Entrenada para tratar al ‘varón blanco estándar’: inteligencia artificial y sesgo de género en salud

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Blanca Obón Azuara, Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y en Medicina Intensiva, Departamento de Sanidad de Aragón

PreciousJ/Shutterstock

La integración de la inteligencia artificial (IA) en la práctica clínica a través de herramientas de diagnóstico y pronóstico ofrece una oportunidad sin precedentes para mejorar la salud. Sin embargo, es fundamental asegurar que sus algoritmos se desarrollen de manera equitativa.

Porque, tal y como advierte la Organización Mundial de la Salud, la IA puede reproducir y amplificar sesgos preexistentes en los datos y equipos de desarrollo. Es un riesgo epidemiológico emergente. Un ejemplo paradigmático se observa en algoritmos de gestión sanitaria con sesgos raciales, que infravaloran las necesidades de poblaciones minoritarias.

Si los algoritmos epidemiológicos son diseñados por equipos homogéneos, existe un riesgo de agravar las desigualdades. Y eso se traduce en una gestión poco igualitaria de los recursos.

Invisibilidad de datos

Uno de los principales desafíos reside en los datos históricos de entrenamiento. En salud, ha sido práctica extendida el uso del “varón blanco estándar” como perfil clínico de referencia. Esta aproximación invisibiliza sistemáticamente los síntomas, necesidades y particularidades fisiológicas de las mujeres.

Cuando un algoritmo se adiestra con datos no representativos, su capacidad predictiva es menos precisa para los grupos infrarrepresentados. Investigaciones revelan que hasta un 31 % de los estudios sobre IA en salud omiten el género en sus conjuntos de datos. Esta invisibilidad distorsiona la planificación de políticas sanitarias y estrategias de prevención y tratamiento.

Es un fenómeno que trasciende lo sanitario. Los grandes modelos de lenguaje (LLM) tienden a asociar una mayor responsabilidad en la crianza y cuidados a las mujeres. Aprendido de los corpus de texto, este sesgo refleja normas sociales tradicionales y afecta a la igualdad en la conciliación.

Un impacto con múltiples ramificaciones

El sesgo de género algorítmico es un desafío que afecta a diversos ámbitos:

Repercusiones para la epidemiología y la salud pública

Desde la salud pública, el sesgo de género en la IA plantea los siguientes desafíos estructurales:

  1. Vigilancia epidemiológica comprometida: los sistemas de vigilancia basados en IA pueden generar estimaciones sesgadas de prevalencia e incidencia en mujeres si los algoritmos están entrenados con datos no representativos.

  2. Inequidad en recursos sanitarios: algoritmos que predicen riesgo de hospitalización pueden subestimar las necesidades de las mujeres, materializándose en un menor acceso a cuidados intensivos y la perpetuación de inequidades en la asignación de recursos.

  3. Ineficacia preventiva: los modelos de estratificación de riesgo pueden fallar al identificar a mujeres en situación de vulnerabilidad en cribados de cáncer o prevención cardiovascular, dejando a una parte de la población desprotegida.

  4. Perpetuación de determinantes sociales: el sesgo en los sistemas de inteligencia artificial aplicados al empleo o las finanzas perpetúa la precariedad laboral y pobreza, factores de riesgo sólidamente establecidos para el desarrollo enfermedades crónicas.

  5. Erosión de la confianza: diagnósticos menos precisos y retrasos en la atención erosionan la confianza de las mujeres en el sistema sanitario, con consecuencias directas en la aderehencia a los tratamientos y la participación en programas de salud pública.

En definitiva, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para transformar la salud, pero su desarrollo debe ser inclusivo y basado en evidencia epidemiológica para no perpetuar la desigualdad. Desde la salud pública, tenemos la responsabilidad de guiar el desarrollo tecnológico para reducir, y no amplificar, la brecha de género.


Artículo escrito con el asesoramiento de la Sociedad Española de Epidemiología.


The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. Entrenada para tratar al ‘varón blanco estándar’: inteligencia artificial y sesgo de género en salud – https://theconversation.com/entrenada-para-tratar-al-varon-blanco-estandar-inteligencia-artificial-y-sesgo-de-genero-en-salud-279990

El farol de Washington: por qué EE.UU. no puede echar a España de la OTAN

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armando Alvares Garcia Júnior, Profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

Las banderas nacionales de los países miembros de la OTAN ondean fuera de la sede de la organización en Bruselas. Alexandros Michailidis/Shutterstock

En los últimos días ha circulado una idea tan llamativa como difícil de sostener: que Estados Unidos podría expulsar a España de la OTAN. La pregunta suena urgente porque conecta con la guerra de Irán, con el papel de las bases de Rota y Morón y con el pulso político entre Donald Trump y varios gobiernos europeos. Pero la respuesta jurídica es bastante clara: Estados Unidos no puede echar unilateralmente a España de la Alianza Atlántica porque el Tratado del Atlántico Norte no prevé ese mecanismo.

Lo que sí existe es presión política, militar y diplomática. Y eso importa mucho, porque aunque una expulsión formal no sea posible, el choque entre Washington y Madrid puede traducirse en tensiones reales dentro de la Alianza.

La OTAN se rige por el Tratado del Atlántico Norte, firmado en 1949. En ese texto no aparece ninguna cláusula que permita expulsar a un Estado miembro por decisión de otro país, ni siquiera de Estados Unidos. La única vía prevista para abandonar la organización es la retirada voluntaria, recogida en el artículo 13, que exige una notificación formal y un plazo de un año.

Cosas de la retórica política

Esto significa que la idea de “expulsar” a España pertenece más al terreno de la retórica política que al del derecho internacional. Dicho de otro modo, España no puede ser “sacada” de la OTAN por una orden de Washington. Lo que sí puede ocurrir es un deterioro de la relación bilateral o una reducción de apoyos y cooperación dentro de la propia Alianza.

El origen inmediato del conflicto está en la actual confrontación con Irán y en el grado de implicación que Estados Unidos esperaba de sus aliados europeos. España ha mantenido una posición más cauta y ha defendido que cualquier cooperación debe enmarcarse en el derecho internacional. Esa postura ha molestado en Washington, especialmente por el debate sobre el uso de bases militares españolas para operaciones en el exterior.

Rota y Morón son instalaciones de enorme valor estratégico. Su relevancia explica por qué cualquier discusión sobre su uso genera tanta tensión política. Sin embargo, incluso en un escenario de desacuerdo, su existencia no depende de un gesto unilateral de Estados Unidos, sino de acuerdos bilaterales y del marco general de la relación entre ambos países.

Si expulsar a España no es posible, ¿qué margen real tiene Estados Unidos? Bastante, aunque no en forma de expulsión formal. Puede limitar cooperación militar, enfriar la colaboración en inteligencia, ejercer presión económica o intentar aislar políticamente a Madrid dentro de la OTAN. También puede usar el debate público para enviar un mensaje al resto de Europa: quien no siga la línea de Washington puede pagar un coste político.

No puede haber expulsión, pero sí presión

Esa es, probablemente, la clave del tema. Más que una ruptura jurídica, estamos ante un pulso en el que la dimensión simbólica importa tanto como la norma. La amenaza de “expulsar” a España puede no tener recorrido legal, pero sí sirve para marcar posiciones, movilizar electores y presionar a los socios, aunque todo no pase de un auténtico farol de Estados Unidos diseñado para escenificar un castigo político allí donde el derecho internacional cierra la puerta.

Para España este debate no es menor. Afecta a su papel dentro de la OTAN, a su relación con Estados Unidos y a su margen de maniobra en la política exterior europea. También reabre una pregunta más amplia: hasta qué punto puede Europa construir una estrategia propia de defensa sin depender por completo de Washington.

Asimismo, el caso español conecta con otros frentes geopolíticos: Marruecos, Ceuta y Melilla, las Malvinas y la posible reasignación de alianzas por parte de Estados Unidos. El problema no es específicamente España sino el reordenamiento de prioridades estratégicas en un escenario internacional bastante inestable.

La discusión también revela que la seguridad europea sigue dependiendo de decisiones tomadas en Washington, aunque Europa aspire a mayor autonomía estratégica. Por eso, incluso una amenaza jurídicamente vacía puede tener efectos políticos reales. La confianza entre aliados, la credibilidad de los compromisos y el uso compartido de recursos militares son piezas esenciales del sistema.

En paralelo, el conflicto pone de relieve el valor del derecho internacional como límite frente a la improvisación política. Si un tratado no prevé expulsiones, no se puede inventar ese mecanismo por presión o por impulso presidencial. Y esa es precisamente una de las funciones más valiosas de las organizaciones internacionales: reducir la arbitrariedad.

The Conversation

Armando Alvares Garcia Júnior no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. El farol de Washington: por qué EE.UU. no puede echar a España de la OTAN – https://theconversation.com/el-farol-de-washington-por-que-ee-uu-no-puede-echar-a-espana-de-la-otan-281580

La ‘machosfera’ de internet incuba la violencia que ha asaltado Teotihuacán y dos universidades de México

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Julio Alejandro Ríos Gutiérrez, Periodismo, Medios Digitales, Comunicación, Transparencia, Combate a la Corrupción y temas de actualidad., Universidad de Guadalajara

ozalpvahid/Shutterstock

La solemne calma de la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, se vio rota la mañana del 20 de abril de 2026. Detonaciones de arma de fuego interrumpieron la contemplación de los turistas. Un joven de 27 años tomó a varios rehenes, asesinó a una mujer canadiense e hirió a 13 personas. Al sentirse acorralado por la Guardia Nacional, se suicidó. Fue uno de los ataques más brutales por parte de un solo individuo en la historia del país. Y ocurrió en uno de los sitios turísticos más populares de México, con 1,8 millones de visitantes anuales.

En redes sociales, el agresor Julio Cesar “N” simpatizaba con grupos de ultraderecha. En su perfil de X, su descripción venía acompañada de la palabra en italiano “vinceremo”, que solía ser usada en la propaganda del líder máximo del fascismo Benito Mussolini. En su timeline, compartía fotos del caudillo del Fascio italiano y de Adolf Hitler. También reproducía contenido de Alianza Nacional (partido español neonazi) y de Manuel Andrino, secretario general de Falange Española. Allí expresaba discursos de odio contra los migrantes y el independentismo catalán. En Facebook seguía cuentas como “Extrema Derecha España”, “Patria Libre” y “Movimiento Franquista”.

En su mochila llevaba una foto elaborada con inteligencia artificial. En ella aparecía junto a los autores de la matanza de Columbine de 1999 y portaba una camiseta con la frase “Disconnect and Self-Destruct”, que se relaciona con la subcultura digital True Crime Community, cuyos miembros suelen glorificar los asesinatos masivos.

En la conferencia matutina que realiza el Gobierno de México todos los días, las autoridades confirmaron que la radicalización del joven de 27 años se gestó en internet y que este era admirador de ideologías fascistas. Una de las medidas anunciadas por los responsables mexicanos tras lo ocurrido consiste en aumentar la vigilancia de las redes sociales con el objetivo de identificar y prevenir potenciales amenazas.

Para la periodista ganadora del Premio Pulitzer Anne Applebaum, este tipo de espacios digitales forma parte de una “internacional del autoritarismo”. Un entorno en el que también participan influencers y que se financia y amplifica por medio de redes transnacionales.

Semilla digital de violencia

Lo que se consume en internet no es banal. Puede incubar resentimientos y propagar discursos de odio que salgan de la pantalla del teléfono móvil para materializarse de la peor forma. Desde hace varios años, son alarmantes los contenidos anónimos de violencia que circulan en la red y que se multiplican en foros y comunidades digitales.

El tema ha dado incluso el salto a las pantallas. Se aborda en la película El Drama, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson. El personaje de la actriz pone en riesgo su relación al revelar que, en la adolescencia, intentó planear uno de estos eventos de alto impacto. Esta ficción molestó a familiares de las víctimas del ataque en Columbine.

Avance de la película El Drama, protagonizada por Zendaya y Pattinson.

Comunidad “incel”

En México, otros atacantes se han nutrido de mensajes de odio en lo que particularmente se conoce como la machosfera o manosfera. Es el caso de Osmar N, de 15 años de edad, quien el pasado 24 de marzo asesinó a dos profesores de su escuela preparatoria en el estado de Michoacán.

El joven se identificaba con la comunidad incel, un colectivo activo en internet que combina frustración sexual y misoginia extrema.

Los sucesos de Michoacán y Teotihuacán no representan hechos aislados. También se han registrado casos en la Universidad Tecnológica de Guadalajara (UTEG) y en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una revisión sistemática de 78 investigaciones sobre el “fenómeno incel” concluye que esta comunidad se caracteriza por una ideología misógina antifeminista y “vinculada a atentados terroristas”. Otros grupos ligados a la manosfera son los MGTOW (Men Going Their Own Way) y los PUA (Pick-Up Artists).

Manuales para ser “un verdadero hombre”

La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Rebeca Vilchis Díaz, describe estos espacios a partir de una percepción del feminismo como el enemigo a vencer. En ellos se reproducen narrativas de victimización masculina y banalización de la violencia contra las mujeres. Ahí circulan manuales, foros y guías sobre cómo “ser un verdadero hombre” en un entorno percibido como hostil hacia la masculinidad.

Entre los referentes de la manosfera destaca The Red Pill (la píldora roja), una subcultura surgida en Estados Unidos y un portal del mismo nombre cerrado oficialmente en Reddit (plataforma con 100 000 comunidades), pero replicado en otros rincones de la red. Su nombre deriva de una escena de la película Matrix.

Congreso de masculinidades

Lo preocupante es que estos discursos de la machosfera no se quedan en la virtualidad. Se filtran en la cultura, la política o hasta la vida cotidiana, reforzando posturas ultraconservadoras, que chocan con los esfuerzos por construir sociedades más igualitarias.

Un ejemplo polémico fue el Congreso de Masculinidades realizado entre el 17 y el 19 de abril en el Santuario de los Mártires, en la Zona Metropolitana de Guadalajara (México), con el respaldo de la cúpula eclesiástica.

El encuentro, que contó entre sus ponentes al autor superventas Jordan Peterson y al exfutbolista del Barcelona Carles Pujol, ha sido calificado por organizaciones civiles como un espacio que promueve discursos misóginos, regresivos y vinculados a la machosfera.

La complejidad de vigilar y regular las redes

La agresividad digital no se limita a los foros de la machosfera. Otros espacios difunden teorías conspirativas, discursos de odio contra personas de la comunidad LGBTQ+, migrantes y refugiados, o hacen apología de la violencia criminal.

Lo cierto es que, para el Estado, sería una tarea titánica –y habría que discutir hasta donde le corresponde– vigilar las redes sociales. Algo aún más complicado si se tiene en cuenta que el adoctrinamiento se da también en grupos cerrados en aplicaciones de mensajería, donde es casi imposible rastrear sus dinámicas.

Por otro lado, algunas plataformas de redes sociales no se están autorregulando adecuadamente estas cuestiones. En X se despidió a los curadores de contenido bajo el pretexto de garantizar una supuesta libertad de expresión absoluta. Una medida que refuerza la tendencia de un algoritmo que privilegia ideologías ultraconservadoras.

Desinformación y odio

Los discursos de odio y las ideologías ultraconservadoras y radicales tienen una estrecha relación con la desinformación. Aunque no son lo mismo, parecen reforzarse mutuamente. Bulos y discursos de odio circulan a través de vectores similares: redes sociales, grupos cerrados, memes, videos, bots, influencers y fake media (medios de comunicación falsos) o portales con agenda de este tipo. En muchas ocasiones, unos y otros se entrelazan, pues sus difusores suelen recurrir a teorías de la conspiración, contenidos falsos o inexactos para legitimar posturas antiderechos y, en el peor de los casos, actos violentos.

Como ocurre con el combate a la desinformación, para impedir la proliferación de discursos de odio, resultan necesarias –aunque no suficientes– leyes simples y adaptables a los frecuentes cambios digitales, junto con un compromiso serio de autorregulación por parte de las plataformas. Y, por supuesto, fomentar en las instituciones educativas una cultura de paz que contrarreste estos mensajes nocivos.

The Conversation

Julio Alejandro Ríos Gutiérrez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. La ‘machosfera’ de internet incuba la violencia que ha asaltado Teotihuacán y dos universidades de México – https://theconversation.com/la-machosfera-de-internet-incuba-la-violencia-que-ha-asaltado-teotihuacan-y-dos-universidades-de-mexico-281367

Rock art, dance and ritual: what we learned from paintings in Zimbabwe

Source: The Conversation – Africa – By Joshua Kumbani, Postdoctoral fellow, University of Tübingen

Rock paintings are found throughout Zimbabwe. They were made during the last 10,000 years by hunter gatherer groups and later by farming communities.

These came to the attention of the ERC Artsoundscapes project, based in Spain, in 2021. The project brings together experts in archaeology, ethnography, psychology and acoustic engineering to explore how humans understood sound in prehistoric times. Our team has studied some of the rock art of South Africa in which dance scenes are depicted, and we have begun work on documenting and analysing similar rock art in Zimbabwe.




Read more:
Dance scenes in South African rock art: a closer look at ritual, music and movement


Zimbabwe’s rock paintings are concentrated in the country’s eastern provinces, which is where we’ve focused so far. More can be found in the Matobo World Heritage Cultural Landscape in Matabeleland South, which will be the focus of future study.

We have published an article describing dance scenes in this rock art and comparing them with information from ethnographic sources to understand what kinds of dances they depict. The ethnographic research was done by anthropologists and focused on hunter gatherer groups in the broader southern African region (Botswana and Namibia).

We found that all the kinds of dances that have been described in living cultures – dances for ritual, entertainment or special circumstances – are depicted in Zimbabwe’s rock art. But ritual is a central theme.

This points to the need to refine our classification of rock art scenes. We’ve been using features like the body posture of depicted figures to classify a scene as a dance. But ritual dances often involve going into a trance state – and this alters a person’s ability to control their body, move in synchrony with other people and follow “rules” of a dance. Therefore, it may be necessary to reconsider whether some rock art scenes in Zimbabwe, and in the whole of southern Africa, depict dances or not.

Here we will discuss some examples of the rock art in Zimbabwe and explain how we categorised them.

Analytical method

We reviewed published works by archaeology researchers such as the late Peter Garlake and university professor Ancila Nhamo. We also used online resources, including the British Museum online collection by rock art photographer and author David Coulson, which features rock art from Zimbabwe and other southern African countries.

Our inquiry aimed to determine whether all dances that have been recognised ethnographically, in living people, in Zimbabwe as well as in other countries of southern Africa, are also represented in Zimbabwe’s rock art.

We analysed the scenes by applying six attributes that have proved useful in studies in other parts of the world, such as the Middle East and the western Mediterranean. The attributes are divided into those related to the dancers themselves and those related to the type of dance. They are:

  • dancers’ body posture (including bent figures, outstretched arms and flexed legs)

  • items they hold, such as sticks, rattles, or headgear

  • interaction between dancers

  • evidence of synchrony

  • direction of movement

  • gender of the figures represented.

Dance scenes in Zimbabwe rock art

Using these attributes, we can say that a scene such as this one found at Lake Chivero is a dance because it has several men all wearing aprons, displaying the same body posture, and positioned in synchrony with outstretched arms.

Yet, in other scenes we encountered unexpected problems with the second group of attributes (type of dance). Those were designed to analyse dance scenes in other parts of the world with different belief systems. But they are not always valid when dancers engage in trance dances.

One example of this type of scene that does not follow the norm is found at a site called Chivhu. A series of therianthropes (figures with both human and animal features) were painted associated with a large snake bearing two animal heads. In the scene we analysed there, the interaction between dancers is irregular, their movements are not synchronised, and the direction of the dance is not homogeneous, as would be expected in a regular dance. But regular interaction, synchronisation and uniform direction are simply not possible when dancers are in an altered state of consciousness. So, this scene might not look like a dance but it probably is one, based on what we know from studies of living people in cultures associated with the makers of the rock art.

Other dances recognised ethnographically as being of ritual character are initiation dances. An example of a dancing scene which may indicate a boys’ initiation dance can be found at a rocky outcrop in Glen Norah, Harare. American anthropologist Lorna Marshall, who undertook fieldwork among the !Kung people of the Kalahari Desert in the 1950s, 1960s and 1970s, described how the !Kung boys from Nyae Nyae in Namibia in the 1950s sometimes bent their upper bodies into an almost right-angle posture while dancing. The dancers in the painted scene are accompanied by other men who are not participating in the dance. These kinds of initiation dances are not documented or practised in Zimbabwe, however. So although the painted scene looks like an initiation dance, it probably isn’t one.

Rock art may also depict eland dances, the girls’ initiation dance. For example, dancing scenes depicting only women that may be interpreted as eland dances are found in Chipinge and Mudadi in Zimbabwe’s Chivi district.

The Makonde dance from Mashonaland West, which features more than 30 performers, is not easy to interpret. It is not clear whether this represents a large dance scene or if the dancers can be divided into different groups. Some individuals are clapping, while others are dancing, which may indicate the presence of trance dancers (group labelled b). Additionally, there are female dancers with tufts on their legs and wearing back aprons (group labelled a). These could be dancing for entertainment, because in reality for an eland dance (a ritual) they would probably remove the aprons.

Categorising certain dances can be challenging, and some may have been performed purely for entertainment purposes. For example, there is a dancing scene at Charewa that depicts women, men, and possibly children participating. We propose that this could represent an entertainment dance or a dance in some particular circumstance where everyone joined in.

Charewa site, Dance Scene 1.
Garlake 1987a, Fig. 10, Fourni par l’auteur

Other elements emerging from the analysis of the dance scenes found in Zimbabwean rock art include the presence of musical instruments and a variety of artefacts associated with the dancers. Hand rattles frequently appear in dancing scenes and have been recognised as the most depicted musical instruments in Zimbabwean rock art, as we’ve discussed in an article about musical instrument representations.

Dancers are sometimes depicted with dancing sticks or other accessories, not only rattles. For instance, some figures appear to be holding round discs that are difficult to identify at Chikupu.

Moreover, dancers may be adorned with beads, as observed at Charewa Panel 2, and often wear distinctive headgear, typically resembling antennae, which may symbolise feathers as described in ethnographic accounts.

It’s important to accurately identify and describe these scenes. Our analysis highlights the valuable information that can be gleaned from close examination of the depictions, as well as from the use of ethnohistorical sources related to dance.

The Conversation

Margarita Díaz-Andreu received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme for the ERC Artsoundscapes project (Grant Agreement No. 787842) . Margarita Díaz-Andreu is affiliated with ICREA and the University of Barcelona.

Joshua Kumbani does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Rock art, dance and ritual: what we learned from paintings in Zimbabwe – https://theconversation.com/rock-art-dance-and-ritual-what-we-learned-from-paintings-in-zimbabwe-279266

Mali’s armed groups fill a government vacuum – addressing this is key to ending the violence

Source: The Conversation – Africa (2) – By Norman Sempijja, Associate professor, Université Mohammed VI Polytechnique

Mali has been in a state of political turmoil since 2012. That year saw a military coup as well as armed groups taking over northern regions of the west African country. In the intervening years, efforts at establishing transitional governments have failed, culminating in the military junta dissolving and banning all political parties in May 2025.

In addition, the country has seen waves of military interventions by outside players like France, the US and most recently Russia. All have invested heavily in trying to contain the extremist threat in Mali.

But groups linked to al-Qaeda and the Islamic State have continued to expand their influence. And in late April 2026 the military government found itself having to fend off coordinated attacks from separatists and jihadists across the country. The defence minister, General Sadio Camara, was killed.

Foreign interventions over the past decade have often misunderstood what was happening on the ground. Extremist groups have capitalised on issues such as land disputes, corruption, and resource competition to gain legitimacy, often aligning with the community’s tensions. The weakness of state institutions and security forces has allowed groups such as Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) and the Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) to consolidate power.

These groups have adapted by forming alliances and tailoring their narratives to local grievances, prioritising immediate issues over ideological objectives.

We are political scientists who have researched the security situation in Mali and the Sahel. Our recently published paper showed that non-state armed groups in the Sahel, particularly in Mali, have emerged as key power brokers, shaping local governance by filling gaps left by weak state institutions.

While external actors such as France, the US and Russia have prioritised counter-terrorism and state-building, they often overlook the governance functions of non-state armed groups. These groups often provide essential services and gain local legitimacy.

Recognising the role of armed groups as local power holders does not mean accepting or legitimising their actions. However, ignoring this reality has led to policies that miss the mark. When interventions focus only on military solutions, they risk misunderstanding why people interact with these groups in the first place.

Our findings challenge conventional interventions that focus solely on defeating non-state armed groups or reinstating centralised state control. We argue that security solutions alone are insufficient. We advocate for a more nuanced approach that integrates the potential for non-state armed groups when it comes to governance, legitimacy and local agency. Non-state armed groups have provided governance over territories in countries like Colombia, Syria and South Sudan, among others.

Armed groups as de facto authorities

Armed groups in Mali are not just fighting forces. In many parts of the country, they play a more complex role. It is difficult to estimate the exact number of groups operating within Mali. The largest and best known, Jama’at Nusrat al-Islam wa al-Muslimeen, is a coalition of five organisations and claims to have over 10,000 fighters in the country.

In central and northern Mali, bordering Algeria, the state is often distant, absent or mistrusted. Armed groups step into this vacuum. They settle disputes, enforce rules, collect taxes, and sometimes provide a basic sense of order.

For communities living with daily insecurity, these functions are not abstract; they shape everyday life.

Our study established that this does not necessarily mean the population agrees with these groups or supports their ideology. Many do not. However, when there are few alternatives, people adapt. They follow the rules because they need to survive, not because they believe in them.

This distinction is important. This helps explain why these groups are so difficult to dislodge. Their strength does not come only from weapons but also from how deeply they are embedded in local realities.

Why military strategies fall short

International efforts have largely focused on fighting these groups and rebuilding the authority of the Malian state. Although well intentioned, these kinds of interventions often overlook something essential: what happens to the spaces these groups leave behind?

An example is France’s 2013 intervention. The French army helped the Malian army to regain control of the northern part of the country from advancing Islamists during Operation Serval. The aim was to stop extremist forces from advancing to Bamako. This did not end the conflict. Many fighters moved to rural areas where the state had little presence and built ties with local communities.

In central Mali, where cattle farming is a key source of income, this dynamic contributed to the spread of violence between Fulani and Dogon communities, reinforcing grievances exploited by extremist groups.

Simultaneously, attempts to strengthen state institutions have struggled. In some places, security forces are seen as ineffective and even abusive.

Faced with this reality, people often turn to whoever can offer some level of predictability and protection, even if that actor is an armed group.

External involvement has also become increasingly fragmented. France’s withdrawal, rising anti-western sentiment, and the arrival of Russian-linked forces have created a crowded and sometimes conflicting intervention landscape.

Different actors bring different agendas, and their presence does not always translate into greater security. In some cases, it can even worsen things by reinforcing tensions or weakening trust in already fragile institutions.

Caught in the middle, civilians make difficult choices daily. Their decisions are rarely ideological but rather about survival.

Rethinking the response

We conclude from our findings that a more grounded approach would begin by listening to local realities. It would address the gaps that allow armed groups to take root. This means improving access to justice and security, supporting local institutions, and taking grievances seriously. It also means recognising that legitimacy is built from the ground up, not imposed from above.

Mali’s experience shows that there are clear limits to what military force can achieve on its own. As long as interventions overlook the everyday realities of governance and survival, they are unlikely to bring about lasting change. Until that shift happens, armed groups will remain hard to dislodge, not only because they can fight but also because, in many places, they have become part of how life is organised.

The Conversation

Norman Sempijja is affiliated with Mohammed VI polytechnic University and based at the Faculty of Governance Economics and Social Sciences.

Mouhammed Ndiaye does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Mali’s armed groups fill a government vacuum – addressing this is key to ending the violence – https://theconversation.com/malis-armed-groups-fill-a-government-vacuum-addressing-this-is-key-to-ending-the-violence-281648

UAE’s departure from Opec tells a story about the limited future of oil production

Source: The Conversation – UK – By Adi Imsirovic, Lecturer in Energy Systems, University of Oxford

The decision by the United Arab Emirates to leave the oil producers’ cartel Opec after 59 years is more than a symbolic break. It highlights a growing divide among major oil producers over how to respond to a changing energy landscape, and will weaken the group’s ability to manage global supply.

In the short term, the impact of the UAE’s exit will be limited. The world still needs every available barrel of oil, and the UAE accounts for some 3-4% of global production. But the forces behind the decision are more significant than the move itself. They are both economic and political – and the war in Iran helped the two align.

For years, the UAE has been investing heavily to expand its oil production capacity, spending around US$150 billion (£111 billion) to push its potential daily output close to 5 million barrels. But Opec quotas have prevented it from fully exploiting that capacity. Actual production has remained well below its potential at about 3.5 million barrels a day (mbd), with some 5 mbd capacity, constrained by the Opec quota system designed to restrict supply and support prices, generally shaped by the de facto leader, Saudi Arabia.

Table showing Opec production quotas for 2026.
Opec production quotas for 2026.
Opec

This has created a tension. Why invest to produce more oil if you are not allowed to sell it?

Abu Dhabi’s answer reflects a different economic model. The UAE can balance its budget at much lower oil prices than Saudi Arabia (just below $50 v Saudi $90 a barrel or more), giving it less incentive to restrict output. Instead, it has prioritised maximising its oil exports.

That strategy is also shaped by expectations about the future. As countries such as China accelerate the electrification of transport, the hitherto steady and reliable demand for oil is slowing and becoming less reliable. Over time, it is likely to plateau. UAE is also well ahead of the Saudis in energy transition – and maintain their net zero target as 2050, compared to the Saudi 2060.

From the UAE’s perspective, the bigger risk is not falling prices, but leaving oil in the ground that may never be sold.

Shifting geopolitics

The timing of the exit is not just about economics. It also reflects shifting political and security calculations, particularly after the UAE came under heavy, sustained attack during the war in Iran.

In Abu Dhabi, there is a growing sense that regional institutions and partnerships, such as the Gulf Cooperation Council (GCC) offered limited support during that period. Anwar Gargash, a senior presidential adviser, told reporters that: “The GCC’s stance was the weakest historically, considering the nature of the attack and the threat it posed to everyone,” adding that he “expected such a weak stance from the Arab League … But I don’t expect it from the GCC, and I am surprised by it.”

That experience has reinforced a more independent foreign policy. The UAE has strengthened ties with the US and Israel, building on the agreement it signed as part of the 2020 Abraham accords. The relationship with Israel is seen not just an economic and security partnership, but as a channel for influence inside the White House.

At the same time, relations with Saudi Arabia have become more strained, with differences over regional conflicts in Somalia and Yemen and economic strategy increasingly visible. Leaving Opec is both an economic decision and a geopolitical signal.

The UAE’s departure also raises questions about the future of Opec itself. The group once controlled more than half of global oil production. Today, its share is much smaller (no more than 35%), and internal divisions over production quotas are more pronounced. Quotas, long the core of its strategy, are increasingly seen as uneven constraints rather than shared commitments.

UAE energy minister, Suhail Al Mazrouei, explains the decision to leave Opec.

Saudi Arabia remains the only member with significant spare capacity, giving it outsized influence. The result is an organisation that still matters, but is less cohesive than it once was.

Not necessarily a win for the US

Some have hailed the UAE’s exit as a victory for Donald Trump, who has repeatedly criticised Opec for keeping oil prices high. A weaker OPEC would indeed lead to higher output and lower prices at the pump.

But sustained lower prices would also put pressure on higher-cost producers, including the US oil patch, which has been one of Opec’s main competitors in recent years. It benefited from the cartel’s restraint when it came to capping oil production. So what now looks like a geopolitical win could, over time, become an economic challenge.

For now, I believe that the UAE’s exit will not dramatically reshape oil markets. Demand remains strong enough to absorb additional supply, particularly as countries rebuild their inventories when Iran reopens the Strait of Hormuz. But the deeper significance lies in what the decision reveals.

Oil producers are no longer aligned around a single strategy. Some are trying to manage scarcity and keep prices high. Others are racing to monetise their resources before demand peaks and they end up with stranded assets. That divergence is likely to grow – and may ultimately prove more consequential than any single country leaving the cartel.

We may be entering a new age where oil is going to play a much lesser role in our lives.

The Conversation

Adi Imsirovic does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. UAE’s departure from Opec tells a story about the limited future of oil production – https://theconversation.com/uaes-departure-from-opec-tells-a-story-about-the-limited-future-of-oil-production-281755

Why your pet reptile ‘surfs’ the glass or rubs against the barriers of their enclosure

Source: The Conversation – Canada – By Melanie Denomme, PhD Student, Biological Sciences, Brock University

Every day, millions of people watch their pet reptiles run, dig, swim or climb up against the walls of their enclosure. Reptile keepers call this “glass surfing,” but among scientists, this conduct is typically considered to be a type of repetitive behaviour, akin to pacing in polar bears.

Repetitive interactions with the barriers of a tank or cage might initially be endearing — because it seems like the reptile is eager to explore — but can quickly become distressing if a reptile simply does not stop. Many people feel helpless as they watch their beloved pet rub the scales on their nose off, causing ulcerations or deformities, or dig at the walls of an enclosure until streaks of blood are left behind.

Why do they do this, and how can we stop them?

Our lab examined the behaviour of one of the most popular pet reptiles around the world — the bearded dragon — and discovered some interesting similarities between repetitive behaviours in reptiles and mammals.

A common desire to escape

Mammalian carnivores, such as mink, polar bears and lions, sometimes perform repetitive pacing in captivity. And while there may be multiple reasons for the behaviour, researchers have found that thwarted escape is a common motivation.

A polar bear walking on rock.
Polar bears in captivity commonly engage in repetitive pacing behaviours.
(Unsplash/Mike Gattorna)

In other words, mammalian carnivores may pace when they want to escape, and anything that increases their motivation to escape might elicit pacing.

We wanted to find out whether the same is true for reptiles. Inspired by a study of the repetitive behaviours of caged mice from the 1990s, we examined exactly where lizards directed their repetitive behaviours within their homes. After all, if this behaviour represents a motivation to escape, then it should be biased towards escape routes.

Our results supported the common theory: Lizards climbed up, dug at or walked against the only “door” in their enclosure more than any other barriers. When this door was partially obscured, their behaviour became even more focused on the remaining transparent portion.

Pooping away from home

But this raises the question: What are reptiles trying to escape from?

A ball python in a terrarium with greenery behind.
Ball pythons (pictured here), bearded dragons, leopard geckos and crested geckos make for favourite reptile pets.
(Unsplash/ Crissta Ames-Walle)

Enclosures that are too hot, small or boring may be a common cause of wanderlust. As a result, increasing the size or complexity of a reptile’s home can often reduce rubbing on enclosure barriers. However, there are also cases where this hasn’t worked, suggesting we don’t yet have the full picture.

Remarkably, in our study, we found that defecation was 15 times more likely to occur within periods when bearded dragons were performing repetitive barrier interactions. This suggests that — like rodents and other lizards — bearded dragons may prefer to do their business away from where they sleep and eat. Though whether defecation results in repetitive behaviours, or repetitive behaviours cause defecation, is still unclear.

Wild females roam in spring

We also found that female bearded dragons rubbed incessantly against enclosure barriers more in the spring compared to the winter and compared to males.

This may reflect how, during springtime, female lizards in the wild tend to roam widely whereas male lizards typically patrol a territory. Captive females could be more motivated to escape in the spring compared to captive males, who can still patrol the inside of their tank.

There were also some interesting things we didn’t find. For example, although repetitive pacing in mammalian carnivores often correlates with feeding, the same was not true for our lizards. This may be because, compared to mammalian carnivores, bearded dragons are much less active foragers. As adults, they are primarily vegetarians and may wait for insects to come to them. Therefore, feeding may not influence their motivation to escape.

Furthermore, although our lizards sometimes performed a lot of repetitive rubbing, digging or scrambling, they never got stuck performing those behaviours, as can happen for many other vertebrates. Whether this holds true for all reptiles may provide valuable insight into how repetitive behaviours change and develop over time.

A red-eared slider on a log.
A red-eared slider in its natural habitat.
(Unsplash/ John Dobbs)

Owners must observe and adapt

Our research shows that reptiles may sometimes scrabble against the walls of their enclosures for relatively benign reasons, like the need to poop.

It also shows how important it is to understand a species’ natural habitat and behaviour. For example, if female bearded dragons want to explore new areas in the spring, regularly moving the items inside the lizards’ home may simulate this exploration, reducing their need to escape.

Resolving repetitive behaviours in reptiles will not have a one-size-fits-all solution — decades of research have examined repetitive pacing in mammals, and these behaviours are still troublesome. The motivation behind a reptile’s behaviour could even differ day-to-day.

Caring for reptiles means that we must learn and observe with an open and curious mind, accept when we are wrong and adapt. Large and naturalistic enclosures will often improve a reptile’s welfare, but are not a one-time cure-all. As reptile keepers, we have the unique privilege of rising to this challenge.

The Conversation

Melanie Denomme receives funding from Natural Sciences and Engineering Council (NSERC).

ref. Why your pet reptile ‘surfs’ the glass or rubs against the barriers of their enclosure – https://theconversation.com/why-your-pet-reptile-surfs-the-glass-or-rubs-against-the-barriers-of-their-enclosure-281298

Proposed high-speed rail will not make a big dent in Canada’s greenhouse gas emissions

Source: The Conversation – Canada – By Ryan M. Katz-Rosene, Associate Professor, School of Political Studies, with Cross-Appointment to Geography, Environment and Geomatics, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

In February 2025, the Canadian government announced Alto, a high-speed rail line that will eventually connect Toronto to Québec City. In November, the government said it would introduce new legislation to speed up the project.

One of its proposed benefits is that electrified, high-speed rail will help Canada reduce emissions and meet its climate targets. Alto says the project will help prevent many short-haul flights and remove the carbon emissions equivalent to 100,000 cars from the road each year.

But Alto is unlikely to meaningfully reduce Canada’s GHG emissions. There are indeed benefits from high-speed rail development, including bolstered regional connectivity and economic growth. However, a significant reduction in emissions is not a realistic outcome.

Claimed emissions reductions

Alto — the federal Crown corporation developing the project — said that by getting passengers out of vehicles, “we can collectively remove up to 90 billion vehicle kilometres travelled from the roads over the project’s lifecycle, equivalent to approximately 100 thousand cars’ worth of travel removed annually from the roads.”

While 39 million tonnes may sound large, it’s a relatively small GHG reduction from the point of view of a national-scale infrastructure project lasting more than 60 years. It’s akin to only 0.65 megatonnes of CO2 per year of the project through to the mid-2080s.

For reference, Canada’s annual emissions today are about 1,000 times greater than that. When framed in the context of existing annual emissions, the claimed reductions are modest.

Induced demand

Alto’s expected reduction in vehicle and air travel is likely an overestimate. Research into 210 projects in 14 nations found that ridership forecasts for high-speed rail are often higher than what eventually comes to pass. This gets at another challenge with high-speed rail’s energy impacts: induced demand.

One of the real benefits of high-speed rail development is economic growth. This arises because a new high-speed train makes new forms of economic activity possible.

It reduces the time it takes to travel between cities, making greater connectivity possible, while also increasing tourism opportunities. In theory, it also expands the distance that workers are willing to commute, which could create new housing development opportunities in regions that otherwise would not have experienced them.

Nevertheless, these same benefits potentially undermine some of the environmental arguments for high-speed rail. These new economic opportunities induce new transport demand — not only for the new train but for other modes of travel as well.

Research in this area suggests that about 20 per cent of high-speed rail traffic could be made up of new travellers who would not have made the trip otherwise. That does leave up to 80 per cent of high-speed rail travellers switching from another mode of transportation. However, there are a couple of reasons why that may not result in significant GHG reductions in Canada.

First, many travellers will be those who would have taken the conventional train and who will merely switch to the high-speed train instead. This would indeed mark a lower emissions journey given that VIA Rail’s current trains are diesel-powered. But it’s not as substantive a reduction as switching from air travel, for example.

In addition, sales of electric vehicles are expected to increase rapidly in the coming years. If EVs become more commonplace, or even the norm, the government must consider whether a diverted automobile trip in the decades to come would be diverting a passenger from a (GHG-emitting) combustion engine or a (non-emitting) electric one.

Much of the diverted automobile traffic for high-speed rail — by the time the train line is built — will likely come from EVs. That leaves diverting traffic from aircraft as the main way to reduce transport emissions. Yet even this sector is also expected to electrify in the coming decades.

In fact, it is precisely the short-haul flight market within the busy Québec City-Windsor corridor where small electric aircraft are set to debut in Canada. Airlines have already put in orders for electric planes, which may even enter into service before the first rail link is built.

Emissions from construction

Another significant effect that could increase GHG emissions would be the construction of the rail infrastructure itself. This would not be inconsequential: 1,000 kilometres of dedicated tracks within a swathe of land several dozen metres wide, featuring overpasses and tunnelling to ensure there are no grade crossings with roads, not to mention the need for overhead power lines.

The sheer amount of concrete, steel and copper required to build Alto will be immense, and would contribute to Canada’s GHG emissions during construction.

This is not to say Alto shouldn’t be built, nor that it’s a bad idea. The construction and operation of a high-speed rail line would generate growth and socioeconomic value for Canada.

It would create tens of thousands of construction jobs, billions of dollars in new opportunities annually and could help revive Canada’s suffering steel sector (currently dealing with tariff pressures from the United States).

Such infrastructure could very well be operated without producing much GHG emissions, and fit well within Canada’s aims for a future net-zero society. But this doesn’t mean that introducing a high-speed train itself would substantially help in Canada’s near-term climate mitigation efforts. It won’t.

The Conversation

Ryan M. Katz-Rosene does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Proposed high-speed rail will not make a big dent in Canada’s greenhouse gas emissions – https://theconversation.com/proposed-high-speed-rail-will-not-make-a-big-dent-in-canadas-greenhouse-gas-emissions-280893

Welsh countryside: what Greens and Reform are promising they would change after election

Source: The Conversation – UK – By Michael Woods, Professor of Human Geography, Aberystwyth University

Issues in rural Wales have been a key area for campaigns to highlight. Threeeyedravensproductions/Shutterstock

In the last of our series on environmental issues and the Wales election campaign, we look particularly at countryside policies of two parties that are new contenders for seats in the Senedd.

The elections to Wales’s parliament, the Senedd, on May 7 are set to be the most unpredictable since the creation of the devolved government in 1999. With current polling indicating close contests in many constituencies, rural voters could make a critical difference to the final result.

Issues such as farming support, windfarms, pylons and changes to rural healthcare services are contentious, but they form part of a larger question about the future of rural Wales. Interestingly, the two parties projected to win seats in the Senedd through election for the first time – Reform UK and the Green party (Reform UK has two seats in the outgoing Senedd through defections) – represent contrasting visions of the Welsh countryside.

Reform’s rural vision

Reform UK has directly targeted discontented rural voters. With a cover image showing daffodil-covered green hills, Reform’s manifesto says it will “back Welsh farmers”. It promises “agriculture will be treated as a strategic national asset”.

Specific policies include: reforming the new post-Brexit Sustainable Farming Scheme to emphasise food production, funding for young farmers’ clubs, scrapping net zero targets and banning new onshore wind farms and solar arrays, reducing environmental regulations and protecting lawful game bird release. It also plans to “streamline planning regulations” and cut back on “red tape”.




Read more:
Why windfarms and electricity pylons have become a major issue in the Welsh election


Reform is competing with the Conservatives for the voters that this version of rural Wales appeals to. Although the Conservative manifesto is less dramatic in tone, especially on net zero, it also plans to scrap the Sustainable Farming Scheme and introduce a moratorium on industrial scale wind and solar power stations.

A Green vision

The strongest prospects for the Green party are in urban constituencies. However, their platform contains policies that would have significant implications for rural Wales. They include a Land Reform Act, making it easier for communities to buy land, a “Welsh Right to Roam” offering “responsible access to the countryside”, a national rewilding strategy and commitments to a Sustainable Farming Scheme that rewards “nature-friendly farming” and renewable energy targets.

These represent a very different vision for the Welsh countryside to Reform. But they also reflect an alternative, almost counter culture, strand of Welsh rural society that has welcomed people who moved to rural areas in search of a new way of life since the 1960s and pioneered organic farming and low impact development.

There are currently Green councillors in rural Monmouthshire and Powys. Some projections suggest the party could win two or three Senedd seats in significantly rural constituencies.

Welsh farmers protest government plans to connect subsidies for agriculture to planting trees.

If the Greens achieve more than 10% of the vote nationally, they are likely to do so by taking votes from Plaid Cymru, including in rural areas.

Plaid Cymru needs both rural and urban seats to become the biggest party. Its manifesto contains a significant section on rural policies, but with less prominence than Reform UK’s. Plaid’s rural policies broadly share the pro-environmental approach of the Greens, but the influence of conservative rural voters in its heartlands is evident in careful positioning on farming, windfarms and pylons, as well as the absence of mentions of rewilding.

On rural and environmental issues the Greens are more aligned with Labour, while Plaid Cymru are closer to the Liberal Democrats.

Politics in rural Wales

Wales is sometimes described as predominantly rural, but while 80% of the land is countryside, most people live in the towns and cities. Nevertheless, around a third of Wales’s population lives close to the countryside, in largely rural local authorities.

Over the last 25 years rural Wales has experienced substantial social and economic restructuring, including declining work in farming and manufacturing, along with many young people leaving to find jobs. These areas face challenges from low wages, sparse infrastructure, precarious public services and competing visions for land use.

Three issues in particular have attracted attention. First, plans for the Sustainable Farming Scheme (the Welsh government plans for agriculture subsidies to replace EU funding) provoked protests by Welsh farmers in 2024, especially over proposed requirements for 10% of farmland to be planted with trees. The later was subsequently withdrawn.

Second, there’s been opposition to new windfarm developments and pylon lines. Rewilding projects have also been controversial. Third, downgrading of services at hospitals serving rural areas and closure of village schools, have sparked local campaigns.

Public anger over these and other issues has often been directed at Welsh Labour, the governing party in Wales since 1999, with other parties trying to cast it as urban focused.

Labour did win rural constituencies in the 2024 UK general election, and current First Minister Eluned Morgan has a long-standing interest in rural affairs, outlining a plan for rural Wales in 2017. The Labour manifesto promises to “increase rural Wales’ skills and productivity” and to promote “food, farming and forestry”.

The traditional stronghold of nationalist Plaid Cymru is in the rural north and west Wales. While the Conservatives’ strongest support is in rural districts close to the English border and in parts of south Wales. The most enduring areas of support for the Welsh Liberal Democrats are in rural mid Wales.

Results to watch for

A few key results will provide an indication of the political temperature in rural Wales:

  • Whether Plaid Cymru or Reform UK get most votes in Brycheiniog Tawe Nedd, Gwynedd Maldwyn and Sir Gaerfyrddin

  • Whether the Greens win a seat in Ceredigion Penfro, Gwynedd Maldwyn, or Sir Fynwy Torfaen

  • Whether the Conservatives get seats in Bangor Conwy Môn, Brycheiniog Tawe Nedd and Ceredigion Penfro, and the Liberal Democrats retain their seat in Brychceiniog Tawe

  • Whether Labour’s Eluned Morgan can hold on to her seat in Ceredigion Penfro.

If, as seems likely, no party has a majority, rural issues will play an important role in coalition discussions. A shared rural vision could assist agreement between Reform UK and the Conservatives; while negotiations between Plaid Cymru, Labour or the Greens will need to resolve differences in rural and environmental policies. This may have profound consequences for the future of rural Wales.

The Conversation

Michael Woods receives funding from UKRI. He is a member of the Liberal Democrats.

ref. Welsh countryside: what Greens and Reform are promising they would change after election – https://theconversation.com/welsh-countryside-what-greens-and-reform-are-promising-they-would-change-after-election-281451

Sencos: the government’s plans for Send reform in England hinge on these overworked school staff

Source: The Conversation – UK – By Julie Wharton, Senior Lecturer, Institute of Education, University of Winchester

Krakenimages.com/Shutterstock

Sencos – special educational needs coordinators – play a vital role in maintained mainstream English schools, nursery schools and sixth forms. If you are a parent, you may encounter them if you have concerns about your child’s progress or the support available, or during review meetings. Children may meet them through assessments, pupil interviews or informal check-ins.

They are teachers who take on additional leadership responsibility for special educational needs and disabilities across the school. In many cases, they continue to teach classes, but in larger schools the role is increasingly non-class based due to its scale and demands.

Despite its importance, the Senco role is often hampered by excessive workload, inconsistent status – many Sencos are still not part of school leadership teams as this is not a requirement in legislation – and a limited understanding of its scope. These factors affect both effectiveness and retention.

The government’s recent policy proposals for special educational needs and disabilities support make frequent mention of Sencos and the role they play in schools. As a former Senco, and as someone who has worked in Senco professional development for almost twenty years, I have scoured the proposals to understand what they mean for the profession.

Statutory support

The reforms – still under consultation and not yet law – formalise much of what Sencos already do. However, they also signal a profound shift. The role is set to become more data-driven and more central to whole-school development than before.

Sencos oversee Sen Support – internal school provision for learners with special educational needs. They also oversee support for children with education, health and care plans (EHCPs). EHCPs are legal documents issued and funded by local authorities for children with more complex needs. They outline a child’s needs, required provision and targeted outcomes across education, health and care.

Group of business people meeting
Sencos often are not part of a school’s senior leadership team.
fizkes/Shutterstock

The recent policy proposal sets out a system of school-based individual support plans for every child and young person identified with special educational needs. These digital plans would be statutory, monitored and reviewed annually at minimum.

Sencos would therefore be responsible for ensuring that each individual support plan accurately identifies any barriers to learning (such as sensory needs or a specific learning difference), and records support and reasonable adjustments (such as adapted materials or additional processing time). While the terminology may be new, this practice is not. Individual support plans largely formalise what Sencos already do for learners at Sen Support.

However, the statutory nature of individual support plans represents an expansion of legal accountability, borrowing from policy implemented in recent years in Wales. Whereas EHCPs apply to a small proportion of pupils in schools, statutory individual support plans could apply to a greater percentage of the school population.

This risks creating a compliance-heavy model of inclusion. Sencos may spend increasing amounts of time on producing evidence rather than working directly with teachers and families.

EHCPs will remain for a smaller number of children – those with the most complex needs – who will receive specialist support packages. The definition of complex needs has not yet been defined in the policy proposals, which may be an area for contention.

By tightening access to EHCPs while expanding individual support plans, the reforms shift the pressure point from local authorities to schools. Sencos may become the public face of a rationed system. They will need to mediate between school resources, parental expectations and local authorities, as well as colleagues working in health and care.

There is the risk that trust in Sencos may decline unless schools are given the capacity to deliver the promised support. At the same time, Sencos will have to navigate families’ worries about tighter access to EHCPs.

Overseeing mainstream support

A central message of the policy proposals is that mainstream education must be strengthened in terms of its ability to include pupils with special educational needs and disabilities. This is a laudable aim, but it requires significant investment in teacher expertise, curriculum flexibility and environmental adaptation.

For Sencos, it will mean leading whole-school early identification and targeted support. They will need to build teacher confidence in adaptive and inclusive education and provide more robust evidence when specialist placements are requested. They will lead in helping families school provision. This shift may increase contested decisions and appeals, with Sencos becoming the key point of contact for families navigating changing legal boundaries.

One of the government’s most ambitious proposals is the Experts at Hand service. This is designed to give schools quicker access to educational psychologists, speech and language therapists and other specialists. It’s likely to place the Senco at the centre of multi-agency work, coordinating referrals, implementing specialist advice and contributing to wider planning.

What’s more, every member of school staff will complete a national special educational needs training programme. It’s likely that Sencos will take a lead in delivering much of this professional development. This will elevate the Senco as a driver of whole-school pedagogy.

The proposals amount to a significant widening of the Senco remit. Their success hinges on whether the Senco role is finally given the leadership status, time and support it requires. Without structural changes such as protected leadership time, a place on leadership teams, administrative support and clear career pathways, the reforms risk accelerating burnout. However, with the right support and sufficient resourcing, Sencos can be leaders shaping the cultures, systems and partnerships that help every child to learn and flourish.

The Conversation

With sincere thanks to Christopher Robertson, the Co-ordinator of the SENCo Forum, who shared his insights with me as I was writing this article.

ref. Sencos: the government’s plans for Send reform in England hinge on these overworked school staff – https://theconversation.com/sencos-the-governments-plans-for-send-reform-in-england-hinge-on-these-overworked-school-staff-279773