Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan Ignacio Pulido Fernández, Catedrático de Economía Aplicada (Economía del Turismo), Universidad de Jaén
En un momento de creciente preocupación por la masificación turística, los expertos debaten acerca de las mejores opciones para una adecuada gestión de la demanda y un mayor control sobre los impactos del turismo.
Se recupera en este contexto el viejo dilema “impuestos sí versus impuestos no”. Desde la economía pública y la economía del turismo, la función principal de la fiscalidad turística no es precisamente la de reducir visitantes, sino corregir externalidades, financiar bienes públicos locales, redistribuir costes y reforzar la legitimidad social de la actividad turística cuando esta genera presiones sobre el territorio.
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Turismo y corresponsabilidad
El planteamiento de que los tributos turísticos deben utilizarse solo cuando han fallado todas las demás herramientas resulta discutible. Si el turismo genera costes públicos (limpieza, residuos, agua, movilidad, seguridad, conservación patrimonial, presión sobre vivienda, uso intensivo del espacio público, sostenibilidad o adaptación climática), retrasar la fiscalidad implica mantener una subvención implícita al consumo turístico: el visitante disfruta de bienes colectivos, pero una parte del coste queda desplazada hacia residentes y administraciones locales.
Desde el principio de beneficio (“los ciudadanos deben pagar impuestos o financiar los servicios públicos en proporción directa a los beneficios que reciben de ellos”), quien disfruta, aunque sea temporalmente, de los servicios colectivos del destino también debe contribuir, al menos parcialmente, a financiarlos. Esta lógica no penaliza al visitante, introduce corresponsabilidad.
La cuestión clave, por tanto, es determinar si existe una presión turística identificable que justifique asignar mejor los costes.
La visión de los expertos
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya advirtió en 2024 de que muchos destinos tienen dificultades para gestionar la demanda y sus impactos ambientales y sociales, y que para diseñar acciones locales integrales y sostenibles se requieren recursos suficientes y mejor evidencia. A su vez, la Oficina para el Turismo de Naciones Unidas insiste en integrar la medición económica, social y ambiental del turismo.
No es correcto valorar la fiscalidad turística solo por su capacidad para contener el flujo de turistas: su eficacia debe medirse en función de su contribución a financiar mejor el destino, compensar territorios tensionados y sostener los bienes públicos que hacen posible la propia actividad turística.
No existe una única figura fiscal aplicable a todos los destinos. Hay impuestos sobre estancias, recargos municipales, contribuciones de acceso, gravámenes sobre cruceristas, tributos ambientales y fondos finalistas. Cada instrumento responde a una presión diferente.
Algunos ejemplos
Este 2026, Venecia está aplicando, en días y franjas horarias concretas, un contributo di accesso a sus visitantes de día, con una lógica de gestión de flujos urbanos.
Ámsterdam mantiene una imposición del 12,5 % sobre el precio de la pernoctación y un Day Tourist Tax de 15 euros por pasajero de crucero, lo que permite gravar también formas de visita que no generan pernoctación pero sí una gran presión urbana.
Cataluña ha reformado en 2026 la atribución de su impuesto sobre estancias turísticas para destinar el 25 % de la recaudación a políticas de vivienda y el 75 % al Fondo para el Fomento del Turismo.
Estos tres ejemplos muestran que el debate no se puede reducir a “impuestos sí o no”, sino a qué instrumento corresponde a cada presión turística.
Maldivas, Manchester, Estados Unidos
Uno de los argumentos más frecuentes contra la fiscalidad turística es que puede perjudicar la competitividad. Sin embargo, los datos muestran que la realidad es mucho más compleja y que su impacto depende de la elasticidad de la demanda, la cuantía, la gradualidad, la comunicación, la existencia de destinos sustitutivos y el uso de la recaudación.
Por ejemplo, una investigación de 2023 estimó que en Maldivas, un aumento del impuesto turístico puede reducir la demanda internacional, especialmente en un destino insular muy dependiente del turismo. Sin embargo, en Manchester no se detectan efectos significativos del gravamen de 1 libra por habitación y noche sobre ocupación.
Por último, en Estados Unidos los efectos de los impuestos sobre alojamiento varían por segmento, siendo más sensibles a ellos los grupos que los viajeros individuales.
¿A qué se destinan los impuestos que pagan los turistas?
El uso final de los impuestos turísticos (su afectación) es decisivo. Si los ingresos se diluyen en el presupuesto general, el tributo puede percibirse como una carga adicional sin retorno. En cambio, cuando la recaudación se vincula a proyectos visibles aumenta su aceptación.
El caso balear es ilustrativo: el Impuesto de Turismo Sostenible se define como un tributo finalista cuyos recursos alimentan el fondo para favorecer el turismo sostenible.
Nueva Zelanda ofrece otro ejemplo de lógica finalista con el International Visitor Conservation and Tourism Levy, fijado en 100 dólares neozelandeses para cada turista que viaje al país, que contribuye a los sistemas de turismo y conservación.
En Andalucía, la aceptación del impuesto aumenta cuando el visitante entiende el destino de los fondos y percibe una relación razonable entre el pago realizado y la mejora del destino.
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Un mejor diseño
Defender la fiscalidad turística no significa ignorar sus riesgos. Los hay de regresividad (cuando los impuestos representan un porcentaje mayor de los ingresos para los viajeros de menores recursos), economía sumergida, costes administrativos, acumulación de gravámenes, rechazo empresarial, captura presupuestaria o sustitución de gasto ordinario. Pero estos problemas no justifican relegarla a la última opción. Justifican diseñarla mejor.
Por ello, la fiscalidad turística debe ser un instrumento temprano, selectivo y evaluable de gobernanza económica del destino, y aplicarse cuando existan impactos verificables, con diseño proporcional, recaudación finalista, transparencia y mecanismos periódicos de seguimiento. Su legitimidad no reside en esperar al colapso, sino en contribuir a evitarlo.
En definitiva, la fiscalidad turística no debe plantearse como una barrera contra el visitante, sino como un pacto de corresponsabilidad. Quien disfruta de un destino también debe contribuir a sostenerlo. Y si aspiramos a destinos competitivos, habitables y socialmente aceptados, la fiscalidad turística debe ser justa, eficaz y útil para el territorio.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
– ref. Impuestos y tasas turísticas sí, pero adaptados a cada destino y objetivo – https://theconversation.com/impuestos-y-tasas-turisticas-si-pero-adaptados-a-cada-destino-y-objetivo-285675
