Category: Analysis

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Fernando G. Brun Murillo, Catedrático de Ecología, Universidad de Cádiz

El cambio climático está influyendo de un modo directo e indirecto en todos los aspectos de la vida humana a nivel global. Lo que ha derivado en que, en los últimos años, tanto en la Unión Europea como en España, se haya puesto en marcha una amplia batería de normativas ambientales.

Una de las más recientes ofrece la posibilidad de compensar las emisiones de los gases de invernadero con proyectos desarrollados en ecosistemas marinos (carbono azul), que ahora pueden sumarse a las iniciativas de absorción desarrolladas en el medio terrestre (carbono verde) que se llevan a cabo desde hace unas décadas.

El interés por desarrollar proyectos de este tipo está actualmente sufriendo un crecimiento exponencial. Pero los retos a los que se enfrenta son muchos: complejidad legislativa, ausencia de normativas específicas, incertidumbre científica, coste de los proyectos y de las certificaciones, etc.

Todas estas barreras están retrasando la puesta en marcha de proyectos a nivel europeo y nacional, limitando todos beneficios climáticos, ecológicos y económicos que acarrean.

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En 2023, la Junta de Andalucía puso en marcha el primer estándar para la certificación de créditos de carbono azul desarrollado por una administración pública a nivel europeo. Todos los retos que ha enfrentado, y que sigue solventando, constituyen un buen ejemplo del camino que aún queda por recorrer para que esta nueva oportunidad para la mitigación climática y ambiental no acabe transformándose en una moda pasajera vacía de contenido.

El estándar andaluz: pionero en la Unión Europea

Un año después de la aprobación del estándar andaluz para la certificación de créditos de carbono azul, la Unión Europea publicó el Reglamento (UE) 2024/3012, el cual busca establecer un marco común para la certificación de absorciones de carbono en todo su territorio.

En España, la reciente aprobación del Real Decreto 214/2025 también contempla ya la posibilidad de compensar con carbono azul a nivel nacional. Sin embargo, para poder hacerlo posible, las absorciones deben estar sometidas a certificación mediante un estándar reconocido. Y, a día de hoy, el único estándar existente en el ámbito nacional para este tipo de carbono es el andaluz.

Debido a la reciente aprobación de este estándar y a su novedad, ni las administraciones públicas ni los promotores privados son aun conscientes de esta nueva posibilidad de compensación. Esto explica, en parte, por qué todavía no se ha puesto en funcionamiento ningún proyecto de absorción en un ecosistema de carbono azul.

A pesar de este complejo escenario, hace algo más de un año se anunció en Cádiz la puesta en marcha del primer proyecto basado en dicho estándar. Y, recientemente, fue noticia el plan de iniciar otro proyecto de absorción de carbono azul también en salinas degradadas de la bahía de Cádiz.

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Complejas barreras que sortear

El lugar donde se desarrollan estos proyectos, zonas costeras someras, presenta una alta complejidad normativa, con la participación de múltiples administraciones públicas con diversas competencias. También, estos espacios, suelen encontrarse bajo diferentes figuras de protección ambiental, retrasando y complicando los trámites administrativos. Además, se trata de áreas que se encuentran bajo la figura del dominio público-marítimo terrestre (DPMT), en el que la titularidad de las absorciones generadas tras la inversión de un promotor, ya sea público o privado, no está claramente definida.

El carbono azul tampoco está contemplado a día de hoy entre los usos y actividades autorizadas en las concesiones de estos terrenos públicos, lo que genera, desde un inicio, una barrera para su desarrollo. A este problema se suma que los distintos usos en el DPMT implican el pago de un canon, es decir, una tasa en función de la actividad realizada y de la superficie ocupada.

El carbono azul aún no está regulado ni cuantificado como uso, lo que genera incertidumbre para los promotores, quienes desconocen cuál sería el coste anual derivado de la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Un coste que podría oscilar entre la exención total del pago del canon o decenas de miles de euros anuales.

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Muchas incertidumbres y algunas certezas

A las barreras administrativas y normativas se suman aún numerosas incertidumbres científicas. Estas se deben, principalmente, a la falta de datos y al desconocimiento sobre el comportamiento de ciertos procesos clave para la captura de carbono a largo plazo en los ecosistemas marinos restaurados.

La cuantificación tanto de la captura de carbono como de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debe realizarse con rigor, garantizando además la permanencia del carbono secuestrado durante toda la vida útil del proyecto.

Entre otros ejemplos, la alta variabilidad espacial y temporal en los flujos de otros potentes GEI como el metano (CH₄) o el óxido nitroso (N₂O), y la respuesta que tendrán tras la implementación de estos proyectos, no está aún clara. Si estos flujos se incrementaran, por la degradación del carbono orgánico que se está acumulando, se podrían reducir los beneficios climáticos de estos proyectos.

Por otro lado, existen reservorios de carbono poco explorados, como el carbono orgánico disuelto refractario, que, a pesar de su relevancia como secuestrador del elemento a largo plazo, aún no cuenta con suficiente investigación que respalde su comportamiento a medida que el proceso de restauración avance en el área de proyecto.

El mar: un ecosistema costoso

Otro obstáculo importante es el económico. El medio marino resulta un entorno hostil para la realización de actividades técnicas y la obtención de datos. Los proyectos en estas zonas suelen tener costes significativamente más altos debido a la necesidad de maquinaria especializada y personal altamente cualificado. Lo mismo ocurre con las campañas de toma de datos necesarias para la certificación de las capturas de carbono, cuyo coste es considerablemente superior al requerido en proyectos de carbono verde.

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Los proyectos de compensación con carbono azul tienen un periodo de permanencia elevado –superior a 50 años–, y el promotor solo puede obtener créditos por las capturas que se certifiquen y verifiquen en cada ciclo de verificación. En el estándar andaluz es cada 7-8 años, lo que supone una carga económica importante que se añade a los costes iniciales de implementación y al mantenimiento del proyecto durante todo ese tiempo.

Reducir estos costes, aumentar la fiabilidad de los datos obtenidos y mejorar la solidez de las asunciones científicas dependerá de la generación de más datos, tanto a través de la financiación de investigación básica en estas temáticas emergentes como mediante la medición de datos reales a medida que se pongan en marcha nuevos proyectos. Asimismo, es necesaria una mayor coordinación entre administraciones, además de agilidad legislativa para adaptar o crear normativas de acuerdo con las nuevas necesidades y desafíos que plantean este tipo de iniciativas.

El desarrollo de proyectos de absorción en ecosistemas de carbono azul representa una gran oportunidad de mejora medioambiental y económica para la sociedad. Una que va más allá de la lucha contra el cambio climático: se trata de una oportunidad estratégica que debemos aprovechar. Trabajemos en conjunto para hacer realidad esta nueva “mina de oro” de la mitigación climática.

La versión original de este artículo fue publicada en la Revista Telos, de Fundación Telefónica.

Fernando G. Brun Murillo recibe fondos de Proyecto de investigación DAME (PDC2021-120792-100), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y por la Unión Europea “NextGenerationEU” y proyecto FINOCAME (PCM_00104. C17 . I03.) Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU. En la actualidad es co-responsable del Grupo Español de Expertos en Ecosistemas de Carbono Azul (G3ECA), del Laboratorio de Carbono Azul de la Universidad de Cádiz, y asesor en temas de carbono azul para la Oficina Andaluza de Cambio Climático.

– ref. Compensación con carbono azul: ¿el nuevo oro de la mitigación climática o una moda pasajera? – https://theconversation.com/compensacion-con-carbono-azul-el-nuevo-oro-de-la-mitigacion-climatica-o-una-moda-pasajera-261806

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Alberto Bermejo Cantarero, Profesor Ayudante Doctor. Enfermería. , Universidad de Castilla-La Mancha

El potencial de las redes sociales en el ámbito de la salud es innegable. Plataformas como Twitter (ahora X), YouTube, Facebook, Instagram y TikTok han democratizado el acceso a información sobre prevención, tratamientos y hábitos saludables, además de permitir la creación de comunidades de profesionales y pacientes que comparten experiencias, dudas y apoyo emocional. Esta interacción puede mejorar el cumplimiento de los tratamientos y contribuir al bienestar de quienes conviven con enfermedades crónicas.

También se han revelado como una herramienta poderosa para la divulgación científica. Profesionales sanitarios e investigadores pueden comunicar hallazgos, combatir bulos y ofrecer orientación directa al público general.

Bulos atractivos y convincentes

Sin embargo, esta misma rapidez con la que se difunde la información se convierte en un arma de doble filo cuando los contenidos no están debidamente contrastados. La desinformación circula con facilidad y puede llegar a millones de personas en cuestión de horas antes de ser desmentida. Noticias falsas, teorías pseudocientíficas o consejos sin base clínica se presentan de forma atractiva y convincente, dificultando que el usuario medio distinga entre información fiable y contenido engañoso.

Un ejemplo reciente podemos verlo en el estudio de 2025 de la Universidad de Sídney (Australia), que analizó cerca de 900 publicaciones en Instagram y TikTok en las que influencers promocionaban pruebas médicas como escáneres corporales completos o un “test del temporizador de los óvulos” para predecir la fertilidad futura. Más del 80 % de estos mensajes tenían un tono claramente promocional y apenas mencionaban las limitaciones o la ausencia de evidencia científica.

A su vez, en España se han documentado más de 500 bulos de temática sanitaria difundidos en redes sociales, como la promoción de supuestas terapias “naturales” contra el cáncer, infusiones de bicarbonato o dietas milagrosas. Muchas de estas patrañas estaban construidas sobre fuentes aparentemente fiables, pero manipuladas o descontextualizadas.

La confidencialidad, en entredicho

Uno de los mayores retos para los profesionales de la salud es proteger la confidencialidad del paciente en entornos digitales. Aunque existan normativas claras de protección de datos, compartir imágenes, anécdotas clínicas o casos –aunque sea de manera anónima– puede suponer una vulneración de derechos fundamentales.

A esto se suma una realidad preocupante: muchas plataformas digitales no cuentan con políticas suficientemente estrictas para garantizar la privacidad de la información sanitaria. El resultado puede ser la filtración de datos sensibles o su uso indebido con fines comerciales, sin que el usuario sea plenamente consciente de ello.

Varios casos recientes ponen de relieve la fragilidad de la privacidad en entornos digitales. Revisiones de apps de salud femenina han mostrado que gran parte de estos servicios recopilan y comparten datos íntimos con terceros sin políticas claras ni consentimiento informado. En España, una brecha en la Sociedad Española de Oncología expuso la información clínica de más de 2 000 pacientes, mientras que en Suecia una farmacia fue multada con 3,2 millones de euros por enviar datos sensibles a la compañía Meta sin avisar a los usuarios.

La formación en ciberseguridad y ética digital debe ser una prioridad en el ámbito sanitario para garantizar una adecuada gestión de la información. Saber cómo, cuándo y qué compartir (y qué no) en redes sociales debe ser parte del currículo formativo en todas las disciplinas sanitarias.

La sobreexposición de los profesionales

En los últimos años ha surgido también una presión creciente hacia los sanitarios para que mantengan una “presencia activa” en redes, ya sea compartiendo contenido educativo, resolviendo dudas o participando en campañas de concienciación. Si bien esta labor puede tener un impacto positivo, también conlleva riesgos de sobrecarga, fatiga digital y desgaste emocional.

La interacción constante, los comentarios malintencionados o la exposición pública a críticas afectan al bienestar de muchos profesionales. Es necesario reconocer estos riesgos y encontrar formas de apoyarlos, sin exigir una implicación digital que acabe perjudicando su salud mental o su desempeño clínico.

¿Y la inteligencia artificial?

Un fenómeno emergente que añade complejidad al panorama es el uso de la inteligencia artificial (IA) en la búsqueda y difusión de información sanitaria. Herramientas como asistentes virtuales, chatbots o motores de búsqueda con IA están transformando cómo accedemos a datos médicos. No obstante, su fiabilidad depende de la calidad de los contenidos con los que han sido entrenados.

Además, los algoritmos tienden a personalizar la información que muestran, reforzando creencias previas en lugar de ofrecer contenidos basados en evidencia. Este sesgo de confirmación, amplificado por la tecnología, puede agravar la difusión de bulos y generar desconfianza en las fuentes oficiales.

¿Qué podemos hacer?

Ante la creciente influencia de las redes sociales en el ámbito de la salud, resulta primordial fomentar un uso responsable y consciente de estas plataformas. Es necesario desarrollar estrategias para combatir la desinformación mediante la verificación de contenido y la educación en alfabetización mediática.

Las campañas de concienciación pueden ayudar de manera efectiva en este sentido, educando a los usuarios sobre cómo evaluar la credibilidad de la información que consumen y comparten. Además, los profesionales de la salud deben asumir un papel proactivo en la difusión de contenido veraz y basado en evidencia.

Es necesario establecer normas claras para proteger los datos sanitarios en entornos digitales, garantizando la confidencialidad del paciente. Las plataformas deben aplicar políticas más estrictas y asumir mayor responsabilidad frente a los contenidos engañosos o peligrosos para la salud pública.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen estas herramientas y la protección de la privacidad y la ética profesional. Con un enfoque crítico y regulado, las redes sociales pueden convertirse en un recurso poderoso para la educación y la comunicación sanitaria sin poner en riesgo la integridad de la información

Alberto Bermejo Cantarero no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Redes sociales: contraindicaciones de una herramienta poderosa para informar sobre salud – https://theconversation.com/redes-sociales-contraindicaciones-de-una-herramienta-poderosa-para-informar-sobre-salud-258051

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ignacio J. Molina Pineda de las Infantas, Catedrático de Inmunología, Centro de Investigación Biomédica, Universidad de Granada

La respuesta inmunitaria humana es capaz de reconocer a los antígenos (sustancias que nuestro sistema inmune identifica como extrañas o potencialmente peligrosas) gracias a un receptor expresado en la superficie de unos glóbulos blancos llamados linfocitos, que permitirá a cada linfocito reconocer a un antígeno y solamente a uno. Gracias a que ese receptor se genera de manera completamente aleatoria durante el desarrollo celular, vamos a generar una cantidad enorme de receptores diferentes. Así podremos reconocer a una cantidad también enorme de antígenos presentes en la naturaleza.

Ahora bien, si la generación del receptor se produce al azar, es muy posible que algunos de ellos reconozcan por error las moléculas del organismo, lo que daría lugar a autoinmunidad, o sea, una respuesta inmunitaria contra nuestro propio cuerpo. Para evitarlo, contamos con poderosos mecanismos que eliminan a estos linfocitos autorreactivos mientras se están generando, de manera que evitamos que salgan a la sangre (la periferia). Es lo que conocemos como tolerancia central.

Pero ¿qué pasa si a este procedimiento biológico se le escapa alguna célula autorreactiva? En este caso, el desarrollo de autoinmunidad parece inevitable.

No tan deprisa: afortunadamente, tenemos otro mecanismo para asegurar que esas células que hubieran podido escapar son inactivadas en la periferia, evitando así el desarrollo de patologías autoinmunes como la diabetes tipo I, la enfermedad celíaca o el lupus. Este es el sensacional descubrimiento que ha deparado el Premio Nobel de Medicina 2025 al japonés Shimon Sakaguchi y los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell.

Las células T reguladoras salen a la luz

Desde la década 1970, los expertos postulaban la existencia de células que tuvieran la capacidad de suprimir la respuesta inmunitaria en la periferia, evitando así una reacción excesiva que pudiera ocasionar efectos adversos en el organismo. Se sugirió que eran una subpoblación de los linfocitos T CD8+, pero fue imposible demostrarlo experimentalmente. Durante años se instauró entre los inmunólogos la idea de que esas células supresoras no existían.

Shimon Sakaguchi, sin embargo, no se dio por vencido y siguió investigando en este campo. Sus esfuerzos, en contra del pensamiento imperante, se vieron recompensados en 1995, cuando probó claramente la existencia de células con capacidad de regular negativamente la respuesta inmunitaria. Sakaguchi las llamó células T reguladoras.

Lo sorprendente fue que estas células no se encontraban en el compartimento de células T CD8+, como se pensó inicialmente, sino en la otra gran subpoblación de linfocitos T: los llamados CD4+. Sakaguhi demostró, igualmente, que se caracterizaban por expresar en la superficie celular otra molécula, llamada CD25. Sencillamente, se había estado buscando estas células en el linaje equivocado.

Identificando la mutación

En paralelo, los otros dos ganadores del premio, Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell, trabajaban en la resolución de otro misterio. Desde hacía años, los científicos disponían de una cepa de ratones muy peculiares que se había originado espontáneamente. Eran los ratones scurfy (escamosos), caracterizados por el desarrollo de una autoinmunidad grave, generalizada y multiorgánica, que daba como resultado la muerte prematura de los animales. Brunkow y Ramsfell observaron que la mutación que dio lugar a esa cepa se encontraba en un gen que bautizaron como Foxp3.

¿Y cómo conectamos ambos descubrimientos? Los investigadores desde hoy reconocidos con el Nobel también estudiaron una enfermedad en humanos muy similar a la sufrida por los ratones, y así contribuyeron a descubrir que la mutación en personas del gen equivalente al Foxp3 de ratón (su ortólogo) producía una enfermedad conocida como IPEX, que cursaba con una autoinmunidad igualmente devastadora. La razón es que Foxp3 es imprescindible para que se generen las llamadas células T reguladoras naturales. Producidas en la glándula del timo, son las que previenen el desarrollo de autoinmunidad y el mantenimiento de la tolerancia periférica.

Al carecer de estas células, los pacientes aquejados de IPEX no pueden mantener la tolerancia y desarrollan procesos autoinmunitarios graves y generalizados (caracterizados por una desregulación de la respuesta inmunitaria, poliendocrinopatía, endocrinopatía y un patrón de herencia asociado al cromosoma X). Fue un descubrimiento fundamental: las células T reguladoras son las guardianas de la tolerancia periférica, un hecho que fue corroborado más tarde por muchos otros estudios.

Células T reguladoras inducidas

Adicionalmente, en el esfuerzo de prevenir autoinmunidad, la naturaleza nos ha dotado de un segundo mecanismo para mantener la proverbial tolerancia periférica. Las células T reguladoras no solo se producen a nivel central en el timo, sino que pueden inducirse en la periferia. En efecto, si las células vírgenes T CD4+ son estimuladas en presencia de determinados factores solubles (citocinas) podemos conseguir que se expandan y viajen hacia esa subpoblación reguladora, añadiendo una capa más en el control de la autoinmunidad.

¿Y podemos aplicar estos descubrimientos a la clínica? Desde luego que sí. Si expusiéramos a un paciente con autoinmunidad a una potente acción de las células T reguladoras, entonces quizá podríamos detener o incluso revertir su problema. Esta idea está siendo perseguida con ahínco, y hay registrados un total de 338 ensayos clínicos que intentan modular la actividad de las células T reguladoras para tratar ciertas enfermedades autoinmunes.

Pero no solo eso. También podrían usarse en la prevención del rechazo de trasplantes e, incluso, en el tratamiento de tumores. En este último caso, buscaríamos justo lo contrario: disminuir la actividad de las células T reguladoras para que el sistema inmunitario montase una respuesta antitumoral más potente.

Estos hallazgos nos vuelven a mostrar cómo un descubrimiento de las ciencias básicas es aplicado al tratamiento de enfermedades humanas. Gracias a Shimon Sakaguchi, Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell sabemos que las células T reguladoras brillan con luz propia en la regulación de la respuesta inmunitaria.

El laboratorio del Dr. Ignacio J. Molina ha recibido fondos competitivos de investigación de organismos ministeriales españoles, autonómicos (Junta de Andalucía) y de Action for AT, United Kingdom Charity.

– ref. El hallazgo de un mecanismo que protege contra las enfermedades autoinmunes, Nobel de Medicina 2025 – https://theconversation.com/el-hallazgo-de-un-mecanismo-que-protege-contra-las-enfermedades-autoinmunes-nobel-de-medicina-2025-266828

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Guillermo Gurrutxaga Rekondo, Periodista. Profesor de Periodismo., Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

El rostro de un niño asoma entre las sábanas azules que cubren parte de su pequeño cuerpo. No tendrá más de cinco años. En su cabeza aún son visibles las manchas de sangre que impregnan las vendas que rodean su cráneo. Cinco hombres sostienen la camilla metálica sobre la que yace en lo que parece la morgue de un hospital.

La fotografía, tomada en Gaza, es del pasado jueves 25 de septiembre y fue difundida por una agencia y publicada por medios internacionales, entre ellos, españoles. Es de esas fotos ante las que cuesta mostrarse indiferente, aunque la reacción que causa en quien la ve sea tan breve que, incluso con los ojos humedecidos, continúe con sus quehaceres diarios.

La escena recoge el funeral del pequeño, según indica el pie de foto. A falta, incluso, de féretro, se ve al detalle su cara. Difícilmente podrá saberse si su madre y su padre viven o forman parte, como él, de las 680 000 personas que, según la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, han fallecido a consecuencia de lo que la propia organización denomina genocidio.

Afortunadamente, en nuestro contexto no hay bombardeos que maten a niños o los dejen sin hogar. Pero esto último, salvadas las distancias, ocurrió también en la dana que el 29 de octubre de 2024 asoló a la Comunidad Valenciana. En ese caso no fueron bombas, sino la lluvia, la que convirtió sus viviendas en insalubres. No los vimos llorando frente a la cámara. No, al menos, con su rostro identificado.

Qué dice la legislación española

Por un lado, la legislación española impide la difusión de la imagen de un niño o niña incluso en situaciones tan cotidianas como una riña en el parque. Lo hacen desde la propia Constitución española hasta la Ley Orgánica 8/2021, cuyo artículo 3 incide en la protección de “la imagen del menor desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento”.

Por otro, en los propios medios de comunicación españoles se imponen códigos éticos. Están recogidos en manuales y libros de estilo internos que todas las personas que conforman la redacción deben cumplir. Entre las directrices hay normas que, con frecuencia, van más allá, incluso, que las propias leyes.

Pero ni leyes ni códigos éticos se están cumpliendo en el actual contexto de violencia indiscriminada al que están sometidos estos niños y niñas por parte del Gobierno de Israel. Tampoco en lo relacionado con sus imágenes.

No es algo nuevo, ni siquiera en relación con Palestina. Una investigación halló que la mayoría de fotografías publicadas en la prensa generalista española durante 2010 sobre el conflicto palestino-israelí en las que aparecían bebés, niños y jóvenes transgredía la normativa legal y vulneraba principios de la deontología periodística.

Porque, por ejemplo, el Manual de Estilo de RTVE justifica la difusión de imágenes de menores, incluso en informaciones contrarias a sus intereses, siempre que se “empleen los medios precisos para garantizar su anonimato”, como no incluir su “su nombre ni su imagen” o “distorsionar su rostro”.

De Kim Phuc a Aylan

El mundo conserva en su retina el rostro de Kim Phuc, la niña vietnamita de 9 años que corría desnuda junto a otros niños ante la pasividad de unos soldados, mientras la piel se le caía afectada por las quemaduras ocasionadas por el napalm lanzado sobre civiles. Aquella fotografía le valió el Pulitzer al fotógrafo vietnamita Nick Ut, aunque hay controversia sobre su autoría.

Afortunadamente, la sociedad cuenta con el impagable trabajo de reporteras y reporteros gráficos que, en muchas ocasiones, se juegan la vida para trasladar al mundo el sufrimiento humano y, en concreto, el de las personas más vulnerables. Gracias a su labor, también las generaciones posteriores podemos vislumbrar, con una sola foto, la injusticia, el horror y el terror.

El 2 de septiembre se cumplían 10 años de la icónica imagen del niño sirio Aylan. La fotoperiodista turca Nilufer Demir inmortalizó su cuerpo de tres años postrado, boca abajo, en una orilla del Mediterráneo. Viajaba con su madre, su hermano y su padre en la huida a una Europa que les cerraba, como sigue cerrando, las puertas a quienes huyen de la guerra y el hambre. Su pequeña embarcación de madera volcó.

La publicación de la fotografía parecía romper la indiferencia de quienes en aquel entonces gobernaban Europa. El primer ministro británico entonces, David Cameron, se confesó “conmovido” y la canciller alemana, Angela Merkel, se mostró concernida por la tragedia que aquella imagen reflejaba.

Solo unos pocos medios pixelaron, es decir, difuminaron hasta hacerla borrosa, la cara del pequeño Aylan, a quien su padre tuvo que enterrar, al igual que a la madre y a otro hermano del pequeño.

Pocas cosas habrá tan íntimas como el recuerdo de un hijo muerto. Pero el padre de Aylan no podrá borrar de su memoria la cabeza del pequeño, con su pelo corto, la camiseta roja y el pantaloncito azul, al igual que los zapatitos sin calcetines que vestía aquel fatídico 2 de septiembre.

Argumentos a favor

La publicación de rostros de niñas y niños sin un retoque que impida su identificación tiene argumentos a favor. Entre ellos, y sobre todo, dar a a conocer para concienciar y cambiar las cosas por su capacidad de impactar.

Desde aquella fotografía de Aylan, otras 30 000 personas han muerto en el Mediterráneo. Muchas de ellas, niñas y niños como él. Como los de Gaza, a quienes con frecuencia se retrata sin preservar su rostro con el alma y el cuerpo castigados por las bombas y el hambre. Tan niños y niñas como los nuestros, pero a los que los medios de comunicación, al igual que la injusticia, tratan de manera diferente. ¿Será que no tienen futuro?

Guillermo Gurrutxaga Rekondo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. El dolor sin pixelar de la infancia gazatí: la publicación de imágenes de niños muertos y heridos cuando no son de los ‘nuestros’ – https://theconversation.com/el-dolor-sin-pixelar-de-la-infancia-gazati-la-publicacion-de-imagenes-de-ninos-muertos-y-heridos-cuando-no-son-de-los-nuestros-265951