Por qué es tan difícil llegar a Mercurio: el desafío de la misión BepiColombo

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Javier Armentia, Profesor del Máster de comunicación científica, médica y ambiental, Universitat Pompeu Fabra

Recreación artística de la sonda espacial BepiColombo en configuración de crucero, con Venus de fondo, en su camino a Mercurio. ESA/ATG medialab, CC BY

Mercurio es el planeta más cercano al Sol y también uno de los grandes desconocidos del sistema solar. Hablamos del planeta de los amaneceres dobles y otros extremos impensables que desafían a la ciencia. Sin embargo, es uno de los más olvidados en la exploración espacial; fundamentalmente, porque alcanzarlo es épico.

Solo tres misiones espaciales han logrado visitarlo. La primera, Mariner 10, de la NASA, realizó tres sobrevuelos entre 1974 y 1975. La misión mostró una superficie muy parecida a la de nuestra Luna y un gigantesco cráter: la Cuenca Caloris, uno de los más grandes conocidos, con 1 550 km de diámetro. La Mariner 10 encontró que Mercurio tenía un débil campo magnético, como la Tierra.

La segunda, también estadounidense, se denominó MESSENGER (acrónimo de MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging) y entró en órbita en 2011. Además de descubrir hielo en el fondo de los cráteres de las regiones polares, encontró pruebas de un pasado de vulcanismo activo, la evidencia de que tenía placas tectónicas aún en movimiento y el posible origen de su campo magnético: un núcleo externo de hierro fundido.

La misión MESSENGER también descubrió las llamadas depresiones irregulares o hollows: oquedades brillantes formadas por la pérdida de materiales volátiles. Su existencia desconcertó a la comunidad científica, pues se asumía que un planeta tan próximo al Sol habría perdido todos estos compuestos durante sus etapas tempranas.

BepiColombo, la colaboración de Europa y Japón

La tercera de las misiones, que en estos momentos está cumpliendo el desafío de la conquista de Mercurio, es BepiColombo, de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA). Consiste en dos módulos espaciales científicos independientes: Mercury Planetary Orbiter (MPO), módulo de la ESA enfocado en estudiar la superficie, geología, composición e interior del planeta; y Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO/Mio), el módulo de la JAXA dedicado a analizar el campo magnético y la magnetosfera de Mercurio.

Ambos orbitadores operarán rodeando el planeta a diferentes altitudes y ángulos para estudiarlo desde el espacio. Ninguna parte de la misión está diseñada para posarse sobre la superficie.

BepiColombo acaba de dar un paso muy importante con la exitosa separación del Mercury Transfer Module (MTM), el módulo que durante los últimos ocho años ha proporcionado al conjunto la energía y la propulsión necesarias para completar su complejo recorrido hasta el planeta. Aún a más de tres millones de kilómetros de su objetivo, la llegada no ocurrirá en un solo instante, sino a través de un proceso gradual de maniobras que se extenderá a lo largo de unos seis meses.

Próximas etapas de la misión BepiColombo.
ESA

Ni los soviéticos en su gran época de la carrera espacial ni la Federación Rusa desarrollaron misiones a Mercurio. En la actualidad, la Academia China de Ciencias lo ha incluido en sus planes a medio plazo, posiblemente con alguna misión durante la siguiente década.

El difícil camino a Mercurio

Que un planeta tan cercano haya sido tan poco explorado no es casualidad. Llegar a Mercurio es, paradójicamente, más difícil que viajar a Júpiter o Saturno. En su viaje de 7,2 años hacia el planeta más interno del sistema solar, BepiColombo sobrevolará la Tierra una vez, Venus dos veces y Mercurio seis veces antes de entrar en órbita alrededor de Mercurio.

Para alcanzar los planetas exteriores, una nave se aleja del Sol y gana energía potencial, a expensas del empuje de sus propulsores. Pero para ir a Mercurio la nave cae hacia la gravedad solar, acelerando constantemente y aumentando su velocidad, de manera que deberá frenar para dejarse atrapar por el pequeño planeta. Eso requiere un gasto monumental de combustible, algo carísimo e impensable. Por eso las misiones emplean la gravedad de otros mundos como freno cósmico.

BepiColombo ha realizado nueve sobrevuelos –uno a la Tierra, dos a Venus y seis al propio Mercurio– para ralentizar su marcha antes de la inserción orbital final.

Mercurio es un rompecabezas para la ingeniería espacial, también, por sus altísimas temperaturas. La cercanía al Sol somete a los instrumentos a temperaturas extremas que rozan los 430 °C durante el día, exigiendo escudos térmicos de alta tecnología.

Sin estaciones, pero con hielo en la sombra

Si planeáramos una guía de viajes espaciales, les recomendaríamos buscar un buen cráter para presenciar el amanecer doble. Eso sí, con vestimenta protectora adecuada porque las temperaturas diurnas alcanzan los 430 °C. Por la noche caen hasta los -183 °C. Mercurio es también extremo en esto: es el planeta con mayor amplitud térmica de todo el sistema solar.

A diferencia de la Tierra, el eje de la rotación de Mercurio es casi perpendicular al plano de la eclíptica, con apenas 0,027 grados de inclinación frente a los 23,5 terrestres. Esto significa que Mercurio carece de estaciones, frente a lo que sucede en otros lugares del sistema solar.

La luz solar incide siempre con la misma inclinación según la latitud. En las regiones polares, el Sol apenas se asoma rozando el horizonte. Esto permite que el fondo de los cráteres más profundos permanezca en una sombra eterna. Y allí, en las zonas más frías del planeta más cercano al Sol, los instrumentos astronómicos han confirmado la presencia de hielo de agua.

Geología de impactos, cuencas y cavidades

Si pudiéramos extraer el núcleo metálico de Mercurio, nos encontraríamos con que representa cerca del 75 % del diámetro total del planeta. Su enorme densidad sugiere que estamos ante un gigante de hierro envuelto en una delgada corteza rocosa. Recordemos que su masa es solo el 5,5 % de la terrestre, aunque su densidad media es muy alta: 5,43 g/cm³, prácticamente la misma que la de la Tierra.

Su superficie, azotada por el impacto de meteoritos, guarda similitudes con la Luna, pero atesora rasgos geológicos propios impresionantes.

Auroras invisibles que tocan el suelo

Aunque pequeño, Mercurio posee un campo magnético global (del orden del 1 % del terrestre). El origen y la geometría de este campo traen de cabeza a la geofísica planetaria: en teoría, un mundo tan pequeño debería haberse enfriado y solidificado completamente hace miles de millones de años, apagando el dinamo interno que genera el magnetismo. Su eje magnético está desplazado unos 480 kilómetros al norte respecto al centro geográfico del planeta. Esta asimetría insólita provoca que el escudo magnético sea mucho más débil en el hemisferio sur, dejando esa mitad del globo desprotegida y expuesta de lleno al castigo del viento solar.

De haber tenido atmósfera, Mercurio sería un lugar extraterrestre espectacular para observar auroras boreales.

Durante el primer sobrevuelo de la sonda BepiColombo en 2021, sin embargo, los instrumentos revelaron un fenómeno insólito: los electrones de la magnetosfera caen precipitados directamente contra las rocas de la superficie, emitiendo rayos X. No son auroras que brillen en el cielo, sino emisiones que emergen directamente del suelo.

Este hallazgo, respaldado por investigaciones publicadas en la revista científica Nature Communications, demuestra cómo la interacción magnética genera estos fenómenos aurorales de rayos X.

Se espera que la misión BepiColombo revolucione nuestro entendimiento sobre Mercurio, y que desentrañe misterios clave como el origen de su campo magnético, su inusual densidad interna y la composición geológica de su superficie.

Aunque la nave entrará en órbita de mercurio el próximo 21 de noviembre, el envío constante de resultados comenzarán formalmente el 6 de abril de 2027. Seguiremos sus pasos.

The Conversation

Javier Armentia no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

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Cómo evitar las micotoxinas en los alimentos que comemos: lo que dice la ciencia

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Natalia Martínez Reyes, Colaborador honorífico del Departamento de Biología Molecular, Universidad de León

Cereales y verduras suelen tener micotoxinas, aunque no deberían llegar a nuestra mesa si sobrepasan los límites establecidos por los el sistema de control sanitario. Sarah Chai/Pexels, CC BY

Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos de forma natural por diversas especies de hongos. Podemos encontrarlas en alimentos tan cotidianos como el pan, la pasta, el café, el cacao, los frutos secos o algunas especias.

Aunque nos exponemos a ellas de forma habitual, los sistemas de control alimentario en Europa mantienen sus niveles bajos y seguros. Pero ¿qué podemos hacer en casa? ¿Sirve de algo cocinar los alimentos? ¿Los productos ecológicos tienen más micotoxinas? ¿Hay alimentos que conviene evitar? La evidencia científica ofrece respuestas que, a menudo, contradicen la intuición.

Difíciles de eliminar por completo

Aspergillus, uno de los géneros de hongos micotoxigénicos más relevantes. Se observan al microscopio las hifas, que son los filamentos que componen el moho, y los cuerpos fructíferos, que parecen flores, donde se forman las esporas para la reproducción.
Igor Siwanowicz/Howard Hughes Medical Institute

Las micotoxinas pueden crecer sobre los cultivos antes de la cosecha o durante el almacenamiento. Aparecen, sobre todo, en productos de origen vegetal: cereales, pan, pasta, arroz, maíz, frutos secos, café, cacao, especias, frutas desecadas o cacahuetes. También pueden estar en zumos y bebidas alcohólicas. Y es prácticamente imposible evitarlas totalmente.

En España y en el resto de la Unión Europea, existe un sistema de protección que combina el autocontrol de la industria alimentaria con inspecciones oficiales y sistemas de alerta rápida para retirar los lotes que superan los límites legales. Gracias a ello, la inmensa mayoría de los alimentos comercializados cumplen la normativa.

Eso sí, los estudios muestran que la mayoría de la población española presenta rastros de distintas micotoxinas o de sus metabolitos en la orina. Aunque no debemos confundir presencia con riesgo. En la gran mayoría de los casos, los niveles se encuentran muy por debajo de las dosis preocupantes.




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¿Los alimentos ecológicos tienen más micotoxinas?

Podría pensarse que la menor utilización de fungicidas favorecería la presencia de hongos en los cultivos ecológicos. Pero los estudios no muestran diferencias consistentes entre alimentos ecológicos y convencionales. En algunos trabajos, se detectan concentraciones superiores en productos ecológicos, sobre todo, en zumos y bebidas y, en otros, ocurre lo contrario.

También se han visto leves diferencias entre alimentos integrales o refinados, y de producción artesanal o industrial. Pero no son consistentes ni relevantes, ya que todos los alimentos deben cumplir la normativa, independientemente del tipo de procesado.

¿Sirve cocinar para eliminarlas?

En general, no. Las micotoxinas son moléculas sorprendentemente resistentes al calor. Hornear pan, cocinar pasta o recalentar alimentos en el microondas apenas modifica su presencia.

Algunos procesos industriales más agresivos, como la extrusión o tratamientos alcalinos, sí consiguen reducir algunas micotoxinas. Sin embargo, esa desaparición no siempre equivale a una detoxificación real. En algunos casos, lo que ocurre es que se transforman en otros compuestos cuya toxicidad aún se está investigando.

Lo que sí podemos hacer en casa

Aunque no podamos detectar las micotoxinas a simple vista en casa, sí podemos evitar que los hongos crezcan en nuestros alimentos.

La primera medida consiste en conservar los productos de despensa en lugares frescos y secos. La humedad favorece el desarrollo de los mohos y aumenta la probabilidad de que estos produzcan nuevas toxinas durante el almacenamiento doméstico.

Por otro lado, si un alimento presenta moho visible, lo recomendable es desecharlo. Cortar la parte afectada no suele ser suficiente en alimentos blandos como pan, fruta o mermeladas.

También es recomendable adquirir siempre los alimentos a través de comercios fiables, donde los controles de calidad son sistemáticos.




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¿Conviene dejar de comer ciertos alimentos?

Algunos estudios detectan que personas con dietas pobres en frutas y verduras presentan menos biomarcadores de micotoxinas. Pero esos mismos patrones dietéticos se asocian a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad o cáncer. En conjunto, la evidencia indica que mantener una dieta variada y rica en vegetales es mucho más beneficioso para la salud que intentar evitar por completo los alimentos que pueden contener trazas de micotoxinas.

De modo que la mejor estrategia sigue siendo una dieta variada y equilibrada. Así, evitaremos exponernos en exceso a una sola fuente posible de contaminación. Además, el consumo de verduras puede protegernos de los efectos tóxicos de estos compuestos.

En el caso de los niños pequeños, que comen más en relación a su peso, el riesgo es mayor si se les expone prematuramente a alimentos como el pan, las galletas o la pasta. Por eso, los límites legales de micotoxinas para los alimentos infantiles son más restrictivos.

Algo parecido ocurre con el cacao. Un estudio reciente, realizado en España, detectó aflatoxinas en este alimento con relativa frecuencia, especialmente en el cacao en polvo. Los autores concluyeron que, en niños con un consumo elevado, la exposición podría justificar un seguimiento más estrecho y apoyar futuras medidas regulatorias.

La prevención empieza mucho antes de llegar a nuestra cocina

Las decisiones que más reducen la exposición a micotoxinas no se toman en casa, sino en el campo y a lo largo de toda la cadena alimentaria. La gestión agrícola, las condiciones de almacenamiento, los controles analíticos y la legislación constituyen las principales barreras frente a estos contaminantes.

Como consumidores, nuestro papel es más sencillo: conservar correctamente los alimentos, desechar aquellos con moho visible, comprar en establecimientos de confianza y mantener una dieta variada. Perseguir una exposición nula no solo es imposible, sino que podría llevarnos a abandonar alimentos cuyo beneficio para la salud es mayor que el riesgo que representan estas sustancias cuando se mantienen dentro de los límites establecidos.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

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Cáncer infantil: una excepción a las reglas

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Lydia Begoña Horndler Gil, Profesor en inmunología y biología del cáncer, Universidad San Jorge

fizkes/Shutterstock

Cuando una familia recibe la noticia de que su hijo tiene cáncer, una de las primeras preguntas que suele hacerse es: ¿cómo es posible si es un niño?

Lo primero que conviene saber es que no hay culpables. Y lo segundo, que la causa de lo que ha pasado es, en muchos casos, una incógnita. En ese momento, además de la atención sanitaria, el apoyo que procuran a las familias asociaciones como ASPANOA o Cáncer infantil resulta fundamental.

Con sus propias reglas biológicas

Aunque compartan la palabra “cáncer”, los tumores infantiles no pueden considerarse una versión adelantada de los de los adultos. Su origen biológico, los tejidos que afectan y su evolución clínica son diferentes, lo que obliga a estudiarlos y tratarlos como enfermedades con identidad propia.

Mientras que en los adultos predominan los cánceres de pulmón, colon, mama, próstata o estómago, en la infancia los más frecuentes son las leucemias, los tumores cerebrales, los linfomas o los neuroblastomas. Se trata de patologías diferentes que afectan a tejidos distintos y que siguen reglas biológicas propias.

Distribución porcentual de los principales tipos de cáncer infantil. Fuente: Fundación Villavecchia.

Además, el pronóstico suele ser mejor que en muchos tumores de adultos. Aproximadamente ocho de cada diez niños diagnosticados con cáncer sobrevivirán a la enfermedad. En la población adulta, considerando todos los tipos de cáncer en conjunto, la supervivencia ronda el 50 %.

Todo ello nos obliga a entender el cáncer infantil como una entidad independiente. Y es ahí donde surge la primera pregunta: ¿por qué aparece?

No influyen los hábitos

En los adultos sabemos que el tabaco, el alcohol, la obesidad, determinadas infecciones o la exposición prolongada a sustancias tóxicas desempeñan un papel fundamental en la aparición de muchos tumores. Se estima que cerca de un 40 % de los casos en adultos suele ser la consecuencia de décadas de contacto con factores de riesgo.

Pero en los niños la situación es muy diferente, ya que rara vez los cánceres infantiles están relacionados con hábitos o factores ambientales acumulados durante años. A día de hoy sabemos que alrededor de un 5-10 % de los diagnósticos pueden atribuirse a síndromes hereditarios que predisponen a sufrirlos, pero esto deja sin explicar la mayoría de los casos. Tampoco parece fácil atribuirlos simplemente a la “mala suerte”.

Cada vez existen más evidencias de que muchos tienen su origen en alteraciones genéticas y cromosómicas que aparecen durante las primeras etapas del desarrollo –e incluso antes del nacimiento en algunas ocasiones– y que pueden permanecer silenciosas durante años antes de dar lugar a la enfermedad.

Todas estas diferencias tienen consecuencias directas en la práctica clínica, condicionando el diagnóstico, las estrategias terapéuticas y la evolución de los pacientes.

Diferencias con los adultos

Un niño no es un adulto pequeño. Su sistema inmunitario está madurando, sus órganos están desarrollándose y los tejidos donde aparece el tumor son muy distintos a lo que esperaríamos en una persona adulta.

La leucemia mieloide aguda es un buen ejemplo. Históricamente, los modelos más utilizados para estudiarla han sido pacientes de edad avanzada, pero la médula ósea de un niño poco tiene que ver con la de una persona de 70 años. Mientras que en el adulto envejecido la médula pierde progresivamente actividad hematopoyética (formación y desarrollo de células sanguíneas) y se infiltra por el tejido adiposo, en los niños constituye un órgano extraordinariamente activo, diseñado para sostener el crecimiento y con una alta mineralización.

Cada vez hay más evidencias de que ese microambiente condiciona cómo se comportan las células tumorales y cómo responden a los tratamientos los pacientes pediátricos. Algunas células leucémicas pueden encontrar refugio en nichos específicos de la médula ósea, escapar temporalmente a la acción de los fármacos y convertirse más tarde en el origen de una recaída, momento en que la tasa de supervivencia baja rápidamente.

Otra diferencia añadida es que los síntomas del cáncer infantil suelen ser poco específicos y pueden confundirse. Mientras que muchas personas asocian el cáncer en adultos con la aparición de un bulto o una pérdida de peso repentina, en los niños las señales de alarma pueden ser mucho más sutiles. Fiebre persistente, cansancio excesivo, infecciones recurrentes, hematomas frecuentes o dolores óseos son algunas de las manifestaciones que pueden activar las alarmas.

Cuando la supervivencia no es el único objetivo

Además, cuando pensamos en los tratamientos contra el cáncer solemos asumir que el objetivo principal es lograr la supervivencia de la persona afectada. Sin embargo, si el paciente es un niño, el objetivo no se reduce solo a la supervivencia, sino a reducir al máximo los efectos asociados tanto a la enfermedad como a los tratamientos utilizados.

Muchos de las opciones terapéuticas actuales, como la quimioterapia o la radioterapia, pueden producir efectos secundarios importantes. En un paciente adulto, estas secuelas pueden tener un impacto diferente debido al momento vital en el que aparece la enfermedad. En cambio, cuando la terapia se administra durante la infancia, es inevitable preguntarse qué consecuencias tendrá décadas después: ¿afectará al crecimiento?, ¿condicionará la función cardíaca o endocrina?, ¿podrá limitar la fertilidad o la posibilidad de tener hijos en el futuro?, ¿influirá en la calidad de vida cuando el paciente alcance la edad adulta?…

Muchos grupos de investigación trabajamos para conocer y comprender esas diferencias, con el objetivo de desarrollar tratamientos cada vez más precisos y personalizados que permitan a los pacientes no solo superar la enfermedad, sino desarrollar una vida plena y completa. Porque vivir no debería limitarse a sobrevivir.

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Lydia Begoña Horndler Gil recibe financiación para su investigación por parte de ASPANOA, la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón.

– ref. Cáncer infantil: una excepción a las reglas – https://theconversation.com/cancer-infantil-una-excepcion-a-las-reglas-285018

Cómo enseñar reanimación cardiopulmonar en la escuela de manera eficaz

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Pelayo Diez Fernández, Profesor en el Departamento de Biologia Funcional. Área Educación Física y Deportiva, Universidad de Oviedo

Matej Kastelic/Shutterstock

Un adolescente que se desploma durante un partido, una madre que se desvanece en una celebración familiar o un abuelo que se derrumba en el parque mientras juega con su nieta… Son situaciones poco frecuentes, pero cuando ocurren hay algo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte: la actuación de quienes están presentes en los primeros minutos.

En España, más de 30 000 personas sufren cada año una parada cardiaca fuera del hospital. En estos casos, reconocer la emergencia, llamar al 112 e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

No hay duda de que los niños pueden aprender estas habilidades, y de hecho la mayoría de los currículos educativos los incluyen, como hemos comprobado en una investigación reciente. Pero el reto es cómo enseñar la RCP para que los conocimientos adquiridos se traduzcan en confianza, disposición a actuar y capacidad de respuesta cuando alguien necesita ayuda.

La escuela, el lugar con mayor potencial

Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Europeo de Resucitación impulsan iniciativas como Kids Save Lives, que promueven la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar en la escuela desde edades tempranas. La razón es sencilla: ningún otro lugar tiene la capacidad de llegar a toda una generación.

Las campañas dirigidas a adultos son necesarias, pero suelen ser voluntarias y alcanzan a un número limitado de personas. La escuela ofrece algo diferente. Todos los niños pasan por ella y se encuentran en una etapa ideal para aprender habilidades que pueden acompañarlos durante toda la vida.

No se trata de formar sanitarios. Se trata de formar ciudadanos capaces de ayudar.




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¿Son demasiado pequeños para aprender?

Algunas personas dudan de si aprender estos mecanismos de reanimación puede ser algo demasiado complejo o les traslada demasiada responsabilidad a los niños. La respuesta es no.

Tan pronto como desde los 6 años, los escolares pueden aprender a reconocer una emergencia, pedir ayuda, comenzar con las compresiones e incluso utilizar un desfibrilador. Aunque los más pequeños no siempre tienen la fuerza necesaria para realizar compresiones de alta calidad, sí pueden aprender los pasos esenciales para poner en marcha la cadena de supervivencia.

Además, la escuela no solo transmite conocimientos. También ayuda a desarrollar actitudes, valores y comportamientos. Igual que enseñamos educación vial o hábitos saludables, podemos enseñar a actuar ante una emergencia.




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De la teoría a la práctica: actuar cuando llega el momento

En la enseñanza de la reanimación cardiopulmonar no basta con transmitir conocimientos: hay que conseguir que los estudiantes se impliquen, practiquen y, sobre todo, se sientan capaces de actuar cuando se enfrenten a una emergencia real.




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Uno de los principales obstáculos para intervenir ante una parada cardiaca no es la falta de información, sino el miedo a hacerlo mal. Miedo a equivocarse, a hacer daño o a no saber reaccionar bajo presión.

Por eso, el verdadero desafío consiste en encontrar metodologías que permitan aprender mejor, recordar durante más tiempo y aumentar la confianza para intervenir cuando sea necesario.

Las metodologías activas pueden desempeñar un papel importante en este proceso. Estrategias como las simulaciones, los retos o la gamificación convierten al alumnado en protagonista de su aprendizaje. En lugar de limitarse a escuchar, los estudiantes toman decisiones, resuelven problemas y practican en situaciones que se parecen a las que podrían encontrar en la vida real.




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Ventajas de la ‘gamificación’

La gamificación utiliza elementos propios de los juegos, como misiones, desafíos o historias, para aumentar la participación del alumnado. Esto no significa convertir la RCP en un juego ni restar importancia a la gravedad de una emergencia.

Un estudio reciente con estudiantes de secundaria españoles comparó ambos enfoques y encontró que, aunque las habilidades técnicas resultaron similares entre grupos, quienes habían aprendido jugando mostraron más confianza, mayor intención de actuar ante una emergencia real y menos desmotivación que quienes recibieron una clase tradicional.

El verdadero reto ya no es si los niños pueden aprender RCP, sino cómo enseñarles de una forma que aumente esa confianza y esa disposición a actuar cuando alguien necesite ayuda. Porque en una emergencia no basta con saber qué hacer. Hay que atreverse a hacerlo.

Y quizá la mejor forma de conseguirlo empiece jugando en las aulas.

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Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

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La literatura después del 11 de septiembre de 2001: del trauma global al conflicto local

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Adriana Kiczkowski, Profesora de Filología Inglesa, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia

Bomberos y periodistas en la zona cero de Nueva York tras el ataque del 11 de septiembre de 2001. Anthony Correia/Shutterstock

El 11 de septiembre de 2026 se cumplen 25 años de los atentados terroristas que destruyeron las Torres Gemelas de Nueva York. Desde entonces, la literatura ha intentado contar no solo lo que ocurrió aquel día, sino también cómo sus consecuencias transformaron la vida cotidiana y nuestra forma de entender la guerra, la seguridad y las fronteras.

En los días y meses posteriores a los atentados, periódicos y revistas culturales como The Guardian y Harper’s Magazine publicaron textos de reconocidos escritores para ayudar a interpretar unas imágenes que millones de personas habían contemplado casi en directo. Ian McEwan escribió sobre las últimas llamadas de las víctimas; Martin Amis reflexionó sobre la vulnerabilidad estadounidense; Paul Auster dejó unas notas tomadas aquel mismo día, y Don DeLillo analizó en diciembre el significado histórico y político del ataque. Estas intervenciones inmediatas anticiparon cuestiones que después desarrollarían en su ficción.

Del espectáculo televisivo al duelo

Las primeras novelas importantes sobre el 11-S se enfrentaron a una dificultad: los atentados ya parecían una ficción por su dimensión visual. El hombre del salto (2007), de Don DeLillo, comienza con un superviviente que camina entre los restos de las Torres Gemelas, y convierte una imagen contemplada globalmente en la experiencia corporal y desorientada de una persona:

“Ya no era una calle sino un mundo, un tiempo y un espacio de ceniza cayendo y casi noche. Caminaba hacia el norte por los escombros y el barro y pasaban junto a él personas que corrían tapándose la cara con una toalla o cubriéndose la cabeza con la chaqueta. Iban con pañuelos apretados contra la boca. Llevaban los zapatos en la mano, una mujer con un zapato en cada mano pasó corriendo junto a él. Iban corriendo y se caían, algunos de ellos, confusos y desmañados, con los cascotes derrumbándoseles en torno, y había gente que buscaba cobijo debajo de los coches”.

En Tan fuerte, tan cerca (2005), de Jonathan Safran Foer, la televisión, las fotografías, los sonidos y los objetos cotidianos ocupan un lugar central. Las obras no se limitan a reconstruir la destrucción de las torres: se centran en la ausencia, el duelo y la dificultad de recuperar una vida normal.

Paul Auster siguió un camino similar en Un hombre en la oscuridad (2008). Frente a la saturación de imágenes, estas ficciones devolvieron al acontecimiento una dimensión íntima. El atentado empezó a medirse por sus efectos en un matrimonio, en una familia o en una persona incapaz de olvidar lo visto en televisión.

Portada de los libros mencionados.

Planeta de Libros/Anagrama

Sin embargo, aquella primera respuesta tuvo sus límites. Una buena parte de la narrativa británica y estadounidense abordó el terrorismo desde las sociedades occidentales. Algunas obras reprodujeron, aun sin pretenderlo, la oposición entre “Occidente” y “el islam” del discurso oficial, mientras relegaban las posibles causas históricas y políticas de la violencia.

La guerra contra el terror, vista desde los márgenes

A medida que avanzaban las guerras de Afganistán e Irak, otras novelas ampliaron el campo de visión. El fundamentalista reticente (2007), de Mohsin Hamid; La casa de los sentidos (2008), de Nadeem Aslam, y Sombras quemadas (2009), de Kamila Shamsie, situaron el 11-S más allá de una tragedia exclusivamente estadounidense. Lo relacionaron con la migración, la ocupación militar, la islamofobia, la tortura y la pérdida de derechos.

En estas obras, un personaje musulmán puede convertirse en sospechoso en Nueva York o en Londres mientras su familia sufre las consecuencias de la guerra en Pakistán, Afganistán o Irak. La literatura muestra que la “guerra contra el terror” no se desarrolló solo en los campos de batalla: también se extendió a los aeropuertos, las aulas, los barrios y los lugares de trabajo.

Un hombre mira por la ventana mientras en el reflejo ve a las Torres Gemelas en llamas.
Riz Ahmed en una imagen de la adaptación cinematográfica de El fundamentalista reticente.
Mirabai Films

En mi investigación doctoral propuse leer estas obras de ficción como literatura de la “glocalización”. La idea es sencilla: lo global nunca ocurre en abstracto, sino que se vive en un cuerpo, una casa o una ciudad. Sombras quemadas, por ejemplo, enlaza el bombardeo atómico de Nagasaki, la partición de la India, la Guerra Fría y la guerra contra el terror a través de dos familias. Las decisiones de los gobiernos terminan marcando la piel y las relaciones de personas concretas.

La economía y las finanzas completan esa mirada. Netherland, de Joseph O’Neill; El fundamentalista reticente y Kapitoil, de Teddy Wayne, relacionan terrorismo, finanzas, petróleo y especulación. Sus protagonistas se mueven cerca del centro financiero de Nueva York, pero sus decisiones repercuten en países y vidas alejados de Wall Street.

Madrid, Londres y París: el miedo se propaga

El marco político creado tras el 11-S también condicionó otros atentados. Después del 11 de marzo de 2004, la literatura española abordó los ataques a los trenes de Madrid desde la memoria, el duelo y la dificultad de representar una violencia que afectaba a la ciudad. Así ocurre en El mapa de la vida, de Adolfo García Ortega.

En Londres, Sábado (2005), de Ian McEwan, trasladó el miedo al terrorismo y el debate sobre la guerra de Irak a la vida cotidiana. Tras los atentados del 7 de julio de 2005, otras obras examinaron la vigilancia, la militarización y la sospecha dirigida a las comunidades musulmanas. Incendiary, de Chris Cleave, presenta una ciudad en la que el miedo nace tanto de la violencia como de su tratamiento político y mediático. Los ataques de París de noviembre de 2015 prolongaron este imaginario de ciudades europeas sometidas a una amenaza permanente.

Una violencia que no cesa

Con el paso de los años, la ficción se ha alejado del instante del atentado para ocuparse de las consecuencias convertidas en crónicas. Las novelas más recientes muestran conflictos interconectados, desplazamientos forzosos y personajes que ya no encuentran un regreso claro a casa. La guerra aparece como una red persistente de intervenciones, fronteras y negocios, no como un episodio cerrado.

La literatura posterior al 11-S no ofrece una interpretación única porque el trauma tampoco fue igual para todos. Desde las torres de Nueva York hasta los trenes de Madrid, el metro de Londres o las calles de París, la ficción ha desplazado la mirada del acontecimiento hacia sus consecuencias humanas. Ha convertido una historia global en historias locales y ha preguntado quién merece ser recordado, quién queda fuera de la imagen y qué significa vivir en una guerra interminable.

Leer el 11-S desde la literatura permite recordar que detrás de palabras como terrorismo, seguridad, mercado o guerra hay vidas concretas. También revela una paradoja vigente: las amenazas atraviesan las fronteras, pero las respuestas destinadas a garantizar la seguridad pueden erosionar derechos y libertades y generar nuevas formas de incertidumbre.


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The Conversation

Adriana Kiczkowski no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. La literatura después del 11 de septiembre de 2001: del trauma global al conflicto local – https://theconversation.com/la-literatura-despues-del-11-de-septiembre-de-2001-del-trauma-global-al-conflicto-local-291055

Grand âge et perte d’audition : le manque de dépistage finit par coûter cher

Source: The Conversation – in French – By Laurence Hartmann, Maîtresse de conférences en sciences économiques – Economiste de la santé, laboratoire LIRSA EA4603, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)


L’ESSENTIEL

  • La perte auditive, qui survient avec l’âge, reste insuffisamment dépistée et prise en charge.

  • Les données montrent pourtant clairement que le fait de porter des appareils auditifs prévient les chutes ainsi que le déclin cognitif.

  • Ne pas suffisamment prendre en charge la question de l’audition dans les politiques du grand âge a un coût sanitaire, mais aussi économique.


Longtemps reléguée au rang des « petits maux » du vieillissement, la perte auditive est encore trop souvent perçue comme une gêne inévitable. Pourtant, chez les personnes âgées, ses effets dépassent largement la seule difficulté à entendre : elle peut compromettre l’autonomie, fragiliser la sécurité au quotidien et altérer la qualité des soins.

Et, comme souvent en santé publique, les réponses existent, qu’elles soient techniques, cliniques ou organisationnelles. C’est leur intégration dans les parcours de prise en charge qui fait défaut, en particulier en établissement médico-social.

Un fardeau sanitaire… et économique

La prévalence de la perte auditive augmente fortement avec l’âge. Elle est de l’ordre d’un tiers autour de 65-75 ans et atteint environ une personne sur deux aux âges les plus avancés (80 ans et plus), selon des données européennes. Cette progression est également observée en France dans la cohorte CONSTANCES, où la prévalence de la perte auditive dépasse 60 % chez les 71–75 ans.

Les conséquences sont non seulement individuelles, mais aussi collectives : une perte auditive non prise en charge peut entraîner des difficultés de communication, des malentendus dans les consignes de soin, un repli social, un état dépressif, un déclin cognitif plus rapide ainsi que des troubles de l’équilibre et un risque accru d’accidents.

Elle génère ainsi des coûts directs pour le système de santé, mobilise du temps et de l’énergie pour les proches, et entraîne surtout une perte de qualité de vie souvent invisible dans les comptes publics. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime ainsi que la perte auditive non prise en charge représente près de mille milliards de dollars par an dans le monde ; ce chiffre, qui couvre l’ensemble des âges, doit moins être lu comme une mesure exacte que comme un signal d’ampleur.

Dans la littérature récente, le lien de la perte auditive avec le déclin cognitif et les démences occupe une place croissante. La Commission Lancet 2024, qui fait référence en matière de prévention des démences, a identifié 14 facteurs de risque modifiables pouvant théoriquement prévenir ou retarder près de 45 % des cas de démence.

Parmi eux, la perte auditive se distingue comme le premier facteur de risque modifiable de la vie adulte, avec une fraction attribuable de 7 %, soit autant que le cholestérol LDL élevé (surnommé « mauvais cholestérol » parce que, en excès, il se dépose sur les parois des artères, ndlr), et davantage que le diabète, le tabagisme ou l’hypertension artérielle. L’effet dose-réponse est documenté : chaque aggravation de 10 décibels est associée à une hausse de 16 % du risque de démence.

Surtout, des données interventionnelles viennent désormais conforter ces associations observationnelles. L’essai clinique randomisé ACHIEVE a montré, chez les personnes âgées présentant un risque élevé de déclin cognitif, une réduction de 48 % du déclin cognitif global à trois ans dans le groupe appareillé par rapport au groupe témoin.

En parallèle, une méta-analyse de huit études observationnelles portant sur plus de 127 000 participants, suivis depuis deux ans à vingt-cinq ans, a montré que l’usage d’aides auditives était associé à une réduction de 19 % du risque de déclin cognitif à long terme, par rapport à une perte auditive non corrigée.

Ces résultats suggèrent un bénéfice potentiel de l’appareillage sur le plan cognitif. Sur le plan économique, une modélisation britannique estime que la fourniture d’appareils auditifs pourrait également être génératrice d’économies nettes, notamment en raison de son effet potentiel sur l’incidence de la démence.

Avec 57 millions de personnes atteintes de démence dans le monde en 2019 et des projections à 153 millions d’ici à 2050, tout levier de prévention susceptible d’infléchir, même modestement, cette trajectoire représente un enjeu humain et économique considérable.

La littérature scientifique internationale associe la perte auditive à la fragilité définie comme un état de vulnérabilité accrue aux événements de santé résultant notamment d’une diminution des réserves physiologiques. Cette association est retrouvée de façon robuste dans plusieurs travaux combinant données transversales et longitudinales, même si la part exacte de causalité reste discutée.

Fragilité, perte d’audition et… chutes

Les chutes illustrent concrètement ce lien entre audition et fragilité. Un résultat récent issu de l’essai ACHIEVE renforce ce constat : les participants ayant bénéficié d’une intervention auditive ont présenté, sur trois ans, un nombre moyen de chutes inférieur de 27 % à celui du groupe témoin.

En France, les chutes constituent l’un des marqueurs les plus visibles de la perte d’autonomie. Le plan national triennal antichute des personnes âgées, lancé en 2022, en faisait déjà un enjeu majeur de santé publique et estimait leur coût à 2 milliards d’euros par an, dont 1,5 milliard à la charge de l’Assurance-maladie.

Selon les données récentes de Santé publique France, en 2024, près de 175 000 hospitalisations et plus de 20 000 décès en lien avec une chute ont été recensés chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Entre 2019 et 2024, les taux standardisés d’hospitalisation et de mortalité associés aux chutes ont respectivement augmenté de 20,5 % et de 18 %. Ces évolutions interrogent d’autant plus que le plan visait une réduction de 20 % des chutes mortelles ou invalidantes à l’horizon 2024.

La question n’est donc plus de savoir si l’audition mérite une place dans les parcours de soins des personnes âgées, mais comment lui en donner une concrètement.

En Ehpad, des déficiences sensorielles fréquentes

En Ehpad (« nursing homes » dans la littérature internationale), la perte auditive est loin d’être marginale. Elle s’inscrit souvent dans un faisceau de fragilités sensorielles, cognitives et fonctionnelles.

En France, l’enquête Handicap-Santé 2014 montrait déjà qu’en institution, 42 % des résidents souffraient de limitations fonctionnelles auditives, dont 15 % de formes graves ou très graves, soit une prévalence près de deux fois et demie supérieure à celle observée à domicile.

L’étude européenne SHELTER, menée dans huit pays, aboutissait à l’époque à un constat du même ordre : près de deux résidents sur trois présentaient au moins une déficience visuelle ou auditive, et près d’un tiers cumulait les deux. Autrement dit, en établissement, les troubles sensoriels ne relèvent pas de l’exception, mais du quotidien. Pourtant, le repérage reste inégal, et c’est là que se situe l’un des angles morts de la prise en charge.

Ce problème n’est pas nouveau. Dès les années 2000, des travaux en nursing home montraient qu’une perte auditive importante restait non détectée chez plus de la moitié des résidents, et plaidaient pour des évaluations régulières ainsi que pour de véritables politiques institutionnelles de dépistage.

Vingt ans plus tard, le sujet est clairement identifié en France, sans être systématiquement intégré aux organisations de soins. En 2021, le rapport conjoint de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) sur la filière auditive recommande toutefois la désignation d’un « référent audition » pour un Ehpad ou un groupe d’Ehpad et l’expérimentation d’un protocole adapté au dépistage, à l’appareillage et au suivi des personnes âgées dans l’incapacité de se déplacer.

Autrement dit, le besoin est repéré de longue date ; ce qui manque encore, c’est sa traduction systématique dans les pratiques ordinaires.

Des solutions éprouvées, une organisation à construire

Les obstacles sont bien connus : banalisation du trouble notamment chez les personnes âgées – notamment lorsqu’elles sont polypathologiques ou présentent des troubles cognitifs –, accès inégal aux filières audiologiques, fatigabilité des patients, difficulté d’usage réel des aides auditives et, surtout, absence de routine institutionnelle.

À titre d’illustration, un essai pragmatique en soins primaires montre combien l’organisation concrète du dépistage conditionne son effectivité : lorsque celui-ci était proposé et réalisé sur place, l’adhésion était près de quatre fois supérieure à celle observée lorsqu’il devait être effectué à domicile.

Chez les personnes présentant des troubles cognitifs, les revues de littérature récentes soulignent en outre les limites des seuls auto-questionnaires et l’intérêt de méthodes d’évaluation adaptées à cette population.

Un levier majeur est donc organisationnel : intégrer le repérage des troubles auditifs à l’entrée en Ehpad et à leur suivi, former des référents, faciliter l’accès à la filière audiologique et accompagner l’usage effectif des aides auditives au quotidien. Autant de pistes déjà identifiées, notamment par l’IGAS et l’IGESR, mais qui restent à inscrire plus systématiquement dans les pratiques.

À l’heure où la France cherche à structurer sa politique du grand âge, faire de l’audition un volet à part entière du parcours de soins en établissement n’est pas un luxe : c’est une dimension de la qualité de la prise en charge.

The Conversation

Laurence Hartmann est membre administrateur bénévole du conseil scientifique de l’association nationale de
l’audition depuis 2025.

– ref. Grand âge et perte d’audition : le manque de dépistage finit par coûter cher – https://theconversation.com/grand-age-et-perte-daudition-le-manque-de-depistage-finit-par-couter-cher-290467

Le Québec a de l’eau en abondance, mais il doit mieux gérer la ressource

Source: The Conversation – in French – By Marie Larocque, Professeure au département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Dans certaines régions du sud-ouest du Québec, comme en Montérégie, des tensions liées à l’accès à l’eau se manifestent. Rivière Châteauguay au village de Sainte-Martine. (Wikipédia)

Le Québec est un territoire riche en eau. Pourtant, il en manque de plus en plus fréquemment dans certains secteurs. La disponibilité de l’eau constitue, même ici, l’un des grands enjeux du XXIe siècle.


Une gestion durable vise à maintenir une quantité et une qualité d’eau suffisantes pour la population et les écosystèmes. Toutefois, assurer la disponibilité de l’eau exige de concilier des usages multiples et parfois concurrents.

En avril 2026, le Centre québécois de recherche sur la gestion de l’eau (CentrEau) a réuni, à l’occasion de son rendez-vous annuel, la communauté scientifique, les instances gouvernementales et municipales, ainsi que les organismes de bassins versants, pour discuter des enjeux liés à la disponibilité de l’eau au Québec.

Ces échanges ont mis en évidence trois défis étroitement liés : la prévention des conflits d’usages, l’acquisition et la mobilisation des connaissances, et l’amélioration des outils de planification.

Lorsque les usages de l’eau entrent en concurrence

Un confit d’usage survient lorsque la ressource en eau est en quantité insuffisante ou de qualité insatisfaisante pour satisfaire les besoins des personnes usagères au même moment. Dans certains secteurs du sud-ouest du Québec, des tensions liées à l’eau se sont manifestées lors des étés secs de 2021 et 2025.

Durant ces périodes de sécheresse, des municipalités peuvent imposer des restrictions d’usage pour éviter une pénurie d’eau. Au même moment, les producteurs agricoles doivent continuer d’irriguer leurs cultures pour éviter les pertes de récoltes. Ces contrastes dans les autorisations peuvent créer un sentiment d’injustice dans la population et entraîner des mécontentements ou un contournement des règlements municipaux.




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Plusieurs facteurs interagissent et évoluent dans le temps : les conditions météorologiques et climatiques, l’aménagement du territoire, la croissance des besoins, l’état des infrastructures et les réalités socioéconomiques. Ces facteurs influencent la disponibilité de l’eau ainsi que sa vulnérabilité à la pollution.

Par exemple, un sol sableux favorise l’infiltration de l’eau, ce qui rend les eaux souterraines plus vulnérables aux sources de contamination en surface, tandis qu’un sol argileux peu perméable offre une plus grande protection aux eaux souterraines.

Au Québec, les demandes d’autorisation des usages de l’eau sont priorisées d’abord pour répondre aux besoins essentiels de la population, des écosystèmes, de l’agriculture et finalement, à ceux de l’industrie. Cette hiérarchisation s’inscrit dans une approche de gestion intégrée.

Certaines juridictions ailleurs dans le monde utilisent des indicateurs de disponibilité de l’eau et des seuils d’intervention pour réduire les risques de conflits. Leur mise en œuvre repose toutefois sur une acceptabilité sociale suffisante, puisqu’elle implique parfois des arbitrages. Les indicateurs et les seuils ne sont pas encore largement utilisés au Québec.

Le défi de développer et mobiliser les connaissances

Limiter les conflits d’usage de l’eau passe avant tout par une connaissance fine de la ressource. Les connaissances sur les eaux souterraines au Québec sont relativement récentes. Leur développement s’est véritablement accéléré au cours des deux dernières décennies, alors que la recherche sur les eaux de surface bénéficie d’un historique beaucoup plus long.

Les questions liées à la gestion des ressources en eau sont nombreuses et complexes. Il faut comprendre comment la disponibilité de l’eau varie selon les saisons, les années et les territoires, en plus de mieux documenter ses usages, qu’il s’agisse des prélèvements effectués par les différents besoins humains, ou des besoins en eau des milieux naturels.

Les résultats de recherche ne débouchent pas toujours immédiatement sur des outils applicables à la gestion quotidienne, ce qui crée un défi particulier pour les personnes qui doivent élaborer des outils d’aide à la décision.




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Les nouvelles connaissances doivent donc être continuellement intégrées aux pratiques de gestion, de concert avec tous les acteurs et actrices de l’eau.

Au Québec, des organisations comme le Réseau québécois sur les eaux souterraines et les tables de concertation des organismes de bassins versants (OBV), jouent un rôle clé dans le rapprochement entre la recherche et l’action. Créer des pratiques capables de relier la science aux besoins de la société est crucial pour développer une planification efficace.

Mieux planifier pour mieux gérer

La planification régionale de la ressource en eau demeure un élément essentiel pour concilier les usages à court, moyen et long terme. Elle doit tenir compte à la fois des eaux de surface et des eaux souterraines. Malgré les progrès réalisés, cet exercice demeure complexe partout dans le monde et rappelle l’importance de réduire la nécessité d’intervenir dans l’urgence.

Au Québec, les plans directeurs de l’eau (PDE) sont l’outil de planification stratégique utilisé à l’échelle des bassins versants pour assurer la pérennité des ressources en eau et de ses usages. Ils reflètent les préoccupations et les priorités identifiées par la population d’un territoire.

Une carte du Québec avec des points colorés représentant la qualité de l’eau
L’Atlas de l’eau propose une cartographie interactive du Québec pour consulter différentes connaissances sur l’eau.
(Gouvernement du Québec)

Même lorsque la disponibilité de l’eau n’est pas considérée comme un enjeu majeur, les PDE mettent en lumière des préoccupations liées aux prélèvements, à la vulnérabilité des approvisionnements, aux conflits d’usage ou à la protection des écosystèmes aquatiques. Cette lecture territoriale permet de mieux orienter les efforts de recherche vers les besoins réels des communautés. Elle aide également à repérer les lacunes de connaissances à l’élaboration de stratégies adaptées à chaque région.

Les données (par exemple, des applications cartographiques interactives ou des documents) sur l’eau sont aujourd’hui largement accessibles au Québec pour l’élaboration et la mise à jour des PDE et autres outils. Lorsque ceux-ci sont bien compris et utilisés par les communautés du milieu, avec l’appui de la communauté scientifique, les enjeux sur l’eau peuvent être abordés de manière rigoureuse. C’est ainsi que des stratégies d’adaptation futures peuvent émerger.


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Une approche globale pour l’avenir

Même si le Québec possède 3 % de l’eau douce mondiale, la province n’est pas à l’abri des épisodes de sécheresse qui exercent des pressions importantes sur certaines communautés. Les connaissances progressent néanmoins rapidement, les outils de planification se développent et les mécanismes de concertation sont de plus en plus utilisés.

Le défi des prochaines années sera de mieux arrimer le développement et la mobilisation des connaissances avec une planification régionale intégrant à la fois les eaux de surface et souterraines. Ceci est essentiel pour faire face aux extrêmes, comme les inondations ou le manque d’eau sur le territoire. Continuer de développer ces leviers permettra de soutenir des décisions éclairées lors des périodes critiques, de favoriser la conciliation des usages à moyen terme et de s’adapter aux changements climatiques.


Plusieurs personnes ont contribué à la rédaction de cet article : Isabelle Adam (MRC Les Jardins-de-Napierville), Kristelle Audet (Groupe AGÉCO), Karine Dauphin (ROBVQ), Sébastien Ouellet-Proulx (MELCCFP) et Valérie Sanderson (CentrEau). Leurs réflexions, commentaires et perspectives ont grandement contribué à enrichir ce texte.

La Conversation Canada

Marie Larocque reçoit des financements du MELCCFP et du CRSNG (entre autres).

Jimmy Mayrand a reçu des financements de Fonds de recherche du Québec – Société et Culture.

– ref. Le Québec a de l’eau en abondance, mais il doit mieux gérer la ressource – https://theconversation.com/le-quebec-a-de-leau-en-abondance-mais-il-doit-mieux-gerer-la-ressource-285898

Le RN veut interdire le foulard islamique dans l’espace public : une rupture avec les principes de liberté religieuse et de non-discrimination

Source: The Conversation – in French – By Lauren Bakir, chercheure en droit public, Université de Strasbourg


L’ESSENTIEL

  • Le Rassemblement national souhaite interdire le foulard islamique dans l’espace public, s’il emporte l’élection présidentielle.

  • Le principe invoqué par le RN est la lutte contre l’islamisme. Or, les données de la recherche ne permettent pas de réduire le port du voile à une motivation politique.

  • Cette interdiction constituerait une rupture avec le principe fondamental de liberté religieuse et contreviendrait à de nombreuses règles de droit.


L’interdiction du foulard dans l’espace public, c’est-à-dire notamment dans la rue, est une proposition du Rassemblement national (RN) qui revient à chaque élection présidentielle. L’idée de restreindre la liberté des femmes musulmanes de porter les signes religieux de leur choix n’est cependant pas nouvelle : après le foulard à l’école, le voile intégral dans l’espace public, le burkini sur les plages, le port du foulard par les mères accompagnatrices lors des sorties scolaires ou les sportives, ou encore l’abaya dans les établissements scolaires, ces propositions se succèdent et se multiplient, et parfois aboutissent.

La difficulté principale, à chaque fois, et cette fois de façon encore plus évidente : c’est le fondement juridique. Limiter une liberté fondamentale, dans un État de droit, requiert en effet un fondement juridique, c’est-à-dire une justification. Est-ce le cas ?

La laïcité ne justifie pas une neutralité religieuse des citoyens dans l’espace public

À la différence d’autres propositions de loi interdisant le foulard dans certains contextes, cette interdiction dans l’espace public ne prétend pas s’appuyer sur le principe de laïcité. Ce dernier impose en effet le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens sans distinction de religion, et le libre exercice des cultes. La laïcité implique également la neutralité de l’État : les personnes qui exercent une mission de service public doivent, par exemple, s’abstenir de porter des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions. La laïcité a également pu justifier, en 2004, l’encadrement des signes religieux des élèves des établissements scolaires publics. Mais cette interdiction s’inscrit dans le cadre particulier du service public de l’éducation et ne signifie nullement que la laïcité imposerait la neutralité aux citoyens. Dans l’espace public, le principe est donc celui de la liberté de religion.

Une interdiction du foulard dans la rue serait donc en rupture avec ce principe constitutionnel. Ce n’est pas, en tout état de cause, la voie proposée par le Rassemblement national, qui veut justifier cette interdiction en arguant d’un lien entre foulard et islamisme.

Du foulard à l’islamisme : un changement de registre argumentatif

Les restrictions de la liberté de porter des signes religieux sont motivées par différents fondements, et parfois par différents registres argumentatifs :

  • la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école s’appuie sur le principe de laïcité ;

  • la loi de 2016, qui permet d’insérer une clause de neutralité dans les règlements intérieurs des entreprises a introduit, sous certaines conditions, la possibilité de restreindre la manifestation des convictions au nom d’une exigence de neutralité ;

  • en 2010, l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public a notamment été défendue au nom des valeurs républicaines et du vivre-ensemble.

Ces textes ne portent pas sur les mêmes pratiques et ne reposent pas sur les mêmes fondements. Ce qui les rapproche est le déplacement progressif des registres utilisés pour rendre juridiquement acceptable une restriction de la visibilité religieuse.

Le registre mobilisé aujourd’hui est différent : il ne s’agit plus seulement de présenter le foulard comme une manifestation religieuse incompatible avec certaines conceptions de la laïcité, ni même comme une atteinte au « vivre-ensemble », mais comme le signe visible d’une idéologie politique. Le foulard est ainsi présenté comme un indice d’islamisme.

Cette assimilation suppose qu’un comportement religieux visible permette de déduire l’adhésion à une idéologie politique. Or cette déduction ne va pas de soi.

Les données disponibles ne permettent pas de réduire le port du voile à une motivation politique. Cette pratique varie selon les générations et les trajectoires migratoires et sociales ; le port du voile ne peut donc être considéré comme un comportement homogène correspondant à une même orientation idéologique.

Les travaux sociologiques consacrés au port du foulard montrent, par ailleurs, la diversité des significations qui peuvent lui être attribuées : pratique religieuse, affirmation identitaire, forme d’émancipation ou d’autonomisation. Cette pluralité de significations fait obstacle à toute assimilation générale entre le port du foulard et l’adhésion à une idéologie islamiste.

La distinction est importante juridiquement. Une restriction d’une liberté fondamentale ne peut reposer sur une présomption générale selon laquelle toutes les personnes adoptant un comportement religieux déterminé poursuivraient en réalité un objectif politique ou constitueraient une menace. Lorsqu’une intervention de l’État est justifiée par des comportements ou des engagements particuliers, ceux-ci doivent pouvoir être caractérisés indépendamment du seul exercice d’une pratique religieuse. Le port du foulard, en tant que tel, ne saurait être assimilé à l’adhésion à une idéologie islamiste.

Une interdiction incompatible avec les engagements européens et internationaux

Faute de démonstration convaincante d’une menace politique évidente, cette interdiction s’avèrerait finalement contraire à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté de pensée, de conscience et de religion – dont la liberté d’extérioriser ses convictions religieuses, notamment en public. Cette liberté n’est certes pas absolue : la Convention permet certaines restrictions lorsqu’elles sont prévues par la loi, poursuivent un objectif légitime et sont nécessaires dans une société démocratique.

La jurisprudence européenne montre que les restrictions aux signes religieux sont appréciées en fonction du contexte dans lequel ils sont portés. La Cour a ainsi admis certaines restrictions dans des cadres particuliers, notamment scolaire ou professionnel, mais cela ne signifie pas que toute manifestation religieuse puisse être interdite dans l’espace public.

Une telle interdiction serait également contraire aux articles 18 et 26 du Pacte international des droits civils et politiques, qui protègent respectivement la liberté de conscience et de religion, et le principe d’égalité.

Le Comité des droits de l’homme des Nations unies relève ainsi « avec préoccupation l’élargissement de telles restrictions » et invite la France à « évaluer l’effet discriminatoire dans la pratique et l’impact de ces mesures sur les membres des minorités religieuses, notamment les femmes et les filles de confession musulmane ».

Une telle interdiction serait donc une atteinte particulièrement importante à l’État de droit si elle reposait sur l’idée que le pouvoir politique pourrait, par simple affirmation, transformer une pratique religieuse en indice de menace politique. Elle poserait également une question majeure au regard de la non-discrimination puisqu’elle viserait une religion et un genre spécifiques.

Cette question est d’autant plus préoccupante que les femmes portant le foulard font déjà l’objet de discriminations, notamment dans l’accès à l’emploi et dans différents espaces de la vie sociale, comme l’ont documenté les travaux récents du défenseur des droits.




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L’évolution des arguments à l’appui de telles interdictions

Cette proposition pose une question qui dépasse le seul port du foulard, elle est symptomatique du rapport aux droits et libertés du Rassemblement national : le souhait de faire fi de l’État de droit, c’est-à-dire du respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution, les conventions européennes et internationales.

Dans un État de droit, la volonté politique ne suffit pas à écarter les garanties juridiques qui s’imposent au législateur. Un pouvoir qui fait fi des limites juridiques, c’est la définition même du pouvoir arbitraire.

La question posée par cette nouvelle proposition dépasse donc finalement le seul foulard. Elle est celle des limites que l’État peut imposer à l’exercice d’une liberté fondamentale et, plus largement, de la capacité du droit à constituer une limite effective à la volonté politique.

The Conversation

Lauren Bakir ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Le RN veut interdire le foulard islamique dans l’espace public : une rupture avec les principes de liberté religieuse et de non-discrimination – https://theconversation.com/le-rn-veut-interdire-le-foulard-islamique-dans-lespace-public-une-rupture-avec-les-principes-de-liberte-religieuse-et-de-non-discrimination-291079

En 50 ans, comment ont évolué les positions des médecins sur l’avortement

Source: The Conversation – in French – By Raphaël Perrin, Docteur en sociologie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

En quelque cinquante ans – de la période qui a précédé l’adoption de la loi Veil jusqu’à aujourd’hui après que l’interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution –, les positions des médecins ont évolué concernant l’interruption volontaire de grossesse. Si les oppositions des années 1970 se sont affaiblies et que le corps médical est plus favorable que jamais au droit à l’avortement, des réticences demeurent.


En 2018, les médias s’étaient fait le relais de la difficulté à avorter pour les habitantes de la Sarthe : l’activité d’interruption volontaire de grossesse (IVG) de l’hôpital du Bailleul, dans la Sarthe, avait été interrompue lorsque le seul des quatre gynécologues qui acceptait de la pratiquer avait pris sa retraite.

Cette situation trouvait un écho dans la déclaration de Bertrand de Rochambeau, président du Syndicat national des gynécologues-obstétriciens (Syngof), principal syndicat de gynécologues, au micro de l’émission Quotidien, le 11 septembre de cette année-là : « Nous ne sommes pas là pour retirer des vies. »

Il n’existe pas de données françaises précises concernant l’usage de la « clause de conscience » – ce droit des médecins de ne pas réaliser d’IVG qui s’appuie sur l’article L2212-8 du Code de la santé publique et qui stipule qu’« un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ». Mais en Europe, la situation de l’Italie inquiète : la « clause de conscience » y est invoquée par 70 % des gynécologues, ce qui cause d’importants problèmes d’accessibilité.

Les médecins seraient-ils et elles si massivement anti-IVG ? Étonnant, dans la mesure où, en France, le soutien au droit à l’avortement n’a cessé de progresser dans la population depuis cinquante ans.

Une enquête sociologique auprès de différentes générations de médecins

Pour y répondre, j’ai mené une enquête sociologique portant sur le rapport des médecins à l’avortement et ses effets sur l’accès à l’IVG. Elle s’est appuyée sur six mois d’observation dans trois centres d’IVG et sur des entretiens menés auprès de 133 professionnel·les de santé. Cette recherche a donné lieu à un ouvrage publié en 2025 aux éditions Agone.

Au début des années 1970, la revendication d’une libéralisation de l’avortement prend forme dans différentes parties de l’espace public, portées par des mouvements féministes. Au sein du corps médical, la question divise. En 1973, 81 % des médecins sont favorables à une modification de la loi, jugée trop répressive, mais 73 % refusent l’idée d’une libéralisation totale.

Quand l’Association des médecins pour le respect de la vie lance un appel qui décrit l’avortement comme participant d’un « génocide », il est signé par 10 031 des 68 000 médecins en exercice. C’est un argument récurrent des opposant·es à la loi.

Pour le Conseil de l’Ordre des médecins, à l’époque, la pratique des avortements serait contraire au serment d’Hippocrate. Mais certain·es médecins se mobilisent pour une évolution de la loi et une fraction de la profession s’engage dans la pratique illégale de l’avortement.

La loi Veil de 1975 autorise l’interruption volontaire de grossesse qu’elle soumet à plusieurs conditions ; et parmi celles-ci, la pratique exclusive de l’IVG par les médecins et dans les établissements de santé : l’avortement sera médical ou ne sera pas. La loi repose donc sur une profession qui alors, dans l’ensemble, n’a aucune envie l’appliquer. Beaucoup des chefs de gynécologie et d’obstétrique refusent d’y prendre part voire s’opposent à ce que l’activité s’organise dans leur service.

Dans un département rural (pour lequel l’anonymat est requis, ndlr) au sein duquel s’est concentrée une partie de mon enquête, il faut attendre 1982, soit sept ans après le vote de la loi, avant qu’une médecin accepte et soit autorisée par un hôpital à pratiquer les premières IVG. Ailleurs, des gynécologues appliquent la loi à leur façon, acceptant ou refusant les demandes d’IVG au cas par cas, interdisant toute forme d’anesthésie ou compliquant à outrance la procédure médicale.

Retours d’entretiens avec des spécialistes de l’avortement

Les entretiens réalisés avec des professionnel·les de santé de différentes générations m’ont permis de retracer la constitution d’un espace professionnel de l’avortement après le vote de la loi Veil. Face au refus des gynécologues, la prise en charge de l’IVG s’organise initialement dans des centres d’IVG hospitaliers autonomes.

Les équipes sont formées de jeunes médecins volontaires, principalement généralistes et, pour une partie, politisé·es à l’extrême gauche, qui appliquent la loi avec libéralité en ne respectant pas toujours le terme légal limite de l’IVG, la semaine d’attente obligatoire (dite « de réflexion »), en permettant aux étrangères ou aux mineures sans autorisation parentale d’avorter.

Ces médecins en font leur spécialité : ils et elles y consacrent une part importante, voire la totalité de leur temps de travail, développent des savoirs spécifiques autour de l’avortement et une maîtrise technique du geste, se mobilisent et se forment dans des organisations professionnelles dédiées. Certain·es développent une identité professionnelle d’« avorteur » ou « avorteuse ».

Ce segment professionnel de médecins qui se spécialisent dans l’IVG s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui, avec quelques évolutions. L’engagement partisan des avorteurs et avorteuses à l’extrême gauche s’est atténué bien que cette orientation professionnelle minoritaire s’ancre toujours dans une socialisation politique ou féministe.

Elle est surtout une manière pour des médecins en crise vocationnelle, qui ont un sentiment de désajustement social, politique, éthique avec leur profession et sa culture, de trouver des collègues qui leur ressemblent, des pratiques professionnelles qu’ils et elles valorisent et des conditions matérielles d’exercice aujourd’hui intéressantes.

L’IVG permet en effet à des généralistes d’accéder à une activité médicale collective à l’hôpital, de développer une activité en gynécologie. Elle peut leur ouvrir la porte du bloc opératoire et d’une activité chirurgicale. En libéral, il s’agit d’une activité relativement lucrative pour des généralistes ou des sages-femmes.

L’avortement devient une « mission » du gynécologue

En cinquante ans, la prise en charge de l’avortement se banalise progressivement au sein du champ médical et se « gynécologise » : en 1993, l’entrave à l’IVG devient un délit, les chefs de service de gynécologie acceptent le rattachement des centres à leur service, et l’IVG, premier geste pratiqué en autonomie au bloc opératoire, devient un élément central de l’apprentissage du métier par les internes.

Quand il n’y a pas, ou pas assez, de médecins spécialistes pour le faire, ce sont désormais les gynécologues obstétriciens et obstétriciennes des maternités qui pratiquent les IVG, ponctuellement, à la marge du reste de leur activité.

Le droit à l’avortement fait l’objet d’un soutien croissant et largement majoritaire parmi les médecins aujourd’hui. Désormais, les gynécologues, qui ont redéfini leur rôle professionnel au cours des cinquante dernières années autour de la santé des femmes (et plus seulement en référence à la naissance), considèrent souvent l’avortement comme une de leurs « missions », qu’ils et elles assurent dans un « esprit de service public ».

Contrairement à d’autres pays comme les États-Unis, l’Australie, l’Italie ou l’Espagne, il n’existe plus vraiment de « stigmate de l’avorteur » portant atteinte à la carrière professionnelle en France.

Le droit à l’avortement, mais à quel avortement ?

En l’espace de quelques décennies, les oppositions médicales se sont donc considérablement affaiblies et les médecins français sont plus favorables que jamais au droit à l’avortement. Mais le « droit à l’avortement » peut recouvrir différentes réalités plus ou moins propices à l’autonomie des femmes. L’avortement, oui, mais comment, jusqu’à quand, combien de fois ou à quelles conditions ?

L’Ordre des médecins, l’Académie de médecine, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, le Syndicat des gynécologues et obstétriciens de France avaient publiquement pris position contre la proposition de loi visant à allonger de deux semaines le terme légal limite de réalisation de l’IVG, votée en 2022. Des médecins rencontré·es en centre d’IVG dans le cadre de mes travaux de recherche regrettent la suppression de la semaine d’attente ou de l’entretien psychosocial obligatoire.

Au fond, reconnaître que les médecins, en France, ne sont plus que rarement anti-IVG permet de poser une question sociologique intéressante et, dans un pays où l’avortement est légal, un enjeu politique important : pourquoi et comment est-ce que des médecins favorables au droit à l’avortement peuvent néanmoins maintenir certaines barrières d’accès à l’IVG ?

The Conversation

Raphaël Perrin a reçu des financements de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

– ref. En 50 ans, comment ont évolué les positions des médecins sur l’avortement – https://theconversation.com/en-50-ans-comment-ont-evolue-les-positions-des-medecins-sur-lavortement-268461

Incendies en Algérie : l’exceptionnelle résilience du peuple comme ressource politique du pouvoir

Source: The Conversation – in French – By Nacima Ourahmoune, Professeur / Chercheur/ Consultant en marketing et sociologie de la consommation, Kedge Business School


L’ESSENTIEL

  • Face à la catastrophe, les dirigeants algériens focalisent l’attention sur leur double réaction : la promesse d’une indemnisation rapide des victimes et la décision de rétablir la peine de mort pour les pyromanes.

  • Les défaillances structurelles de prévention et de gestion des feux sont pourtant largement en cause : le phénomène est devenu récurrent en Algérie.

  • En exaltant la « résilience » dont a fait preuve la société, le pouvoir tente de récupérer à son profit le large mouvement de solidarité déployé par les Algériens pour venir en aide aux sinistrés.


La planète brûle, et la Méditerranée avec elle. L’Algérie n’échappe pas à cette nouvelle géographie du feu. Sécheresses prolongées, températures extrêmes et dégradation des sols favorisent des incendies plus rapides et plus destructeurs. Entre 1985 et 2022, plus de 75 000 feux de forêt ont été enregistrés, soit 35 000 hectares brûlés par an en moyenne. Fin août 2026, près de 200 foyers sont recensés en une journée, avec plus de 45 °C et des vents violents.

À Jijel, épicentre de la catastrophe, le feu balaie en quelques heures la bande côtière et montagneuse. Villages encerclés, routes coupées, hôpitaux saturés. Le dernier bilan officiel reste fixé à 12 morts et 54 blessés, tandis qu’avis de décès, listes communales et données hospitalières dessinent une réalité beaucoup plus lourde. À El Djemaa Beni Habibi, plus de 70 victimes figureraient déjà sur la page officielle de la commune ; un décompte indépendant cité par le Monde estime à 200 le nombre de morts dans la wilaya de Jijel. Le bilan reste à consolider ; l’information devient un enjeu.

Parallèlement, la recherche des causes prend rapidement une tournure pénale. Le 27 août, le ministre de l’intérieur annonce « des enquêtes approfondies ». Le 29, le président Abdelmadjid Tebboune affirme qu’« il y a quelque chose de criminel » dans ces incendies. Le lendemain, il demande un durcissement du code pénal allant jusqu’au retour de l’application de la peine capitale pour les auteurs d’incendies volontaires alors que l’Algérie n’exécute plus depuis la mise en place d’un moratoire en 1993.

La piste criminelle peut coexister avec des conditions climatiques extrêmes. Mais rechercher une intention ne dit rien des conditions qui transforment un départ de feu en catastrophe humaine et écologique.

Or celles-ci étaient documentées avant les faits. En juin 2026, la Banque mondiale soulignait plusieurs faiblesses propres à l’Algérie – plans forestiers à actualiser, données fragmentées, coordination insuffisante et gestion trop réactive – et appelait à renforcer les systèmes d’alerte, les capacités locales et l’implication des municipalités et communautés.

Depuis 2021, l’Algérie a développé ses moyens de lutte contre les incendies et acquis des bombardiers d’eau. Leur faible emploi durant les heures critiques ne traduit pas une simple absence d’équipement : selon l’exécutif, des vents atteignant 100 km/h rendaient les interventions aériennes impossibles.

Quand la solidarité change de fonction politique

En 2021, j’avais analysé l’extraordinaire mobilisation qui avait accompagné les incendies : convois venus de tout le pays, collectes diasporiques, villages organisant la réception et la distribution des aides, réseaux numériques permettant d’identifier rapidement les besoins et réseaux de confiance limitant désorganisation et gaspillage.

Cette capacité d’organisation vient de loin. Les solidarités villageoises du nord de l’Algérie ont notamment nourri les travaux de Pierre Bourdieu. Elles avaient trouvé une autre expression, explicitement politique, avec le Hirak, en 2019. Pendant plus d’un an, des millions d’Algériens ont occupé pacifiquement l’espace public pour demander le départ d’un système de pouvoir jugé verrouillé. Le Hirak avait rendu visibles des formes d’organisation horizontales capables de faire circuler information, images et mobilisations sans direction centralisée.

Mais, en 2020, la pandémie suspend les marches, puis l’espace politique se referme peu à peu. Ces capacités, elles, resurgissent régulièrement notamment en août 2026 : dons acheminés nuit et jour depuis différentes wilayas, groupes électrogènes, nourriture, médicaments, mobilisation de psychologues, initiatives pour les animaux touchés…

Des chansons et slogans associés au Hirak réapparaissent aussi. « Un seul héros, le peuple », scandé pendant le mouvement, revient dans des vidéos de solidarité, parfois accompagné de « Liberté » (Soolking Ouled el Bahdja), l’un de ses hymnes.

Le slogan « Ghir binatna » (« Juste entre nous ») traduit un refus de l’ingérence internationale et que l’on ne peut compter que sur nous-mêmes.

Ce registre est ancien : refus de la domination, endurance, sacrifice et solidarité face à l’épreuve appartiennent à l’imaginaire national façonné par la guerre d’indépendance. Le Hirak avait réinvesti cette mémoire en retournant la souveraineté populaire contre le pouvoir en place. En août 2026, Abdelmadjid Tebboune puise à son tour dans ce répertoire : il célèbre « l’élan de solidarité du peuple algérien » et martèle : « Nous sommes un pays très résilient. »

Il y a là une lutte symbolique pour la captation d’une valeur produite concrètement par la société. Le « nous » présidentiel rassemble sinistrés, secouristes, institutions et détenteurs des ressources publiques dans un même récit national.

Ce déplacement rappelle le « rapt symbolique » que j’avais analysé après le Hirak : on avait alors assisté à une reprise de ses marqueurs par le camp présidentiel alors que sa demande de transformation systémique, elle, restait insatisfaite.

Le gant de velours ne remplace pas la main de fer

Depuis le début des incendies, le pouvoir combine une dialectique du soin et une fermeté sécuritaire assumée.

Ici, le même calendrier rapproché, centré sur la date du 15 septembre, entend frapper les esprits : le premier ministre a déclaré, citant le président de la République, que « le moindre objet détruit, même un seul clou, devra être indemnisé » d’ici au 15 septembre, et le président de la république a défait le moratoire sur la peine de mort pour l’appliquer aux pyromanes à la même date.

De cette façon, l’exécutif sature l’espace de deuil et de choc émotionnel à travers des annonces d’actions rapides et extrêmes, faciles et lisibles. Le levier est avant tout symbolique et spectaculaire : à un choc extrême, le pouvoir apporte une réponse extrême susceptible de générer de la communion ou du consensus en période de deuil.

La réponse à la fois sécuritaire et distributive sert à clore le débat plutôt et de déplacer la focale vers des responsables individualisés, alors même que l’examen des défaillances supposerait de remonter des chaînes beaucoup plus longues. Quelques médias s’y sont d’ailleurs risqués.

À chaque crise, on assiste à un même processus : à la pluralité des causes et possibles répond une concentration de la faute sur des individus. À la corruption décriée par le Hirak, la réponse fut une série de procès individualisés qui peinent à de démanteler des mécanismes profonds.

Le coût politique d’une solidarité devenue chronique

Alors que le bilan humain, matériel et écologique reste incertain, l’après-feu est déjà mis en calendrier : indemnisation, réseaux, reconstruction, reboisement. Ces mesures sont indispensables, mais leur temporalité contraste avec celle des pertes. Des vies, des exploitations, des cheptels, des paysages et des écosystèmes ne se rétablissent pas par décret, pas davantage que l’épuisement de ceux qui prennent en charge une large part de la douleur et des dégâts.

Entre catastrophe et réparation administrative, un espace immense est occupé par la société : collecter, transporter, héberger, nourrir, soigner, mobiliser la diaspora, faire circuler information et compétences. Face à la pandémie comme face aux incendies, les citoyens sont les principaux leviers de la solidarité célébrée par le pouvoir.

Ce caractère chronique déplace la question : la participation citoyenne est célébrée lorsqu’elle soigne et compense ; elle est soupçonnée et, souvent, contenue lorsqu’elle prétend délibérer, contester ou peser sur la décision.

Le vocabulaire présidentiel reprend volontiers à son compte les valeurs de résilience et de solidarité chères à la société ; pour autant, cette rhétorique empruntée ne se convertit pas en légitimité politique, comme le montre le taux de participation très bas aux élections.

En réalité, la résilience est une notion bien moins consensuelle qu’il n’y paraît. Sa célébration est, certes, unanime ; mais si elle offre au pouvoir une ressource de discours de proximité, son exercice rend visible l’autonomie du peuple qui, durant les crises, n’attend pas les instructions venues du centre pour se mettre en mouvement.

Par effet de miroir, la solidarité appuie là où elle est chroniquement attendue du fait du manque d’anticipation du pouvoir. En célébrant ce que la société algérienne sait faire lorsqu’elle est libre de se mobiliser, le pouvoir rappelle aussi ce qu’elle continue d’espérer en matière de liberté politique…

The Conversation

Nacima Ourahmoune ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Incendies en Algérie : l’exceptionnelle résilience du peuple comme ressource politique du pouvoir – https://theconversation.com/incendies-en-algerie-lexceptionnelle-resilience-du-peuple-comme-ressource-politique-du-pouvoir-291087