¿Qué pescados son más sanos para comer?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Antonio Figueras Huerta, Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC)

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Hace unos años escribí sobre el salmón y sus problemas y la respuesta de la Embajada de Noruega fue tan expedita que mereció un segundo post. No estoy acostumbrado a tanto interés diplomático. Aun así, el tema del pescado –qué comer, cuánto, de dónde viene y si es seguro– sigue siendo uno de los más confusos para el consumidor medio. Y la confusión no es accidental: conviven intereses industriales, alarmas mediáticas mal calibradas y mensajes de salud pública que se quedan en el titular sin matizar lo que realmente dice la ciencia.

La mayor transformación en la historia de la pesca

Estamos asistiendo a un cambio sin precedentes en la forma en que obtenemos proteína marina. La producción mundial de pescado alcanzó en 2022 los 223,2 millones de toneladas y, por primera vez en la historia la acuicultura, superó a la pesca extractiva como fuente principal de animales acuáticos.

Que la mitad del pescado que se consume en el mundo haya sido cultivado –y no capturado– es un dato que merece reflexión. La pesca de captura se ha estabilizado desde finales de los años 1980 en torno a 90 millones de toneladas anuales, mientras que la acuicultura no ha dejado de crecer: un 527 % entre 1990 y 2018.

Paralelamente, el porcentaje de poblaciones marinas explotadas dentro de niveles biológicamente sostenibles ha bajado al 62,3 % en 2021, lo que significa que más de un tercio de las pesquerías monitorizadas se explotan por encima de su capacidad de recuperación.

En este contexto, comer pescado es una actividad sustancialmente distinta a la de hace treinta años. Hoy la pregunta sobre la seguridad no puede responderse sin distinguir entre la especie, el origen y el método de producción.

El problema de la bioacumulación: no todos los peces son iguales

El principal contaminante de interés sanitario en el pescado es el metilmercurio. No porque sea el único –los PCBs, las dioxinas y los plaguicidas organoclorados también cuentan–, sino porque su comportamiento en la cadena trófica es sistemático y bien documentado. El metilmercurio se acumula en los tejidos grasos y se biomagnifica a medida que se asciende en la red alimentaria.

Así, un atún o un pez espada puede acumular concentraciones de mercurio cien veces superiores a las del agua que habita. La física del problema es implacable: cuanto más larga sea la vida del animal y más alto sea su puesto en la cadena, mayor será la carga.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha identificado al atún, el pez espada, el bacalao, el abadejo y el lucio como los principales contribuyentes a la exposición al metilmercurio en Europa en todos los grupos de edad, con la adición de la merluza en el caso de los niños.

La exposición media de la población no suele superar la ingesta semanal tolerable, pero los consumidores habituales de grandes depredadores sí pueden rebasarla.

Peligros para la salud en niños y embarazadas

Aquí viene el matiz que casi nunca se explica bien: el riesgo no es el mismo para un adulto sano que para una mujer embarazada o para un niño. En estos grupos, la neurotoxicidad del metilmercurio tiene efectos documentados sobre el desarrollo del sistema nervioso. Por eso, las restricciones de consumo no son prudencia burocrática, son medicina preventiva con base sólida.

Un informe reciente de la EFSA, basado en encuestas de 2023 y 2024 en los 27 Estados miembros, reveló que aproximadamente uno de cada tres europeos –incluidas mujeres embarazadas– consume cantidades potencialmente inseguras de especies con alto contenido de mercurio. Hasta el 60 % de los encuestados conocía los beneficios del pescado, pero solo entre el 10 y el 14 % era consciente de los riesgos asociados a los contaminantes.

El desequilibrio informativo es evidente y no es inocente: los beneficios se han comunicado con entusiasmo; los matices, con desgana.

¿Es seguro el salmón de acuicultura?

Comer salmón es seguro, con matices que no justifican el pánico mediático. El salmón de piscifactoría noruego –que es el que encontramos en los supermercados españoles– tiene niveles de contaminantes orgánicos persistentes (dioxinas, PCBs) que los análisis sistemáticos del Instituto de Investigación Marina noruego sitúan aproximadamente seis veces por debajo de los límites máximos europeos.

Esos niveles han descendido de forma constante desde 2004 gracias al cambio en la composición de los piensos. Por otro lado, el mercurio no es el problema del salmón: es un pez de posición trófica media y con un ciclo de vida relativamente corto en acuicultura.

Eso sí, la etoxiquina –antioxidante añadido a los piensos para evitar su oxidación durante el transporte– generó alarma hace años porque no es un aditivo deseable. Pero tampoco es la bomba química que ciertos documentales televisivos pretendieron hacer creer. La EFSA la revisó y no encontró riesgo para el consumidor a los niveles detectados en músculo de salmón.

Por otro lado, el salmón de piscifactoría tiene una fracción grasa notablemente mayor que el salvaje, porque el pienso y la ausencia de depredadores así lo permiten. Esa grasa extra es precisamente donde se acumulan los contaminantes lipófilos, pero también es la fuente de los ácidos grasos omega-3 a los que se atribuyen beneficios cardiovasculares.

La trazabilidad: el eslabón más débil

Según la FAO, uno de cada cinco productos pesqueros en el mundo está mal etiquetado. El fraude abarca la sustitución de especies por otras más baratas, la falsificación del método de captura –salvaje frente a acuicultura–, el origen geográfico incorrecto y la adulteración con colorantes para simular frescura. En España, el impacto económico de este fraude se estima en más de 600 millones de euros al año.

En este contexto, un estudio de la Universidad de Oviedo que analizó mediante secuenciación de ADN 401 muestras de pescado congelado encontró que, en el 1,9 % de los casos, la especie declarada en la etiqueta no correspondía al contenido real. Puede parecer un porcentaje pequeño, pero, aplicado al volumen total del mercado, es una cifra que no debería ser tolerable en ningún sistema de control alimentario serio.

La normativa de la UE exige, desde finales de 2014, que el etiquetado de productos pesqueros indique la especie, la zona de captura o el país de producción acuícola, el método de captura y si el producto ha sido descongelado. El problema es la brecha entre lo que establece el reglamento y lo que llega al consumidor, especialmente en la restauración, donde las exigencias son menores y la cadena de intermediación es más opaca.

Soluciones para frenar el fraude

Las soluciones técnicas existen, como demuestra SEATRACES, un proyecto liderado por el Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC de Vigo, con 19 socios europeos, cuyo objetivo es demostrar que el etiquetado y la trazabilidad son esenciales para proteger y revalorizar la producción pesquera y acuícola atlántica. Para ello, diseñan herramientas de autenticación basadas en la secuenciación genética y aplicaciones para teléfonos móviles. Además, se ha creado la plataforma europea FISH-FIT, abierta a laboratorios de control oficial e institutos de investigación.

Entre sus desarrollos, figura un chip genético para garantizar la autenticidad del mejillón gallego, diseñado en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y el Centro de Investigación Marina y Alimentaria AZTI.

La técnica genética de secuenciación de nanoporos permite hoy identificar la especie y la procedencia geográfica de cualquier producto marino en cuestión de horas, sin necesidad de un laboratorio especializado. En este sentido, el salto al control rutinario del mercado depende de la voluntad regulatoria, no de limitaciones técnicas.

Los beneficios reales del consumo de pescado

Conviene no perder de vista que la evidencia sobre los beneficios del consumo de pescado es sólida. La Asociación Americana del Corazón recomienda al menos una o dos raciones semanales de pescado graso –como salmón, caballa, sardinas o trucha– para reducir el riesgo cardiovascular.

Los ácidos grasos omega-3 de cadena larga (EPA y DHA) tienen efectos bien documentados en la reducción de los triglicéridos –grasa que aumenta el riesgo cardiovascular–, la presión arterial y la inflamación sistémica. Para quienes no consumen pescado, los suplementos de omega-3 son una alternativa razonable, aunque el pescado sigue siendo la fuente preferida porque aporta, además, otros nutrientes esenciales, frecuentemente deficitarios en la dieta occidental.

Lo recomendable es comer con frecuencia especies pequeñas y de ciclo corto –sardinas, anchoas, jurel, caballa, mejillón–, que aseguran menor bioacumulación de mercurio, mayor sostenibilidad, omega-3 y, en general, son más baratas.

Asimismo, es aconsejable limitar el consumo de pez espada, tiburón y atún rojo, especialmente en mujeres embarazadas y niños. Y exigir trazabilidad: preguntar de dónde viene el pescado no es excentricidad, sino un derecho reconocido por la normativa europea. Si la etiqueta no indica la especie, la zona de captura y el método de producción, no cumple con la ley.

El pescado es un alimento excepcional. Aprovecharlo bien requiere un poco más de información de la que suele estar disponible en los expositores del supermercado.

The Conversation

Antonio Figueras Huerta no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Qué pescados son más sanos para comer? – https://theconversation.com/que-pescados-son-mas-sanos-para-comer-284111

Pedro Sánchez defiende la autodeterminación en Ucrania y la niega en el Sáhara: ¿por qué?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armando Alvares Garcia Júnior, Profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

Mujeres saharauis protestan frente al muro de 2720 kilómetros construido por Marruecos en el Sahara Occidental Foto: Jordi Navas

Pedro Sánchez defiende con firmeza que Ucrania debe elegir su futuro, pero desde marzo de 2022 apoya el plan de Marruecos que niega al pueblo saharaui su autodeterminación. La razón: España necesita a Rabat para la migración y la seguridad. El coste: pierde credibilidad cuando aplica el derecho internacional de forma selectiva.

La diferencia se vio claramente con la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz, dirigente del Frente Polisario e hijo de un histórico líder saharaui, en un ataque con dron registrado el 7 de junio, que el Polisario atribuye a Marruecos.

El episodio ocurrió justo cuando el enviado del Secretario General de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura, visitaba los campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia. El contraste es simbólico: mientras el mundo negocia, la guerra sigue activa.

Wilaya de Smara, en los campamentos de Tinduf. Jordi Navas
Wilaya de Smara, en los campamentos de Tinduf. Jordi Navas.

El rol de España

Para España, este asunto no es un problema ajeno. Fue la potencia administradora del territorio hasta febrero de 1976 y su salida dejó pendiente el proceso para que este eligiera su futuro. Por eso, cada movimiento de Madrid sobre el Sáhara tiene un peso político, jurídico y moral que no puede compararse al de otros Estados europeos. España no habla de una crisis lejana: habla, en buena medida, de una responsabilidad histórica propia.

Entonces, ¿por qué Sánchez decidió cambiar la posición tradicional española? La respuesta no está en un solo factor, sino en la combinación de varios.

El primero es la relación estratégica con Marruecos. Rabat es un socio clave para España en el control migratorio, la cooperación policial y la lucha contra el terrorismo, así como en asuntos comerciales y energéticos. En la práctica, normalizar la relación con Marruecos se convirtió en una prioridad del Ejecutivo tras la crisis diplomática de 2021, cuando las autoridades marroquíes permitieron la entrada masiva de más de 10 000 personas por la frontera de Ceuta como represalia por la hospitalización en España del líder del Polisario, Brahim Ghali.

Un plan realista, pero jurídicamente cuestionable

El giro se hizo oficial en marzo de 2022, con la carta enviada por Sánchez al rey Mohamed VI. En ella, el presidente español consideraba el plan marroquí de autonomía como “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. Con esa decisión, Madrid buscó recomponer una relación bilateral que consideraba esencial para la estabilidad de Ceuta, Melilla, Canarias y la frontera sur en general. Desde una lógica de poder, la decisión resulta comprensible. Desde una lógica jurídica, es mucho más discutible.

Ahí aparece la contradicción. España invoca el derecho internacional para condenar la ocupación rusa de territorios ucranianos y para reclamar el respeto a la población civil en otros conflictos. Pero en el Sáhara acepta una solución que, tal como la plantea Marruecos, no permite a los saharauis ejercer su derecho a la autodeterminación; el mismo derecho que la Resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 1991, ya reconocía al pueblo saharaui y que motivó la creación de la MINURSO, la misión de la ONU encargada de organizar un referéndum que nunca llegó a celebrarse.

En otras palabras, el principio se defiende con fuerza en unos escenarios y se relativiza en otros.

Esa diferencia debilita la credibilidad exterior española. No porque todos los conflictos sean idénticos, sino porque el lenguaje de los principios pierde fuerza cuando se aplica de manera selectiva. Y esa selectividad no pasa desapercibida. La perciben Argelia, que apoya al Polisario. La perciben muchos países africanos y latinoamericanos. Y la perciben también quienes, dentro de España, siguen viendo en el Sáhara una deuda histórica no resuelta.

Además, el momento actual añade otro elemento incómodo: España quiere aparecer como país que ayuda a llegar a acuerdos, pero su posición la aleja de ser vista como neutral. Madrid ha acogido reuniones relevantes sobre el conflicto, incluso impulsadas con apoyo de Estados Unidos y la ONU en febrero de 2026, pero al mismo tiempo una de las partes –el Polisario– sabe que el Gobierno español ya ha asumido como preferente la propuesta marroquí. Eso limita su margen como interlocutor creíble.

Una mujer saharaui contempla el horizonte subida en un tanque abandonado en Tifariti (Sáhara Occidental)
Una mujer saharaui contempla el horizonte subida en un tanque abandonado en Tifariti (Sáhara Occidental). Jordi Navas.

Guerra tecnológica y asimétrica

A todo ello se suma un cambio en la propia naturaleza del conflicto. La muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz en un ataque con dron recuerda que el Sáhara también ha entrado en la guerra tecnológica y asimétrica. Marruecos dispone de drones Bayraktar turcos, Wing Loong chinos y tecnología israelí, mientras el Polisario carece de contramedidas efectivas. Esa desigualdad refuerza la tentación internacional de aceptar sin más una solución que consolida el control actual: el de Marruecos, y desplazar la autodeterminación a un plano retórico.

En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó por primera vez el plan marroquí como base de negociación, lo que añade un nuevo peso internacional a la postura de España.

Cuando el derecho internacional sirve de comodín

Pero precisamente ahí está el núcleo del problema. Si la comunidad internacional, y en particular España, acepta que la estabilidad vale más que el derecho, el mensaje es claro: el derecho internacional se aplica cuando conviene y se deja de lado cuando estorba. El caso saharaui se convierte así en algo más que un conflicto olvidado: se vuelve un espejo incómodo de la política exterior española.

La pregunta, por tanto, no es solo por qué Sánchez cambió de postura. La pregunta de fondo es qué precio está dispuesta a pagar España por esa decisión: en coherencia, en credibilidad y en memoria histórica. Porque una cosa es buscar una relación útil con Marruecos, y otra muy distinta asumir que la utilidad justifica renunciar al principio que, en otros escenarios, se presenta como irrenunciable. Si el derecho internacional vale de verdad, debe valer también cuando es difícil. Si no es así, no vale.

The Conversation

Armando Alvares Garcia Júnior no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Pedro Sánchez defiende la autodeterminación en Ucrania y la niega en el Sáhara: ¿por qué? – https://theconversation.com/pedro-sanchez-defiende-la-autodeterminacion-en-ucrania-y-la-niega-en-el-sahara-por-que-285121

Luces y sombras de la vida digital: el impacto de la violencia ‘online’ en la infancia

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Laura Barroso Gonzalo, Investigadora de la Cátedra de los derechos del niño, Universidad Pontificia Comillas

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El entorno digital ya forma parte de nuestras vidas: de nuestras rutinas, de nuestros hábitos, de nuestra forma de relacionarnos… Y eso incluye a los niños, niñas y adolescentes. Pero aunque ofrece muchas oportunidades para el desarrollo de las personas menores de edad, no está exento de riesgos.

El informe sobre la cibercriminalidad en España, del Ministerio del Interior, arroja datos inquietantes. Las amenazas y coacciones son los delitos online que más afectaron en 2024 a las personas menores de edad (1 606 victimizaciones). Además, los datos de violencia sexual online también son elevados (1 078 victimizaciones). Solo durante ese año, el 84,2 % del total de los delitos de índole sexual online fueron cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Esto convierte a la infancia y la adolescencia –sobre todo a las niñas– en el grupo más afectado por este tipo de delitos.

Sin embargo, estas cifras solo reflejan una parte del problema, ya que se estima que muchos de los casos no salen a la luz. Otros estudios han intentado estimar la prevalencia de las violencias online que sufre la infancia en España y las cifras son alarmantes.

En el reciente estudio sobre prevalencia del Ministerio de Juventud e Infancia, el 25 % de las personas encuestadas indicaron haber sufrido algún tipo de violencia online durante su infancia. Los principales responsables señalados fueron la pareja (27,9 %) y personas desconocidas, tanto adultas (26,3 %) como menores de edad (23,9 %).

La mayoría de casos no se denuncian

La mitad de las personas consultadas afirmó no haber hecho nada tras ser víctima de la violencia digital. Tan solo un 31,3 % se lo contó a alguien y un 9,7 % denunció la situación. En este sentido también hay diferencias según el sexo, ya que los hombres denunciaron en mayor medida que las mujeres.

En relación con la violencia sexual durante la adolescencia, un estudio publicado en 2024 por la Universidad de Barcelona identificó la victimización electrónica como la forma más frecuente. Afectaba al 12 % de la muestra, y de nuevo, incidía especialmente en las chicas. Este mismo equipo de investigación, en colaboración con la Fundación Save the Children, realizó un estudio posterior sobre victimización sexual online que incluía más formas de violencia. En él, el 98 % de las chicas y chicos encuestados indicó haber sufrido alguna durante la infancia o adolescencia.

Proteger sin expulsarles

En definitiva, los datos de los que disponemos dejan claro que el entorno digital constituye un nuevo espacio en el que se ejercen diferentes tipos de violencia contra la infancia. Sin embargo, la falta de consenso al definir lo que se considera violencia digital y las diferencias metodológicas entre estudios dificultan conocer la verdadera dimensión del problema.

En cualquier caso, reducir el debate a los riesgos sería un error. El ecosistema digital también favorece el derecho a la educación, a la identidad, a la cultura, al ocio, al juego, a mantener relaciones familiares, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a ser escuchados y a la participación social y política, entre otras cuestiones. Todo ello es esencial para el bienestar y el desarrollo integral de la infancia.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas abordó esta cuestión a través de la Observación General Nº 25 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, documento de referencia para el desarrollo de políticas públicas en esta materia.

El desafío, por tanto, es encontrar el equilibrio entre proteger a la infancia frente a las violencias digitales sin vulnerar sus derechos. Porque expulsarles del mundo digital no es una solución proporcionada ni eficaz.

¿Qué hace la ley para protegerlos?

El ordenamiento jurídico español está intentando adaptarse a esta realidad cambiante para proteger a la infancia frente a la violencia digital. Sin embargo, la regulación está llegando tarde.

En 2021 se aprobó una Ley Orgánica de protección integral a la infancia frente a la violencia, con una potente finalidad preventiva, que especifica que el entorno digital debe ser seguro para la infancia. Pone el foco en sensibilizar y capacitar a la infancia, a las familias y a profesionales.

Además, se ha aprobado un Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales que podría constituir un paso importante para impulsar medidas efectivas que protejan los derechos de la infancia. Este texto refuerza la necesidad de formación, modifica algunos delitos del Código Penal y establece obligaciones para que las empresas tecnológicas diseñen sus productos de manera más segura.

Sin embargo, también propone aumentar de los 14 a los 16 años la edad para prestar consentimiento para el tratamiento de datos personales. Esto implicaría aumentar la edad de acceso a redes sociales. En este sentido, sabemos que, aunque actualmente la edad mínima de acceso sea de 14 años, muchos niños y niñas de menor edad están accediendo a contenidos y espacios online que no son adecuados porque no hay mecanismos de verificación de la edad eficaces. ¿Subir la edad de acceso a redes sociales terminará con el problema?

Cuándo acceder y cómo acompañar

Probablemente la cuestión no sea únicamente a qué edad pueden acceder los niños y las niñas a determinados espacios digitales, sino cómo son esos entornos a los que acceden y cómo acompañar ese acceso. Las oportunidades y los riesgos del ecosistema digital varían según la edad y el grado de madurez, por lo que la adquisición de competencias y autonomía debería producirse de forma gradual.

Desde una perspectiva de derechos de la infancia, las medidas que se establezcan deben ser eficaces, necesarias y proporcionadas. Las prohibiciones, por sí solas, no siempre garantizan una mayor seguridad y pueden limitar el ejercicio de derechos humanos.

Por ello, antes de imponer nuevas restricciones conviene evaluar el interés superior de los niños y niñas, así como el impacto y la eficacia real de las medidas que se ponen en marcha. El reto consiste en construir entornos digitales más seguros para la infancia en los que puedan aprender, participar y desarrollarse.

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Laura Barroso Gonzalo trabaja en la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas y es miembro de la Asociación ATZ. Anteriormente, trabajó en Save the Children.

ref. Luces y sombras de la vida digital: el impacto de la violencia ‘online’ en la infancia – https://theconversation.com/luces-y-sombras-de-la-vida-digital-el-impacto-de-la-violencia-online-en-la-infancia-283842

‘Alexa, cuéntame un chiste’: ¿cómo afecta la interacción con la IA a los más pequeños?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Clara Macarena Ponce Romero, Profesora del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidade de Santiago de Compostela

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Los niños tienen una curiosidad innata y a lo largo del día les surgen multitud de dudas: ¿por qué los peces no tienen pelo? ¿Por qué si corto una flor se marchita a los pocos minutos? Su necesidad de entender el mundo y desarrollar el lenguaje y con él sus propias ideas les lleva a ser conversadores inagotables.

Lo habitual es que los principales destinatarios de este afán explicativo sean un padre, una madre o un docente. Sin embargo, en los hogares actuales, desde muy pequeños se pueden dirigir a una interfaz digital como Siri o Alexa. Para muchos niños y niñas, hablar con sistemas de inteligencia artificial empieza a formar parte de su vida cotidiana: piden canciones, hacen preguntas, buscan ayuda para los deberes o, simplemente, conversan.

Definitivamente, la escena ya no resulta extraña. Lo interesante es preguntarse qué ocurre cuando esas interacciones se vuelven habituales. ¿Influyen en la manera en que los niños aprenden a comunicarse? ¿Modifica su lenguaje? ¿Merma sus capacidades cognitivas?

El contexto en la adquisición del lenguaje

Hemos de recordar que aprender a hablar nunca ha consistido solo en aprender palabras. Los niños adquieren el lenguaje en el contexto de las relaciones humanas, construyendo lazos afectivos con el otro. Aprenden a esperar turnos, interpretar silencios, comprender situaciones o entender cuándo alguien está cansado, enfadado o distraído. También descubren que las conversaciones no tienen que ser “perfectas”, pues hay interrupciones, malentendidos y explicaciones improvisadas.

Al contrario que el ser humano, las máquinas funcionan de otra manera. Reflexionemos sobre nuestras interacciones en plataformas como ChatGPT o Gemini. ¿Alguna vez hemos perdido la paciencia interactuando con estos asistentes virtuales? En parte, esto se debe a la propia dinámica de estas interacciones, marcada por una lógica muy distinta a la conversación humana. Si algo caracteriza a estas herramientas es su rapidez al responder y su infinita paciencia para interactuar. Y esto cambia el tipo de experiencia comunicativa.

Cuando la casa también responde

En muchos hogares ya se observa un fenómeno curioso: algunos niños (y también adultos) adaptan su forma de hablar para que los asistentes virtuales los entiendan mejor. Simplifican frases y usan órdenes más directas: “pon dibujos”, “abre YouTube”, “cuéntame un chiste”. Se trata de un lenguaje más instrumental, orientado a obtener resultados inmediatos.

Esto no significa necesariamente que los niños se vuelvan menos educados o menos empáticos, pero sí puede influir en las expectativas que desarrollan sobre la conversación. Las interacciones humanas son más lentas y ambiguas, requieren paciencia, atención y negociación. En cambio, muchos sistemas conversacionales están diseñados para ofrecer respuestas rápidas y fluidas, o incluso para generar una especie de empatía virtual con el usuario.

La cortesía y la IA

En este punto, nos detenemos ante una cuestión aparentemente menor, pero muy reveladora: ¿deberíamos enseñar a los niños a decir “por favor” a Alexa? Más allá de la cortesía hacia una máquina, el debate tiene que ver con los hábitos comunicativos que interiorizan los menores cuando interactúan cada día con tecnologías que siempre obedecen. Ahí surge una pregunta de fondo que familias y educadores deberían plantearse: ¿qué idea de “conversar” están construyendo los niños en este contexto?

Junto a estas dudas, conviene no perder de vista las oportunidades que ofrecen estos sistemas. Muchos niños se sienten más libres para preguntar cuando no temen ser juzgados. Un asistente conversacional puede repetir una explicación tantas veces como sea necesario, ajustar el nivel de dificultad o servir de apoyo en el aprendizaje de idiomas o conceptos nuevos.




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Estas herramientas funcionan como un espacio seguro de ensayo y error sin la presión social que a veces acompaña a la interacción. Y no solo ocurre en la infancia. Todos hemos recurrido en algún momento a la inteligencia artificial para resolver preguntas cotidianas que quizá no habríamos formulado en voz alta: desde “Alexa, ¿cómo puedo recuperar mi contraseña?” hasta dudas más embarazosas que preferimos no comentar.

Responder no es comprender

Definitivamente, los sistemas actuales generan respuestas convincentes, pero no entienden el mundo como lo hace una persona. No tienen experiencias, emociones ni intención propia, aunque a veces lo parezca. Y los niños pequeños (al igual que los adultos) tienden a atribuir rasgos humanos a aquello que interactúa con ellos. Si algo conversa, es fácil asumir que también “entiende” o “sabe”.

Sin embargo, en una conversación humana hay mucha información “que no se dice”. Un adulto detecta cuándo un niño formula una pregunta por curiosidad, por miedo o simplemente porque necesita atención. Esta dimensión pragmática (gestos, tono, mirada, sentidos) es crucial para el desarrollo de los más pequeños, y es difícil de replicar en una máquina, que puede ofrecer una respuesta correcta sin captar nada de eso.




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Cambio del entorno comunicativo

Cuando niños y niñas crecen rodeados de un tipo de intercambio lingüístico particular, una conversación que responde rápido y que obedece a toda petición, la inteligencia artificial modela hábitos, expectativas y formas de interacción. Esto puede hacer que los niños y niñas esperen que las respuestas sean siempre rápidas, claras y sin dificultad, como si toda conversación tuviera que resolverse al momento.

El papel de las familias y los adultos que conviven con los más pequeños se vuelve crucial, porque son quienes median en el uso cotidiano de estas herramientas, tanto en el hogar como en la escuela, quienes interpretan sus límites y quienes ayudan a encajar estas nuevas formas de conversación dentro del aprendizaje general.

Entender qué nos diferencia de las máquinas

Que un niño pequeño hable con Alexa y le pida que responda preguntas o le cuente un chiste no tiene por qué ser perjudicial para su desarrollo del lenguaje. Pero sí conviene acompañar esos diálogos para que entienda que está ante una máquina que responde, no ante una persona.

Debemos enseñar a los niños y niñas qué nos diferencia de las máquinas, cómo debemos interactuar con ellas y con qué fines está bien usarlas, acompañando esas interacciones en el día a día, comentando lo que ocurre en ellas y ayudándoles a interpretar sus límites.

Porque pueden ser útiles como apoyo, pero en ningún caso deben sustituir el habla entre iguales, que sigue siendo el núcleo de nuestra forma de estar en el mundo.

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Clara Macarena Ponce Romero forma parte del grupo Koiné de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente, participa en el proyecto financiado por FEDER / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – Agencia Estatal de Investigación, Corpus y densidad de datos. Versión robusta del ‘corpus Koiné’ de habla infantil (PID2024-158897NB-100).

ref. ‘Alexa, cuéntame un chiste’: ¿cómo afecta la interacción con la IA a los más pequeños? – https://theconversation.com/alexa-cuentame-un-chiste-como-afecta-la-interaccion-con-la-ia-a-los-mas-pequenos-282827

El derecho a la salud existe, pero lo ejercemos poco

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carmen da Casa Pérez, Profesor doctor Permanente Laboral, Universidad Pontificia de Salamanca

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Solemos darnos cuenta de la importancia de la salud cuando nos falla. Lo mismo nos pasa con los derechos fundamentales: solo se echan de menos cuando no está garantizado su acceso, y el derecho a la salud es uno de ellos.

¿Qué pasaría si la ciudadanía fuera consciente de (y ejerciera) su derecho al bienestar físico, mental y social de las personas? Desde nuestro punto de vista reduciría, a largo plazo, los costes derivados de un uso inadecuado de la sanidad.

Derecho a participar en las decisiones que afectan a la propia vida

El derecho a la salud no se reduce a la atención médico-sanitaria. La Organización Mundial de la Salud plantea libertades relacionadas con la autodeterminación de las personas sobre su salud y su cuerpo, y dimensiones esenciales del derecho a la salud como el derecho a una alimentación adecuada o el derecho a participar en las decisiones que afectan a la propia vida.

Las desigualdades económicas, territoriales o administrativas que dificultan el acceso a una alimentación suficiente, segura, culturalmente adecuada y sostenible, generan brechas de salud evitables. Reconocerlo implica asumir que la salud no depende solo de decisiones individuales, sino de condiciones sociales que deben garantizarse colectivamente.

Para esto último, el derecho a la comunicación es fundamental. Al fin y al cabo, las condiciones que permiten comunicarse, comprender información y recibir apoyo son imprescindibles para ejercer la autonomía, entender los tratamientos y relacionarse con los sistemas sanitarios.

Lejos de ser añadidos o periféricos, estos derechos forman parte intrínseca del derecho a la salud porque condicionan, posibilitan y sostienen la vida en condiciones de dignidad.




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Alfabetización en salud

La alfabetización en salud nos permite comprender mejor qué sucede en nuestros cuerpos y saber plantear preguntas acerca de su funcionamiento, además de entender los tratamientos, tomar decisiones informadas o hacer un buen uso de los sistemas sanitarios. Por otro lado, la alfabetización ayuda a adquirir hábitos saludables a largo plazo, con repercusiones claras sobre el bienestar físico y mental de la población.

La prevención está también íntimamente ligada a la alfabetización y, en este sentido, las nuevas tecnologías pueden impulsar exponencialmente el fomento de la salud. Quien más quien menos ha buscado en internet información sobre los síntomas o el significado de términos y siglas que aparecen en nuestros informes médicos, antes incluso de preguntar a profesionales sanitarios, pese a saber que la respuesta puede ser cuestionable.




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Peregrinaje entre especialistas

Para contrarrestar esta tendencia vale la pena promover una adecuada comunicación transdisciplinar, que facilite el cuidado de las personas y la confianza de estas hacia los sistemas sanitarios. El trabajo en red de los profesionales sanitarios podría garantizar una atención integral y evitar el “peregrinaje” entre especialistas, que con frecuencia genera frustración y abandono en quienes necesitan atención.

También es necesario visibilizar las barreras estructurales que dificultan el acceso a servicios de salud especializados, como la logopedia, la fisioterapia o la nutrición clínica. Se ha demostrado que nuestro código postal determina el acceso a profesionales (esto suele tener que ver a su vez con las barreras económicas). Por otra parte, la burocracia y el capacitismo institucional dan lugar a una fragmentación que genera brechas persistentes entre los sistemas educativos, sanitarios y sociales.

Todos estos problemas se podrían solventar con iniciativas de movilización social que fomenten la salud comunitaria en los barrios. Existen multitud de ejemplos como el “Plan comunitario de salud de Teis”, “Salubrízate” en Galicia o la iniciativa “Garrido Cuida” en Salamanca.

Garantizar el derecho a la salud implica asumir que el bienestar de una comunidad no se construye solo desde los hospitales, sino desde la educación, la accesibilidad, la alimentación, la comunicación y el trabajo coordinado entre profesionales y ciudadanía. Avanzar hacia sistemas más justos exige reconocer esta complejidad y apostar por modelos que pongan a las personas en el centro. Solo así podremos fortalecer comunidades que se cuidan, se acompañan, conocen y defienden sus propios derechos.

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Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. El derecho a la salud existe, pero lo ejercemos poco – https://theconversation.com/el-derecho-a-la-salud-existe-pero-lo-ejercemos-poco-274883

El BCE sube los tipos al 2,25 % para combatir la inflación sin estrangular el crecimiento

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Matilde Mas, Catedrática de Análisis Económico, Universitat de València

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La reciente decisión del Banco Central Europeo (BCE) de elevar los tipos de interés del 2 al 2,25 % ha reabierto un debate recurrente en política económica: hasta qué punto es eficaz la política monetaria cuando la inflación no surge de un exceso de demanda sino de un shock de oferta.

En este caso, el cierre del estrecho de Ormuz estranguló la oferta de petróleo y sus derivados, alterando sus precios y generando incertidumbre en los mercados globales. Y, aunque Estados Unidos e Irán acaban de alcanzar un acuerdo para firmar la paz que permite pensar en la regularización del paso por el Estrecho, pasará tiempo antes de que se regularice la extracción, producción y distribución de productos hidrocarburíferos provenientes de los países del golfo Pérsico.

Estamos ante un ‘shock’ de oferta

El BCE tiene un mandato claro de estabilidad de precios, y una inflación persistente por encima del objetivo del 2% puede poner en riesgo su credibilidad. Cuando el origen del problema está en el encarecimiento de la energía o de otras materias primas, la subida de tipos no corrige la causa, pero sí puede limitar su propagación al conjunto de la economía.

El riesgo es que una política monetaria demasiado restrictiva reduzca la inflación al coste de una desaceleración económica más intensa de lo necesario.




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La lógica de la medida es conocida: un aumento de los tipos encarece el crédito, reduce el consumo y la inversión, y, con ello, modera la demanda agregada. Menor demanda implica menor capacidad de las empresas para trasladar los aumentos de costes a los precios finales, lo que ayuda a contener la inflación.

Este instrumento se diseñó, principalmente, para combatir la inflación de
demanda. Cuando el detonante es un shock energético o una interrupción de
las cadenas de suministro, subir los tipos no elimina la causa del shock, pero sí
puede reducir la intensidad y duración de sus efectos sobre los precios

Los defensores de la subida de tipos argumentan que el BCE no puede permanecer pasivo ante un repunte inflacionario. La historia económica muestra que las autoridades monetarias que reaccionan tarde corren el riesgo de permitir que un shock temporal se convierta en inflación persistente.

El principal peligro no es el aumento inicial de los precios energéticos, sino los
llamados efectos de segunda ronda: trabajadores que exigen mayores salarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo y empresas que ajustan precios para proteger márgenes. Una vez iniciado ese proceso, la inflación puede volverse más difícil de controlar.

Reducir las expectativas

La subida de tipos no responde solo al shock de costes, sino también a la necesidad de evitar que hogares y empresas incorporen tasas elevadas de inflación a sus expectativas. Y aquí entra un elemento clave: las expectativas.

Los mercados financieros no reaccionan únicamente a los tipos actuales, sino a los tipos futuros esperados. El valor del euro frente al dólar depende menos del nivel presente de los tipos que de su trayectoria futura. Una subida de tipos puede incluso debilitar una moneda si los inversores la consideran insuficiente frente a lo esperado.

En cambio, un movimiento más agresivo de lo anticipado puede fortalecerla. Por tanto, aunque el BCE no aumente la oferta física de energía, el fortalecimiento del euro sí puede reducir parcialmente el precio en euros de los bienes importados, aunque su impacto será seguramente limitado.

En la práctica, la política monetaria moderna es tanto gestión de expectativas
como gestión de tipos. Las ruedas de prensa, los mensajes del banco central y
la orientación futura
(forward guidance) pueden tener tanto impacto como la propia decisión de tipos. Sin embargo, reconocer el papel de las expectativas no elimina el dilema de fondo.

Amortiguar el efecto

Ante un shock de oferta, existen otras herramientas que pueden complementar parcialmente la política monetaria. Por ejemplo, políticas energéticas como diversificar proveedores, aumentar reservas estratégicas o acelerar inversiones en infraestructuras pueden actuar sobre la raíz del problema. También las ayudas focalizadas a hogares vulnerables pueden amortiguar el impacto social sin estimular en exceso la demanda.

Otra opción son los pactos de rentas, que buscan repartir el coste del shock entre trabajadores, empresas y administraciones públicas, evitando una espiral salarios-precios. Aunque políticamente complejos, pueden ser más eficaces que depender exclusivamente de los tipos de interés.

Asimismo, las reformas que aumentan la capacidad productiva –más competencia, menos fricciones regulatorias, inversión en infraestructuras– ayudan a reducir cuellos de botella y a mejorar la resiliencia frente a futuros shocks de oferta.

El problema es que estas medidas suelen ser lentas. La política monetaria, en cambio, puede aplicarse con rapidez y dispone de mecanismos institucionales ya establecidos.

Menor poder adquisitivo

El verdadero debate no enfrenta a quienes quieren combatir la inflación y quienes priorizan el crecimiento. La cuestión es cómo gestionar un shock externo que, inevitablemente, reduce el poder adquisitivo real de la economía.

Cuando sube el precio de la energía, ese coste debe ser absorbido por alguien:
consumidores, empresas o el sector público. Ninguna política puede eliminar
esa realidad.




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En este contexto, la actuación del BCE puede interpretarse como un intento de
preservar su credibilidad antiinflacionaria y evitar que una perturbación temporal
se convierta en inflación persistente.

Pero también implica aceptar el riesgo de enfriar una economía europea ya débil. Cuando la inflación nace de una escasez real y no de un exceso de gasto, los bancos centrales pueden contener sus consecuencias, pero difícilmente eliminar su causa.

The Conversation

Matilde Mas no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. El BCE sube los tipos al 2,25 % para combatir la inflación sin estrangular el crecimiento – https://theconversation.com/el-bce-sube-los-tipos-al-2-25-para-combatir-la-inflacion-sin-estrangular-el-crecimiento-285181

¿Por qué están agotados los docentes?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Esperanza Bausela, Titular de Universidad de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad Pública de Navarra

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Falta de tiempo y de recursos, cambios normativos, problemas de disciplina y convivencia en las aulas, necesidades de aprendizajes muy diversas y burocracia en la rendición de cuentas. Esta acumulación de factores –profesionales, emocionales y organizativos– está en el centro de las protestas que han protagonizado maestros y docentes de diferentes puntos de España en los últimos meses.

¿De dónde parte este hartazgo? Los datos del informe sobre la situación de la profesión docente, recientemente publicado por la OCDE, ahondan en esta realidad. En este informe se entrevista a docentes y responsables de dirección de 55 países de diferentes etapas educativas: infantil, primaria y secundaria.

Los resultados obtenidos nos permiten identificar al menos cuatro grandes factores que ayudan a comprender por qué tantos docentes manifiestan niveles elevados de estrés y un gran desgaste profesional.

Diversidad de necesidades de aprendizaje

En todos los niveles educativos, el profesorado trabaja de forma habitual en aulas con una elevada diversidad de estudiantes que abarcan desde dificultades de aprendizaje como la dislexia o el trastorno por déficit de atención, a diferentes presentaciones del trastorno del espectro autista o necesidades especiales de apoyo educativo.

La complejidad, diversidad y heterogeneidad de estas aulas incrementa la carga emocional y organizativa del profesorado es una realidad para la que no siempre tiene conocimientos, ni competencias, ni recursos, ni tampoco tiempo para abordar.

En el caso de España, en educación secundaria obligatoria (ESO), solamente el 0.6 % del profesorado declara no tener alumnado con necesidades diversas; el 67.5 % tiene diversidad académica en el aula (diferentes dificultades o necesidades de adaptación curricular); y el 77.8 % informa de necesidades conductuales, lingüísticas o de educación especial.

Esto sitúa a España ligeramente por debajo del promedio TALIS en diversidad académica, pero por encima en necesidades conductuales, lingüísticas o de educación especial.




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Sobrecarga de cambios sin tiempo

Los docentes experimentan una fuerte “fatiga por el cambio”. Muchos profesores se sienten cansados ante las continuas reformas e iniciativas que deben implementar en sus centros educativos. El estrés aumenta especialmente cuando los docentes perciben que esos cambios se exigen sin proporcionar los recursos necesarios. Y es que, con demasiada frecuencia, las nuevas demandas curriculares, tecnológicas o administrativas suelen llegar sin formación, apoyo ni tiempo para su conocimiento y aplicación.

Un ejemplo fue la reciente implantación de la evaluación por competencias con la LOMLOE. Su puesta en marcha aumentó la carga administrativa del profesorado, que tuvo que elaborar nuevas rúbricas y registros de evaluación sin disponer de más recursos ni tiempo. Y todo ello sin reconocimiento institucional y social.




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Sobrecarga de trabajo administrativo

Continuando con el análisis del informe, el exceso de trabajo administrativo es la principal fuente de estrés para el profesorado. Destacan Australia (con un 69 % de los docentes con esta sensación), Bélgica (70.3 %), Costa Rica (65.2 %) y Japón (62.8 %). España se encuentra en valores próximos a los países mencionados (64.3 %).

En cuanto al estrés por corrección de tareas y exámenes, España, con un 53.5 % de docentes que reportan sentirlo, está por encima de Australia (49.7 %), Bélgica (46.6 %), Costa Rica (53 %) y Japón (36,6 %).

Fuentes de estrés (corrección de tareas frente a tareas administrativas.
Elaboración propia partiendo de datos TALIS 2024, OCDE.

Estos datos evidencian que la burocracia escolar constituye una preocupación ampliamente compartida entre los docentes de diferentes países.




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Necesidad de formación profesional docente

Los propios docentes reconocen que tienen importantes lagunas en áreas muy complejas y emergentes para el desarrollo de su actividad profesional que su formación no cubre, ni al inicio de su carrera ni a través de la formacion continua.

Las mayores necesidades se concentran en el uso de la inteligencia artificial, herramientas digitales, atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, gestión del comportamiento en el aula y apoyo socioemocional a estudiantes.

Necesidades docentes en España en Educación Secundaria Obligatoria.
Elaboración propia partiendo de datos TALIS 2024, OCDE.

La autoeficacia, es decir, la percepción que tiene cada profesional de su capacidad y sus aptitudes, también es una fuente de estrés para muchos docentes. Los docentes que perciben menor autoeficacia tienden a experimentar más estrés relacionado con la gestión y la disciplina en el aula, la relación con las familias y el bienestar socioemocional del alumnado.




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Mejores condiciones para enseñar

El agotamiento docente surge de la interacción de múltiples variables que hacen que las aulas sean cada vez más complejas: reformas constantes, sobrecarga laboral, demandas crecientes en el ámbito de las emociones y una necesidad constante de actualización y formación profesional.

Detrás de cada aula hay docentes que intentan responder a necesidades cada vez más complejas, plurales y diversas. Por ello, mejorar la educación no sólo es pedir más al profesorado sino ofrecer mejores condiciones para enseñar: ratios más reducidas, apoyos más especializados y menos carga burocrática.

Que son, precisamente, las reivindicaciones que actualmente mueven a movilizarse a docentes de diferentes comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana y Cataluña.

The Conversation

Esperanza Bausela no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Por qué están agotados los docentes? – https://theconversation.com/por-que-estan-agotados-los-docentes-283194

La situation géopolitique de l’Union européenne, entre vulnérabilité et robustesse

Source: The Conversation – France in French (3) – By Sylvain Kahn, Professeur agrégé d’histoire, docteur en géographie, européaniste au Centre d’histoire de Sciences Po, Sciences Po

Le discours de Pete Hegseth en Normandie illustre la rupture stratégique entre les États-Unis de Donald Trump et l’Union européenne, sommée d’assurer seule sa défense face aux défis sécuritaires contemporains. Devant les pressions russes, chinoises et désormais américaines, l’UE développe progressivement des instruments financiers, industriels, commerciaux et militaires destinés à renforcer son autonomie.


Venu en Normandie, le 6 juin dernier, pour les commémorations du 82e anniversaire du Débarquement, Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre des États-Unis (dénommé ainsi depuis que Donald Trump a décidé de donner ce nom au secrétariat à la défense en septembre 2025), s’est notamment rendu à Colleville-sur-Mer, dans le Calvados. Après s’être recueilli face aux 9 387 croix blanches du cimetière de soldats américains tombés sur la plage d’Omaha Beach, il y a prononcé un discours parfaitement cohérent avec la Stratégie nationale de sécurité américaine publiée en novembre 2025.

Citant les arrivées de navires et de migrants sur les côtes espagnoles, italiennes, grecques et bulgares, Hegseth a affirmé que l’Europe se trouvait sous la menace des flux migratoires, qualifiés d’« invasion », s’est interrogé sur la capacité de réaction des États membres de l’UE face à ce « débarquement d’un nouveau type » et s’est demandé s’il n’était pas déjà trop tard.

Refusant de participer à la célébration internationale officielle, il a admonesté les Européens : renforcez rapidement votre autonomie militaire, et ne comptez plus sur les États-Unis pour vous défendre, a-t-il dit en substance.

Cette séquence aura fourni une confirmation supplémentaire de la nouvelle politique européenne des États-Unis martelée par l’administration Trump depuis février 2025 – y compris par Hegseth lui-même à Bruxelles moins de trois semaines après l’entrée en fonction de celle-ci le 20 janvier. Du point de vue de son tableau géopolitique d’ensemble, l’Union européenne fait face depuis seize mois à une situation singulièrement inédite, qui la rend vulnérable. Pour y répondre, est-elle en train d’inventer une forme de réponse singulière, qui serait la robustesse ?

L’inventaire des moyens : une capacité de passage à l’acte

L’UE a déjà commencé à démontrer une aptitude inattendue à agir concrètement face à des chocs imprévus et inédits. Dans le domaine financier et budgétaire, la création du plan de relance NextGenerationEU dans la foulée du Covid et des confinements en 2020, a posé les bases d’un « proto-Trésor européen », permettant de financer nos biens publics par l’emprunt commun.

En parallèle, le volet économique et commercial s’est musclé avec l’Instrument anti-coercition (ACI) – qui permet de sanctionner des entreprises, ou des États, ou d’instaurer rapidement des droits de douane exceptionnels, et qui a été conçu pour répliquer aux chantages commerciaux, notamment de la République populaire de Chine – tandis que le Chips Act et le Net-Zero Industry Act visent la souveraineté technologique, notamment en cherchant à raffiner en Europe 40 % des métaux rares nécessaires à notre industrie.

Avec l’invasion de l’Ukraine à grande échelle par la Russie lancée en 2022, le défi le plus important demeure celui de la défense, où l’objectif est désormais l’« autosuffisance militaire ». Si l’Europe a réalisé qu’elle produisait déjà plus de munitions que les États-Unis, elle doit encore briser le « corporatisme nationaliste » de ses industries ; c’est pourquoi l’UE a mis au point des leviers nommés Règlement relatif au soutien à la production de munitions (ASAP) ou Stratégie industrielle européenne de défense (EDIS) de façon à encourager la volonté de bâtir progressivement une base industrielle et technologique de défense (Bitd) européenne, c’est-à-dire une industrie de défense européenne et un marché de l’armement européen. Ces instruments sont les prémisses d’une authentique politique industrielle de défense européenne.

Cette dynamique de nouvelles réponses aux défis des politiques impérialistes ne s’arrête pas aux frontières de l’UE : elle s’inscrit dans un vaste « système territorial européen » incluant le Royaume-Uni, la Norvège ou encore les pays candidats à l’adhésion y compris la Turquie, qui est en union douanière avec l’UE.

Dans un monde de rivalités, l’UE a intérêt à coaliser des « puissances moyennes » pour protéger l’interdépendance contre les prédations. En 2026, le premier ministre canadien Mark Carney a appelé explicitement, à Davos, à la mise en réseau de ces États pour peser ensemble (commerce, normes, sécurité économique). D’une certaine façon, Mark Carney propose d’étendre bien au-delà du petit territoire européen (ce cap… écrivait Paul Valéry) la boîte à outils, le bricolage et l’assemblage que mettent en œuvre, sans tambour ni trompette ni fierté particulière, les Européens depuis trois générations.

Vue sous cet angle, la Communauté politique européenne révèle au grand jour l’existence d’un système territorial européen (l’expression est de Pascal Orcier) que polarise et anime l’UE : l’UE et tous ses associés, de la Turquie (union douanière) au Canada (Ceta), en passant par l’Espace économique européen, Schengen, le Voisinage, le Royaume-Uni (accord de commerce et de coopération) et les Candidats.

La doctrine : de la puissance normative à la robustesse

Cette réactivité s’appuie sur une nature politique unique : l’UE est une « étaticité multiterritoriale ». Depuis 1950, elle s’est construite en substituant le droit à la force, privilégiant ce que Zaki Laïdi nomme la « puissance par la norme• ». Par l’« effet Bruxelles », elle impose ses standards (IA, environnement, RGPD) au reste du monde car l’accès à son marché demeure vital. Depuis 1950, l’Europe s’est construite contre l’esprit de puissance classique qui avait mené au suicide du continent. L’UE ne cherche pas de la puissance par la coercition, mais par la régulation et l’interdépendance.

Cependant, dans le contexte actuel, la simple régulation ne suffit plus ; il faut y ajouter la robustesse. La robustesse est la faculté d’un système à absorber des chocs extérieurs et à préserver son autonomie sans trahir son identité juridique. Cela implique de passer d’une dépendance subie à une « vulnérabilité choisie » (Mathilde Lemoine, économiste) grâce à la diversification des partenariats. L’Europe ne cherche pas la coercition classique du XXᵉ siècle, mais une capacité à rester libre et autonome dans un environnement hostile.

Une réponse directe à la fin de l’atlantisme et la « triple coercition »

Nous devons d’abord poser un diagnostic lucide sur notre environnement. Ce besoin de robustesse est la réponse directe à un environnement marqué par une « triple coercition » :russe, chinoise et, c’est la nouveauté radicale de 2025, américaine.

L’impérialisme russe. Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, la Russie s’est affirmée comme un « État mafieux » qui érige la violence en principe de gouvernement. Elle conteste vitalement le modèle européen fondé sur le droit et le pluralisme. Tandis que la Russie occupe l’est de l’Ukraine et bombarde chaque jour les villes et les civils qui sont à l’arrière du front, les Européens les soutiennent financièrement, par l’envoi d’armes et par l’accueil de réfugiés. Rappelons que l’UE partage près de 2 300 kilomètres de frontières avec la Russie, et près de 1 300 kilomètres avec l’Ukraine.

La rivalité chinoise. La République populaire de Chine est désormais un « rival systémique » (selon la doctrine de l’UE publiée en 2019 par Jean-Claude Juncker, alors président de la Commission européenne), c’est-à-dire non seulement économique, mais aussi idéologique à l’échelle du système international et de l’espace mondial. Elle utilise des pratiques de concurrence déloyale pour évincer l’Europe des relations avec le Sud global et pour créer des dépendances critiques, menaçant des pans entiers de notre industrie, comme l’automobile.

Enfin, le choc le plus perturbant est celui du « trumpisme 2 », qui marque le décès de l’atlantisme. Les États-Unis ne nous traitent plus en alliés mais comme des « gisements de ressources ». C’est ce que l’on peut qualifier d’« emprisme » : une forme d’emprise américaine transformant notre interdépendance historique de près d’un siècle en un rapport de force contraignant, où l’accès au renseignement comme aux technologies devient un levier de chantage pour imposer des droits de douane injustifiés, un affaiblissement du soutien à l’Ukraine et des ingérences dans les vies politiques des États membres de l’UE.

Une autonomie pour les Européens

En définitive, alors que les Européens n’aspirent pas à devenir une puissance guerrière capable d’agressions et d’occupations, leur singularité est de chercher à construire une autonomie praticable.

L’UE pourrait s’affirmer comme une « puissance d’architecture » : elle stabilise le monde en codifiant l’interdépendance par le droit et en armant son marché commun contre la coercition. Cette transformation de la puissance normative en autonomie robuste doit désormais s’accélérer pour faire face aux politiques russe, chinoise et américaine de type impérialiste.

In fine, la viabilité de ces outils dépendra de la mobilisation des citoyens eux-mêmes ; car la robustesse de l’État des Européens est, avant tout, entre leurs mains.

The Conversation

Sylvain Kahn ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. La situation géopolitique de l’Union européenne, entre vulnérabilité et robustesse – https://theconversation.com/la-situation-geopolitique-de-lunion-europeenne-entre-vulnerabilite-et-robustesse-285082

Le contrôle des voies maritimes : de l’Arctique à Ormuz, les nouveaux leviers de la puissance

Source: The Conversation – France in French (3) – By Xavier Carpentier-Tanguy, Indopacifique, Géopolitique des mondes marins, réseaux et acteurs de l’influence, diplomatie publique, Sciences Po

L’Otan renforce sa présence dans le Grand Nord et Moscou ressort le projet de tunnel sous le détroit de Béring. Mais la vraie bataille du Nord, et au-delà, porte sur le contrôle des flux.


Le 6 juin 2026, des forces terrestres de l’Otan ont commencé à se déployer en Finlande et en Suède, pour tenir le flanc nord-est de l’Alliance et sécuriser l’Arctique face à l’activité militaire russe et à l’intérêt grandissant de la Chine.

La région, a résumé le commandant suprême allié en Europe, est « l’une des zones les plus importantes sur le plan stratégique ». On raisonne ici en territoires et en flancs, selon une carte où sont disposées des troupes, à une certaine distance de frontières et suivant ce qui est nommé une posture.

La même semaine, à l’autre bout du même Grand Nord, Moscou ressortait un tout autre objet. En marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg, un proche du Kremlin annonçait que le tunnel sous le détroit de Béring, qui relierait la Russie à l’Alaska – rebaptisé « tunnel Poutine-Trump » – pourrait être conçu d’ici à la fin de l’année. Le projet court depuis les tsars : un serpent de mer qui resurgit tous les vingt ans, entre deux des littoraux les plus vides de la planète. Et s’il fait la une des journaux, c’est qu’il est taillé pour cela, aidant à la circulation d’un récit bien plus que des flux auxquels sont normalement destinés les tunnels.

De fait, ni les troupes du flanc finlandais, ni le tunnel rêvé ne disent où se joue vraiment la puissance dans le Nord.

Le vrai verrou : la route du Nord

La vraie prise sur le Nord porte sur l’ensemble de tout ce qui transite, de tout ce qui est convoyé sous différentes formes (les flux de marchandises, d’équipement, de pétrole ou de gaz, etc.). Béring dessine l’entrée orientale de la route maritime du Nord, que la Russie referme méthodiquement, sans un coup de canon. Elle invoque l’article 234 du droit de la mer — prévu pour les zones prises par les glaces  – pour réglementer la navigation dans sa zone économique. Détenant le quasi-monopole des brise-glaces nucléaires, seul sésame d’un passage où nul ne s’aventure sans escorte, elle refuse de confier cette escorte aux brise-glaces chinois.

Comme l’a montré le géographe Frédéric Lasserre, spécialiste des routes arctiques, la liberté de navigation y est de fait effacée. L’océan Arctique devient une mer fermée – un mare clausum – reconstituée non par la puissance ou la crainte du canon, mais par le droit, la glace et l’escorte.

Qui tient le flux ?

La question, ici n’est donc plus « à qui appartient un détroit, un espace géographique contraint ? », mais « qui tient le flux qui le traverse, et par quel levier ? » C’est ce que j’appelle la rhéopolitique, un concept que je développe dans mes analyses : contrôler les flux plutôt que les territoires – les régler, les moduler, les interrompre.

On tient un flux par le canon : à Bab el-Mandeb, drones et missiles ont suffi à dérouter une partie du commerce mondial par le cap de Bonne-Espérance. Par le tarif : douane, sanction, et jusqu’au péage – depuis la fermeture de fait d’Ormuz, fin février 2026, Téhéran conditionne le passage par ses eaux à une redevance versée aux gardiens de la révolution, selon la publication de référence du transport maritime mondial, Lloyd’s List a surnommée le « péage de Téhéran ». Ou par un levier plus discret encore, la prime. Les assureurs ayant classé le Golfe en zone de guerre, les primes se sont envolées ; le détroit, resté ouvert en droit, devenait impraticable en fait. Et pour rétablir un trafic, ce ne fut pas une marine de guerre, mais un montage assurantiel – la prime, non la canonnière – qui rouvrit la voie et décida des navires admis. Le canon s’alignait sur la prime.

De La Rochelle assiégée en 1628 à Ormuz en 2026, j’ai montré ailleurs que les détroits se ferment moins par la bataille que par le contrôle des flux.

Un même opérateur, deux détroits

C’est pourquoi, sur les rives d’Ormuz comme aux deux entrées du canal de Panama, il est significatif d’observer la même signature sur les portiques : le conglomérat hongkongais CK Hutchison, présent dans des dizaines de terminaux à travers le monde – véritables structures du commerce mondial que le grand public ne connaît pas.

Deux épisodes récents, deux formes de contrainte. À Panama, sous la pression de Washington, l’opérateur s’est vu contester la propriété même de ses concessions : un consortium mené par BlackRock a négocié le rachat, la concession historique a été remise en cause et depuis l’affaire se joue désormais en arbitrage — le tout sans un coup de feu. À Ormuz, nul n’a disputé la propriété des terminaux ; c’est le flux qui les irriguait qui s’est tari. Un même acteur, deux détroits : ici la maîtrise du lieu, là celle de la circulation. D’un côté, une géographie des lieux, héritée des atlas ; de l’autre une géographie des liens, celle des flux qui relient les territoires au monde.

Reste le plus troublant : si l’opérateur peut être observé, lui, à qui obéit-il ? Depuis la loi de sécurité nationale de 2020, l’autonomie des groupes hongkongais à l’égard de Pékin n’est plus certaine – et c’est d’ailleurs Pékin qui a d’abord bloqué la vente. Le pavillon d’un navire dit de moins en moins qui le possède ; la nationalité d’un opérateur, de moins en moins à qui il répond.

Voir avant de défendre

À ces portes, le levier décisif n’est tenu ni par un État, ni par une marine, mais par un assureur, un opérateur de terminaux, un gestionnaire d’actifs – un pouvoir exercé sans vote, et souvent sans visibilité. Il ne s’agit ni de prôner le repli, ni de rêver d’une renationalisation des passages, vaine dans une économie de flux. Il s’agit de regarder en face ce que nous avons cessé de cartographier : des contrats, des concessions, des polices, des chaînes d’allégeance.

Savoir penser la puissance aujourd’hui est, pour Luis Vassy, qui dirige Sciences Po, « un défi intellectuel de notre temps ». À l’aune de ce que montrent les détroits, la réponse est nette : la puissance se lit désormais autant dans les flux que dans les territoires. Le déploiement de l’Otan dans le Grand Nord et le tunnel rêvé de Béring relèvent du même réflexe : penser en flancs et en annonces. Pendant ce temps, le long de la route du Nord, à Ormuz ou à Panama, des flux bien réels changent de main, discrètement. On ne défend pas ce que l’on ne sait plus voir.

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Xavier Carpentier-Tanguy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Le contrôle des voies maritimes : de l’Arctique à Ormuz, les nouveaux leviers de la puissance – https://theconversation.com/le-controle-des-voies-maritimes-de-larctique-a-ormuz-les-nouveaux-leviers-de-la-puissance-284789

Les maisons de santé pluriprofessionnelles : un modèle gagnant pour patients, soignants et systèmes de santé

Source: The Conversation – France in French (3) – By Morgane Angibaud, Pharmacien d’officine & Maitre de conférence associé à l’UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Nantes Université

Avec un objectif fixé à 4 000 établissements d’ici 2027, les maisons de santé, qui regroupent médecins généralistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmier·ères, pharmacien·nes et autres professionnel·les de santé, montent en puissance. Elles sont présentées comme l’une des solutions pour améliorer l’accès aux soins de toutes et tous, en particulier pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Mais ont-elles fait leurs preuves ?


Les maisons de santé pluriprofessionnelles sont des lieux de soins de plus en plus visibles. Soutenues par les pouvoirs publics, elles apparaissent comme une solution aux nouveaux défis de notre système de santé.

Mais quels sont leurs effets documentés sur les patients, les soignants et l’organisation des soins ?

Une réponse à la fragmentation des soins

Les systèmes de santé sont confrontés à de multiples défis : vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, pénurie de soignants et accentuation des inégalités sociales de santé. Ces évolutions rendent la prise en charge plus complexe et peuvent entraîner des actes redondants, des informations parfois contradictoires entre soignants, une baisse de la qualité des soins, mais aussi une augmentation des coûts.

C’est dans ce contexte que se développent des formes d’organisation fondées sur la coordination. En France, les maisons de santé constituées entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens, créées en 2007, en sont l’un des principaux exemples.

Fin 2023, elles regroupaient 2 501 équipes, plus de 32 000 soignants, et elles accueillaient près de 8,9 millions de patients.

Une organisation plus qu’un lieu

Au sein de ces maisons de santé pluriprofessionnelles, se trouvent des soignants de ville, le plus souvent des médecins généralistes, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pharmaciens. Elles collaborent parfois avec d’autres professionnels comme les psychologues ou d’autres structures de soins telles que les maisons de retraite, les hôpitaux ou les cliniques. Contrairement à une idée répandue, une maison de santé pluriprofessionnelle ne se définit pas par un bâtiment mais sur un projet de santé commun, élaboré et porté par les soignants.

Ce projet structure leur manière de travailler ensemble. Dans la pratique, cette organisation se traduit par des réunions de concertation autour de cas complexes, l’élaboration de plans personnalisés de santé, ou encore la mise en place de protocoles de délégation de tâches entre soignants. Ce mode de fonctionnement modifie les pratiques professionnelles. Il transforme le rôle des soignants qui s’inscrit davantage dans une logique de coordination que d’exercice isolé.

Depuis 2016, ces structures s’inscrivent dans le cadre plus large des équipes de soins primaires, connues à l’international sous le terme de primary care teams. Les soins primaires correspondent au premier niveau de contact entre la population et le système de santé. Ils sont assurés par des professionnels, comme les médecins généralistes, infirmier·ères, sages-femmes, pharmacien·nes ou dentistes, travaillant en proximité avec la population. C’est dans cette perspective internationale que s’inscrivent les résultats présentés dans cet article.

Des bénéfices documentés pour certaines maladies chroniques

Les maladies chroniques constituent la principale cause de mortalité dans le monde. Elles sont responsables de 75 % des décès, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé. En France, elles concernent plus d’un cinquième de la population. Leur prise en charge représente un nouveau paradigme pour notre système de santé et demandent des dispositifs qui permettent une prise en charge globale des personnes et, autant que possible, personnalisées.

Le travail en équipe est associé à une amélioration de certains indicateurs de santé, en particulier pour les maladies cardiovasculaires. Il a notamment été démontré que, par rapport à un suivi plus traditionnel, les patients pris en charge par une équipe présentent de meilleurs résultats cliniques : une diminution de la pression artérielle, une diminution de l’hémoglobine glyquée – un indicateur clé dans le diabète-, ainsi qu’une réduction des taux de LDL-cholestérol, communément appelé « mauvais » cholestérol. De plus, une réduction du tabagisme a également été rapportée.

Améliorer aussi la santé et le bien-être des soignants

En 2023, plus de la moitié des soignants déclarent avoir connu un épisode d’épuisement professionnel, avec des niveaux élevés chez les infirmiers et les médecins. Améliorer la santé et le bien-être des soignants est essentiel pour réduire la perte d’attractivité des métiers du soin et améliorer la qualité des soins des patients.

Les maisons de santé pluriprofessionnelles fondent leur organisation sur une répartition plus claire des rôles, une prise de décision collective et des formes de gouvernance moins hiérarchiques. La littérature scientifique suggère que ces évolutions sont associées à une meilleure reconnaissance des compétences de chacun, une satisfaction professionnelle accrue et une diminution du risque d’épuisement professionnel.

Des effets sur l’accès aux soins

L’accès aux soins constitue un problème majeur. Les délais de rendez-vous s’allongent, atteignant en moyenne douze jours pour un médecin généraliste. L’accès aux soins résultent à la fois de facteurs individuels – âge, niveau de ressources, capacité de déplacement – et de facteurs organisationnels comme la présence et les capacités d’accueil des cabinets médicaux.

Les maisons de santé apparaissent alors comme un moyen d’action. Elles participent à l’attractivité des territoires pour les médecins généralistes car elles favorisent une prise en charge plus fluide, ce qui permet de soigner davantage de patients et d’accélérer les délais de prise en charge.

En parallèle, l’hôpital et la médecine spécialisée sont sous forte pression. Les services d’urgence en sont l’exemple le plus parlant : près d’un Français sur deux s’y est déjà rendu pour un problème qui ne relevait pas d’une urgence réelle. Les maisons de santé pourraient répondre à cette problématique en améliorant l’organisation des soins de proximité. Certaines études montrent qu’elles peuvent réduire le recours aux médecins spécialistes, les passages aux urgences ou encore les hospitalisations, même si ces bénéfices ne sont pas retrouvés de manière systématique.

Des avancées sur la qualité des soins

La coordination des soins est souvent présentée comme un levier pour améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins. Des travaux de recherche suggèrent que le travail en équipe pourraient favoriser une meilleure analyse et prise de décision de la part des soignants, ainsi qu’une meilleure conformité aux recommandations, en particulier dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires ou du diabète.

Mais la qualité des soins ne se résume pas à des indicateurs de résultats. Elle passe aussi par l’expérience des patients, c’est-à-dire tout ce qu’une personne vit au fil de son parcours de santé, dans ses échanges avec les soignants comme dans les situations qu’elle traverse.

Aujourd’hui, cette expérience est de plus en plus souvent prise en compte dans l’évaluation des soins. Dans le cas des maisons de santé, des études suggèrent une amélioration, notamment dans la communication entre patients et soignants, mais ces effets restent modestes.

Un impact à confirmer sur le recours aux spécialistes et à l’hospitalisation

Les maisons de santé sont un véritable tournant dans la manière de soigner en passant d’une pratique isolée à un travail d’équipe centré sur le patient.

Les études montrent des bénéfices concrets : un meilleur bien-être des soignants, un meilleur accès aux soins et une prise en charge améliorée des maladies cardiovasculaires. En revanche, leur impact sur le recours aux médecins spécialistes, les hospitalisations ou encore l’expérience des patients reste encore à confirmer.

Ces résultats démontrent que le travail en équipe est efficace. C’est dans cette logique que le gouvernement encourage le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles, avec un objectif de 4 000 structures d’ici 2027. Si elles en sont l’exemple le plus visible, il s’agit plus largement de soutenir toutes les formes d’équipes de soins primaires. D’ailleurs, certaines régions ont déjà investi le sujet en expérimentant de nouvelles formes d’organisation.

Cependant, le travail en équipe des soignants n’est pas une solution miracle. Pour répondre pleinement aux défis du système de santé, d’autres évolutions sont indispensables. L’enjeu est global : améliorer la santé de tous, offrir une meilleure expérience aux patients, préserver les soignants de l’épuisement, maîtriser les dépenses et garantir un accès équitable aux soins.

The Conversation

Morgane Angibaud a reçu des financements de la Direction générale de l’offre de soins (PREPS 2020).

ref. Les maisons de santé pluriprofessionnelles : un modèle gagnant pour patients, soignants et systèmes de santé – https://theconversation.com/les-maisons-de-sante-pluriprofessionnelles-un-modele-gagnant-pour-patients-soignants-et-systemes-de-sante-284858