Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan José Guardia Hernández, Profesor agregado de Derecho administrativo, Universitat Internacional de Catalunya

España sigue sin pasar su “ITV” anticorrupción. El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), publicado en agosto de 2025, concluye que de las 19 recomendaciones anticorrupción formuladas en la quinta ronda de evaluación, 16 están solo parcialmente implementadas y 3 permanecen incumplidas.
El GRECO es el órgano del Consejo de Europa que supervisa las políticas anticorrupción de sus 48 Estados miembros. Desde su creación en 1999, formula recomendaciones en rondas temáticas de evaluación y seguimiento.
La cuarta ronda se centró en la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales. La quinta ronda, iniciada en 2017, se centra en los altos cargos del poder ejecutivo central y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Una inspección periódica con calificaciones
El GRECO controla el grado de cumplimiento de sus recomendaciones con revisiones periódicas, como si se tratara de una “ITV” institucional. Cada recomendación se califica como implementada, parcialmente implementada o no implementada.
En el caso de España, la evaluación inicial de 2019 formuló 19 recomendaciones. El primer informe de cumplimiento, adoptado en 2021, dejó un panorama desalentador: ninguna plenamente cumplida y la mayoría aún pendientes.
La segunda evaluación, publicada en abril de 2025, constató algunos avances, pero insuficientes: 13 recomendaciones parcialmente implementadas y 6 sin cumplir.
Ante este balance, el GRECO activó en 2024 el procedimiento de incumplimiento.
La revisión de 2025 muestra una ligera mejora: 16 recomendaciones parcialmente puestas en marcha y 3 sin hacerlo, pero todavía ninguna completamente satisfecha.
¿Qué fallos se repiten?
Las tres recomendaciones aún no implementadas en 2025 ponen de relieve déficits persistentes.
La primera se refiere a los asesores gubernamentales. El GRECO exige que su régimen de transparencia e integridad se equipare al de los altos cargos. En la práctica, no se publican sus nombres, retribuciones, funciones ni trayectorias, lo que genera opacidad y episodios polémicos conocidos únicamente a través de la prensa.
Esta ausencia de publicidad impide el escrutinio público de posibles conflictos de intereses –personales, familiares, con empresas, partidos políticos, medios de comunicación u otras organizaciones sociales–. El resultado, según el GRECO, es claro: “La recomendación sigue sin implementarse”.
La segunda recomendación pendiente se refiere al aforamiento. El GRECO reclama su revisión para evitar que obstaculice los procesos penales por corrupción. El aforamiento es una figura jurídica que altera las reglas de competencia penal en beneficio de determinadas autoridades, al reconocerles el derecho a ser juzgadas por tribunales previamente designados, como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia.

Elaboración propia con datos de Europa Press.
Esta institución puede servir para evitar denuncias frívolas y, bien aplicado, también para salvaguardar la independencia judicial, al evitar que jueces de instancia inferior –y, por tanto, más vulnerables– sufran presiones de las autoridades investigadas.
Ahora bien, su alcance en España es excepcional: según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay cerca de 250 000 personas aforadas, una cifra muy superior a la de otros países europeos.
La tercera recomendación se refiere al régimen disciplinario de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El GRECO reclama una mayor transparencia y objetividad en la imposición de sanciones a sus miembros. La recomendación continúa “no implementada”.
Con todo, la reserva de los asuntos internos protege la reputación de los agentes cuando no procede sanción y, además, evita que una difusión masiva afecte a la percepción de seguridad ciudadana.
¿Dónde hay avances?
En materia de regulación de los lobbies, España acumula a nivel nacional más de una década de retraso: no existe todavía un registro obligatorio ni un régimen sancionador, y tampoco se impone la publicación de la agenda de reuniones de los altos cargos.
En materia de puertas giratorias, el GRECO valora la propuesta de extender a todos los altos cargos la prohibición de trabajar en el sector privado durante dos años tras dejar el cargo, pero advierte de la ausencia de un régimen de incompatibilidades integral supervisado por un órgano independiente.
La Oficina de Conflictos de Intereses, creada en 2006, depende en la actualidad del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y no tiene presupuesto propio. Aunque controla declaraciones e incompatibilidades, el GRECO critica que carezca de autonomía real.
Por último, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dispone de un presupuesto reducido que condiciona su funcionamiento. Su reciente aumento, sin embargo, no evita que continúe adscrito al Gobierno y sin potestad sancionadora, de modo que su grado de independencia sigue siendo limitado.
Los indicadores internacionales no reflejan una mejoría: el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2024 otorgó a España 56 puntos sobre 100 en 2024, situándola en el puesto 46 de 180 países, cuando en 2018 alcanzaba 58 puntos y la posición 41.
Menos de un año para mejorar
Al mismo tiempo, los avances parciales reconocidos por el GRECO demuestran que las recomendaciones externas pueden servir de catalizador de políticas públicas. El calendario es estrecho: España dispone de menos de un año, hasta junio de 2026, para acreditar mejoras sustanciales.
Seguir bajo el procedimiento de incumplimiento del GRECO no es una simple etiqueta, sino una situación con consecuencias concretas. El organismo ha decidido mantener a España bajo supervisión intensificada. Además, ha invitado al Secretario General del Consejo de Europa, Alain Berset, a remitir una carta oficial al Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, advirtiendo del incumplimiento y reclamando “medidas decididas” para lograr avances tangibles.
Aunque el GRECO no dispone de poder sancionador directo, el procedimiento de incumplimiento genera presión política y reputacional. Si España no reacciona, el organismo podría intensificar sus actuaciones: desde enviar una misión de evaluación in situ hasta elevar el asunto a instancias superiores del Consejo de Europa.
Volviendo a la metáfora de la ITV institucional, España encara la decisión de corregir los defectos señalados antes de la próxima revisión. Sigue pendiente la recomendación de la cuarta ronda: que los jueces elijan directamente a una parte importante de los vocales del CGPJ sin intervención alguna del poder político, lo que aún no se ha cumplido.
Por otra parte, el GRECO detecta en la quinta ronda nuevas averías: opacidad en los asesores, abuso de aforamientos, controles internos débiles… La cuestión es si será posible aprobar la próxima ITV anticorrupción con menos suspensos. Todo dependerá de que las reformas anunciadas se conviertan en realidades verificables.
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Soy miembro del proyecto de investigación titulado “La Persona como pilar jurídico y humanista del desarrollo sostenible en la Agenda 2030” financiado por la Universitat Internacional de Catalunya a través de las Ayudas a proyectos de investigación básica y aplicada 2024 (UIC Aid). Su duración se extiende desde el 1 de septiembre de 2024 hasta el 28 de febrero de 2026.
– ref. Opacidad, aforamientos y déficit de disciplina policial: por qué España no pasa la ‘ITV’ anticorrupción – https://theconversation.com/opacidad-aforamientos-y-deficit-de-disciplina-policial-por-que-espana-no-pasa-la-itv-anticorrupcion-264719












