Qué nos dicen las necrópolis medievales sobre la convivencia entre musulmanes y cristianos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Cláudia F. Lopes Gomes, Assistant Professor at Faculty of Medicine, Universidad Complutense de Madrid

Individuo enterrado según el rito islámico, en la necrópolis medieval de Girona. Maribel Fuertes.

En 2016, unas obras de rehabilitación en la calle del Riu Galligants de Girona, en España, dejaron al descubierto trece tumbas medievales. Ocho de ellas no respondían al ritual cristiano: las fosas eran más estrechas y profundas, cubiertas con alineaciones de piedras y baldosas, y los cuerpos yacían sobre el lado derecho, con los miembros semiflexionados y el rostro orientado al suroeste, hacia La Meca. Se trataba de enterramientos islámicos situados cronológicamente entre los siglos VIII y X, los primeros identificados biológicamente en Cataluña.

Casi una década después, un equipo multidisciplinar de arqueólogos, antropólogos y genetistas de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona hemos publicado el primer estudio genético de esta comunidad.

Los resultados no solo confirman la presencia musulmana en la antigua Djarunda –actual Girona–, sino que permiten caracterizar, por primera vez, quiénes eran y de dónde procedían algunos de los individuos allí enterrados.

Individuos hallados en el cementerio medieval, enterrados según el rito islámico.
Maribel Fuertes.

Cuando Girona era Djarunda

Djarunda estuvo bajo administración islámica desde su capitulación pactada alrededor del 717-719 hasta su incorporación al Imperio carolingio en el año 785. Fue una ocupación breve, de la que apenas existían evidencias materiales en la ciudad.

El descubrimiento de esta pequeña necrópolis, utilizada durante varios siglos, tiene por ello un valor excepcional: es la primera evidencia bioarqueológica de una comunidad musulmana asentada en el noreste peninsular.

Cabe señalar que en el registro arqueológico de Djarunda no existe evidencia de actividad militar, por lo que parece que fue un asentamiento pacífico.

Los sujetos estudiados no son necesariamente contemporáneos entre sí, ni tampoco de los enterramientos de rito cristiano que se documentaron en el mismo espacio. La sucesión estratigráfica indica que el uso del área funeraria se fue solapando a lo largo del tiempo, por distintos grupos y en distintas fases.

Plano del cementerio medieval hallado en Girona.
Maribel Fuertes.

Parentesco biológico y origen geográfico

El análisis genético revela que la mayor parte de los ocho individuos islámicos probablemente estaban emparentados entre sí: se detectan relaciones por linaje de primos, medios hermanos y posibles vínculos por línea paterna entre varios de ellos. El espacio funerario habría funcionado, por tanto, como un cementerio de uso familiar, empleado por varias generaciones de una misma comunidad.

Por lo que respecta al origen geográfico, los marcadores genéticos analizados de la mayoría de los individuos apuntan a una procedencia norteafricana, coherente con lo documentado en otras necrópolis islámicas de la península ibérica del mismo periodo, como la maqbara de Pamplona.

En varios casos, las líneas maternas corresponden a linajes característicos de poblaciones bereberes del norte de África.

Entre los ocho individuos, cuatro son infantiles. El más pequeño es un bebé de apenas seis semanas; hay también una niña de entre 12 y 18 meses, un niño de 4-5 años y otro de 7-8 años.

Los análisis genéticos sugieren que estos niños están emparentados con los adultos allí enterrados, lo que plantea que parte del movimiento de población hacia la península no respondía exclusivamente a dinámicas militares, sino que pudo incluir desplazamientos de grupos familiares.

El individuo con traumatismos múltiples

Uno de los adultos, datado en el primer tercio del siglo VIII, presenta en su esqueleto múltiples lesiones consolidadas: fracturas faciales, desviación del tabique nasal, fracturas en clavícula, radio y tibia, degeneración severa de vértebras lumbares y sacro y alteraciones compatibles con combate cuerpo a cuerpo. Todas las lesiones eran antiguas, es decir, el individuo había sobrevivido a ellas.

En un primer análisis, interpretamos que era un posible soldado, sin relación aparente con los demás enterrados en la necrópolis. Sin embargo, el examen genético sugiere que compartía marcadores paternos con, al menos, otro de los adultos presentes, un individuo que no presenta ningún signo de actividad violenta.

Esto indica que, dentro de un mismo grupo familiar, no todos sus miembros participaban necesariamente en actividades militares.

Un posible converso europeo

El individuo más difícil de encuadrar es uno cuyos marcadores genéticos –tanto maternos como paternos– corresponden a linajes con alta frecuencia en Europa, posiblemente en la península ibérica o en el sur de Francia, no en el norte de África ni en el Próximo Oriente. Sin embargo, fue enterrado siguiendo escrupulosamente el ritual islámico.

La hipótesis más coherente con el conjunto de datos disponibles es que se tratara de un converso al islam, lo que encajaría con los modelos de islamización documentados históricamente para este periodo.

Las fuentes escritas mencionan conversiones desde el inicio de la presencia islámica en la Península, pero hasta ahora carecíamos de evidencia biológica directa de este fenómeno en la región catalana.

La ausencia de mujeres adultas

Ninguno de los individuos estudiados corresponde a mujeres adultas. Hay una niña, pero ninguna mujer adulta. Esta ausencia se observa también en otras necrópolis islámicas del mismo periodo en la Península –como la de Pamplona, con más de 170 individuos–.

La explicación podría estar en la existencia de un espacio funerario diferenciado para las mujeres, la desaparición de sus tumbas como consecuencia de construcciones posteriores o una mayor mortalidad masculina en este tipo de contextos.

El estudio abre una importante ventana de investigación, ya que, de momento, las evidencias bioarqueológicas no permiten responder a estas cuestiones.

Un primer retrato de los musulmanes de Djarunda

La necrópolis de Galligants ofrece, por primera vez, un perfil biológico de algunos de los individuos que formaron parte de la comunidad musulmana de Girona en los siglos VIII-X. Se trataba de personas en su mayoría de origen norteafricano, probablemente bereberes y biológicamente relacionadas entre sí, entre las cuales había niños y al menos un posible converso de origen europeo.

No hay evidencia de que estos individuos fueran soldados en activo: el yacimiento no muestra ningún rastro de actividad militar y la composición del grupo enterrado no se corresponde con la de una guarnición.

Los datos apuntan a una presencia que combinó, en proporciones que no es posible determinar con los datos disponibles, distintos tipos de movimiento de población: migraciones civiles y religiosas junto a las dinámicas de conquista. Esta lectura no es nueva en la historiografía, pero el estudio de Galligants aporta la primera evidencia genética que la respalda en el contexto catalán.

_Eulàlia Subirà, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha colaborado en la investigación y en la elaboración del presente artículo
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The Conversation

Este artículo está basado en un estudio financiado por la Fundación Palarq (Convocatoria de Analíticas 2022-2023) y por los proyectos de investigación Banco Santander-Universidad Complutense de Madrid (G/6401400/8000) y (PR41/17-21018). No existe ningún conflicto de interés.

Este artículo está basado en un estudio financiado por la Fundación Palarq (Convocatoria de Analíticas 2022-2023).
No existe ningún conflicto de interés.

Este artículo está basado en un estudio financiado por la Fundación Palarq (Convocatoria de Analíticas 2022-2023). No existe ningún conflicto de interés.

ref. Qué nos dicen las necrópolis medievales sobre la convivencia entre musulmanes y cristianos – https://theconversation.com/que-nos-dicen-las-necropolis-medievales-sobre-la-convivencia-entre-musulmanes-y-cristianos-282402

Cómo el cáncer aprende a sobrevivir sin oxígeno

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Tania Payo Serafín, Investigadora predoctoral en Biomedicina y Ciencias de la Salud, Universidad de León

3dMediSphere/Shutterstock

Desde muy pequeños aprendemos que nuestras células necesitan oxígeno para obtener la energía que les permite funcionar. Cuando este oxígeno falta, las células mueren y los tejidos se dañan. Por lo tanto, en apariencia, sin oxígeno no puede existir la vida.

Sin embargo, el cáncer desafía esta regla básica. Dentro de los tumores sólidos, existen regiones donde el oxígeno escasea, una situación que conocemos como “hipoxia”. Y aunque podemos pensar que lo normal sería que las células en esa situación se murieran, la realidad es que las células cancerosas no sólo sobreviven, sino que se adaptan de maravilla a esta hipoxia, continúan creciendo y, en muchos casos, se vuelven incluso más agresivas.

Un tumor que crece más rápido

El carcinoma hepatocelular, el tipo de cáncer de hígado más frecuente, es un buen ejemplo de ello. A medida que el tumor aumenta de tamaño, las células proliferan tan deprisa que los vasos sanguíneos no siempre son capaces de aportar suficiente oxígeno a todas las zonas. Como consecuencia, aparecen áreas hipóxicas, es decir, regiones con niveles muy bajos de oxígeno.

Para una célula sana, sería un entorno hostil. Para una célula tumoral, en cambio, este ambiente se convierte en un estímulo que les permite activar mecanismos de supervivencia.

El Premio Nobel que descifró el “sensor de oxígeno” de las células

Durante décadas, los científicos se preguntaron cómo era posible que algunas células lograran sobrevivir, e incluso prosperar, en entornos donde apenas hay oxígeno.

La respuesta a esta incógnita llegó con los estudios de cuatro científicos que fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina en 2019 por descubrir el sistema que permite a las células detectar los niveles de oxígeno y adaptarse a ellos.

Uno de los protagonistas de este mecanismo es una proteína denominada factor inducible por hipoxia 1α (HIF-1α). Su función es actuar como un sensor molecular, ya que cuando el oxígeno disminuye, HIF-1α se acumula y pone en marcha mecanismos que ayudan a la célula a adaptarse.

Entre otras funciones, su presencia favorece la reprogramación del metabolismo para producir energía sin necesidad de oxígeno, estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos y aumenta la capacidad de las células para migrar, invadir otros tejidos y resistir distintos tratamientos farmacológicos. En el contexto del cáncer, estas adaptaciones contribuyen directamente a la progresión tumoral.

Aquí es donde entra en juego un estudio reciente que hemos publicado en Biology Direct. La pregunta que nos planteamos fue sencilla, pero importante: ¿qué ocurre si las células tumorales pierden HIF-1α, su principal herramienta para adaptarse a la falta de oxígeno?

Responder a esta pregunta no ha sido fácil. Para entender realmente cómo se comporta el cáncer en condiciones de hipoxia, necesitamos modelos experimentales que se parezcan lo máximo posible a un tumor real.

El cáncer no vive en una superficie plana

La falta de oxígeno no solo afecta a las células tumorales: también modifica el entorno que rodea al tumor y favorece que algunos cánceres respondan peor a los tratamientos.

Para estudiar cómo ocurre esto, durante años se han utilizado cultivos celulares en 2D, donde las células crecen sobre superficies planas de plástico o vidrio. Estos modelos han sido fundamentales por su simplicidad y facilidad de uso, pero presentan una limitación importante: no reproducen la complejidad real de un tumor.

En un tumor sólido, no todas las células reciben la misma cantidad de oxígeno y nutrientes. Algunas se encuentran cerca de los vasos sanguíneos y reciben más, mientras que otras quedan atrapadas en regiones mucho más hostiles, donde el oxígeno escasea. Por ello, en los últimos años han cobrado fuerza los modelos 3D, que permiten recrear de forma más realista la estructura y los gradientes de oxígeno y nutrientes presentes en el tumor. Gracias a ellos, los investigadores podemos estudiar mejor cómo se adapta el cáncer a esta hipoxia y cómo esta heterogeneidad influye en la respuesta a los tratamientos.

La importancia de utilizar sistemas experimentales más representativos nos llevó a combinar ambos tipos de modelos y los resultados fueron claros: al eliminar HIF-1α, tanto la viabilidad como la capacidad de proliferación y de invasión de las células tumorales disminuyen de forma significativa. En otras palabras, al impedir que las células activen sus mecanismos de supervivencia frente a la hipoxia, las volvemos más vulnerables.

Imagen de un modelo 3D de carcinoma hepatocelular hipóxico. La tinción azul representa los núcleos de las células tumorales y la tinción roja representa la zona de hipoxia. Fotografía obtenida del estudio: https://link.springer.com/article/10.1186/s13062-026-00796-2.
CC BY-NC-ND

HIF-1α como posible diana terapéutica en cáncer

La hipoxia tumoral se asocia con un peor pronóstico de la enfermedad y con una mayor resistencia a los tratamientos. De hecho, algunas terapias intentan frenar el crecimiento del tumor reduciendo la formación de vasos sanguíneos, pero esto también agrava la falta de oxígeno y favorece la activación de mecanismos adaptativos mediados por HIF-1α. Dicho de otro modo, al intentar “asfixiar” al tumor, podemos favorecer la supervivencia de las células mejor preparadas para resistir estas condiciones.

Por ello, comprender cómo las células tumorales se adaptan a la hipoxia resulta fundamental para mejorar la eficacia de los tratamientos actuales. Si conseguimos bloquear la acción de HIF-1α, podríamos dificultar la capacidad de adaptación del tumor y hacerlo más vulnerable a las terapias.

Volviendo a la pregunta inicial, el oxígeno es esencial para la vida en condiciones normales. Sin embargo, las células tumorales son capaces de adaptarse y sobrevivir incluso en ambientes con muy poco oxígeno, reescribiendo en cierto modo las reglas de la biología. Comprender cómo el cáncer logra esta capacidad de adaptación no solo ayuda a entender mejor la enfermedad, sino también a encontrar nuevas formas de limitar su resistencia y frenar su progresión.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. Cómo el cáncer aprende a sobrevivir sin oxígeno – https://theconversation.com/como-el-cancer-aprende-a-sobrevivir-sin-oxigeno-282117

Intelligence artificielle générative et recherche académique : comment préserver éthique et intégrité scientifique

Source: The Conversation – in French – By Nathalie Guichard, Professeur des Universités, Université Paris-Saclay

Pour les scientifiques, l’intelligence artificielle générative peut apparaître comme une option pour gagner du temps et augmenter leur productivité, mais ce n’est pas sans risques.


Lors de la pandémie de Covid-19, le refus de se faire vacciner résultait notamment du manque de confiance dans l’efficacité et la non-dangerosité du vaccin. Les climatosceptiques (32 % en France) continuent de nier la responsabilité des activités humaines dans le changement climatique. Ces deux exemples ont en commun la remise en question des apports de la science, menant au « scientoscepticisme ».

L’intégration de l’intelligence artificielle à tous les niveaux de la production scientifique pourrait venir renforcer ce sentiment dans la population. Une recherche intègre, éthique et responsable est une condition indispensable au maintien de la confiance des citoyens. Face aux bouleversements induits par l’intelligence artificielle générative (IAG) et en l’absence de règles clairement diffusées au sein de la communauté scientifique, les chercheurs en sciences humaines et sociales (SHS) s’interrogent sur l’évolution et l’éthique de leurs pratiques.

Dans un contexte très concurrentiel où la carrière des chercheurs dépend en grande partie de leur production scientifique, le recours à des outils d’IAG peut apparaître comme une option – pour un coût supposément minime (la plupart des outils sont gratuits et leur utilisation en apparence aisée) – pour augmenter leur propre productivité en s’appuyant sur les capacités de synthèse de vastes ensembles de données et d’écriture des IAG. Cette délégation peut sembler séduisante, mais comporte des risques importants.

Un double questionnement pour les chercheurs

La qualité de la production scientifique repose sur un système d’évaluation par des pairs (peer-review), le plus souvent anonyme. Dans un processus de publication, les chercheurs sont soit auteurs, soit évaluateurs, avec des problématiques quelque peu différentes.

  • Pour les auteurs, l’IAG est susceptible d’être mobilisée à différentes étapes du processus de la recherche (revue de littérature, collecte et analyse de données, rédaction…), ce qui interroge la notion même de propriété intellectuelle. Dans les SHS, où le processus de recherche est souvent itératif, interprétatif et sensible au contexte (en raison de son objet – la société et les relations entre les humains – et pour lequel des méthodologies qualitatives sont souvent mobilisées ; par exemple une analyse de discours de patients au fur et à mesure de l’adoption d’une solution en e-santé), le recours à l’IAG peut ainsi transformer en profondeur les pratiques de recherche. S’il peut aider les chercheurs, il soulève également une question centrale : à partir de quel moment ce soutien devient-il une délégation de l’acte scientifique lui-même ? Or, il est un principe de base, quelle que soit l’intervention de l’IAG dans la rédaction d’un article scientifique, seul le ou les auteurs humains seront in fine responsables du contenu produit. Dès lors, il devient urgent d’élaborer des directives explicites partagées, sur la façon de l’intégrer de manière responsable et de déclarer son usage de façon transparente.

  • Pour les évaluateurs, l’IAG peut être intégrée dans leur propre processus d’évaluation d’un article (peer-review). En effet, les évaluateurs peuvent être tentés d’y recourir pour produire leur évaluation (décrire/synthétiser l’article, identifier ses points forts ou faibles, rédiger certaines parties de leur rapport). L’IAG peut aussi avoir été utilisée par les auteurs de l’article, et c’est alors aux évaluateurs de le détecter et d’apprécier si cette utilisation respecte l’intégrité scientifique exigée par la revue scientifique.

Le recours à l’outil Problematic Paper Screener (PPS), créé par Guillaume Cabanac, a permis de détecter, à ce jour, 25 000 articles utilisant des « expressions torturées » laissant à penser à un usage d’algorithme pour leur rédaction, sans discernement ni relecture humaine.

Or, si de nombreuses revues ont aujourd’hui fixé des règles, les principes éthiques restent flous et les pratiques hétérogènes laissant les chercheurs dans l’incertitude.

Aussi, apparaît-il clairement dans les discours et débats des sociétés savantes, un réel besoin de dialoguer sur ces questions mais aussi une absence d’unanimité sur les options envisageables avec des perceptions éthiques divergentes.

Vers un appauvrissement de la pensée ?

Une étude récente publiée dans la revue Science montre que l’adoption des grands modèles de langage (LLM) par les chercheurs (toutes disciplines confondues) accroît leur productivité (plus de 89 %) et ouvre de nouvelles opportunités (simulation de populations virtuelles lorsque celles-ci sont difficilement accessibles ; synthèse rapide d’une somme d’articles de recherche) mais qu’elle diminue aussi la qualité de leurs travaux en raison de ses capacités limitées à appréhender des tâches complexes.

De plus, le recours à l’IAG pour acquérir des connaissances et rédiger fait courir un risque d’uniformisation de la pensée et des connaissances : son recours ayant tendance à cantonner les chercheurs aux champs déjà bien établis, réduisant par le fait même l’exploration scientifique « en dehors des sentiers battus ». Le chercheur, conscient de ces limites, peut tirer parti de l’utilisation d’une IAG en l’interrogeant de manière précise et pointue, sans se contenter de la première réponse et en vérifiant systématiquement les contenus produits.

L’utilisation de l’IAG pour l’évaluation des articles : un risque majeur pour la fiabilité de la recherche et son utilité pour la société ?

L’IAG représente un problème majeur en ce que les textes qu’elle génère sont, pour le moment, impossibles à différencier automatiquement de ceux produits par les humains. Aussi, à ce stade, deux principes doivent permettre de s’affranchir de cette limite.

Le chercheur doit être le seul garant de la qualité scientifique de la recherche : les chercheurs sont sollicités pour évaluer des articles précisément parce qu’ils sont experts du domaine scientifique considéré. Leur analyse doit donc théoriquement émaner de leur propre jugement, sans délégation à une IAG. C’est d’ailleurs ce que précisent les chartes éthiques ou les consignes de certains éditeurs de revues académiques (à l’instar d’Elsevier ou Sage) qui, à ce stade, interdisent aux évaluateurs de téléverser un article dans un outil d’IAG. Toutefois, si l’IAG devient un outil de support, quelles seront les limites à poser pour son utilisation ?

La confidentialité des données de la recherche devient un gage de la qualité des recherches futures : utiliser une IAG hébergée dans un cloud pour évaluer un article revient à prendre le risque d’exposer à tous des données confidentielles et potentiellement sensibles, ce qui est problématique, notamment, dans le cadre de l’évaluation d’un article scientifique. Il pourrait être envisagé d’utiliser une IAG installée en local non seulement pour préserver la confidentialité des données de recherche mais aussi pour éviter de nourrir l’IA avec des documents non validés scientifiquement. Il en va de la crédibilité des résultats de recherche et de la confiance du grand public dans le discours scientifique.

Le développement rapide des IAG dans la rédaction et l’évaluation d’articles scientifiques oblige d’une part à repenser notre rapport à la connaissance et à sa construction et, d’autre part, à réfléchir en profondeur à la façon de préserver les fondements éthiques de la production et de l’évaluation du savoir. Malgré de premières initiatives pertinentes, une réflexion collective, sociétale, interdisciplinaire et internationale apparaît indispensable pour articuler innovation technologique et responsabilité scientifique.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Intelligence artificielle générative et recherche académique : comment préserver éthique et intégrité scientifique – https://theconversation.com/intelligence-artificielle-generative-et-recherche-academique-comment-preserver-ethique-et-integrite-scientifique-279944

Le Viêt Nam a franchi le cap des 100 millions d’habitants. Et demain ?

Source: The Conversation – in French – By Gilles Pison, Anthropologue et démographe, professeur émérite, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN); Ined (Institut national d’études démographiques)

Le Viêt Nam vient de franchir le seuil de 100 millions d’habitants et sa population continue d’augmenter. Jusqu’où ? À quoi la population du pays ressemblera-t-elle demain ? Retraçons l’évolution démographique du Viêt Nam et comparons-la à celles d’autres pays d’Asie pour repérer les spécificités vietnamiennes.


La population du Viêt Nam a atteint 100 millions d’habitants en 2023. Le pays en comptait moins de la moitié (46 millions) il y a cinquante ans, en 1976, lors de sa réunification sous le nom de République socialiste du Viêt Nam, et seulement un sixième (16 millions) il y a cent ans, en 1926 (Figure 1).

Figure 1. Évolution de la population du Viêt Nam depuis 1900 et projections jusqu’en 2100.
Figure reprise de Pison et Scornet, 2026, « Population & Sociétés », 645, Fourni par l’auteur

D’après les projections moyennes des Nations unies, la population devrait continuer de croître et pourrait atteindre un maximum de 110 millions au milieu du XXIᵉ siècle, avant de diminuer jusqu’à 92 millions en 2100. Ce scénario fait l’hypothèse que la fécondité, estimée à 1,9 enfant en moyenne par femme en 2023, va baisser jusqu’à atteindre 1,7 enfant par femme en 2100.

Comment la population du Viêt Nam a-t-elle atteint 100 millions ? Pourquoi la croissance devrait-elle s’arrêter prochainement ? Et à quoi la population du pays ressemblera-t-elle demain ?

La croissance est liée à la transition démographique

L’importante augmentation de la population du Viêt Nam au XXᵉ siècle et au début du XXIᵉ est liée à la transition démographique. Comme partout dans le monde, la mortalité a baissé, notamment celle des enfants, entraînant un excédent des naissances sur les décès. La croissance de la population a atteint un pic de plus de 3 % par an au milieu des années 1950 et diminue depuis d’année en année, du fait d’une baisse de la fécondité.

En 2023, les Vietnamiennes mettent au monde 1,9 enfant en moyenne chacune comme déjà mentionné, au lieu de 6 enfants dans les années 1960 et au début des années 1970. La figure 2 permet de comparer l’évolution de la fécondité au Viêt Nam avec celles de trois autres pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est : la Chine, la Corée du Sud et la Thaïlande.

Figure 2. Évolution de la fécondité au Viêt Nam, en Corée du Sud, en Chine et en Thaïlande, de 1950 à 2023.
Figure reprise de Pison et Scornet, 2026, « Population & Sociétés », 645, Fourni par l’auteur

La politique vietnamienne d’un ou deux enfants

Il y a quatre-vingts ans, les autorités du Nord-Vietnam, inquiètes de la croissance rapide de la population à l’époque, et souhaitant la ralentir, ont mis en place une politique de limitation des naissances. En 1963, le gouvernement restreint d’abord la famille à trois enfants, fixant la norme à deux ou trois enfants espacés chacun de cinq à six années.

La politique devient plus restrictive en 1988 : la règle devenant alors « un ou deux enfants » par couple.

Elle s’applique aux familles qui vivent en ville ou dans des zones de fort peuplement (zones industrielles, régions rurales du delta du fleuve Rouge et du delta du Mékong ou plaines des provinces côtières).

La politique est, en revanche, moins restrictive envers les ethnies minoritaires des régions pauvres, isolées et peu peuplées ; elle les autorise à avoir trois enfants.

La politique de limitation des naissances a-t-elle joué un rôle ?

La politique d’un ou deux enfants est-elle responsable de la baisse de la fécondité au Viêt Nam ? La question se pose de façon générale pour tous les pays du Sud, notamment ceux d’Asie, dont les gouvernements ont tous cherché à limiter les naissances lorsque la population augmentait rapidement et où la fécondité a fortement baissé. C’est le cas de la Corée du Sud, de la Chine et de la Thaïlande, la baisse ayant été plus précoce et plus rapide dans ces pays qu’au Viêt Nam, et la fécondité y ayant atteint des niveaux encore plus bas en 2023 – respectivement 0,7 enfant par femme, 1,0 et 1,2 (Figure 2).

Le gouvernement chinois a, par exemple, cherché à limiter les naissances dès le milieu des années 1950, mais il faut attendre le début des années 1970 pour que cette politique soit confirmée puis renforcée ensuite, notamment en 1979 avec la politique de l’enfant unique.

En Thaïlande, la fécondité a baissé au même moment qu’en Chine, et aussi vite. Mais la politique n’a pas été coercitive : elle a consisté, dès les années 1970, en mesures incitatives, telles que la libéralisation de l’avortement et de la stérilisation, et aides financières à la scolarisation et à l’économie agricole domestique pour les couples se limitant à deux enfants.

En Corée du Sud, la baisse rapide de la fécondité s’est produite quelques années plus tôt, avec des mesures visant à promouvoir la contraception et la stérilisation, mais sans mesures coercitives également.

La politique de limitation des naissances du Viêt Nam a finalement été intermédiaire entre celle de la Chine et celles de la Corée du Sud et de la Thaïlande, associant coercition comme la première (avec sa politique d’un ou deux enfants) et incitations.

Quant au rôle qu’ont joué ces politiques, il est difficile de le mesurer. Si la fécondité a baissé aussi vite dans les années 1970 et 1980 en Chine et en Thaïlande, c’est avant tout parce que, à l’époque, les familles dans ces pays souhaitaient avoir moins d’enfants – comme partout lorsque l’instruction progresse et les conditions de vie s’améliorent.

Changement de cap : quand l’État cherche à relancer la natalité

Inquiet du vieillissement rapide de sa population (voir les pyramides des âges de la figure 3), le gouvernement vietnamien a progressivement assoupli la politique d’un à deux enfants à la fin des années 2010, puis l’a définivement abandonnée en 2025 et prône désormais la famille à deux enfants.

Comme dans d’autres domaines, le Viêt Nam a suivi la Chine dans ce revirement, cette dernière ayant supprimé la politique de l’enfant unique en 2015 et institué en 2021 la politique de trois enfants – sans effet jusqu’ici apparemment, la fécondité chinoise n’ayant jamais été aussi basse.

Figure 3. Pyramide des âges de la population du Viêt Nam en 2025 et projection en 2075.
Figure reprise de Pison et Scornet, 2026, « Population & Sociétés », 645, Fourni par l’auteur

La sélection du sexe des enfants

La proportion de garçons chez les nouveau-nés a augmenté depuis les années 2000 au Viêt Nam, atteignant 114 garçons pour 100 filles dans la deuxième moitié des années 2010 (Figure 4). Le même type de hausse a été observé vingt ans plus tôt en Corée du Sud et en Chine, pays pionniers dans ce domaine.

Figure 4. Évolution du rapport de masculinité à la naissance au Viêt Nam, en Corée du Sud et Chine, depuis 1950.
Figure reprise de Pison et Scornet, 2026, Population & Sociétés, 645, Fourni par l’auteur

La hausse du rapport de masculinité à la naissance dans ces pays vient du désir marqué d’avoir au moins un garçon et aux avortements sélectifs de filles pratiqués pour y arriver. Plus précisément, le phénomène résulte de la conjonction de trois phénomènes : la réduction de la taille des familles, la volonté d’avoir un garçon à tout prix et la diffusion de l’échographie.

Mais tous les pays d’Asie ne sont pas touchés ; la Thaïlande, par exemple, ne l’a jamais été. En Inde, le phénomène ne s’est développé que dans le nord du pays. Il en est de même au Viêt Nam où le Nord est plus touché que le Sud, avec un rapport de masculinité des naissances particulièrement élevé dans le delta du fleuve Rouge et les régions montagneuses du Nord (Figure 5).

Ce contraste Nord-Sud est lié à des différences culturelles. Le delta du fleuve Rouge, au Nord, a été occupé par la Chine pendant plus de mille ans et cette région est la plus marquée du pays par l’influence chinoise et les traditions confucéennes. Dans ce type de région, les garçons sont souvent préférés, car c’est à eux qu’incombent la perpétuation de la lignée familiale et le devoir de piété filiale manifesté par le culte des ancêtres.

En revanche, le delta du Mékong, au Sud, a fait partie pendant plusieurs siècles de l’Empire khmer et est culturellement proche du Cambodge et de la Thaïlande.

Figure 5. Rapport de masculinité à la naissance par grandes régions au Viêt Nam, en 2024.
Figure reprise de Pison et Scornet, 2026, _Population & Sociétés_, 645, Fourni par l’auteur

Des générations avec les garçons surreprésentés : quelles conséquences ?

Le déséquilibre des sexes à la naissance régresse depuis quelques années, et le rapport de masculinité pourrait retrouver à terme son niveau normal, comme en Corée du Sud. Toutefois, des générations d’enfants vietnamiens où les garçons sont surreprésentés sont déjà nées. Ces garçons risquent d’en subir les conséquences tout au long de leur vie, notamment lorsqu’ils auront l’âge de se mettre en couple : les filles, minoritaires, n’auront pas de difficultés à trouver un conjoint, alors qu’une partie des garçons se retrouveront sans partenaire.

Quant aux perspectives démographiques, elles doivent en tenir compte : les premières générations touchées, celles nées au milieu des années 2000, arrivent en effet à l’âge d’avoir des enfants. Les femmes, peu nombreuses, mettront peu d’enfants au monde au total, insuffisamment pour remplacer leur génération : avec 105 garçons pour 100 filles, il faut déjà 2,1 enfants en moyenne par femme pour assurer le remplacement ; avec 113 garçons pour 100 filles, comme dans la deuxième moitié des années 2010, il en faut 2,2.

La croissance démographique du Viêt Nam pourrait ralentir plus vite qu’imaginé en ne considérant que la seule baisse de la fécondité. Le vieillissement démographique en serait accéléré, comme c’est déjà le cas en Corée du Sud et en Chine, pays pionniers en matière de sélection du sexe, où elle s’est développée vingt ans avant le Viêt Nam.

Reste à voir si le Viêt Nam va suivre le même chemin que ses voisins pour ce qui est de l’évolution de sa fécondité. Après avoir baissé dans les années 1970 à 1990, l’indicateur de fécondité semble s’être à peu près stabilisé autour de 2 enfants par femme depuis 2000. Va-t-il se maintenir à ce niveau, ou baisser jusqu’à des niveaux nettement moindres, tels qu’ils sont désormais observés dans les deux grandes régions du Sud (celles du Sud-Est et du delta du Mékong) et comme en Corée du Sud, en Chine et en Thaïlande ?

Ces pays ont, en effet, jusqu’ici devancé le Viêt Nam dans les évolutions de fécondité. Celle du Viêt Nam pourrait atteindre des niveaux encore plus bas qu’aujourd’hui dans les prochaines années si le pays suivait là aussi ses voisins.


Ce texte est adapté d’un article publié par les auteurs dans Population et Sociétés, n° 645 : « Viêt Nam : 100 millions d’habitants aujourd’hui, combien demain ? ».

The Conversation

Gilles Pison a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche française et des National Institutes of Health américains

Catherine Scornet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Le Viêt Nam a franchi le cap des 100 millions d’habitants. Et demain ? – https://theconversation.com/le-viet-nam-a-franchi-le-cap-des-100-millions-dhabitants-et-demain-286280

Canicule : pourquoi le vrai coût des coupures d’électricité n’apparaît dans aucun chiffre officiel

Source: The Conversation – in French – By Jean-Baptiste Vaujour, Senior Professor of Practice – Directeur du Master in Strategy & Consulting – Energy Economist, EM Lyon Business School

Au cours de la canicule de juin 2026, au total 335 000 foyers ont été privés d’électricité au fil des incidents, en France. Anne Nygard/Unsplash, Fourni par l’auteur

Combien coûtent les coupures d’électricité provoquées par les canicules ? Si ce chiffre reste absent des données officielles, le chercheur en économie de l’énergie Jean-Baptiste Vaujour s’est néanmoins attelé à une estimation de ce coût pour la dernière vague de chaleur extrême, en agrégeant les différents chiffres disponibles. Il nous montre, à travers cet exercice, combien notre système semble voué à subir plutôt qu’à anticiper si l’on ne prend pas ce coût en compte.


Le 23 juin 2026, vers 21 heures, une explosion au poste électrique de Squividan près de Quimper, prive de courant jusqu’à 120 000 foyers du sud-ouest du Finistère. La préfecture attribue l’incident aux fortes chaleurs. La France traverse alors une canicule d’une sévérité exceptionnelle : le 25 juin deviendra la journée la plus chaude jamais relevée à l’échelle nationale depuis 1947.

Ces coupures ont des impacts directs et diffus sur la santé publique : arrêt des climatiseurs et des ventilateurs, mais aussi des machines respiratoires à domicile et généralement de tous les appareils médicaux, par exemple. Leurs conséquences contribuent à la dangerosité des épisodes caniculaires.

L’image est saisissante, mais elle pose également une question peu traitée : quel est le coût pour la collectivité de tels épisodes et, par ricochet, vaut-il la peine d’investir pour s’en prémunir ?


Fourni par l’auteur

Un épisode, un ordre de grandeur

Lors d’un pic de chaleur, le réseau électrique est fortement mis sous pression. Ses différents composants montent à des températures importantes, ce qui peut mener à des dysfonctionnements, combustions ou même explosions pour les transformateurs. La capacité de transit du système se trouve de plus contrainte, un câble chaud dissipant moins bien la chaleur et voyant de surcroît sa résistance augmenter.

Sur la période du 19 au 27 juin 2026, un recensement de la presse régionale (La Voix du Nord, Ouest-France, Le Télégramme, Sud Ouest, La Dépêche, Le Progrès, Le Dauphiné libéré, La Provence, Le Parisien, Le Monde, France Bleu/ICI et Actu.fr, notamment) et des communiqués d’Enedis et du Réseau de transport de l’électricité (RTE) permet d’identifier une trentaine de coupures localisées d’ampleur, pour un cumul d’environ 335 000 foyers privés d’électricité au fil des incidents, et près de 50 000 au plus fort simultané, le 25 juin, quand Enedis active sa force d’intervention rapide électricité (FIRE). Ces chiffres sont une estimation basse : seuls les incidents médiatisés sont captés, et les coupures brèves ou fortement localisées échappent au décompte.


Fourni par l’auteur

Combien cela représente-t-il en euros ? La grandeur la plus directe est l’énergie non distribuée, que l’on peut estimer à environ 2 gigawattheures (GWh) pour la période considérée, sur la base des profils-types de consommation, de la durée des coupures et du nombre de foyers concernés.

Valorisée au coût de l’énergie non distribuée (33 000 euros par mégawattheure [MWh], arrêté du 5 août 2022, sur proposition de la Commission de la régulation de l’énergie, CRE, et de RTE), elle situe le coût de cet épisode autour de 66 millions d’euros ; avec une hypothèse plus prudente (20 000 €/MWh, valeur illustrative du ministère), la fourchette descend à 40 millions d’euros. Soit un repère central de l’ordre de 60 millions d’euros.

Mais ce montant ne couvre que l’électricité non livrée. Il laisse de côté la mobilisation et les réparations d’Enedis, les pertes économiques indirectes des entreprises et des ménages, et surtout toutes les coupures diffuses non répertoriables dans le présent décompte. Le coût réel est donc significativement supérieur.


Fourni par l’auteur

Plusieurs fois par an désormais

À partir de là, l’erreur serait de lire ces 60 millions d’euros comme un accident isolé. Depuis 2000, une vague de chaleur frappe la France quasiment chaque année, et souvent plusieurs fois : deux épisodes en 2025, trois en 2022, selon Météo-France. Le nombre de jours de vague de chaleur a doublé entre 2006–2015 et 2016–2025, et la trajectoire de référence pour l’adaptation prévoit une multiplication par cinq de tels jours, d’ici 2050.

Si l’on retient deux épisodes majeurs par an, en tendance récente, le coût visible des seules coupures atteint déjà l’ordre de 120 millions d’euros par an. S’il devait être traduit par un prix dans les factures, cela équivaudrait à une hausse de 3 euros par client par an environ. C’est un flux récurrent, non un événement exceptionnel. Et ce flux croît avec le réchauffement du climat.

La partie immergée de l’iceberg

Sous la surface, un coût diffus s’accumule toute l’année : les coupures ordinaires, brèves et dispersées, que résume le critère B. Cet indicateur mesure la durée moyenne annuelle de coupure par client basse tension suivie par la CRE. Il est considéré, jusqu’à aujourd’hui, comme une mesure de référence pour jauger de la qualité d’un réseau.

En 2025, il s’établit en moyenne nationale à environ 62 minutes par client et par an, hors événements exceptionnels (Enedis). Cet indicateur agrège les coupures liées notamment aux travaux et aux incidents, sans identifier si ceux-ci sont dus à une chute de neige abondante ou à une canicule.

Une canicule record comme celle de juin 2026 bascule justement dans la catégorie « exceptionnelle » et sort donc du périmètre du critère B. L’indicateur officiel de qualité ne verra donc presque rien d’un épisode pourtant massif. Le décompte des chocs exceptionnels se fait à part (critère B « exceptionnel », par rapport au critère B hors événements exceptionnels, dit « HIX »). Les deux mesures répondent à des questions différentes, l’une sur le quotidien du réseau, l’autre sur les chocs.

La conséquence pratique est qu’aucun chiffre public unique n’agrège la totalité des effets du réchauffement climatique. Il reste fragmenté entre une partie émergée, suivie de façon agrégée un an après, et une partie immergée, diffuse et noyée dans les agrégats.


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Subir ou éviter ?

Mettons maintenant ce coût sociétal en regard de ce que coûterait de réduire le risque. Enedis porte un plan de développement de 96 milliards d’euros sur 2022–2040, dont environ 25 %, soit 1,2 milliard à 1,3 milliard d’euros par an, sont fléchés vers la résilience climatique, selon les données d’Enedis et du Sénat. Le levier le plus directement lié à la canicule est le réseau souterrain : le remplacement des câbles à papier imprégné, qui défaillent lorsque le sol dépasse 70 à 80 °C, représente plus de 5 milliards d’euros d’ici 2040. S’y ajoutent la consolidation du réseau aérien (de l’ordre de 9,4 milliards d’euros) et le renforcement des transformateurs (plus de 2 milliards d’euros).

L’enseignement tient dans la comparaison des ordres de grandeur. Le coût annuel récurrent des coupures visibles, de l’ordre de la centaine de millions d’euros, n’est plus marginal au regard de l’investissement annuel d’adaptation, autour de 1,2 milliard à 1,3 milliard d’euros. Si l’on y ajoute la partie immergée et les coûts indirects non chiffrés ici, l’investissement de résilience cesse d’apparaître disproportionné face aux dommages qu’il vise à éviter. L’arbitrage classique entre dépenser maintenant et subir plus tard se rééquilibre.

Pourquoi cet arbitrage est-il pourtant difficile ? Parce que les deux termes n’ont pas la même visibilité. Le coût subi est diffus, supporté par les ménages et la collectivité, largement hors facture. Le dédommagement réglementaire des coupures le confirme : 2 euros par kilovoltampère (kVA) par tranche de cinq heures, au-delà de cinq heures consécutives seulement, plafonné à 400 euros et hors dégâts matériels (CRE, délibération 2021-13). Il ne couvre qu’une part de la perte. À l’inverse, la dépense d’investissement est concentrée, visible et financée par l’intermédiaire du tarif d’utilisation des réseaux (TURPE), directement imputé sur la facture des consommateurs à hauteur d’environ un tiers du prix final de l’électricité. On investit donc difficilement contre un coût que l’on ne mesure pas.

Quelques pistes derrière les chiffres

La présente comparaison ne prétend pas livrer un ratio coût-bénéfice, hors de portée sur la base des données disponibles. Elle explicite une intuition : tant que chaque canicule est traitée comme un accident, l’investissement de résilience paraît lourd ; mais dès lors qu’on la lit comme une charge annuelle récurrente et croissante, à laquelle s’ajoute un coût diffus permanent, le même investissement change de statut.

Pour aller plus loin, il serait utile de refondre le calcul du critère B et sa mise à disposition du public, afin d’identifier clairement ce qui relève des aléas climatiques exceptionnels (impacts catastrophiques) et ce qui relève d’un changement de fond des conditions climatiques (impacts chroniques et diffus).

Cela contribuerait aussi à mieux informer les collectivités locales, propriétaires concédantes des réseaux de distribution, sur la vulnérabilité de leurs actifs, et à travailler avec Enedis à la priorisation des travaux et des mesures d’adaptation locales, selon le nombre de clients concernés et la criticité de la continuité de fourniture.

Derrière ces chiffres, ce sont aussi les équipes de terrain d’Enedis qui sont mobilisées dans des conditions particulièrement difficiles, voire dangereuses, et qui doivent réparer en urgence pour rétablir le courant. Au-delà des enjeux purement économiques, il y a, tant chez Enedis que chez les nombreux clients coupés, de lourds enjeux de santé publique, de sécurité et de résilience, qui ne sauraient se réduire à une approche purement économique.

The Conversation

Jean-Baptiste Vaujour ne possède aucun conflit d’intérêts avec les entreprises mentionnées. S’il a travaillé quatre ans à la Direction de la Stratégie d’Enedis (2012-2016) puis pour le groupe EDF (2016-2020), il n’a plus aucun lien avec ces entreprises depuis lors.

ref. Canicule : pourquoi le vrai coût des coupures d’électricité n’apparaît dans aucun chiffre officiel – https://theconversation.com/canicule-pourquoi-le-vrai-cout-des-coupures-delectricite-napparait-dans-aucun-chiffre-officiel-286415

Savoir nager est essentiel, mais ne suffit pas à prévenir les noyades

Source: The Conversation – in French – By Emmanuel Auvray, Enseignant à l’UFR STAPS, Chercheur associé à l’équipe Histemé, Université de Caen Normandie

Durant l’épisode caniculaire que vient de traverser la France, le regain de baignades dans les espaces naturels, mais aussi en ville s’est accompagné d’une hausse marquée des noyades. Si la maîtrise des techniques de natation ne protège donc pas de tous les risques en milieu naturel, comment développer concrètement les réflexes de prévention nécessaires à tous les âges ?


Depuis le 18 juin 2026 en France, le ministre l’intérieur Laurent Nuñez a annoncé le décès par noyade de 74 personnes durant une période marquée par un épisode caniculaire. Comme le montrent les données de la surveillance épidémiologique des noyades menée par Santé publique France (2025), les épisodes de fortes chaleurs s’accompagnent d’une augmentation du nombre de noyades, dans la mesure où un plus grand nombre de personnes se baignent pour se rafraîchir.

Pour autant, une fois encore, d’aucuns attribuent ces noyades au fait que les Français ne sauraient pas nager du fait du manque de piscines permettant d’enseigner la natation.

Cette explication, souvent avancée dans le débat public, est-elle, à elle seule, suffisante pour comprendre et endiguer cette hécatombe ?

Différencier cause et corrélation

Entre le 1er juin et le 30 septembre 2025, 1 418 noyades ont eu lieu en France, dont 409 ont été suivies de décès. Ces chiffres pour l’été 2025 sont en hausse par rapport à la même période en 2024, où il y avait eu 1 246 noyades et 350 décès.

Les décès par noyade en cours d’eau ou plans d’eau ont représenté environ la moitié de ces décès, quel que soit l’âge. Pour les autres lieux, les décès par noyade ont davantage eu lieu en piscine privée en ce qui concerne les mineurs et en mer en ce qui concerne les adultes.

Bien que nous ne disposions pas encore de données précises sur les noyades de juin 2026, il semble qu’il s’agit principalement d’adolescents et de jeunes adultes masculins dans des lieux de baignade non surveillés, voire interdits. Si l’on se réfère aux bilans des années précédentes, nous savons que le fait de ne pas savoir nager était en cause dans 10 % des décès par noyade.

Dès lors, l’idée selon laquelle il existerait une forte corrélation entre le fait de ne pas savoir nager et se noyer mérite d’être nuancée. Dans la grande majorité des cas, les gens se noient dans des contextes où la maîtrise des techniques de nage ne prémunit ni contre les dangers propres à l’environnement (courants, vagues, variations de profondeur, température de l’eau, obstacles, etc.), ni contre les erreurs d’appréciation ou les comportements à risque.

Si le fait de ne pas savoir nager représente indéniablement un facteur de risque, il ne saurait, à lui seul, expliquer la survenue des noyades. Celles-ci résultent le plus souvent d’une combinaison de facteurs individuels, environnementaux et comportementaux.

L’apprentissage et la question des équipements

Face à un parc de piscines publiques vieillissant et particulièrement énergivore, l’État et les collectivités territoriales doivent poursuivre la mobilisation engagée par la ministre des Sports Roxana Maracineanu (2019-2022) en faveur de l’apprentissage de la natation et du développement des équipements. L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’apprendre à nager dans le cadre scolaire, au sein du milieu associatif et à l’échelle des communes.

Or, la situation n’est pas homogène d’un territoire à un autre. Par exemple, entre la Seine-Saint-Denis et le reste de la France, malgré une hausse des ressources publiques consacrées au savoir-nager et aux équipements, l’écart par rapport à la moyenne nationale (86 %) continue de croître. Entre 2012 et 2023, on relève une baisse de 20 points de la maîtrise du savoir nager en dix ans (66 %) qui interroge l’organisation d’une éducation aquatique de qualité.

D’un autre côté, on ne compte plus les fermetures de piscines en raison de leur état de délabrement. Selon les estimations, il manque environ 400 piscines pour permettre un apprentissage plus massif de la natation et réduire ainsi les inégalités d’accès sur le territoire national.

Le développement de centres aquatiques et parcs de loisirs ne doit pas masquer une réalité préoccupante : la France manque aujourd’hui de piscines « basiques », c’est-à-dire d’équipements prioritairement pensés pour l’apprentissage de la natation et l’entraînement. Sans compter l’augmentation des dépenses, à la charge des collectivités, que supposent le déplacement des scolaires sur des piscines de plus en plus éloignées des établissements et sous tension pour obtenir des créneaux.

Comme le réclame le champion olympique Alain Bernard, il faudrait déployer « un plan Marshall » pour équiper de manière plus homogène la France de ce type de bassins. À l’heure où, face au réchauffement climatique, nous observons un regain d’intérêt pour la baignade urbaine et l’apprentissage de la natation en milieu naturel.

Bien que limitées dans l’espace et le temps et à rebours de l’histoire de l’enseignement de la natation scolaire, ces tendances sont légitimes et intéressantes. En miroir de ce qui se fait à l’étranger depuis déjà de nombreuses années (Danemark, Allemagne), elles offrent l’occasion, en plus des piscines, de pouvoir se baigner au cœur des villes, comme à Nantes et Paris, et d’apprendre à nager en analysant son environnement de nage naturel et tenir en conséquence les bonnes conduites face aux risques et vicissitudes d’un espace ouvert, en étant surveillés par des professionnels qualifiés.

Mettre l’accent sur la prévention

Inscrit, depuis 2006, dans le socle commun de connaissances et de compétences du collège, le savoir-nager est une priorité nationale qui s’inscrit dans le prolongement de l’aisance aquatique développée à l’école primaire. Or, selon les résultats fournis par le projet européen « Aquatic Literacy For All Children » (ALFAC), les enfants français ont un retard significatif par rapport aux standards européens. S’ils présentent un niveau inférieur dans les habiletés motrices aquatiques de base, ils progressent avec l’âge, sans toutefois combler l’écart avec les autres pays.

Comme le soulignent les travaux en matière de littératie aquatique, c’est-à-dire la capacité à évoluer en sécurité, avec confiance et plaisir dans le milieu aquatique, la prévention de la noyade fait encore souvent défaut dans les programmes de formation chez les 4 à 12 ans tant du côté des parents que des apprenants.

Les jeunes sont sensibles à un discours préventif même dès leur plus jeune âge. Du côté de l’attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS), il repose sur l’enchainement, sans lunettes de natation, de 9 actions. Sa validation atteste de la maîtrise des compétences permettant d’évoluer en sécurité dans un milieu surveillé et fermé. En outre, il comprend l’enseignement d’un ensemble de connaissances et d’attitudes qui relève de la prévention :

  • savoir identifier la personne responsable de la surveillance à alerter en cas de problème ;

  • connaître et respecter les règles de base liées à l’hygiène et la sécurité dans un établissement de bains ou un espace surveillé ;

  • savoir identifier les environnements et les circonstances pour lesquels l’ASNS permet d’évoluer en sécurité.

Selon nos observations, ces dimensions ne sont pas suffisamment prises en compte et certifiées pour apprendre à l’élève à en faire un bon usage en fonction des lieux : piscine publique, piscine privative, espaces naturels surveillés ou non, etc. Pourtant, nous disposons aujourd’hui d’un ensemble d’outils pédagogiques qui permettent de prévenir et éduquer aux dangers de la baignade.

Adapter les baignades selon les âges de la vie

En ce qui concerne les noyades chez les adultes en 2025, par rapport à 2024, le nombre de noyades suivies de décès en mer a augmenté de 20 % et avec l’âge. En matière de prévention, il faut les sensibiliser au fait de faire évoluer leur manière de se baigner aux différents âges de leur vie. Par exemple, au lieu de nager en mer en s’éloignant de la plage pour aller rejoindre la bouée des 300 m, il devient plus raisonnable de nager parallèlement à la plage.

En vieillissant, il faut pas hésiter à demander l’avis d’un professionnel pour adapter sa nage à son état de santé et à sa condition physique avant de s’aventurer trop loin et trop longuement.

Réduire les noyades à une seule question de savoir-nager ou de déficit d’infrastructures revient à occulter la complexité du phénomène. Les circonstances de survenue des noyades mettent également en jeu d’autres facteurs : la surestimation de ses propres capacités, la méconnaissance des risques liés aux milieux aquatiques, les comportements à risque, la consommation d’alcool, les conditions environnementales, ou encore l’absence d’une véritable culture de la prévention en fonction des âges de la vie.

Dès lors, la lutte contre les noyades ne peut se limiter au seul apprentissage des techniques de nage ; elle suppose également le développement d’une véritable éducation à l’aisance aquatique, à la gestion du risque et à la prise de décision dans des espaces surveillés ou non par des professionnels qualifiés. Également exposée aux conséquences des épisodes caniculaires, cette profession est sous tension et mérite la plus grande attention de la part des pouvoirs publics et le respect des baigneurs/nageurs.

The Conversation

Emmanuel Auvray ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Savoir nager est essentiel, mais ne suffit pas à prévenir les noyades – https://theconversation.com/savoir-nager-est-essentiel-mais-ne-suffit-pas-a-prevenir-les-noyades-286377

Le retour de la 2CV – en version électrique : nostalgie ou solution pour une mobilité plus sobre ?

Source: The Conversation – France (in French) – By Marc Prieto, Professeur-HDR, directeur de l’Institut ESSCA "Transports & Mobilités Durables", ESSCA School of Management

La mythique Citroën 2CV (ici, le modèle Charleston) revient en version électrique. Après la DS, que dit le retour de cette icône française ? Lothar Spurzem/Wikipedia, CC BY

La 2CV électrique illustre une recomposition des stratégies automobiles : mobiliser l’héritage pour accompagner la décarbonation. Un cas révélateur des tensions entre innovation, coût et usages.


L’industrie automobile est-elle à ce point en difficulté qu’elle doive puiser dans ses modèles mythiques pour soutenir une électrification encore hésitante ? En 2026, le rétro marketing appliqué aux véhicules électriques connaît un véritable essor, notamment autour d’icônes populaires : Fiat 500, Mini, Renault 5 ou encore Renault 4L.

Plutôt qu’un manque d’inspiration des designers, cette tendance traduit surtout un choix stratégique assumé : capitaliser sur des modèles familiers pour rassurer les consommateurs face à une transition technologique encore incertaine.

Parmi ces icônes, l’une manquait encore à l’appel : la Citroën 2CV (deux chevaux-vapeur). Le groupe Stellantis a levé le voile en annonçant son retour à l’horizon de 2028 dans le cadre de son plan « FaSTLAne 2030 ».

Quand le passé éclaire le futur

Ce recours au passé n’est pas inédit chez Citroën. Dès les années 2010, la DS3 avait déjà mobilisé l’héritage de la mythique DS. Dans nos travaux de 2014, nous montrions qu’il ne s’agissait pas d’un simple exercice nostalgique, mais d’une variante stratégique du rétro marketing reposant sur l’utilisation d’un nom iconique, sans reprise du design d’origine, afin de projeter le nouveau modèle, qui deviendra par la suite une marque à part entière, vers le segment premium.




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La voiture électrique accessible à tous ? Les marges de manœuvre limitées des constructeurs européens


Aujourd’hui, avec la future 2CV, Citroën adopte une logique presque inverse. L’objectif n’est plus de monter en gamme, mais au contraire de rendre accessible la mobilité électrique, avec un véhicule annoncé autour de 15 000 €.

Autrement dit, là où la DS3 utilisait le passé pour justifier un positionnement haut de gamme, la 2CV pourrait l’utiliser pour légitimer une offre frugale.

L’émergence des « e-cars »

Le projet dépasse toutefois le simple cadre du marketing. Il s’inscrit dans une évolution réglementaire européenne avec l’apparition des « e-cars » (catégorie M1E). Cette nouvelle catégorie permet de concevoir des véhicules compacts, plus légers et moins coûteux, tout en autorisant des dérogations à certaines obligations de sécurité, notamment celles liées à la réglementation GSR2, particulièrement onéreuses.

L’objectif – accélérer la démocratisation de la voiture électrique – est clair. Mais cette simplification a une contrepartie. Les performances restent limitées, avec une autonomie souvent inférieure à 200 kilomètres et des capacités de recharge réduites. Ces véhicules sont donc avant tout conçus pour un usage urbain ou des déplacements de portée limitée.

Dès lors, la future 2CV pourra‑t‑elle rester fidèle à l’esprit de polyvalence de l’originale, pensée pour la France rurale ?

Basculement stratégique

Le contraste avec la DS3 est particulièrement éclairant.

Une DS 3, modèle de 2012.
Wikimédia

La DS3 reposait sur une forme d’« authenticité symbolique » : le client acceptait un prix élevé parce qu’il achetait un produit moderne adossé à un héritage prestigieux. Avec la 2CV, le défi est différent. Il s’agit de maintenir un prix bas, ce qui implique des choix industriels forts, notamment le recours à une plateforme technique issue du partenaire chinois Leapmotor.

Tableau comparatif des stratégies DS3 et 2CV (2028)

Le principal risque tient au fait qu’un décalage peut apparaître entre l’image iconique et la réalité technique, tandis que les usages pourraient se retrouver contraints. Le succès ne dépendra donc pas seulement du design ou du nom, mais de la cohérence entre le produit et la promesse historique de la 2CV.

La nostalgie, une fenêtre stratégique de court terme

Au fond, la nostalgie n’est qu’un point d’entrée. Si elle semble en effet servir de « pont » entre le passé et la transition écologique, elle s’apparente plutôt à une phase ayant vocation à se refermer à l’instar de Renault dont le directeur marketing a récemment indiqué vouloir clôturer ce cycle. La 2CV pourrait ainsi jouer un rôle clé en rendant acceptable une technologie électrique contraignante, caractérisée par une autonomie limitée et des usages plus ciblés, grâce à son ancrage dans un imaginaire collectif positif.

France 24 – 2025.

Ce que révèle le retour de la 2CV, c’est une mutation plus profonde. La contrainte budgétaire devient un argument de marketing, la simplicité retrouve ses lettres de noblesse tandis que la sobriété, sans encore s’imposer pleinement, gagne en légitimité et pourrait, à certaines conditions, séduire un public plus large.

L’enjeu est donc moins de faire revivre le passé que de redéfinir la valeur automobile à l’ère de la décarbonation. Cependant, une fois l’effet nostalgique dissipé, la réussite dépendra d’un critère simple : le véhicule répond‑il réellement aux besoins des usagers ? Sur ce point, rien n’est moins sûr. Plusieurs constructeurs s’y sont déjà essayés avec des succès mitigés, à l’instar du groupe Renault avec la Dacia Spring. Ce véhicule électrique urbain fut lancé en Europe en 2021 par le groupe Renault à travers sa marque Dacia, positionné comme l’une des offres les plus abordables du marché, avec une batterie d’environ 26,8 kilowattheures (kWh) offrant une autonomie autour des 220 kilomètres (cycle WLTP). En matière de diffusion, elle totalise en Europe environ 200 000 unités vendues depuis son lancement (près de cinq fois plus pour la Renault Clio sur la même période).

Si les progrès technologiques permettent d’étendre significativement l’autonomie des batteries et d’améliorer les conditions de recharge, ces petites voitures sont appelées à s’imposer bien au‑delà des usages urbains, des ménages multi-équipés et des flottes d’entreprise. Elles constituent ainsi un levier crédible et structurant de la transition vers une mobilité décarbonée.

The Conversation

Marc Prieto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Le retour de la 2CV – en version électrique : nostalgie ou solution pour une mobilité plus sobre ? – https://theconversation.com/le-retour-de-la-2cv-en-version-electrique-nostalgie-ou-solution-pour-une-mobilite-plus-sobre-285294

Le droit d’association : un fondement de notre démocratie aujourd’hui fragilisé

Source: The Conversation – France in French (3) – By Timothée Duverger, Responsable de la Chaire TerrESS de Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Bordeaux

Pendant une grande partie du XIXe siècle, s’associer pour défendre des intérêts communs a suscité la méfiance du pouvoir. De la répression des coalitions ouvrières à la consécration de la fameuse loi de 1901, le droit d’association est le produit d’une histoire politique mouvementée, où se jouent les rapports entre État, société et libertés collectives. Retour sur cette longue conquête à l’occasion du 125ᵉ anniversaire de la loi relative au contrat d’association.


Pour parvenir à l’adoption de cette loi de liberté, il aura fallu à la IIIᵉ République trente ans et 34 projets, propositions de loi ou rapports au Parlement. Et surtout plus d’un siècle de luttes sociales depuis le décret d’Allarde et les lois Le Chapelier. Ceux-ci ont aboli le système des corporations et interdit toute association de personnes d’un même métier en 1791, à la fois pour libérer l’individu des anciennes structures collectives et pour limiter les contre-pouvoirs, ce qui a durablement marqué la culture politique française.

Très rapidement après, des municipalités ont cependant encouragé les accords collectifs entre maîtres et compagnons d’un même métier. Et, au niveau réglementaire, l’article 291 du Code pénal de 1810 a aménagé la loi en laissant libres les associations de moins de 20 membres et en soumettant les autres à l’agrément pour leur création et l’autorisation pour leurs réunions.

C’est, ainsi, à la fois en continuité avec les formes de solidarités traditionnelles, incarnées par le compagnonnage ou les confréries issues de l’Ancien Régime, et en rupture avec celles-ci, puisqu’elles les modernisent avec la liberté d’adhésion, que les associations se décantent progressivement au début du XIᵉ siècle.

La notion elle-même d’association apparaît dans les années 1830, avec une certaine polysémie. Elle peut recouvrir une fonction de défense professionnelle pour réguler le travail et notamment négocier les tarifs vis-à-vis des maîtres. Elle se cache alors souvent sous les dehors plus respectables de sociétés de secours mutuel qui lui servent de paravent. Mais l’association peut aussi fournir du travail aux ouvriers désœuvrés, en particulier lors de grèves, pour prendre la forme d’une association de producteurs. L’association peut enfin viser le rassemblement des ouvriers de toutes les professions, dont se fait l’écho en 1833 le cordonnier parisien Efrahem dans son pamphlet De l’association des ouvriers de tous les corps d’État.

Si la révolution de 1848 a reconnu par le décret du 25 février le droit d’association, celui-ci a fait long feu après les répressions de juin et le coup d’État du 2 décembre 1851 suivi de la restauration de l’Empire. Il faut attendre le tournant libéral des années 1860 et, surtout, le retour de la République en 1870 pour que les libertés associatives puissent de nouveau être considérées.

La loi de 1901

Le droit d’association est finalement consacré par la loi de 1901 dans un contexte anticlérical marqué par le débat sur la séparation de l’Église et de l’État. Comme avec la loi de 1884 sur les syndicats, il s’agit pour les républicains de reconnaître une liberté publique tout en évitant que celle-ci ne serve de support à la constitution de contre-pouvoirs aux mains de leurs adversaires. Or, la loi de 1901 est adoptée en opposition aux congrégations religieuses, accusées, d’une part, d’aliéner la liberté de l’individu qui forme des vœux perpétuels et, d’autre part, d’entraver la circulation des richesses à travers les biens de mainmorte.

C’est ce qui explique non seulement que la loi vise d’abord la formation d’associations non déclarées (son article 1), mais aussi qu’elle crée la reconnaissance d’utilité publique, qui s’accompagne de l’obligation d’adopter des statuts types. S’il s’agit, d’un côté, de fonder une liberté – celle de s’associer sans avoir à le déclarer –, de l’autre, cette liberté tend à se réduire à mesure que les associations augmentent leurs capacités juridiques et matérielles. L’État libère autant qu’il contrôle pour éviter que ne se reconstituent les organisations de l’Ancien Régime telles que les corporations.

Il existe ainsi depuis 1901 trois types d’association en fonction de leur capacité juridique :

  • les associations non déclarées, sans personnalité juridique ni biens propres ;

  • les associations déclarées, auxquelles n’est accordée que la « petite personnalité », c’est-à-dire d’une capacité juridique limitée ;

  • les associations reconnues d’utilité publique, qui peuvent recevoir des dons et des legs, mais sont soumises au contrôle de l’État.

L’association est définie, dans l’article 1er de la loi de 1901, comme une

« convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».

On retrouve à son fondement une logique d’action collective, reposant sur les principes de mutualisation et de coopération ainsi qu’un but non lucratif.

Alors que l’association est souvent rattachée à la démocratie libérale, comme l’a établi Alexis de Tocqueville dans son œuvre classique De la démocratie en Amérique, la loi reste peu prescriptive sur ses modalités d’organisation. L’inscription de principes démocratiques dans les associations est dépendant de statuts types largement diffusés et, surtout, de contraintes juridiques et administratives liées à l’octroi de subventions et à la reconnaissance d’utilité publique.

Les associations dans les cycles d’action publique

Cette reconnaissance du droit d’association est, par ailleurs, concomitante de la mise en place de l’assistance publique, marquée notamment par la loi de 1905 sur l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Les politiques sociales étant encore embryonnaires, l’État choisit le contrôle plutôt que l’interdiction des congrégations qui gèrent la plupart des œuvres. À la différence du conflit autour de l’école, il ne s’agit pas d’exclure, mais bien d’inclure les œuvres charitables à la nouvelle assistance publique dans une « volonté de concordat social », selon les termes de l’historienne Colette Bec.

Les associations ont ainsi accompagné l’essor de l’État social, particulièrement après-guerre dans les domaines du social, de la santé, de la culture, du sport ou de l’éducation. Les associations sont ainsi devenues des auxiliaires des politiques publiques. Si cela a pu aller jusqu’à des formes de corporatisme, à l’instar de la création par ordonnance de l’Union nationale des associations familiales (Unaf) en 1945, la période a surtout consisté en un mode de régulation tutélaire, reposant sur le déploiement d’instruments tels que les agréments, les subventions ou les délégations de service public. L’État s’est ainsi retrouvé à fixer les règles, à octroyer les financements et à professionnaliser les associations, au sein desquelles le développement des emplois a eu pour corollaire l’apparition de la figure de l’association gestionnaire.

Le tournant néolibéral des politiques publiques dans les années 1980 s’est accompagné d’une managérialisation des associations. On a ainsi assisté à la conjonction entre, d’une part, l’externalisation de missions de services publics, en lien notamment avec la décentralisation, et, d’autre part, le développement des politiques de l’emploi. De nouveaux instruments reposant sur la contractualisation, le financement au résultat et la mise en concurrence des opérateurs sont apparus. Cette nouvelle régulation repose moins sur les subventions que sur les marchés publics ou des financements indirects consistants à rendre solvables les bénéficiaires des services (crédits d’impôt, défiscalisation des dons, allocations individuelles de solidarité, etc.).

Réinventer les associations et leur relation à l’État

Les associations se retrouvent aujourd’hui face à un triple défi. D’abord, elles doivent renforcer leur fonction employeur. Les spécificités et le caractère atypique du travail associatif ont été largement documentés, de même que l’on a vu apparaître un patronat associatif auquel l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) s’efforce d’offrir un débouché dans le dialogue social. Ensuite, elles doivent consolider leurs modèles économiques, ce qui passe par la diversification de leurs ressources et de leurs activités. Enfin, si depuis la loi de 1901 la dimension socioéconomique des associations a pris de l’importance, au point qu’elles comptent aujourd’hui autour de 1,8 million d’emplois, elles doivent également revitaliser leur dimension sociopolitique, alors que l’on constate une baisse des participations bénévoles dans les secteurs les plus professionnalisés.

Cela plaide en faveur d’un nouveau cycle d’action publique reposant sur la co-construction des politiques entre les pouvoirs publics et les associations. Plutôt que d’alimenter la défiance à travers les coupes budgétaires ou un contrat d’engagement républicain qui fait craindre des sanctions administratives, l’État gagnerait à reconnaître pleinement la contribution à l’intérêt général des associations ainsi que leurs libertés démocratiques, dans l’esprit de la Charte des engagements réciproques, signée en 2014, et de la circulaire Valls qui l’a suivie.

Tout l’enjeu réside donc dans la capacité de la République à retrouver le souffle initial de la loi de 1901 tout en tenant compte de ce que les associations sont devenues.

The Conversation

Timothée Duverger ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Le droit d’association : un fondement de notre démocratie aujourd’hui fragilisé – https://theconversation.com/le-droit-dassociation-un-fondement-de-notre-democratie-aujourdhui-fragilise-284383

Associations : l’engagement résiste, les financements s’érodent

Source: The Conversation – France in French (3) – By Guillaume Plaisance, Maître de conférences en sciences de gestion, Université de Bordeaux; IAE Bordeaux – Université de Bordeaux

Il y a 125 ans, la loi de 1901 fondait le statut des associations. Avec 1,6 million de structures, 13 millions de bénévoles et près de 2 millions de salariés, les associations irriguent tous les domaines de la vie sociale. Pourtant, derrière ce poids considérable se dessine une réalité plus fragile, marquée par la précarité financière, les mutations du bénévolat et le recul du soutien public.


Définie comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » par la loi de 1901, l’association est une organisation à but non lucratif qui appartient, depuis la loi Hamon de 2014, à l’économie sociale et solidaire. Les associations sont pourtant bien plus que des organisations réduites à leur non-lucrativité : elles relèvent du tiers secteur et de la société civile et sont bien plus hétérogènes que l’on ne peut l’imaginer.

Les associations françaises aujourd’hui : quelle structure ?

La France compte environ 1 600 000 associations, une statistique qu’il est difficile d’affiner dans la mesure où de très nombreuses associations demeurent enregistrées par les services de l’État alors qu’elles ne sont plus réellement actives.

Chaque année, ce sont entre 65 000 et 75 000 associations qui sont créées, et ce de manière relativement équitable entre les milieux ruraux et urbains. Ramenées à la densité démographique la plupart des créations d’associations se situent dans le sud de la France.

Le salariat demeure l’exception dans le monde associatif : en 2024, moins d’une association sur dix emploie du personnel, soit un total de près de 2 millions de salariés. En outre, ces emplois sont très inégalement répartis : près de la moitié des associations employeuses comptent moins de trois salariés, tandis que 70 % des effectifs travaillent dans des structures de plus de 20 salariés. Le paysage associatif est ainsi marqué par de fortes disparités de taille, d’emploi et de ressources.

Les associations comptent donc essentiellement sur leurs bénévoles pour parvenir à fonctionner. On en compte entre 13 millions et 13,5 millions : 3 millions d’entre eux s’engagent plutôt ponctuellement et 10 millions tout au long de l’année.

Le bénévolat : indispensable, en pleine mutation

Les dernières études permettent de constater que 25 % des Français sont bénévoles dans au moins une association (contre 22,5 % en 2010). Ce sont 28 % des hommes et 22 % des femmes qui sont concernés.

Néanmoins, les engagements réguliers ont tendance à régresser pour peu à peu devenir des participations plus ponctuelles. La « colonne vertébrale » des associations, à savoir les bénévoles qui s’engagent quelques heures par semaine tout au long de l’année, repose sur les retraités, essentiellement des hommes. Il s’agit de 10 % des Français.

Contrairement aux idées reçues, l’âge des bénévoles est de moins en moins un facteur explicatif de l’engagement. Les 15-34 ans s’engagent plus, se rapprochant du niveau d’engagement des plus de 65 ans qui, de son côté, diminue.

Les différentiels générationnels se sont donc estompés et le désengagement progressif des seniors interroge vivement.

La fracture réelle est plutôt à regarder du côté du niveau de diplôme : les personnes peu diplômées ou ayant un CAP ou BEP sont deux fois moins engagées que les diplômés au-delà du bac+2 (32 %).

Des organisations en proie à des difficultés financières

Les associations sont 78 % à disposer d’un budget annuel inférieur à 10 000 euros. Et 32 % d’entre elles ont même un budget inférieur à 1 000 euros par an.

Le budget cumulé des associations françaises culmine quant à lui à 113 milliards d’euros. Plus de la moitié se retrouvent au sein des associations employeuses qui ont un budget moyen par association de 728 000 euros (celui d’une association sans salarié est proche de 7 000 euros). Les associations salariées s’appuient seulement sur 19 % de subventions.

L’idée reçue selon laquelle les associations sont construites en dépendance des autorités publiques en termes financiers est erronée. En revanche, leur absence empêche les associations de se développer, car il existe une relation forte entre les associations et l’État qui a longtemps délégué ses missions et attendu des associations qu’elles jouent un rôle majeur de cohésion et de structuration dans la société.

Pourtant, l’État se désengage : alors qu’en 2005, 34 % des ressources des associations étaient des subventions, cette proportion est tombée à 20 % en 2020. Les dons et mécénats, si souvent mentionnés comme un substitut aux subventions ne représentent que 5 % des ressources et restent encore peu accessibles à l’immense majorité des associations : leur activité appartient à des secteurs qui mobilisent habituellement moins de financements privés que le sport ou la culture.

En 2025, 29 % des associations sans salariés et 53 % de celles employeuses jugeaient leur situation financière difficile, voire très difficile. En conséquence, plus de soixante mille associations envisageaient de réduire leurs activités.

En somme, l’accumulation de nouvelles contraintes administratives, les signes croissants de défiance des partenaires publics (comme en témoigne le renforcement des contrôles – moins subis par les entreprises) et la raréfaction des financements mettent sous tension un secteur qui joue pourtant un rôle essentiel dans le maintien du lien social.

The Conversation

Guillaume Plaisance est Vice-président de Recherches & Solidarités.

ref. Associations : l’engagement résiste, les financements s’érodent – https://theconversation.com/associations-lengagement-resiste-les-financements-serodent-284385

En el Siglo de Oro las mujeres ya recibían imágenes no solicitadas de penes

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Mónica María Martínez Sariego, Profesora Titular de Universidad (Área: Literatura), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

_Baco y Ariadne_, de Guido Reni. Los Angeles County Museum of Art

Las redes sociales han multiplicado las formas de contacto entre desconocidos. También han ampliado las posibilidades del acoso. Si el exhibicionismo clásico tenía como icono al hombre de la gabardina, hoy una de sus manifestaciones más frecuentes es el denominado cyberflashing: el envío de imágenes sexuales no solicitadas –generalmente fotografías de genitales masculinos– a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas.

Aunque pueda parecer un fenómeno típicamente digital, la lógica que lo sustenta no es nueva. La literatura del Siglo de Oro español ofrece ya una escena que, leída desde el presente, resulta sorprendentemente cercana.

Un soneto anónimo del Siglo de Oro

En el soneto anónimo “De cierta dama que a un balcón estaba”, atribuido a Francisco de Quevedo, una mujer se asoma al balcón mientras un labrador la contempla desde la calle con insistencia. Ella, al advertir su actitud, le pregunta qué le sucede. Él responde sin rodeos que la visión de su pierna le ha provocado excitación.

La dama lo rechaza con una fórmula proverbial que establece con claridad el límite entre contemplar y poseer: “Aquesto, hermano, no es más de ver y desear la fruta”. Un refrán o frase sentenciosa con un sentido similar sería “lo verás, pero no lo catarás”. O, más llanamente, “se mira, pero no se toca”.

La escena podría concluir ahí, como un episodio de galantería frustrada, pero el gañán, molesto por la negativa, responde exhibiendo obscenamente sus genitales y remata el gesto con un insulto dirigido a la mujer: “¡Pues ver y desear, señora puta!”.

La sospecha sobre la mujer visible

Para comprender plenamente el episodio conviene situarlo en su contexto. La mujer ventanera era una realidad cultural del Siglo de Oro, como refleja la pintura Mujeres en la ventana (1665-1675), de Bartolomé Esteban Murillo, que luego recreará Francisco de Goya en Maja y Celestina en el balcón (1812) y Majas al balcón (1808-1814).

Pintura de dos mujeres mirando por la ventana, una de ellas tapándose la cara.
Mujeres en la ventana de Bartolomé Esteban Murillo.
National Gallery of Art (Estados Unidos)

Circulaban entonces refranes que asociaban el hecho de asomarse a ventanas y balcones con la coquetería o la provocación: “Mujer ventanera, poco costurera”, “Mujer ventanera, nunca llega a casadera”, “Mujer ventanera, busque a otro que la quiera”, “Moza que se asoma a la ventana cada rato, quiérese vender barato” o, directamente, “Moza ventanera, o puta o pedorrera” (donde pedorrera significa ‘chica presumida o proclive a la diversión inmoral’).

La ventana constituía un espacio ambiguo: permitía a la mujer ver el exterior sin abandonar el ámbito doméstico, pero al mismo tiempo exponía su imagen a la mirada masculina. Esa sola visibilidad bastaba para despertar la sospecha: la mujer se convertía en objeto de deseo, pero también de censura moral. La atención se desplazaba de este modo hacia su conducta –estar en el balcón, dejarse ver–, mientras que la reacción del hombre tendía a interpretarse como una consecuencia casi natural de esa supuesta provocación.

Del balcón al mensaje privado

Cuatro siglos después, la pantalla ha sustituido el balcón. Muchas mujeres reciben en sus mensajes privados imágenes sexuales enviadas por desconocidos sin haberlas solicitado ni consentido. El “hombre de la gabardina” ya no se oculta en callejones oscuros, sino en las profundidades de internet. Favorecido por el anonimato y la sensación de impunidad que proporciona el entorno digital, el cyberflashing prolonga una misma lógica de irrupción obscena: ya no hace falta la presencia física para invadir el espacio íntimo de otra persona, basta una pantalla.

Ahora bien, aunque el medio ha cambiado, persiste una misma lógica: la presencia pública de una mujer se entiende como indicio de disponibilidad. Un perfil en redes sociales, una fotografía o una interacción mínima pueden leerse como una invitación. Cuando esa expectativa no se ve confirmada, la respuesta puede adoptar la forma de acoso verbal, insulto o exhibición obscena.

No es cortejo, sino imposición

El cyberflashing se trivializa a menudo como una forma torpe de flirteo. Sin embargo, su significado es muy distinto. Enviar una imagen sexual no solicitada no equivale a iniciar una conversación, sino a irrumpir en el espacio visual de otra persona sin su consentimiento.

En el soneto atribuido a Quevedo, el gesto del labrador deja claro que no se trata de una tentativa de seducción, sino de una respuesta agresiva y degradante ante el rechazo. Algo semejante parece ocurrir en la actualidad. Quienes envían imágenes sexuales no solicitadas frecuentemente no buscan establecer un vínculo afectivo o erótico con la persona receptora. En muchos casos anticipan –e incluso buscan expresamente– una reacción negativa, lo que sitúa esta conducta más cerca del acoso que del cortejo. Algunas investigaciones la han relacionado, de hecho, con rasgos de la llamada tríada oscura de la personalidad: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía.

Lo que el poema deja traslucir

La literatura refleja escenas que revelan la persistencia de ciertas conductas. El soneto atribuido a Francisco de Quevedo muestra con nitidez una lógica que sigue siendo reconocible: la confusión entre visibilidad y disponibilidad, la iniciativa sexual no solicitada y la reacción agresiva ante los límites marcados por la mujer.

Cuatro siglos separan aquel balcón barroco de los mensajes privados en Instagram o Tinder. La tecnología ha cambiado; pero ciertas formas de entender el deseo y el rechazo, no tanto.


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The Conversation

Mónica María Martínez Sariego no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. En el Siglo de Oro las mujeres ya recibían imágenes no solicitadas de penes – https://theconversation.com/en-el-siglo-de-oro-las-mujeres-ya-recibian-imagenes-no-solicitadas-de-penes-281829