Con el precio de la vivienda marcando máximos en muchas ciudades españolas y el acceso a un hogar convertido en una de las principales preocupaciones sociales, el tema de la vivienda se ha colocado en el centro del debate político y económico.
En este escenario, cada vez son más quienes consideran que la fiscalidad local debe desempeñar un papel más activo. La pregunta es sencilla: si el sistema tributario pretende adaptarse a la capacidad económica de los contribuyentes, ¿debe seguir pagando el mismo porcentaje una vivienda modesta, situada en un barrio periférico, que una propiedad de gran valor, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad?
Según valor de catastro
Actualmente, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) constituye la principal fuente de ingresos tributarios de los ayuntamientos. Su funcionamiento es sencillo: cada inmueble paga en función de su valor catastral y del tipo aprobado por el municipio.
Quien tiene una vivienda de mayor valor paga más que quien tiene una más modesta. Sin embargo, a diferencia del IRPF, el impuesto no aplica tipos más altos a medida que aumenta la riqueza del contribuyente, sino que se impone el mismo porcentaje a todos los inmuebles.
Un ejemplo: pensemos en dos viviendas situadas en la misma ciudad. Una tiene un valor catastral de 80 000 euros y otra de 1 000 000 de euros. Si el municipio aplica un tipo del 0,70 %, la primera pagará 560 euros y la segunda 7 000. La diferencia radica en el valor catastral, pero ambas soportan exactamente el mismo porcentaje de gravamen. Ahí se encuentra el núcleo de la discusión.
¿Qué significa realmente un IBI progresivo?
Cuando se habla de IBI progresivo suele pensarse en aumentar la tributación de los grandes propietarios. Sin embargo, el debate es más amplio.
La idea consiste en introducir mecanismos que permitan adaptar mejor el impuesto a las distintas realidades del mercado inmobiliario. En lugar de aplicar un único tipo para todas las viviendas, podrían establecerse porcentajes diferenciados, en función de determinadas circunstancias que reflejen una mayor capacidad económica.
Las fórmulas posibles son muy diversas:
Introducir escalas progresivas similares a las del IRPF.
Establecer tipos más elevados para los inmuebles con mayor valor catastral.
Reforzar la tributación de viviendas permanentemente desocupadas.
Diseñar recargos específicos para los grandes tenedores de parques de viviendas.
Los argumentos a favor
Los defensores de estas medidas consideran que permitirían que la contribución fiscal reflejara mejor las diferencias económicas existentes dentro del mercado inmobiliario, además de proporcionar nuevas herramientas para impulsar políticas de vivienda:
Mejoraría la adecuación del impuesto al principio de capacidad económica. No se trata únicamente de que los inmuebles más valiosos paguen más en términos absolutos, sino de que soporten también una carga relativa superior.
Permitiría proteger mejor la vivienda habitual y aliviar la carga tributaria de determinados hogares.
Podría ser una herramienta útil para que los ayuntamientos desarrollen políticas de vivienda más activas en un contexto de fuerte tensión residencial.
Los argumentos en contra
Para algunos expertos, la progresividad es más adecuada en impuestos personales, como el IRPF, que en tributos como el IBI, de carácter real y objetivo, que gravan cada inmueble de manera individual sin tomar en cuenta la riqueza global de su propietario.
Además, advierten de que una mayor complejidad podría generar problemas de gestión, aumentar la conflictividad y reducir la seguridad jurídica.
Otros temen que determinadas reformas acaben trasladando costes a los inquilinos o generando efectos indeseados sobre la inversión inmobiliaria.
Barcelona abre el debate
La cuestión ya no es una mera hipótesis académica.
En mayo de 2026, la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una iniciativa para respaldar una reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que permita introducir mayores dosis de progresividad en el IBI.
La propuesta no se limita a los grandes tenedores, sino también a inmuebles vacíos y usos no residenciales con el fin de “avanzar hacia una fiscalidad municipal más progresiva, justa y orientada a garantizar el derecho a la vivienda”.
El gran obstáculo: la ley
El principal problema no es político ni económico, sino jurídico.
La legislación vigente configura el IBI como un impuesto real y objetivo, por lo que se grava cada inmueble y no la situación económica global de su propietario. Como consecuencia, los ayuntamientos disponen de un margen muy limitado para introducir mecanismos de progresividad.
Por ello, cualquier reforma relevante exige una modificación previa de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Una cuestión de modelo de ciudad
Detrás del debate sobre el IBI progresivo se esconde una discusión mucho más profunda. La pregunta es qué papel deben tener los ayuntamientos ante el problema de la vivienda. ¿Deben limitarse a recaudar o pueden utilizar los tributos para favorecer un acceso más justo a la vivienda?
Por eso, la cuestión ya no es solo cuánto dinero recauda el IBI, sino cómo puede contribuir a afrontar el problema. Se trata de un debate que acaba de empezar, pero que probablemente tendrá un papel importante en el futuro de la financiación local en España.
¿Debe seguir siendo el IBI un impuesto esencialmente proporcional o ha llegado el momento de incorporar criterios de progresividad para adaptarlo a los retos actuales de la vivienda?
La respuesta puede acabar impulsando una de las reformas más importantes de la fiscalidad local española desde la creación del propio impuesto.
Albert Navarro García no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
El anime es, curiosamente, una palabra que define un género puramente japonés pero solo fuera de Japón.らいみぃ/Wikimedia Commons, CC BY
Si le pregunto de dónde vienen palabras como anime, cosplay o aidoru, seguramente responderá “de Japón”. Y no le faltaría razón… parcialmente.
La respuesta no es, de hecho, tan sencilla.
Estos términos están muy unidos a la cultura japonesa. Sin embargo, su historia empezó mucho antes y en otro idioma. Es un viaje sorprendente que demuestra que las palabras también tienen su propia historia.
Los préstamos léxicos
En lingüística, existe un fenómeno que se denomina “préstamo léxico”. Aunque el nombre parezca complicado, la idea es muy sencilla. Las lenguas toman palabras unas de otras continuamente. El español lo hace desde hace siglos. Usamos wifi, fútbol o software, que vienen del inglés. También decimos kimono, karaoke o sushi, que proceden del japonés.
Cuando una palabra llega a otro idioma, normalmente cambia un poco. Estos cambios pueden afectar tanto a la escritura o la pronunciación como a su propio significado. Es la forma que tiene cada lengua de hacer suyo un término extranjero.
Este proceso de adaptación, como es lógico, ocurre constantemente en japonés.
Influencia anglosajona
Hoy, la mayoría de las palabras extranjeras que utiliza el japonés vienen del inglés. Son tantas que forman el grupo más numeroso de préstamos de esta lengua. Basta con pasear por Tokio para ver escaparates, anuncios o productos llenos de expresiones de origen anglosajón.
Ahora bien, la genialidad de los japoneses no está simplemente en su capacidad para absorber préstamos, sino en su creatividad para apropiárselos.
Como el inglés y el japonés son idiomas muy diferentes, muchas palabras necesitan cambiar para poder pronunciarse con facilidad. Algunas se acortan, otras cambian algunos sonidos. Y otras incluso adquieren un significado nuevo. En ocasiones, Japón va un paso más allá y crea términos completamente nuevos utilizando voces inglesas.
Una adaptación que ha cruzado las fronteras
Anime es, probablemente, el ejemplo más conocido. Su historia comienza con el inglés animation. Cuando este préstamo llegó a Japón, hacia los años sesenta, se adaptó a la pronunciación japonesa y pasó a decirse animeeshon. Sin embargo, como ocurre con muchas palabras largas, los hablantes terminaron acortándola hasta dejarla simplemente en anime. Era más rápida, más cómoda y más fácil de usar en la conversación diaria.
Pero el cambio no fue solo de forma. También cambió su significado. En Japón, anime puede utilizarse para hablar de la animación en general, aunque suele asociarse especialmente a las producciones dirigidas al público infantil y juvenil. En cambio, cuando la palabra llegó a otros países, empezó a utilizarse casi exclusivamente para referirse a la animación japonesa.
Hoy, cuando alguien habla de anime, casi nadie piensa en dibujos animados occidentales. La palabra ha terminado identificando un estilo, una industria e incluso una forma de entender la animación.
Una invención japonesa a partir del inglés
Cosplay es todavía más curioso. Muchas personas creen que es una palabra inglesa. Sin embargo, no es así.
Fue creada en Japón por Nobuyuki Takahashi en 1983. En junio de ese año, Takahashi estaba escribiendo un artículo sobre una curiosa moda para la revista My Anime y se le ocurrió unir dos términos ingleses para definirla: costume (‘disfraz’) y play (‘jugar’). Es decir, a partir de dos piezas del inglés, construyó una palabra nueva para describir una actividad que cada vez era más popular: disfrazarse e interpretar a personajes de manga, anime o videojuegos.
Tuvo un enorme éxito. Primero se popularizó entre los aficionados al manga y al anime en Japón. Después, gracias a Internet y a la expansión de la cultura popular japonesa, comenzó a utilizarse en todo el mundo. Español, francés, italiano o alemán, entre muchas otras, son algunas de las lenguas en las que este término ha obtenido gran popularidad. Hoy es habitual encontrar concursos de cosplay en convenciones de Europa, América o Asia, y millones de personas emplean la palabra sin saber que, en realidad, fue inventada en Japón.
Misma forma, diferente fondo
El caso de aidoru es diferente.
La palabra procede del inglés idol, pero en Japón empezó a significar algo distinto. Un idol en inglés puede ser cualquier persona muy admirada. En cambio, un aidoru es un tipo muy concreto de artista: jóvenes cantantes, actores o celebridades cuya imagen y carrera están cuidadosamente organizadas por la industria del entretenimiento japonesa.
La palabra apenas cambió de forma, pero sí cambió completamente de significado dentro –y fuera– de Japón.
Los tres ejemplos muestran que una misma lengua puede transformar las palabras extranjeras de maneras muy distintas. Anime nació de una adaptación y de un proceso de simplificación. Cosplay fue una creación completamente nueva elaborada con elementos ingleses. Y aidoru mantuvo casi la misma forma, pero adquirió un significado totalmente diferente.
Lo más interesante ocurre al final del viaje.
No son japonesas pero lo parecen
Una vez transformadas en Japón, estas palabras comenzaron a viajar por el mundo. El éxito del manga, el anime, los videojuegos y la música japonesa ha hecho que millones de personas empiecen a utilizarlas. Poco a poco, han ido asentándose en otros idiomas, incluido el español. Hoy las consideramos 100 % “made in Japan” y, de alguna manera, lo son.
Pero su historia demuestra que las lenguas son mucho más complejas de lo que parecen. No todas las palabras que identificamos con Japón nacieron allí. Algunas empezaron su recorrido en otro idioma, cambiaron por completo al pasar por el japonés y solo entonces llegaron al resto del mundo con una nueva identidad.
Quizá esa sea la parte más fascinante de esta historia. Las palabras cruzan fronteras, cambian de forma y significado y, a veces, acaban representando a un país distinto de aquel en el que nacieron.
La próxima vez que escuche estos términos quizá pueda verlos con otros ojos. Porque detrás de ellos no solo hay manga, series o música. También hay una historia de encuentros entre lenguas, culturas y personas. Y eso demuestra que, igual que nosotros, las palabras nunca dejan de moverse.
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Ana Abellán Pardo recibe fondos de la Universidad de Murcia. Está vinculada a esta institución mediante una beca FPU, un contrato predoctoral.
El pasado 30 de julio llegaron a Ceuta cerca de 80 000 personas migrantes. Aunque la mayoría volvió a cruzar la frontera en sentido opuesto, muchas permanecen en la ciudad en condiciones de hacinamiento, infravivienda o sinhogarismo, sin acceso a alimentos seguros, agua y saneamiento. Esta situación está generando alarma social y preocupación por posibles riesgos sanitarios, tanto para las personas migrantes como para la población ceutí.
Crisis humanitaria, no sanitaria
Ceuta afronta una crisis humanitaria. El incremento de llegadas ha superado la capacidad de acogida, comprometiendo el acceso a servicios básicos. Se trata de una situación compleja que exige reforzar los servicios del Estado en coordinación con las distintas administraciones, la ciudadanía y las ONG, garantizando los derechos de todas las personas.
El incremento de la demanda asistencial, en un momento de vacaciones estivales, sin duda ha puesto a prueba al sistema sanitario. El Ministerio de Sanidad indicó que había camas disponibles y que no se retrasaron las citas programadas. Además, se ha reforzado el personal para la asistencia a los migrantes, que se hace en puntos desplazados y en un circuito diferenciado.
Aun así, es preciso mantener y ampliar las capacidades de prevención, de diagnóstico precoz y de atención sanitaria.
Sarna y otras enfermedades que generan preocupación
Los determinantes sociales y ambientales desfavorables incrementan el riesgo de enfermedades de la piel (como la sarna), de infecciones gastrointestinales o respiratorias. Estas situaciones no representan un problema de salud de carácter infeccioso o parasitario para la población general de Ceuta, sino un problema de salud para quienes las padecen.
En el caso de la sarna, se contagia a través del contacto directo y prolongado piel con piel o contacto con ropa contaminada. La transmisión se evita con la higiene diaria, el tratamiento y limpieza de la ropa.
En relación con la tuberculosis, solo la forma respiratoria es contagiosa, requiriendo un contacto estrecho en espacios cerrados. Además, las personas dejan de ser contagiosas a las pocas semanas de iniciar el tratamiento.
Las infecciones gastrointestinales detectadas están, al parecer, originadas por la bacteria Escherichia coli, frecuente en España. Su causa tiene que ver con la falta de acceso a higiene, alimentos y bebidas en condiciones sanitarias y a la dificultad de cocinar y preservar los alimentos y bebidas adecuadamente.
El enfoque preventivo y el diagnóstico precoz son fundamentales, garantizando el acceso a recursos básicos y al sistema sanitario para la atención a problemas de salud física y mental. También es esencial el acceso a la vacunación, especialmente triple vírica, poliomielitis y tétanos/difteria, según las recomendaciones y estrategia común de vacunación para personas migrantes del Ministerio de Sanidad español.
El confinamiento de una ciudad carece de justificación desde el punto de vista técnico. Se trata de enfermedades que ya existen en España, con mecanismos de transmisión, tratamiento y modos de prevención conocidos. Una buena gestión de esta crisis humanitaria prevendrá la aparición de enfermedades infecciosas en los migrantes.
Grupos en situación de mayor vulnerabilidad
En este contexto, conviene priorizar la atención a menores y a mujeres embarazadas que, debido a las duras condiciones en las que se ha realizado la trayectoria migratoria, pueden presentar interrupciones en sus calendarios de vacunación o en el seguimiento prenatal.
Además, las mujeres y las niñas migrantes tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual o situación de trata y mayores dificultades para detectar y atender a esas situaciones.
Los peligros de la alarma social y de la xenofobia
Es comprensible la inquietud ciudadana ante una situación que interrumpe la vida cotidiana. Sin embargo, no es admisible usar este tipo de situaciones para justificar discursos xenófobos, tales como asociar la migración con la propagación de enfermedades.
Desde la Sociedad Española de Epidemiología condenamos firmemente este tipo de discursos. La estigmatización y xenofobia, además de vulnerar los derechos de las personas, desincentivan el contacto con los servicios sanitarios, retrasan el diagnóstico y dificultan la aplicación de medidas de prevención.
Necesitamos un sistema resiliente
Mejorar las condiciones de habitabilidad, agua potable, saneamiento y alimentación es el primer paso, además del acceso a servicios del sistema sanitario preventivos, de diagnóstico y de tratamiento. Para mejorar la preparación ante una crisis, es imprescindible invertir en un sistema de salud pública resiliente, con personal estable, formado y con buenas condiciones laborales.
Los servicios de epidemiología y salud pública desempeñan un papel fundamental para monitorizar riesgos, identificar brotes e intervenir a tiempo. La Agencia Estatal de Salud Pública, todavía en proceso de despliegue operativo, hubiera sido de gran ayuda para afrontar esta crisis.
Maria João Forjaz recibe fondos, obtenidos en concurrencia competitiva, del Instituto de Salud Carlos III, para la realización de proyectos de investigación. Es presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología y punto focal de España para la estrategia Behavior and Cultural Insights de la OMS.
Federico Eduardo Arribas Monzón es miembro de la Sociedad Española de Epidemiologia, formando parte del grupo de formacion y empleabilidad y participo en el grupo asesor de comunicacion de la citada Sociedad cientifica.
Isabel Aguilar Palacio recibe fondos de investigación del Instituto de Salud Carlos III, del Gobierno de Aragón y de consultoría de la Comisión Europea. Pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología.
María Isabel Portillo es Investigadora Senior del Instituto de Investigación Sanitaria BioBilzkaia y Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiologia
Óscar Zurriaga recibe fondos, obtenidos en concurrencia competitiva, del Instituto de Salud Carlos III, para la realización de proyectos de investigación. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).
Pello Latasa pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología.
Pere Godoy es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Publica en la Universidad de Lleida e investigador principal de proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III. Es miembro del Consell Assessor en Vacunacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Es miembreo del grupo de Vigilancia de la Salud Pública y de Vacunas e Inmunización de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y miembro de la Comisión Asesora de Comunicación de la SEE. Ha sido presidente de la SEE.
Susana Monge Corella recibe fondos de investigación competitivos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y del Instituto de Salud Carlos III a través de la acción estratégica intramural.
Ángela Domínguez García no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Vaporiser un peu de parfum sur son cou est une étape familière avant de quitter la maison. Mais la publication virale sur Instagram d’un cancérologue a désigné le cou comme une zone « qui invite à la prudence », car elle se trouve à proximité de la glande thyroïde.
La légende précise qu’il n’existe aucune preuve que le fait de vaporiser du parfum sur le cou endommage la thyroïde. Pourtant, les références aux perturbations hormonales et à l’exposition à vie à des substances chimiques à travers une peau fine pourraient suggérer un lien possible avec des maladies thyroïdiennes ou le cancer. Une petite vaporisation pourrait-elle vraiment présenter un risque particulier?
Les données actuelles ne montrent pas que l’application de parfum sur la peau au niveau de la thyroïde fasse parvenir de manière sélective les composés chimiques du parfum à la glande ou l’expose à une dose plus élevée que si l’on vaporisait ailleurs. Les recherches sur l’absorption cutanée et l’anatomie du cou ne corroborent pas l’idée d’une voie d’accès directe et sélective vers la glande thyroïde.
La thyroïde est une glande en forme de papillon située dans la partie inférieure avant du cou. Elle produit et libère des hormones qui aident à réguler la façon dont le corps utilise son énergie. Elle se trouve sous la peau, ainsi que sous plusieurs couches de tissu conjonctif et de muscles.
Que se passe-t-il lorsque le parfum entre en contact avec la peau?
La peau agit comme une barrière. Un ingrédient peut s’évaporer, rester à la surface, pénétrer dans les couches cutanées ou passer dans la circulation sanguine. L’absorption dépend de la substance chimique, de sa composition, de l’état et de l’emplacement de la peau, de la dose et de la durée de contact.
L’emplacement sur le corps peut influencer l’absorption. Une fois qu’une substance chimique atteint les vaisseaux sanguins situés dans les couches profondes de la peau, elle peut circuler plus largement. L’application d’une substance près d’un organe ne cible pas automatiquement cet organe.
Les évaluations de sécurité des produits cosmétiques en aérosol tiennent également compte de l’inhalation. Cette voie d’exposition n’entraîne pas d’exposition particulière de la thyroïde lors d’une application au cou.
Les préoccupations portent en grande partie sur les phtalates, une famille de substances chimiques dont les usages et les effets sur la santé varient. Le phtalate de diéthyle, ou DEP, a été utilisé comme solvant et fixateur dans les parfums. D’autres phtalates ont principalement servi à assouplir les plastiques. Les données concernant un membre de cette famille ne peuvent pas simplement être appliquées à tous les autres.
Une revue systématique publiée en ligne en 2024 a rassemblé 17 études portant sur 5 616 enfants et adolescents. Elle a fait état d’associations entre l’exposition aux phtalates et les taux de certaines hormones thyroïdiennes, tandis que les résultats concernant d’autres hormones étaient incohérents. Les études ont examiné l’exposition provenant de multiples sources. Elles n’ont pas porté sur l’application de parfum sur le cou ni sur le développement de maladies thyroïdiennes, et ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet.
Le parfum peut contribuer à l’exposition au DEP. Dans une étude portant sur 337 femmes, les utilisatrices de parfum présentaient des concentrations urinaires plus élevées de phtalate de monoéthyle, un produit de dégradation du DEP. Cela confirme que le parfum est une source d’exposition au DEP. L’étude n’a pas porté sur les atteintes à la thyroïde ni sur le site d’application.
Un « perturbateur endocrinien » est une substance exogène qui modifie le système hormonal et provoque un effet nocif. Le risque dépend du produit chimique, de la dose, de la voie d’exposition, du moment et de la durée de l’exposition. Un effet hormonal observé lors d’une expérience en laboratoire ne permet pas d’établir le risque lié à un produit parfumé fini utilisé dans des conditions quotidiennes.
Une utilisation répétée implique une exposition répétée, même si cela ne signifie pas nécessairement une accumulation. Les phtalates sont transformés en produits de dégradation qui sont rapidement éliminés par l’urine, tandis qu’une utilisation fréquente peut renouveler l’exposition à plusieurs reprises.
En Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, les produits cosmétiques doivent faire l’objet d’une évaluation de leur sécurité avant leur mise en marché, bien que les systèmes de réglementation diffèrent. Les évaluateurs tiennent compte des ingrédients, des concentrations, de l’usage prévu et de l’exposition probable. Les mélanges de parfums peuvent être désignés sous le nom de « parfum », tandis que les allergènes spécifiés doivent être nommés lorsqu’ils dépassent les concentrations prescrites en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.
Les effets cutanés les mieux établis
En ce qui concerne les parfums appliqués directement sur la peau, le risque le plus clairement établi est celui de la dermatite de contact allergique, une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons et d’inflammation causée par le contact avec un ingrédient. Une étude a estimé que l’allergie de contact aux parfums touche de 0,7 % à 2,6 % de la population générale.
Certains ingrédients des parfums peuvent provoquer une réaction phototoxique, c’est-à-dire une réaction semblable à un coup de soleil lorsqu’un composé chimique présent sur la peau est exposé à la lumière. Une étude menée chez l’humain sur des parfums modèles a révélé que l’huile de bergamote, qui contient un composé chimique réactif à la lumière, pouvait provoquer une telle réaction après une exposition aux rayonnements ultraviolets A (UVA). Le risque dépendait de la concentration et de la dose d’UV; cela ne s’applique donc pas à tous les parfums.
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L’exposition prolongée au soleil est considérée comme l’un des principaux facteurs contribuant à la poïkilodermie de Civatte, qui se caractérise par une peau amincie, de couleur brun-rougeâtre, avec de petits vaisseaux sanguins visibles sur les côtés du cou. Une petite étude portant sur 32 patients a suggéré que l’allergie aux parfums pourrait jouer un rôle chez certaines personnes, mais n’a pas pu démontrer que les parfums étaient à l’origine de cette affection.
L’odeur des parfums peut également affecter les personnes souffrant de migraine. Dans une étude menée en clinique, les personnes souffrant de migraine ont fréquemment cité le parfum comme une odeur qui, selon elles, avait déclenché leurs crises. L’étude s’appuyait sur des souvenirs; elle ne peut donc pas fournir d’estimation démographique ni prouver un lien de causalité. Elle n’apporte aucune preuve de lésions thyroïdiennes.
Alors, faut-il éviter de vaporiser du parfum sur le cou?
Pour la plupart des gens, les données scientifiques actuelles ne fournissent aucune raison liée à la thyroïde d’éviter spécifiquement le cou. Cancer Research UK indique qu’il n’existe aucune preuve que l’utilisation de parfum cause le cancer.
Des recherches supplémentaires pourraient clarifier les effets d’une exposition répétée à des mélanges de parfums. Les données actuelles ne démontrent pas que le fait de vaporiser le cou permette aux composés chimiques du parfum d’atteindre plus facilement la thyroïde.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Stuart Phillips, Professor, Kinesiology, Tier 1 Canada Research Chair in Skeletal Muscle Health, McMaster University
J’ai passé plus de trois décennies à étudier comment l’exercice physique et l’alimentation nous aident à rester en santé, et un élément revient sans cesse dans les données : vivre plus longtemps et vivre bien ne vont pas de pair. Si nous avons en partie résolu le premier problème, nous accusons un retard sur le second.
Au cours du siècle dernier, l’espérance de vie moyenne des Canadiens a augmenté de 22 ans, pour atteindre environ 80 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes. La recherche médicale et scientifique pourrait faire grimper ces chiffres encore davantage. Cependant, le nombre d’années que nous pouvons espérer vivre en bonne santé est en baisse ; au Canada, il s’établit désormais à environ 67, contre un sommet d’environ 70 ans.
Cet article fait partie de notre série La Révolution grise. La Conversation vous propose d’analyser sous toutes ses facettes l’impact du vieillissement de l’imposante cohorte des boomers sur notre société, qu’ils transforment depuis leur venue au monde. Manières de se loger, de travailler, de consommer la culture, de s’alimenter, de voyager, de se soigner, de vivre… découvrez avec nous les bouleversements en cours, et à venir.
Cela signifie qu’un grand nombre d’entre nous sont en voie de passer près de deux décennies, voire plus, à vivre avec une maladie chronique, un déclin cognitif ou une perte de mobilité. C’est cet écart, et non la durée de vie en soi, qui constitue la véritable crise. Et presque personne ne la traite comme telle.
La longévité n’est pas le bon indicateur
La longévité est le mot à la mode, les influenceurs discutant de la possibilité d’une espérance de vie à trois chiffres. Un biohacker fortuné a investi des millions pour tenter de vivre jusqu’à 160 ans et invite d’autres personnes à dépenser jusqu’à 1 million de dollars américains par année pour se joindre à lui. Il a récemment annoncé qu’il souffrait d’une maladie auto-immune.
La vie est devenue une épreuve d’endurance, et nous devons tenir bon jusqu’au bout.
En revanche, imaginez cette personne de 80 ans qui habite plus bas dans la rue et qui porte elle-même ses épiceries, monte ses escaliers, conduit sa voiture et s’accroupit par terre pour jouer avec son petit-enfant. Voilà l’objectif qui vaut la peine d’être poursuivi.
Idéalement, une bonne santé et une qualité de vie liée à la santé devraient durer toute notre vie. L’équilibre entre la qualité et la quantité de nos années est le principe qui sous-tend la « durée de vie en santé » : la période de notre vie que nous passons en bonne santé. Certes, la bonne santé est subjective, et certains ont fait valoir que la « durée de vie en bonne santé » ne peut peut-être pas être définie à un âge précis et qu’elle est plus fidèlement représentée par un indice.
Quelle que soit la façon dont on la mesure, il est clair que combler l’écart entre la durée de vie en bonne santé et la durée de vie totale est à la fois cruellement nécessaire et extrêmement difficile à réaliser, ce qui pourrait expliquer le décalage entre l’ampleur du problème et le peu d’investissements pour y remédier : selon les estimations, le rapport entre les dépenses de santé consacrées au traitement et celles consacrées à la prévention s’élève à près de 12 pour 1 au Canada.
La kinésiologie est la science qui étudie les mouvements, les performances et le fonctionnement du corps. Associée à l’approche préventive de la médecine, elle peut aider à éviter que les gens se retrouvent à l’hôpital, plutôt que de simplement les soigner une fois qu’ils y sont déjà.
Le mandat de l’institut accorde la priorité à la collaboration interdisciplinaire afin de faire progresser la recherche et l’enseignement, et de transformer les résultats en actions concrètes qui profitent réellement aux communautés. La recherche à elle seule ne change pas les vies ; ce sont les gens qui s’appuient sur des données probantes qui agissent.
Imaginez cette personne de 80 ans qui habite au bout de la rue et qui porte elle-même son épicerie, monte ses escaliers, conduit sa voiture et s’accroupit par terre pour jouer avec son petit-enfant. (Unsplash/Alvaro Reyes)
Nous voulons aider les Canadiens et les gens bien au-delà de nos frontières à passer davantage d’années en bonne santé en retardant l’apparition des maladies, en préservant les fonctions physiques et cognitives et en renforçant la résilience avant même qu’elle ne soit nécessaire.
Y parvenir permettrait d’améliorer la qualité de vie tout en réduisant les coûts liés au traitement du cancer, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques, de la démence, de la douleur chronique et des troubles de la mobilité à long terme.
Cet institut est le premier du genre ; il a vu le jour grâce à un don de 50 millions de dollars versé par les philanthropes Marcy et John McCall MacBain et leur fondation. Cet investissement repose sur un pari précis : celui que les interventions les plus déployables à grande échelle, les plus abordables et fondées sur des données probantes pour prolonger la durée de vie en bonne santé restent encore à découvrir et à mettre en pratique.
Nous voulons montrer qu’investir du temps et des ressources dès l’enfance, et tout au long de la vie, renforce le corps pour qu’il résiste plus longtemps aux maladies chroniques qui rongent nos dernières décennies.
Le faux visage des industries du bien-être et de la longévité
Les industries du bien-être et de la longévité, ainsi que les biohackers en ligne, ont convaincu leurs adeptes que le but ultime est d’« optimiser » sa vie grâce à des pilules, des protocoles et des potions.
Sans surprise, les principaux facteurs de la durée de vie en bonne santé sont déjà bien connus : de l’exercice régulier, un meilleur sommeil, une alimentation saine, de véritables liens sociaux, ne pas fumer et consommer l’alcool avec modération.
En agissant sur ces facteurs, vous vous donnez de bien meilleures chances de prévenir les maladies qui touchent principalement les personnes âgées. La meilleure façon de traiter une maladie chronique reste encore de la retarder, ou, dans le cas de la démence et du déclin cognitif, de l’éviter complètement.
Le Canada dépense près de 144 milliards de dollars par année en produits liés au bien-être, pour finalement voir la santé de la population se détériorer à un âge de plus en plus précoce.
La recherche est pourtant claire : rien ne prouve que les suppléments, les peptides et les « traitements » vendus par les industries de la longévité et du bien-être contribuent de quelque façon que ce soit à votre durée de vie en bonne santé.
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Les facteurs d’influence sont nombreux
Pour aborder cette question, il faut prendre du recul. Les facteurs qui influencent le plus la durée de vie en bonne santé ne sont pas une pile de suppléments ni un cocktail de peptides. Ces facteurs sont complexes, difficiles à corriger et ne sont pas accessibles de manière uniforme dans tous les secteurs de la société.
Des rues et des parcs sécuritaires. De la nourriture abordable. Un endroit où dormir. Un voisin avec qui marcher. Des horaires de travail prévisibles. L’accès à des services de garde. Aucun de ces éléments n’est un luxe, mais ils constituent une infrastructure fondamentale pour une durée de vie en bonne santé plus longue, ce qui, pour bien trop de Canadiens est tout simplement hors de portée.
Le revenu, l’éducation, le logement, les conditions de travail, la sécurité du quartier, l’isolement social et la discrimination ont au moins autant d’importance pour bien vieillir que tout ce qu’on peut trouver dans un document sur la longévité.
La recherche en santé ne se demande plus si nous pouvons vivre plus longtemps. C’est déjà le cas. La nouvelle question est de savoir si nous sommes prêts à investir sérieusement, équitablement et dès l’enfance pour vivre mieux. Nous pourrions découvrir qu’une durée de vie en bonne santé plus longue mène aussi à une longévité encore plus grande, pour tous. Voilà un objectif qui vaut la peine d’être poursuivi.
Stuart Phillips reçoit des fonds des Instituts de recherche en santé du Canada, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, des National Institutes of Health des États-Unis, de Nestlé Health Sciences, de FrieslandCampina, du National Dairy Council des États-Unis, des Producteurs laitiers du Canada et de Cargill.
Source: The Conversation – in French – By Elisabeth Lafleur, Doctorante en psychologie, profil recherche-intervention, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Pourquoi certains parents vivent-ils davantage de difficultés sexuelles après l’arrivée d’un bébé ? L’existence de traumas vécus dans le passé joue un rôle important pour amplifier les divers facteurs qui interviennent.
Mais pourquoi certains parents vivent-ils davantage de difficultés sexuelles que d’autres après l’arrivée d’un bébé ? Pour répondre à cette question, nous avons étudié 437 couples de parents ayant repris une activité sexuelle depuis la naissance de leur enfant (baisers, caresses, relations avec pénétration). Nous voulions vérifier si les traumas vécus durant l’enfance, telles la négligence, les agressions ou l’intimidation, étaient liés à une moins grande satisfaction sexuelle, et si le fait de se sentir compris, accepté et soutenu par son partenaire pouvait contribuer à préserver cette satisfaction.
Les modèles biopsychosociaux suggèrent que durant la période post-partum, le bien-être sexuel est influencé par une combinaison de facteurs biologiques (tels les changements hormonaux et l’allaitement), psychologiques (par exemple la dépression post-partum), et relationnels.
Au-delà du simple fait d’être écouté, cela implique de sentir que notre partenaire connaît et saisit qui nous sommes, qu’il apprécie et respecte nos capacités, notre personnalité et nos opinions, et qu’il est attentif et disposé à répondre à nos besoins, par exemple en apportant un soutien dans les moments difficiles. Les chercheurs appellent ce sentiment la « réceptivité perçue ».
Prenons l’exemple d’Anya et Robin, qui ont accueilli leur bébé il y a quatre mois. Dans son enfance, Anya a été exposée à de la violence physique entre ses parents. Robin, quant à lui, a vécu de la négligence émotionnelle.
Ils ont recommencé à avoir des relations sexuelles dans les dernières semaines. Anya a toutefois l’impression que Robin souhaite retrouver rapidement leur intimité « comme avant » et qu’il n’est pas suffisamment attentif à son vécu et ses besoins pendant leurs rapports. Ayant grandi dans un climat de violence où elle ne se sentait ni en sécurité ni entendue, Anya est sensible aux situations où elle a l’impression que ses besoins ne sont pas pris en compte et qu’elle ressent de la pression. Elle en vient alors à apprécier de moins en moins ces moments d’intimité.
De son côté, Robin trouve difficile le changement de rôle et ressent que la relation de couple prend moins de place. Il craint que la relation se dégrade, mais ressent qu’Anya invalide parfois ses préoccupations, ce qui ravive des souvenirs d’enfance où il se sentait peu important et peu écouté. Pour lui, l’intimité représente une manière de se sentir connecté à Anya. Il se sent donc moins satisfait sexuellement.
Cet exemple illustre comment, durant la période post-partum, la réceptivité perçue entre partenaires est un élément essentiel pour reconnecter avec l’autre, mais qu’elle peut facilement être fragilisée, particulièrement chez les personnes ayant vécu des traumas. Ces parents peuvent éprouver plus de difficulté à exprimer leurs besoins et nécessiter une sensibilité accrue de la part de leur partenaire.
Attention et sensibilité à l’expérience de l’autre
Nos résultats suggèrent que les conséquences des traumas ne se limitent pas à la personne qui les a vécus. À travers les interactions au sein du couple, leurs effets peuvent aussi se répercuter sur le partenaire et influencer la satisfaction sexuelle de l’autre. La manière dont chaque partenaire est réceptif à l’autre peut donc faire une différence dans le bien-être relationnel et sexuel du couple.
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Être réceptif à son partenaire ne signifie pas toujours avoir les bonnes réponses. Il s’agit plutôt d’être attentif et sensible à l’expérience de l’autre. Concrètement, cela peut passer par le fait d’écouter l’autre sans interrompre ni chercher immédiatement des solutions, vérifier sa compréhension (« si je comprends bien, tu as l’impression que… »), valider les émotions de l’autre même si elles sont différentes des nôtres, ainsi qu’exprimer ses propres besoins de manière ouverte et respectueuse.
Ces gestes peuvent renforcer le sentiment de sécurité dans la relation et soutenir l’intimité pour tous les parents, mais particulièrement chez ceux ayant vécu des traumas. Ils peuvent ainsi contribuer à favoriser et préserver un lien plus satisfaisant dans cette nouvelle réalité.
Lafleur, Elisabeth a reçu des financements du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et du Fonds de recherche du Québec (FRQ).
Alison Paradis a reçu du financement de recherche des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et des Fonds de recherche du Québec (FRQ). Elle est directrice du Laboratoire d’étude sur le bien-être des familles et des couples (LÉFAC), membre du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), de l’Équipe Violence Sexuelle et Santé (ÉVISSA) et de l’Institut universitaire Jeunes en difficulté (IUJD).
Natacha Godbout a reçu des financements octroyés pour la qualité des projets de recherche par compétition du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et des Fonds de recherche du Québec. Elle est membre de l’Ordre des psychologues du Québec, directrice de l’unité de recherche et d’intervention sur le trauma et le couple (TRACE), du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) et des équipes de recherche EVISSA et SCOUP.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By María Teresa Gil Bazo, Profesora Titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y Cátedra Jean Monnet en Estudios Europeos, Universidad de Navarra
En The Conversation hemos preguntado a seis expertos en derecho y relaciones internacionales, migraciones, sociología y derechos humanos qué soluciones plantean ante la crisis migratoria que vive Ceuta. Aunque sus propuestas difieren, coinciden en reclamar más recursos, coordinación institucional, procedimientos individualizados, cooperación con Marruecos y respeto a los derechos humanos, con medidas inmediatas y estructurales.
María Teresa Gil Bazo,
profesora titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (Universidad de Navarra).
España debe resolver la insólita situación en la que se encuentra una de sus autonomías en un marco jurídico estricto y de respeto de la dignidad inherente a todo ser humano. Hacer frente a la llegada a Ceuta de un número de extranjeros casi igual al de su población exige aumentar los recursos para afrontar esta situación extraordinaria con voluntad política y buena fe.
Es necesario aumentar la capacidad de los equipos que tramitan los expedientes administrativos, tanto de asilo como de expulsión/devolución, para dar resolución rápida a todos los casos. Es también urgente desplegar todos los esfuerzos diplomáticos necesarios con Marruecos y exigir a dicho país que cumpla con sus obligaciones internacionales. Mientras tanto, es imperativo aumentar la capacidad de Ceuta tanto en sanidad como en acogida temporal.
España debe aceptar ya el ofrecimiento de la UE, incluida su agencia de control de fronteras exteriores (Frontex), para realizar un control de fronteras serio y a la vez respetuoso con los derechos y libertades de los extranjeros. Todo ello exige una acción coordinada y liderada desde el Gobierno de España.
Cecilia Estrada Villaseñor, profesora y analista especializada en migraciones internacionales, refugio, movilidad humana y comunicación (Universidad Pontificia Comillas).
La salida del evento no está en la frontera, está antes de lo que imaginamos como “línea” y que se ha enredado. El nudo de Ceuta es tal porque se ha construido en los espacios donde las personas esperan: casas de acogida, albergues y dispositivos de contención en Marruecos, sostenidos en buena medida por la externalización del control europeo. Mientras la cooperación se mida por el número de cruces evitados, el problema se aplazará, no se resolverá y se enquistará.
La mejor solución pasa por invertir esa lógica. Sugiero, primero, garantizar en la propia frontera un procedimiento individualizado de identificación y acceso al asilo, con asistencia jurídica y atención especializada a menores. Segundo, reorientar la cooperación con Marruecos hacia la protección verificable, y no hacia la inmovilización, con mecanismos independientes de seguimiento, dado que se ha podido comprobar que el procedimiento que se ha empleado a lo largo de todos estos años da como resultado una situación compleja, en especial para las personas que permanecen en Ceuta. Y en tercer lugar, abrir vías legales y seguras que faciliten el acceso al asilo para todas las personas con perfiles vulnerables desde el otro lado de la frontera, porque sin ellas la única alternativa seguirá siendo el salto.
Si no se aprende de esta situación, lo que ha ocurrido en Ceuta volverá a repetirse (y en futuras ocasiones, en otras fronteras de la Unión Europea) porque las causas seguirán permaneciendo intactas si solo se gestiona el síntoma.
Berta Álvarez-Miranda Navarro, profesora titular de sociología, especializada en sociología de las migraciones (Universidad Complutense).
Conviene desenredar los hilos que componen el nudo que se ha creado en Ceuta, que no es sencillo.
Para empezar, el gobierno debe apoyar a la ciudad autónoma para afrontar la cuestión humanitaria más inmediata. Tanto las instituciones ceutíes como la sociedad civil están superadas por el número y las necesidades de los recién llegados. La solución es complicada no solo por la gravedad de la situación, sino también por el incentivo a migrar irregularmente.
En segundo lugar, es necesario afrontar la gestión administrativa de los migrantes que han permanecido en la ciudad, cuya situación debe examinarse caso a caso, por ser menores de edad, potenciales solicitantes de asilo o personas que han migrado por mar, sin saltar una barrera física, y, por tanto, no pueden ser “devueltos en caliente”. Sin embargo, tampoco tienen derecho a permanecer en España.
Por último, el gobierno debe estabilizar la colaboración con Marruecos en el control de una frontera extremadamente desigual, sin abandonar a los ceutíes de todas las confesiones que son y se sienten españoles. Y debe hacerlo en un contexto internacional más volátil, en que Marruecos se ha acercado a los intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo mientras España se alejaba. De esta manera, ha ampliado su capacidad de chantaje a España y Europa. Y ahí los migrantes constituyen una valiosa baza.
Cristina Churruca Muguruza, investigadora en el Instituto de Derechos Humanos (Universidad de Deusto).
A corto plazo, la prioridad debería ser responder a una capacidad de acogida que ya está claramente desbordada. El Estado debería habilitar alojamientos temporales dignos, movilizando todos los recursos disponibles: instalaciones públicas, apoyo logístico del Ejército y la capacidad operativa de organizaciones humanitarias. Solo así se podra gestionar la acogida, la atención sanitaria y social y la protección de las personas más vulnerables. Esta medida de emergencia debería ir acompañada de traslados rápidos a la península y de devoluciones a Marruecos únicamente cuando existan garantías reales de respeto de los derechos, especialmente en el caso de los menores.
A medio y largo plazo, España y la UE deberían adoptar una posición más firme con Marruecos, condicionando parte de la cooperación a compromisos verificables y destinando fondos a educación, protección social y empleo en las zonas de origen.
Al mismo tiempo, deben aumentarse urgentemente las inversiones en servicios públicos, empleo e infraestructuras en Ceuta.
Gloria Fernández-Pacheco Alises, profesora en el Departamento de Derecho.
Grupo de investigación en Migraciones (Universidad Loyola).
Este verano hemos visto la necesidad de proponer medidas preventivas en los incendios que han arrasado Europa. ¿Será la solución contratar más efectivos en la línea de fuego o prevenir con la preparación adecuada de espacios y la concienciación ciudadana en cuanto al respeto del entorno? Las soluciones sostenibles en el tiempo implican medidas preventivas de largo plazo. No pueden resolverse desde el cortoplacismo y la emoción que generan los eventos inesperados.
Tanto ese fenómeno como el de las migraciones están en la encrucijada de un camino en el que nos encontramos cambios rápidos y reacciones virulentas. Muchos de esos cambios han sido generados por las decisiones humanas. Las políticas europeas de planificación territorial excluyente y la marginación social como herramienta de poder político tienen efectos colaterales, en este caso en el devenir de los flujos migratorios.
Es curioso cómo sus efectos normalmente se caracterizan por ser movimientos boomerang, de ida y vuelta. La respuesta debe partir igualmente de una planificación serena que permita asegurar flujos ordenados y analizar sus consecuencias, así como el respeto por las características de los territorios y la protección de los derechos humanos.
Todo ello implica procesos administrativos que garanticen los derechos de manera individualizada, debates políticos serenos que se basen en datos científicos, coordinación institucional y planificación estructural ordenada y consciente. Se requiere, por tanto, intervenciones a largo plazo basadas en análisis rigurosos y no en alarma social cortoplacista.
Manuel Marín Gastón, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público (Universidad Nebrija).
Toda contestación al “ataque híbrido” marroquí en Ceuta debe alejarse de una política de apaciguamiento. Por ejemplo, para solucionar la crisis migratoria de 2021-2022 el gobierno, sin consultar a las Cortes, reconoció el plan marroquí de autonomía para el Sahara como propuesta “práctica y realista”. Esa decisión solo transmitió que la instrumentalización migratoria es una estrategia rentable.
Si la solución es arrebatar el poder coercitivo a Marruecos, el camino comienza por señalar cuáles son sus objetivos: los enclaves españoles en África y las islas Canarias. En este archipiélago se disputa la zona económica exclusiva ampliada, donde se halla el monte submarino Tropic, rico en tierras raras como el telurio.
Con esto en mente, el gobierno debería abandonar el cortoplacismo electoralista y responder con una estrategia ofensiva y con el Congreso. Finlandia y otros países europeos ya legislan medidas excepcionales como suspender el asilo temporalmente en caso de ataques híbridos migratorios. No es lo ideal en una democracia, pero menos aún lo es ceder a las exigencias del agresor.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction est en pleine révolution avec l’avènement de la politique « zéro émission nette ».
Une étude propose quatre scénarios pour le secteur européen de la construction à l’horizon 2040, en combinant besoins en logement, objectifs « net zéero » et accessibilité financière.
Trois priorités se dégagent de ces scénarios : la rénovation en profondeur du parc immobilier existant, une infrastructure numérique permettant de surveiller les performances énergétiques ainsi que de nouvelles compétences et capacités organisationnelles pour la construction industrialisée.
L’Europe est confrontée à une double crise qu’elle n’arrive pas à résoudre. Au cours des quinze dernières années, les prix de l’immobilier ont augmenté de 60 % et les loyers de 30 % à travers l’Europe, tandis que le nombre de permis de construire a chuté de 20 %. Sur la même période, les coûts de construction dans l’Union européenne (UE) ont augmenté de 56 %.
Pourtant, la Commission européenne prévoit une hausse de la demande de logements de plus de 2 millions d’unités par an. La Banque européenne d’investissement estime que l’UE a actuellement besoin de 2,25 millions de logements supplémentaires, soit environ 50 % de plus que ce qui est réellement construit.
Les bâtiments construits restent parmi les plus grandes sources d’émissions de gaz à effet de serre du continent.
La crise de l’accessibilité au logement et la crise climatique ne sont pas deux problèmes distincts. Il s’agit d’une défaillance systémique interdépendante. Le secteur européen de la construction et de l’immobilier se trouve au cœur de ces deux phénomènes.
Nous avons mené une étude sur plusieurs années avec des dizaines d’experts européens du secteur – architectes, promoteurs, fournisseurs de matériaux, énergéticiens, gestionnaires – afin de détailler quatre scénarios pour le secteur européen de la construction à l’horizon de 2040, en combinant les (forts) besoins en logement et des objectifs « net zéro ».
Environ 40 % de la consommation énergétique de l’Europe
Le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (Architecture Engineering Construction, AEC) a connu quatre décennies de stagnation de la productivité. La complexité des procédures d’autorisation, la fragmentation de la gouvernance et une structure industrielle axée sur des projets ponctuels l’ont empêché de fournir à grande échelle des logements abordables, agréables à vivre et durables.
À la fin de l’année 2025, l’offre de logements neufs dans l’Union européenne ne répondait qu’à 50 % de la demande réelle. Cette situation s’est aggravée avec la flambée des coûts de main-d’œuvre et des matériaux.
Par ailleurs, la hausse et la volatilité des prix de l’énergie ont également entraîné une augmentation de la production de matériaux grands consommateurs d’énergie, tels que le ciment, l’acier et le verre, accentuant ainsi la hausse des coûts de construction. Parallèlement, les bâtiments représentent environ 40 % de la consommation énergétique de l’Europe et 36 % de ses émissions de CO₂.
Transformer les modèles économiques
Le Pacte vert pour l’Europe, le Plan d’action pour l’économie circulaire et la taxonomie de l’Union européenne pour les activités durables exigent une décarbonation structurelle, du secteur de la construction notamment. Cependant, comme le souligne clairement le « Reimagining Real Estate » du Forum économique mondial (2024), les engagements en matière de technologie et de durabilité ne sont pas suffisants s’ils ne s’accompagnent pas d’une refonte totale des rôles de ceux qui construisent, possèdent et gèrent les logements.
Le précédent cadre du Forum économique mondial, intitulé « Framework for the Future of Real Estate », en 2021, formulait le même avertissement : accessibilité financière et décarbonation ne pourraient converger qu’à condition que le secteur transforme en profondeur ses modèles économiques et ses structures de gouvernance.
Aucun de ces deux cadres ne précise par quelles voies concrètes cette transformation pourrait réellement s’opérer.
Des logements énergivores
La France illustre à quel point les objectifs européens en matière de logement et de climat peuvent rapidement entrer en conflit. En avril 2026, le gouvernement a annoncé un plan de relance du logement visant à accélérer la construction, à décentraliser certaines décisions et à lancer un troisième grand programme de rénovation urbaine.
Sa proposition la plus controversée permettrait de remettre sur le marché locatif les logements énergivores classés F et G. La condition sine qua non : les propriétaires s’engagent à les rénover dans un délai de trois ans pour les maisons individuelles et de cinq ans pour les immeubles d’habitation.
Selon les règles actuelles, les logements classés G sont interdits de location neuve ou renouvelée depuis 2025, et ceux classés F le seront à partir de 2028. La question est de savoir si l’application de la loi et le financement permettront de concrétiser ces rénovations.
Vu d’Espagne et d’Allemagne
Dans toute l’Europe, les gouvernements s’efforcent d’accroître l’offre de logements sans compromettre les objectifs climatiques.
L’Espagne a opté pour une approche « industrielle », utilisant les fonds européens pour construire des logements sociaux – dont le parc est limité – plus rapidement et à moindre coût, tout en faisant face à une forte demande de location touristique. Objectif affiché : 15 000 nouveaux logements sociaux par an, en réduisant de 60 % le temps nécessaire à leur mise sur le marché. Sur le parc immobilier dans son ensemble, le déficit total de logements est estimé à 750 000 unités.
L’Allemagne est confrontée, dans une moindre mesure, à cette même problématique : les mises sur le marché de logements ont avoisiné les 206 000 unités, soit leur plus bas niveau depuis treize ans en 2025, loin des estimations antérieures qui tablaient sur un besoin annuel de 320 000 appartements jusqu’en 2030.
Quatre scénarios plausibles pour 2040
Dans notre recherche, nous avons élaboré quatre scénarios pour le secteur européen de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction à l’horizon 2040. Ces scénarios ne sont pas des prédictions.
Dans le premier scénario, des géants économiques dominent le secteur, tandis que les grandes entreprises technologiques et les entreprises de construction de type fabricant d’équipement d’origine – une entreprise qui fabrique des pièces, des composants ou des logiciels – s’imposent grâce à une construction industrialisée hors site, fondée sur les données. Les logements deviennent des services par abonnement ; les plateformes fixent les normes et la productivité augmente fortement. Cependant, l’accessibilité financière et l’autonomie des locataires restent des sujets de controverse, et les petites entreprises peinent à survivre.
Dans le second scénario, l’avenir est circulaire : une coalition de régulateurs, d’institutions financières et d’entreprises pionnières intègre les principes circulaires dans la législation en matière d’urbanisme, dans les marchés publics et dans la finance. Les bâtiments deviennent des banques de matériaux documentées ; les biomatériaux remplacent le béton ; la rénovation domine la construction.
Si dans cette hypothèse, l’impact carbone et celui du besoin en ressources diminuent notablement, le scénario doit être accompagné – pour les moyennes et grandes villes – d’un effort sur le financement. Pour cela, les pouvoirs publics doivent s’intéresser de près aux politiques de construction, aux typologies de logement et aux modèles de propriété.
Dans le troisième scénario, le secteur public prend les rênes : les gouvernements interviennent directement lorsque les mécanismes du marché ne parviennent pas à produire les résultats escomptés à grande échelle. Des objectifs contraignants, des typologies standardisées et des programmes d’investissement public favorisent une décarbonation rapide et améliorent l’offre de logements, ce, au détriment de l’innovation privée et de l’expérimentation créative.
Dans le quatrième scénario, celui de la révolution de l’énergie verte, la décarbonation rapide du réseau électrique redéfinit l’ensemble de la question du logement. Les bâtiments deviennent des « ressources actives » au sein de réseaux intelligents bidirectionnels, et le carbone opérationnel disparaît en grande partie. En d’autres termes, la généralisation des « smart grids » (réseaux de distribution optimisés, dans les deux sens, entre fournisseurs et consommateurs) réduit considérablement l’impact carbone des lieux de vie et de travail.
L’attention se porte alors sur l’impact carbone intrinsèque – celui associé à l’ensemble du cycle de vie des matériaux, la précarité énergétique et les effets distributifs d’une transition qui profite à certains ménages bien plus qu’à d’autres.
Trois priorités
Ce que nous mettons ici clairement en évidence, c’est qu’il n’y a pas de lien automatique entre la construction de nouveaux logements, la décarbonation du parc immobilier et l’accessibilité financière du logement.
Les mêmes instruments – finance verte, marchés publics circulaires, numérisation – peuvent conduire à des résultats très différents selon le type d’intervenants qui orchestre le système et selon la logique de gouvernance qui prévaut.
Trois priorités (pour « ne rien regretter ») se dégagent de ces scénarios :
la rénovation en profondeur du parc immobilier existant est incontournable dans tous les scénarios. La seule question est de savoir qui paie et qui en tire profit ;
une infrastructure numérique permettant de surveiller les performances énergétiques et matérielles semble nécessaire, quel que soit l’acteur en charge ;
de nouvelles compétences et capacités organisationnelles pour la construction industrialisée et la réflexion sur le cycle de vie doivent être développées dès maintenant, et non « en attendant » l’accélération de la transition.
Reste à savoir si les décideurs politiques l’utiliseront pour remédier aux défaillances structurelles de la gouvernance que nos scénarios révèlent, ou s’ils se contenteront d’ajouter de nouveaux instruments à un système dont les tensions fondamentales restent non résolues. Le secteur du bâtiment dispose d’une quinzaine d’années pour y parvenir.
Les scénarios d’avenir existent ; les choix nous appartiennent.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
Source: The Conversation – in French – By Damien Marage, Géographe et écologue, Professeur des Universités, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
L’ESSENTIEL
Il y a en moyenne cinq fois plus de bois mort dans les forêts françaises aujourd’hui qu’il y a vingt ans.
La nécromasse est souvent accusée de provoquer des fléaux tels que des incendies ou des épidémies. C’est infondé.
Le bois mort est, au contraire, fondamental à l’écosystème forestier et un indicateur de la biodiversité des forêts.
Les épisodes caniculaires, les sécheresses successives, les attaques parasitaires, les tempêtes sont en partie à l’origine de l’augmentation de la quantité de bois mort dans les forêts de l’Hexagone. Selon l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), son volume moyen a été multiplié par cinq en vingt ans, passant de 5 mètres cubes par hectare à 25 mètres cubes par hectare (m3/ha).
Face à cette réalité, on peut entendre une petite musique monter : le bois mort serait un fléau tant il encombrerait les parcelles, qui seraient à cause de lui mal entretenues, plus inflammables, plus propices à la propagation de ravageurs… Ainsi présenté, le bois mort ne serait que problème. Tâchons d’y voir plus clair.
Le bois mort : une composante primordiale des forêts
Commençons par un constat paradoxal : le bois mort est plein de vie.
Une multitude d’espèces spécialisées dépendent de caractéristiques forestières particulières, résultant du vieillissement – appelé sénescence en botanique – puis de la mort des arbres.
En pleine possession de ses moyens, un arbre vivant protège son tronc, ses branches et ses racines des insectes, des champignons et des pathogènes par les barrières physiques et chimiques que constituent l’écorce et des molécules complexes que sont tannins, résines et latex.
Mais lorsqu’il est affaibli en raison d’une perturbation ou d’un stress ou bien parce qu’il vieillit naturellement, ces défenses s’amenuisent et vont permettre à des myriades d’organismes de s’immiscer sous l’écorce, dans son aubier (partie du bois juste derrière l’écorce) et jusqu’au duramen (partie centrale d’un tronc).
Ainsi, plus de 40 % de la diversité biologique des écosystèmes forestiers relève d’organismes « recycleurs de bois » appelés « saproxylophages ». On distingue parmi eux les espèces saproxyliques, qui ne consomment que le bois mort en décomposition, et les espèces xylophages, qui réalisent leur cycle de vie dans le bois (mort ou vivant).
Le recyclage du bois mort
La quantité d’arbres morts sur pied et au sol par unité de surface représente la nécromasse de la forêt. Son recyclage se déroule en trois temps, d’abord celui de la colonisation, puis celui de la décomposition et, enfin, celui de l’humification.
Lors de la première phrase, des centaines d’espèces de champignons, comme l’amadouvier responsable de la « pourriture blanche » ou bien la « moisissure noire », vont venir coloniser le bois mort.
Ensuite, la phase de décomposition est généralement liée aux insectes dont beaucoup de coléoptères, notamment la famille des cérambycidés (capricornes ou longicornes) qui se nourrissent de bois mort. On compte en leur sein certaines espèces emblématiques, comme le lucane cerf-volant, la rosalie des Alpes, le grand capricorne du chêne ou le pique-prune.
De gauche à droite : lucane cerf-colant, rosalie des Alpes, grand capricorne du chêne et pique-prune. Clame Reporter, Peter Krimbacher, Lidewijde, Magnefl/Wikimedia, CC BY
Enfin, la phase d’humification est réalisée par des organismes détritivores (champignons, acariens, collemboles, oribates, bactéries), qui se nourrissent de la matière organique en état avancé de décomposition et incorporent les restes de bois dans l’humus qu’ils contribuent à former. Cette action renforce le stockage du carbone dans le sol forestier, qui, en France, est souvent plus important que le carbone stocké dans la partie aérienne de la forêt. L’humidification permet également de restituer des éléments minéraux essentiels à la santé des arbres et de la forêt.
La durée de ces trois phases varie de cinq ans à plus de cent ans en fonction de l’essence, de la taille des débris et du contact avec le sol.
Un signe du bon état écologique des forêts
Le recyclage du bois mort mobilise lors de toutes ces phases un ensemble de chaînes alimentaires complexes auxquels prennent part des crustacés (les cloportes), des mollusques (le discret Discus), des microorganismes, des oiseaux – comme les pics qui forent le bois à la recherche d’insectes ou pour concevoir un nid – ou des mammifères, à l’instar des chauves-souris comme le murin de Bechstein.
Dans le réseau national des réserves forestières, qui rassemble les forêts protégées, les volumes et les densités d’arbres morts sur pied et de bois mort au sol sont deux à quatre fois supérieurs aux valeurs moyennes nationales. Ces volumes peuvent dépasser les 100m3/ha.
Cette nécromasse est largement reconnue comme un indicateur composite et complexe de la biodiversité des forêts, du bon état écologique des forêts et comme une mesure de l’efficacité des efforts de protection de la biodiversité. Ces espaces forestiers protégés représentent cependant moins de 2 % de la superficie des forêts hexagonales.
Des dispositifs pour protéger le bois mort
Informés et conscients des enjeux du bois mort, les forestiers ont réalisé des efforts importants pour sa prise en compte dans les forêts gérées. De petites parcelles forestières conservées volontairement pour favoriser les arbres âgés, les arbres morts et la biodiversité associée ont, par exemple, été créées. On les appelle « îlots de vieillissement et de sénescence ».
Des trames de vieux bois ont également été mises en place afin de créer une continuité de vieux arbres au sein d’une forêt permettant de faire prospérer la biodiversité inféodée aux vieux arbres ou aux arbres morts. Un plan national d’action consacré notamment aux vieux bois a, en outre, été élaboré en 2022.
C’est une évolution satisfaisante pour les biologistes, les écologues et les protecteurs de la nature, mais pas toujours pour la foresterie ou la société en général. Pour quelles raisons ?
Les procès faits au bois mort
D’abord, l’exploitant forestier et le scieur veulent du bois sain : personne ne construit de charpente en bois pourri ! Le forestier « ampute » donc le cycle forestier de cette longue phase de sénescence. Il y a logiquement, par conséquent, moins d’arbres sénescents et de bois mort dans les forêts exploitées que dans les non exploitées.
Ensuite, le bois mort peut provoquer des incendies. Lorsqu’il est sec sur pied, c’est un bon combustible et une véritable chandelle tendue vers le ciel, qui attire la foudre. De longues dates, les Canadiens et États-Uniens de la côte ouest sont accoutumés à ces cycles de grands incendies forestiers provoqués par celle-ci.
Toujours aux États-Unis et au Canada, le bois mort dérivant crée des amoncellements appelés embâcles sur les grands cours d’eau dont les barrages hydroélectriques ne peuvent alors plus fonctionner. Il faut en réduire la quantité dans les versants forestiers adjacents et les éliminer.
Le bois mort est également accusé de favoriser la pullulation d’insectes, comme les scolytes, des coléoptères qui pondent sous l’écorce des résineux affaiblis et pouvent se propager vers des forêts saines.
Il faut alors tout couper sans hésitation et avec la plus grande diligence. Les arrêtés préfectoraux des trois régions de l’est de la France (l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne) sont là pour en témoigner : des millions d’épicéas scolytés ont ainsi été récoltés, souvent par coupe rase, amputant alors le sol d’un possible retour d’éléments minéraux.
Enfin, le bois mort est perçu par la plupart d’entre nous comme étant sale, le signe d’une forêt mal gérée, difficile d’accès et rendue dangereuse par la chute des branches ou des troncs morts.
Tous ces procès faits au bois mort sont-ils justes ? Reprenons point par point les griefs dont il est la victime.
Alors, si encombrant que cela le bois mort ?
À propos de l’exploitation du bois mort, il est tout à fait possible de l’utiliser, car les propriétés mécaniques restent identiques, un certain temps. Les bois scolytés, les frênes atteints de chalarose, par exemple, peuvent être employés, seules quelques légères colorations peuvent constituer un défaut visuel. L’État l’indique bien dans ses prescriptions.
Les griefs des exploitants forestiers ont peut-être parfois une autre origine : lorsqu’une grande partie de bois mort afflue sur le marché, du fait des ravages d’un pathogène par exemple, cela fait chuter les cours du bois et empêche les autres propriétaires, non touchés, de vendre du bois « frais ».
On sait, en revanche, que leur fréquence et intensité sont moindres lorsque la végétation est clairsemée et peu dense, comme c’est le cas dans les systèmes agro-sylvo-pastoraux, qui allient production agricole et production forestière. Avec le déclin de ces territoires ruraux, une accumulation de biomasse, résultat de l’abandon d’activités agro-sylvo-pastorales, s’est produite, mais avec peu de bois mort car ce sont de jeunes boisements.
Dans ces paysages, comme partout ailleurs, le bois mort au sol joue du reste le rôle d’une éponge. Gorgé d’eau, il la restitue à l’écosystème.
Une autre chose qu’on ne sait pas toujours, c’est que les incendies de forêt sont également corrélés à l’instabilité sociale, comme le chômage. On s’attend donc à ce que davantage d’incendies se déclarent dans des territoires en déclin social continu dans les zones rurales en voie de dépeuplement.
Ainsi, la forêt est peut-être surtout une construction sociale qu’il faut inclure dans les politiques d’aménagement de nos territoires.
C’est ce que l’on constate également avec les embâcles (amoncellement naturel ou artificiel de matériaux, ndlr). Nous savons aujourd’hui, grâce aux travaux des hydrogéomorphologues qu’ils sont importants dans le fonctionnement des cours d’eau : ils déterminent le débit, piègent les sédiments et la matière organique qui fournit de la nourriture, des refuges et une couverture protectrice aux poissons. Les embâcles complexifient ainsi la morphologie des cours d’eau et, aussi, notre rapport à ce processus.
Venons-en maintenant aux insectes dits « ravageurs ». Non, ils ne détruisent pas systématiquement les forêts saines.
Déjà dans les années 1920, la question s’était posée avec la même acuité qu’aujourd’hui lors de la création du premier parc national suisse. Les conclusions d’Auguste Barbey, entomologiste forestier de renommée internationale, furent sans équivoque : point de danger.
Si l’on prend, par exemple, les scolytes qui ravagent actuellement l’est de la France, les réelles causes de leur prolifération sont bien connues : des sécheresses qui se multiplient avec le changement climatique et qui affaiblissent les arbres et les rendent plus colonisables par les scolytes, des paysages où les monocultures d’épicéa se succèdent sans diversité d’espèces pouvant faire barrière, des hivers doux qui permettent à davantage d’individus de survivre jusqu’au printemps…
Que vive le bois mort !
Que retenir de tout cela ? Le bois mort ne peut nuire aux forêts puisqu’il en est une composante intrinsèque fournissant gîte et couvert à un nombre considérable d’espèces qui participent en retour à la fertilité des sols. En quantité et en qualité, il est le signe d’une forêt en bon état écologique.
Face aux incendies, aux embâcles comme aux pathogènes qui ravagent les massifs français, ne nous trompons donc pas d’ennemis. Avec une trajectoire d’augmentation des températures de 4 °C d’ici à la fin du siècle et 10 fois plus de jours de vagues de chaleur, les feux de forêt devraient augmenter de 70 % en 2050 par rapport à la période 2000-2020.
Oui, il y a des forêts plus vulnérables que d’autres aux incendies, oui il existe des conditions météorologiques plus propices, oui nous avons raison de nous inquiéter de l’étalement urbain en périphérie des massifs, de l’abandon des territoires ruraux.
Mais non, le bois mort n’est pas dangereux ; non, il n’est pas de trop en forêt.
Pourquoi alors le bois mort a-t-il un statut de paria alors qu’il était une ressource indispensable à la vie des communautés rurales du XIXᵉ siècle? C’est parce que nos sociétés sont de plus en plus coupées de cette fabuleuse destinée du bois mort. Nous sommes ainsi devenus ignorants de la longueur des cycles forestiers, déconnectés de la lenteur de décomposition du bois mort, et nous considérons bien souvent la forêt comme un simple parc de loisir.
Ainsi, la chute potentielle de bois mort le jour où le vent souffle est perçue comme un désagrément. Aurons-nous la capacité de différer la satisfaction de nos désirs pour que d’autres humains, ou autres qu’humains, puissent jouir à l’avenir de forêts paisibles et sensibles ?
Guy Lempérière, entomologiste forestier, ancien chercheur au Laboratoire d’écologie alpine (LECA) de l’Université de Grenoble-Alpes et directeur de recherche à l’IRD a contribué à la rédaction de cet article.
Damien MARAGE a reçu des financements de l’ANR. Il est membre du Conseil national de la protection de la nature et expert auprès du comité français de l’UICN.
Le Rassemblement national tente de capter l’héritage gaulliste, alors que son ancêtre, le Front national, est lié à des partisans de Vichy et de l’Algérie française.
Le projet de référendum constitutionnel du RN épouse la posture gaullienne de refondation sociopolitique de la France.
L’image du gaullisme s’oppose à celle du macronisme : de Gaulle incarne le renforcement de l’État et une légitimité tirée de l’appel au peuple.
L’espace politique français a vu se multiplier les références au gaullisme, de la part des commentateurs, des intellectuels, mais aussi des candidats à l’élection présidentielle de 2027. Il en va ainsi du Rassemblement national (RN), alors même que Jean-Marie Le Pen était en totale opposition au gaullisme et que le noyau dur du FN réunissait des anciens collaborateurs de Vichy à des partisans de l’Algérie française.
Mais il en va également ainsi et, peut-être de manière surprenante, de post-macronistes comme Édouard Philippe ou Gabriel Attal, qui en appellent à l’autorité de l’État tout en étant imprégnés, pour l’un, de la vision néolibérale d’Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy et, pour l’autre, de managérialisme macronien.
La question qui se pose est alors de savoir ce qui se joue dans cette référence au gaullisme. Une première explication est celle de la captation d’héritage afin de renforcer le processus de normalisation du RN et de faire oublier l’histoire de l’extrême droite, notamment dans son rapport à la colonisation.
L’idée serait que le RN construirait le récit d’une fausse filiation, reprenant indûment à son compte la poursuite d’un projet souverainiste tout en le déformant par sa volonté d’en faire un projet étroitement nationaliste, comme semblent l’indiquer les propositions de révision constitutionnelle qu’il envisage s’il arrive au pouvoir.
Cette récupération va jusqu’à utiliser l’article 11 de la Constitution – soit la procédure de référendum – pour modifier le texte constitutionnel en court-circuitant le Parlement, dont on peut penser qu’il n’offrirait pas de majorité absolue au RN en 2027, à l’instar du général de Gaulle qui avait utilisé cet article, en 1962, pour instaurer l’élection du président au suffrage universel direct ou, en 1969, pour réformer la composition du Sénat, ce qui avait suscité et suscite encore le désaveu d’une grande majorité de juristes.
Sur le fond, néanmoins, on voit que le RN entend ressusciter dans ce projet de référendum constitutionnel la posture gaullienne de refondation sociopolitique de la France. Il s’agit bien de s’extraire de la politique ordinaire pour effectuer, comme en 1958, une rupture historique dans une geste salvatrice.
Le recours à l’article 11, qui permet de se prononcer sur l’organisation des pouvoirs publics, les politiques économiques et sociales ou les services publics, devient en effet le signe d’un appel direct au peuple en passant par-dessus le « système ». Cette révision, qui aurait pour but de constitutionnaliser certains des objectifs politiques du RN, comme le contrôle de l’immigration, la défense de l’identité française, la préférence nationale ou la primauté du droit national sur les normes internationales, s’inscrit dans une stratégie qui fait appel au peuple non plus comme acteur politique ou social, mais comme acteur constituant. C’est ici que l’on peut mener une autre analyse.
On peut donc lire cette tentation constituante, à l’instar de celle que propose, certes dans une autre perspective, La France insoumise (LFI) et son projet de VIᵉ République, comme la réponse à ce qui mine la vie politique depuis 2017, à savoir l’inadaptation profonde des formules politiques récentes à la société française confrontée à une impuissance publique qu’elle peut constater au quotidien dans le vote du budget, la lutte contre les incendies de forêt ou la cybercriminalité qui vide tranquillement les banques de données fiscales ou scolaires.
Le RN s’est engouffré dans l’effondrement du modèle d’État-providence à la française supposant des services publics forts et des élites dévouées à l’intérêt général plus qu’à leur carrière dans le privé. Le gaullisme devient alors la solution miracle alliant le renforcement de l’État et de son autorité à sa légitimation par l’appel direct au peuple.
Le gaullisme présidentiel, que l’on doit distinguer du gaullisme d’appareil perclus de compromissions partisanes notamment à partir de 1974, alliait le volontarisme politique à la démocratisation de la vie politique par le recours au référendum ou à la responsabilité du chef de l’État. C’est un projet de lutte contre l’impuissance publique et la crise de confiance dans la démocratie qui caractérisent la IVᵉ République comme le macronisme finissant.
On peut tenter de définir le gaullisme par trois principes. Le premier est celui d’un présidentialisme précaire soumis à l’approbation du peuple. Qu’une élection législative ou qu’un référendum soit perdu et le mandat présidentiel est remis en cause.
Le second est le culte de l’État comme gardien de l’intérêt général au-dessus des partis et de leurs stratégies électorales ou gouvernementales, ce qui impose une distance institutionnelle entre le président de la République et le premier ministre.
Le troisième est la souveraineté nationale, sur le plan militaire (arme nucléaire) comme sur les plans technologique (grands programmes aérospatiaux ou ferroviaires, énergie nucléaire civile), économique (relation distante des marchés financiers comme à l’égard de ce qui n’est pas encore l’Union européenne, mais la CEE, aux compétences plus réduites) et, bien évidemment, international (la France mettant à distance les États-Unis comme l’URSS et se faisant leader des non-alignés).
À ce titre, le gaullisme, né de la Seconde Guerre mondiale, a reçu une seconde légitimation par sa politique de décolonisation après que la crise algérienne a fait sauter la IVᵉ République. Il a surmonté l’indignité de Vichy comme l’indignité coloniale en proposant un nouveau modèle politique à l’international.
Force est de constater que le macronisme reste l’un des principaux moteurs politiques du vote RN, car il a, en quelque sorte, mené l’anti-gaullisme à son apex. Ceci par son indifférence à l’échec politique (lors des élections européennes de 2019 ou législatives de 2024, sans parler des municipales de 2026). Mais aussi par la fragilisation de l’État dont il a démantelé les corps les plus prestigieux (le corps préfectoral créé par Bonaparte ou le corps diplomatique) tout en mettant les agents de terrain dans la plus grande difficulté à exercer décemment leurs métiers (comme le montre l’appel récent des sapeurs-pompiers à la grève). Enfin, par son incapacité à restaurer la France comme puissance arbitrale et conciliatrice sur la scène internationale ou dans l’illusoire souveraineté numérique face aux Gafam et à l’IA qui mobilisent désormais autant de capitaux qu’un État développé.
L’illusion du volontarisme
Il ne faut donc pas prêter au RN plus de machiavélisme qu’il n’en a. Il récolte désormais les fruits gâtés, et donc sans avoir à beaucoup secouer l’arbre, de la séquence politique ouverte en 2017. Construite sur des promesses de progrès économique et d’innovation supposant une société confiante en ses dirigeants et en elle-même, cette séquence s’est conclue par une crise démocratique sans précédent, un niveau de défiance record dans les institutions nationales et une société en miettes qui a perdu ses repères, y compris le vote de classe.
La référence au gaullisme n’est que la figure de l’anti-macronisme de droite, qui attire d’ailleurs de plus en plus les anciens électeurs des Républicains et dont le RN s’est fait le porte-drapeau.
Mais l’heure est passée de la fameuse formule miracle qui doit faire renaître la France mythifiée d’autrefois, celle de la souveraineté nationale et de la décision efficace. Le RN, comme les autres partis, va devoir se confronter à deux facteurs que le gaullisme originel n’a pas connus.
Le premier est celui de l’argent : l’argent public est introuvable, l’argent privé est omniprésent.
Le général de Gaulle disait en octobre 1966, lors d’une conférence de presse, que « la politique de la France ne se fait pas à la corbeille », alors que la dette publique représentait en 1962 moins de 25 % du PIB. Mais, aujourd’hui, c’est bien le cas, lorsque cette proportion est de 117 % pour un montant dépassant 3 500 milliards d’euros. L’UE comme le FMI et surtout les marchés financiers n’attendront pas éternellement que la situation budgétaire française s’améliore et le RN, s’il accède au pouvoir, devra choisir entre couper dans les dépenses publiques au détriment des catégories populaires qui votent massivement pour lui ou bien augmenter la fiscalité au détriment des catégories moyennes et supérieures qui l’ont rejoint et lui offrent une majorité potentielle.
Le second, bien plus profond et sans doute plus grave, tient au déplacement des centres de pouvoir au profit des grandes entreprises et des marchés.
L’impuissance publique est-elle réparable ? La politique peut-elle encore changer la vie alors que le moindre ordinateur ou logiciel vient d’ailleurs ? Peut-on affirmer que la souveraineté, qui n’est désormais ni monétaire, ni militaire, ni technologique, ni culturelle, ni même alimentaire puisse encore avoir un sens autre qu’historique ?
La société française a anticipé ce mouvement bien avant les dirigeants politiques en s’investissant désormais bien plus dans la sphère privée ou associative que dans la vie militante. Le rapport au politique a changé, il est devenu plus instrumental et plus sceptique. Et le RN, tout comme les autres forces politiques, va devoir faire avec cette nouvelle anthropologie politique.
Luc Rouban ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
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