¿Puede Estados Unidos reeditar la invasión de bahía de Cochinos? El derecho internacional dice que no

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Julián Santana Silva, Profesor Asociado del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La invasión de bahía de Cochinos entre el 17 y 20 de abril de 1961 sigue presente en la memoria histórica como el intento frustrado de Estados Unidos por derrocar al Gobierno cubano. Más allá de la anécdota histórica o del estudio estratégico de aquel fracaso, nace en estos días un interrogante que va más allá de lo político y recae en el marco legal que rige a las naciones.

Actualmente, una intervención no se mediría solo por su éxito táctico, sino bajo el prisma del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Esto plantea un desafío jurídico fundamental. ¿Puede un Estado intervenir militarmente en otro? ¿Qué excepciones, como la legítima defensa o el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, reconoce el ordenamiento internacional para justificar tal acción?

Pilar legal del sistema global

La prohibición del recurso a la fuerza, consagrada de forma imperativa en el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, supone uno de los pilares del derecho internacional contemporáneo. Este precepto fundamental obliga a todos los Estados miembros a abstenerse de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier nación.

Consolidada como norma estructural y columna vertebral del sistema global, la prohibición se apoya en el principio de igualdad soberana, garantizando que cada Estado pueda decidir libremente su rumbo sin coacciones externas.

Esta protección también se recoge con detalle en el sistema regional mediante el Artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el cual consagra un principio de no intervención absoluto.

Mientras que la norma de la ONU se enfoca primordialmente en la agresión armada, el citado Artículo 19 prohíbe que cualquier Estado o grupo de Estados intervenga, directa o indirectamente, en los asuntos internos o externos de otro, sin importar el motivo.

Tiene una cobertura más extensa, pues excluye explícitamente no solo el uso de las armas, sino cualquier injerencia o tendencia que atente contra la personalidad del Estado o sus elementos políticos, económicos y culturales. Así, la OEA establece un blindaje jurídico contra cualquier tipo de coacción. Esto garantiza que la soberanía no sea vulnerada por presiones de carácter no militar.

El caso nicaragüense

La importancia de esta norma fue ratificada históricamente por la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos (1986). En su fallo, la Corte determinó que la prohibición del uso de la fuerza no es solo una obligación contractual de la Carta, sino un principio esencial del derecho internacional consuetudinario y del jus cogens (normas imperativas).

Al condenar acciones como el minado de puertos y el apoyo logístico a fuerzas insurgentes, el tribunal reafirmó que estas actividades violan la soberanía territorial y el compromiso ineludible con la paz internacional.

Aunque la Carta de las Naciones Unidas establece una prohibición general del uso de la fuerza, el ordenamiento jurídico internacional reconoce excepciones estrictas y limitadas para salvaguardar la paz. El fundamento de esas excepciones se encuentra en el Artículo 51, que consagra el derecho inmanente de legítima defensa, ya sea individual o colectiva.

Aun así, esta facultad solo se activa ante un “ataque armado” previo, lo que dificulta muchísimo la justificación legal de una invasión preventiva. Según la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, cualquier respuesta defensiva debe observar rigurosamente los principios de necesidad y proporcionalidad para ser considerada legítima.

La segunda vía legal es la fuerza colectiva autorizada exclusivamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el Capítulo VII de la Carta. Este órgano posee la responsabilidad primordial de mantener la paz, para lo que puede autorizar acciones militares si las medidas diplomáticas o económicas resultan inadecuadas.

En un hipotético caso entre Cuba y Estados Unidos, esta autorización es jurídicamente improbable debido al papel del veto, que permite a cualquier miembro permanente (EE. UU., Rusia, China, Reino Unido y Francia) bloquear decisiones sobre cuestiones sustantivas. En definitiva, el derecho internacional contemporáneo está diseñado para prohibir las guerras unilaterales. El recurso a las armas ha de ser siempre excepcional y bajo supervisión multilateral.

¿Y si hay motivos humanitarios?

En la actualidad, el debate sobre una intervención humanitaria cobra una relevancia fundamental bajo el principio de la “responsabilidad de proteger” (R2P), adoptado en la Cumbre Mundial de 2005.

Este concepto sostiene que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a las poblaciones de crímenes atroces cuando el Estado falla en su deber primordial. No obstante, no existe un acuerdo generalizado sobre la legalidad de una intervención humanitaria unilateral, ya que varios Estados piden mayores aclaraciones sobre el marco jurídico para la acción colectiva y el uso de la fuerza militar. Permanece también un riesgo crítico de instrumentalización política, ya que los intereses de potencias poderosas pueden sesgar la aplicación de estos programas de protección.

En definitiva, desde una perspectiva jurídica contemporánea, invocar la democracia, los derechos humanos o un cambio de régimen no constituye una base legal suficiente para justificar acciones armadas unilaterales fuera de los marcos multilaterales establecidos.

Tampoco son legales las intervenciones indirectas

La invasión de bahía de Cochinos se puede utilizar como ejemplo de intervención indirecta. En este tipo de actuaciones, el uso de la fuerza no se manifiesta como una guerra formal, sino mediante operaciones encubiertas. En 1961, Estados Unidos no desplegó sus tropas directamente, sino que financió, entrenó y brindó apoyo logístico a grupos armados en bases secretas, como la de Puerto Cabezas en Nicaragua.

Este precedente es vital para comprender que el derecho internacional no solo regula invasiones declaradas, sino toda injerencia externa. Al respecto, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos reafirmó que el apoyo a fuerzas irregulares vulnera el principio de no intervención. Por tanto, la legalidad internacional prohíbe cualquier acción que, mediante el respaldo a insurgentes, atente contra la soberanía e independencia política de un Estado.

Blindaje jurídico de Cuba

En definitiva, el derecho internacional no tiene el poder de acabar con las guerras, pero sí fija un marco estricto que distingue la legalidad de la ilegalidad en el uso de la fuerza.

Bajo el ordenamiento jurídico vigente, una intervención en Cuba sería muy difícil de justificar. La prohibición general de agresión, la carencia de un ataque armado previo que autorice la legítima defensa y la parálisis del Consejo de Seguridad ante un veto casi seguro blindan la soberanía de la nación.

Incluso invocar la protección de derechos humanos o un cambio de régimen carece de base legal suficiente para acciones unilaterales fuera de marcos multilaterales.

Sesenta años después de bahía de Cochinos, el desafío ha cambiado de lo táctico a lo normativo. Hoy por hoy, el problema quizá ya no sea un desembarco en Cuba, sino un desembarco fuera del derecho internacional.

The Conversation

Julián Santana Silva no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Puede Estados Unidos reeditar la invasión de bahía de Cochinos? El derecho internacional dice que no – https://theconversation.com/puede-estados-unidos-reeditar-la-invasion-de-bahia-de-cochinos-el-derecho-internacional-dice-que-no-282820

Tuskegee o cuando la ciencia se olvidó de lo más importante: las personas

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Santiago Roura Ferrer, Profesor agregado Facultad de Medicina, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Un médico extrae sangre de un paciente como parte del estudio de la sífilis de Tuskegee. National Archives Atlanta, GA (Gobierno de los Estados Unidos)

En 1932, en Alabama, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos inició un estudio que pretendía observar la evolución natural de la sífilis en población afroamericana rural. La investigación, desarrollada en torno al Instituto Tuskegee, reclutó a 600 hombres pobres, la mayoría jornaleros analfabetos. Los participantes, de los cuales 399 estaban infectados, fueron engañados: nunca se les explicó el verdadero objetivo del experimento ni se les informó de que padecían sífilis, tan sólo “sangre mala”. Incluso, cuando años más tarde la penicilina se consolidó como tratamiento eficaz, se les negó deliberadamente.

Hoy el llamado “experimento de Tuskegee” se considera uno de los mayores escándalos éticos de la investigación biomédica moderna. Pero más allá de la indignación histórica que aún provoca, el caso sigue planteando una cuestión incómoda: ¿cómo pudo mantenerse durante cuarenta años un estudio así en una sociedad que ya conocía principios básicos sobre investigación en seres humanos?

La Declaración de Helsinki, impulsada por la Asociación Médica Mundial en 1964, establecía que el bienestar de la persona debía prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. Sin embargo, Tuskegee demostró que las normas éticas pueden existir sobre el papel, aunque la práctica real continúa alejándose de ellas.

Cuando el fin justifica los medios

El estudio comenzó en una época marcada por profundas desigualdades raciales y sociales, y pretendía comprender la evolución clínica de la sífilis no tratada. Pero su diseño partía de una relación profundamente desigual entre investigadores y participantes.

Los hombres reclutados fueron atraídos con promesas de asistencia médica gratuita, comidas y ayudas para el entierro. En realidad, muchos fueron sometidos a procedimientos diagnósticos dolorosos sin comprender su finalidad. Lo más grave ocurrió después de 1947, cuando la penicilina pasó a ser el tratamiento estándar: lejos de administrarla, los responsables del estudio evitaron activamente que los pacientes accedieran a ella.

El experimento solo terminó en 1972, tras una filtración periodística que desencadenó una enorme reacción pública. Para entonces, decenas de personas habían muerto y muchas familias habían sufrido las consecuencias de la enfermedad.

La pregunta ética resulta inevitable: ¿cómo pudieron tantos profesionales justificar durante décadas semejante conducta? Probablemente la respuesta no se encuentre únicamente en la ausencia de regulación, sino también en la capacidad de las instituciones para normalizar decisiones inaceptables cuando se amparan en el prestigio científico, la burocracia o la supuesta utilidad colectiva.

El nacimiento de la bioética moderna

Tuskegee no fue el único episodio que obligó a replantear la investigación con seres humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg revelaron los experimentos realizados por médicos nazis en campos de concentración. De aquel horror surgió el Código de Núremberg (1947), primer intento de establecer límites éticos universales para la investigación biomédica.

Posteriormente, la Declaración de Helsinki reforzó principios esenciales como el consentimiento informado, la proporcionalidad riesgo-beneficio y la protección de las personas vulnerables. Más tarde, el escándalo de Tuskegee impulsó en Estados Unidos el conocido Informe Belmont, que consolidó tres pilares de la bioética contemporánea: respeto por las personas, beneficencia y justicia.

Estos principios siguen guiando hoy a los comités de ética y a la regulación internacional de los ensayos clínicos. Sin embargo, las preguntas esenciales continúan siendo muy parecidas: ¿quién asume los riesgos?, ¿quién obtiene los beneficios?, ¿hasta qué punto los pacientes comprenden realmente aquello a lo que consienten?

La confianza perdida

Una de las consecuencias de Tuskegee fue la desconfianza generada hacia las instituciones sanitarias. La relación entre ciencia y sociedad se basa en la confianza, y ésta no se alcanza únicamente con resultados, sino también con transparencia, honestidad y respeto.

La pandemia de covid-19 mostró hasta qué punto la percepción pública sobre vacunas, ensayos clínicos o decisiones sanitarias está condicionada por factores éticos. Cuando la ética es una mera formalidad, existe riesgo de convertir a las personas en simples medios para lograr avances científicos.

Por ello, la ética biomédica no debe entenderse como un obstáculo añadido a la investigación, sino como una condición indispensable de su credibilidad.

Nuevos desafíos, viejas preguntas

El legado de Tuskegee resulta especialmente relevante en una época marcada por el avance acelerado de la inteligencia artificial, la secuenciación genética o el análisis masivo de datos sanitarios. Las amenazas actuales rara vez adoptan la forma explícita de los experimentos del siglo XX, pero pueden aparecer en algoritmos discriminatorios, cesiones masivas de datos clínicos o investigaciones realizadas en poblaciones vulnerables.

Por ello, la investigación biomédica ya no se enfrenta solo al riesgo de causar daño físico directo. También debe responder a cuestiones relacionadas con privacidad, autonomía, equidad y a un acceso justo a los beneficios de la innovación científica.

En este contexto, los comités éticos desempeñan un papel fundamental. Su función no consiste únicamente en aprobar o rechazar proyectos, sino en recordar que el progreso científico pierde legitimidad cuando ignora la dignidad humana.

La historia demuestra que ningún sistema está completamente inmunizado frente a los abusos. Precisamente por ello, la vigilancia ética debe ser constante y adaptarse al ritmo de las nuevas tecnologías biomédicas.

La ciencia debe tener reglas

Existe una tentación recurrente en la historia de la medicina: pensar que un posible beneficio futuro justifica determinados sacrificios presentes. Tuskegee representa uno de los ejemplos más extremos de esa lógica.

Pero la experiencia histórica ha demostrado que separar ciencia y ética acaba deteriorando ambas. Una investigación basada en el engaño o la desigualdad no solo resulta moralmente inaceptable; también erosiona la confianza pública necesaria para el desarrollo científico.

Quizá la principal lección de Tuskegee sea que la ética debe siempre formar parte de la propia cultura científica. Porque la pregunta esencial nunca debería ser qué puede hacerse técnicamente, sino también bajo qué condiciones.

Aún hoy debería avergonzarnos que, incluso después de los crímenes contra la humanidad y pseudociencia del régimen nazi y la Declaración de Helsinki de 1964, pudieran llevarse a cabo investigaciones que vulneraban tan gravemente la dignidad humana. El caso Tuskegee debe permanecer como un recordatorio permanente para que bioética e investigación biomédica avancen siempre juntas. Sólo así el progreso científico se acompaña de la mejor de las calidades humana y asistencial.

The Conversation

Santiago Roura Ferrer recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Instituto de Salud Carlos III, que dedica exclusivamente a investigaciones en el área de estudio de las enfermedades cardiovasculares. Asimismo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y declara carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Tuskegee o cuando la ciencia se olvidó de lo más importante: las personas – https://theconversation.com/tuskegee-o-cuando-la-ciencia-se-olvido-de-lo-mas-importante-las-personas-282597

Meta’s new tools allow parents to better supervise their kids’ social media accounts. Will they work?

Source: The Conversation – Global Perspectives – By Lisa M. Given, Professor of Information Sciences & Director, Social Change Enabling Impact Platform, RMIT University

Cottonbro Studio/Pexels

Tech giant Meta recently announced a set of new features to give parents greater oversight of how their children use Facebook, Instagram, Messenger and Horizon.

This follows the company’s announcement earlier this month that it is expanding age assurance checks to filter 13-to-17-year-old users into teen accounts in the United States and other countries, following Australia’s rollout in 2025. Meta is also implementing new age checks and easier reporting of underage users to support account removals.

These changes come as Meta faces increasing pressure internationally to do more to keep kids safe on its platforms.

So what exactly are the changes? And will they likely work to reduce online harm?

Enlisting AI to search for clues

Meta’s new age checks will use “visual clues” about a user’s age, such as height and bone structure, alongside analysis of social media posts and interactions, to estimate a person’s age.

Using new techniques powered by artificial intelligence (AI), the company will scan photos, videos and content on users’ profiles – including bios, captions, and comments – to estimate their age. By looking for clues such as mentions of birthday parties or school grades, Meta plans to deactivate accounts for those believed to be under 13.

However, given the known limitations of age assurance technologies, and the compliance concerns raised with Australia’s social media ban, many underage children remain active on social media platforms. What is unclear about these new “clues” is whether and how teens may be able to circumvent these new controls by ensuring their platform content gives the appearance of older, adult material.

Meta’s new process for reporting underage accounts is likely intended to address this concern.

Easier reporting of underage accounts will augment content scanning, providing another avenue to identify underage accounts. This will also use AI, alongside human reviewers. Meta says this will ensure reports are “addressed with more speed and reliability”.

Meta explains that users who are reported to be underage, inaccurately, will be able to undergo age checks to retain their accounts.

A consolidated ‘Family Centre’

Meta’s new “Family Centre” will consolidate parental supervision tools for Facebook, Instagram, Horizon, and Messenger in one place.

Through the “Family Centre”, Meta will start sending parents notifications when their teens add new topics and interests across platforms – such as photography, sports, or beauty.

Meta says this will enable parents to “stay informed” and have “meaningful conversations” with their children about the general topics they follow.

However, under Australia’s social media restrictions, children under 16 are not allowed to hold social media accounts.

This means, in Australia, topic access will only be available to parents of teens aged 16 and 17 on Instagram and Facebook. But this access will not be automatic. Parents will need to send an invitation to their teens, asking to supervise their accounts, which teens must accept.

This means children can refuse to provide access and not provide topic visibility to their parents.

This is an important limitation. It means children can retain privacy for their account content if they choose. Under article 16 of the United Nations’ Convention on the Rights of the Child, every child has the right to privacy and the right to get information from the internet and other sources.

For those who accept a parent’s invitation, Meta’s changes may introduce some privacy risks. But limiting access to general topics does preserve some privacy, as specific conversations and materials cannot be accessed.

Parents will need to be proactive

This new parental supervision feature will only be successful if parents and teens choose to use it. Parents will need to be proactive, to request access and (if approved by the teen) review the topics. Parents will also need to start conversations with their children to determine the nature of the content within those general topics.

For example, a 2025 study showed a link between frequent social media use and negative body image. It highlighted the need for “support from parents […] to mitigate these effects”.

But a general topic such as “beauty” cannot distinguish between helpful makeup tips and content promoting unrealistic beauty ideals. Similarly, a general topic such as “sports” cannot discern potentially harmful gender stereotypes affecting young athletes.

Understanding the potential risks and harms of social media content requires parents to actively view – and discuss – that content with their teens.

In 2024, Meta’s then global affairs chief Nick Clegg explained that “even when we build these controls, parents don’t use them”.

A 2023 evidence review showed that while parents with higher levels of digital literacy are more likely to use safety controls, the results of doing so are mixed. While some studies show beneficial outcomes when safety controls are used (for example, reducing risks such as cyberbullying), others show no positive outcomes, or even adverse effects (for example, increasing family conflict).

Given Australia’s eSafety Commissioner has put several social media companies on notice for compliance concerns with Australia’s social media ban, it may come as no surprise Meta is introducing these changes.

Yet, their success relies significantly on parents’ abilities – and children’s willingness – to engage with these controls. Given the technical limitations of age assurance technologies, and teens’ determination to remain on social media platforms, these are likely not foolproof solutions.

The Conversation

Lisa M. Given receives funding from the Australian Research Council and the eSafety Commissioner. She is a Fellow of the Academy of the Social Sciences in Australia and a Fellow of the Association for Information Science and Technology.

ref. Meta’s new tools allow parents to better supervise their kids’ social media accounts. Will they work? – https://theconversation.com/metas-new-tools-allow-parents-to-better-supervise-their-kids-social-media-accounts-will-they-work-283073

Eurovision 2026: a win for Bulgaria, fourth for Australia, and continued controversy for broadcasters

Source: The Conversation – Global Perspectives – By Jess Carniel, Associate Professor in Humanities, University of Southern Queensland

In a surprising turn of events, Bulgaria have taken home the crystal microphone trophy for the Eurovision Song Contest 2026 with Dara’s infectious dance hit Bangaranga.

It is Bulgaria’s first-ever win and all the more poignant given this year marked the country’s return to the contest after a three-year hiatus as its public broadcaster, BNT, has grappled with financial contraints.

Hosting Eurovision in 2027, while expensive, is expected to provide a welcome tourism economic boost.

Bulgaria’s win is the first time since 2017 the jury and public sentiments have been aligned. One tense moment during the voting saw Israel rise to first place thanks to the public vote, resulting in audible booing in the arena. However, Dara soared to the top of the board with 312 public votes to add to their 204 jury votes.

Bulgaria’s total of 516 points put it 173 points ahead of runner-up Israel, in the largest gap between first and second place in the contest’s history.

The bookmakers’ odds tipped Finland to win with Linda Lampenius x Pete Parkonnen’s duet of vocals and live violin, Liekinheitin. The fan favourites instead landed in sixth place.

Live instruments are not usually permitted on the Eurovision stage unless a case can be made that they are integral to the song’s artistry: it was argued successfully the violin was Lampenius’ “voice”.

Romania’s Choke Me by Alexandra Căpitănescu was another surprise favourite. Although she only gained 64 jury points, she came second in the popular vote (262 points) and third overall. It is the best outcome for a female-led rock act in the contest’s history.

In the lead-up to the contest, the song attracted some controversy, alleged to be “glamourising sexual strangulation”. In response, Căpitănescu stated, “The lyrics are about taking back control over anxiety and emotions that are choking you.”

Total eclipse of the heart

Australia’s entry was hyped by many as a potential winner. Even notorious Australia sceptic Graham Norton named Delta Goodrem’s Eclipse the one to beat.

Goodrem dazzled with Australia’s most ambitious staging since Kate Miller-Heidke’s 2019 performance. Dressed in a gown adorned with 7,000 Swarovski crystals, Australia’s golden girl was literally placed on a pedestal that ascended from a golden piano as she reached her vocal crescendo.

Australia placed second in the jury votes and ninth in the public votes to land fourth place. It is Australia’s second-best result, after Dami Im’s astounding second place in 2016.

Goodrem’s participation was partly funded by an Australian federal grant for international cultural diplomacy. Other recipients in the recent round include BlakDance Australia’s tour of the United Kingdom and Creative Australia’s support for Khaled Sabsabi’s Venice Biennale exhibit.

Goodrem’s funding underscores Eurovision’s usefulness for Australia’s cultural diplomacy and projection of “soft power”.

The inaugural edition of Eurovision Asia will be held in Thailand in November. Australia is not participating – the rules prohibit participating in both contests.

It remains to be seen whether Australia will stay in the original Eurovision or whether it will transition to Eurovision Asia in pursuit of regional diplomatic interests.

Broadcasters boycott

This year, Eurovision celebrated its 70th anniversary. But rather than uniting Europe (and Australia) through music, the absence of five regular participants indicated disunity.

Public broadcasters for Slovenia, Iceland, Ireland, Spain and the Netherlands withdrew from competition in protest of the humanitarian situation in Gaza and the European Broadcasting Union’s failure to have an open discussion and vote on Israel’s continued participation. While the contest claims to be non-political, critics point to the exclusion of Russia in 2022 after its invasion of Ukraine as a precedent.

Their absence is a blow to the European Broadcasting Union, financially and symbolically. Spain is usually one of the so-called “Big Five” – the five largest financial contributors to Eurovision. The Netherlands is also a large financial contributor but, more importantly, had been in the contest since the beginning in 1956.

The Dutch public broadcaster stated “participation cannot be reconciled with the public values that are fundamental to our organisation”. They cited humanity, press freedom and political interference as key reasons for their withdrawal.

Broadcasters have also expressed concerns that Israel had attempted to manipulate public voting in other countries over the past two years. Slovenia led the call for a detailed report on the 2024 and 2025 voting results, but member broadcasters received only a summary of its findings.

Eurovision’s Executive Supervisor Martin Green stated the contest organisers were confident the 2025 contest yielded a “valid and robust result”.

Despite this claim, before the 2026 contest broadcasters voted on a rule change seeking to mitigate third-party campaigning and interference in the voting process. As reported by the New York Times, the disparity between the statements of the executives and the resulting vote from the broadcasters raised much scepticism.

A reckoning in 2027?

Just before the 2026 grand final, Belgium’s Flemish broadcaster VRT released a statement they would be unlikely to participate in 2027 without “a clear framework for participation, an open debate, and a direct vote among [union] members”.

The European Broadcasting Union must take broadcasters’ concerns more seriously or risk losing more participants and reputational damage. Its members are seeing a gap between their values as public broadcasters and those expressed by the EBU through its actions and decisions.

Without change, this global phenomenon may also risk not seeing its next milestone anniversary.

The Conversation

Jess Carniel does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Eurovision 2026: a win for Bulgaria, fourth for Australia, and continued controversy for broadcasters – https://theconversation.com/eurovision-2026-a-win-for-bulgaria-fourth-for-australia-and-continued-controversy-for-broadcasters-282252

Australian teens impacted by the social media ban are getting less news: new research

Source: The Conversation – Global Perspectives – By Michael Dezuanni, Professor, Digital Media Research Centre, Queensland University of Technology

Stefania Pelfini la Waziya/Getty

In the months leading up to the implementation of Australia’s social media ban in December 2025, there was much discussion about the possible negative consequences.

Among these were concerns that teenagers would consume less news. As most young adults use social media for news and many rely on it, this was a real risk.

So months on, has this come to pass? In our newly-published research, we found the more young people are impacted by the ban, the more likely they are to report they are getting less news and having less opportunity to discuss news and the issues that matter to them.

Our research

In February we surveyed 1,027 young people aged 10 to 17, just two months after the legislation took effect.

As part of a longitudinal survey that has examined young Australians’ news engagement since 2017, we asked young people questions about the ban’s impact on their social media use and their news engagement.

First, we investigated if the ban had affected young people’s social media use by asking them if their engagement with each banned platform had changed at all, and if so, whether the change was a complete stop or if they just used it less.

We found 61% of under-16s who had previously been using banned platforms reported little or no change in their social media use. For the majority of young people surveyed, the ban was ineffectual.

In fact, only one in four (26%) reported their social media use had been affected.

Next, we asked young people if the ban had affected their engagement with news.

For those whose social media use was significantly disrupted, the result was stark: 51% reported getting less news as a direct result of the ban.

This finding is a significant concern because it suggests that as the ban becomes more “successful”, with a greater number of young people being removed from platforms, their news engagement will fall in parallel.




Read more:
‘Make the platforms safer’: what young people really think about the social media ban


The impact on civic involvement

A 2025 report from the Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority, based on testing of year 6 and year 10 students, finds school students’ civics knowledge is the lowest it has been since testing began 20 years ago. This is despite most young people believing it’s important to take action in the community on issues that matter to them.

Our findings show that when young people are impacted by the social media ban they lose access to news about issues they care about. They are also talking less about news and finding fewer opportunities to share their views or take other forms of action.

Our previous research shows news engagement makes young people feel knowledgeable and more capable of responding to issues.

A large body of research also shows news interest and engagement is closely associated with civic engagement. The more engaged people are with news, the more likely they are to become involved in community and social issues.

Social news or no news

It’s unlikely that being cut off from news on social media will lead young people back to traditional news sources.

Most young Australians say they don’t feel represented or heard by traditional news organisations. They also feel the news mainstream outlets create isn’t accessible to young people and doesn’t focus on the issues that matter most to them.

In our survey, 75% said news organisations have no idea what their lives are actually like, and 71% said they find it difficult to find news relevant to people their age.

Our earlier research also shows Australian news organisations rarely include young people in news stories. When they are included, they are seen but not heard.




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On an average day, only 1% of Australian news stories quoted a young person. No wonder so few trust the media


For instance, young people are shown in news stories in photographs and video footage ten times more than their voices are heard or they are quoted in stories.

In addition, another study of news has shown that when young people are included in breaking news events, they are often stereotyped as being lazy, dangerous and entitled.

These findings demonstrate some of the reasons young people have likely turned to social media for news in recent years.

So what should we do?

It’s likely that over time, more young people will be cut off from social media as loopholes in the ban are ironed out. This emphasises the need to find ways to encourage young people to engage with other news sources in productive and meaningful ways.

A key concern is trust. We need to educate young people about the importance of news to democratic process, providing them with insights into how high quality journalism is produced and supporting them to make informed decisions about who and what to trust online.

This can happen as part of media literacy education but this requires investments in high quality curriculum resources and teacher training.

In Australia, we are in the fortunate position that we already recognise the need for media literacy in the Australian curriculum. High quality news literacy resources are being produced by the ABC through programs such as BTN (Behind The News), and other organisations such as Squiz Kids.

At the same time, to develop trust, mainstream news organisations need to do a much better job of representing young people in fair and inclusive ways so they feel seen and heard.

Finally, it’s important to recognise that amid all of these changes to young people’s technology access, our research shows family is the first and most trusted source of news for young people. We need to help parents understand the important role they play in helping their kids navigate the news.

The Conversation

Michael Dezuanni receives funding from the Australian Research Council and ABC Education. He is the current Chair of the Australian Media Literacy Alliance.

Tanya Notley currently receives funding from the Australian Research Council and ABC Education. She is a board member of the Australian Media Literacy Alliance.

Simon Chambers does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Australian teens impacted by the social media ban are getting less news: new research – https://theconversation.com/australian-teens-impacted-by-the-social-media-ban-are-getting-less-news-new-research-281988

From beef ribs to a ‘heavenly’ walk: Xi-Trump summit symbolism underscored American power and Chinese tradition

Source: The Conversation – Global Perspectives – By Xianda Huang, Ph.D. Student in Asian Languages and Cultures, University of California, Los Angeles

China’s President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump visit the Temple of Heaven in Beijing on May 14, 2026. Brendan Smialowski/Getty Images

Diplomacy often masquerades as theater. And nearly nine years after his first state visit to China, Donald Trump returned to Beijing with an extended cast of characters.

Alongside the U.S. president on his May 2026 visit was a senior delegation of politicians including his secretary of defense, and a phalanx of business leaders and technology executives. It was a traveling display of American political and corporate power.

Not that the hosting Chinese were short of symbolic gestures themselves. Trump’s first China visit in 2017 had already shown how far Beijing was willing to go to turn diplomacy into theater. On that occasion, Chinese President Xi Jinping and his wife Peng Liyuan personally accompanied Donald and Melania Trump through the Forbidden City, Beijing’s former imperial palace, drinking tea inside the palace walls and taking in a Peking opera at the Belvedere of Pleasant Sounds, a Qing imperial theater built for court entertainment.

So what was being conveyed this time around? As a cultural historian of modern China, I took a peek beyond the official statements and trade headlines of the Xi-Trump summit and into the images, gestures and cultural symbolism on display.

Two men in suits look away from the cabinet.
China’s President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump at the Temple of Heaven in Beijing on May 14, 2026.
Brendan Smialowski/ AFP via Getty Images

The weight of heaven

The formal choreography began at Beijing’s Great Hall of the People, where the two leaders exchanged views on the Iran conflict, the war in Ukraine and the Korean Peninsula, among other items.

But the more interesting story of the visit, to me, was told outside the meeting room.

After their two-hour bilateral meeting, Trump and Xi paid a cultural visit to the Temple of Heaven in Southern Beijing. Built in the early 15th century, the temple is China’s most complete surviving imperial religious complex. For nearly five centuries, emperors of the Ming and Qing dynasties came here to worship Heaven and pray for good harvests.

Its most recognizable structure, the Hall of Prayer for Good Harvests, rises in three tiers of blue-glazed tiles above a marble platform, its circular form and crimson columns translating cosmology into architecture. UNESCO inscribed the site as a World Heritage Site in 1998, recognizing it as “a masterpiece of architecture and landscape design.”

When Trump and Xi posed for photographs, they were standing in a place long associated with cosmic order and the welfare of the people. To bring a foreign leader there is to invite a particular reading of the relationship: not simply as a bargain between states, but as a relationship that Beijing hopes to associate with order, abundance and peace.

There was also a more practical layer to this symbolism. The Temple of Heaven links political authority to agricultural abundance. Emperors came here to pray not for abstract harmony but for grain. That made it a pointed setting for a visit in which American agricultural exports — soybeans, grains and beef among them — were expected to matter.

For Trump, any Chinese commitment to buy more U.S. farm goods would have clear domestic political value. For Xi, the setting allowed a hard bargaining issue — farm purchases — to be translated into an older symbolic language of harvest that spoke to both domestic and international audiences.

Before Trump, Kissinger

Trump was not the first American statesman to be brought to the Temple of Heaven.

In July 1971, Henry Kissinger, then national security adviser to President Richard Nixon, arrived in Beijing on his famous secret mission — the back-channel visit that helped re-open the door between two countries that had little direct contact for more than two decades. Between tense negotiations with Chinese premier Zhou Enlai, Kissinger made time to visit the temple.

There, standing amid the old cypress groves, he was said to have been deeply moved by the timeless atmosphere of the hall and its surroundings.

A man uses chopsticks to transfer food to another man's dish
Henry Kissinger accepts food from Chinese Premier Zhou Enlai during a state banquet in the Great Hall of the People in Beijing in 1973.
Bettman/Getty Images

The motif of old trees and deep time returned on May 15, when Xi gave Trump a rare walk through Zhongnanhai, the walled compound that now houses the core of China’s party-state leadership. Reuters reported that a hot mic captured Xi drawing Trump’s attention to the age of the trees around them — some centuries old, some said to be more than a thousand years old. When Trump asked whether Xi had taken other presidents on similar walks, Xi replied that he had only rarely.

Together, the Kissinger anecdote and the Zhongnanhai walk reveal a recurring logic in Chinese-American diplomacy: America’s fast-moving economy is invited to look at China’s sense of tradition. Xi has used this tactic with other leaders, too. When French President Emmanuel Macron visited China in 2023, he attended a guqin performance invoking the classical idea of the zhiyin — the rare listener who truly understands one’s music.

Basketball and roast duck

Trump’s visit was not staged only through imperial grandeur, however. It also moved into a more familiar register: food, sports and popular culture.

The state dinner on May 14 was another study in careful hospitality. Chefs designed the menu to honor both Chinese culinary prestige and Americans’ — and Trump’s — known preferences: Peking roast duck, crispy beef ribs, pan-fried pork bun, tiramisu and fruit and ice cream.

The table setting for U.S. President Donald Trump at a state banquet with China’s President Xi Jinping at the Great Hall of the People in Beijing on May 14, 2026.
Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

Trump thanked Xi for a “magnificent welcome like none other,” then replied in a language more recognizably his own. He spoke not only of power politics but of people-to-people ties: Chinese workers who helped build America’s railroads, Chinese enthusiasm for basketball and blue jeans and the sheer presence of Chinese restaurants across the U.S.

The examples were characteristically Trumpian — simple, vivid and easy to grasp. But they pointed to something important. U.S.–China relations have never been made only by presidents, diplomats and official communiques. They have also been shaped by athletes, musicians, restaurant owners, students and tourists.

The basketball reference was especially resonant. Sports have long offered a softer language for U.S.–China relations. In April 2026, just weeks before Trump’s visit, China and the U.S. marked the 55th anniversary of ping-pong diplomacy — the famous 1971 exchange in which a “little ball” helped move the “big ball” of world politics.

Basketball now plays a similar role. For many Chinese fans, the NBA is a deeply familiar world of players, teams and memories that represents the spirit of America: Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James and Yao Ming. That reservoir of affection has survived even periods of political tension. Trump, in invoking it, was drawing on something real.

A second act in the US?

The main lesson of all this symbolism is that, in U.S.–China relations, atmosphere has never been secondary.

Diplomatic theater cannot settle disputes over technology or Taiwan, or determine the future of the global order. But it can shape the mood in which rivalries are managed, and the stories that leaders tell their public about what the relationship means.

And on that front, the summit worked on several levels. To the Chinese audience, it presented their leaders as confident and capable of managing a tense relationship with the U.S. on China’s own cultural terms.

Two men in suits wave and clap hands in front of children.
U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping attend a welcome ceremony at the Great Hall of the People on May 14, 2026, in Beijing, China.
Alex Wong/Getty Images

For Trump and the American delegation, it offered a lesson in Chinese traditions and culture that promotes deeper understanding across political divides. And for both societies, the references for food, sports and popular culture created a more neutral ground on which connection could still be imagined.

From the 1970s opening to Trump’s 2017 visit to the Forbidden City, and from the Temple of Heaven photo-op to the walk among old trees at Zhongnanhai in 2026, cultural staging remains central to how China presents itself to America — and how America is invited to imagine China. It was announced on May 15 that Xi will pay a state visit to the U.S. in September at the invitation of Trump. If that happens, the theater of diplomacy will move to American soil, and the question will be how Washington chooses to stage China in return.

The Conversation

Xianda Huang does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. From beef ribs to a ‘heavenly’ walk: Xi-Trump summit symbolism underscored American power and Chinese tradition – https://theconversation.com/from-beef-ribs-to-a-heavenly-walk-xi-trump-summit-symbolism-underscored-american-power-and-chinese-tradition-282945

L’Iran menace les câbles sous-marins, ces artères invisibles d’internet

Source: The Conversation – in French – By Meredith Primrose Jones, Researcher, Oceania Cyber Security Centre, RMIT University

Plus de 95 % du trafic mondial de données transite par des câbles sous-marins. Laiotz/Shutterstock

Les menaces iraniennes contre les câbles sous-marins du détroit d’Ormuz rappellent une réalité souvent invisible : internet repose sur des infrastructures physiques extrêmement vulnérables. Une coupure majeure pourrait perturber les communications mondiales, les marchés financiers et les équilibres géopolitiques.


En début de semaine, des médias iraniens liés à l’État ont évoqué un projet visant à faire payer aux opérateurs de câbles internet sous-marins un droit de passage dans le détroit d’Ormuz, au nom de ce que les autorités présentent comme les eaux offshore relevant de l’Iran.

Cette proposition intervient après des mises en garde iraniennes soulignant que plusieurs câbles stratégiques traversant le détroit constituaient un point de vulnérabilité majeur pour les économies du Moyen-Orient.

Les propos iraniens rappellent brutalement l’existence d’une infrastructure largement invisible : les plus de 500 câbles sous-marins qui acheminent plus de 95 % du trafic mondial de données et constituent l’épine dorsale d’internet — et de l’économie mondialisée.

Car derrière l’image d’un internet immatériel « dans le cloud » se cache un réseau physique extrêmement stratégique, mais aussi vulnérable. Une fragilité qui s’impose désormais comme un sujet géopolitique majeur.

Golfes, détroits et câbles

Plusieurs des routes de câbles sous-marins les plus stratégiques au monde traversent le Moyen-Orient. Les passages étroits de la mer Rouge, du détroit de Bab el-Mandeb, du canal de Suez ou encore du détroit d’Ormuz sont devenus de véritables « points d’étranglement numériques ».

Ces corridors maritimes relient les grands centres économiques d’Europe, d’Asie et d’Afrique. En 2024, des incidents touchant des câbles sous-marins en mer Rouge ont perturbé environ 25 % du trafic internet entre l’Europe et l’Asie.

L’importance stratégique des câbles sous-marins n’échappe pas à l’Iran. Une coupure — accidentelle ou volontaire — de ces infrastructures aurait des conséquences considérables.

Plus largement, le message est clair : les infrastructures numériques sont devenues à la fois des instruments de puissance géopolitique et des cibles potentielles.

Des infrastructures devenues stratégiques

Autrefois, les infrastructures critiques se résumaient surtout aux oléoducs, aux ports et aux réseaux électriques. Désormais, les infrastructures de données occupent une place tout aussi centrale pour la sécurité économique et nationale.

Le principal problème des câbles sous-marins tient à leur concentration. Beaucoup empruntent les mêmes routes au fond des mers et convergent vers un nombre très limité de passages maritimes stratégiques.

Cette concentration crée des points de vulnérabilité majeurs. Une coupure de câble — volontaire ou accidentelle — peut perturber simultanément les connexions de plusieurs régions du monde.

Or, si les ruptures de câbles ne sont pas rares, les réparations sont complexes, en particulier dans des zones contestées ou militarisées. Les navires chargés des réparations ont besoin d’un accès sécurisé, d’une coordination internationale et de délais parfois importants.

Fragmentation et rupture des connexions

Un incident majeur touchant les câbles sous-marins pourrait avoir des conséquences considérables. L’un des effets les plus immédiats serait une fragmentation de la connectivité mondiale. Cette capacité, aujourd’hui tenue pour acquise, de communiquer instantanément avec n’importe qui dans le monde pourrait être fortement remise en cause.

Les régions dépendant fortement de routes de câbles vulnérables pourraient subir des ralentissements massifs d’internet, des coupures de communication ou encore des turbulences financières. Les pays disposant de peu d’infrastructures de secours — notamment dans certaines parties de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud — seraient particulièrement exposés.

Les marchés financiers sont eux aussi particulièrement vulnérables. Les systèmes de trading à haute fréquence, les réseaux mondiaux de paiement et les transactions bancaires internationales reposent sur des flux de données extrêmement rapides et fiables.

Même de brèves interruptions peuvent provoquer de fortes fluctuations des marchés, retarder des transactions et alimenter l’incertitude des investisseurs. Dans une économie mondiale profondément interconnectée, une instabilité numérique localisée peut rapidement produire des ondes de choc financières à l’échelle planétaire.

Et si des perturbations des câbles coïncidaient avec des tensions ou des conflits le long de routes maritimes stratégiques comme le détroit d’Ormuz ou le canal de Suez, les marchés de l’assurance, le secteur du transport maritime et les chaînes d’approvisionnement énergétiques seraient eux aussi confrontés à une incertitude accrue.

Le domaine militaire

Les conséquences militaires et stratégiques d’une coupure des câbles pourraient être plus graves encore. Les armées dépendent de communications sécurisées sur de longues distances et d’une coordination en temps réel.

Concrètement, tout repose sur ces infrastructures : systèmes de commandement, opérations de drones, planification logistique ou coordination entre alliés passent par les câbles sous-marins. Une dégradation de ces réseaux réduirait l’efficacité des forces armées, compliquerait la coopération militaire et augmenterait le risque d’erreurs de calcul.

Le sabotage de câbles constitue en outre une forme d’attaque particulièrement ambiguë. Contrairement à une frappe militaire classique, il est difficile d’en attribuer clairement la responsabilité — comme dans le cas des ruptures de câbles en mer Baltique souvent attribuées à la Russie. Le cadre juridique reste lui aussi flou.

Cette ambiguïté accroît le risque d’escalade : les États peuvent avoir du mal à déterminer si les perturbations relèvent d’un accident, d’un acte criminel ou d’une véritable attaque de guerre.

Le monde numérique repose sur des infrastructures bien réelles

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran a déjà retardé la construction de nouveaux câbles sous-marins. Il rappelle aussi une réalité plus large : les fondations du monde numérique sont physiques, concrètes — et loin d’être invulnérables.

Toute attaque ou sabotage délibéré ne constituerait pas un simple incident localisé. Les répercussions se feraient sentir sur les communications mondiales, l’économie et les systèmes de sécurité.

Les fonds marins sont devenus un nouvel espace de rivalité géopolitique — et une perturbation majeure pourrait avoir des conséquences durables sur la stabilité mondiale.

The Conversation

Meredith Primrose Jones ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. L’Iran menace les câbles sous-marins, ces artères invisibles d’internet – https://theconversation.com/liran-menace-les-cables-sous-marins-ces-arteres-invisibles-dinternet-283126

Qu’est-ce que le « piège de Thucydide » évoqué par Xi Jinping face à Trump ? Les leçons de la guerre entre Athènes et Sparte

Source: The Conversation – in French – By David M. Pritchard, Associate Professor of Greek History, The University of Queensland

En évoquant le « piège de Thucydide » face à Donald Trump, Xi Jinping a remis au centre du débat une vieille théorie géopolitique : le risque qu’une puissance dominante entre en guerre contre une puissance émergente. Mais l’histoire d’Athènes et de Sparte est bien plus complexe que ne le suggère cette formule devenue célèbre.


Lors de leur rencontre à haut risque cette semaine à Pékin, le président chinois Xi Jinping aurait interrogé le président américain Donald Trump sur la capacité des deux puissances à échapper au « piège de Thucydide ».

Popularisée au début des années 2010 par le politologue américain Graham Allison, cette expression désigne le risque de guerre qui peut émerger lorsqu’une puissance dominante voit monter l’influence d’une puissance rivale. Allison pensait explicitement à la Chine et aux États-Unis.

L’expression tire son nom de Thucydide, auteur de History of the Peloponnesian War, consacré à la guerre de 27 ans entre Athènes et Sparte déclenchée en 431 avant notre ère.

Mais qu’a réellement écrit Thucydide à ce sujet ? Et en quoi Athènes et Sparte éclairent-elles les relations actuelles entre les États-Unis et la Chine ?

Une erreur de gestion des rapports de force

L’expression de « piège de Thucydide » sous-entend qu’une puissance dominante a des difficultés à gérer l’ascension d’une puissance rivale et finit par considérer la guerre comme inévitable, alors qu’elle ne constitue pas forcément la seule issue possible.

Cette idée s’appuie sur une citation tirée de La Guerre du Péloponnèse
(livre I, chapitre 23), dans laquelle Thucydide écrit :

« J’ai commencé par écrire les causes de cette rupture et les différends qui l’amenèrent, pour qu’un jour on ne se demande pas d’où provint une pareille guerre. La cause véritable, mais non avouée, en fut, à mon avis, la puissance à laquelle les Athéniens étaient parvenus et la crainte qu’ils inspiraient aux Lacédémoniens (Sparte) qui contraignirent ceux-ci à la guerre »

Autrement dit, pour Thucydide, c’est l’essor de la puissance athénienne qui a rendu la guerre du Péloponnèse inévitable.

À l’époque, de nombreux Grecs expliquaient la reprise de la guerre entre Athènes et Sparte par une série de conflits secondaires. Mais Thucydide rejette cette interprétation : selon lui, la véritable cause résidait dans la peur grandissante qu’inspirait à Sparte — la puissance dominante traditionnelle — l’ascension d’Athènes, devenue une puissance démocratique majeure.

Transposée, l’idée générale du « piège de Thucydide » serait donc que les États-Unis, inquiets de la montée en puissance de la Chine, pourraient être tentés par une logique de confrontation alors même que d’autres options existent. Mais de nombreux spécialistes de la Grèce antique contestent aujourd’hui cette utilisation contemporaine du concept.

Un concept contesté

Le terme de « piège » suggère que Sparte aurait commis une erreur en 431 avant notre ère et qu’elle aurait pu gérer autrement la montée en puissance d’Athènes. Or ce n’est pas réellement ce que raconte Thucydide.

Au contraire, il montre que Sparte avait de bonnes raisons de craindre l’ascension athénienne. Athènes était alors devenue la principale puissance navale des Balkans et de la mer Égée. Elle attirait à elle les alliés de Sparte les uns après les autres — et n’hésitait pas à écraser ceux qui refusaient de changer de camp.

Ces alliés ont alors, en substance, lancé un ultimatum à Sparte en 432 avant notre ère : il fallait agir contre Athènes, faute de quoi ils rejoindraient son camp. C’est cette pression exercée par ses propres alliés qui a poussé Sparte à intervenir contre Athènes.

Oui, d’une certaine manière, la crainte grandissante qu’inspirait la puissance athénienne a bien conduit Sparte à la guerre. Les Spartiates estimaient devoir engager une guerre totale contre Athènes pour préserver leur système d’alliances et, en 431 avant notre ère, ils ont rompu le traité de paix qui les liait à la cité athénienne.

Une lecture à plus long terme

Plus largement, l’expression de « piège de Thucydide » renvoie aussi au fait que, sur le long terme, la situation n’a pas tourné à l’avantage de Sparte. Certes, elle finit par remporter la guerre du Péloponnèse, mais au terme de 27 années de conflit.

Après sa victoire, Sparte se lança dans une vaste expansion afin de devenir une puissance encore plus dominante. Cette montée en puissance suscita alors l’inquiétude du reste du monde grec. À partir de 404 avant notre ère, l’expansion spartiate transforma progressivement nombre de ses alliés en adversaires. Ces cités grecques finirent par s’unir contre Sparte, qui fut totalement écrasée en 371 avant notre ère lors de la bataille de Leuctres. Toute l’architecture sécuritaire spartiate s’effondra alors : Sparte perdit ses alliés, ses esclaves furent libérés et la cité fut reléguée au rang de puissance secondaire.

La leçon que sous-entend le « piège de Thucydide » pour les États-Unis est donc que la peur qu’inspirent les grandes puissances constitue un moteur extrêmement puissant des relations internationales. Mais beaucoup de ceux qui utilisent cette expression oublient d’évoquer ce qu’est devenue Athènes par la suite.

Athènes a survécu à la guerre du Péloponnèse. La cité a restauré sa démocratie, reconstitué sa puissance militaire et retrouvé une influence régionale importante. Mais un élément est particulièrement frappant : au début du IVe siècle avant notre ère, Athènes faisait face à une pression considérable exercée par l’Empire perse, alors infiniment plus puissant que n’importe quelle cité grecque.

Athènes a ainsi choisi de réduire ses ambitions et de renoncer à son statut de grande superpuissance méditerranéenne. La cité abandonna toute tentative de rétablir son contrôle impérial sur les nombreuses cités grecques d’Anatolie, qui repassèrent sous domination perse.

Athènes préféra recentrer ses ambitions sur la mer Égée et cessa de chercher l’affrontement avec les Perses ; elle prit acte des limites de sa propre puissance. Autrement dit, la décision de Sparte d’entrer en guerre contre Athènes en 431 avant notre ère n’a pas conduit, à long terme, à une domination totale du monde grec par Athènes.

Une leçon pour aujourd’hui

L’histoire de la guerre du Péloponnèse offre plusieurs enseignements pour les relations actuelles entre la Chine et les États-Unis. Le premier est qu’il peut être dangereux, pour une puissance installée, de vouloir absolument contenir l’ascension d’une puissance émergente. Sparte a appris à ses dépens qu’une telle stratégie pouvait avoir un coût considérable. En acceptant davantage la montée en puissance d’Athènes, Sparte aurait peut-être pu conserver son statut de grande puissance bien au-delà du IVe siècle avant notre ère.

Un autre enseignement est qu’une puissance dominante, comme les États-Unis aujourd’hui, peut choisir de réduire ses ambitions et de se concentrer davantage sur des régions plus proches de ses intérêts immédiats.

C’est précisément ce qu’a fait l’Athènes démocratique après la guerre du Péloponnèse. Ce recentrage lui a permis de continuer à prospérer sur les plans culturel et politique, tout en maintenant ses ennemis à distance jusqu’aux années 310 avant notre ère.

The Conversation

David M. Pritchard a reçu des financements de l’ARC.

ref. Qu’est-ce que le « piège de Thucydide » évoqué par Xi Jinping face à Trump ? Les leçons de la guerre entre Athènes et Sparte – https://theconversation.com/quest-ce-que-le-piege-de-thucydide-evoque-par-xi-jinping-face-a-trump-les-lecons-de-la-guerre-entre-athenes-et-sparte-283125

Végétalisation urbaine: améliorer notre santé aujourd’hui, habiter une ville plus résiliente demain

Source: The Conversation – France in French (3) – By Léo Moutet, Doctorant en sécurité sanitaire, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Les espaces verts améliorent notre santé, physique comme mentale, et jouent un rôle clé dans l’adaptation aux changements climatiques. Pourtant, les villes peinent encore à proposer plus d’espaces naturels à leurs habitants. Quels seraient les bénéfices pour la santé de végétaliser une partie de la surface aujourd’hui réservée aux véhicules motorisés ?


Dans les villes denses, trouver de la place pour végétaliser l’espace urbain est une gageure, d’autant que la place des voitures y reste considérable. Chaussée, espaces de stationnements… en 2016, à Paris, la moitié de l’espace public leur était dévolu. Pourtant, on sait aujourd’hui que les enjeux sanitaires et environnementaux liés à l’espace routier sont plus importants qu’on ne le perçoit généralement.

De leur côté, les bénéfices potentiels pour la santé des projets de renaturation des villes sont encore trop peu évalués, alors même qu’ils pourraient favoriser des planifications urbaines favorables à la santé de leurs habitants.

Dans une étude récente, nous avons estimé les bénéfices en matière de réduction du risque de mortalité de divers projets d’aménagement d’espaces verts urbains qui se baseraient sur le remplacement d’une partie des zones aujourd’hui dédié aux voitures à Paris. Voici ce que ces travaux nous ont appris.

Espaces verts urbains, santé et climat

Le changement climatique affectera de plus en plus les villes et, avec près de 85 % de la population européenne habitant en zone urbaine d’ici 2050, il est urgent de renforcer la résilience de nos milieux de vie, notamment face à l’augmentation des risques d’inondations et d’îlots de chaleur urbains. Dans les villes européennes, les solutions fondées sur la nature permettent de réduire les émissions de carbone jusqu’à 25 % et d’abaisser la température moyenne locale de 1,3 °C en été.

Les espaces verts urbains, en plus de contribuer au rafraichissement des villes, permettent également de réduire l’exposition à différents facteurs de stress environnementaux (pollution atmosphérique, bruit de la circulation). En outre, ils permettent d’induire plus d’activité physique et améliorent la cohésion sociale.

Ils ont également un effet bénéfique avéré en matière de santé mentale, améliorent nos capacités cognitives et nos fonctions immunitaires, tout en réduisant le niveau de stress.

À l’inverse, le modèle actuel, qui fait la part belle à la voiture individuelle dans l’espace urbain, a des répercussions sur l’environnement, la santé et les inégalités sociales. La dépendance à l’automobile a une influence sur le manque d’activité physique, un impact sur la qualité de l’air, sur le climat et sur la biodiversité, nécessite l’imperméabilisation des sols (responsable des îlots de chaleur urbains, des inondations et de la pollution de l’eau), et entraîne une baisse de l’accessibilité au logement (en raison des surfaces occupées).

Quels liens entre l’aménagement d’espaces verts et santé publique ?

Le calcul du NDVI (de l’anglais « Normalized Difference Vegetation Index ») permet d’évaluer le couvert végétal à l’échelle d’une ville, et donc l’exposition de ses habitants aux espaces verts. Il s’agit d’une mesure satellite spatialisée de l’activité chlorophyllienne au sol, dont les valeurs en ville sont comprises entre 0 (pas de végétation) et 1 (végétation dense).

En 2019, une méta-analyse publiée dans la revue scientifique The Lancet Planetary Health a estimé qu’une augmentation de 0,1 du NDVI est associée à une réduction du risque de mortalité toutes causes confondues de 4 %.

La première étape de notre étude a consisté à quantifier l’effet spécifique de l’aménagement d’une surface donnée d’espace vert sur le NDVI. Nous avons pour cela observé comment cet indicateur a été impacté par les aménagements réalisés entre 2001 et 2017 par la municipalité de Paris, à partir de la méthode de doubles différences, fréquemment utilisée par les économistes.

Cette méthode consiste à comparer l’évolution du NDVI dans les zones aménagées avec celle de zones similaires, mais non aménagées. Elle permet d’isoler l’effet propre des travaux de végétalisation de toute tendance générale. Cela a permis de relier le nombre de mètres carrés végétalisés avec une augmentation locale du NDVI.

Trois scénarios de végétalisation évalués

Dans un second temps, nous avons développé trois scénarios de végétalisation pour la ville de Paris, à l’échelle du quartier :

  • le scénario 1 (S1) consiste à végétaliser les zones payantes de stationnement pour voiture considérées comme excédentaires par l’institut National de la Statistique et des Études économiques (INSEE) ;

  • le scénario 2 (S2) remplace dans chaque quartier 20 % de la chaussée par des espaces verts urbains ;

  • le scénario 3 (S3) permet à chaque quartier d’atteindre 15 % de couvert végétal, ce qui correspond aujourd’hui à la surface végétalisée dans les 10 % des quartiers les plus verts de la ville.

Pour chaque scénario, nous avons estimé le nombre de décès prématurés qui pourraient être évités par ces différents niveaux de végétalisation, entre 2025 et 2040. Afin de mieux apprécier la répartition des bénéfices sanitaires, nous avons procédé à une répartition de ces résultats par âge et selon différents niveaux de défaveur sociale (indicateur regroupant le taux de chômage dans la population active de 15 à 64 ans, le taux d’ouvriers dans la population active de 15 à 64 ans, le taux de bacheliers dans la population non scolarisée des plus de 15 ans et le revenu médian déclaré par unité de consommation).

La réduction de la mortalité a également été valorisée monétairement et comparée aux coûts de ces aménagements pour la collectivité.

Quels bénéfices sanitaires, pour qui, et à quel coût ?

D’ici 2040, la végétalisation d’une partie de l’espace occupé par la voiture, suivant les scénarios S1 et S2, représenterait respectivement 0,7 % et 2,6 % de la surface de la ville. Cela permettrait d’éviter respectivement 29 et 315 décès chaque année, chez les plus de 20 ans.

Le scénario S3 implique la végétalisation de 8,7 % de l’espace urbain et permettrait d’éviter 312 décès, soit 2,6 % de la mortalité annuelle à Paris.

Ces résultats restent stables selon les différentes hypothèses de calculs formulées. Par ailleurs, quel que soit le scénario, les bénéfices se répartissent de manière homogène selon les niveaux de défaveur sociale.

En outre, si les décès évités concernent principalement les âges les plus élevés, les années de vies gagnées bénéficient à toutes les tranches d’âge.

Sur la période 2025-2050, pour les trois scénarios, les coûts financiers de ces renaturations sont largement compensés par les bénéfices socio-économiques issus de la réduction de la mortalité. Ce résultat reste similaire, même lorsque l’on teste tout un panel d’hypothèses concernant les coûts et les bénéfices de végétalisation, ainsi que lorsque la temporalité d’implémentation ou de maturation de la végétation sont considérées.

Par ailleurs, les méthodes de végétalisation peuvent avoir une influence significative sur les coûts financiers, les bénéfices pour la santé et l’impact environnemental. Par exemple, privilégier la plantation de jeunes arbres combinée à la réhabilitation des sols, plutôt que d’importer des arbres matures et des substrats externes, peut certes retarder la maturité écologique, mais présente l’avantage d’offrir une croissance de la végétation urbaine plus abordable économiquement, adaptée localement et durable.

La gentrification verte : un revers sanitaire et social évitable

Les espaces verts urbains confèrent souvent un effet protecteur plus important aux groupes socio-économiques les plus défavorisés. Cependant, l’augmentation potentielle de la valeur foncière et l’afflux de résidents à revenus plus élevés peuvent déclencher une « gentrification verte » des quartiers concernés, ce qui peut accentuer les inégalités en matière de santé quant à l’accès aux espaces verts urbains et aux avantages qu’ils procurent.

L’aménagement d’espace verts urbains doit donc toujours être élaboré avec les habitants et accompagné de mesures permettant de garantir l’accessibilité aux logements : préservation de la valeur foncière, quotas de logements sociaux, etc.

Les résultats de nos travaux indiquent cependant que, sur la ville de Paris, la végétalisation d’une partie de l’espace dédié aux voitures n’augmenterait pas les inégalités environnementales.

Tous les espaces verts ne procurent pas les mêmes bénéfices pour la santé

Au delà de leur quantité, la qualité des espaces verts proposés module les bénéfices sanitaires qui peuvent en découler.

Des espaces verts plus vastes, complexes et mieux connectés entre eux sont associés à de meilleurs bénéfices pour la santé. Redéfinir l’espace urbain avec des politiques de végétalisation ambitieuses pourrait également favoriser les mobilités actives (marche, vélo), vecteur d’activité physique régulière et de bénéfices majeurs pour la santé des populations.

Il est également important de veiller à renaturer les villes et soutenir la biodiversité tout en minimisant l’exposition aux pollens. Pour cela, une solution consiste à privilégier les espèces peu allergènes (en évitant les bouleaux, les graminées et les cyprès) et pollinisées par les insectes.
Parallèlement, l’exposition aux espaces verts dès le plus jeune âge peut réduire le risque de sensibilisation allergique, grâce à un meilleur développement du système immunitaire et du microbiote intestinal.

Un autre point d’attention est que, selon le contexte écologique local, certains espaces verts urbains peuvent moduler le risque de transmission de certaines maladies vectorielles, soulignant l’importance de la coconstruction de ces aménagements entre ses différents acteurs et la population locale.

Enfin, la relation entre végétalisation et pollution atmosphérique est également ambivalente. Afin d’optimiser les bénéfices sanitaires, il est important d’éviter de planter des arbres très émetteurs de certains terpènes (COVb) ou avec un large houppier au dessus des routes empruntées par les voitures.

En définitive, nos résultats suggèrent que fixer des objectifs plus ambitieux en matière de couverture végétale dans les villes permettrait de réduire considérablement la mortalité tout en renforçant les efforts de la ville en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, mais aussi d’amplifier les cobénéfices sanitaires de cette renaturation.

Ils démontrent aussi que les bénéfices sanitaires monétisés compensent largement et rapidement les coûts d’aménagement, confirmant la forte valeur sociétale des politiques de végétalisation urbaine.

The Conversation

Kévin Jean est membre du conseil d’administration de l’association Science Citoyennes.

Laura Temime a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour plusieurs projets de recherche, sans lien avec cet article.

Léo Moutet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Végétalisation urbaine: améliorer notre santé aujourd’hui, habiter une ville plus résiliente demain – https://theconversation.com/vegetalisation-urbaine-ameliorer-notre-sante-aujourdhui-habiter-une-ville-plus-resiliente-demain-280750

Augmenter les frais d’inscription universitaires des étudiants internationaux : une erreur stratégique ?

Source: The Conversation – France in French (3) – By Marion Tissier-Raffin, Maîtresse de conférences en droit public, Université de Bordeaux

Dans la lignée du plan « Bienvenue en France » lancé en 2018, la stratégie annoncée en avril 2026 pour renforcer l’attractivité de la France auprès des étudiants étrangers conforte une mesure controversée, celle des frais d’inscription universitaires différenciés. En quoi cette logique est-elle contre-productive ?


Sept ans après « Bienvenue en France », la stratégie pour renforcer l’attractivité de la France auprès des étudiants internationaux, le ministre de l’enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a annoncé le 21 avril 2026, le lancement de « Choose France for Higher Education ». Dans la continuité du précédent, ce nouveau plan conforte une mesure controversée, celle des frais d’inscription majorés pour les étudiants extra-européens. Il annonce leur généralisation, dès la rentrée 2026, par la restriction drastique de l’autonomie des universités pour leur accorder des exonérations ciblées.

Cette annonce suit de près la divulgation du déclenchement par l’université de Strasbourg d’une procédure de désinscription à l’encontre de 47 étudiants extra-européens, faute pour eux d’avoir pu s’acquitter des 3941 euros de frais d’inscription majorés. Elle fait aussi suite à la suppression des aides personnalisées au logement (APL) pour la majorité des étudiants extra-européens dans le cadre de la loi de finances 2026, alors même que la précarité sociale des étudiants étrangers est déjà préoccupante.

Si l’annonce d’une probable désinscription administrative si tard dans l’année est une véritable catastrophe pour ces 47 étudiants internationaux de l’université de Strasbourg, qui risquent en plus de ne pas pouvoir renouveler leur titre de séjour étudiant, cette situation n’est que la conséquence logique de la mise en place de frais d’inscription différenciés pour les étudiants extra-européens issue du plan « Bienvenue en France ».

Des frais d’inscription différenciés

En 2018, constatant le déclassement de la France, passée de la 3e à la 7e place dans les rankings internationaux entre les années 1980 et 2019, le gouvernement d’Edouard Philippe fixait l’objectif d’attirer 500 000 étudiants étrangers en 2027 (soit une hausse de 40 % par rapport à 2018), et pour cela, mettait en place des frais d’inscription différenciés pour les étudiants extra-européens, soit 2 770 euros pour une inscription en Licence et 3 770 euros pour une inscription en Master, contre 178 euros et 254 euros pour les étudiants français et ressortissants de l’UE.

Cette mesure était toutefois assortie de la possibilité pour les universités d’exonérer jusqu’à 10 % de tous les étudiants inscrits dans leur établissement. Or cette marge de manœuvre a largement été utilisée par ces dernières, puisqu’à la rentrée 2025, près de 60 % des universités exonéraient, partiellement mais automatiquement, l’ensemble des étudiants extra-européens, ce qui permettait de ramener le montant de leurs frais d’inscription à ceux payés par les étudiants français et européens (données issues d’un projet de recherche sur « Les mobilités à des fins d’études »).

Et, parmi les universités qui appliquaient les frais d’inscription différenciés, une grande majorité d’entre elles a voté des politiques d’exonération ciblées, sur divers fondements, comme l’excellence académique des candidats, leur provenance d’un des pays les plus pauvres du monde, ou encore leur inscription dans un cursus de sciences et technologie, ou leur niveau d’étude.

C’est par exemple le cas de l’Université de Strasbourg qui, si elle applique les frais différenciés, a décidé d’exonérer les étudiants extra-européens inscrits en Licence, et non ceux qui, comme les 47 étudiants visés par la mesure de désinscription administrative, poursuivent leurs études en Master.

De l’universalisme à l’utilitarisme

L’annonce du plan « Choose France for Higher Education » s’inscrit dans la continuité du plan « Bienvenue en France ». Comme celui-ci, il s’inscrit dans une logique utilitariste, selon laquelle il faut « passer d’une logique de réponse à la demande à une logique d’offre qualitative ».

Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’attirer le plus grand nombre d’étudiants étrangers, dans une logique d’accès universel et culturel, mais de renforcer l’attractivité auprès des étudiants internationaux dont l’apport économique et scientifique est le plus profitable, c’est-à-dire des étudiants solvables et qui poursuivent leurs études dans des domaines stratégiques pour l’innovation et la croissance, comme « la santé, le numérique (dont l’intelligence artificielle), le quantique, les biotechnologies, les sciences de l’environnement, etc. »

Comme le plan « Bienvenue en France », la nouvelle stratégie se fonde sur une mesure clé, celle de la généralisation des frais d’inscription différenciés. La logique d’attractivité de celle-ci repose sur la théorie du signal-prix qui postule que des études plus onéreuses sont des études de meilleure qualité et donc plus attractives pour les étudiants internationaux.

Une hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers qui fait polémique (France 3 Grand Est, avril 2026).

Cette nouvelle stratégie d’attractivité « Choose France for Higher Education » interroge. Celle-ci fait suite à un Rapport de la Cour des Compte qui postulait, certes, la généralisation des frais différenciés, mais sans que cette proposition ne s’appuie sur un diagnostic précis de leur application.

Surtout, si l’objectif d’atteindre 500 000 étudiants étrangers en 2027 est en passe d’être atteint – l’objectif est en soi contestable car il comptabilise les étudiants étrangers et non les étudiants en mobilité d’étude qui sont moins nombreux – le classement de la France dans les rankings ne s’est pas amélioré depuis Bienvenue en France, au contraire. La France est reléguée au 8e rang mondial, derrière des pays comme la Turquie.

On s’étonne également de l’autosatisfaction du gouvernement sur plusieurs données pourtant peu favorables, comme le fait que la France est le 3e pays francophone le plus attractif, alors qu’elle était le 1er pays d’accueil non anglophone en 2019, ou encore de l’annonce de la diversification de la provenance des étudiants internationaux, alors que les chiffres ont peu évolué, plus de la moitié d’entre eux provenant toujours du continent africain. Enfin, si le gouvernement annonce flécher 60 % des bourses du gouvernement français sur les filières d’avenir, c’est déjà le cas des bourses d’excellence Eiffel dont 60 % de leur titulaire poursuivent des études scientifiques, dont 45 % en cursus ingénieur.

Sous-financement et fragmentation de l’enseignement supérieur

Au-delà des interrogations liées à l’analyse objective sous-tendant ce nouveau plan, la principale critique que l’on peut émettre est que, comme le plan « Bienvenue en France », il fonde toute la stratégie d’attractivité internationale sur une approche étroite, liée à la seule généralisation de frais d’inscription majorés.

Non seulement cette annonce n’anticipe pas comment le risque d’un effet d’éviction peut être écarté, comme le mentionne France Université, puisqu’un tel phénomène a déjà été documenté par France Stratégie, mais elle passe sous silence d’autres facteurs structurels qui expliquent aussi le déclassement de la France.

Il s’agit du sous-financement chronique des universités et de la recherche, la fragmentation de l’enseignement supérieur français, entre ses « grandes écoles » issues des classes prépa et la concurrence croissante des écoles privées, mais aussi l’absence de coordination avec la politique migratoire qui ne cesse de se durcir et dont les étudiants internationaux sont également les victimes.

Quoiqu’en dise le ministre, et comme en attestent le Défenseur des droits ou l’arrêt récent du Conseil d’État, le fonctionnement de la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) met tous les étrangers, y compris les étudiants et les chercheurs internationaux, dans des situations administratives inextricables et graves.

Le cas de l’Allemagne, à la 4e place dans les rankings internationaux, avec des frais d’inscription aussi « modiques » qu’en France, témoigne du fait qu’une stratégie d’attractivité ne se construit pas sur la seule problématique des frais d’inscription et de la théorie du signal-prix. Pour être effective, celle-ci devrait se construire à partir d’une approche plus globale, fondée sur une coordination des politiques ministérielles, que ce soit celles liées à l’enseignement supérieur ou aux politiques migratoires, et être davantage respectueuse de l’autonomie des universités et leur mission historique de service public.

The Conversation

Marion Tissier-Raffin a reçu des financements de la Région Nouvelle Aquitaine.

ref. Augmenter les frais d’inscription universitaires des étudiants internationaux : une erreur stratégique ? – https://theconversation.com/augmenter-les-frais-dinscription-universitaires-des-etudiants-internationaux-une-erreur-strategique-282800