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Source: The Conversation – (in Spanish) – By Asunción Morte, Catedrática de Botánica, área de especialización en Micología-Micorrizas, Universidad de Murcia

Reciben el nombre de “trufas del desierto” un grupo de hongos subterráneos comestibles que prosperan en zonas áridas y semiáridas de la región mediterránea, África del Norte y el Medio Oriente. Establecen simbiosis con las raíces de especies de cistáceas, principalmente del género Helianthemum, y están adaptados a suelos pobres en nutrientes y entornos con bajas, aunque necesarias, precipitaciones anuales (entre 200 y 350 mm).

Un “superalimento”

Hoy en día, la mayoría de las trufas del desierto comercializadas en el mundo son de origen silvestre, provenientes de países del norte de África. Muy valoradas en gastronomía, sus precios de mercado oscilan entre 20 y 60 euros por kilo, dependiendo de la oferta. Sin embargo, la mayoría de las zonas de producción están desapareciendo debido a un cambio en el uso del suelo y a un clima más cálido y seco inducido por el cambio climático.

Una de las trufas del desierto más consumida es Terfezia claveryi, conocida como “turma” en España, valorada por su riqueza en nutrientes, antioxidantes y compuestos potencialmente beneficiosos (antimicrobianos, hepatoprotectores, antiinflamatorios, inmunomoduladores y antitumorales).

Turmicultura murciana

El cultivo de la turma comenzó en 1999 de forma experimental en Murcia (España), donde es considerada un recurso natural. Luego fue extendiéndose poco a poco a otras regiones, aunque su superficie actual de cultivo no supera las 20 hectáreas.

El cultivo agroforestal encaminado a una producción rentable de este hongo, conocido como turmicultura, no es sencillo, ya que implica mantener en equilibrio a dos seres vivos muy distintos –una planta y un hongo– que dependen estrechamente el uno del otro. Ese equilibrio es delicado y está condicionado por numerosos factores ambientales y biológicos, muchos de ellos aún desconocidos y difíciles de controlar.

Este cultivo requiere un riego mínimo y, en las regiones semiáridas españolas, es beneficioso cuando se aplica en otoño y primavera y las precipitaciones anuales son inferiores a 300 mm. Además, no requiere fertilización química ni uso de pesticidas, aunque el control de las malas hierbas es crucial durante los primeros años y debe realizarse de forma mecánica.

T. claveryi da sus frutos en primavera, no antes de uno o tres años después de la plantación, dependiendo de las condiciones ambientales, el diseño y las prácticas de gestión de la plantación.

Cultivo desafiante

En nuestros estudios, hemos observado que, cuanto mayor es la densidad de plantas micorrizadas, mayor es la producción de trufas. Durante los ensayos experimentales, se estimó que, desde el octavo año, pueden alcanzarse hasta 300 kilogramos por hectárea (kg/ha) con una alta densidad (0,5 × 0,5 m) de planta. Sin embargo, al aumentar la distancia para escalar y facilitar el manejo del cultivo, la producción baja en torno a 120 kg/ha.

Además, estas cifras fluctúan notablemente según las lluvias y las temperaturas de invierno y primavera.

Recientemente, se han puesto en marcha intervenciones de gestión adicionales, como conservar las plántulas de Helianthemum que germinan de forma espontánea. Esto se ve respaldado por la existencia de una conexión entre las plantas adultas y las plántulas jóvenes, a través del hongo en sus raíces, lo que podría contribuir a mantener la sostenibilidad y productividad de estas plantaciones a largo plazo.

Descenso en la producción

En los últimos años, se ha observado un descenso acusado en la producción que coincide con un aumento de la temperatura media ambiental de hasta 3 °C, con inviernos y primaveras anormalmente cálidos.

Estas temperaturas elevadas, combinadas con la sequía normalmente asociada a ellas, provocan la reducción de fotosíntesis. Como consecuencia, la planta dispone de menos carbono para transferir al hongo –que depende exclusivamente de ella para obtenerlo–.

Conviene recordar que, aunque aproximadamente el 75 % del peso fresco de la turma es agua, cerca del 65 % de su peso seco está constituido por carbono. Por lo tanto, se presupone que los inviernos y primaveras anormalmente cálidos son un importante factor negativo para su producción.

Recolección en manos expertas

Por último, un aspecto a menudo poco valorado es saber localizar las turmas en el suelo. A diferencia de lo que ocurre con la trufa negra, no se emplean perros adiestrados para buscarlas: su presencia se delata por pequeñas grietas en la superficie, cuya identificación requiere experiencia y entrenamiento. De hecho, es posible que parte de la producción pase desapercibida, simplemente, porque no se detectan estas señales, lo que puede llevar a subestimar el rendimiento real.

El escaso rendimiento debido a todos estos factores provoca desánimo entre los nuevos turmicultores, que llegan a abandonar el cultivo tras 4-5 años con producciones poco satisfactorias.

Por otro lado, se ha estimado una tasa interna de rendimiento –porcentaje de rentabilidad que una inversión genera– superior a la de otros cultivos en terrenos marginales no aptos para la agricultura. Esta estimación no deja de ser una cuestión abierta, en continuo ajuste y modificación, en función de los datos de campo que se recopilan año tras año.

Asimismo, estudios recientes evidencian mejoras significativas en la conservación y funcionalidad de los terrenos dedicados a este cultivo y confirman su potencial como herramienta sostenible para la recuperación de suelos degradados en ambientes semiáridos.

En este contexto, profundizar en el conocimiento biológico y comportamiento agronómico de estos hongos resulta esencial para optimizar y hacer más predecible su cultivo. Así podemos contribuir tanto a su conservación como a la valorización sostenible de terrenos marginales donde las alternativas agrícolas son limitadas.

A. Morte recibe fondos de MCIN/AEI/10.13039/50110 0011033, proyectos PID2020-115210RB-I00 y PCI2025-163207, y del Programa Agroalnext de la Universidad de Murcia, proyecto TURMASOIL, financiado por MCIU con fondos NextGenerationEU (PRTR-C17.I1) y por la Fundación Séneca (CARM).

Francisco Arenas, José Eduardo Marqués Gálvez y Laura Andreu Ardil no reciben salarios, ni ejercen labores de consultoría, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del puesto académico citado.

– ref. La trufa del desierto, un recurso gastronómico que revitaliza el suelo – https://theconversation.com/la-trufa-del-desierto-un-recurso-gastronomico-que-revitaliza-el-suelo-276087

Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Manuel de Haro García, Profesor titular, Organización de Empresas (RR.HH. y Comportamiento Organizacional), Universidad Miguel Hernández

Imaginemos a Marta: su expediente, de notable alto, está lleno de “pensamiento crítico” e “innovación”. Tres meses después, sigue sin empleo cualificado. Le falta “algo”, pero nadie sabe decir qué. ¿Y si el problema no era de Marta, sino del sistema?

Según el Informe CYD 2024, España lidera la sobrecualificación en la UE: el 35,8 % de los graduados superiores trabaja en puestos de baja cualificación, frente al 21,9 % de media europea.

Por su parte, el informe Infoempleo-Adecco 2024 refleja un malestar laboral evidente: muchos buscan otro empleo porque las condiciones no son las deseadas. Esta paradoja tiene nombre: el “say-do gap”, la brecha entre lo que decimos valorar y lo que realmente medimos y premiamos.

La explicación habitual culpa a la desconexión entre universidad y empresa. Pero si la universidad no alinea lo que promete con lo que evalúa y la empresa no sintoniza lo que declara con lo que incentiva, dicha desconexión es solo el síntoma final.

La Fundación CYD advierte que, aunque el porcentaje de graduados es alto, la proporción de ocupaciones de alta cualificación es baja. Esto sugiere límites en la estructura productiva y un desajuste entre lo que certifica el sistema formativo y las evidencias que piden los empleadores.

Evaluación en competencias

Una forma de detectar este desfase interno es revisar las guías docentes universitarias. La investigación académica sobre competencias transversales en España revela que, aunque prácticamente todas las guías docentes declaran formar en pensamiento crítico, trabajo en equipo o comunicación, la evaluación de las mismas sigue siendo “un tema pendiente” en las universidades españolas. Esto a pesar de los compromisos del plan de Bolonia y a la implantación de un Espacio Europeo de Educación superior.

El mercado lo confirma. Según U-Ranking, la sobrecualificación persiste entre los jóvenes, aunque su porcentaje mejora un poco en relación con el indicador general. Los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE muestran que el 22,4 % de las personas de entre 22 y 29 años con formación universitaria trabaja en empleos que no requieren su nivel de formación.

La falsa competencia del trabajo en equipo

El caso del “trabajo en equipo” es especialmente ilustrativo. Aparece como competencia transversal en numerosas titulaciones universitarias. La formación por competencias la ha reforzado en la educación superior. Pero la evidencia indica que, con frecuencia, el trabajo grupal no se diseña como colaboración estructurada.

Para que funcione, la literatura científica recomienda establecer roles, contratos de equipo, mecanismos de reflexión y evaluación entre iguales. Sin embargo, la propia investigación sobre coevaluación en educación superior recuerda que su adopción no está generalizada y que, en el contexto universitario español, hasta fechas recientes ni siquiera se disponía de instrumentos validados específicos para medirla con solidez.

El resultado es bastante predecible: muchos estudiantes terminan repartiendo tareas y reuniéndose al final para ensamblar el producto, más que aprendiendo a coordinarse como equipo. Ese patrón ha sido descrito por los expertos como una reducción de la interacción entre pares al mínimo necesario, y sigue apareciendo cuando no se diseñan apoyos explícitos para la colaboración, la responsabilidad individual y la gestión de conflictos.

Enseñar cuenta menos que investigar

En España, la evaluación de la carrera académica ha estado históricamente muy marcada por los incentivos de investigación, mientras que los de docencia han tenido menor capacidad discriminante. De hecho, un análisis reciente sobre el sistema español concluye que el sexenio de investigación ha sido el incentivo individual más relevante, mientras que el quinquenio docente apenas ha desempeñado un papel efectivo.

Es verdad que los criterios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) han dado una visibilidad mayor a la calidad e innovación docente, pero ese reequilibrio es reciente.

Las empresas también hablan de una cosa y miden otra

El problema no es exclusivo del ámbito académico. El Informe Infoempleo-Adecco 2024 muestra que una parte significativa de las personas ocupadas declara estar satisfecha con su puesto y, aun así, busca otro empleo porque las condiciones no son las deseadas.

El caso de la innovación también conviene formularlo con precisión. Muchas organizaciones la declaran prioridad estratégica, pero la evidencia sobre innovación organizativa muestra que esta necesita cierto margen de holgura para experimentar y un clima de seguridad psicológica que permita hablar de errores, aprender de ellos y sostener la iniciativa. Cuando faltan esas condiciones, la innovación corre el riesgo de quedarse en discurso, no en práctica.

En cambio, si se dan estas condiciones, las decisiones sobre desarrollo, reconocimiento y promoción dejan de depender tanto de impresiones opacas y ganan legitimidad organizativa.

Frustración, productividad perdida y talento en modo ahorro

Cuando la universidad acredita competencias sin entrenarlas de forma consistente y las empresas proclaman criterios que luego no operan bien, aparecen señales ambiguas para graduados y empleadores.

Para los primeros, eso se traduce en frustración; para las organizaciones, en infrautilización del capital humano y en decisiones de evaluación menos fiables. Las investigaciones sobre retroalimentación y evaluación del desempeño sugieren precisamente que los sistemas percibidos como más justos son los que incorporan conversaciones de feedback, mecanismos de calibración y criterios procedimentales claros.

La solución no pasa por más comités universidad-empresa, sino por coherencia interna en cada sistema.

Buenas prácticas evaluadoras

En la universidad, el cambio más urgente es la evaluación. La Universitat Politècnica de València ha implantado un sistema en el que las competencias transversales se evalúan en las asignaturas como “satisfactorio” o “en proceso”, sin nota numérica, y esa evaluación debe quedar descrita en la guía docente. Es un ejemplo relevante de institucionalización explícita de las competencias más allá del simple enunciado retórico.

Para el trabajo en equipo, la clave está en diseñarlo como aprendizaje estructurado. En España ya existen desarrollos institucionales en esa dirección: la Universidad de Zaragoza ha elaborado una guía específica para estructurar la competencia por niveles, roles, normas y evaluación. La Universidad de Girona ha desarrollado guías y herramientas con autoevaluación, coevaluación y retroalimentación individual y grupal. Y la Universidad de Barcelona ha documentado experiencias en las que la coevaluación se integra formalmente en la evaluación del trabajo en equipo.

Marta encontró trabajo

La desconexión entre universidad y empresa seguirá reapareciendo mientras resulte más cómodo señalar el puente que revisar los cimientos. El “say-do gap” no nace de un déficit de comunicación: es un problema de diseño de incentivos y coherencia sistémica.

Finalmente, Marta encontró trabajo. Pero lo hizo aprendiendo por ensayo y error las señales reales del mercado, no gracias a lo que su título certificaba. Con más de una tercera parte de los graduados trabajando por debajo de su cualificación, el problema individual queda descartado. Estamos ante un problema de sistemas. Y los sistemas se pueden cambiar cuando hay voluntad institucional para hacerlo.

José Manuel de Haro García no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Universidades y empresas necesitan más coherencia interna para que el mercado laboral funcione – https://theconversation.com/universidades-y-empresas-necesitan-mas-coherencia-interna-para-que-el-mercado-laboral-funcione-274593

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Christian Domínguez Expósito, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Alicante

La NASA acaba de cambiar de planes. En el marco del evento “Ignition”, celebrado en Washington D. C., se anunció que el ambicioso “Gateway” –la estación espacial en órbita lunar que pretendía actuar como punto intermedio– queda suspendido temporalmente.

La prioridad es establecer una colonia permanente en la superficie de la Luna, cuya construcción debería comenzar antes de que acabe esta década, con una ocupación semipermanente prevista para 2032.

No están solos en esta carrera y lo saben. China y Rusia avanzan en paralelo con la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), una iniciativa conjunta que contempla una instalación científica inicial cerca del polo sur lunar hacia 2035 y la construcción de una instalación más grande y mejor equipada para 2050.

Estos planes no solo se enfrentan a obvias dificultades técnicas, sino también jurídicas. Toda actividad realizada en el espacio ultraterrestre se encuentra sujeta al derecho internacional espacial, articulada fundamentalmente en torno a cinco tratados internacionales, que juntos forman el llamado Corpus Iuris Spatialis.

La “Constitución” del Espacio

En concreto, la piedra angular de toda actividad espacial es el Tratado del Espacio de 1967 (OST).

Este tratado internacional reconoce la libertad de explorar y utilizar el espacio ultraterrestre y sus cuerpos celestes (Art. I) –incluyendo la construcción de estaciones e instalaciones en la Luna y otros cuerpos celestes (Art. XII)–. Hasta ahí, el establecimiento de una colonia humana en la Luna sería perfectamente legal.

Pero ese mismo tratado contiene una prohibición tajante: ningún Estado puede apropiarse del espacio ultraterrestre y sus cuerpos celestes mediante soberanía, uso, ocupación o de ninguna otra manera (Art. II).

¿En qué momento el “uso” legítimo del suelo lunar por una colonia se convierte en una “ocupación” que viola el tratado? Una capa de complejidad adicional se añade cuando dichas colonias adquieren un carácter permanente, como el pretendido, pues en la práctica acabaría generando una forma de propiedad o soberanía encubierta sobre el suelo lunar.

Recursos para una colonia autónoma

Para que una colonia sea sostenible, sus habitantes no pueden depender indefinidamente de suministros enviados desde la Tierra. La solución pasa por usar los recursos que ya se encuentran allí.

El agua es el recurso más codiciado: se ha detectado en forma de hielo en las regiones polares de la Luna. Pero también está el polvo lunar –el regolito–, que puede servir para fabricar infraestructuras in situ mediante impresoras 3D. Estos recursos son limitados, de manera que el primero en acceder a ellos tendrá una ventaja estratégica considerable.

Aquí el derecho internacional vuelve a quedarse corto. El Tratado del Espacio de 1967 no dice nada sobre si extraer recursos de un cuerpo celeste constituye o no una forma de apropiación prohibida. El único instrumento que abordó el tema de forma explícita, el Acuerdo de la Luna de 1979, declaró que los recursos lunares son “patrimonio común de la humanidad” y exigió un régimen internacional común para su explotación (Art. 11). El problema es que ese tratado solo cuenta con 17 Estados Parte, entre los que no figura ninguna gran potencia espacial. En la práctica es papel mojado, al menos hasta el momento.

El resultado es una división en la comunidad internacional. EE. UU. y sus socios optan por una postura más liberal, donde la extracción y posterior utilización de los recursos espaciales constituye una parte legítima de la libertad de exploración y utilización. China y Rusia sostienen posturas más comunitarias.

El debate se libra hoy en el principal foro de Naciones Unidas sobre derecho espacial, la COPUOS, que en 2025 elaboró un primer anteproyecto de principios sobre recursos espaciales, todavía sin un consenso claro.

Un marco del siglo XX para el siglo XXI

La ocupación del suelo lunar y la explotación de los recursos no son los únicos desafíos que plantea la instalación permanente de seres humanos en nuestro satélite natural. Cuestiones como la jurisdicción sobre las personas que vivan en esas bases y las normas aplicables en caso de conflicto son igualmente urgentes.

El actual marco jurídico internacional fue concebido en un escenario completamente distinto al actual. La cuestión es si podrá adaptarse a los nuevos desafíos a tiempo.

Los plazos son ya concretos y las grandes potencias espaciales avanzan en paralelo y sin una coordinación clara.

Ante la ausencia de un marco de gobernanza definido, los conflictos no tardarán en aparecer. Queda por ver si la comunidad internacional estará a la altura de una de las empresas más complejas y trascendentes que jamás haya afrontado.

Christian Domínguez Expósito recibe fondos de Universidad de Alicante.

– ref. ¿Colonias humanas en la Luna? Qué dice el derecho internacional sobre instalarse a vivir en el satélite – https://theconversation.com/colonias-humanas-en-la-luna-que-dice-el-derecho-internacional-sobre-instalarse-a-vivir-en-el-satelite-279580

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Natalia Álvarez Méndez, Profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Universidad de León

El 8 de abril se fallará la primera edición del premio Aena Narrativa, en el que se premiará el mejor libro publicado en 2025 escrito en español (o en lenguas cooficiales en España). En esta primera edición, los finalistas son: “Ahora y en la hora”, de Héctor Abad Faciolince; “Marciano”, de Nona Fernández; “Los ilusionistas”, de Marcos Giralt Torrente; “El buen mal”, de Samanta Schweblin; y “Canon de cámara oscura”, de Enrique Vila-Matas.

Con este evento como excusa, le hemos pedido a cinco autores expertos en literatura que valoren cada una de las obras.

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Ahora y en la hora, de Héctor Abad Faciolince

La guerra no solo deja a su paso horror. Deja también un lenguaje herido que ya no basta para contar.

En Ahora y en la hora, Héctor Abad reconstruye su vivencia del ataque ruso a una pizzería de Kramatorsk que acabó con la vida de su guía y compañera de viaje, la escritora ucraniana Victoria Amélina, junto a otros doce civiles, instantes después de haber intercambiado sus asientos.

Lo hace a través de un testimonio desgarrador y valiente que, tras el espanto, deambula entre los géneros en busca de una forma de decir lo indecible, mientras reflexiona sobre el azar, la culpa, la vida y la muerte, y el vínculo entre padres e hijos ante la pérdida violenta.

Fiel a su poética previa, el texto teje una constelación de voces –propias y, en ocasiones, ajenas– para articular una memoria coral de vidas truncadas por la invasión rusa. Entre ellas, la de Volodímir Vakulenco, el “Lorca ucraniano”, las gemelas adolescentes del restaurante y, sobre todo, la de Victoria Amélina: el relato se construye como homenaje y se sostiene en su recuerdo.

Por Virginia Capote, de la Universidad de Granada.

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Marciano, de Nona Fernández

En Marciano, Nona Fernández vuelve a escenificar una estética y política de la memoria de Chile. Allí, la autora oye con sutileza los ecos de la biografía terrorista y revolucionaria de Mauricio Hernández Noranbuena, alias M, Ramiro o Marciano, protagonista del atentado a Pinochet y otros sucesos posteriores en los años noventa.

N es una narradora fantasmal que despliega una no ficción biográfica cargada de hechos, entrevistas, cartas, fichas y lecturas literarias, anáforas y aliteraciones, y silencios de páginas en blanco. Fantasea y estructura ideas sobre contar e imaginar escenas y vacíos de una revolución fallida. Muestra el dolor y el horror de una historia no inocente.

La novela disloca con destreza los puentes de la no ficción y la ficción. Nos recuerda la pregunta sobre cómo narrar lo acontecido. Nona Fernández sabe mirar la historia y contar desde el detalle marciano de otro mundo, o desde el vuelo mínimo de una alondra, para esbozar la figura de un personaje, sin duda, paradojal.

Por Luis Valenzuela Prado, de la Universidad Andrés Bello

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Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrente

La familia como sustancia literaria se enriquece en Marcos Giralt Torrente bajo las definidas direcciones que adquieren sus elementos constitutivos.

En Los ilusionistas se adentra en la memoria personal, en el retrato del entorno familiar materno que comienza con sus abuelos (el escritor Gonzalo Torrente Ballester y su primera mujer, Josefina Malvido) y se cierra con un hermoso tributo a su madre. Sin embargo, lo íntimo no excluye un tangencial bosquejo de épocas, hechos históricos y mentalidades.

El ritmo sostenido entreteje lo epistolar, lo biográfico, obituarios periodísticos y un relato introspectivo honesto de las herencias que constituyen al ser, que modelan su vida y sus formas de habitar la realidad.

Con conciencia de la significación de la escritura y con notorias alusiones literarias, lo humano memorable aflora en experiencias universales, conductas, sentimientos e ideas, en los porqués que marcan cada destino y que construyen lo que somos, así como en la ambivalencia de las identidades, de los deseos y de los afectos.

Por Natalia Álvarez Méndez, de la Universidad de León.

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El buen mal, de Samanta Schweblin

El paradójico título de El buen mal, de Samanta Schweblin, descubre que el bien y el mal se necesitan mutuamente para existir. Los seis cuentos integrados en el volumen, tan precisos como minimalistas, en los que poco importa el acontecimiento narrado y mucho la atmósfera que los vincula, lo descubren como una obra maestra del cuento contemporáneo, signada por la estética de la indeterminación y la desestabilización de lo real en contextos cotidianos.

En la obra, los silencios y los gestos resultan más significativos que las palabras para retratar la condición humana contemporánea, en la que el aislamiento y el deseo de vínculo se dan la mano. La distancia y la dificultad de conectar con los otros –parejas, hijos, padres, comunidad– a pesar de nuestro común deseo de apego se descubre clave en unos relatos plagados de llamadas telefónicas y viajes por carretera, entre los que destacan verdaderas joyas como “Bienvenida a la comunidad” y “El ojo en la garganta”.

Por Francisca Noguerol, de la Universidad de Salamanca.

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Canon de cámara oscura, de Enrique Vila-Matas

Canon de cámara oscura es el título de la última novela de Enrique Vila-Matas, autor de una brillantísima trayectoria a la que esta se suma contribuyendo una vez más a ensanchar un personalísimo mundo estético muy reconocible.

En este caso lo hace a través de la voluntad del protagonista de construir un canon literario que, por supuesto, se sitúa al margen de todos los cánones oficiales, algo así como “una atmósfera de canon” capaz de trasportar a los personajes y a nosotros, los lectores, “fuera de aquí, a las afueras de todo y sin retorno posible”. Es, como todas las suyas, una obra literaria que ante todo habla de la gran literatura y de lo que esta es capaz de hacer por nosotros y nuestras vidas.

Pero, además, se acentúa en esta obra otra faceta del escritor, que ya venía asomando en sus últimas novelas: un extraordinario sentido del humor que, en este caso, nos hará enfrentarnos de forma menos solemne a ese debate social, ya un tanto tedioso, sobre las posibilidades y límites de la inteligencia artificial. Y ello porque, para sorpresa de los fieles lectores de Vila-Matas, en esta ocasión el personaje y narrador de la obra parece ser un androide o replicante que vive infiltrado entre los seres humanos.

Por Mª Teresa Gómez Trueba, de la Universidad de Valladolid.

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. Esto es lo que cuentan las obras finalistas del premio Aena de Narrativa – https://theconversation.com/esto-es-lo-que-cuentan-las-obras-finalistas-del-premio-aena-de-narrativa-278853

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Claudia Lorenzo Rubiera, Editora de Cultura, The Conversation

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Una versión de este texto se publicó por primera vez en nuestro boletín Suplemento cultural, un resumen quincenal de la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música. Si quiere recibirlo, puede suscribirse aquí.

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Hablemos de Irán. De hecho, más que hablar, les ofrezco leer sobre ello. Porque se menciona mucho a Irán estos días, sus ciudadanos, el islam, el velo, la represión. Decimos cosas, pero en ocasiones conocemos poco aquello que no dejamos de sacar en las conversaciones. Por eso Carlos Martínez Carrasco acudió al rescate y desarrolló, en un artículo histórico fabuloso, dónde nace la identidad iraní, su cultura.

Martínez Carrasco recorre su pasado sasaní, preislámico, y también la impronta religiosa tras la conquista árabe. Asimismo, alude a las referencias que el actual régimen hace de esos mitos antiguos para utilizarlos como propaganda. Su repaso abre la puerta a una cultura rica en matices que ha sufrido apropiaciones interesadas por demasiadas figuras. Conocer el pasado, hacer memoria y permitir que todos poseamos esa información sienta las bases de un futuro que esperamos sea mejor, pacífico y posible para esa tierra.

Y si queremos hablar de potencia cultural, China, que cuenta con 56 etnias diferentes, es otro ejemplo de ello. Al hilo de la nueva aprobación de la llamada “ley de unidad étnica”, explicamos tanto el origen de la civilización han, etnia mayoritaria en el país, como la importancia del patrimonio de esas otras 55 que ahora se ven más desprotegidas.

Los retos tecnológicos

¿Alguna vez han oído hablar del “valle inquietante”? Es ese límite que cruzan algunos avances tecnológicos cuando nos provocan, al parecerse tanto a los humanos, un poquito de yuyu; ese ver algo que se mueve como un señor, que parece que habla como un señor pero que… no es un señor.

Se solía aplicar, obviamente, a los robots, pero ahora que la inteligencia artificial está cogiendo fuerza, cada vez hay más entornos en los que notamos que algo (o alguien) no llega a ser humano del todo. Ricardo Fernández Rafael explica perfectamente qué problemas nos crea no saber si estamos viendo, escuchando o interactuando con un ente de carne y hueso o de unos y ceros.

Las salas no descansan

En las carteleras españolas coinciden dos películas de sendos pesos pesados en la industria nacional: Santiago Segura y Pedro Almodóvar.

El primero ha estrenado la sexta entrega de su saga sobre Torrente, un filme en el que este se postula a presidente del país y que, por tanto, contiene más carga política que los anteriores.

Sin embargo, la sociedad que ha recibido con los brazos abiertos esta película –lleva más de 16 millones recaudados– no es la misma de hace una década, y eso se revela tanto a la hora de percibir la ironía de la propuesta como al abrazar el mimetismo con su protagonista.

El director más internacional del cine español, por su parte, presenta en Amarga Navidad un ejercicio de metacine en el que la autoficción y la discusión sobre si es ético narrar la vida privada de otros en público ocupan el centro del argumento.

Es, también, un drama, una tendencia constante en las últimas décadas del cine de Almodóvar (salvo Los amantes pasajeros). Sin embargo, el manchego lleva días declarando que tiene ganas de volver a rodar una comedia loca como las de sus inicios. Pero ¿podemos decir que a lo largo de estos años no ha hecho ningún guiño a la risa en sus guiones?

Para rematar, les regalamos una lectura preciosa que tal vez les remita a su infancia, a su adolescencia o, como en mi caso, a la nostalgia de un tiempo que no viví pero que, tras amar Cinema Paradiso, querría haber conocido: el cine de barrio.

– ref. Suplemento cultural: desde Irán hasta China – https://theconversation.com/suplemento-cultural-desde-iran-hasta-china-279350

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carlos Javier Durá Alemañ, Investigador Ramón y Cajal. Derecho de la Biodiversidad., Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA – CSIC)

La conservación de la naturaleza no solo depende de la biología, la ecología o la legislación ambiental. También depende, en buena medida, de la capacidad de la sociedad civil para vigilar, denunciar y protestar contra las actividades que dañan el medio ambiente.

En España, la entrada en vigor en 2015 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como “ley mordaza”, supuso un cambio de paradigma que ha afectado negativamente al activismo ecológico. Al criminalizar la protesta pacífica y limitar la libertad de expresión, esta norma ha creado un “efecto disuasorio” que debilita la lucha por la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático.

Desafortunadamente, España se ha convertido en un ejemplo que varios países europeos (Reino Unido, Francia, Hungría, Alemania o Dinamarca) están tomando como referencia hacia el endurecimiento de las leyes de seguridad ciudadana y de orden público. Varias organizaciones de derechos humanos como la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa han expresado preocupación por el “potencial represivo” de las leyes de seguridad ciudadana que estos Estados están implantando.

El activismo en el punto de mira

El activismo ambiental es, por definición, una forma de acción política que busca proteger el entorno frente a amenazas, a menudo causadas por grandes intereses económicos o por negligencias administrativas. Históricamente, las protestas y las acciones directas no violentas (como las de ONG como Greenpeace y Ecologistas en Acción o de plataformas locales) han sido clave para visibilizar la destrucción ambiental.

Sin embargo, la ley mordaza ha transformado estas acciones en un riesgo jurídico y económico elevado. Las infracciones graves y muy graves introducidas por la ley permiten imponer multas que oscilan entre los 601 y los 600 000 euros. Para muchas personas e incluso para muchos colectivos ecologistas, estas cifras no son sanciones, sino que en la realidad se convierten en medidas de “represión social y desmovilización ciudadana”.

Impacto en la acción climática

Cuando un colectivo ciudadano intenta bloquear la tala de un bosque, la construcción en una zona protegida o la contaminación de un río, a menudo se enfrenta a una respuesta policial amparada en la nueva seguridad ciudadana. La ley mordaza ha provocado varias cuestiones contrarias a la libertad de expresión y de dudosa constitucionalidad.

Por un lado, se produce una criminalización de la protesta pacífica: acciones simbólicas clásicas, como encadenarse a una maquinaria u ocupar terrenos en defensa del patrimonio natural, son castigadas con una contundencia desproporcionada.

También hubo desproporción en considerar terroristas a los activistas que participaron en 2022 y 2023 en diversas acciones de desobediencia civil no violenta para reclamar mayores y más eficaces medidas políticas ante el cambio climático. Tanto Naciones Unidas como Amnistía Internacional recordaron al Fiscal General del Estado que el derecho de protesta se estaba vulnerando con esta categorización de terroristas a los activistas climáticos. Algo que se había visto venir tras la ambigua definición jurídica en la que había quedado el terrorismo.

El miedo a las sanciones económicas desproporcionadas se traduce en que muchos activistas y organizaciones limitan sus acciones reduciéndose mucho la presión social sobre los destructores de la naturaleza.

Un obstáculo adicional para ejercer el derecho de protesta de forma segura es la dificultad impuesta en el registro de pruebas. La limitación o prohibición de grabar y difundir imágenes de los agentes de las fuerzas de seguridad reprimiendo a manifestantes y activistas dificulta enormemente la documentación de posibles abusos en el desalojo o represión de una protesta ambiental.

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Leer más:
La Vuelta, Mayo del 68 o las campañas contra el apartheid: cómo las protestas incomodan y transforman

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Efectos en la conservación de la naturaleza

La principal consecuencia de la ley mordaza, es el llamado “efecto disuasorio”. Activistas de diversas organizaciones han denunciado que la ley reprime la protesta, obligando a los defensores de la naturaleza a guardar silencio o a limitar sus actuaciones frente a lugares simbólicos como el Congreso de los Diputados o las delegaciones de Gobierno.

En un contexto de emergencia climática y pérdida de biodiversidad, reducir la capacidad de la ciudadanía para protestar es una amenaza directa a la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad ambiental, siempre amenazadas por intereses privados.

La vigilancia ciudadana es imprescindible, ya que las autoridades se ven desbordadas y, en muchas ocasiones, son los ecologistas los primeros en descubrir actividades ilícitas que las autoridades no detectan, ignoran o incluso en ocasiones, provocan.

Al disminuir esta vigilancia por miedo a las multas, la biodiversidad queda desprotegida y los riesgos ambientales como el cambio climático o las distintas formas de contaminación se vuelven mucho más peligrosos para la ciudadanía.

A lo largo de los más de diez años de vigencia de esta norma, las organizaciones ecologistas han reportado múltiples casos donde el activismo ha sido sancionado bajo el amparo de la seguridad ciudadana. La ley mordaza no solo afecta a grandes ONG; plataformas locales que luchan contra megaproyectos (minería, proyectos de implantación de energías renovables sin ordenación, infraestructuras innecesarias) se ven desbordadas por sanciones administrativas, lo que paraliza de facto sus movimientos en defensa del territorio.

La ley mordaza bloquea radicalmente las protestas de grupos pequeños o de individuos aislados, que se ven completamente desamparados ante esta “nueva” ley.

La ley mordaza nos desprotege a todos

La conservación de la naturaleza y la acción climática requieren un entorno democrático fuerte y transparente donde la ciudadanía pueda alzar la voz sin miedo a represalias. La ley mordaza funciona como un mecanismo que prioriza el orden público –entendido a veces como la protección de intereses económicos o políticos concretos– frente al derecho universal a un medio ambiente sano y frente al derecho a la libertad de expresión.

Mientras la ley siga vigente con los términos actuales, el activismo ambiental operará bajo la sombra de la inseguridad. Para una verdadera conservación de la biodiversidad en España, es indispensable garantizar que los defensores de la naturaleza puedan protestar pacíficamente sin ser criminalizados, asegurando que la protección del territorio siga siendo un derecho ciudadano cuyo ejercicio nos beneficia a todos y no una actividad de alto riesgo.

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. Reducir la capacidad de la ciudadanía para protestar amenaza la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad ambiental – https://theconversation.com/reducir-la-capacidad-de-la-ciudadania-para-protestar-amenaza-la-conservacion-de-la-naturaleza-y-la-sostenibilidad-ambiental-279487

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Antonia Moreno Cano, Investigadora Asociada en el Equipo de Investigación en Comunicación, Universidad de Deusto

Imagine por un momento que enciende su ordenador o su móvil… y no puede leer nada. No distingue los botones, no comprende los menús, no puede completar un formulario. Lo que para la mayoría es rutina, para millones de personas es una barrera cotidiana.

En España, solo el 7 % de las personas con discapacidad visual accede a formación en tecnologías. El 93 % restante queda excluido, con graves consecuencias para su autonomía y participación social. No es un dato menor: es una brecha que condiciona la autonomía, la empleabilidad y la participación social.

La tecnología tiene el potencial de cambiar esta realidad. Pero solo lo hace cuando es accesible y cuando va acompañada de formación adaptada. De lo contrario, amplifica la desigualdad. Un estudio reciente lo confirma: sin un diseño inclusivo y sin alfabetización digital, estas herramientas no llegan a quienes más las necesitan.

¿Qué implica realmente vivir con baja visión?

Existe una idea extendida (y errónea) de que la discapacidad visual es sinónimo de ceguera total. Sin embargo, muchas personas con baja visión no cumplen los criterios de ceguera legal y, por tanto, no acceden a recursos especializados como los de la ONCE.

Quedan en una especie de zona “gris” del sistema. Sin apoyos estructurados, sin formación específica y, en muchos casos, sin conocer siquiera las soluciones disponibles.

La tiflotecnología (lectores de pantalla, magnificadores o líneas braille) permite superar muchas barreras. Pero el problema no es solo la tecnología: es el acceso a ella. Sin formación, estas herramientas son invisibles.

El resultado es conocido: improvisación, dependencia y, en demasiados casos, aislamiento.

Cuando el diseño excluye

Incluso quienes tienen conocimientos técnicos encuentran muchas barreras. Muchas webs y aplicaciones no cumplen con los mínimos de accesibilidad exigidos por ley. Textos que no se amplían, botones sin etiqueta, colores sin contraste o formularios imposibles de leer son algunos ejemplos.

Esto obliga a depender de familiares o amigos para realizar tareas cotidianas. Trámites bancarios, gestiones públicas o incluso pedir una cita médica pueden convertirse en obstáculos insalvables.

La accesibilidad web no es un lujo. Es un derecho. Y no solo beneficia a las personas con discapacidad visual. También ayuda a mayores, personas con problemas temporales o usuarios con mala conexión o dispositivos antiguos. Además, en España existe una normativa legal específica para la accesibilidad digital, recogida en el Portal de Administración Electrónica del Gobierno de España.

Sí, la tecnología puede ser transformadora

Cuando se cumplen ciertas condiciones, la tecnología cambia vidas. Aplicaciones con voz, lectores de pantalla, funciones de ampliación y herramientas de comunicación han permitido a muchas personas estudiar, trabajar y mantenerse conectadas.

Durante la pandemia, varias personas aprendieron a usar redes sociales y apps de videollamadas para no perder el contacto. En algunos casos, fue esa necesidad de comunicarse la que impulsó el aprendizaje.

Pero estas experiencias siguen siendo la excepción. Muchas personas siguen sin saber qué recursos existen ni a dónde acudir.

¿Qué necesitamos para cerrar esta brecha?

Primero, es necesaria formación especializada. Y fuera de la ONCE, casi no existe. Faltan instructores, materiales y puntos de referencia.

En segundo lugar, es urgente un diseño accesible desde el origen. No como añadido o como un favor. Hacer las webs y apps accesibles desde el principio evita costes futuros y amplía su utilidad.

Además, precisamos voluntad política. La tecnología inclusiva no llega sola. Requiere leyes claras, recursos públicos y campañas de sensibilización.

La brecha digital no se cierra solo con dispositivos. Se cierra con diseño inclusivo, políticas públicas y formación para todos. Como recuerda la UNESCO, el acceso a la información es un derecho universal. Y, como señala la Organización Mundial de la Salud, la pérdida de visión afecta a más de 2 200 millones de personas en el mundo. No podemos permitirnos dejar a millones fuera de la sociedad digital.

Agradecemos especialmente a Fiorella Fuentes por su compromiso y colaboración en el desarrollo del proyecto. Su trabajo ha sido clave para visibilizar la exclusión digital que afecta a muchas personas.

(Una versión de este artículo fue publicada originalmente en la revista Telos de Fundación Telefónica).

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. ¿Y si mañana, al levantarme, no pudiera ver la pantalla? – https://theconversation.com/y-si-manana-al-levantarme-no-pudiera-ver-la-pantalla-262014

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Estefanía Díaz del Cerro, Investigadora Postdoctoral IDISCAM en el Grupo Mixto de Fragilidad y Envejecimiento Exitoso UCLM-SESCAM, Universidad Complutense de Madrid

Hoy cada vez más niños sobreviven al cáncer, y la mayoría alcanza la edad adulta. Sin embargo, para muchos de ellos la historia no termina con la remisión del tumor. Años e incluso décadas después del tratamiento, una proporción significativa de supervivientes presenta dificultades persistentes de atención, memoria y velocidad de procesamiento.

Estos problemas pueden afectar al rendimiento académico, al empleo y a la vida independiente. Son secuelas a menudo invisibles, pero especialmente llamativas porque aparecen en personas jóvenes. ¿Se trata solo de efectos tardíos del tratamiento o de algo más profundo?

Jóvenes con un cerebro que envejece antes

Más del 40 % de los adultos que superaron un cáncer infantil presenta alguna alteración neurocognitiva. Durante años estas dificultades se atribuyeron al efecto directo de la quimioterapia o de la radioterapia, sobre todo cuando el tratamiento afectó al sistema nervioso central.

Sin embargo, esta explicación puede ser incompleta. Estudios recientes sugieren que muchos supervivientes siguen un proceso de envejecimiento biológico más rápido de lo esperado. En otras palabras, su organismo podría envejecer antes que el de otras personas de la misma edad.

El envejecimiento no consiste solo en cumplir años. Implica una acumulación de daño molecular, inflamación persistente y cambios en el sistema inmunitario. También aparecen alteraciones en la regulación del ADN. En este contexto cobra importancia la epigenética.

Cuando el ADN guarda memoria

La epigenética estudia cambios químicos que regulan la actividad de los genes sin modificar la secuencia del ADN. Una de las modificaciones más conocidas es la metilación del ADN: pequeñas marcas que actúan como interruptores y pueden activar o silenciar genes.

Estas marcas cambian con el tiempo y también bajo la influencia de factores como el estrés, la enfermedad y algunos tratamientos médicos. A partir de estos patrones se han desarrollado los llamados relojes epigenéticos.

Los relojes epigenéticos estiman la edad biológica de una persona mediante el análisis de la metilación del ADN. Cuando la edad biológica supera a la edad cronológica se habla de aceleración de la edad epigenética, un posible indicador de envejecimiento prematuro.

Más de 1400 supervivientes analizados

Para investigar la relación entre envejecimiento biológico y dificultades cognitivas, investigadores del Hospital de Investigación Infantil St. Jude, en Estados Unidos, analizaron datos de 1 413 adultos que habían superado un cáncer en la infancia.

Los participantes completaron pruebas para evaluar atención, memoria, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. Además, se analizaron muestras de sangre para estimar la edad biológica mediante varios relojes epigenéticos.

También se estudió la longitud media de los telómeros, estructuras situadas en los extremos de los cromosomas que se acortan con el envejecimiento celular y que durante años se han considerado un marcador clásico del envejecimiento.

No son los telómeros sino la epigenética

Los resultados mostraron un patrón claro. Los supervivientes con mayor aceleración de la edad epigenética obtenían peores resultados en distintos dominios cognitivos, especialmente en atención, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas.

En cambio, la longitud de los telómeros no mostró una relación significativa con el rendimiento cognitivo. Esto sugiere que no todos los marcadores de envejecimiento reflejan los mismos procesos biológicos. En este caso, la epigenética parece captar cambios más relacionados con el funcionamiento cerebral.

Las asociaciones también variaban según el tratamiento recibido. Los supervivientes que habían recibido terapias dirigidas al sistema nervioso central mostraban relaciones más marcadas en memoria. Sin embargo, incluso quienes no recibieron tratamientos cerebrales presentaban vínculos entre envejecimiento epigenético y peor rendimiento cognitivo.

Un cambio de paradigma

Estos hallazgos sugieren un cambio en la forma de entender las secuelas del cáncer infantil. Los problemas cognitivos podrían no ser solo consecuencia de un daño puntual causado por el tratamiento décadas atrás. También podrían formar parte de un proceso dinámico de envejecimiento biológico acelerado que se mantiene con el paso del tiempo y que podría contribuir al deterioro cognitivo prematuro.

Esta idea conecta con un fenómeno más amplio. Muchos supervivientes de cáncer infantil desarrollan antes de lo esperado enfermedades cardiovasculares, fragilidad física o alteraciones metabólicas. El envejecimiento acelerado podría ser el mecanismo común que une estas complicaciones.

¿Se puede intervenir?

La epigenética no es un destino inmutable. A diferencia de la secuencia genética, las marcas epigenéticas pueden modificarse.

Diversos estudios en población general sugieren que la actividad física regular, una alimentación equilibrada y la reducción del estrés pueden influir en la edad biológica. En el futuro, identificar a los supervivientes con mayor aceleración epigenética podría permitir intervenciones tempranas para proteger la salud cognitiva.

Los relojes epigenéticos también podrían utilizarse como biomarcadores para evaluar si esas intervenciones funcionan.

Prudencia y próximos pasos

Los resultados deben interpretarse con cautela. El estudio es transversal, por lo que muestra asociaciones pero no permite establecer relaciones de causa y efecto.

No se puede afirmar con certeza que el envejecimiento epigenético cause el deterioro cognitivo. Serán necesarios estudios longitudinales que sigan a los supervivientes a lo largo del tiempo para confirmar esta relación y comprender mejor los mecanismos implicados.

Sobrevivir mejor, no solo más tiempo

El éxito de la oncología pediátrica ha transformado el pronóstico de miles de niños. Hoy la supervivencia ya no es la única meta: el desafío es garantizar que quienes superaron un cáncer en la infancia puedan envejecer con la mejor calidad de vida posible.

Comprender cómo el tratamiento deja huella en el reloj biológico del organismo es un paso importante para lograrlo. Porque sobrevivir al cáncer debería ser solo el comienzo de una vida larga y cognitivamente saludable.

Estefanía Díaz del Cerro recibe fondos en forma de beca postdoctoral de IDISCAM (Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha)

– ref. Cuando sobrevivir no es el final: el envejecimiento acelerado del cerebro tras el cáncer infantil – https://theconversation.com/cuando-sobrevivir-no-es-el-final-el-envejecimiento-acelerado-del-cerebro-tras-el-cancer-infantil-276101

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Mariana N. Solari Merlo, Profesora titular de universidad. Derecho penal y criminología, Universidad de Cádiz

¿Puede una decisión libre convertirse con el tiempo en una condena identitaria permanente? La pregunta no es meramente teórica. En el entorno digital, determinadas actividades –como la creación de contenido sexual– generan una huella persistente que puede reactivarse con facilidad incluso cuando la persona ha abandonado esa etapa.

En los últimos años, especialmente desde la pandemia, se ha producido un aumento significativo de perfiles que, en el entorno digital, generan contenido erótico o sexual con fines económicos, tal como recogen diversos estudios recientes.

Plataformas como OnlyFans han contribuido a consolidar este modelo bajo lógicas propias de la economía digital –suscripción, acceso exclusivo y consumo privado–, apoyadas en redes sociales que funcionan como escaparate y canal de captación de audiencia.

Se trata, en la mayoría de los casos, de actividades lícitas y voluntarias. Sin embargo, lo relevante no es tanto la naturaleza de la actividad como sus efectos en el tiempo. La digitalización no solo amplía el alcance, sino que altera la duración y la intensidad de la exposición: lo que antes era limitado y contextual pasa a ser potencialmente permanente y global.

La exposición y sus efectos

El entorno digital multiplica las oportunidades de difusión, pero también amplía los riesgos. La visibilidad deja de estar acotada y el contenido puede alcanzar audiencias muy diversas, incluyendo entornos personales, profesionales o públicos no deseados.

Desde la criminología y la victimología digital se ha señalado que una mayor exposición pública incrementa la probabilidad de sufrir distintas formas de victimización en línea, especialmente en contextos de alta autoexposición (self-disclosure) y uso intensivo de redes sociales.

No obstante, el problema no se limita a los riesgos durante la etapa de actividad. Existe una segunda dimensión, más persistente, vinculada a la identidad digital que se construye a partir de esa exposición. A diferencia de otros contextos, esta identidad no se desvanece fácilmente sino que queda fijada en sistemas de indexación, archivos y copias que permiten su reaparición constante.

Incluso cuando la persona ha abandonado esa actividad, su pasado puede seguir siendo accesible mediante búsquedas asociadas a su nombre o imagen, configurando lo que algunos trabajos han descrito como una memoria técnica difícilmente reversible.

Identidad digital y cambio vital

El caso de la ciclista y creadora de contenido Cecilia Sopeña ilustra este problema. Tras alcanzar notoriedad y beneficios económicos en plataformas de contenido para adultos, anunció su intención de iniciar una nueva etapa y reivindicó el denominado “derecho al olvido”, con el objetivo de dejar de ser identificada públicamente por esa actividad pasada.

La reacción social ha sido desigual. Parte de la opinión pública ha cuestionado esta pretensión, apelando a la idea de que la obtención de beneficios económicos debería conllevar una exposición permanente. Este tipo de respuestas pone de relieve la persistencia de valoraciones morales que exceden el plano jurídico.

Más allá del caso concreto, la cuestión de fondo es si el entorno digital debe fijar de manera indefinida una identidad vinculada a una etapa ya superada o si es posible limitar esa asociación cuando deja de responder a un interés actual.

En este contexto se sitúa el denominado derecho al olvido, que permite solicitar que determinados datos personales dejen de ser accesibles a través de motores de búsqueda cuando su difusión resulta inadecuada, irrelevante o desproporcionada con el paso del tiempo.

Este derecho fue reconocido en el ámbito europeo a partir del conocido caso Google Spain y posteriormente incorporado al artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), consolidándose como un instrumento clave para gestionar los efectos de la memoria digital.

No implica borrar el pasado ni eliminar necesariamente el contenido original, sino limitar su visibilidad mediante la desindexación. Se trata de una manifestación del derecho a la protección de datos personales, en conexión con el honor, la intimidad y la propia imagen.

Como todo derecho fundamental, no es absoluto. En caso de conflicto con la libertad de información o expresión debe realizarse una ponderación atendiendo a factores como la relevancia pública de la información, el interés general y la proporcionalidad.

El papel del consentimiento

En el caso de las creadoras de contenido sexual, el análisis presenta una particularidad: el contenido fue producido y difundido voluntariamente y con finalidad económica.

Este elemento es relevante, pero no determinante. El consentimiento no supone una renuncia definitiva a los derechos fundamentales. El marco jurídico europeo reconoce su carácter revocable, especialmente cuando están en juego la dignidad y la proyección futura de la persona.

El problema no radica tanto en la existencia del contenido como en su asociación persistente a la identidad actual. Cuando una persona abandona esa actividad y el contenido continúa reapareciendo de forma sistemática en búsquedas vinculadas a su nombre, los motores de búsqueda dejan de actuar como intermediarios neutrales para convertirse en mecanismos de reactivación constante del pasado.

En la práctica, el derecho al olvido permite reducir esa visibilidad mediante la desindexación y limitar la asociación automática entre la identidad presente y contenidos antiguos, aunque no garantiza la desaparición total del material en internet.

Una cuestión más amplia

El debate, en última instancia, trasciende el ámbito del contenido sexual. Plantea una cuestión más general: si una persona puede quedar indefinidamente definida por decisiones pasadas en un entorno que tiende a conservar y reactivar toda información.

En otros ámbitos jurídicos, como el derecho penal, se han desarrollado mecanismos orientados a evitar efectos perpetuos y facilitar la reintegración social. La persistencia digital introduce una tensión similar en el ámbito de la identidad.

El derecho al olvido no pretende negar el pasado ni cuestionar decisiones previas. Su función es, más bien, permitir que una etapa vital no se convierta necesariamente en una marca permanente cuando su mantenimiento deja de responder a un interés público actual.

Mariana N. Solari Merlo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Puede caducar el pasado digital? Los límites del derecho al olvido – https://theconversation.com/puede-caducar-el-pasado-digital-los-limites-del-derecho-al-olvido-271817

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Victoriano Gaviño Rodríguez, Catedrático de universidad. Lengua española, Universidad de Cádiz

La mayoría de la gente aprende a escribir sin hacerse demasiadas preguntas. Nos dicen que huevo lleva hache, que perro lleva dos erres y que baca y vaca no son lo mismo. Lo aceptamos, lo memorizamos y seguimos adelante con el aprendizaje.

Pero si uno se detiene un momento, surge la duda: ¿quién decidió todo eso? ¿Por qué escribimos así y no de otra forma? Y, sobre todo, ¿por qué parece tan difícil cambiarlo?

Algo más que una serie de reglas

Básicamente, porque la ortografía no es un simple conjunto de reglas para no cometer faltas. Es algo más profundo: un código compartido que permite que millones de personas escriban y se entiendan.

Gracias a ese código, un texto escrito en Cádiz puede ser leído en Buenos Aires o en Medellín sin grandes problemas. Pero hay algo más: la ortografía también es memoria histórica. Así, por ejemplo, nuestra hache muda está ahí, en ocasiones, porque hace siglos sí sonaba.

Es como una cicatriz lingüística: ya no cumple función práctica, pero nos recuerda de dónde venimos. Al mismo tiempo, atesora una escritura de tantos años que ya forma parte de nuestra propia identidad.

Dos formas de fijar una ortografía

A lo largo de la historia, las lenguas han seguido dos caminos principales para establecer su ortografía:

1. La vía institucional (la de “esto se escribe así y punto”). Viene determinada por alguien que fija las reglas y decide qué es correcto y qué no y, de manera subsidiaria, quién escribe bien y quién no. Aquí entran las academias, los gobiernos o, como en el caso del español, una institución como la Real Academia Española (RAE).

   Fundada en 1713, tardó muy pocos años en publicar su “Discurso proemial de la orthographia de la Lengua Castellana” aparecido en el Diccionario de Autoridades (1726), que sirvió de base para la elaboración de su primer tratado ortográfico en 1741, así como del resto de textos que la convirtieron pronto en el principal órgano regulador de la escritura de nuestra lengua.

2. La vía del uso (la de “se escribe así porque todo el mundo lo hace así”). Se produce cuando las normas no las impone nadie desde arriba. Surgen poco a poco, por costumbre. El inglés es el mejor ejemplo: nadie decidió oficialmente cómo se escribe.

   Por eso, algunas de sus palabras tienen una ortografía un tanto creativa, con grafías similares a las que les corresponden muy diferentes pronunciaciones (como sucede, por ejemplo, en through, though y tough). En este modelo, la norma nace del uso. Primero escribe la gente. Luego, si acaso, alguien lo regula.

El caso español: institucional, pero con debate

En el español triunfó claramente la vía institucional. La ortografía académica se consolidó poco a poco en el siglo XIX, tanto en España como en Hispanoamérica. A partir de 1844, su enseñanza en la escuela pública fue impuesta por el estado español y adoptada de manera general en la administración y la imprenta.

En un determinado momento, escribir bien (según las normas académicas) dejó de ser solo una cuestión lingüística para convertirse en algo más serio: requisito laboral, símbolo de educación y prestigio social y, finalmente, marca de identidad cultural. No escribir correctamente podía hacerte parecer ignorante.

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Aunque con tímidos intentos anteriores, fue a lo largo del siglo XIX cuando se intensificaron las propuestas de reforma de la ortografía del español. Algunos querían simplificarla, escribir como se habla, eliminar letras inútiles, hacer el sistema más lógico. Los argumentos eran bastante sensatos: ¿para qué sirve la hache si no suena? ¿Por qué conservar be y uve si suenan igual? ¿Por qué ge y jota se usan a veces para el mismo sonido y otras no?

Preguntas e intentos razonables, pero en la práctica enarbolados por personas sin poder y sin un modelo consensuado de reforma. Simples maestros que buscaban facilitar su enseñanza en la escuela y disminuir así los altos índices de analfabetismo. Perseguidos por el gobierno, sus intentos se apagan pronto y se disuelven en el silencio del olvido.

En el caso concreto de alguna república hispanoamericana, como Chile, se llegó a impulsar desde las instituciones educativas una reforma que aspiraba a reconciliar la escritura con la voz. Sin embargo, como otras tentativas, también aquella acabó cediendo ante el peso de la norma y terminó perdiéndose en la fuerza obstinada de la costumbre.

La prensa, ring de boxeo lingüístico

En siglos anteriores, los debates sobre la ortografía no solo se daban en tratados lingüísticos. Se discutían en la prensa, que funcionaba como una especie de red social de la época, pero con más tinta y menos memes. En este espacio de debate público, se enfrentaban reformistas y conservadores en auténticas batallas y ciclos polémicos en los que unos querían simplificar la ortografía y hacerla más lógica. Otros defendían las costumbres y el poder institucionalizador de la RAE en esta tarea.

No eran discusiones menores: en ellas se dirimía quién tenía autoridad sobre la lengua y qué modelo debía enseñarse a generaciones enteras. Cada artículo, cada réplica, no solo defendía una forma de escribir, sino también una forma de entender la lengua y su transmisión. Lo mismo ocurre en nuestros tiempos, porque los cambios en la escritura, a diferencia de lo que sucede en otras disciplinas lingüísticas, importa mucho a la gente.

¿Por qué es tan difícil cambiar la ortografía?

La ortografía no es solo lógica, es costumbre, y cambiarla implica reeducar a millones de personas, modificar libros, sistemas educativos… Y, lo más difícil, convencer a la gente de que deje de hacer lo que lleva haciendo toda la vida. Por eso, la propia Academia viene repitiendo desde hace siglos que lo mejor es que el cambio sea introducido poco a poco por el uso. Y luego, ya veremos.

La ortografía siempre ha sido y es un tema de interés colectivo, capaz de generar opiniones y controversias. Pero hoy la pregunta ya no se formula con la urgencia de otros tiempos, aunque tampoco ha desaparecido del todo. En una época atravesada por la inmediatez digital y la escritura veloz, se debate entre su función normativa y su valor simbólico. Reformarla y hacerla más sencilla podría aliviar ciertas dificultades, pero también implicaría desprenderse de capas de historia, de matices etimológicos y de una tradición compartida.

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Más que una reforma radical, hoy se impone una negociación silenciosa entre el uso y la norma, entre lo que cambia y lo que permanece. Porque la lengua, como todo organismo vivo, ya se transforma por sí sola, sin decretos ni rupturas bruscas. No se impone desde arriba, sino que va cediendo al pulso de quienes la hablan y la escriben cada día.

Tal vez en esa transformación lenta resida su verdadera capacidad de adaptación. Porque la ortografía con que escribimos es irregular, tiene incoherencias y conserva restos del pasado que no siempre tienen sentido hoy. Pero funciona. Y eso suele pesar más que la perfección.

En el fondo, hay que recordar que estamos ante una cuestión de identidad, de historia y de sentimiento comunitario: la ortografía no es solo un sistema de letras. Es también una forma de decir “así escribimos y somos nosotros”. Por eso, cuando alguien propone reformarla, no solo altera una práctica. Toca algo más profundo: la relación de una sociedad con su propia esencia. Y en ese punto las ideologías echan raíces.

Victoriano Gaviño Rodríguez ha sido investigador principal de los proyectos de investigación “Ideas lingüísticas y pedagógicas en la prensa española del siglo XIX. LinPePrensa” (ref. PGC2018-098509-B-I00) y “La lengua y su enseñanza en la prensa española: de la ley Moyano al fin de la II República (1857-1939). LinPePrensa II” (ref.: PID2021-126116NB-I00), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España (Proyectos de I+D de Generación del Conocimiento).

– ref. ¿Por qué escribimos como escribimos? Ortografía, normas y controversias – https://theconversation.com/por-que-escribimos-como-escribimos-ortografia-normas-y-controversias-279062