Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alfredo Abadías Selma, Director académico del Máster en Derecho penal económico UNIR. Profesor de Derecho penal y Criminología, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
El 23 de septiembre de 2026, poco después de la una de la tarde, una mujer de 87 años salió en camilla del piso de Madrid en el que vivía desde 1956. Se llama María del Carmen Abascal, aunque todos la conocen como Maricarmen. Tiene movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 50 %. Tras una jornada de enorme tensión, una ambulancia la trasladó al Hospital Gregorio Marañón.
Su desahucio era legal, pero podía haberse evitado. La primera que tenía en su mano pararlo era la empresa propietaria, Urbagestión. Le ofrecieron el dinero que pedía y lo rechazó. El Estado intentó comprar el piso, pero no tenía herramientas para imponer una solución. Y la ley dejó a Maricarmen sin protección por quince puntos de discapacidad.
Un contrato de 1956
Maricarmen tenía un contrato de renta antigua. Se trata de un alquiler firmado antes de 1985 que se prorrogaba de forma obligatoria. Lo firmó su padre, y al morir él, el contrato pasó a su madre. Cuando esta falleció, en 2005, pasó a Maricarmen.
Maricarmen pagaba unos 500 euros al mes, y su pensión es de 1 350 euros. La propietaria, la sociedad madrileña Urbagestión, le reclamó 2 650 euros mensuales y después 1 650. Incluso la cifra más baja superaba su pensión.
La solución la tenía la propiedad
Ganar un juicio de desahucio no obliga al propietario a echar al inquilino: puede llegar a un acuerdo con él, aplazar la salida o detener la ejecución. Por eso la empresa era la primera que podía parar el proceso. Y tuvo varias ofertas para hacerlo sin perder dinero.
Horas antes del desahucio, una conocida escritora se ofreció, de forma anónima, a pagar de por vida la diferencia entre los 500 euros y los 2 650 que exigía la empresa. También asumía cualquier deuda. Es decir, la empresa iba a cobrar exactamente lo que pedía, pero dijo que no.
El mismo día del desahucio, la defensa pidió aplazarlo por razones humanitarias. Como alternativa, pidió que Maricarmen tuviera entre quince días y un mes para recoger sus cosas. La representante legal de la compañía propietaria también se negó a esto.
Aunque Urbagestión actuó dentro de la ley, el dinero que reclamaba estaba sobre la mesa, ofrecido por una particular y por el Estado. Maricarmen no fue desahuciada por no pagar. Fue desahuciada porque la propiedad rechazó todas las alternativas.
Lo que dicen los derechos humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce en su artículo 25 el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la vivienda. El mismo artículo cita la vejez entre las situaciones que merecen especial protección.
La Declaración no es una ley que pueda invocarse ante un juez, pero la Constitución obliga a interpretar los derechos fundamentales de acuerdo con ella (artículo 10.2). Además, encarga a los poderes públicos atender los problemas de vivienda de las personas mayores (artículo 50) y proteger a las personas con discapacidad (artículo 49). Maricarmen reúne ambas condiciones.
La Declaración también protege la propiedad (artículo 17). No obligaba a la empresa a renunciar a su piso, sino que exige al Estado que ninguna persona mayor y vulnerable se quede sin un hogar adecuado. Ambos derechos podían convivir: la empresa cobraba y Maricarmen se quedaba.
En junio, el comité de la ONU que vigila el cumplimiento de estos derechos pidió frenar el desahucio hasta garantizar a Maricarmen una solución habitacional adecuada. No era la primera vez. En 2017 ya concluyó que España había vulnerado el derecho a la vivienda al desalojar en Madrid a una familia cuyo alquiler había vencido. Y en 2018, el Tribunal Supremo reconoció efectos jurídicos a un dictamen de otro comité de la ONU. Esta vez, la petición no frenó nada.
¿Y la jueza?
Algunas críticas han apuntado a la jueza encargada del caso, pero conviene ser justos. En esta fase, llamada de ejecución, el juzgado debe cumplir una sentencia firme del Tribunal Supremo. No puede volver a decidir si el contrato seguía vigente ni obligar a la empresa a aceptar un acuerdo; su margen era muy estrecho. Por eso las soluciones tenían que llegar antes, y desde fuera del juzgado.
Tres medidas necesarias
¿Qué debería cambiar para evitar este tipo de situaciones? Hacen falta tres acciones concretas.
Primero, revisar el límite del 65 % de discapacidad. Una persona de edad muy avanzada, con décadas en su vivienda y sin recursos, debería poder mantener el contrato pagando según sus ingresos. El Estado compensaría al propietario por la diferencia.
Segundo, dar a las administraciones un derecho de compra preferente cuando se venda un edificio con inquilinos vulnerables de renta antigua. Casa 47 necesitaba que la empresa aceptara vender. Con ese derecho, no lo habría necesitado.
Y tercero, que la ley obligue a suspender el desahucio mientras esté vigente una petición de la ONU, en lugar de dejarlo al criterio de cada juzgado.
A su edad, todavía no sabemos qué consecuencias tendrá esta experiencia para la salud de Maricarmen. Lo que sí sabemos es que este lamentable episodio se podía haber evitado: la propiedad tuvo a su alcance el dinero que pedía.
El artículo 1.1 de la Constitución define a España como un Estado social y democrático de Derecho. Su preámbulo aspira a una “sociedad democrática avanzada” que asegure a todos “una digna calidad de vida”. Algo así no debería repetirse en un país con esos principios.
Lo ocurrido debe hacer reflexionar profundamente a nuestros dirigentes políticos para que cambien las leyes. La ciudadanía y la ética lo reclaman. La Constitución sitúa la dignidad de la persona como fundamento del orden político (artículo 10.1).
España y sus ciudadanos no merecen un trato a todas luces indigno como el que ha sufrido Maricarmen.
Alfredo Abadías Selma no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Conjuguée à la pratique d’une activité physique régulière, une alimentation variée et équilibrée reste le moyen le plus sûr d’améliorer ses chances de vieillir en bonne santé.Tatjana Baibakova/Shutterstock (no reuse)
L’ESSENTIEL
Des travaux ont démontré que, chez l’animal, réduire les apports énergétiques en diminuant la quantité de nourriture augmente l’espérance de vie.
Chez l’être humain, cependant, les données disponibles ne confirment pas ces résultats pour l’instant.
L’adoption d’une alimentation variée et équilibrée, conjuguée à la pratique d’une activité physique adaptée et régulière, demeure la meilleure façon d’améliorer ses chances de vieillir en bonne santé.
Incitations à suivre des programmes de jeûne, prise de compléments alimentaires, routines quotidiennes minutieuses… Scroller sur les réseaux sociaux nous expose rapidement à une foule de conseils censés nous faire vivre plus longtemps. Mais vivre jusqu’à un âge avancé n’est pas systématiquement synonyme de bonne santé ni de vie en autonomie.
Avec l’âge, on constate une diminution de la masse musculaire et de la force, celle de l’aptitude physique aérobie (évaluée par la mesure de la consommation maximale d’oxygène – ou VO₂ max –, la condition aérobie commence à décroître entre 20 et 30 ans, NDT), ou encore l’existence d’une « inflammation liée à l’âge » (une inflammation chronique de bas grade). Si ces évolutions concernent tout le monde, elles varient considérablement d’une personne à l’autre. On sait aujourd’hui que l’activité physique et le sommeil peuvent notamment influer sur la manière dont nous vieillissons, et que les revenus, la qualité du logement, l’accès aux soins ainsi que l’environnement (au sens large) jouent eux aussi des rôles importants, tout comme l’alimentation.
En ce qui concerne cette dernière, l’une des pistes les plus étudiées pour agir sur le vieillissement est la restriction calorique : il s’agit de réduire l’apport énergétique d’environ 20 à 40 % tout en continuant de couvrir les besoins en nutriments essentiels. Si la restriction calorique a déjà fait ses preuves chez l’animal, les résultats sont moins probants en ce qui concerne l’être humain, mais les recherches se poursuivent. Voici ce qu’il faut en retenir.
Espérance de vie, vieillissement en bonne santé : de quoi parle-t-on ?
(En France, les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques indiquent que, depuis 2008, l’espérance de vie sans incapacité à la naissance progresse à un rythme proche de celui de l’espérance de vie : les femmes peuvent espérer vivre 64,1 ans sans incapacité et les hommes 63,7 ans. Des durées supérieures respectivement de dix et huit mois aux moyennes européennes – 63,3 ans pour les femmes et 62,8 ans pour les hommes, NDT).
La notion de « vieillissement en bonne santé » de l’OMS adopte quant à elle une définition un peu plus large, centrée sur les capacités qui permettent à chacun de faire ce à quoi il tient : accomplir les tâches du quotidien, entretenir des relations, apporter sa contribution à la société. De ce point de vue, vieillir en bonne santé signifie que l’on vit tout en étant capable de composer avec un (ou plusieurs) problème de santé.
Enfin, la notion de « durée de vie en bonne santé fonctionnelle » désigne ainsi la période pendant laquelle une personne conserve les capacités nécessaires pour vivre de manière autonome.
Pourquoi la restriction calorique intéresse-t-elle les chercheurs ?
Les travaux scientifiques ont démontré que la restriction calorique peut allonger la durée de vie d’organismes allant de la levure aux rongeurs, même si ses effets varient selon l’espèce, le patrimoine génétique, le sexe, l’âge et l’alimentation. En ce qui concerne notre espèce, cependant, les données sont moins probantes.
Le plus vaste essai de longue durée consacré à la restriction calorique chez l’être humain, baptisé CALERIE (Comprehensive Assessment of Long-term Effects of Reducing Intake of Energy, en français l’Évaluation globale des effets à long terme d’une réduction de l’apport énergétique), a suivi, pendant deux ans, 218 adultes en bonne santé, sans obésité. Les participants affectés au groupe « restriction » ont réduit leurs apports énergétiques de 12 % en moyenne.
Chez eux, plusieurs indicateurs liés à la santé cardiovasculaire et métabolique se sont améliorés, parmi lesquels la pression artérielle, la sensibilité à l’insuline et les marqueurs sanguins de l’inflammation. Les participants ont également perdu environ 5,4 kg de masse grasse et 2 kg de masse maigre, tandis que leur densité minérale osseuse diminuait légèrement au niveau du rachis et de la hanche.
Si l’essai a bien porté sur des biomarqueurs du vieillissement, il n’a toutefois pas permis d’établir que la restriction calorique prolonge la durée de vie, en bonne santé ou non. Par ailleurs, maintenir sur le long terme une telle restriction peut s’avérer difficile.
Pour cette raison, certains chercheurs s’intéressent aussi à des composés capables d’agir sur les processus cellulaires impliqués dans le vieillissement. L’idée serait d’agir sur les mécanismes activés par la restriction calorique, mais sans qu’il soit nécessaire de manger nettement moins. De tels composés sont qualifiés de « mimétiques de la restriction calorique », et il s’en trouve un certain nombre dans notre alimentation.
Toutefois, pour l’instant, les résultats obtenus proviennent pour l’essentiel d’études sur des cellules et des animaux. Il faut garder à l’esprit que le fait qu’un composé soit capable d’agir sur un mécanisme cellulaire donné ne suffit pas nécessairement à améliorer la santé ou à allonger la durée de vie.
Que montrent les études chez l’être humain ?
Penchons-nous sur quelques études qui ont été menées chez l’être humain. Premier exemple : la spermidine. Ce composé est présent dans le germe de blé, les champignons, les légumineuses et les fruits à coque. Une étude observationnelle (étude durant laquelle les scientifiques suivent les participants sans modifier leurs traitements ou modes de vie habituels, contrairement aux études interventionnelles, NDT) menée auprès de 23 894 adultes américains a révélé qu’un apport estimé plus élevé en spermidine était associé à un moindre risque de décès au cours du suivi, que ce soit « toutes causes confondues » ou en raison de problèmes cardiovasculaires uniquement.
Ce résultat n’établit pas pour autant de lien de cause à effet : il se pourrait en effet que les personnes qui consomment davantage d’aliments riches en spermidine aient une alimentation globalement plus saine, ou qu’ils se distinguent des autres participants par diverses caractéristiques susceptibles d’expliquer ces résultats.
Outre la spermidine, d’autres composés ont été proposés comme potentiels mimétiques de la restriction calorique, car on les pense capables de reproduire certains de ses effets cellulaires : le resvératrol, présent dans le raisin et les baies, les catéchines, que l’on trouve dans le thé vert et le cacao, ou encore la quercétine, qui proviennent de l’oignon et de la pomme.
En 2017, des travaux menés sur un effectif de 30 adultes âgés de 65 à 80 ans (12 hommes et 18 femmes) suggèrent qu’une supplémentation en resvératrol associée à de l’exercice physique pourrait améliorer plusieurs paramètres concernant la force musculaire, la puissance et la résistance à la fatigue. Une autre étude, menée sur 36 personnes âgées prenant de la quercétine tout en suivant un programme de renforcement musculaire de six semaines, a révélé que les muscles des genoux des participants développaient davantage de force. Cependant, ce résultat ne s’est pas traduit, dans les faits, par une amélioration en matière de résolution de tâches physiques. Les consommateurs de quercétine n’avaient, par exemple, pas plus de facilité que les autres à se lever d’une chaise.
Si ces deux études suggèrent certains bénéfices pouvant influer sur la durée de vie en bonne santé, il est important de souligner qu’elles ont toutes deux testé uniquement des compléments alimentaires, et non des aliments entiers. En outre, aucune n’a cherché à savoir si les mécanismes supposés de la restriction calorique étaient bel et bien à l’origine des changements observés.
Parmi les autres composés mimétiques de la restriction alimentaire figure l’urolithine A, produite par certaines bactéries intestinales capables de dégrader des substances appelées ellagitanins (ou tanins ellagiques), présentes notamment dans la grenade et la noix. Un essai mené sur 66 adultes âgés de 65 à 90 ans, révèle qu’une supplémentation en urolithine A a amélioré l’endurance musculaire et certains indicateurs de la santé mitochondriale, sans toutefois améliorer significativement les critères principaux de l’étude, à savoir la distance parcourue lors d’un test de marche de 6 minutes et la capacité des muscles à produire de l’énergie.
Enfin, un autre essai financé par l’industrie et mené chez des adultes d’âge mûr a fait état d’une amélioration de la force musculaire, de l’aptitude physique aérobie et de la vitesse de marche sous urolithine A, mais pas de la puissance musculaire maximale. Ces résultats témoignent de bénéfices fonctionnels, mais ils ne démontrent pas que la consommation de grenades ou de noix produirait des effets similaires ni que l’urolithine A soit capable d’allonger la durée de vie en bonne santé.
Les recherches sur ces composés pourraient aider les scientifiques à comprendre comment les cellules réagissent à certains nutriments et améliorer les connaissances en matière de vieillissement. Toutefois, actuellement, aucune donnée scientifique ne plaide pour la consommation de fortes doses d’un composé ou d’un autre, a fortiori sous forme de compléments alimentaires.
En revanche, les connaissances scientifiques actuelles concernant les habitudes de vie sont claires. Une étude publiée en 2025, menée sur plus de 105 000 adultes suivis sur une période allant jusqu’à 30 ans, a démontré que plusieurs régimes étaient associés au fait d’atteindre un âge avancé sans maladie chronique majeure, tout en restant en bonne santé cognitive, physique et mentale.
Ces régimes faisaient généralement la part belle aux fruits, aux légumes, aux céréales complètes, aux fruits à coque, aux légumineuses et aux acides gras insaturés (comme les oméga-3). Un apport en protéines de bonne qualité est également important pour préserver la masse musculaire, en particulier lorsque cet apport s’accompagne d’exercices de renforcement musculaire.
En matière d’alimentation, les régimes méditerranéens et régimes traditionnels d’Okinawa ont été associés à des chances plus élevées de vieillissement en bonne santé (sans toutefois que ces associations permettent d’attribuer leurs bienfaits à tel ou tel mimétique en particulier). Les premiers privilégient généralement les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, les fruits à coque et l’huile d’olive. Les seconds reposent quant à eux sur la patate douce et les légumes, accompagnés de produits dérivés du soja ainsi que de petites quantités de poisson.
Des aliments contenant des mimétiques présumés de la restriction calorique peuvent aussi trouver leur place dans une alimentation variée et nourrissante, si on le souhaite. Il reste néanmoins encore à démontrer que ces composés reproduisent chez l’humain les effets de la restriction calorique ou allongent la durée de vie en bonne santé, raison pour laquelle ils continuent de susciter l’intérêt des scientifiques.
En définitive, pour qui souhaite améliorer ses chances de vieillir en bonne santé, les données les plus solides actuellement disponibles pointent plutôt en faveur de l’adoption d’une alimentation variée et nutritive conjuguée à la pratique d’une activité physique régulière.
Le professeur Roberts a bénéficié de financements de recherche sans rapport avec cet article.
En septembre 2026, juste avant le renouvellement d’un peu plus de la moitié des sièges au Sénat, le groupe Les Républicains (LR) représente à lui seul 37 % de la chambre haute. Si l’on élargit à la majorité de droite et du centre, le pourcentage atteint 65,5 %.Sénat
L’ESSENTIEL
Le 27 septembre 2026, 178 des 348 sièges du Sénat seront renouvelés.
Le mode de scrutin avantage les communes de moins de 5 000 habitants, qui obtiennent proportionnellement plus de délégués, les grands électeurs, que les grandes villes.
Contrairement à une idée répandue, ce n’est pas ce déséquilibre territorial qui explique la domination de la droite au Sénat.
Le 27 septembre 2026 se tiendront les élections sénatoriales à l’issue desquelles un peu plus de la moitié des 348 sièges seront renouvelés. Comme bien souvent, ce scrutin retient peu l’attention des médias. Si l’effervescence suscitée par la campagne pour l’élection présidentielle de 2027 détourne l’attention du scrutin sénatorial, des causes plus structurelles jouent également.
Le caractère indirect de l’élection en fait avant tout une affaire d’élus locaux. Par ailleurs, le mode de scrutin est souvent accusé, à gauche en particulier, d’être peu représentatif de la population et de favoriser des candidats âgés, conservateurs et issus des campagnes. Le fait que le Sénat soit composé d’une majorité quasi inamovible de forces de droite et de centre droit donne du crédit à une telle hypothèse et pose la question de la légitimité démocratique d’une chambre qui n’a connu qu’une seule alternance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre 2011 et 2014.
Pour ses défenseurs, cependant, le Sénat n’a pas vocation à représenter la population, mais plutôt les collectivités territoriales, mission que lui reconnaît officiellement l’article 24 de la Constitution.
Se pose alors la question de savoir si le scrutin actuel permet une représentation équitable des territoires ou si, au contraire, il privilégie certains types au détriment d’autres. Le Sénat est-il véritablement une chambre dévolue à la défense des intérêts de la ruralité ?
Des communes rurales inégalement surdotées en grands électeurs
En France, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé d’environ 160 000 grands électeurs : 95 % d’entre eux sont désignés par les conseils municipaux, les autres étant les parlementaires, les conseillers départementaux et régionaux.
Par leur poids écrasant, les délégués municipaux déterminent l’issue du vote des grands électeurs. Au sein de chaque département, le nombre de délégués dépend du nombre de conseillers municipaux, lui-même déterminé par le nombre d’habitants de chaque commune.
Le nombre de délégués municipaux n’est pas strictement proportionnel à la population résidente et dépend également de sa répartition entre les communes.
Les communes comptant peu d’habitants bénéficient d’un nombre de délégués proportionnellement plus élevé que les communes plus peuplées :
les communes de moins de 5 000 habitants pèsent 37 % de la population, mais réunissent 53,3 % des délégués municipaux ;
les communes de plus de 20 000 habitants rassemblent 39,7 % de la population, mais seulement 23,6 % des délégués municipaux ;
seules les communes entre 5 000 et 20 000 habitants ont un poids électoral proportionnel à leur population.
Le scrutin sénatorial surdote donc les communes les moins peuplées au détriment des communes urbaines de plus de 20 000 habitants.
Données : Insee et Sénat. Réalisation : Brennetot, 2026, Fourni par l’auteur
Cette distorsion est cependant inégale selon les départements. L’écart entre le pourcentage que représentent les communes de moins de 5 000 habitants dans le collège électoral et leur pourcentage dans la population permet de mesurer le niveau de surdotation dont elles bénéficient. Ce niveau varie de 0,1 % dans les Hauts-de-Seine à 21,3 % dans la Marne.
Les départements pour lesquels le niveau de surdotation des petites communes pèse le plus sont situés dans le nord et l’est du Bassin parisien, les Pyrénées et la Corse. Au contraire, cette surdotation est beaucoup plus faible dans le Grand Ouest, le centre et l’ouest du Bassin parisien, le sud du Massif central et le Midi provençal.
Données : Ministère de l’intérieur, Insee. Réalisation : Brennetot, 2026, Fourni par l’auteur
Ce niveau de surdotation dépend de la conjugaison de deux facteurs :
l’étendue des communes rurales ;
les contrastes de densités de population au sein d’un même département.
La surdotation tend tout d’abord à augmenter là où les densités de population sont faibles et où la superficie des communes est réduite. À densité de population égale, un département comptant beaucoup de communes peu étendues (les Hautes-Pyrénées ou la Seine-Maritime, par exemple) a un niveau de surdotation plus élevé qu’un département dont la taille moyenne des communes est plus grande (les Landes ou les départements du Grand Ouest, par exemple).
Par ailleurs, l’effet de la surdotation dont bénéficient les communes rurales est majoré si le département dans lequel elles sont situées compte des communes urbaines dotées d’un nombre réduit de sièges rapporté à leur population. C’est la raison pour laquelle les communes rurales de départements, tels que la Lozère, la Haute-Saône ou la Meuse, bénéficient d’une surdotation moindre que celles de la Haute-Garonne ou de la Côte-d’Or, qui profitent de la présence des communes peuplées et sous-dotées des agglomérations toulousaine et dijonnaise.
La droite profite-t-elle de l’avantage accordé aux espaces de faibles densités ?
La somme des résultats obtenus par les candidats aux élections sénatoriales de 2020 et de 2023 révèle que les forces de droite et de centre droit ont obtenu 56,3 % des voix de grands électeurs, celles de gauche 35 %, celles d’extrême droite 4,4 % et celles du centre 3,1 %. À l’instar des précédents scrutins, les deux dernières élections sénatoriales ont été majoritairement favorables à la droite.
Cependant, les meilleurs scores obtenus par les candidats de droite ne sont pas nécessairement repérables dans les départements où le niveau de surdotation des communes rurales est le plus élevé. Les communes rurales de Seine-Maritime, de Haute-Garonne ou de l’Aude bénéficient d’un niveau élevé de surdotation sans que les résultats de la droite y soient élevés. Inversement, celle-ci obtient de très bons résultats dans des départements comme la Meuse, l’Orne ou la Haute-Loire alors que les communes rurales n’y sont pas particulièrement surdotées.
Données : Ministère de l’intérieur/Insee. Réalisation : Brennetot, 2026, Fourni par l’auteur
La position majoritaire de la droite tient-elle alors à la façon dont les sièges sont répartis entre les différents départements ?
Le nombre de sénateurs attribué à chaque département varie de 1 pour les départements les moins peuplés (la Lozère, la Creuse, le Territoire de Belfort) à 12 pour le département de Paris.
Ramené à la population, le nombre de sénateurs pour 100 000 habitants s’établit à 0,48, mais varie dans un rapport de 1 à 5,3 selon les départements, la Creuse bénéficiant d’un taux de 1,73 pour 100 000 habitants quand l’Hérault ne dépasse pas 0,33.
Données : Ministère de l’intérieur/Insee. Réalisation : Brennetot, 2026, Fourni par l’auteur
Dans l’ensemble, ce taux est plus faible dans les départements accueillant une métropole (la Loire-Atlantique, la Haute-Garonne, la Gironde, etc.).
Au contraire, il est plus élevé dans la diagonale des faibles densités, des Ardennes aux Hautes-Pyrénées, l’Orne, la Mayenne, les Alpes du Sud et la Corse. Cependant, cette surdotation profite également à d’autres types de départements : le département de Paris et les départements ultramarins présentent, par exemple, un nombre de sénateurs pour 100 000 habitants supérieur à la moyenne nationale.
Cette diversité de profil de départements surdotés explique que les partis de droite et de centre droit n’en bénéficient pas de façon notable : dans l’Hémicycle actuel, alors que la droite a obtenu 59,5 % des sièges des départements sous-dotés, ce taux atteint 62,2 % pour les départements surdotés.
Ce faible écart tient au fait que, parmi les départements surdotés, la droite n’a obtenu que 4 des 12 sénateurs parisiens et 2 des 11 sénateurs des quatre départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion). Les surdotations départementales prévues par le scrutin sénatorial ne bénéficient donc pas particulièrement à la droite.
Au-delà joue également le fait que la géographie du vote de droite aux élections sénatoriales est complexe. Lors des élections de 2020 et de 2023, le nombre de voix obtenues par les candidats de droite a été fort dans beaucoup de départements caractérisés par de faibles densités. On constate cependant des exceptions notables dans le Sud : l’Ariège, les Hautes-Pyrénées, la Lozère, le Lot-et-Garonne, la Corrèze, les Alpes-de-Haute-Provence votent peu à droite.
Inversement, les candidats de droite recueillent une part importante des suffrages des grands électeurs dans plusieurs départements plus denses et urbanisés. C’est le cas des Alpes-Maritimes, du Var, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, du Territoire de Belfort, de la Moselle, de la Marne et de l’Oise.
Le maintien de la prépondérance de la droite au Sénat semble donc moins s’expliquer par des biais territoriaux liés au mode de scrutin que par un fort ancrage à droite de nombreux élus locaux, même lorsqu’ils sont sans étiquette. Ces soutiens locaux, rendus secrets par la confidentialité du vote des grands électeurs à l’échelle infra-départementale, sont particulièrement nets dans les départements de la France de l’Est et du Centre-Ouest (Vendée, Orne), qu’ils soient plutôt ruraux, urbains ou présentant un profil mixte.
Dans le contexte actuel de recomposition des clivages politiques, reste désormais à savoir si ce soutien majoritaire des élus locaux aux forces de droite est susceptible d’évoluer vers l’extrême droite, cette dernière ayant renforcé son ancrage local.
Arnaud Brennetot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Longtemps, l’Église catholique a sanctionné les clercs auteurs de violences sexuelles, mais sans transparence et en demandant aux victimes de se taire.
Depuis les années 1990, des scandales ont contraint l’Église à changer d’approche. En France, plusieurs dispositifs prennent désormais en charge les victimes.
Pourtant, des résistances demeurent, comme l’illustre l’opposition des évêques de France à la levée du secret de la confession.
Écartons une idée reçue : l’Église catholique n’avait pas ignoré, avant l’éclatement des scandales au cours de ces dernières années, la question des violences sexuelles exercées par ses clercs.
Elle avait produit un système de régulation morale qui, sur le fondement d’une dénonciation des atteintes à la « pureté », sanctionnait les violences commises en son sein contre les fidèles. Le pape Pie XI avait par exemple, au début des années 1920, rappelé l’iniquité du « crime de sollicitation », qui consiste, pour un prêtre, à demander à ses pénitents des faveurs sexuelles en échange de l’octroi de l’absolution. En 1962, le Saint-Siège, réitérant la doctrine, y adjoint explicitement le crime de pédophilie. Dans tous les cas, les sanctions peuvent aller jusqu’à la « réduction à l’état laïc ».
L’Église avait installé aussi un régime de sanction administrative. Lorsqu’un « cas difficile » ou « douloureux », selon le langage préconciliaire, était attesté, à la suite du repérage d’un supérieur, d’une rumeur insistante ou de la plainte d’un parent, il n’était pas rare que le coupable fût déplacé souvent au sein du même diocèse, parfois même à l’extérieur de son diocèse d’exercice, sans être privé pour autant de toute mission éducative auprès des enfants.
L’institution avait établi enfin un dispositif d’accompagnement psychologique. Il s’agissait de restaurer le prêtre coupable d’atteinte aux bonnes mœurs, et notamment de pédophilie, dans son habitus sacerdotal. Un organisme, le Secours sacerdotal, créé en 1953, rebaptisé Entraide sacerdotale au moment du concile, est spécialement consacré à cette mission. Tout au long des années 1960-1970, il dirigera les clercs agresseurs vers des établissements de santé et, parfois, avec l’accompagnement d’un psychologue de ville, vers des monastères.
Le système semble complet. Il comporte cependant une faille dirimante : outre qu’il entend régler les problèmes en interne, sans jamais faire intervenir la puissance publique, il ne place pas la victime au premier rang de ses préoccupations. Il n’est pas rare, jusqu’aux années 2000, qu’on demande aux parents et aux enfants de faire silence sur l’agression.
L’idée est alors de faire valoir une « culture de l’honneur » : il faut sauver la réputation de l’institution et de sa hiérarchie. Par un effet de sa réflexion interne, elle-même engendrée par les mutations à l’œuvre dans la société globale, l’Église catholique a modifié ses positions au cours des deux décennies qui viennent de s’écouler : elle a, de manière parfois résistible, pris en compte le nouvel éthos en faisant valoir désormais une « culture de la victime ».
La révélation des violences dans les années 1990
Tout remonte aux années 1990-2000. L’institution catholique se trouve percutée par des révélations qui viennent interroger sa manière d’agir sur la question des violences sexuelles en son sein. Certaines de ces révélations viennent de l’extérieur. La presse fait état de l’existence en Australie, dans la très catholique Irlande, aux États-Unis plus encore, de l’existence, au sein même de l’institution, de foyers de prédation. Le procès du père Edward Pipala, en particulier, révèle, au début des années 1990, non point seulement l’ampleur des crimes individuels commis par le prêtre, mais également l’impéritie de l’archidiocèse de New York dans le traitement du dossier.
En France même, les événements se précipitent. Dans la deuxième moitié des années 1990, des lanceurs d’alerte, comme la médecin et théologienne Marie-Jo Thiel, interviennent devant les évêques pour les aviser de la souffrance, parfois insurmontable, des enfants victimes et les appeler à mettre en place une véritable politique de prévention, publiquement assumée, des actes pédophiles. Ils trouvent bientôt l’appui des médias et des juges, comme on le voit, en 2001, avec la condamnation à trois ans de prison (avec sursis) de l’évêque de Bayeux-Lisieux par le tribunal correctionnel de Caen pour n’avoir pas dénoncé les crimes sexuels de l’un de ses prêtres.
L’épiscopat prend, au début des années 2000, quelques mesures inédites. Il instaure en particulier un guide de bonnes pratiques et établit les premières cellules d’écoute. Très vite cependant, le dispositif entre en sommeil. Il faut attendre la révélation publique en 2016 – sous l’effet de la mobilisation des associations de victimes comme La Parole Libérée – des crimes de l’abbé Preynat pour que l’épiscopat français s’engage de nouveau dans le combat contre la pédocriminalité cléricale.
Le choc du rapport Sauvé en 2021
Entre 2016 et 2018, l’Église renoue donc, mais avec plus d’énergie qu’hier, avec le schéma, fondé sur le triptyque information, écoute, signalement, du début des années 2000. On se dit cependant qu’il faut aller plus loin. L’idée d’une commission d’enquête, que l’Église instituerait, et dont plusieurs pays anglo-saxons ont fait l’expérience, fait son chemin.
La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), installée début 2019, réunit des chercheurs en sociologie, histoire, droit, médecine, anthropologie, des hauts fonctionnaires (magistrats, inspecteurs généraux), des avocats et des magistrats, des spécialistes de l’aide aux victimes. Elle mène, de janvier 2019 à l’été 2021, tout un travail d’enquête, aboutissant au rapport Sauvé, remis le 5 octobre 2021 aux dirigeants de l’Église.
Le rapport Sauvé relève que, de 1950 à 2020, environ 330 000 personnes – mineurs et personnes vulnérables – auraient été agressées dans le cadre de l’Église. Il annonce le chiffre, probablement inférieur à la réalité de 3 000 prêtres et religieux auteurs de violences sexuelles. Il demande à l’Église de remiser sa pratique traditionnelle de gestion des violences sexuelles, qui, le plus souvent, s’articulait autour du déplacement du prêtre fautif et de la silenciation de l’enfant violenté. La commission insiste pour que l’institution catholique « répare » le crime par une politique de reconnaissance des victimes, qui s’exprimerait sur le terrain financier, mais aussi sur le terrain mémoriel.
Le rapport, qui crée un choc dans l’opinion, est bien reçu par les victimes et leurs associations. Le monde catholique, si l’on excepte une minorité en son sein qui doute de l’importance des chiffres, et ses évêques même le jugent salutaire.
Ces deux instances indépendantes proposent une écoute, un accompagnement des victimes, une reconnaissance des violences subies et une réparation financière. Elles tentent de pallier les limites de la justice formelle, qui parfois ne peut pas juger les causes qui lui sont soumises (en raison, par exemple, de l’application des règles de prescription), qui punit et sanctionne certes, mais qui ne permet pas toujours de « réparer » l’existence des victimes.
Une autre évolution consiste en la création d’un tribunal pénal canonique national, en décembre 2022, suivant une recommandation de la Ciase. Cette instance composée de clercs, mais aussi de laïcs est une première dans le monde catholique. Elle peut juger d’affaires jusque-là traitées, sous l’égide de l’évêque du lieu, à l’échelle diocésaine, et prononcer des peines allant jusqu’à l’excommunication.
Le retour des controverses
Si ces diverses évolutions ont illustré une réelle volonté d’adaptation de l’Église, les associations et les victimes ont pourtant jugé ces initiatives trop timorées.
L’opinion engagée relève d’abord la persistance des violences sexuelles au cours de la période récente. L’agression n’est pas simplement une affaire du passé ; elle a continué de travailler l’Église tout au long de la période récente. En 2023, la presse divulgue les violences commises au sein de l’institution Notre-Dame-de-Bétharram. Plus de 200 anciens élèves dénoncent des cas d’agressions physiques, psychologiques et sexuelles subies au sein de l’établissement.
À cette affaire récente fait écho la révélation, à l’été 2024, de la part d’ombre de l’abbé Pierre, figure catholique iconique de l’engagement auprès des plus précaires. C’est une déflagration au sein de la société française. Tout l’effort de transparence entrepris par l’Église depuis la publication du rapport de la Ciase menace ruine : il est de nouveau reproché à l’institution de refuser d’établir la vérité sur les ecclésiastiques coupables d’agressions sexuelles.
La réaction du pape François n’aide pas dans ce contexte de sidération. S’il reconnaît que le Vatican était informé des dérives sexuelles du cofondateur du mouvement Emmaüs, au moins depuis la mort de ce dernier, il ajoute ne pas savoir si l’institution avait été au courant de ses agissements auparavant et même ne pas avoir songé à creuser davantage la question.
Les critiques portent également sur le manque de transparence de l’Église. La question du secret de la confession l’illustre. Si en octobre 2021, deux tiers des catholiques s’expriment en faveur de la levée du secret de la confession (69 %, dont 54 % de pratiquants réguliers), les évêques s’y opposent systématiquement.
Ce parcours montre malgré tout qu’un tournant a été pris au sein de l’institution catholique. Dans un monde encore marqué par la puissance de l’habitus hiérarchique, l’Église parvenait encore à faire valoir une culture du secret, afin de défendre son honneur et la réputation de ses clercs. Le monde séculier l’a rattrapée. À l’heure de #MeToo, elle n’échappe aux influences de la société séculière : elle est aujourd’hui, dans un univers soumis aux requêtes de l’égalité et de la publicité, conduite à faire valoir, elle aussi, la figure de la victime comme nouvelle figure du sacré – non sans que s’affirment ici ou là des réflexes de résistance.
Anne Lancien a reçu des financements de l’ANR (ANR Access ERC) et du Bureau central des cultes
Philippe Portier a été membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), dite Commission Sauvé. Il a été en charge de la recherche socio-historique sur la pédocriminalité dans l’Église depuis 1950.
Le Vanuatu a saisi la Cour internationale de justice pour contester la souveraineté française sur les îles Matthew et Hunter, dans l’océan Pacifique Sud, et demander la fixation d’une frontière maritime entre les deux États.
Derrière le contentieux territorial se joue un affrontement plus large autour de la place de la France dans le Pacifique.
Faute d’accord sur la souveraineté, la cogestion pourrait offrir une voie de sortie, permettant à la France et au Vanuatu de gérer ensemble les îles sans renoncer à leurs revendications respectives.
Le prétoire de la Cour internationale de justice s’est enrichi d’une nouvelle affaire contentieuse, à la suite du dépôt le 31 août dernier d’une requête du Vanuatu contre la France. Il porte sur « la souveraineté de Vanuatu sur les îles Umaenupne (Matthew) et Umaeneg/Leka (Hunter) » et « l’établissement d’une frontière maritime unique entre les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux de Vanuatu et de la France (en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie) ».
La poursuite de la procédure est suspendue à l’acception par la France de la juridiction de la Cour internationale de justice pour trancher ce différend.
Réservant leur réponse sur ce point, les autorités françaises ont en revanche, au lendemain de la saisine vanuataise, réaffirmé par la voix de la ministre déléguée chargée de la francophonie et des partenariats internationaux la position « claire et ferme » de Paris, « une position de dialogue, une position d’ouverture » mais qui « est surtout un rappel de la souveraineté de la France sur ces îles ».
Cette double affirmation peut sembler paradoxale : quel peut être l’objet du « dialogue » et comment peut s’exprimer l’« ouverture », dès lors que la question de la « souveraineté » semble non négociable ? Une telle contradiction peut en réalité être levée en suspendant le règlement de la question de la souveraineté sur les îles, objet du différend, tout en instituant un régime de cogestion.
L’activation de la voie judiciaire constitue pour le Vanuatu la poursuite de discussions diplomatiques par d’autres moyens. Cette décision prend acte de l’échec des négociations relancées en juillet 2023 à la suite de la visite d’Emmanuel Macron sur l’île océanienne et dont le premier cycle avait suivi celle de son premier ministre (Jotham Napat) à l’Élysée en juillet 2025. Le second, qui s’est tenu fin juin 2026 à Paris, n’a pas permis de concilier les positions des deux États.
Ces difficultés à s’accorder peuvent surprendre : l’opposition se concentre sur le statut de deux îlots inhabités et désertiques d’une superficie inférieure à 1 kilomètre carré. C’est oublier la forte dimension affective, gonflée d’un nationalisme parfois opportunément ravivé (cela est très clair actuellement autour des îles Falkland/Malouines), que suscitent certaines îles, y compris lorsqu’elles sont inhabitées.
C’est méconnaître également le contexte général dans lequel s’inscrit l’opposition entre la France et le Vanuatu.
L’État océanien l’inscrit dans un narratif de décolonisation et adosse ses revendications à une solidarité mélanésienne traduite par son soutien au Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) – qui le lui rend en soutenant sa revendication.
L’île Hunter. Comme l’île Matthew, à 74 kilomètres de là, elle est rattachée à la Nouvelle-Calédonie depuis 1976. Le Vanuatu, devenu indépendant du Royaume-Uni en 1980, estime que ces îles devraient lui être attribuées. Befa34/Wikimedia, CC BY-NC
La question néo-calédonienne est d’ailleurs centrale pour le devenir des îles Matthew et Hunter, rattachées administrativement, en droit français, au Caillou dont elles sont distantes d’environ 400 kilomètres (elles se situent à environ 300 kilomètres de Vanuatu). En outre, les violences ayant secoué l’île en mai 2024 et l’instabilité qui y prévaut depuis fragilisent la volonté de Paris de faire de la Nouvelle-Calédonie un pilier de la stratégie française en Indo-Pacifique. La France cherche par ailleurs à ménager ses relations avec cette enclave francophone dans un environnement anglophone. L’affirmation, a priori paradoxale, d’une volonté de dialogue ne transigeant pas avec l’expression d’un attachement à la souveraineté traduit cette dialectique.
Quatre façons de sortir du face-à-face
La diplomatie est, pour reprendre la formule du politiste britannique Paul Sharp, « l’art de gérer des séparations ». Elle vise à dépasser le point de tension ou de désaccord, ou à suspendre le règlement afin d’empêcher qu’il n’entrave l’établissement ou n’enraye la poursuite des relations entre les deux protagonistes.
La première solution est classiquement privilégiée pour les différends territoriaux. Elle décline une palette de solutions dont la première, la plus évidente, consiste à attribuer le territoire disputé à l’un ou à l’autre des États le revendiquant. Il s’agit d’un jeu à somme nulle où la victoire (totale) de l’un implique la défaite (totale) de l’autre. Il est inenvisageable que cette solution soit atteinte par la voie diplomatique en ce qui concerne Matthew et Hunter, l’intransigeance de Paris n’ayant d’égale que celle exprimée par Port-Vila ; en revanche, elle pourrait résulter du traitement judiciaire du différend par la Cour internationale de justice.
Cette première option se coule parfaitement dans l’organisation contemporaine de l’ordre politico-juridique international. La nouvelle projection cartographique du monde que la France vient d’adopter n’y change rien : la taille relative des continents peut être modifiée, le globe reste suturé par des frontières délimitant des territoires au sein desquels les États exercent leur souveraineté à titre exclusif.
Un territoire, un État (souverain). Un tel schéma n’est pas bouleversé si l’on envisage une deuxième hypothèse de règlement du contentieux franco-vanuatais : le territoire disputé serait divisé, chacun s’en voyant attribuer une partie. Solution adoptée par exemple en juin 2022 pour l’île Hans, revendiquée par le Danemark et le Canada, elle pourrait, dans le cas de Matthew et Hunter, se traduire par l’allocation d’une île à chacun des deux États. Rien ne laisse cependant supposer qu’elle ait été sérieusement envisagée.
La souveraineté n’est plus, comme le prétendait au XVIe siècle Jean Bodin, une « puissance perpétuelle et absolue » ; elle ne caractérise pas davantage une puissance nécessairement exclusive. L’histoire regorge d’exemples de condominiums, par lesquels deux (ou plusieurs) États s’accordent pour exercer conjointement l’intégralité des compétences à l’égard d’un territoire n’appartenant à aucun des deux mais à la « communauté internationale partielle » qu’ils forment à cette fin. On s’émancipe ainsi du modèle exclusiviste classique (un territoire, un État).
L’île des Faisans, située à l’embouchure de la Bidassoa, fleuve frontalier hispano-français, offre un exemple remarquable d’une telle configuration : chaque État exerce alternativement (tous les six mois) le droit de police sur une île leur appartenant « par indivis » depuis 1856.
Cette troisième option suppose pour les États un renoncement à disposer séparément de leur souveraineté, ce qui semble pour l’heure difficilement envisageable concernant Matthew et Hunter. Tel n’est pas le cas avec une quatrième option. Elle consiste en l’adoption d’un traité n’ayant ni pour objet ni ne devant avoir pour effet de contester les prétentions concurrentes des deux États concernant la souveraineté à l’égard d’un territoire disputé, mais visant à déterminer les finalités et modalités de sa gestion. Une telle solution se prévaut également de précédents historiques. Elle a par exemple été retenue en 1855 dans le Traité de Shimoda par le Japon et la Russie concernant les îles Sakhaline et Kouriles, ou encore en 1939 par les États-Unis et le Royaume-Uni au sujet des îles Canton et Enderbury.
Et si la souveraineté restait en suspens ?
L’accord de ne pas être d’accord concernant le statut d’un territoire pour lequel des États conviennent néanmoins de s’entendre sur sa gestion s’applique surtout en Antarctique depuis la signature du traité de Washington le 1er décembre 1959.
Ce traité n’entend ni valider ni récuser les prétentions alors avancées par sept États (dont la France avec la Terre Adélie) à l’égard de « secteurs » découpant partiellement le continent en cônes ayant pour base la côte et pour sommet le pôle sud géographique ; il n’a pas davantage pour objet, ni ne doit avoir pour effet, de rejeter ni de consacrer le refus opposé à ces revendications par les cinq autres signataires originaires (dont les États-Unis et l’URSS). Le remarquable tient au fait que cette solution de gel des positions à l’égard des prétentions territoriales des uns, de leur rejet par les autres, positions maintenues depuis, n’a pas empêché le développement d’un système normatif et institutionnel admirable à bien des égards.
Le « modèle antarctique » a d’ailleurs déjà été mobilisé dans le cadre d’un différend territorial portant sur un autre îlot inhabité et de très petite taille situé à l’ouest de l’Océan indien, l’île Tromelin.
L’accord-cadre de cogestion, signé entre la France et l’île Maurice le 7 juin 2010, qui le consacre n’est cependant toujours pas entré en vigueur, le Parlement français n’en ayant à ce jour par autorisé la ratification. La crainte d’une perte de souveraineté, agitée par certains parlementaires et relayée par certains partis politiques, explique ce maintien dans les limbes juridiques. Elle méconnaît en réalité l’esprit et la lettre d’un accord dont le préambule évoque explicitement « la volonté des deux États à mettre en place (…) un partenariat actif (…) sans renonciation à leurs droits de souveraineté ou à leurs revendications territoriales ». L’accord dissocie ainsi clairement les revendications territoriales des questions liées à la recherche archéologique, à l’environnement et aux ressources halieutiques – toutes questions relevant d’une cogestion par les deux États et dont le texte pose les contours.
Un modèle similaire pourrait être envisagé pour Matthew et Hunter – comme, du reste, pour d’autres petites îles inhabitées disputées à la France, qu’il s’agisse de Tromelin ou de trois des îles Éparses (Glorieuses, Basas da India et Europa) dans le canal du Mozambique. Il n’emporterait aucun renoncement, de part et d’autre, à la souveraineté. Il supposerait en revanche de s’accorder sur le régime applicable en matière notamment d’exploitation des ressources essentiellement halieutiques et de protection de l’environnement, comme d’envisager un dispositif de prise de décision en commun. Ce qui impliquerait certes de s’entendre sur l’articulation à opérer entre des finalités potentiellement concurrentes.
Les besoins, notamment économiques, ne sont assurément pas les mêmes. Au souhait prêté au Vanuatu de développer l’activité de pêche autour des deux îles pourrait être opposée la volonté française d’instituer un régime ambitieux de protection de l’environnement, exclusif de toute activité d’exploitation. Au risque du reste d’une certaine instrumentalisation, observée ailleurs, s’il s’agit de s’en saisir pour soutenir sa prétention territoriale. L’argument écologique ne peut par ailleurs être mobilisé pour refuser l’accès aux îles aux peuples autochtones du sud de Vanuatu pour des raisons spirituelles.
La voie d’un accord est donc étroite. Elle avait néanmoins déjà été esquissée en 2021 par Louis Maupou, alors président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui avait proposé « dans le cadre de la coopération régionale (…) la mise en place d’un “parc de la paix” sur les îles Matthew et Hunter, qui pourrait être géré avec le pays frère le Vanuatu ».
Florian Aumond ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
On ne transforme pas n’importe quel vin en bon vin sans alcool. La qualité de ces vins ne se décrète pas a posteriori, mais aux premières étapes de la viticulture. Le choix du cépage, de la région de production, dont le climat a une forte influence, et les méthodes de vinification importent beaucoup.
Le marché des vins sans alcool et à faible teneur en alcool, ou no-Low, est aujourd’hui l’un des segments les plus dynamiques de l’industrie mondiale des boissons. Certes, sa part reste modeste – moins de 1 % des volumes mondiaux – mais sa croissance dépasse largement celle du vin conventionnel. Selon les projections, les boissons sans alcool pourraient progresser d’environ 7 % par an d’ici la fin de la décennie.
La dynamique est portée par des mutations profondes des comportements : modération, recherche de bien-être, évolution des normes sociales de consommation, etc.
Pour affirmer durablement sa croissance, le vin sans alcool doit relever une question centrale : celle de la qualité. Car le vin sans alcool n’est pas un vin ordinaire auquel on aurait simplement retiré l’éthanol. Retirer l’alcool, c’est modifier en profondeur l’équilibre même du vin. L’alcool n’est pas qu’un chiffre sur une étiquette. Il participe à la rondeur, à la sensation de chaleur, au transport des composés aromatiques volatils, à l’équilibre entre sucre, acidité et amertume. Il structure l’ensemble.
Pratiques viticoles modifiées
Supprimer ou altérer la teneur en alcool, c’est modifier l’architecture sensorielle du vin. Après la désalcoolisation, l’acidité ressort davantage, la texture s’amincit et certains déséquilibres deviennent visibles. L’alcool agit comme un stabilisateur global du goût du vin.
La désalcoolisation n’est jamais neutre : elle oblige à repenser le produit. Plus le vin de départ est fragile, plus les ajustements deviennent nécessaires. Autrement dit, la qualité finale dépend non seulement de la performance des technologies de désalcoolisation, mais surtout de la manière dont le vin initial est « pensé ».
Au-delà de l’équilibre physico-chimique, le développement du vin sans alcool interroge une norme implicite de qualité historiquement associée au degré, à la concentration et à la puissance. En bousculant ce référentiel valorisé, le segment no-low ne pose pas seulement un défi technique, il introduit une pratique nouvelle dans un univers fortement institutionnalisé.
Produire un vin destiné à être désalcoolisé suppose d’anticiper cette finalité dès le vignoble. La désalcoolisation devient un principe structurant des pratiques viticoles, et non plus une simple correction en cave.
Des recherches récentes montrent que la composition du vin de base est déterminante. Un vin destiné à être désalcoolisé doit d’une part présenter un potentiel alcoolique naturellement modéré afin de limiter la quantité totale d’éthanol à extraire, et d’autre part réduire l’impact sur l’équilibre sensoriel et l’énergie nécessaire au procédé.
Le vin de base doit afficher une acidité maîtrisée, car celle-ci devient plus saillante après désalcoolisation. Il doit également posséder une richesse suffisante en polyphénols, des composés naturels qui influencent sa couleur, son goût et sa structure de manière à compenser la perte de structure liée au retrait de l’alcool.
La suppression de l’alcool agit donc comme un révélateur : un vin trop acide ou peu expressif du point de vue aromatique ne devient pas meilleur après le traitement.
Ce déplacement du centre de gravité productif modifie les frontières symboliques du métier. La viticulture, traditionnellement orientée vers l’expression d’un terroir et d’une typicité, intègre désormais une logique d’adaptation à un segment spécifique. La pratique n’est plus uniquement guidée par la continuité patrimoniale, mais par une anticipation des contraintes technologiques et de marché.
Paradoxe climatique
C’est ici qu’apparaît une tension majeure.
La viticulture est confrontée au réchauffement climatique. Sous l’effet de l’augmentation des températures, l’accumulation des sucres progresse plus rapidement que la maturation aromatique et phénolique. Ainsi, le degré alcoolique potentiel augmente plus vite que la complexité sensorielle.
Le segment no-low exige précisément l’inverse : limiter l’accumulation des sucres tout en obtenant une maturité aromatique complète. Vendanger plus tôt contient le degré potentiel, mais expose à une acidité relativement élevée et une complexité aromatique qui n’est pas pleinement développée.
L’équation est particulièrement délicate : produire un vin compatible avec le segment no-low suppose de dissocier, autant que possible, accumulation de sucre et qualité sensorielle – un défi agronomique qui se joue d’abord au vignoble.
Cette tension révèle un déplacement des critères de réussite au sein du champ viticole. Là où la montée en degré et la concentration ont longtemps constitué des marqueurs valorisés, la capacité à maîtriser finement le potentiel alcoolique devient, dans le segment no-low, un indicateur de compétence.
Toutes les variétés de cépages ne réagissent pas de la même manière à la désalcolisation.
Un bon nombre de cépages, notamment lorsqu’ils sont cultivés sous des climats chauds et secs, accumulent rapidement les sucres sans que l’acidité, les arômes et les composés responsables de la structure du vin évoluent au même rythme. Ils peuvent alors produire des vins très alcoolisés dont l’équilibre devient plus difficile à préserver après désalcoolisation.
À l’inverse, certains cépages aromatiques comme le riesling, le muscat ou le sauvignon blanc conservent une forte expression sensorielle même à maturité alcoolique modérée, grâce à leur richesse en composés variétaux volatils. La variabilité génétique dans la vitesse d’accumulation des sucres et dans la dynamique aromatique est aujourd’hui bien documentée.
Obtenir des raisins équilibrés, à faible degré potentiel et dotés d’une bonne maturité aromatique, constitue désormais un véritable défi agronomique.
Le choix des cépages ne dépend donc pas seulement de critères techniques. Il touche aussi aux règles des appellations, qui reposent sur des traditions et des pratiques établies depuis longtemps. Le développement des vins no-low oblige ainsi le secteur viticole à trouver un équilibre entre innovation et respect de l’identité des vins.
Les pratiques culturales jouent également un rôle clé.
Dans les régions chaudes et sèches, où les raisins ont tendance à accumuler rapidement les sucres, certaines pratiques mises en œuvre après le début de la maturation – comme la gestion du feuillage ou un contrôle adapté de l’apport en eau – peuvent ralentir cette accumulation, tout en laissant aux arômes, à la couleur et aux tanins le temps de se développer.
Équation économique fragile
Cette réorientation n’est pas neutre sur le plan économique. Adapter le matériel végétal, ajuster les pratiques culturales et investir dans des technologies de désalcoolisation représentent des investissements spécifiques. Malgré sa croissance rapide, le segment sans alcool demeure quantitativement limité. La stratégie ne devient viable que si le produit final s’inscrit dans un positionnement premium crédible ou de débouchés à l’export structurés.
Le succès du no-low dépendra moins de la seule performance technologique que de sa capacité à offrir une qualité perçue comme stable, différenciée et cohérente avec son prix.
Changement de paradigme
Il dépendra également de sa capacité à construire une légitimité durable. Dans un secteur où la tradition constitue un capital symbolique central, l’acceptation du vin sans alcool suppose un travail de reconnaissance auprès des producteurs, des prescripteurs et des consommateurs.
L’enjeu n’est pas seulement économique : il est institutionnel.
Ce renversement ne relève pas uniquement d’une innovation technique. Il engage un processus d’institutionnalisation progressif, au cours duquel les pratiques, les normes et les représentations du « bon vin » sont discutées, ajustées et parfois contestées. Le No-Lo devient ainsi un révélateur des tensions contemporaines entre tradition et innovation au sein de la viticulture.
La technologie peut corriger partiellement un vin inadapté ; elle ne peut pas créer ex nihilo l’équilibre qui n’a pas été construit au vignoble. Le vin sans alcool ne s’élabore pas uniquement en cave. Il se construit à la vigne.
Et c’est probablement là, dans l’adaptation agronomique plus que dans la seule sophistication des technologies de désalcoolisation que se jouera l’avenir qualitatif et économique de cette catégorie émergente.
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
La créativité des personnes dépend du contexte organisationnel. Guy Parmentier et Bérangère Szostak illustrent les enjeux de développer les capacités créatives des organisations par l’exemple des universités.
Lors des résultats donnés par le Conseil européen de la recherche (ou ERC) sur le financement de projets de recherche d’excellence, les universités françaises ont affiché des réactions contrastées, certaines se sont félicitées du nombre de lauréats dans leurs laboratoires, tandis que d’autres, malgré une hausse des candidatures, ont déploré des résultats en deçà de leurs espérances.
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a souligné une progression de 11,6 % des propositions pour les Starting Grants (contre 12,5 % au niveau européen), et une présence française dans 21 des 66 projets retenus pour les Synergy Grants (contre 29 pour l’Allemagne). Si ces chiffres méritent d’être salués, ces résultats invitent aussi à une réflexion plus large : comment stimuler et encourager, dans la durée, la créativité scientifique qui fait la force des laboratoires français ?
Car la question n’est pas seulement quantitative. Les projets financés par l’ERC, souvent à la pointe de l’innovation, témoignent d’une audace intellectuelle et d’une créativité remarquables. Mais pour que cette dynamique perdure, il faut interroger les conditions mêmes dans lesquelles s’épanouit la recherche.
Au-delà des outils
Une étude récente publiée dans la Revue française de gestion identifie cinq dimensions clés pour renforcer la capacité créative des organisations, que ce soit des entreprises ou des organismes publics, y compris les universités. Ces leviers, indissociables, dessinent une feuille de route pour transformer l’essai.
Si les sciences expérimentales et la santé, par exemple, dépendent de machines et d’infrastructures de pointe, la créativité scientifique exige aussi des méthodes et des espaces de connaissance. Cela passe par exemple par l’accès à des bases de données performantes, la maîtrise des outils d’intelligence artificielle, la formation aux méthodes de créativité ou encore l’adoption de nouvelles méthodes de recherche. Sans ces ressources, les chercheurs, fussent-ils les plus brillants, voient leur potentiel bridé.
Par ailleurs, l’ouverture est une condition pour qu’une fertilisation croisée soit possible. Les idées naissent souvent au confluent des disciplines et des secteurs. Les chercheurs doivent être encouragés à participer à des communautés scientifiques variées, à s’engager dans des projets interdisciplinaires, ou à collaborer avec des industriels, des usagers ou des acteurs socio-économiques. Ces interactions, trop souvent reléguées au second plan, sont pourtant un terreau fertile pour l’innovation.
La créativité, une question d’agilité
La socialisation, ou l’art de confronter les idées, est la troisième des conditions. Ainsi, les séminaires, conférences et ateliers ne sont pas de simples exercices académiques ; ce sont des lieux où les hypothèses se confrontent, s’enrichissent et se précisent. Pour que ces échanges portent leurs fruits, ils doivent s’inscrire dans un climat bienveillant, porté par des directions (unités de recherche, présidences d’universités, tutelles ministérielles) qui valorisent l’audace plutôt que la prudence. Un mot d’encouragement, une reconnaissance publique des initiatives risquées, mais prometteuses, peuvent faire toute la différence. Ce soutien passe aussi par des paroles encourageantes et optimistes de la part des organismes de tutelles.
La recherche sur la capacité créative des organisations insiste sur le développement de l’agilité organisationnelle. En effet, dans un monde où les défis scientifiques et sociétaux évoluent à un rythme effréné, les universités doivent pouvoir s’adapter rapidement. Cela suppose des marges de manœuvre – financières, humaines, administratives – et des processus décisionnels moins rigides. Or, aujourd’hui, les chercheurs se heurtent trop souvent à des budgets contraints et à des procédures bureaucratiques qui étouffent l’initiative.
De l’urgence à professionnaliser la gestion des idées
Enfin, il existe une compétence à professionnaliser davantage : la gestion des idées. Collecter, évaluer, stocker et valoriser les idées devrait être une priorité stratégique. Pourtant, les universités forment peu leurs chercheurs à ces pratiques. Sans une gestion rigoureuse de ce « capital idée », beaucoup de pistes prometteuses se perdent en route. Les chercheurs doivent être formés à ces activités, et encouragés à le faire en étant valorisés dans leur engagement.
Un dernier point est important pour soutenir les idées créatives des chercheurs. Toujours selon la recherche sur la capacité créative des organisations, les cinq dimensions évoquées plus haut s’expriment d’autant mieux si elles sont soutenues par un climat créatif qui se caractérise par une claire vision de ce que veut faire l’organisation, des ressources stables, un management des équipes constructif, une diversité dans les équipes et une ambiance de travail conviviale et stimulante.
Un enjeu scientifique… mais pas seulement
Qu’en est-il dans les universités à l’heure des réductions de budgets de fonctionnement et de l’inflation de contraintes administratives ? La France peut s’enorgueillir de ses lauréats à l’ERC, mais ces succès ne doivent pas masquer les fragilités structurelles de son système de recherche. Pour que la créativité scientifique ne soit pas l’apanage de quelques-uns, mais une dynamique collective, il est urgent de repenser l’environnement dans lequel évoluent les chercheurs. Cela passe par des budgets sécurisés à la hauteur des enjeux, une réduction des freins bureaucratiques, et une culture organisationnelle qui ose faire confiance.
Les universités françaises ont le potentiel pour être des foyers d’innovation de classe mondiale. Ce potentiel ne se réalisera pleinement que si les conditions sont réunies pour équiper, ouvrir, socialiser, rendre agiles et professionnaliser la gestion des idées. L’enjeu n’est pas seulement scientifique : il est aussi économique, social et démocratique.
Guy Parmentier a reçu des financements de l’ANR pour projet CCO
Bérangère Lauren SZOSTAK est vice-présidente Recherche, Innovation et Créativité de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. A ce titre, elle représente son établissement dans plusieurs instances (conseil d’administration de la Fondation Sciences du Patrimoine, conseil de surveillance de l’IHU SEPSIS, comité de direction innovation du PUI IAUPS…).
Source: The Conversation – France (in French) – By Emmanuel Carré, Professeur, directeur de Excelia Communication School, chercheur associé au laboratoire CIMEOS (U. de Bourgogne) et CERIIM (Excelia), Excelia
Admettre que l’on ne sait pas, c’est plus difficile qu’il n’y paraît.Saydung/Pixabay, CC BY
L’ESSENTIEL
Il est très fréquent que nous soyons persuadés de savoir quelque chose, en raison d’un biais psychologique appelé l’« aisance cognitive ».
Mais si nous sommes réticents à admettre que nous ne savons pas, c’est aussi parce que l’avouer nous fait perdre la face, d’un point de vue social.
Avec l’avènement de l’intelligence artificielle générative, cette tendance s’accentue fortement : l’IA donne l’illusion d’un savoir immédiatement accessible et toujours juste, ce qui est loin d’être le cas.
Quelle mer borde le nord de la Crète ? Quelle est la capitale de l’Australie ? Beaucoup d’entre nous éprouvent, l’espace d’un instant, une sensation particulière : celle de le savoir, juste avant de constater que la réponse manque ou que nous n’en sommes pas certains. L’impression de savoir arrive avant la vérification et lui sert souvent de substitut.
Reconnaître qu’on ignore, dire simplement « Je ne sais pas », devient un geste rare. Trois ressorts l’expliquent : une illusion interne qui nous fait croire que l’on sait, une délégation du savoir à des outils toujours plus rapides et l’intelligence artificielle (IA) qui pousse cette délégation à son terme.
Croire savoir
Il y a pire que ne pas savoir : croire savoir. Le psychologue Daniel Kahneman, qui a passé sa carrière à cartographier les biais de notre jugement, a donné un nom à cette sensation : l’« aisance cognitive ». Une information fluide, simple, déjà entendue se traite sans effort, et cette facilité même prend l’apparence de la justesse. Kahneman le montre par l’expérience : une même affirmation imprimée dans une police nette et contrastée passe pour plus vraie que lorsqu’elle apparaît dans un caractère pâle et brouillé. La lisibilité tient lieu de preuve.
L’aisance cognitive endort ainsi la vigilance qui, autrement, susciterait un « Je ne sais pas » de bon aloi. L’ignorance étouffée dès sa naissance demeure d’abord une ignorance que l’on perçoit à peine.
L’aveu coûte cher pour une autre raison, tenant à ce que le sociologue Erving Goffman appelait la « face » : reconnaître une lacune expose, là où l’assurance rassure. Ce coût varie d’ailleurs selon celui qui interroge : on avoue sans peine son ignorance à un proche, bien moins volontiers à un supérieur, à un examinateur ou devant un public, où l’on préfère souvent risquer une réponse.
Cette difficulté grandit à mesure que la réponse arrive en deux secondes, puisque la lacune se comble avant même que la gêne de l’ignorance se fasse sentir. Une question se pose alors : que devient ce mécanisme quand une machine remplit le vide, avant qu’on ait éprouvé la sensation de l’ignorance ?
Délégation… de savoirs
Il y a quarante ans, reconnaître une lacune impliquait une petite épreuve : ouvrir un dictionnaire, consulter un ouvrage, interroger quelqu’un de plus savant. L’ignorance coûtait un effort et le « Je ne sais pas » gardait un sens plein. Internet a réduit ce coût, l’IA l’a ramené près de zéro.
Réduire le coût de l’accès nous donne le sentiment du savoir plutôt que le savoir lui-même. La psychologie a décrit ce glissement bien avant les agents conversationnels. En 2011, les psychologues Betsy Sparrow et Daniel Wegner ont montré que, lorsqu’une information nous paraît durablement accessible, nous retenons mieux où la retrouver que l’information elle-même, comme si notre mémoire se déplaçait [du contenu vers son point d’accès](https://www.science.org/doi/10.1126/science.1207745](https://www.science.org/doi/10.1126/science.1207745).
Le psychologue Matthew Fisher et ses collègues ont prolongé cette analyse par une série de neuf expériences : après une recherche en ligne, les participants se jugent plus capables d’expliquer par eux-mêmes des sujets qu’ils n’ont fait que consulter, comme si le savoir stocké sur le réseau était devenu le leur.
Avec le dictionnaire, nous déléguions le stockage ; avec le moteur de recherche, la localisation ; avec l’IA, nous commençons à déléguer la formulation, la hiérarchisation et parfois le jugement lui-même. À ce stade, la délégation change de nature. Un moteur de recherche laisse subsister une friction : il renvoie à plusieurs sources, parfois discordantes, dont la confrontation peut éveiller le doute.
Une IA générative répond au contraire d’un seul tenant, dans une formulation fluide et tranchée qui efface cette friction. Elle fournit une réponse même lorsque les éléments lui manquent et signale rarement ses propres limites. Lui déléguer notre jugement revient alors à emprunter son assurance, jusque dans les cas où le doute serait la meilleure réponse.
Ce basculement tranche avec ce que la recherche établit sur la réception d’un conseil. D’ordinaire, une personne accueille l’avis d’autrui avec prudence, un réflexe que les spécialistes nomment egocentric discounting : elle bouge peu et conserve l’essentiel de son opinion de départ. Cette réserve protège le jugement propre. Devant l’IA, elle s’affaiblit : on renonce plus volontiers à son avis initial pour se ranger au sien, comme si la fluidité de sa réponse levait la méfiance qu’un conseil humain rencontre d’ordinaire.
Cette observation appelle une vérification, puisqu’elle suggère que l’IA réduit jusqu’à notre disposition à suspendre notre jugement, une hypothèse que l’on peut tester en laboratoire.
La capacité à douter et notre envie de le faire
Prolongeant des travaux amorcés dès 2024, qui montraient déjà que la seule mention d’un conseil « généré par une IA » suffit à provoquer une surconfiance, Chiara Marcoccia, Walter Quattrociocchi et Valerio Capraro ont mené récemment cette vérification à l’aide de cinq expériences réunissant plus de 3 000 participants.
Leur trouvaille tient au choix des questions. Au lieu de faits vérifiables en ligne, ils ont interrogé sur des détails visuels minuscules de films – la couleur d’un maillot dans Joue-la comme Beckham, le véhicule d’un personnage dans une comédie italienne… –, choisis pour leur absence quasi totale du Web, ce qui pousse les modèles à halluciner. L’IA se trompait donc presque à chaque fois.
Ce dispositif sépare deux choses d’ordinaire confondues, le recours à l’IA et la justesse de sa réponse. Suivre l’IA menait ici à l’erreur, si bien que la déférence observée échappe à l’explication commode d’une délégation raisonnable à un outil fiable.
Les résultats de cette étude toute récente, diffusée en ligne avant sa publication dans une revue, sont éloquents. On y lit que le simple accès à l’IA fait chuter de façon statistiquement significative la volonté de suspendre son jugement : le « Je ne sais pas », qui recueillait près de la moitié des réponses, se réduit à quelques pour cent. Les participants répondent davantage, se trompent bien plus souvent puisque le conseil était faux, et se déclarent pourtant plus confiants.
Plus d’assurance, moins d’exactitude. L’effet tient même quand la réponse arrive sans demande, affichée d’office, à la manière des résumés automatiques que Google, entre autres, place désormais en tête de ses résultats.
Les chercheurs ont aussi introduit une récompense : quelques centimes gagnés pour une bonne réponse, perdus pour une mauvaise. Sans retrouver la prudence de ceux qui n’avaient pas accès à l’IA, les participants la consultent alors moins et répondent mieux. L’IA n’entame donc pas notre capacité à douter, mais notre envie de le faire.
Leur conclusion se laisse reprendre telle quelle : à mesure que les réponses de l’IA se répandent et s’imposent sans qu’on les sollicite, la volonté de dire « Je ne sais pas » figure parmi les premières pertes de notre commerce avec les machines. Préserver le jugement humain tiendra peut-être moins à rendre l’IA plus exacte qu’à réapprendre quand lui faire confiance, quand s’en défier et à oser, dans le doute, reconnaître les limites de ce que nous savons.
Voilà une alternative à étudier : halluciner en confiance ou accepter de suspendre son jugement, oser dire « Je ne sais pas », avant d’aller chercher et de vérifier par soi-même.
Et si jamais on vous pose la question : la capitale de l’Australie est Canberra, souvent confondue avec Sydney (avec deux y). La Crète est bordée au nord par la mer de Crète, prolongement de la mer Égée, et au sud par la mer de Libye (avec un i puis un y).
Emmanuel Carré ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Cristian Catena-Fernández, Profesor en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia
En muchos debates políticos actuales no solo discutimos ideas, leyes o propuestas. Discutimos algo más profundo: qué tipo de personas somos. Apoyar o rechazar una causa no se percibe solo como una opinión política con consecuencias prácticas, sino también como una señal de quiénes somos desde un punto de vista moral.
Esto ayuda a entender por qué algunas conversaciones políticas se vuelven incómodas y poco productivas. Cuando el desacuerdo deja de tratar sobre qué medida es mejor y pasa a interpretarse como una falta de valores, el debate cambia de naturaleza.
En nuestras investigaciones recientes, realizadas desde el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, hemos analizado cómo las personas de izquierda y de derecha perciben moralmente distintos temas políticos, cómo se juzgan moralmente entre sí y qué consecuencias tienen estas percepciones para la convivencia política.
Causas “más morales” que otras
Una investigación publicada en European Journal of Social Psychology muestra que las causas políticas no se perciben como moralmente equivalentes. Temas políticos defendidos tradicionalmente por la izquierda (igualdad de género, protección del medioambiente o derechos de las personas migrantes, entre otros) se perciben como causas con una carga moral especialmente fuerte. En cambio, temas políticos defendidos tradicionalmente por la derecha (seguridad nacional, orden social o defensa de las tradiciones) se perciben con menor carga moral.
Lo más llamativo es que esta diferencia no solo aparece entre quienes se identifican con la izquierda. También las personas de derecha tienden a percibir las causas progresistas con una carga moral más alta que las causas conservadoras.
En la misma investigación, también observamos diferencias en la forma en que las personas de izquierda y de derecha se juzgan moralmente.
Específicamente, cuando se discuten temas defendidos tradicionalmente por la izquierda, tanto las personas de izquierda como las de derecha tienden a percibir a las de izquierda como más justas o éticamente responsables que las de derecha. En cambio, estas diferencias no se encuentran cuando se discuten temas defendidos tradicionalmente por la derecha.
Otro hallazgo del mismo trabajo es que las personas de derecha son conscientes de esa imagen moral negativa cuando se discuten temas tradicionalmente asociados a la izquierda. Es decir, creen que son vistas como menos justas o menos éticamente responsables por las personas de izquierda.
En otra investigación reciente, publicada en Group Processes & Intergroup Relations, analizamos las consecuencias de estas percepciones en personas de izquierda y de derecha. Mostramos a los participantes información sobre cómo el grupo ideológico contrario valora moralmente a su propio grupo en relación con el medioambiente. En algunos casos, hacíamos creer a los participantes que el grupo ideológico contrario les veían como inmorales; en otros, les hacíamos creer que les veían como igual de morales que ellos.
Los resultados mostraron que cuando las personas de derecha perciben que su grupo es visto como inmoral en cuestiones medioambientales, experimentan una amenaza a su identidad moral. Es decir, sienten que se pone en cuestión su valía como personas moralmente correctas. Esta reacción no aparece entre las personas de izquierda.
Observamos, además, que esta amenaza no se traduce en mayor apertura al cambio. Al contrario, la amenaza tiende a reforzar las posiciones iniciales: aparecen actitudes más extremas y una mayor intención de votar por ideologías afines.
Concluimos así que, paradójicamente, moralizar el debate político con la intención de convencer al otro puede provocar respuestas defensivas, intensificando de esta manera la posición de partida.
Esta investigación también muestra que este proceso no es inevitable. Cuando se atenúa la amenaza a la identidad moral –por ejemplo, permitiendo a los participantes moralmente amenazados reafirmar su propia imagen moral–, la intensificación del posicionamiento inicial disminuye.
Por lo tanto, las reacciones defensivas no dependen solo del contenido de cada causa política. También depende de si esa causa se convierte en un juicio sobre la valía moral de la persona. Cuando ese juicio se suaviza, también se reduce la necesidad de responder de forma defensiva.
Percepción de las causas progresistas
Nuestros estudios sugieren que algunas causas tradicionalmente defendidas por la izquierda se perciben con una carga moral especialmente alta, no solo por personas de izquierda, sino también por la sociedad en general. Esto parece afectar a cómo juzgamos moralmente a las personas que las defienden: cuando se discuten causas progresistas, las personas de izquierda tienden a ser percibidas de una forma moralmente más positiva que las personas de derecha.
Las democracias necesitan desacuerdo. Pero tienen dificultades para funcionar cuando cada discrepancia se interpreta como una falta de valores. Comprender el papel que juegan estas percepciones morales ayuda a explicar por qué algunos debates políticos se vuelven intensos y difíciles de resolver.
Las investigaciones presentadas en este artículo han sido financiadas por el proyecto PID2022-138915NB-I00 de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)
Las investigaciones presentadas en este artículo han sido financiadas por el proyecto PID2022-138915NB-I00 de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)
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