincidía con la del metapneumovirus, cuyo máximo llegaba algo después. El coronavirus 229E alcanzaba sus mayores valores alrededor de abril. Más adelante aparecían el segundo máximo de rinovirus y la actividad de parainfluenza 3.

En el caso de los adenovirus, el coronavirus NL63 y los virus parainfluenza 1 y 4, las detecciones y su estabilidad no permitieron delimitar brotes con el procedimiento empleado. Su circulación fue descrita como baja y mantenida a lo largo del año.

El estudio sugiere que, tras las alteraciones de la pandemia, buena parte de los virus respiratorios ha recuperado ciclos epidémicos regulares.

El virus de la covid todavía no es un virus invernal

El SARS-CoV-2 presentó el comportamiento más llamativo. Desde 2023 predominó su circulación estival: las epidemias comenzaban en primavera, alcanzaban su máximo entre agosto y septiembre y descendían hasta comienzos del invierno. En el invierno de 2022 todavía se observó una oleada menor, en 2023 apareció otra menos pronunciada y ese repunte invernal ya no fue evidente en 2024. Además, el inicio de las dos últimas oleadas estivales se produjo en fechas prácticamente coincidentes.

En definitiva, el patrón estival del SARS-CoV-2 cuestiona la expectativa de que acabaría comportándose como un virus predominantemente invernal.

Los virus interfieren entre ellos

Este trabajo demuestra que las oleadas de virus respiratorios no coinciden entre ellas y que existe un fenómeno conocido desde hace mucho tiempo de interferencia viral. Ya Edward Jenner se percató de que su vacuna contra la viruela no funcionaba tan bien si el paciente tenía un herpes. Era como si padecer dos infecciones activas al mismo tiempo alterara el funcionamiento de la inmunización.

La interferencia viral se volvió a observar en los años 60 del siglo pasado cuando se desarrollaron las primeras vacunas vivas atenuadas contra algunos enterovirus, como el de la polio. En seguida se comprobó que esas inmunizaciones conferían también protección frente a infecciones respiratorias graves. Su administración en niños disminuyó los casos de otros virus respiratorios no relacionados.

Dicha interferencia viral se debía a la inducción de una respuesta inmune inespecífica por la vacuna. Era evidente que tener un virus podría inhibir o afectar al crecimiento de otro.

Estudiar este tipo de interacciones o infecciones múltiples no es fácil, ya que nuestro sistema inmunitario se enfrenta a virus y bacterias constantemente. Los virus pueden interferir entre ellos porque la llegada del primero activa defensas que dificultan la multiplicación del siguiente.

Cuando las células detectan una infección, producen interferones, unas proteínas que funcionan como señales de alarma. Estas avisan a las células vecinas y activan mecanismos que frenan la replicación viral. Se establece así un estado antiviral transitorio, capaz de actuar también contra virus distintos del que desencadenó la respuesta. Por ejemplo, en cultivos celulares se ha observado que los rinovirus, causantes de muchos resfriados, pueden reducir la multiplicación del SARS-CoV-2. Esta interferencia podría contribuir a que las oleadas de algunos virus respiratorios se alternen.

Sin embargo, la explicación no es tan sencilla. La interferencia depende no solo de los virus, sino también del comportamiento humano, de las condiciones ambientales, el clima, infecciones asintomáticas o hasta de los calendarios escolares. Además, el resultado puede depender de qué virus llega primero, cuánto tiempo pasa entre ambas infecciones y cómo responde el organismo.

Por ejemplo, dos infecciones también pueden coincidir y agravar la enfermedad. Es el caso de la coinfección con SARS-CoV-2 y gripe, más grave que las infecciones individuales. Por eso, la interferencia ayuda a entender el comportamiento de las epidemias, pero no significa que pasar un catarro nos garantice protección frente a otra infección.

No obstante, las interacciones entre virus también pueden ser negativas, con un efecto antagonista, y depende de si el segundo virus pertenece o no a la misma familia o tipo que el primer virus. Es, por ejemplo, lo que ocurre en el caso de infecciones con subtipos del patógeno de la gripe: la primera previene de la enfermedad del segundo.

Entender cómo unos virus interfieren con otros nos puede permitir en el futuro emplear uno para combatir otro. Podríamos, por ejemplo, preparar un espray nasal con algún virus manipulado o defectivo de forma que solo provoque una estimulación del sistema innato y así nos protegiera frente a la infección por otros virus. Quizá para evitar una infección viral mortal debamos provocar una infección con otro virus diferente protector. Al fin y al cabo, eso son las vacunas. Pero de momento, este otoño no te olvides de tus vacunas.


Una versión de este articulo ha sido publicada en el blog microBIO del autor.


The Conversation

Ignacio López-Goñi no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Ecología de los virus otoñales: cuáles son los más frecuentes y cómo interfieren entre sí – https://theconversation.com/ecologia-de-los-virus-otonales-cuales-son-los-mas-frecuentes-y-como-interfieren-entre-si-293714

Gouffres financiers informatiques : le dernier scandale à Santé Québec illustre bien pourquoi rien ne change

Source: The Conversation – in French – By Annie Lecompte, Associate professor, Département des sciences comptables, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Le projet SIFA, pour Santé Québec, vient s’ajouter à la liste de projets informatiques qui, l’un après l’autre, auront entraîné d’immenses dépassements de coûts. Pourquoi ne réussit-on pas mieux à appliquer les leçons du passé ?


Le projet SIFA (Système d’information en finances et en approvisionnement), qui vise à moderniser les systèmes financiers et d’approvisionnement du réseau québécois de la santé, devait initialement coûter 96 millions $. Sa facture pourrait finalement dépasser le milliard de dollars.

Ce dépassement survient après les révélations entourant SAAQclic, dont le projet CASA est maintenant estimé à environ 1,1 milliard $. Le problème ne se limite pas au Québec. À Ottawa, les coûts prévus du système Cúram sont passés de 1,75 milliard $ à 6,6 milliards $ depuis 2017, et ses coûts futurs de fonctionnement sont toujours inconnus.

Ces projets sont différents, mais ils soulèvent une même question : pourquoi les dépassements de coûts et les difficultés de gestion continuent-ils de se répéter dans les grands projets informatiques publics ?




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Professeure au Département des sciences comptables de l’UQAM, je m’intéresse à cette question à travers mes travaux sur l’audit de la gestion publique et le rôle des vérificateurs généraux, notamment sous l’angle de l’éthique, de la gouvernance et de la reddition de comptes.

Des constats qui ne datent pas d’hier

Ces constats ne sont pourtant pas nouveaux. Dès 2006, le vérificateur général du Canada concluait que plusieurs des problèmes relevés dans les grands projets informatiques persistaient malgré la mise en place, huit ans plus tôt, d’un cadre de bonnes pratiques. Près de vingt ans plus tard, le constat demeure familier.

L’application ArriveCAN, mise au point durant la pandémie de Covid-19, en fournit un exemple récent. En 2024, la vérificatrice générale du Canada relevait des lacunes dans la conception du projet, sa surveillance et sa reddition de comptes, au point de ne pas pouvoir en déterminer le coût précis.

Avec SAAQclic en 2025, le Vérificateur général du Québec arrivait à des constats semblables. La complexité avait été sous-évaluée et une hausse des coûts de près de 500 millions $ n’avait pas été clairement communiquée aux décideurs.

Nous savons donc depuis longtemps que ces problèmes existent. La question est plutôt de savoir pourquoi nous continuons à reproduire des mécanismes que nous savons ne pas fonctionner.

Biais d’optimisme et pressions politiques

Si les problèmes sont connus depuis longtemps, pourquoi continuent-ils de se répéter ? Une première explication tient à la façon dont les grands projets sont évalués au départ. Les dépassements de coûts ne semblent pas simplement résulter d’événements imprévisibles, car ils sont fréquents et persistent dans le temps. Par exemple, dans une étude de 258 projets réalisés dans 20 pays, des chercheurs ont démontré que la précision des estimations ne s’était pas améliorée sur une période de 70 ans.

Deux mécanismes permettent notamment de comprendre cette persistance. Le biais d’optimisme conduit à sous-estimer les coûts, les délais et les risques. À celui-ci peut s’ajouter la représentation stratégique, une présentation volontairement plus favorable d’un projet dans un contexte où existent des pressions pour obtenir son approbation. Ces deux mécanismes peuvent coexister, mais les pressions politiques et organisationnelles peuvent prendre davantage d’importance lorsque les enjeux sont élevés.

Une fois le projet lancé, il devient également plus difficile de revenir en arrière. C’est le phénomène d’escalade de l’engagement. Les ressources, souvent importantes, déjà investies peuvent favoriser la poursuite d’un projet malgré l’apparition d’informations qui devraient conduire à le remettre en question.




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On peut donc très bien connaître les erreurs du passé et les reproduire quand même. Les mécanismes qui favorisent leur répétition interviennent autant au moment de décider d’un projet que lorsqu’il faudrait accepter de le réexaminer.

Que faudrait-il changer ?

Pour éviter ce genre de piège, une première piste consiste à intervenir avant que le projet ne soit trop engagé. Des chercheurs suggèrent de comparer d’abord l’estimation d’un projet aux coûts et aux résultats de projets similaires, plutôt que de partir d’une estimation construite uniquement à partir du projet lui-même. Cette vue de l’extérieur permet de mieux tenir compte du risque réel et de réduire l’effet des biais qui influencent les prévisions.

On pourrait aussi être tenté de soustraire davantage la gestion des grands projets aux pressions politiques en donnant plus d’autonomie aux gestionnaires. L’idée n’est pas nouvelle. Des chercheurs ont notamment évoqué l’idée de la séparation entre l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre était notamment au cœur de certaines réformes de la gestion publique.

Mais cette séparation a ses limites, car une plus grande autonomie peut certes clarifier les responsabilités et réduire certaines interventions politiques, mais elle peut aussi diminuer la capacité de contrôle des élus et rendre les lignes de responsabilité plus difficiles à suivre.


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La réponse n’est donc pas de sortir le politique des projets, mais de créer une distance suffisante pour permettre une évaluation indépendante, sans faire disparaître la responsabilité politique. Une avenue possible serait de soumettre les estimations de coûts, d’échéanciers et de risques des projets les plus importants à une validation indépendante avant leur autorisation.

Ces pistes se retrouvent d’ailleurs dans les recommandations issues de l’enquête publique sur le projet CASA, qui propose notamment d’établir des mandats d’audit interne continus pour les projets majeurs, de limiter la taille des projets pour éviter les mégamandats et d’obliger la publication de tout dépassement de coût important dès qu’il survient. Il ne s’agirait pas de décider si un projet doit aller de l’avant, mais de vérifier la robustesse de l’information sur laquelle cette décision repose. La décision demeurerait ainsi politique, mais les hypothèses qui la soutiennent seraient soumises à un regard extérieur.

La Conversation Canada

J’ai oeuvré au sein du bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal de 2014 à 2019.

– ref. Gouffres financiers informatiques : le dernier scandale à Santé Québec illustre bien pourquoi rien ne change – https://theconversation.com/gouffres-financiers-informatiques-le-dernier-scandale-a-sante-quebec-illustre-bien-pourquoi-rien-ne-change-292079

Gouffres financiers informatiques : avant Santé Québec, il y a eu SAAQclic. Pourquoi répète-t-on de tels fiascos ?

Source: The Conversation – in French – By Camille Grange, Associate Professor, Department of Information Technologies, HEC Montréal

Avec le projet SIFA de Santé Québec, c’est un autre chantier informatique à problèmes qui fait la manchette. Après les récents ratés de SAAQclic, qu’est-ce qui explique la répétition de tels fiascos, malgré tous les contrôles en place ?


Les déboires de SAAQclic ont mis en lumière les difficultés du programme CASA (Carrefour des services d’affaires), le vaste chantier de modernisation des systèmes informatiques de la SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec) dont SAAQclic est issue.

Face à la répétition des dérapages dans les grands projets informatiques publics, un réflexe revient souvent : réclamer davantage de contrôles. Mais est-ce vraiment là que le bât blesse ?

En croisant nos expertises en transformation numérique, gestion de projets et gestion publique, nous avons analysé la gouvernance de CASA. Notre constat : les contrôles existaient et les risques ont été signalés. La question est donc moins celle de leur présence que de ce qui s’est passé après ces alertes.

L’effritement des contrôles internes

Le début de l’implantation du programme CASA remonte à 2015. SAAQclic, la plate-forme de services en ligne, en constitue la deuxième des trois livraisons.

En 2017, le budget prévu et approuvé pour CASA s’élevait à 638 millions $. En 2020, son coût total était révalué à 945,9 millions. Au sein de CASA, la livraison qui allait donner naissance à SAAQclic passait, elle, de 96,9 millions $ à 416 millions $.

Pourtant, CASA n’évoluait pas sans surveillance. Le programme faisait l’objet d’une approbation du Conseil du trésor, de redditions de comptes, d’une vérification interne indépendante et de revues externes. S’y ajoutaient le mandat de la Vérificatrice générale du Québec et un tableau de bord public.




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Les cas de SAAQclic et d’ArriveCAN, au gouvernement fédéral, ont déjà été rapprochés pour illustrer l’effritement des contrôles internes dans la gestion de grands projets publics. Notre analyse de CASA permet de préciser ce constat : les mécanismes de contrôle étaient nombreux, mais leur présence n’a pas garanti leur efficacité.

Quand la responsabilité se disperse

Multiplier les instances de surveillance peut renforcer le contrôle. Mais cela peut aussi rendre plus difficile l’identification de la personne qui répond, en définitive, de la trajectoire du projet.

Dans CASA, aucun commanditaire interne ne semble avoir reçu formellement ce rôle. La direction du programme cumulait représentation stratégique et responsabilité de l’exécution, un cumul de responsabilités documenté par la Commission Gallant. D’autres acteurs pouvaient recevoir de l’information ou soulever des préoccupations, sans nécessairement détenir l’autorité pour modifier la trajectoire.

Le secteur public est particulièrement propice à ce genre de dispersion : les grands projets relèvent simultanément d’une société d’État, de plusieurs ministères et d’organismes centraux. Cette densité institutionnelle accroît la reddition de comptes, mais peut aussi disperser l’autorité et l’imputabilité.

Cette tension réapparaît avec SIFA. Le 10 juillet 2026, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique recommandait de ne pas réautoriser le projet, invoquant un « risque important » et son état « critique ». Cinq jours plus tard, le Conseil des ministres en autorisait néanmoins la poursuite et portait ses paramètres financiers de 202 millions $ à 329,4 millions $.

Cet épisode ravive une question déjà soulevée par CASA : que vaut une fonction de surveillance si elle peut sonner l’alarme sans pouvoir infléchir la décision ? Ajouter des acteurs à la chaîne de reddition de comptes ne résout pas nécessairement le problème de savoir qui peut — et doit — agir.

Des informations inexactes

Un mécanisme de contrôle ne vaut que par la qualité de l’information qui l’alimente.

Or, pendant environ un an et demi, les redditions de comptes au conseil d’administration ont fait état d’une progression conforme aux prévisions, alors que certains suivis internes signalaient des retards. Ce que voyaient les instances et ce que vivait le programme avaient cessé de coïncider.

Plusieurs pratiques ont contribué à cet écart.

Après la replanification de 2020, les coûts prévus pour l’exploitation — environ 40 % du budget initial — ont cessé d’être inclus dans certaines redditions. Entre novembre 2020 et mai 2022, aucune information sur CASA n’a été consignée au tableau de bord gouvernemental. En 2022, un avenant au contrat principal a été fixé à 45,7 millions $, soit 9,97 % de sa valeur initiale : la Commission Gallant a conclu que ce montant avait été établi de manière à demeurer sous le seuil à partir duquel la dépense supplémentaire devait être publiée. Elle a par ailleurs établi que des documents transmis au gouvernement contenaient des informations inexactes sur les dépassements.




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Pris isolément, chacun de ces épisodes soulève déjà des questions. Leur convergence est plus préoccupante encore : à plusieurs reprises, l’information transmise aux instances de gouvernance était moins complète ou plus favorable que celle qui ressortait des suivis internes. Cet écart réduisait leur capacité à exercer pleinement leur rôle de surveillance.

La vérification interne de la SAAQ a soulevé certaines réserves sur les coûts, les échéanciers et certains risques. Au fil du temps, sa capacité à exercer cette surveillance s’est toutefois heurtée à des difficultés d’accès à l’information et à une prise en compte inégale de ses constats.

Quand la croyance collective rend aveugle

Pourquoi certaines alertes ont-elles la capacité d’agir sur la trajectoire d’un projet alors que d’autres restent sans effet ?

Les travaux d’Isabelle Royer, professeure en gestion à l’Université de Lyon et autrice entre autres de la publication Why
Bad Projects Are So Hard to Kill
(« Pourquoi les mauvais projets sont si difficiles à arrêter »), démontrent comment une croyance collective dans la réussite d’un projet peut rendre les informations contraires plus difficiles à entendre.

CASA présente plusieurs signes compatibles avec ce phénomène. Plusieurs membres de la gouvernance ont notamment expliqué avoir accordé une grande confiance aux responsables du programme, même lorsque la vérification interne soulevait des réserves. L’épisode des tests est aussi révélateur. Lorsque la mise en service de SAAQclic est confirmée, le 17 janvier 2023, près de 20 % des tests intégrés finaux restent à réaliser. Le 10 février, la SAAQ met néanmoins fin à la phase de tests alors qu’environ 6 % d’entre eux ne sont toujours pas complétés. Dix jours plus tard, la plate-forme est lancée, suivie d’importantes perturbations.


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Le contexte public peut amplifier ces dynamiques. Le politologue Christopher Hood décrit comment, dans un environnement où l’échec est fortement exposé et sanctionné, l’évitement du blâme peut favoriser trois types de comportements : diluer la responsabilité, se retrancher derrière le respect des procédures ou gérer la présentation des résultats.

Devant la Commission Gallant, le professeur Jacques Bourgault a très justement résumé l’enjeu : « la structure n’est jamais aussi forte que la culture ».

Les leçons à retenir de CASA

Les causes classiques des dérapages des grands projets informatiques sont maintenant bien documentées.

Mais le cas de CASA soulève une question différente : que faut-il pour qu’une alerte produise effectivement une correction de trajectoire ?

La réponse tient à la clarté des responsabilités, à la qualité de l’information, mais aussi à la possibilité de corriger ou d’arrêter un projet sans que cela soit perçu comme un échec.

Ainsi, le défi pour la nouvelle administration péquiste sera moins d’ajouter des contrôles aux grands projets numériques que de créer les conditions pour qu’ils puissent réellement jouer leur rôle.

La Conversation Canada

Rien à déclarer

Christel Joly et Evelyne Bilenge ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

– ref. Gouffres financiers informatiques : avant Santé Québec, il y a eu SAAQclic. Pourquoi répète-t-on de tels fiascos ? – https://theconversation.com/gouffres-financiers-informatiques-avant-sante-quebec-il-y-a-eu-saaqclic-pourquoi-repete-t-on-de-tels-fiascos-292304

El Nobel de Física reconoce el descubrimiento de los “mensajeros fantasmales” del cosmos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Noelia Noël, Senior Lecturer, School of Mathematics and Physics, University of Surrey

Francis Halzen concibió el proyecto del Observatorio de Neutrinos IceCube en el Polo Sur en colaboración con un colega. Christopher Michel, CC BY-SA

El Premio Nobel de Física de 2026 ha sido otorgado a Francis Halzen por su hallazgo de partículas de neutrinos de alta energía procedentes del espacio.

El Comité del Nobel ha afirmado que Halzen ha realizado “contribuciones decisivas” al descubrimiento de “neutrinos de origen astrofísico” con IceCube, un experimento instalado bajo el hielo del Polo Sur.

Ellen Moons, secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias, se refirió a estos neutrinos como “mensajeros fantasmales”. Esto alude al hecho de que las partículas carecen prácticamente de masa y atraviesan los objetos sólidos sin apenas interactuar con ellos. De hecho, cada segundo atraviesan a cualquier persona en la Tierra miles de millones de neutrinos.

La mayoría son emitidos por el Sol. Sin embargo, los de alta energía procedentes de otras partes del cosmos también llegan a nuestro planeta, y resultan aproximadamente mil millones de veces más raros que los que emana nuestra estrella.

Tienen su origen en diversas fuentes, como los agujeros negros situados en el centro de galaxias lejanas, que aceleran las partículas hasta energías extremas.

La idea del experimento IceCube consistía en utilizar el hielo del Polo Sur como un medio natural transparente para captar los tenues destellos de estas partículas de alta energía. De ello se encargan miles de sensores situados bajo la superficie helada de la Antártida, distribuidos a lo largo de un kilómetro cúbico.

Al comentar por qué es importante el trabajo de Halzen, Mark Pearce, presidente del comité del Premio Nobel de Física, afirmó: “El neutrino tiene unas propiedades muy peculiares: el hecho de que interactúe tan raramente con la materia y, en este caso, que sea una forma de proporcionarnos información sobre fuentes cósmicas lejanas que no podemos obtener de otra manera”.

La mayor parte de lo que sabemos sobre el universo proviene de la luz. Pero algunos de sus entornos más extremos pueden ocultarle sus secretos por completo. Los neutrinos de alta energía nos ofrecen otra forma de verlos.

Francis Halzen
Halzen, que aparece en esta ilustración, abrió un nuevo capítulo en el estudio de las partículas de neutrinos.
Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Halzen, que trabaja en la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), ha contribuido a convertir estas partículas esquivas en una nueva herramienta para la astronomía. Los neutrinos interactúan tan débilmente con la materia que pueden atravesar estrellas, galaxias e incluso planetas enteros casi sin sufrir alteraciones. Eso los hace extraordinariamente difíciles de detectar, pero también los convierte en mensajeros del cosmos de un valor único.

El reto radica en que los neutrinos de alta energía procedentes de objetos más allá de nuestro Sistema Solar son excepcionalmente raros. Para captar una cantidad suficiente de ellos, los físicos necesitan un detector a una escala enorme: alrededor de un kilómetro cúbico.

En 1988, Halzen propuso una solución extraordinariamente audaz: utilizar el propio hielo antártico.

Detector natural

En las profundidades del Polo Sur, el hielo es excepcionalmente transparente. Los científicos perforan estrechos pozos en su interior e instalan largas cadenas de sensores de luz a más de un kilómetro por debajo de la superficie. Una vez que los agujeros se vuelven a congelar, los sensores quedan incrustados en el interior de un enorme detector natural.

La mayoría de los neutrinos atraviesan directamente la Tierra y IceCube sin dejar rastro alguno. Pero, de vez en cuando, uno de ellos choca con la materia presente en el hielo o cerca de él y produce una partícula cargada, como un muón.

Anuncio del Premio Nobel de Física de 2026 (Premio Nobel)

Ese muón puede desplazarse a través del hielo más rápido de lo que lo hace la luz en el hielo, produciendo un tenue cono de luz azul conocido como radiación Cherenkov. Esto no significa que se desplace más rápido que el límite de velocidad universal: la luz se mueve más lentamente a través del hielo que a través del vacío.

Al medir la duración y el patrón de esta luz a través de numerosos sensores enterrados, IceCube puede reconstruir la trayectoria del muón e inferir la dirección desde la que llegó el neutrino original.

En efecto, el muón deja un rastro luminoso a su paso por el hielo que permite a los científicos remontarse hasta la fuente del neutrino en el cielo.

En 2013, IceCube dio a conocer la primera evidencia sólida de una población de neutrinos de energía extremadamente alta procedentes de más allá de nuestro sistema solar.

Fue un avance trascendental, ya que los neutrinos se comportan de forma muy diferente a otras partículas que nos llegan desde el espacio. Los rayos cósmicos, por ejemplo, tienen carga eléctrica y los campos magnéticos desvían su trayectoria a medida que viajan por el universo. Por eso, cuando llegan a la Tierra, puede resultar extremadamente difícil determinar de dónde proceden.

Los neutrinos no tienen carga eléctrica. Viajan por el espacio en líneas casi rectas, por lo que su dirección de llegada puede indicarnos su origen.
También pueden escapar de entornos densos en los que la luz puede ser absorbida o dispersada antes de salir.

Esto abre una nueva ventana a algunos de los lugares más violentos del universo, como los alrededores de los agujeros negros supermasivos y otros potentes aceleradores cósmicos de partículas.

Este avance también contribuyó a sentar las bases de lo que hoy denominamos astronomía multimensajera: la construcción de una imagen más completa del universo mediante la combinación de diferentes señales cósmicas, como la luz, las ondas gravitacionales, los rayos cósmicos y los neutrinos.

Cada una de ellas aporta un dato diferente.

Un giro inesperado

Los neutrinos no son ajenos al Premio Nobel. En las últimas décadas, este galardón ha reconocido su detección, el descubrimiento de diferentes tipos de neutrinos, la “captura” de neutrinos cósmicos y el descubrimiento de que los neutrinos oscilan (y, por lo tanto, tienen masa).

El trabajo de Halzen añade otro capítulo: utilizarlos no solo como partículas que estudiar, sino como mensajeros con los que hacer astronomía.

Dado que los neutrinos pueden recorrer distancias enormes y atravesar la materia casi sin sufrir alteraciones, los científicos han llegado incluso a especular sobre si algún día podrían utilizarse para la comunicación a través de distancias interestelares. Pero esto sigue siendo puramente hipotético: IceCube detecta neutrinos producidos por procesos astrofísicos naturales, no mensajes de civilizaciones extraterrestres.

Hay una bonita ironía en esta historia. Los neutrinos son útiles precisamente porque son tan difíciles de captar. Su renuencia a interactuar con la materia es lo que les permite recorrer enormes distancias cósmicas casi sin sufrir cambios.

Y el detector que hizo posible esta nueva astronomía no necesitó contener un kilómetro cúbico de material fabricado. La idea genial de Halzen fue darse cuenta de que la naturaleza ya había proporcionado uno bajo el Polo Sur.

Las llamadas “partículas fantasma” se han convertido, por tanto, en una forma extraordinaria de explorar algunas de las partes más energéticas –y que, de otro modo, permanecerían ocultas– del universo.

The Conversation

Noelia Noël no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. El Nobel de Física reconoce el descubrimiento de los “mensajeros fantasmales” del cosmos – https://theconversation.com/el-nobel-de-fisica-reconoce-el-descubrimiento-de-los-mensajeros-fantasmales-del-cosmos-293763

Quand les transports divisent la ville : regard sur les controverses autour de la mobilité durable

Source: The Conversation – in French – By Emiliano Scanu, Professeur en sociologie de l’environnement, Université Laval

Pistes cyclables, tramways, voies réservées, péages urbains : partout, les projets destinés à réduire la place de l’automobile et à favoriser le transport durable soulèvent des controverses et polarisent les débats. Derrière ces résistances se jouent des conflits sur l’usage de l’espace, les habitudes de vie, l’accès aux commerces et la vision même de la ville. Il importe de mieux comprendre ces oppositions plutôt que de les balayer du revers de la main.


La transition vers une mobilité urbaine plus durable est de plus en plus envisagée par les villes à travers le monde en raison de ses bénéfices économiques (amélioration de l’attractivité), sociaux (renforcement de l’accessibilité) et environnementaux (réduction des gaz à effet de serre). Celle-ci peut s’appuyer sur une panoplie d’instruments différents, comme des infrastructures ou des règlements, mais s’articule généralement autour de la formule « réduire, transférer, améliorer ».

L’objectif consiste d’abord à diminuer l’usage de la voiture et les distances parcourues, notamment par la densification. Il s’agit ensuite de transférer les déplacements vers des modes plus durables, comme le transport collectif, le vélo et la marche. Enfin, on cherche à améliorer les moyens de transport eux-mêmes, notamment en privilégiant des véhicules moins énergivores ou électriques.

Or, malgré leur progressive diffusion et institutionnalisation, les principes et outils de mobilité durable ne se traduisent pas toujours en projets concrets. Mes travaux, ainsi que ceux d’autres équipes de recherche, ont cherché à mieux comprendre les barrières à la transition vers une mobilité plus durable. Si les obstacles techniques, tels que les coûts élevés ou les difficultés d’intégration de nouvelles infrastructures dans le cadre bâti existant, sont bien connus, les contraintes sociopolitiques apparaissent tout aussi importantes, sinon davantage. Elles demeurent pourtant encore relativement peu étudiées et débattues.

Cet article fait partie de notre série Nos villes d’hier à demain. Le tissu urbain connaît de multiples mutations, avec chacune ses implications culturelles, économiques, sociales et – tout particulièrement en cette année électorale – politiques. Pour éclairer ces divers enjeux, La Conversation invite les chercheuses et chercheurs à aborder l’actualité de nos villes.

La contestation de la mobilité durable

Qu’il s’agisse de tramways, de pistes cyclables, ou de liens piétonniers, les projets en faveur du transport collectif et actif font presque systématiquement l’objet d’oppositions. Et ce, même lorsqu’ils sont promus au nom de la vitalité économique, de la décarbonisation ou de la qualité de vie.

Ces oppositions ne visent pas toutes les mêmes aspects des projets. Certaines portent sur le tracé d’un tramway, la suppression de cases de stationnement ou l’emplacement d’une piste cyclable. D’autres mettent en cause la façon dont les décisions sont prises et dénoncent des consultations jugées trop tardives ou insuffisantes, voire leur absence. Ces oppositions peuvent retarder les projets, en réduire l’ampleur ou, parfois, les faire échouer.

Ces dynamiques sont observables dans de nombreux contextes urbains, comme Strasbourg (extension au nord du tramway), Casablanca (nouveau service rapide par bus (SRB)), Bologne (nouveau réseau de tramway) ou New York (introduction d’une zone de péage pour les voitures à Manhattan, qui a notamment suscité la colère de Donald Trump, qui a cherché à l’invalider).




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Contestations au pays

Au Canada, ce type de controverses est monnaie courante, ne serait-ce qu’en raison du statut privilégié dont jouit la voiture et les styles de vie (flexibilité, autonomie) et formes d’habitat (banlieue, maison unifamiliale) qui lui sont étroitement liés.

L’on retrouve des cas de contestation à Montréal (corridors de mobilité durable sur Henri-Bourassa), à Vancouver (SRB entre Metrotown et North Shore) et Calgary (piste cyclable entre Chinatown et Eau Claire).

À ceux-ci s’ajoute celui, emblématique, de la piste cyclable sur Bloor Street à Toronto qui, en plus d’être contestée par certains résidents et commerçants, a été vivement critiquée par le gouvernement provincial de Doug Ford, qui a promulgué une loi afin de pouvoir la supprimer. Le projet de tramway à Québec a lui aussi connu un parcours difficile. En plus de ne pas jouir d’une grande popularité, il a fait l’objet d’ingérences du gouvernement provincial, qui a cherché à en bloquer ou à en retarder l’avancement à plusieurs reprises.




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Qui craint la mobilité durable ?

Pour le dire simplement, les politiques et projets de mobilité durable provoquent résistances et oppositions parce qu’ils impliquent inévitablement une transformation des hiérarchies urbaines, entre fonctions, modes de déplacement, espaces, rôles sociaux et styles de vie.

À la lumière de la littérature sur le sujet, je propose de caractériser ces formes de contestation en deux catégories. La première, dite « progressiste », est plutôt marginale. Elle ne s’oppose pas tant aux projets, mais critique surtout leur caractère technocratique et néolibéral, en prônant une meilleure prise en compte des questions d’accessibilité et des risques d’embourgeoisement des quartiers bénéficiant de nouvelles infrastructures. On y retrouve des groupes marginalisés, des militants ou encore des « perfectionnistes de la mobilité durable ».


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La forme plus coriace de contestation est celle que je qualifie de « conservatrice ». La mobilité durable y est perçue comme une menace à des valeurs, intérêts et modes de vie établis, voire comme une « guerre à l’auto ». Cette catégorie regroupe les résidents directement touchés par les projets, les groupes politiques conservateurs et les commerçants. Ces derniers invoquent surtout la perte de stationnements et, par conséquent, de revenus causée par les nouvelles infrastructures.




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Comment prévenir ou apaiser ces résistances ?

Plusieurs remèdes peuvent être mis de l’avant pour renforcer la légitimité politique et scientifique des projets de mobilité durable. En voici deux qui me semblent particulièrement prometteurs.

Le premier consiste à communiquer les bénéfices concrets des projets. Par exemple, les arguments des commerçants concernant les pertes de revenus reposent rarement sur des éléments probants, et peuvent être facilement démentis par des études, par ailleurs nombreuses, montrant que ce les infrastructures de mobilité durable améliorent généralement le chiffre d’affaires des commerces, même lorsque des stationnements sont supprimés.

Mais la résistance à la mobilité durable est aussi une question idéologique. La situation se complique alors, puisqu’on quitte le domaine des faits pour celui des valeurs. La deuxième piste de solution consiste alors en la consultation publique, qui peut renforcer la légitimité des mesures proposées, à condition d’intervenir en amont et de permettre à tous d’exprimer en profondeur et selon différentes modalités ses points de vue.

Finalement, il ne faut pas oublier que les controverses constituent le sel de la vie démocratique et que leur existence témoigne de la vitalité de nos institutions, pourvu qu’elles favorisent le dialogue et les échanges constructifs plutôt que d’exacerber la polarisation entre tenants des transports publics et défenseurs de l’« automobilité », au risque d’aboutir à un dialogue de sourds.

La Conversation Canada

Emiliano Scanu a reçu des financements du FRQSC et du CRSH

– ref. Quand les transports divisent la ville : regard sur les controverses autour de la mobilité durable – https://theconversation.com/quand-les-transports-divisent-la-ville-regard-sur-les-controverses-autour-de-la-mobilite-durable-292299

Les amendes forfaitaires pour consommation de stupéfiants se multiplient : quels effets, et quel bilan ?

Source: The Conversation – in French – By Ivana Obradovic, Directrice adjointe de l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), chercheuse associée au CESDIP, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne


L’ESSENTIEL

  • Depuis 2020, les forces de l’ordre ont la possibilité de sanctionner les consommateurs de stupéfiants d’une amende forfaitaire délictuelle.

  • Cette procédure a entraîné une forte hausse des délits enregistrés. Elle est critiquée pour les irrégularités et les inégalités sociales dans son application.

  • Elle illustre une tendance à la standardisation des sanctions et à la pénalisation financière au détriment de l’individualisation des sanctions.


En 2025, près de 367 000 personnes ont été mises en cause pour une infraction liée aux stupéfiants, dont plus de 80 % pour simple consommation, le plus souvent de cannabis. Ce contentieux de masse ne cesse de croître depuis les années 2000 : rien qu’entre 2016 et 2025, le nombre de consommateurs interpellés a bondi de 70 %, contre seulement 40 % pour le trafic. Cette progression s’est encore accentuée depuis 2020, quand les forces de l’ordre ont obtenu la possibilité de verbaliser les consommateurs sans procédure pénale, du fait de l’extension de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) à la consommation de stupéfiants.

Quels ont été les effets de cette réforme sur le traitement pénal de ce contentieux de masse ?

Dans un contexte budgétaire contraint et marqué par un engorgement des services judiciaires, ces amendes peuvent certes apparaître comme un moyen d’assurer une réponse pénale simplifiée, rapide et systématique. Mais le bilan de leur mise en œuvre s’avère contrasté.

Vers une pénalisation standardisée ?

Sanction pénale prononcée par un agent de police sans l’intervention d’un magistrat, l’amende forfaitaire a été créée en 1926 en matière contraventionnelle, pour désengorger les tribunaux d’une masse d’infractions routières jugées de faible gravité.

Près d’un siècle plus tard (2016), elle a été étendue au domaine délictuel afin de favoriser un traitement rapide et simplifié des nombreux délits routiers jusqu’alors passibles d’emprisonnement (conduite sans permis ou sans assurance).

Depuis dix ans, le périmètre d’application de l’amende forfaitaire délictuelle n’a cessé d’être élargi, jusqu’à concerner une centaine de délits dépassant largement le domaine routier, incluant par exemple :

  • la consommation de stupéfiants (depuis 2019/2020) ;

  • la vente à la sauvette, les tags et les graffitis, l’introduction de boissons alcoolisées dans un stade lors d’un événement sportif (depuis 2023) ;

  • l’inhalation de protoxyde d’azote hors cadre médical ou la participation à une rave-party non déclarée (depuis 2026).

Entre 2019 et 2024, 1,6 million d’amendes forfaitaires délictuelles ont été délivrées par la police et la gendarmerie, suivant une courbe de croissance de 14 % par an en moyenne. Plus de 40 % de ces amendes ciblent la consommation de stupéfiants (en général de cannabis).

Une forte poussée des amendes forfaitaires délictuelles depuis 2020 : quels effets ?

En quelques années, le traitement pénal de la consommation de stupéfiants a été profondément modifié. Aujourd’hui, la plupart des interpellations pour usage de stupéfiants sont traitées sans procédure pénale, par une AFD (76 % en 2024 versus 26 % en 2020).

Ce changement procédural est allé de pair avec un changement du profil des personnes interpellées pour usage de stupéfiants : dès lors que l’AFD ne peut théoriquement être appliquée à un mineur, l’effet logique a été une très forte baisse de la part de mineurs parmi les personnes mises en cause, passée de 17 % entre 2016 et 2018 à seulement 4 % en 2024.

En outre, la mise en place de l’amende forfaitaire délictuelle a entraîné une augmentation du nombre des délits « constatés ». Ainsi, dans les départements où le taux de recours à l’AFD est le plus important lorsqu’un « usage illicite de stupéfiants » est constaté (dans plus de 75 % des cas), le nombre global d’infractions d’usage de stupéfiants enregistrées a lui aussi augmenté (+ 161 % entre 2019 et 2024). Cette inflation du contentieux d’usage concerne tous les départements, mais elle est plus marquée dans ceux qui ont systématisé le recours à l’AFD, par exemple les Bouches-du-Rhône, l’Hérault, le Rhône ou encore Paris et la Seine-Saint-Denis.

Les chiffres du ministère de l’intérieur montrent donc que le recours à l’AFD « gonfle » le volume des délits, mais aussi qu’il aggrave les variations territoriales d’application de la loi.

Main d’une personne tenant un joint
Aujourd’hui, les trois quarts des interpellations pour usage de stupéfiants sont traitées sans procédure pénale par une amende.
Elsa Olofsson/Unsplash, CC BY

Infraction par nature « révélée par l’activité des services » (c’est-à-dire tributaire de l’attention de forces de l’ordre), la consommation de cannabis et d’autres drogues classées comme stupéfiants est donc confrontée à un regain de punitivité. La généralisation de l’AFD participe à la dynamique de « re-pénalisation » décrite par le sociologue Henri Bergeron, dans le sens où la consommation « simple », qui reste un délit en France, est, en pratique, plus souvent sanctionnée.

En outre, parce que l’AFD est inscrite au casier judiciaire (bulletins n°1 et 2), toute nouvelle infraction d’usage de stupéfiants alimente de façon « mécanique » le taux de récidive en France.

Premier bilan de mise en œuvre

Un premier bilan fait d’abord apparaître, sur un plan strictement comptable, le faible taux de recouvrement des AFD, ce qui relativise l’argument d’une meilleure effectivité de la réponse pénale.

Après six ans de mise en œuvre, les impayés restent très nombreux : entre 2020 et 2024, à peine un tiers des AFD pour « usage illicite de stupéfiants » étaient effectivement payées (35 %), encore moins l’année suivante : 24 % en 2025, soit un taux de recouvrement deux fois inférieur à celui des amendes pénales en matière de délits routiers.

L’augmentation du montant de l’AFD par la loi Ripost de 2026, qui la porte de 200 euros à 500 euros pour l’usage de stupéfiants (majorée à 1 000 euros en cas de paiement tardif, contre 450 euros auparavant), redouble les interrogations quant aux risques de non-recouvrement.

Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre de l’AFD s’avèrent controversées :

  • taux d’irrégularités constatées multiplié par 49 entre 2020 et 2024 pour l’usage de stupéfiants (incluant des erreurs ou des incohérences dans le procès-verbal, le non-respect du périmètre des AFD, etc.), selon la Cour des comptes ;

  • constatations de non-conformité dans les règles d’emploi de l’AFD, parfois appliquée à des mineurs ou à des réitérants ou verbalisant un même individu pour plusieurs infractions dont au moins une ne peut théoriquement faire l’objet d’une procédure d’AFD ;

  • difficulté pratique, pour les forces de l’ordre, de distinguer cannabis et CBD (en accès légal dans des boutiques spécialisées), ce qui alimente les contestations ;

  • inégalités sociales d’application de l’AFD, objectivées par les recherches en sciences sociales : « ciblage » des catégories populaires, problématiques de surendettement de mineurs et de jeunes adultes ayant accumulé un volume important d’amendes compromettant leurs chances d’insertion sociale et professionnelle dès lors que celles-ci sont inscrites au casier judiciaire.

Une réponse pénale plus systématique, mais moins individualisée ?

Si l’AFD contribue à simplifier, à accélérer et à systématiser la réponse pénale aux contentieux de masse, celle-ci est porteuse de certaines ambivalences :

Par-delà ces contestations, le développement de l’amende forfaitaire délictuelle
– tant sa rapide montée en charge que les modalités de sa mise en œuvre – s’inscrit dans la continuité de deux processus documentés par les travaux de recherche depuis les années 2000 : la déjudiciarisation des contentieux dits « de masse » du fait de la standardisation des procédures de sanction hors du contrôle d’un magistrat au nom d’une meilleure « gestion des flux » dans la filière pénale, d’une part ; l’accroissement des logiques de pénalisation financière des infractions les plus courantes, d’autre part.

The Conversation

Ivana Obradovic a reçu, pour le compte de l’OFDT, des financements de la CNAM (Fonds de lutte contre les addictions) et de la MILDECA (subvention pour charge de service public).

– ref. Les amendes forfaitaires pour consommation de stupéfiants se multiplient : quels effets, et quel bilan ? – https://theconversation.com/les-amendes-forfaitaires-pour-consommation-de-stupefiants-se-multiplient-quels-effets-et-quel-bilan-291434