Gentrificación, sobreexplotación turística, vivienda escasa: ¿y si no todo fuera culpa de Airbnb?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan Ignacio Pulido Fernández, Catedrático de Economía Aplicada (Economía del Turismo), Universidad de Jaén

Señal de protesta contra Airbnb en Montreal, Canadá. BalkansCat/Shutterstock

En muchos destinos, cuando el turismo empieza a incomodar, el debate público encuentra enseguida un culpable reconocible: Airbnb. La plataforma (y, en general, el alquiler turístico de corta duración) concentra buena parte del malestar porque es visible, porque afecta a la vivienda y porque transforma barrios que antes no se sentían turísticos.

No se trata de una preocupación menor. Eurostat estima que, en 2025, se reservaron 951,6 millones de noches en la Unión Europea a través de grandes plataformas de corta estancia. Y hemos visto, además, cómo estos alojamientos pueden contribuir a la presión residencial, la subida de precios y la turistificación de los centros urbanos.

El debate ya no se circunscribe solo a Barcelona, Venecia o Ámsterdam. También aparece fuera de los grandes circuitos turísticos tradicionales. Algunos ejemplos: en Cuenca, ciudad patrimonial ecuatoriana, el crecimiento del alojamiento temporal ha tensionado el mercado inmobiliario de su centro histórico y puesto en evidencia la falta de datos, registro y capacidad de regulación turística de las autoridades locales. En Medellín (Colombia), el auge del turismo ha hecho crecer el mercado de viviendas turísticas, encarecido el alojamiento y generado conflictos de convivencia en algunos barrios. En Tirana y otros destinos urbanos albaneses, la rápida expansión del alquiler de corta estancia empieza a vincularse con la presión sobre el mercado residencial y la dificultad de acceso a alquileres asequibles para la población local.




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Parte del problema (pero no todo)

Que Airbnb forme parte del problema no significa que sea todo el problema. Culpar solo a las plataformas resulta políticamente cómodo, pero analíticamente pobre. Permite señalar un actor concreto, regularlo (a veces tarde, a veces mal) y transmitir la impresión de que se actúa. Sin embargo, muchos conflictos actuales en destinos consolidados y emergentes responden a una cuestión más profunda: durante años se ha gestionado el turismo como si fuera solo promoción, no como una política pública territorial.

El turismo no ocupa un espacio vacío. Utiliza patrimonio, vivienda, transporte, agua, residuos, recursos naturales, comercio, espacio público y tolerancia social. Cuando los flujos crecen más rápido que la capacidad institucional para ordenarlos, aparecen externalidades: congestión, ruido, encarecimiento de la vivienda, pérdida de comercio cotidiano, saturación patrimonial, precarización laboral o rechazo vecinal. La turismofobia rara vez nace del turismo en abstracto; suele nacer de la percepción de que los beneficios se privatizan y los costes se socializan.




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Crecimiento desmedido

El crecimiento turístico global refuerza este diagnóstico. UN Tourism cifró en 1 523 millones las llegadas internacionales de turistas en 2025, superando los niveles previos a la pandemia. La cuestión, por tanto, no es si el turismo crecerá, sino bajo qué reglas, con qué límites y para quién.

La OCDE señala que el sector necesita políticas coordinadas, prospectivas y basadas en evidencia para ser más resiliente, sostenible e inclusivo. Esa es la carencia de muchos destinos: mucha promoción, poca planificación; muchos actores vendiendo el destino, pocos gobernándolo.

El problema se agrava porque el turismo no funciona como una organización única sino como una red de actores con intereses, competencias y objetivos distintos. Hoteles, viviendas turísticas, guías, comercios, restaurantes, plataformas, administraciones, residentes, inversores inmobiliarios, operadores culturales y empresas de movilidad actúan con lógicas distintas. Si no existe una gobernanza clara, cada actor maximiza su interés particular. En economía esto no sorprende: cuando un recurso compartido (el atractivo, el espacio público, la vida en los barrios) se explota sin coordinación, el resultado puede ser ineficiente, aunque cada decisión individual parezca racional.

Esa fragmentación sobrepasa a empresas y residentes, también es frecuente entre las propias instituciones responsables del turismo. Especialmente en las primeras etapas de desarrollo de un destino, administraciones, organismos de promoción y otros actores suelen planificar, generar información e impulsar iniciativas de forma independiente, respondiendo a sus propios objetivos en lugar de a una estrategia compartida. El resultado son esfuerzos duplicados, recursos dispersos y decisiones que reducen la capacidad del destino para actuar de forma coordinada y generar valor colectivo.

Hacia un nuevo modelo

Por eso el debate no debería formularse como “Airbnb sí, Airbnb no”, sino como “qué modelo de destino queremos y con qué instrumentos lo hacemos viable”. Regular los alquileres turísticos puede ser necesario, especialmente en zonas tensionadas. La Unión Europea aprobó un reglamento para mejorar la recogida y el intercambio de datos sobre alquileres de corta duración.

Pero la regulación de una plataforma no sustituye a una política integral de destino. Hace falta zonificación turística, límites de capacidad cuando proceda, gestión de flujos, fiscalidad finalista, protección de la vivienda residencial, datos en tiempo real, escucha vecinal y coordinación entre turismo, urbanismo, movilidad, cultura, seguridad y medio ambiente.

También falta profesionalización. La gestión de destinos no puede depender solo de la intuición, el voluntarismo político o las campañas de comunicación. Requiere perfiles capaces de interpretar datos, negociar con actores privados, diseñar indicadores, evaluar impactos, anticipar conflictos y traducir la estrategia turística en decisiones urbanas. Las investigaciones sobre sobreexplotación turística (overtourism) llevan años señalando que no hay soluciones universales y que la gestión debe adaptarse a cada contexto. Sin equipos técnicos sólidos, los destinos reaccionan cuando el conflicto ya ha estallado.




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Medidores turísticos

Otro error es seguir midiendo el éxito del turismo por volumen: más visitantes, más pernoctaciones, más gasto agregado. Esos indicadores son útiles, pero insuficientes. Un destino puede crecer en llegadas y empobrecer su vida local. Puede aumentar la ocupación y deteriorar la convivencia.

El nuevo marco estadístico internacional para medir la sostenibilidad del turismo y los trabajos recientes sobre indicadores locales apuntan hacia la medición de impactos económicos, sociales y ambientales de forma integrada y a escala territorial, y proponen incorporar explícitamente el bienestar de los residentes en la mira de las políticas turísticas.

Turismo generador de valor

El gran cambio de fondo será pasar del turismo como recuento al turismo como generación de valor:

  • Valor territorial, porque mejora el patrimonio, diversifica la economía, fortalece identidad y distribuye oportunidades.

  • Valor social, porque crea empleo digno, respeta la vivienda, mejora servicios y no expulsa a quienes hacen habitable el lugar.

  • Valor público, porque los ingresos turísticos ayudan a financiar los costes que el propio turismo genera.

Las plataformas de alojamiento como Airbnb no son inocuas en los destinos donde se implantan, aunque tampoco son una explicación suficiente. Constituyen un acelerador de tensiones preexistentes: vivienda escasa, planificación débil, dependencia del crecimiento, falta de datos y gobernanza fragmentada.

Reducir el debate a una plataforma digital es tratar el síntoma pero dejando intacta la enfermedad. La pregunta seria no es cómo recibir más turistas, sino cuántos, dónde, cuándo, en qué condiciones y con qué retorno para la comunidad anfitriona. Ahí empieza la verdadera economía del turismo del siglo XXI.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. Gentrificación, sobreexplotación turística, vivienda escasa: ¿y si no todo fuera culpa de Airbnb? – https://theconversation.com/gentrificacion-sobreexplotacion-turistica-vivienda-escasa-y-si-no-todo-fuera-culpa-de-airbnb-287058

Dos millones de votantes, cinco elecciones y solo dos anuncios: así ignoran los partidos al electorado latino

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jordi Rodríguez-Virgili, Profesor de Comunicación Política, Universidad de Navarra

En junio de 2016, una mujer colombiana con doble nacionalidad apareció en un vídeo grabado con el móvil durante un acto del Partido Popular. Se llamaba Martha Inés y pedía el voto en nombre de “los latinos”. Ella no lo sabía, pero ese vídeo –visto por unos cientos de personas– sería uno de los dos únicos momentos en ocho años de campañas nacionales en que un partido español le hablaría directamente al electorado latinoamericano. El otro llegaría en 2023, el último día de campaña, también del PP: un anuncio de mayor calidad, pero de escasa difusión. Entre medias, cinco elecciones generales, 11 389 piezas de comunicación y un silencio casi total.

Según el Instituto Nacional de Estadística, 4,6 millones de personas residentes en España nacieron en América Latina. De ellas, dos millones ya tienen nacionalidad española y, por tanto, derecho a voto en las elecciones generales: el 5,3 % del censo electoral. Su peso demográfico es relevante; su peso político en campaña, casi nulo.

Una paradoja incómoda

En los últimos años, los partidos han demostrado una capacidad creciente para segmentar su mensaje y dirigirse a públicos muy concretos: celíacos, aficionados a la tauromaquia o a la caza, usuarios del aeropuerto de Sevilla o vecinos de una provincia con un escaño en juego recibieron mensajes a medida, sobre todo desde que Meta Ads y Google Ads permiten segmentar audiencias con precisión casi quirúrgica.

Si los partidos pueden segmentar con tanta precisión a nichos mucho más pequeños que el electorado latinoamericano (los celíacos son, según los propios anuncios del PP, el 1 % de la población), su omisión no se explica por falta de medios técnicos. Apunta, más bien, a lo que la filósofa Nancy Fraser describe como exclusión simbólica: un grupo no es perseguido ni discriminado abiertamente, pero tampoco se le reconoce como interlocutor político legítimo, lo que lo relega a una posición de “subordinación de estatus” en la esfera pública.

El vídeo de Martha Inés es modesto, casi casero. Apenas dura un minuto. Habla directamente a cámara y destaca medidas concretas: la supresión de visados para colombianos y peruanos, la promesa de extenderlo a ecuatorianos. Termina con una frase simple: “Yo voto al PP porque mi voto también cuenta”. Se difundió desde las cuentas del partido y de Mariano Rajoy, pero su alcance fue mínimo: menos de 2 000 visualizaciones.

Siete años después, ya con Alberto Núñez Feijóo como candidato, el PP vuelve con un segundo anuncio, protagonizado por una mujer dominicana que narra en primera persona su llegada a España. La producción es de mayor calidad, pero se difundió solo por Meta Ads durante las últimas 24 horas de campaña y segmentado en las comunidades con más población latinoamericana, como Madrid, Andalucía o Cataluña.

Ninguno de los dos anuncios contó con el candidato a la presidencia en persona: fueron gestos puntuales y tácticos, no una estrategia sostenida.

¿Y el PSOE? Tampoco articuló nada parecido. Su acercamiento más explícito fue un vídeo de poco más de 1 000 visualizaciones donde, dentro de un mosaico de minorías y en 20 segundos, la coordinadora del Grupo Latino Socialista prometía eliminar trabas para que “los latinos” votaran con facilidad en las elecciones municipales, no en las generales.

Es uno de los pocos momentos en que un partido reconoce al voto latino como colectivo político diferenciado, aunque no llega a ser una apelación de campaña.
El balance es claro: tras analizar 11 389 piezas (tuits, anuncios en Meta, vídeos en YouTube, TikToks, espacios publicitarios en TVE) en nuestro estudio titulado La exclusión simbólica del voto latino en España: las campañas electorales del PP y PSOE, solo se detectan dos anuncios marginales del PP y un reconocimiento fugaz del PSOE. Ninguno convirtió al voto latino en un destinatario real de su comunicación electoral.

Sin embargo, cuando América Latina aparece en el discurso de los partidos, lo hace de forma instrumental: Venezuela, el chavismo o Bolsonaro se usan como armas en disputas ideológicas internas o espejos donde reflejar miedos, nunca no como puente para movilizar el voto latino.

¿Por qué importa el silencio?

El reconocimiento institucional no es un detalle simbólico. Estudios muestran que la participación depende de sentir que el sistema responde a las propias demandas. Si un colectivo no se siente interpelado, difícilmente percibirá que su voto influye: la invisibilidad alimenta la desmovilización, y esta refuerza, a su vez, la invisibilidad.

Investigaciones de varios autores sobre la representación política de latinoamericanos en España ya apuntaban en esta dirección: sin apelaciones explícitas ni liderazgos visibles de origen latino, el colectivo permanece fragmentado en nacionalidades de origen –colombianos, ecuatorianos, dominicanos…– sin conciencia de grupo compartida.

¿Por qué evitan los partidos nombrar a este electorado en las campañas de las generales? Quizá asuman que ya está integrado y vota como el resto o teman que dirigirse a él de forma explícita se interprete como clientelismo. La pregunta de fondo es más profunda: ¿existe en España una comunidad latina con identidad política propia, como en Estados Unidos, o es una categoría fragmentada sin conciencia compartida? Responderlo exigirá escuchar a los protagonistas: a los votantes de origen latinoamericano y a quienes diseñan las campañas electorales.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. Dos millones de votantes, cinco elecciones y solo dos anuncios: así ignoran los partidos al electorado latino – https://theconversation.com/dos-millones-de-votantes-cinco-elecciones-y-solo-dos-anuncios-asi-ignoran-los-partidos-al-electorado-latino-285195

Cien años sin soledad: en la zona azul de la península de Nicoya, envejecer bien no es un plan individual

Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Antonio Rabadán Sánchez, Profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Alicante

Durante estos últimos años he visitado a más de cincuenta personas centenarias en la zona azul de la península de Nicoya y a sus familias. He entrado en sus casas, me he sentado en sus corredores y he conversado largo con ellas. Lo que más llama la atención de esas vidas tan longevas no es lo que comen ni cómo se mueven, sino que siempre disponen de compañía y apoyo. En una mecedora, a la sombra del porche, suele haber un anciano rodeado, un hijo que vuelve del campo, un nieto al que vigilar, una vecina que se acerca al caer la tarde. A los cien años siguen siendo el centro de algo y de alguien.

Las zonas azules son regiones del mundo con una concentración insólita de personas muy longevas. El término, no exento de críticas, lo acuñaron los demógrafos Gianni Pes y Michel Poulain al cartografiar la longevidad de Cerdeña, y el divulgador Dan Buettner las popularizó al describir cinco en el planeta: Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Icaria (Grecia), Loma Linda (Estados Unidos) y la citada península de Nicoya.

En esta última, la longevidad masculina es excepcional. Los estudios demográficos muestran que un varón de sesenta años natural de esta región costarricense tiene siete veces más probabilidades de llegar a centenario que un japonés. Esa cualidad no aparece en quienes emigran, lo que sugiere que tiene más de entorno que de herencia.

El vínculo no se compra

El factor que se repite no se compra ni se hereda. Es la red de personas que rodea a cada anciano y que no se deshace con la edad.

Esa permanencia apunta a algo de fondo. En la península de Nicoya, la edad social y la cronológica se desacoplan. Una persona puede tener cien años y seguir siendo útil, activa y necesaria. En las sociedades desarrolladas perseguimos un desacople distinto: el de la edad biológica y la cronológica; queremos conservar el cuerpo joven aunque el calendario avance. Su expresión más extrema la encarna Bryan Johnson, el millonario estadounidense que invierte una fortuna en revertir su edad biológica y ha reconocido que su régimen le ha costado relaciones. Optimiza el organismo y descuida el vínculo.

La gerontología ofrece un marco para entender ese vínculo. La teoría del convoy, formulada por la psicóloga estadounidense Toni Antonucci, describe a cada persona avanzando por la vida dentro de un convoy de relaciones. Junto al individuo viajan familiares, amigos y vecinos que le acompañan y sostienen en cada etapa. En la mayoría de las sociedades, ese convoy se va vaciando por viudedad, distancia o mudanzas. En la zona azul de la península de Nicoya parece llegar lleno hasta el final. No es raro encontrar a un centenario rodeado de cuatro generaciones, todavía útil, cuidando a un bisnieto o atendiendo a un hijo dependiente. Ese anciano no envejece tan bien a pesar de su comunidad, sino, como todo apunta, gracias a ella.

El aislamiento puede matar

La importancia de esa compañía no es una intuición. Diversos estudios la respaldan. Hace casi cuatro décadas, un trabajo ya clásico en Science concluyó que el aislamiento social constituye un factor de riesgo de muerte de primer orden. Más tarde, un metaanálisis con más de 300 000 personas estimó que la falta de conexión social se asocia a una mortalidad comparable a la del tabaquismo. Los mecanismos son razonables. Quien tiene a alguien suele cuidarse más, detecta antes una caída o una enfermedad y encuentra un motivo para levantarse.

El problema es que las sociedades desarrolladas han ido desguazando pieza a pieza ese convoy. El sociólogo Zygmunt Bauman describió la modernidad líquida como un tiempo en el que los vínculos se atan sin fuerza para poder soltarlos pronto. La familia, durante siglos el principal sostén, se ha individualizado.

El demógrafo David Reher distinguió entre las sociedades de lazos familiares fuertes, incluidas
las mediterráneas, y las de lazos débiles. Estas últimas son características del norte de Europa y Estados Unidos, donde el individuo prima sobre el grupo. España, como otras sociedades occidentales, transita deprisa del primer modelo al segundo. En una generación, muchos hijos han dejado de envejecer junto a sus padres, y el cuidado de las personas mayores se ha trasladado a residencias e instituciones.

Las cifras lo reflejan. En España, cerca de dos millones de personas mayores viven solas. Entre ellas, 850 000 superan los 80 años y casi ocho de cada diez son mujeres. El número de hogares unipersonales se ha disparado en medio siglo. Una de cada cinco personas mayores de 75 años vive ya en soledad. Lo que era excepción se ha vuelto estructura, y no solo aquí.

Kodokushi o muerte en soledad

En su forma más dura, ese aislamiento termina en lo que en Japón llaman kodokushi: la muerte en soledad, el cuerpo que nadie descubre hasta pasadas semanas o meses. No es una rareza oriental. En las últimas semanas, sin ir más lejos, la prensa española ha recogido varios casos. En un pueblo de Zamora encontraron sin vida a un hombre que vivía solo, tras varios días sin dar señales. En Albacete hallaron los cuerpos de una madre y su hijo a los que nadie veía desde hacía semanas.

Conviene ser prudente con las cifras, porque en España no hay registro oficial de estas muertes. Solo trascienden cuando un vecino se alarma y la noticia llega a un periódico. En el futuro, si nada cambia, el barómetro de la soledad estará en los laboratorios forenses. Algunos, incluso, proponen medir la soledad de un país por el grado de descomposición de los cuerpos al llegar a la autopsia. Porque la corrupción orgánica delata cuánto se tardó en echarlos en falta. Cuesta imaginar una distopía más silenciosa.

Una realidad social, una respuesta comunitaria

Por eso, tratar la soledad como un asunto privado, que cada cual resuelve con voluntad o con una aplicación, resulta insuficiente. Un convoy no se reconstruye en solitario, requiere una comunidad que lo sostenga, y eso es una decisión colectiva.

El propio Gobierno lo ha asumido. Al aprobar en febrero de este año el Marco Estratégico Estatal de Soledades, reconoce que la soledad no es un problema individual, sino una realidad social que exige respuesta comunitaria, con entornos de proximidad, iniciativas intergeneracionales y un urbanismo que acerque. El Reino Unido creó un ministerio de la soledad en 2018, y Japón aprobó en 2024 una ley para combatirla. Cuando varios países desarrollados legislan sobre lo mismo, el problema ha dejado de ser individual.

No conocí en la zona azul de la península de Nicoya a nadie con un plan para llegar a los cien. Conocí a gente con gallinas que alimentar, nietos que educar y vecinos con los que conversar. Ninguno llevaba la cuenta de sus años, solo de sus amistades. En aquellas casas de madera, lejos de Macondo, se puede vivir cien años sin soledad.

The Conversation

José Antonio Rabadán Sánchez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Cien años sin soledad: en la zona azul de la península de Nicoya, envejecer bien no es un plan individual – https://theconversation.com/cien-anos-sin-soledad-en-la-zona-azul-de-la-peninsula-de-nicoya-envejecer-bien-no-es-un-plan-individual-285219

Julian Barnes, el escritor que lleva décadas reflexionando sobre la vejez y la muerte

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Maricel Oró Piqueras, Profesora de literatura y cultura en inglés a la Univeristat de Lleida, Universitat de Lleida

Julian Barnes en el festival HeadRead, Tallin, Estonia, en 2019. Wandering Trad./Wikimedia Commons, CC BY-SA

Hace tan solo unas semanas Julian Barnes fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2026, justo el año en que anunció la publicación de su último libro, convenientemente titulado Despedidas.

Escritor británico de reconocido prestigio que combina la narrativa experimental con humor e ironía, Barnes empezó su carrera literaria en el año 80, con la publicación de la novela Metrolandia. En ese momento contaba con treinta y cuatro años. Y sin embargo, a pesar de esa juventud, ya en sus primeras novelas –Metrolandia, Antes de conocernos y El loro de Flaubert– el amor, el sentido de la vida y la muerte, mezclados con la poca fiabilidad de la memoria individual –a la que nos solemos aferrar de forma enfermiza–, destacan como temas relevantes.

Una mujer centenaria

De hecho, Mirando al sol, publicada justo después de las tres novelas mencionadas anteriormente, cuando el escritor cumple sus cuarenta, se centra en una protagonista femenina de cien años de edad.

Portada de la novela Mirando al sol, de Julian Barnes.

Anagrama

Con un tono irónico a la vez que melancólico, Barnes nos adentra en la vida de Jean Serjeant, una mujer “ordinaria” a quien le pasan cosas “extraordinarias”, como el mero hecho de vivir hasta los cien años con buena salud. Jean Serjeant confiesa que al llegar a la vejez decidió comportarse como una mujer mayor; no porque ella se sintiera mayor, sino porque era lo que la gente esperaba de ella. A pesar de haber vivido un siglo, Jean llega a la conclusión que “las preguntas serias siempre se mantienen sin respuesta”.

Serjeant, de muy joven, fue testigo de la Segunda Guerra Mundial. Como muchos otros protagonistas de Barnes, se pregunta por el sentido de la vida y llega a la conclusión que este no existiría sin la muerte.

La vejez y el final

Otros dos personajes tienen esa cuestión muy presente también en sus narraciones. Uno es George Braithwaite, el protagonista de El loro de Flaubert, quien, a los sesenta y cinco años y después de su jubilación, se dispone a resolver el misterio del pájaro del título. Y otro es Tony Webster, de El sentido de un final, un hombre en su sesentena y jubilado que recibe una herencia inesperada de la madre de una novia de la universidad. A partir de ello se ve obligado a revisar sus años de juventud para darse cuenta de que su memoria había distorsionado algunas de sus decisiones de aquella época.

En ambos casos, la vejez no aparece como una época tranquila y sosegada, sino como un periodo en el que la poca fiabilidad de la memoria individual y colectiva aflora para presentar nuevos dilemas y corroborar que todo aquello que vivimos es una mera interpretación. Por lo tanto, convivimos con múltiples interpretaciones, tantas como personas existen.

La misma cuestión del sentido de la vida revolotea también sobre La mesa limón, un volumen de cuentos en el que Barnes se centra en la vejez y la muerte. En los once relatos que lo componen, el autor nos deja entrever partes de la existencia de protagonistas masculinos y femeninos mayores y nos cuenta que, incluso cerca del final, los humanos nos comportamos de formas egoístas y excéntricas.

Como en el resto de su obra de ficción, Barnes reivindica reconectar con la muerte, hablar de ella para recordar que somos seres finitos y recordar que solo eso, junto al amor y el arte, es lo que da propósito a nuestra existencia.

Mirar a la cara

La muerte y el duelo son los elementos vertebradores de las dos memorias que Barnes publicó en 2008 y 2013 respectivamente: Nada que temer y Niveles de vida.

En la primera, Barnes mezcla concepciones filosóficas de la muerte, especialmente de Michel de Montaigne y Phillipe Ariès, con el fallecimiento de sus padres y el legado que su familia le deja en relación con el significado de la vida. Tal como confiesa el autor con ironía, el hecho de crecer en una familia agnóstica le lleva a buscar sentido y orden en la literatura. En ella, el autor reconoce haber encontrado más “verdades” que en el periodismo o la religión.

Barnes reivindica, igual que hace en su obra literaria, la necesidad de no ignorar la muerte o hacerla invisible. Cita a Montaigne cuando dice: “ya que no podemos vencer(la), el mejor contraataque es tenerla constantemente en la cabeza”.

En Niveles de vida, Barnes habla del intenso amor que siente y sintió por su esposa durante los treinta años que compartieron. También confiesa que el duelo es todavía más insoportable en una sociedad que no solo ignora y aborrece la muerte, sino que prácticamente la ignora y medicaliza todo aquello que nos recuerda a la pérdida y detalla que “el duelo es una condición humana, no médica”.

Todos estos temas que tratamos están presentes en Despedidas, la novela con la que Barnes dice adiós a su público. En ella, el autor reflexiona sobre todos ellos a partir del reencuentro de unos viejos amigos. Y lo hace con su particular narrativa, en la que destacan los recuerdos que vamos reconstruyendo a lo largo de la vida y, sobre todo, la poca fiabilidad que, en realidad, tiene nuestra memoria.


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The Conversation

Maricel Oró Piqueras no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Julian Barnes, el escritor que lleva décadas reflexionando sobre la vejez y la muerte – https://theconversation.com/julian-barnes-el-escritor-que-lleva-decadas-reflexionando-sobre-la-vejez-y-la-muerte-287302

Ukraine : un remaniement qui révèle les fractures au sein du premier cercle de Volodymyr Zelensky

Source: The Conversation – in French – By Stefan Wolff, Professor of International Security, University of Birmingham

Le conflit entre le ministre de la défense Mykhaïlo Fedorov, 35 ans, et le chef d’état-major Oleksandr Syrsky, 60 ans, a été tranché en faveur du second nommé : Volodymyr Zelensky a limogé Fedorov. Une décision qui a suscité une large levée de boucliers au sein de la population mais aussi parmi les proches soutiens du président.


Pour la deuxième fois en un an, une décision de Volodymyr Zelensky a provoqué des manifestations de protestation dans plusieurs villes d’Ukraine.

En juillet 2025, le président avait tenté de réduire les prérogatives de deux agences anticorruption indépendantes, ce qui avait suscité une vive contestation, au point qu’il dut se résoudre à faire machine arrière. Cette fois, c’est le limogeage du très populaire ministre de la Défense, Mykhaïlo Fedorov — dans le cadre d’un remaniement plus vaste marqué notamment par le départ de la première ministre Ioulia Svyrydenko — qui a déclenché la colère de la rue.

Ministre de la défense, un fauteuil éjectable depuis plusieurs années

Ce n’est pas la première fois que Zelensky remanie son équipe en charge de la défense. Oleksiï Reznikov, ministre depuis 2021, avait été démis de ses fonctions en 2023 à la suite d’une série de scandales de corruption très médiatisés.

Il avait été remplacé par Roustem Oumerov qui resta à ce poste jusqu’en juillet 2025, quand il fut nommé secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine dans le cadre d’un vaste remaniement gouvernemental.

Son successeur, Denys Chmyhal, qui avait été premier ministre durant les cinq années précédentes, n’est resté en fonctions qu’un peu moins de six mois avant d’être lui aussi emporté, en janvier 2026, par un nouveau remaniement, conséquence prolongée des scandales de corruption de l’été 2025. Devenu ministre de l’Énergie, il a cédé sa place à Mykhaïlo Fedorov.

Ce qui distingue toutefois l’éviction de Fedorov de celles de ses prédécesseurs, c’est qu’il s’agit de la première réorganisation motivée non par un scandale, mais par des désaccords internes au sein même du cercle rapproché de Volodymyr Zelensky.

Le conflit Fedorov-Syrsky

Lors d’une conférence de presse, le 16 juillet, Fedorov a accusé le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, d’entraver ses projets de réforme et de « diviser le pays ». Les tensions entre les deux hommes étaient devenues de plus en plus visibles. Selon plusieurs sources, chacun aurait réclamé le départ de l’autre, au lieu de parvenir au compromis souhaité par Zelensky.

Le choix du président de soutenir le commandant en chef plutôt que le ministre de la défense peut paraître surprenant. Dès son passage au ministère de la transformation numérique, immédiatement après l’arrivée de Zelensky au pouvoir en 2019 (il était alors devenu, à 28 ans, le plus jeune ministre de toute l’histoire du pays), Fedorov s’était imposé comme l’un des principaux promoteurs de la guerre conduite par drones.




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Depuis sa nomination au ministère de la défense en janvier, l’Ukraine était parvenue à ralentir sensiblement la dynamique des forces russes. Cette évolution s’explique en grande partie par l’intensification des frappes contre les infrastructures pétrolières russes, l’un des piliers de l’économie de guerre du pays.

Fedorov s’est également attaqué à la réforme des procédures d’achat du ministère de la défense. En juin, il déclarait que la mise en concurrence systématique des marchés avait permis d’économiser plus de 100 millions de dollars (74 millions de livres sterling) grâce à une baisse du coût des obus d’artillerie de 155 mm.

C’est probablement là que se trouve l’une des principales sources de son conflit avec Syrsky, qui décide des systèmes d’armes et des équipements militaires à acquérir. Au-delà des questions de corruption, c’est en réalité la maîtrise des décisions qui est en jeu, avec, en toile de fond, un affrontement entre deux cultures : celle du modernisateur Fedorov et celle d’un haut commandement militaire plus traditionnel, incarné par Syrsky.

Après son limogeage, Fedorov aurait refusé de conserver un rôle de conseiller auprès de Zelensky. Deux éminents conseilleurs du ministère de la défense, Serhiï « Flash » Beskrestnov et Serhiï Sternenko, ainsi que le commandant en second de l’armée de l’air, Pavlo Yelizarov, ont depuis présenté leur démission.

Ces départs illustrent encore davantage les profondes divergences stratégiques qui traversent les plus hautes sphères du pouvoir ukrainien quant à la conduite de la guerre.

La succession de Fedorov

Le premier choix de Zelensky pour succéder à Fedorov s’est porté sur Ihor Klymenko. Mais celui-ci aurait décliné l’offre et devrait finalement prendre la tête du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine.

Ancien chef de la police nationale et ministre de l’Intérieur depuis 2023, Klymenko était considéré comme l’homme capable de résoudre la crise persistante du recrutement militaire. C’est d’ailleurs le domaine dans lequel Fedorov semble avoir obtenu les résultats les plus décevants.

Alors que les rumeurs d’une nouvelle mobilisation russe à l’automne persistent, la pénurie d’effectifs apparaît plus que jamais comme l’un des principaux défis auxquels l’Ukraine est confrontée.

Selon le propre constat de Fedorov, l’ampleur du problème est considérable : deux millions d’Ukrainiens seraient actuellement recherchés pour avoir échappé à la conscription, tandis que 200 000 militaires seraient absents de leur unité sans autorisation.

On comprend en revanche moins bien pourquoi Klymenko avait été pressenti pour ce poste. En tant que ministre de l’Intérieur, il portait lui-même une part de responsabilité dans les dérives de ce que les Ukrainiens appellent désormais la busification : ces arrestations forcées d’hommes en âge de servir, embarqués dans des véhicules par les agents chargés de la mobilisation. Klymenko a toujours soutenu que ces pratiques s’inscrivaient dans le cadre légal de la loi martiale.

Son refus d’accepter le portefeuille de la Défense peut d’ailleurs être interprété comme une reconnaissance implicite de l’extrême difficulté que représenterait une réforme du système de recrutement.

D’autant que Zelensky s’est publiquement engagé à mettre fin à la busification lors de sa conférence de presse du 16 juillet à Kiev, aux côtés du premier ministre britannique sortant, Keir Starmer.

C’est finalement Ievhen Khmara, général de division et directeur par intérim du Service de sécurité d’Ukraine (SBU), qui a été nommé ministre de la Défense par intérim. Compte tenu du rôle qu’il a joué dans le renforcement de la campagne aérienne ukrainienne contre la Russie, sa désignation répond en partie aux critiques suscitées par l’éviction de Fedorov. Des membres du propre parti de Zelensky avaient souligné que Klymenko ne partageait pas suffisamment la stratégie de Fedorov pour conduire la guerre.

Pour autant, un retour à la vision stratégique défendue par Fedorov ne résoudra ni la crise du recrutement, ni le conflit de fond avec Syrsky. Or le maintien de ces tensions risque d’être particulièrement déstabilisateur, d’autant que le calendrier de confirmation de Khmara par le Parlement demeure incertain.

Conformément au droit ukrainien, Khmara devra d’abord quitter le service actif avant de pouvoir exercer les fonctions civiles de ministre de la défense. Le président devra ensuite le proposer officiellement, avant que la Verkhovna Rada, le Parlement ukrainien, ne valide sa nomination.

Un mauvais timing

Comme lors de la crise de corruption de l’été 2025, Zelensky parviendra sans doute à surmonter cette nouvelle épreuve. Mais le prix politique pourrait être élevé : une nouvelle érosion de son autorité et un rétrécissement progressif du cercle des collaborateurs en qui il place sa confiance.

Cette crise constitue une distraction aussi inutile que préjudiciable, alors même que l’Ukraine semblait enfin reprendre l’initiative sur le terrain, une première depuis la fin de l’année 2022.

The Conversation

Stefan Wolff a bénéficié par le passé de subventions accordées par le Conseil de recherche sur l’environnement naturel (NERC) du Royaume-Uni, l’Institut américain pour la paix (USIP), le Conseil de recherche économique et sociale (ESRC) du Royaume-Uni, la British Academy, le programme « Science pour la paix » de l’OTAN, les 6e et 7e programmes-cadres de l’UE et Horizon 2020, ainsi que le programme Jean Monnet de l’UE. Il est administrateur et trésorier honoraire de l’Association des études politiques du Royaume-Uni et chercheur senior au Foreign Policy Centre de Londres.

ref. Ukraine : un remaniement qui révèle les fractures au sein du premier cercle de Volodymyr Zelensky – https://theconversation.com/ukraine-un-remaniement-qui-revele-les-fractures-au-sein-du-premier-cercle-de-volodymyr-zelensky-287851

Taylor au pays des Soviets : quand Lénine s’inspirait de l’organisation scientifique du travail

Source: The Conversation – in French – By François-Xavier de Vaujany, Professeur en management & théories des organisations, Université Paris Dauphine – PSL

En 1918, Lénine écrit « Les Soviétiques au travail » en mentionnant les travaux de Frédéric Winslow Taylor. Wikimediacommons

Ford Motor Company à Nijni Novgorod, Arthur Glenn McKee & Co à Magnitogorsk… dans les années 1920-1930, les États-Unis s’exportent en Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Au-delà des technologies, les Soviétiques adoptent une version marxisée du taylorisme pour rationaliser le travail et accélérer l’industrialisation de l’URSS. Le partisan de cette méthode ? Lénine.


Après la révolution de février 1917, l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) s’engage dans une industrialisation à marche forcée. Dès 1921, Lénine met en place la Nouvelle politique économique (NEP). Le tournant de cette reconfiguration : le premier plan quinquennal (1929-1933), une planification centralisée avec par exemple l’objectif de tripler la production d’acier.

Pour les dirigeants soviétiques, la modernisation de l’appareil productif suppose des capitaux, des machines, mais également des façons inédites d’organiser le travail. Et de façon surprenante, l’URSS va chercher son inspiration d’un autre grand pays ayant lui aussi connu sa révolution : les États-Unis.

À cette époque, le taylorisme est déjà un phénomène majeur aux États-Unis, mais également en Europe et en Asie. Son organisation scientifique du travail acte une structuration « moderne » de la production ; cet ensemble de méthodes nouvelles est fondé sur l’observation, le chronométrage et une part d’expérimentation, garantissant l’efficience des modes d’organisation, un « one best way ».

Lénine adepte de Taylor

Après une phase de doute, Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, se montre impressionné par le taylorisme et plus spécifiquement par les travaux de Frank Bunker Gilbreth. Dans son ouvrage Les Soviétiques au travail publié en 1918, Lénine affirme ainsi :

« Nous devrions mettre à l’essai toutes les propositions scientifiques et progressistes du système Taylor […] La viabilité du socialisme dépendra de notre capacité à combiner le régime soviétique […] avec les dernières mesures progressistes du capitalisme. »

Comme le montrent notamment les travaux de Mark Beissinger ou de Robert Linhardt, taylorisme et socialisme sont rapidement entrés en conversation dans la Russie soviétique. À l’aube des années 1920, la pensée de Frederick Taylor et celle de ses disciples sont largement traduites et disponibles en russe. Elles font l’objet d’une lecture attentive par certains dirigeants du parti communiste.

En 1932, l’américain Hugh Lincoln Cooper supervise la construction de la centrale hydroélectrique du Dniepr avec le russe Alexander Vinter.
Wikimedia

D’autres penseurs occidentaux sont également traduits et mobilisés dans les discours officiels, mais à une échelle moindre. C’est le cas du français Henri Fayol, perçu par les Soviétiques comme un théoricien bourgeois de l’organisation industrielle du capitalisme – à la différence de l’approche tayloriste plus centrée sur l’atelier et le monde ouvrier. Sa doctrine n’est pas jugée compatible avec l’idéal d’un management ouvrier dans un État socialiste.

La centralisation planifiée, le Gosplan, ainsi que les méthodes de planification prévalent sur une logique d’entreprise autonome.

Ford Motor Company à Nijni Novgorod

Pour l’essentiel, la jeune république soviétique s’associe à des firmes et des experts états-uniens afin d’approfondir sa connaissance du management scientifique. On peut faire mention de la Ford Motor Company avec laquelle l’URSS signe un contrat inédit le 31 mai 1929. Il s’agit de construire une vaste usine automobile à Nijni Novgorod (rebaptisée Gorky en 1932) avec l’objectif de produire 100 000 véhicules par an. Une usine d’assemblage doit également voir le jour à Moscou. En contrepartie, l’URSS s’engage à acheter 72 000 voitures et camions Ford non assemblés, ainsi que toutes les pièces détachées nécessaires.

L’industrie soviétique a produit une version dérivée du Fordson F de 1924 à 1932.
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À la même époque, la firme d’architecture et d’ingénierie Albert Kahn Associates s’engage à concevoir des usines soviétiques. Ce partenariat se traduit par la construction d’une usine de tracteurs à Stalingrad (aujourd’hui Volgograd), toujours en 1929. General Electric Company signe en 1929 un autre contrat avec les Soviétiques. La prestation porte sur une assistance technique dans l’électrification et la fourniture d’équipements, etc.

Plus à l’est, le complexe sidérurgique de Magnitogorsk, « cœur d’acier de la patrie », est inspiré des usines sidérurgiques US Steel de Gary aux États-Unis. En 1930, un accord est signé avec l’entreprise Arthur Glenn McKee & Co pour la conception du haut fourneau numéro 1.

Société Taylor et marxiste

Logo de l’Amtorg, la première représentation commerciale de l’Union soviétique aux États-Unis.
Wikimedia

Ce mouvement de coopérations internationales est indissociable d’un partage plus large d’expertises sur le « management scientifique ». De fait, un certain nombre d’ingénieurs et de spécialistes états-uniens et non états-uniens viennent sensibiliser, former, accompagner les ouvriers et les cadres soviétiques. Certains sont recrutés par l’Amtorg Trading Corporation, la première représentation commerciale de l’Union soviétique aux États-Unis, afin de venir durablement travailler en URSS.




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Walter Nicholas Polakov (1879–1948), un des acteurs majeurs de la taylorisation des processus productifs soviétiques.
Wikimedia

Parmi ces missionnaires du taylorisme, on peut notamment faire mention de Walter Nicholas Polakov, membre de la Taylor Society et marxiste. Cet ingénieur états-unien d’origine russe est l’un des acteurs majeurs de la taylorisation des processus productifs soviétiques. Il revient en URSS entre 1929 et 1931. Walter Nicholas Polakov diffuse les méthodes du management scientifique, les techniques de chronométrage, l’usage du diagramme de Gantt, et d’autres méthodologies typiques des techniques d’organisation industrielle de l’entre-deux-guerres. Il croit fermement dans la possibilité d’une version marxisée du taylorisme.

Cette importation du « management scientifique » coordonnée par l’État soviétique au tournant des années 20 est hautement stratégique. Les buts sont multiples : accélérer la construction d’installations industrielles (usines, centrales, mines) mais également former des spécialistes soviétiques à ces méthodes afin de les essaimer ensuite dans tout le pays.

Institut Central du Travail

Avec le poète Alekseï Gastev, les Soviétiques développent dès 1921 leur propre « Institut Central du Travail » (CTI) à mi-chemin entre école d’ingénierie industrielle et bureau des méthodes.

L’initiative, encouragée par Lénine, permet de former plus de 500 000 travailleurs qualifiés entre 1921 et 1938, dans plus de 200 professions, et pas moins de 20 000 instructeurs. Les textes de Frédéric Winslow Taylor (traduits en russe sur la même période) y sont cruciaux dans l’enseignement de l’apôtre russe du management scientifique, dont l’ambition ultime est de produire une « machine » productive révolutionnaire. En 1930, il est élevé au rang de ministre de la Standardisation de l’Union soviétique.

Selon Alexei Gastev, voici à quoi ressemble un mouvement de marteau optimal extrait de l’ouvrage : « Attitudes au travail » de 1924.
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Ces méthodes sont dissociées de leur cadre capitaliste d’origine, dans le cadre d’une économie étatisée. En dépit des efforts d’adaptation, l’efficience recherchée par le taylorisme se heurte aux contraintes de la planification soviétique des années 1920 et 1930. : objectifs changeants, quotas souvent irréalistes, désorganisation des chaînes d’approvisionnement, manque de main-d’œuvre qualifiée ou la suspicion grandissante envers les experts jugés étrangers amplifiée par le procès Chakhty en 1928. Dans ce procès, des ingénieurs de la ville de Chakhty sont accusés de conspirer avec les anciens propriétaires des mines de charbon vivant à l’étranger. Onze personnes sont condamnées à mort.

Chamboulement de la Seconde Guerre mondiale

La grande mobilisation industrielle soviétique de la Seconde Guerre mondiale change temporairement la donne. La reconversion de l’industrie civile russe au service d’une production militaire est intégrée dès les plans quinquennaux des années 1930. Les Soviets anticipent la reconversion possible des usines de tracteurs en producteurs de tanks et des entités produisant de l’engrais en fournisseur de munitions et d’explosifs.

Plus impressionnant encore, les machines et les ouvriers sont massivement déplacés à l’extrême est de l’URSS quand les Allemands déclenchent l’opération Barbarossa, le 21 juin 1941. L’appareil productif tout entier est chargé dans des trains, et les femmes et les hommes travaillant dans les usines sont transportés à des milliers de kilomètres.

Départ de chars T-34 de l’usine Ouralmach d’Iekaterinbourg en 1942.
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2 500 usines sont démontées pièce par pièce ; dix millions de travailleurs (ouvriers et familles) sont acheminés vers la Sibérie et l’Asie centrale, au plus loin de la ligne de front. Les nouveaux pôles industriels de l’URSS deviennent alors l’Oural avec Sverdlovsk et Tcheliabinsk, la Sibérie occidentale avec Novossibirsk et Omsk, le Kazakhstan et la République d’Asie centrale avec l’Ouzbékistan.

De là sont produits la grande majorité des chars T-34, des avions Yak et des munitions de l’Armée rouge. Une partie moindre de la production est maintenue à Moscou ou Gorki (Nijni Novgorod).

Par bien des aspects, cette grande mutation de l’économie productive a permis une remise à plat de la question des organisations industrielles et des processus tant bureaucratiques qu’industriels. Comme pour les États-Unis, la Seconde Guerre mondiale a été un moment de reconfiguration et de relégitimation radical des modes d’organisation industriels. Mais cette vaste dynamique ne s’est pas « technicisée » de la même façon, et la « Tektologie » d’Alexandre Bogdanov n’a jamais été en Russie l’équivalent de la cybernétique aux États-Unis.

The Conversation

François-Xavier de Vaujany ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Taylor au pays des Soviets : quand Lénine s’inspirait de l’organisation scientifique du travail – https://theconversation.com/taylor-au-pays-des-soviets-quand-lenine-sinspirait-de-lorganisation-scientifique-du-travail-278683

Santé des étudiants : plus d’un sur deux entre à l’université avec une fragilité physique ou mentale

Source: The Conversation – in French – By Lucien Crombez, Doctorant en STAPS, Université de Lille

26 % des étudiants présentent une vulnérabilité psychique lors de leur entrée à l’université. Tim Gouw / Unsplash, CC BY

Dans l’imaginaire collectif, les années étudiantes sont souvent associées à une période d’insouciance et d’émancipation. Pourtant, les recherches récentes nuancent fortement ce tableau. À Lille, une enquête menée auprès d’environ 3 000 étudiants de première année met en évidence une forte hétérogénéité des états de santé, avec plus d’un sur deux présentant une vulnérabilité physique et/ou psychologique.


L’entrée à l’université est souvent présentée comme une période d’émancipation. Pour de nombreux jeunes, elle marque l’accès à une plus grande autonomie, à de nouvelles rencontres et à davantage de liberté. Mais cette transition s’accompagne également de nombreux défis : éloignement du cadre familial, nouvelles responsabilités, augmentation des dépenses, premiers emplois, charge de travail accrue ou encore incertitudes concernant l’avenir.

Ces changements ne sont pas sans conséquences et, depuis plusieurs années, la littérature scientifique alerte sur la dégradation de la santé des étudiants. À l’échelle mondiale, près d’un étudiant sur cinq présenterait un trouble de santé mentale. Dans le même temps, plusieurs études montrent une diminution de l’activité physique et une augmentation des comportements sédentaires lors du passage à l’enseignement supérieur.

Pourtant, tous les étudiants ne traversent pas cette période de la même manière. Comprendre cette diversité constitue une étape essentielle pour mieux accompagner les jeunes à leur arrivée à l’université.

Une majorité d’étudiants déjà fragilisés à leur arrivée

Afin de mieux cerner ces fragilités, nous avons conduit, fin 2025, une étude auprès d’environ 3 000 étudiants de première année à l’Université de Lille.

Les participants ont réalisé des tests permettant d’évaluer leur condition physique (endurance, vitesse, force musculaire…). Ils ont également répondu à des questionnaires portant sur leur anxiété, leur dépression et leur qualité de vie.

L’analyse des données a permis d’identifier trois grands profils de santé.

Le premier profil, représentant 28 % des étudiants, rassemble des jeunes présentant principalement une vulnérabilité physique. Leur condition physique est significativement plus faible que celle des deux autres profils et ils présentent plus souvent une situation de surpoids ou d’obésité par rapport au reste de la cohorte.

Le deuxième profil, qui concerne 26 % des étudiants, se caractérise surtout par une vulnérabilité psychologique. Les niveaux d’anxiété et de symptômes dépressifs y sont significativement plus élevés que dans les deux autres profils, tandis que la qualité de vie apparaît plus dégradée chez ces étudiants.

Enfin, le troisième profil, représentant 46 % des étudiants, affiche des indicateurs favorables à la fois sur le plan physique et sur le plan mental, se caractérisant par de meilleurs résultats que les premier et deuxième profils.

Par conséquent, le constat est inquiétant : plus d’un étudiant sur deux entre à l’université avec une vulnérabilité préoccupante, qu’elle soit physique ou psychologique.

Une même activité ne répond pas aux besoins de toutes et tous

Face à ces fragilités, l’activité physique apparaît comme un levier particulièrement intéressant. Ses bénéfices sont désormais largement documentés, tant sur la santé physique que sur la santé mentale. Mais encore faut-il parvenir à engager les étudiants dans une activité physique régulière leur permettant de respecter les recommandations de l’OMS (au moins 150 minutes d’activité modérée ou 75 minutes d’activité soutenue par semaine). Pour mieux comprendre leur relation vis-à-vis de l’activité physique, nous avons également interrogé les étudiants sur ce qu’ils recherchaient lorsqu’ils envisagent de pratiquer une activité physique. Les réponses montrent que les attentes diffèrent fortement selon le profil de santé et le sexe.

Chez les étudiantes, les attentes sont principalement liées au bien-être psychologique : réduire le stress, se détendre ou retrouver un équilibre personnel. Les aspects organisationnels jouent également un rôle important, notamment la proximité des installations ou la compatibilité avec l’emploi du temps universitaire.

Chez les hommes, les attentes apparaissent plus hétérogènes. Les étudiants en bonne santé mettent en avant les bénéfices physiques et la progression des performances. À l’inverse, ceux qui présentent une vulnérabilité psychologique recherchent avant tout le bien-être psychologique lié à l’activité physique, rejoignant ainsi les attentes exprimées par de nombreuses étudiantes.

Ces différences ne sont pas anecdotiques. Elles suggèrent qu’il n’existe pas de « profil type » et que, pour engager durablement les étudiants et étudiantes dans une activité physique, il faut tenir compte de la spécificité de leur situation.

La fin du modèle « une solution pour tous »

Pendant longtemps, les programmes de promotion de l’activité physique ont majoritairement reposé sur une logique uniforme : proposer les mêmes activités à l’ensemble des étudiants, indépendamment de leur état de santé, de leurs attentes ou de leur expérience sportive antérieure.

Cette approche peut produire certains effets positifs, mais elle atteint rapidement ses limites. Les besoins d’un étudiant sportif cherchant à améliorer ses performances sont très différents de ceux d’un étudiant souffrant d’anxiété ou d’un jeune adulte souhaitant simplement retrouver confiance en son corps. Il est donc essentiel de développer des interventions qui répondent à l’ensemble des besoins des individus.

Vers une activité physique sur mesure

Depuis plusieurs années, les études scientifiques montrent que les interventions en activité physique sont plus efficaces lorsqu’elles tiennent compte des caractéristiques des individus auxquels elles s’adressent. Parallèlement, les outils numériques occupent une place croissante dans le domaine de la santé. Par exemple, les applications mobiles, objets connectés ou plateformes de suivi permettent aujourd’hui d’offrir un accompagnement plus individualisé, en adaptant les recommandations aux caractéristiques et aux objectifs de chacun.

Nos résultats illustrent l’intérêt d’une telle approche chez les étudiants. Plutôt que de prescrire une activité générique, l’enjeu réside dans l’adaptation des contenus de séances. Une étudiante présentant une vulnérabilité psychologique pourrait se voir proposer des situations d’apprentissages centrées sur le bien-être et la gestion du stress. À l’inverse, un étudiant physiquement vulnérable pourrait bénéficier d’un accompagnement visant à améliorer son endurance, sa force, ou encore sa souplesse.

Le développement de telles approches dans le cadre universitaire pourrait constituer une réponse particulièrement pertinente aux défis actuels. Au-delà de la seule question de l’activité physique, l’enjeu est la capacité des universités à accompagner une génération confrontée à des vulnérabilités croissantes. Nos résultats soulignent l’intérêt d’identifier les besoins et les caractéristiques spécifiques des étudiants afin de les orienter vers des dispositifs adaptés à leur profil et à leurs problématiques de santé.

The Conversation

Lucien Crombez a reçu des financements par le programme France 2030, géré par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), sous la référence ANR-23-EXES-0006

Jérémy Coquart a reçu des financements par le programme France 2030, géré par l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR), sous la référence ANR-23-EXES-0006.

Clément Llena ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Santé des étudiants : plus d’un sur deux entre à l’université avec une fragilité physique ou mentale – https://theconversation.com/sante-des-etudiants-plus-dun-sur-deux-entre-a-luniversite-avec-une-fragilite-physique-ou-mentale-286054

Quand l’État vacille, qui gouverne encore ?

Source: The Conversation – in French – By Mohamad Fadl Harake, Docteur en Sciences de Gestion, Chercheur en Management Public Post-conflit, Université de Poitiers

L’effritement de l’État ne plonge pas nécessairement le pays où ce phénomène se produit dans un vide organisationnel absolu. D’autres formes de gouvernance émergent, portées par des acteurs alternatifs — une réalité qui oblige à repenser l’articulation entre État et action publique.


Plusieurs quartiers de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, échappent aujourd’hui, en partie ou en totalité, au contrôle de l’État. Des gangs armés imposent des règles de circulation, tiennent certains axes routiers et influencent l’accès à certaines ressources essentielles. Pourtant, la vie collective ne s’arrête pas : des marchés continuent de fonctionner, des réseaux de solidarité persistent, des soins sont assurés et des formes de médiation sociale subsistent. Cette réalité soulève une question aussi simple qu’inconfortable : que reste-t-il de l’action publique lorsque l’État ne contrôle plus réellement son territoire, ne paie plus régulièrement ses agents ou n’est plus capable d’assurer les services essentiels ?

L’image qui nous vient naturellement à l’esprit est celle du chaos. Dans notre imaginaire politique, l’État apparaît comme la condition naturelle de l’ordre collectif. Sans administration, sans bureaucratie, sans autorité centrale, il n’y aurait plus que désordre, violence et fragmentation. Pourtant, l’observation de nombreux terrains de crise raconte une histoire plus nuancée. Même lorsque les ministères cessent de fonctionner, lorsque les administrations se désagrègent ou lorsque le pouvoir central perd sa capacité d’action, certaines formes de gouvernance continuent d’exister. L’eau circule encore dans certains quartiers, des écoles rouvrent, des dispensaires restent actifs, des conflits sont arbitrés.

Autrement dit, absence de l’État ne signifie pas nécessairement absence de gouvernance.

L’État et la gouvernance ne sont pas la même chose

En sciences politiques comme en management public, État et gouvernance sont souvent confondus. Cette distinction est pourtant essentielle, car les deux notions ne se recouvrent pas totalement.

L’État désigne une structure institutionnelle formelle dotée d’une autorité légale et, selon la définition classique de Max Weber, du monopole de la violence légitime. Plus près de nous, Michael Mann souligne dans ses travaux sur le « pouvoir infrastructurel de l’État » la capacité de celui-ci à organiser concrètement la vie collective en faisant circuler ressources, informations et services sur l’ensemble du territoire.

La gouvernance renvoie plus largement à l’ensemble des mécanismes qui permettent de coordonner une action collective. Lorsque l’État vacille, ces mécanismes ne disparaissent pas forcément : ils se déplacent, se fragmentent et se recomposent autour d’autres acteurs.

C’est ce phénomène que l’on pourrait qualifier de « management public post-étatique » : une forme d’organisation de l’action publique dans laquelle la continuité des fonctions collectives ne repose plus principalement sur un appareil étatique pleinement opérationnel, mais sur des arrangements hybrides entre acteurs publics, privés, communautaires, humanitaires ou informels.

Il ne s’agit pas de dire que l’État devient inutile ni d’annoncer son dépassement. Il s’agit de reconnaître une réalité de plus en plus visible : dans certaines crises extrêmes, l’État cesse temporairement (parfois durablement) d’être le centre exclusif de coordination de l’action publique.

Quand d’autres acteurs prennent le relais

Les contextes post-conflit rendent cette dynamique particulièrement visible. En Syrie, des conseils locaux, des ONG et des réseaux civils ont, selon les territoires, assuré des fonctions essentielles liées à l’éducation, à l’eau ou à la santé. Au Liban, l’effondrement financier et institutionnel a mis en lumière l’importance de réseaux associatifs, municipaux et confessionnels capables de compenser partiellement la paralysie des structures centrales.

Le point commun de ces situations reste qu’elles produisent rarement un vide organisationnel absolu. Lorsqu’une bureaucratie se retire, d’autres structures occupent l’espace laissé vacant. Organisations internationales, ONG, collectivités locales, réseaux religieux, entreprises privées ou groupes armés peuvent assumer des fonctions habituellement associées à l’État.

Cela oblige à repenser un présupposé central du management public moderne : l’action publique est-elle nécessairement bureaucratique ?

Gouverner, c’est d’abord coordonner

Dans sa forme classique, le management public repose sur des hiérarchies stables, des responsabilités clairement définies et des procédures codifiées. La bureaucratie moderne promet continuité, prévisibilité et standardisation. En situation d’effondrement institutionnel, cette architecture devient souvent inopérante. Les circuits de financement se désorganisent, les ressources humaines se dispersent et les systèmes d’information cessent de fonctionner.

Le rôle du manager public s’en trouve profondément transformé. Il n’est plus seulement un administrateur chargé d’appliquer des règles. Il devient aussi médiateur, coordinateur, négociateur, parfois même entrepreneur institutionnel. Sa mission n’est plus simplement de mettre en œuvre des politiques publiques, mais de rendre possible une coordination minimale entre des acteurs qui ne partagent ni les mêmes ressources, ni les mêmes intérêts, ni les mêmes légitimités.

La compétence centrale n’est alors plus seulement technique ou réglementaire ; elle devient relationnelle, adaptative et stratégique.

Quand la performance devient source de légitimité

Cette transformation révèle un paradoxe important. Dans les situations de crise extrême, l’efficacité peut parfois venir de structures plus souples que l’État lui-même. Des circuits de décision plus courts, des arrangements pragmatiques et des réseaux informels peuvent réagir plus rapidement qu’une bureaucratie lourde.

Mais cette agilité soulève une question fondamentale : l’efficacité suffit-elle à produire de la légitimité ?

Dans les États stables, la légitimité administrative repose largement sur la légalité. Une institution est reconnue parce qu’elle est officiellement habilitée à agir. En situation de crise profonde, cette source de légitimité s’érode. D’autres formes apparaissent. Une organisation peut devenir légitime non parce qu’elle est légalement mandatée, mais parce qu’elle soigne, nourrit, protège ou maintient des services essentiels.

Cette dynamique est observable dans des contextes historiques et idéologiques variés. Durant le mandat britannique en Palestine, les institutions du Yichouv, dont la Haganah pour les questions de sécurité, assuraient déjà diverses fonctions administratives, éducatives, sanitaires et sécuritaires avant la création de l’État d’Israël. L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a, pour sa part, développé des réseaux de services sociaux et administratifs dans plusieurs territoires (notamment au Liban avant 1975) où les institutions étatiques étaient absentes ou limitées. Pendant la guerre civile libanaise (1975-1990), les Forces libanaises, milice chrétienne, et le Hezbollah, mouvement islamiste soutenu par la République islamique d’Iran, ont également assuré diverses fonctions de sécurité, de justice et de prestation de services.

Des phénomènes comparables ont été observés dans les territoires administrés par le Parti communiste du Népal (maoïste), dans les zones contrôlées par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), ainsi que dans certaines régions du Mali sous l’autorité de groupes armés djihadistes affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM).

Dans certaines favelas de Rio de Janeiro, des organisations criminelles assurent parfois des fonctions de régulation locale, d’arbitrage des conflits ou de protection des habitants.




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Malgré leurs différences idéologiques, politiques et historiques, ces organisations illustrent un même phénomène : lorsque l’État est incapable d’exercer durablement ses fonctions, des acteurs non étatiques peuvent mettre en place des institutions parallèles et acquérir une forme de légitimité fonctionnelle en produisant de l’ordre et en assurant certains services essentiels.

Les situations de guerre urbaine illustrent particulièrement cette dynamique. Lorsqu’un territoire subit des destructions massives, la continuité de services vitaux (c’est-à-dire soins d’urgence, distribution d’aide, approvisionnement en eau ou logistique médicale, etc.) repose souvent sur des arrangements de crise entre personnels hospitaliers, organisations humanitaires, autorités locales et réseaux communautaires. Dans de telles situations, la légitimité perçue provient moins du statut institutionnel que de la capacité effective à maintenir des services indispensables sous contrainte extrême.

La confiance bascule alors progressivement du statut vers la performance. La question n’est plus seulement « qui a légalement autorité ? », mais « qui est capable de faire fonctionner le quotidien ? »

Une gouvernance efficace… mais pas toujours démocratique

C’est ici qu’apparaît le principal danger.

Une gouvernance sans État peut sauver des vies. Elle peut stabiliser un territoire, maintenir des services vitaux et éviter un effondrement total. Pourtant, plus cette gouvernance de substitution devient efficace, plus elle peut paradoxalement réduire l’incitation à reconstruire des institutions publiques pleinement redevables.

C’est tout le paradoxe : ce qui sauve à court terme peut fragiliser à long terme.

Lorsque l’action publique dépend de plus en plus d’ONG, de bailleurs internationaux, d’entreprises privées ou d’autorités non élues, une question devient inévitable : qui contrôle réellement ces acteurs ? Qui les évalue ? Qui peut les sanctionner ? Une gouvernance efficace n’est pas nécessairement démocratique. Elle peut produire des résultats tout en échappant à la transparence, à la représentation et à la redevabilité citoyenne.

Le dilemme devient alors profondément politique : comment préserver la capacité d’action collective sans perdre la responsabilité démocratique ?

Une leçon pour les démocraties occidentales

Cette interrogation dépasse largement les seuls contextes post-conflit. Les démocraties occidentales ont elles aussi commencé à expérimenter des formes partielles de gouvernance post-étatique. La pandémie de Covid-19 en a fourni une illustration frappante. Des cellules de crise ad hoc, des cabinets privés, des plates-formes numériques et des dispositifs exceptionnels de coordination ont temporairement reconfiguré l’action publique bien au-delà des cadres administratifs habituels.

Demain, des cyberattaques massives, des catastrophes climatiques ou des ruptures logistiques majeures pourraient accentuer ce phénomène. Dans de tels scénarios, l’enjeu ne serait plus seulement de protéger des institutions, mais de préserver la capacité même à coordonner l’action collective sous contrainte extrême.

Les contextes post-conflit apparaissent ainsi comme des laboratoires précieux pour penser l’avenir. Ils montrent que la résilience d’un système politique dépend certes de la robustesse de l’État, mais aussi de sa capacité à maintenir trois fonctions essentielles : coordonner, décider et préserver la confiance collective.

Longtemps, le management public s’est surtout demandé comment rendre l’État plus performant. Le XXIe siècle pourrait imposer une question plus radicale : comment maintenir l’action publique lorsque l’État lui-même vacille ?

Car une grande crise ne commence pas nécessairement lorsque les bâtiments administratifs tombent. Elle commence lorsque plus personne ne sait qui coordonne, qui décide, et surtout au nom de qui.

The Conversation

Mohamad Fadl Harake ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Quand l’État vacille, qui gouverne encore ? – https://theconversation.com/quand-letat-vacille-qui-gouverne-encore-286368

Pourquoi la transition écologique fâche-t-elle les campagnes ?

Source: The Conversation – in French – By Theodore Tallent, Chercheur en science politique au Centre d’Etudes Européennes et de politique comparée, Sciences Po

Des gilets jaunes aux mobilisations contre les zones à faibles émissions ou contre les parcs éoliens, un constat s’impose : les politiques climatiques suscitent une opposition particulièrement vive hors des grandes villes. Ce phénomène n’est pas propre à la France, on l’observe dans plusieurs pays européens. Mais d’où vient ce mécontentement ? Et comment y répondre ?


Plusieurs années de recherches m’ont conduit à une conclusion : le mécontentement face aux politiques climatiques naît de la rencontre entre deux dimensions. D’une part, des vulnérabilités structurelles bien réelles. D’autre part, la manière dont elles sont vécues et racontées au quotidien.

Des territoires structurellement plus exposés

La première explication est la plus intuitive et probablement la plus importante : certains territoires concentrent des caractéristiques qui les rendent objectivement plus vulnérables aux effets de la transition écologique.

Pour le vérifier, j’ai analysé les réponses de près de 6 000 Français en croisant l’opinion de chaque répondant avec des données fines sur son territoire de résidence : quels emplois y sont présents, quel poids occupe l’industrie dans l’économie locale, combien de kilomètres les habitants parcourent en moyenne chaque jour, ou si la commune dispose encore d’un service public de proximité (comme un bureau de poste) qui réduit les déplacements.

Premier constat : les répondants ruraux vivent dans des territoires nettement plus exposés sur ces trois plans. On y trouve davantage d’emplois dans des secteurs vulnérables à la transition (automobile, métallurgie, chimie, agriculture, etc.), une économie locale plus dépendante d’industries carbonées, et des trajets quotidiens plus longs, dans des communes où les services publics de proximité se sont souvent raréfiés.

Surtout, en croisant ces caractéristiques territoriales avec le soutien exprimé à un ensemble de politiques climatiques (taxe carbone, fin des véhicules thermiques, rénovation énergétique, etc.), on observe que ces variables structurelles sont systématiquement corrélées à un moindre soutien à la transition. Et ce lien reste fort même quand on prend en compte le simple fait d’habiter en zone rurale ou urbaine. Ce qu’on appelle souvent la « fracture urbain-rural » perd alors une grande partie de sa force explicative. Autrement dit, ce n’est pas tant le fait d’habiter « à la campagne » en soi qui nourrit l’opposition aux politiques climatiques, mais le fait de vivre dans un territoire qui cumule ces vulnérabilités très concrètes – emplois menacés, économie locale vulnérable, dépendance à la voiture, services publics absents.

Un dernier élément mérite d’être souligné. Alors que le mécontentement croît à mesure que les distances en voiture s’allongent, ce qui compte pour l’emploi et l’économie locale, c’est lorsque ceux-ci deviennent structurants. En clair, une commune avec un peu d’industrie ne se distingue pas vraiment d’une commune sans industrie du tout. C’est surtout à partir d’un certain niveau de dépendance économique que le soutien aux politiques climatiques chute nettement – notamment lorsque plus de 10 % des actifs travaillent dans des secteurs vulnérables à la transition, ou que les secteurs industriels et de la construction représentent près de 20 % du PIB communal.

Ce que racontent les habitants : « ici, on n’a pas le choix »

Les entretiens approfondis que j’ai menés sur le terrain, en Alsace, en Lorraine et en Bretagne, donnent corps à ces résultats statistiques.

La dépendance à la voiture revient de façon quasi systématique : pour de nombreux habitants, elle n’est pas un choix mais une condition de la vie quotidienne (pour le travail, les courses ou les loisirs), ce qui rend les mesures touchant au coût ou à l’usage de la voiture particulièrement sensibles. Max, jeune ouvrier du bâtiment en Lorraine, résume ainsi la situation à propos de la hausse de la taxe carbone et de la fin programmée des véhicules thermiques :

« La campagne, ça consomme toujours plus en termes de carburant, en termes de déplacement. Parce qu’on vit dans un village, dès qu’on veut aller au magasin, chez le coiffeur, ou ailleurs […], on doit conduire ou se faire conduire. Alors qu’en ville, on peut presque tout faire à pied, en métro ou en bus. »

Cette contrainte est d’ailleurs souvent mise en regard de la situation des habitants des villes, perçus comme moins exposés aux mêmes coûts et aux mêmes obligations.

À cela s’ajoute la disparition progressive de services et d’infrastructures locales (fermetures de services publics locaux, suppression de lignes de bus ou de train), vécue non comme une fatalité géographique mais comme le résultat de choix politiques passés, ce qui nourrit un sentiment plus large de désengagement de l’État vis-à-vis de ces territoires. Alain, résident d’une commune rurale bretonne, décrit cette situation :

« On n’a pas les infrastructures, on n’a pas l’accès, on n’a pas les moyens de transport, on est mal desservis. Avant, il y avait des lignes partout. Maintenant on n’a plus de lignes de bus. »

Enfin, dans les anciennes régions industrielles en particulier, les craintes économiques dépassent souvent le cercle des personnes directement concernées : beaucoup s’inquiètent des conséquences de la transition sur l’économie locale dans son ensemble, et donc sur l’emploi de leurs proches ou de leur commune, bien plus que sur leur propre situation. Julie, qui évoque les fermetures d’usines possibles liées à la hausse du prix de l’énergie, résume un doute partagé par de nombreux habitants face aux politiques de fermeture des sites les plus polluants :

« En principe, oui, mais le truc c’est que derrière les usines il y a des gens qui travaillent. Donc est-ce que fermer les usines c’est vraiment le bon plan plutôt que de les aider à changer et à trouver une autre solution ? »

Quand la politique climatique heurte une identité

Si les contraintes matérielles expliquent une grande partie du mécontentement, elles n’expliquent pas tout. Certaines mesures évoquées en entretien (comme la promotion de l’alimentation végétarienne, la densification urbaine ou le développement de l’éolien) suscitent parfois des résistances alors même qu’elles n’imposent, pour la plupart des personnes interrogées, aucun coût économique direct.

C’est ici qu’intervient une deuxième dimension : la manière dont les habitants se représentent leur territoire et ce qui en fait, selon eux, la spécificité. De nombreux enquêtés revendiquent une identité rurale construite en creux par rapport au mode de vie urbain, et cette identité agit comme un filtre à travers lequel les politiques sont jugées – pas seulement selon leur coût, mais selon leur compatibilité avec une certaine manière de vivre. La maison avec jardin, la voiture, ou encore certaines pratiques alimentaires (jardins potagers, échanges entre voisins, barbecue, etc.) renvoient à une idée de l’autonomie et de la liberté ainsi qu’à des habitudes bien ancrées localement.

Des politiques qui s’attaquent frontalement à ces éléments, même sans coût direct (qu’il s’agisse de promouvoir les logements collectifs, l’alimentation bio ou la mobilité électrique), peuvent ainsi être perçues comme une remise en cause de ce mode de vie. Albert, maire d’un village lorrain, raconte la réaction d’un habitant face au terme « bio » :

« Quand on parle de ‘bio’ à des gens en milieu rural, qui ont toujours eu des jardins potagers – certes pas bio, mais ‘naturels’ – pour eux c’est un terme qui vient de la ville, des intellectuels, et qui ne vient pas d’eux. C’est un terme étranger. Le terme ‘bio’ est une dépossession de leur savoir… c’est culturel. »

Le logement individuel et la voiture occupent une place tout aussi centrale dans ces récits de « normalité » rurale, que ce soit ce que Marie-Jeanne appelle le « culte de la maison individuelle » ou le scepticisme de William, 50 ans, vis-à-vis des voitures électriques pas vraiment perçues comme « une vraie voiture ».

Opposition aux éoliennes, en Moselle, en octobre 2023
Opposition aux éoliennes, en Moselle, en octobre 2023.
Auteur, CC BY

L’attachement au paysage joue un rôle similaire face aux projets d’énergies renouvelables, en particulier lorsque ces installations sont perçues comme bénéficiant avant tout à d’autres territoires, plus urbains. Cédric, directeur d’établissement scolaire en Lorraine, résume ainsi :

« On ne va pas mettre des éoliennes partout dans la campagne pour que les gens à Paris aient de l’électricité. »

Ces deux dimensions ne fonctionnent pas isolément : elles se renforcent mutuellement. Les contraintes matérielles prennent un sens collectif à travers le sentiment d’appartenance à un territoire, et ce sentiment d’appartenance peut à son tour transformer des politiques en menaces perçues.

Répondre à ce mécontentement est possible et suppose donc d’agir sur les deux fronts à la fois. D’un côté, traiter les vulnérabilités structurelles par des mesures concrètes : accompagnement des secteurs et emplois exposés, compensations financières, maintien ou retour de services et d’infrastructures de proximité. De l’autre, construire un discours et des politiques qui reconnaissent les attachements, les pratiques et les identités locales, plutôt que de les ignorer ou de les traiter comme des freins à dépasser. Sans cela, chaque nouvelle mesure climatique risque de devenir un nouveau motif de ressentiment territorial.

The Conversation

Théodore Tallent a reçu des financements de l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie pour sa thèse.

ref. Pourquoi la transition écologique fâche-t-elle les campagnes ? – https://theconversation.com/pourquoi-la-transition-ecologique-fache-t-elle-les-campagnes-285391

L’IA générative, une révolution dans les comportements politiques et électoraux ?

Source: The Conversation – in French – By Marie Neihouser, Chercheuse en science politique, maîtresse de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre du Centre Européen de Sociologie et de Science Politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les usages politiques et électoraux de l’intelligence artificielle (IA) générative sont de plus en plus discutés dans le débat public. Selon certains acteurs, ils seraient susceptibles de remodeler nos systèmes démocratiques et notre rapport à la politique. Quelle est la réalité de ces usages, aujourd’hui, en France ? Cas d’école à Lille, lors des dernières élections municipales.


Vous l’avez peut-être lu dans la presse : 1 français sur 4 déclarerait avoir l’intention d’utiliser une « intelligence artificielle comme ChatGPT, Gemini, Claude ou Le Chat pendant la campagne présidentielle ». 22 % voudraient utiliser l’IA « pour se renseigner sur les programmes des candidats » et 10 % « pour les aider à faire leur choix de vote ». Si ce sondage pose des questions méthodologiques en invitant les répondants à se projeter dans plusieurs mois sur des usages hypothétiques, il témoigne néanmoins de l’intérêt pour ces outils et des attentes qu’ils génèrent dans le débat public.

Dans le prolongement de la manière dont les usages politiques des réseaux sociaux étaient présentés il y a quelques années, les usages de l’IA générative en politique sont tour à tour soupçonnés de fragiliser le fonctionnement de la démocratie (influences étrangères, propagation des « fake news », augmentation de la méfiance vis-à-vis du système politique) ou au contraire, loués comme de nouvelles opportunités, susceptibles de reconnecter les citoyens à la politique et d’augmenter leur participation ( « vulgarisation » des enjeux politiques, accès aux jeunes).

Grâce aux résultats d’une enquête menée à Lille juste après les élections municipales de 2026, nous tentons ici d’éclairer ce débat.

Des usages minoritaires

L’IA générative peut être définie comme une catégorie d’intelligence artificielle qui se concentre sur la création autonome de contenus. Du fait de leur développement très récent, les recherches sur les usages de ce type d’IA par les citoyens à des fins politiques restent relativement rares.

Certes, les usages généraux de l’IA générative en France sont très répandus : en 2025, 48 % de la population affirme l’utiliser (85 % pour les 18-24 ans), dont 73 % pour de la recherche d’information.

Pourtant, les rares travaux relativisent ces usages et leurs effets. Ainsi, concernant la recherche d’informations sur l’actualité, les usages de l’IA sont encore faibles : en 2024, une étude comparant les usages dans six pays industrialisés dont la France avance le chiffre de 5 % de la population qui utiliserait l’IA pour consulter les dernières nouvelles.

Notre enquête confirme la faiblesse des usages citoyens de l’IA à des fins politiques et électorales. À Lille, lors des élections municipales de 2026, seuls 14 % des enquêtés ont utilisé des outils d’IA pour s’informer sur la politique en général et 8 % sur les élections en particulier. Or, 76 % des enquêtés utilisent des outils d’IA. Ainsi, ce n’est pas parce qu’une pratique numérique est majoritaire dans la population qu’il en est de même de sa déclinaison politique.

Ni un usage politique comme les autres, ni une pratique de compensation

Nos analyses montrent que l’activité politique sur les réseaux sociaux, le nombre de réseaux sociaux sur lequel les personnes sont inscrites, le niveau d’intérêt pour la politique en général et le suivi de la campagne municipale en particulier n’ont aucun lien statistique significatif avec le recours à l’IA à des fins politiques.

Ainsi, il ne s’agit ni d’une pratique « normalisée » par des personnes très intéressées par la politique, ni d’une pratique de compensation d’un faible suivi ou d’un faible intérêt pour la politique.

On ne distingue pas de différence de comportement en fonction du genre ou du niveau de diplôme. L’âge a tout de même un effet significatif : les plus jeunes sont plus nombreux que leurs aînés à utiliser l’IA pour s’informer sur la politique, à l’image de ce que l’on observe pour les autres usages de ces outils. Mais cette pratique reste minoritaire : même parmi les moins de 30 ans, seuls 24 % y ont recours pour s’informer sur la politique en général, et 12 % pour s’informer sur les élections.

Une influence sur les choix électoraux limitée

Si peu de citoyens ont eu recours à l’IA générative pour s’informer sur la politique et les élections, il reste à savoir si les comportements électoraux de celles et ceux qui utilisent l’IA générative à des fins politiques diffèrent de ceux du reste de la population.

Notre enquête montre que les électeurs ayant eu recours à l’IA ont davantage voté LFI, voire RN. Ainsi alors que les votants LFI représentent 16 % de notre échantillon, ils représentent 22 % des répondants déclarant un usage politique de l’IA et 32 % de ceux déclarant un usage électoral.

De même, alors que les électeurs RN représentent 7 % de l’échantillon, ils représentent 10 % des personnes déclarant un usage politique de l’IA et 14 % de celles déclarant un usage électoral de l’IA.

Les répondants déclarant un usage électoral de l’IA semblent par ailleurs légèrement moins non-inscrits que la moyenne (11 % contre 15 %), mais pas moins abstentionnistes.

Néanmoins, d’une part ces écarts sont faibles au regard de la taille de l’échantillon et, d’autre part, ils pourraient bien plus s’expliquer par l’âge bien moins élevé des électeurs LFI, voire RN.

Quelques éléments à retenir en vue de la présidentielle de 2027

Les résultats présentés ci-dessus invitent dès lors à nuancer fortement les récits médiatiques annonçant une transformation profonde et rapide des comportements politiques sous l’effet de l’IA. Ils permettent surtout de souligner que cette technologie reste en phase d’appropriation, avec des effets encore incertains et largement dépendants des contextes d’usage.

Concernant le profil des usagers, ils indiquent que les usages politiques et électoraux de l’IA ne correspondent pas à des segments sociaux ou politiques clairement identifiables : ils ne sont ni le fait d’individus très politisés, ni celui d’individus peu intéressés par la politique. Cela suggère que ces usages relèvent davantage d’une logique exploratoire de la part des citoyens que d’appropriation structurée.

En outre, cela permet de nuancer l’idée d’une structuration des usages politiques autour d’un « AI divide » qui reprendrait les contours du « digital divide » désormais bien connu, qui fragiliserait notamment les plus âgés ayant un niveau d’éducation inférieur à la moyenne.

Si un effet d’âge est bien observable, les autres variables sociodémographiques et politiques jouent un rôle limité, ce qui suggère que ces usages restent encore peu stabilisés socialement. Enfin, s’agissant des effets politiques du recours à l’IA, nos analyses montrent que ces pratiques sont relativement peu liées au choix électoral.

Au total, notre recherche met en évidence un décalage important entre, d’une part, les discours publics sur le rôle de l’IA, et d’autre part, la réalité empirique des usages citoyens. Ce « nouvel usage » numérique apparait largement inscrit dans des logiques de continuité des pratiques politiques plutôt que de transformation. L’IA générative, bien qu’elle ouvre des perspectives importantes en matière de communication politique et de persuasion, ne semble pas encore constituer un facteur structurant des comportements électoraux ordinaires.

The Conversation

Marie Neihouser a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche et de France 2030 dans le cadre des projets CERTES (Comportements électoraux et rapports au travail, à l’emploi et aux syndicats, ANR-23-CE41-0004) et DemoCIS (Démocraties, citoyenneté et institutions face aux transformations des espaces publics, ANR-24-RSHS-0001).

Emma Nemesien a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche et de France 2030 dans le cadre des projets CERTES (Comportements électoraux et rapports au travail, à l’emploi et aux syndicats, ANR-23-CE41-0004) et DemoCIS (Démocraties, citoyenneté et institutions face aux transformations des espaces publics, ANR-24-RSHS-0001).

Felix-Christopher von Nostitz a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche et de France 2030 dans le cadre des projets CERTES (Comportements électoraux et rapports au travail, à l’emploi et aux syndicats, ANR-23-CE41-0004) et DemoCIS (Démocraties, citoyenneté et institutions face aux transformations des espaces publics, ANR-24-RSHS-0001).

François Briatte a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche et de France 2030 dans le cadre des projets CERTES (Comportements électoraux et rapports au travail, à l’emploi et aux syndicats, ANR-23-CE41-0004) et DemoCIS (Démocraties, citoyenneté et institutions face aux transformations des espaces publics, ANR-24-RSHS-0001).

Tristan Haute a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche et de France 2030 dans le cadre des projets CERTES (Comportements électoraux et rapports au travail, à l’emploi et aux syndicats, ANR-23-CE41-0004) et DemoCIS (Démocraties, citoyenneté et institutions face aux transformations des espaces publics, ANR-24-RSHS-0001).

ref. L’IA générative, une révolution dans les comportements politiques et électoraux ? – https://theconversation.com/lia-generative-une-revolution-dans-les-comportements-politiques-et-electoraux-284627