Category: Academic Reportage

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¿Por qué se equivoca tanto el autocorrector?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Pedro Manuel Moreno-Marcos, Profesor Titular en el Departamento de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Carlos III

Hemos quedado a comer en un restaurante con una amiga. Cuando llegan los primeros platos, interrumpe la conversación para decir: “¿Me pasas la…?” mientras mira hacia un lugar concreto de la mesa. Seguramente no necesitemos más palabras ni gestos para entender que se refiere a la sal y se la pasemos.

Las personas no necesitamos que nuestro interlocutor termine su frase para saber qué es lo que quiere decir. Nuestro conocimiento de la estructura interna de la lengua nos permite anticipar qué palabra utilizará. Además, el contexto de la situación comunicativa nos da información sobre el contenido y las expresiones que dirá nuestro interlocutor.

El autocorrector del teclado del móvil intenta replicar este comportamiento humano a partir de técnicas estadísticas y de procesamiento del lenguaje natural (PLN). Con ello calcula la probabilidad de que una letra, palabra o secuencia aparezca en función de su frecuencia en grandes cantidades de texto utilizadas para entrenar el modelo.

Sobre esa base estadística, el PLN incorpora también el análisis de la estructura y el significado de las palabras, buscando patrones y relaciones entre ellas para generar correcciones más coherentes con el contexto.

¿Por qué, entonces, insiste en sustituir “jobar” por “Jonathan” (si no conozco a ningún Jonathan) o nos hace parecer un tanto excéntricos si afirmamos en un mensaje que hemos presentado una documentación vía “telepática” en lugar de “telemática”?

Combinando reglas y el uso individual

El sistema de procesamiento del lenguaje natural de los autocorrectores que usamos cotidianamente se basa en su diccionario interno, en las reglas sintácticas propias de la lengua y en el historial del usuario. El diccionario interno se construye inicialmente a partir de textos de entrenamiento procedentes de libros, artículos académicos y fuentes en línea, entre otros, que proporcionan un conocimiento general del idioma. A partir de ahí, el sistema combina este aprendizaje previo con reglas lingüísticas predefinidas y con la información que recolecta del historial del usuario. Como resultado, el sistema anticipa la cadena de texto más probable según lo aprendido.

En un principio, estas herramientas aparecieron para asistir a personas con discapacidades físicas, perceptivas o cognitivas en su uso del idioma a través de sistemas informáticos. No obstante, una vez integradas adecuadamente en la interfaz de las aplicaciones, pueden beneficiar a cualquier usuario mejorando la velocidad y el esfuerzo necesario para escribir.

Predecir cómo se escribe no es fácil

La aplicación del teclado del móvil maneja su propio diccionario de palabras y construcciones, en el que pueden no estar contempladas todas las opciones. A partir de la escritura del usuario y de la frecuencia con la que emplea ciertas expresiones, las predicciones se individualizan.

Aun así, sigue siendo un trabajo complejo para el sistema porque no basta con conocer todos los términos posibles. También debe decidir cuál es el más adecuado según el contexto y la intención del usuario. Por ejemplo, el sustantivo “casa” es completamente correcto y aceptado en el habla diaria. Sin embargo, en un proceso oficial o administrativo es más adecuado utilizar “vivienda”.



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Por qué las predicciones ‘fallan’

Puede imaginarse el diccionario del dispositivo como una estructura de árbol en la que ante una entrada de un bloque de texto se abren ciertas posibilidades con diversos grados de frecuencia que se va afinando a medida que la persona escribe. Dentro de las predicciones, algunas pueden estar motivadas por una programación específica del sistema, como evitar el uso de palabras malsonantes, y otra por el aprendizaje explícito, en el que el usuario agrega ciertas expresiones al propio diccionario del dispositivo. Por esta razón, el autocorrector no siempre coincide con lo que el usuario espera en cada momento.

Para optimizar el proceso de escritura, las aplicaciones tienen dos formas principales de incluir las sugerencias: ofrecer una lista de opciones en función de la probabilidad o introducir directamente el término en el texto. En el primer caso, el usuario tiene que analizar las alternativas de manera consciente. En el segundo, el discurso se construye de manera más rápida y orgánica, pero la persona debe eliminar activamente la sugerencia si no es la deseada.



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Aunque en la mayoría de ocasiones el sistema encuentra la palabra requerida, hasta en un 94 % de las veces tendemos a recordar mucho más vívidamente aquellos momentos en los que comete un error grave. Además, según un estudio, solemos experimentar frustración cuando los mismos fallos se repiten de manera sistemática. Sin embargo, esto es normal: el aprendizaje del autocorrector no es inmediato, sino gradual, y funciona de manera probabilística, combinando lo que ya sabe de grandes textos con la información nueva que recoge del historial del usuario.

A pesar de ello, la mayoría de usuarios, tanto de iOS como de Android, afirma que los autocorrectores integrados en el teclado mejoran su eficiencia escribiendo y ayudan a reducir errores. Además, un uso continuado de las herramientas mejora progresivamente su efectividad al ofrecer una experiencia más personalizada.

La competencia léxica es solo humana

Ahora bien, no hemos de olvidar que el diccionario del autocorrector es un almacén de palabras, cuyo funcionamiento se aleja del lexicón mental del usuario humano. Dicho lexicón se construye a partir del establecimiento de redes entre las diferentes unidades léxicas en función de distintos tipos de relaciones (familias léxicas, campos semánticos, cognados, etc.). El autocorrector, por su parte, cuenta con una gran disponibilidad léxica, pero no domina los aspectos relacionados con la forma, el significado y el uso de cada unidad léxica, es decir, carece de la competencia léxica y comunicativa que poseen los hablantes.

A pesar de estas limitaciones, se están desarrollando propuestas que demuestran que es posible mejorar la corrección contextual, como la de PALABRIA-CM-UC3M, que se centra en el fenómeno lingüístico del tú impersonal. Mediante técnicas lingüísticas y modelos de inteligencia artificial que aprenden los patrones y contextos de este fenómeno, el sistema puede identificar y corregir errores que un autocorrector convencional no detectaría.

Aunque pueden continuar aprendiendo nuevos patrones y ampliando su conocimiento para ofrecer correcciones cada vez más acertadas, los autocorrectores no dejan de ser modelos matemáticos que operan a partir de patrones y reglas aprendidas, sin alcanzar la comprensión profunda, flexible y contextual que caracteriza al uso humano de la lengua. Nunca serán infalibles. Ni siquiera lo somos nosotros: a menudo, como en el ejemplo del principio, nuestras predicciones pueden resultar erróneas, y le pasamos la sal a alguien que en realidad quería la jarra de agua.

The Conversation

Pedro Manuel Moreno-Marcos recibe fondos del proyecto PALABRIA-CM-UC3M, financiado por la Comunidad de Madrid a través del convenio-subvención para el fomento y la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología en la Universidad Carlos III de Madrid.

Marina Serrano-Marín recibe fondos del proyecto PALABRIA-CM-UC3M, financiado por la Comunidad de Madrid a través del convenio-subvención para el fomento y la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología en la Universidad Carlos III de Madrid.

Natalia Centeno Alejandre recibe fondos del proyecto PALABRIA-CM-UC3M, financiado por la Comunidad de Madrid a través del convenio-subvención para el fomento y la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología en la Universidad Carlos III de Madrid.

Rafael Fernández Castillejos recibe fondos del proyecto PALABRIA-CM-UC3M, financiado por la Comunidad de Madrid a través del convenio-subvención para el fomento y la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología en la Universidad Carlos III de Madrid.

– ref. ¿Por qué se equivoca tanto el autocorrector? – https://theconversation.com/por-que-se-equivoca-tanto-el-autocorrector-264399

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What the WTO’s deal to curb fisheries subsidies means and what it could achieve

Source: The Conversation – Canada – By Daniel Skerritt, Affiliated Researcher, Fisheries Economics Research Unit, University of British Columbia

After nearly 25 years of negotiations, the World Trade Organization (WTO) finally has its first legally binding agreement to tackle government fisheries subsidies. After two-thirds of WTO members ratified the Agreement on Fisheries Subsidies, the deal has entered into force. It marks a long-overdue step toward addressing the role harmful fisheries subsidies play in overfishing.

Fisheries subsidies can cause harm by distorting markets and creating unequal competition — so-called “trade injuries.” In addition, they can cause ecological harm by increasing the capacity of fishing vessels and fleets. The result is overcapacity: too many boats chasing too few fish, which often leads to overfishing.

When WTO talks on fisheries subsidies began in 2001, fish populations were already in decline. Today, 38 per cent of fish stocks are overfished, and a further 50 per cent are fully exploited. That means most of the world’s fisheries are being fished at or beyond their biological limits.

For decades, government subsidies have helped industrial fishing fleets expand, often with little regard for sustainability. These subsidies have distorted access to fish and seafood, fuelled overfishing and harmed coastal communities — especially in low-income countries where fish are critical to food security and livelihoods.

This agreement is a major milestone, but it’s only the beginning. Here’s what the agreement covers, why it matters and what needs to happen next to protect ocean health and ensure an equitable ocean economy for coastal communities.



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We have a deal. Can we now talk about some not-so-harmful fisheries subsidies?

What the agreement covers and why it matters

WTO members first raised the issue of harmful fisheries subsidies at the Fourth Ministerial Conference in Doha in 2001. For years, talks made little headway — until the adoption of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015.

Target 14.6 of the SDGs explicitly called on the WTO to:

“Prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and overfishing, eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies.”

This helped re-energize negotiations, culminating in the adoption of the subsidies agreement at the WTO’s 12th Ministerial Conference in 2022.

The agreement includes three key prohibitions targeting the worst kinds of subsidies. First, ratifying WTO members must stop subsidizing illegal,
unreported and unregulated fishing (Article 3).

Second, they must end subsidies for vessels targeting overfished stocks unless they can demonstrate that effective management measures are in place to rebuild those stocks (Article 4). Third, subsidies for fishing on the unregulated high seas are banned (Article 5).

While these measures don’t address all subsidies that contribute to overcapacity, they target some of the most egregious forms of financial support.

Another critical part of the agreement is Article 8, which strengthens transparency and accountability. Members must now provide detailed information annually, including information on fish stocks, conservation and management measures, fleet capacity and the names of subsidized vessels.



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Illuminating dark seas: Why fisheries management must be more transparent

Historically, fisheries subsidies data has been patchy and incomplete. Better data will help identify who benefits from public financial support and whether it aligns with sustainability goals.

The agreement also introduces more equitable expectations for developing and least developed countries. These members are granted an extra two years before they must implement subsidy prohibitions and, crucially, can access the WTO Fish Fund — a funding mechanism that helps countries implement the agreement through technical assistance and partnerships.

While the agreement does not fully level the playing field, it establishes that major subsidizers must carry the greatest burden.

Challenges, Gaps and Next Steps

Despite its strengths on paper, the agreement only covers a fraction of the estimated $22 billion in harmful fisheries subsidies provided by governments each year. The most prevalent of all the harmful subsidies, fuel subsidies, remain largely untouched.

Another major limitation is that it only applies to countries that have ratified the agreement. As of now, some major subsidizers — including Indonesia and Thailand, two of the world’s top 10 subsidy providers — have yet to ratify.

In a 2021 report we wrote for ocean conservation group Oceana, we found that just 10 countries are responsible for 64 per cent of global harmful subsidies. Even with this agreement in force, without their participation, large gaps will remain.

Another challenge is ensuring transparency and data disclosure. While the agreement includes stronger notification requirements, it lacks detailed reporting guidelines. Much of the implementation will depend on self-reporting and peer accountability between members.

Without clear standards or enforcement mechanisms, many subsidy programs could remain opaque or under-reported. To have real impact, the WTO must develop robust and standardized reporting frameworks.

Whether this agreement will save fish, or merely save face, will come down to how it’s implemented. Success will hinge on whether WTO members hold each other accountable and whether industry, civil society and researchers can push their governments toward genuine compliance.

Importantly, the subsidies agreement was never meant to be the end of the conversation. Its entry into force triggers a four-year countdown to negotiate the next phase.

They must address the most damaging subsidies of all, those that fund fishing by rich foreign fleets in the waters of other nations, and those that drive overcapacity, to achieve a comprehensive agreement. These policies have the greatest potential ecological and equity impact but are the hardest to reach consensus on.

Fortunately, we’re now closer to that goal. The entry into force of this agreement provides the ideal platform from which SDG Target 14.6 can be fully achieved. Putting an end to billions in fishing subsidies would restore fish stocks, support coastal communities, and improve ocean health for all. The job is not yet done.

The Conversation

Daniel Skerritt is Senior Manager of Oceana’s Transparent Oceans Initiative, affiliated with the Fisheries Economics Research Unit at the University of British Columbia, School of Natural & Environmental Sciences at Newcastle University, and an International Board Member of the Fisheries Transparency Initiative.

Rashid Sumaila receives funding from SSHRC, NSERC and the World Bank. He is affiliated with Oceana, Stockholm University, the University of Cape Coast, Pew Charitable Trusts, Tyler Prize Foundation as a board member.

– ref. What the WTO’s deal to curb fisheries subsidies means and what it could achieve – https://theconversation.com/what-the-wtos-deal-to-curb-fisheries-subsidies-means-and-what-it-could-achieve-265185

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‘We want to be offensive too’ — Trump’s Department of War move shows his flimsy grasp of history

Source: The Conversation – Canada – By Ronald W. Pruessen, Emeritus Professor of History, University of Toronto

Explaining his move to rename the United States Department of Defense the Department of War, as it was known prior to 1949, President Donald Trump explained it had “a stronger sound.”

It offered better messaging too. “Defense is too defensive; we want to be offensive too,” he said.

The once and future Department of War would revive the spirit of the years when “we won everything.”

Trump’s language — and the logic behind it — demonstrates how little America’s current leaders have learned from the clear failures of their predecessors across 70 years.

American policies after the Second World War achieved great things: substantially aiding the reconstruction of devastated Europe and Japan, for instance, while spearheading the building of an integrated global economy that fostered unparalleled growth.

There were also grave flaws in American designs and actions, of course, though they rarely if ever stemmed from a lack of aggressive assertiveness and an appetite for winning. Trump’s failure to diagnose the real roots of real problems portends a worsening of already terrible costs and consequences.

Perpetual preparedness

A key source of Trump’s weaknesses is his shallow or distorted grasp of history. His failure here is understanding that the Department of Defense saw “offence” thoroughly embedded into its conception of defence.

Think “the best defence is a good offence” on steroids. George Kennan’s famous “containment policy,” for example, included calls for “unceasing pressure for penetration.”

The American military establishment created in the 1940s turbocharged earlier approaches to national security, moving limited spending and retrenchment between conflicts to proactive and perpetual preparedness. Because the world continued to be seen as a dangerous place even after 1945’s victories, expanding military power was prescribed to deter aggressors or to prevail over them if push came to war.

Emphasis on “the world” helps to explain the scale of power. Air power and other technological advances (in communications, for example) created the integrated international arena in which American leaders acted after the defeat of the Axis powers in the Second World War.

There was a rapid and dramatic growth in the policy agenda. For the new Department of Defense, this meant unparalleled budgets: US$997 billion by 2024 compared to China’s US$314 billion (greater than any other countries in the 1940s and ever since).

It also produced global reach greater than any empire in history: there are almost three million members of the U.S. armed forces today, based in 70 countries.

American power

Trump fails to grasp (or chooses to ignore) the fact that this vast power was used regularly and aggressively:

“Defence” served both as the foundation and the justification for the evolution of many elements of this repertoire over the decades.

Failures

A cost accounting of aggressive/offensive defence in the past is disturbing. The tabulation of a 75-year record has filled countless volumes, but two striking examples attest to some major failures:

  • A lack of “winning” in large-scale military operations: A “truce” in the Korean peninsula in 1953, giving way to failures in Indochina, Iraq and Afghanistan. (Success in Kuwait in 1990-91 does not significantly alter this problematic balance.)

  • Continued independence and resistance from states once thought weak enough to be managed, in particular Cuba and Iran.

Dubious results also had staggering price tags. There were 36,000 American deaths in Korea; 58,000 in Vietnam; 7,000 deaths and 53,000 wounded military personnel in Iraq and Afghanistan. Trillions of dollars were devoted to defence spending at the expense of economic and social programs on the home front.

Trump seems to believe that, with the Department of War, he’s replacing post-1945 defence policies rather than doubling down on them, meaning he is intensifying the offensive/aggressive approaches without grappling with their flaws. In particular, he has no apparent grasp of what bedevilled the post-1945 American drive for global domination.

American arrogance

Democratic Sen. J. William Fulbright famously critiqued the “arrogance of power” in the 1960s, countering the U.S. presumption of a right to impose values on distant corners of the world like Southeast Asia.

Other critics of the Vietnam War further questioned whether the U.S. had sufficient manpower and intellectual or economic resources to achieve its goals. Wasn’t the world too large and complex, with too many rival players and independent allies, and too many ever-evolving challenges, for one country to imagine holding global management capacities in its hands?

In recent years, former presidents Barack Obama and Joe Biden began to apply a pragmatic calculus to conflicts in Iraq and Afghanistan, even if their core vision continued to exhibit historic “Manifest Destiny” concepts. One example is Obama’s attempt to determine an effective troop level in Iraq while simultaneously retaining his faith in American “exceptionalism.”

Trump’s determination to go on the offensive threatens to reverse even tentative adjustments to American aspirations of global domination. He is reviving attitudes like those of former secretary of state Condoleezza Rice early in the Afghanistan war, when she chided cautious generals by saying “I’m an American. Nothing is impossible.”



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Out of Afghanistan: Joe Biden and the future of America’s foreign policy

Trump’s threats

The magnitude of Trump’s ego (his “I alone” mentality) risks intensifying such a revival — with potentially serious consequences.

Attacks on Venezuelan boats said to be carrying drugs, a failure to rein in Israel’s expanding campaigns in Gaza and the deployment of National Guard forces to Los Angeles, Washington, D.C. and Memphis are strong hints of what may be coming.

Recalling Trump’s speculations about military operations against Greenland and Canada just months ago makes it impossible to dismiss anxiety about his intentions.

The Conversation

Ronald W. Pruessen has received past research grants from Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.

– ref. ‘We want to be offensive too’ — Trump’s Department of War move shows his flimsy grasp of history – https://theconversation.com/we-want-to-be-offensive-too-trumps-department-of-war-move-shows-his-flimsy-grasp-of-history-265334

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How Indigenous-led health education in remote communities can make reconciliation real

Source: The Conversation – Canada – By Jamaica Cass, Director, Queen’s-Weeneebayko Health Education Partnership, Queen’s University, Ontario

If Canada is serious about reconciliation, it must change how it trains health professionals. Right now, too few Indigenous doctors, nurses and other providers are working in communities that need them most. And too often, students learn about Indigenous health in ways that are optional, inconsistent or not led by Indigenous educators.

That’s where Indigenous-led health education comes in. When Indigenous communities shape how health professionals are trained, it supports a path toward trust, equity and a health system that finally reflects the people it serves.



Read more:
Indigenous community research partnerships can help address health inequities

As an Indigenous physician and medical educator practising in Tyendinaga Mohawk Territory, I know firsthand the challenges and the possibilities of this work. I am the first Indigenous woman in Canada to pursue both medicine and a PhD, a journey shaped as much by systemic barriers as by the support of my family and community.

Today, I practise primary care in my home community while helping to shape health education nationally, including via a new Queen’s University partnership program in Western James Bay, Ontario — the Queen’s–Weeneebayko Health Education Program on the traditional territory of the Moose Cree First Nation (Treaty 9).

Seeing the gaps in care in my own clinic, and working with students eager to change the system, informs my commitment to Indigenous-led education as the most direct path to reconciliation in health.

10 years after the TRC: promises vs. reality

It has been a decade since the Truth and Reconciliation Commission (TRC) released its Final Report. The Assembly of First Nations reports that of the 94 Calls to Action, only 14 have been fully implemented.

Two of them, No. 23 and No. 24, speak directly to health care: train and retain more Indigenous health professionals, and make sure all students learn about Indigenous health and the legacy of residential schools.

These aren’t symbolic. They are practical steps that would improve care and save lives. But progress has been slow. Indigenous professionals remain underrepresented, and cultural safety training is too often patchy or optional.

Indigenous-focused health education

A new national report from the Conference Board of Canada confirms what Indigenous leaders have been saying: reconciliation won’t happen unless Indigenous Peoples lead — in education, governance and workforce planning. Token gestures aren’t enough.

The report, Answering the Call: Strategies to Increase the Number of Indigenous Physicians in Canada, notes that “Indigenous students, especially in rural and remote areas, often lack career guidance and a culturally relevant curriculum, leading to lower graduation rates and fewer pathways to medical education.”

While systemic challenges persist, there are powerful examples across Canada that share the common goal of making sure Indigenous students can succeed in health education, and ensuring communities benefit from culturally safe, long-term providers.

The Queen’s–Weeneebayko program I’m directing is building a new health sciences Campus in Moosonee, Ont. Students from the Hudson and James Bay region — including from Moosonee, Fort Albany, Attawapiskat, Moose Factory, Kashechewan and Peawanuck — will be recruited locally, trained in Moosonee and supported to stay serving their home communities.

Video about the Queen’s–Weeneebayko Health Education Program.

This partnership, including the Weeneebayko Area Health Authority(WAHA), Queen’s University and the Mastercard Foundation, integrates local Indigenous knowledge and ways of knowing (for example, through Cree language, land-based learning and cultural safety) alongside biomedical science.

Indigenous leadership is embedded at every level — from community knowledge keepers and local education and health-care champions guiding what is taught and how to WAHA operating governance and mentorship frameworks rooted in local culture. I am the inaugural director.

Fostering culturally safe health care

Other programs across the country share the common goal of making sure Indigenous students can succeed in health education, and ensuring communities benefit from culturally safe, long-term providers.

For example:

  • At the University of British Columbia, the Northern and Rural MD Pathway is a distinct admissions stream designed to attract applicants with rural, remote northern or Indigenous community connections — or those passionate about serving such communities — by incorporating a rural and remote suitability Score (RRSS) and early rural placements to support rural and remote training and practice.

  • The University of Manitoba’s Mahkwa omushki kiim: Pathway to Indigenous Nursing Education (PINE) supports First Nations, Inuit and Métis students from start to finish. By combining academic help with cultural programming and community connection, it has the goal of boosting retention as it prepares more Indigenous nurses for practice.

Programs like these are concerned with helping whole communities gain consistent, trusted health care. And when trust grows, so does the likelihood that people will seek care early — improving outcomes for everyone.

Beyond such programs, system-wide change is needed to ensure Indigenous learners are supported at every stage, and to support viable pathways to medical training in rural and remote areas.

System-wide changes needed

Indigenous students face:

Location also matters. Research shows that students trained in rural or remote areas are far more likely to practise there after graduation.

For Indigenous students, viable pathways to practising medicine are even stronger when training is grounded in community values and led by Indigenous educators.



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Want to decolonize education? Where classes are held matters

Why this is reconciliation in action

Reconciliation is not just about apologies or ceremonies. It’s about real, structural change. In health care, that means:

  • Who delivers the care: building a stronger Indigenous health workforce.

  • Whose knowledge counts: recognizing Indigenous knowledge alongside Western medicine.

  • Who makes decisions: ensuring Indigenous voices lead the design and governance of health programs.

Indigenous-led health education tackles all three. It brings reconciliation down from the level of promises and into the day-to-day realities of patients, providers and communities.

The way forward

Ten years after the TRC, Canadians are right to ask whether reconciliation is real. The answer depends on whether we support Indigenous-led programs — not as small pilots, but as long-term, fully resourced commitments.

The initiatives described here show what’s possible. They are different in scope, but each demonstrates that Indigenous self-determination in health education is not only achievable, it’s already happening.

The next step is clear: supporting Indigenous-led education so that reconciliation moves from promise to practice in communities nationwide.

The Conversation

Jamaica Cass works for Queen’s University. She receives funding from the National Circle on Indigenous Medical Education, the CPFC and the CMA. She is a board member of the Indigenous Physicians’ Association of Canada and the Medical Council of Canada.

– ref. How Indigenous-led health education in remote communities can make reconciliation real – https://theconversation.com/how-indigenous-led-health-education-in-remote-communities-can-make-reconciliation-real-264562

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Trump renews push to end quarterly reporting — here’s what that would mean

Source: The Conversation – Canada – By Douglas A. Stuart, Assistant Teaching Professor of Accounting, Gustavson School of Business, University of Victoria

United States President Donald Trump is, once again, suggesting eliminating quarterly reporting for American public companies in favour of just two earnings reports per year. Trump made a similar proposal during his first presidential term in 2018.

Quarterly reporting is the practice by which publicly traded companies provide financial updates every three months. These reports are meant to give investors, regulators and other stakeholders information about a company’s financial performance.

In a social media post, Trump said such a move “will save money and allow managers to focus on properly running their companies.”

The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) is prioritizing Trump’s proposal. The SEC studied the issue in 2018 and held a roundtable but did not move forward with rule changes.

Canadian public companies also report quarterly, while other markets, including the European Union, have adopted a six-month reporting model.

Researchers have studied reporting frequency for decades, and the scientific evidence shows the thinking behind eliminating quarterly reports is not cut-and-dried.

Quarterly reporting as a monitoring tool

Quarterly reporting is expensive. Employees’ time, executive review, board oversight and investment in reporting systems add up. Cutting external quarterly reporting could free up a company’s internal resources and remove administrative red tape.

Even so, some companies report every three months without being required to. Preparation costs increase, but so does corporate accountability. In terms of agency theory, shareholders (the principals) can more closely monitor the behaviour of executives (the agents).

Executives are expected to represent shareholders, but their priorities do not always align. Corporate executives may, for example, reject profitable investments due to their risk tolerance or overspend on travel and leisure items.

With quarterly reporting gone, the potential for these “agency costs” may increase as misaligned managerial actions go unnoticed. Shareholders use accounting reports to check up on executive decisions and hold them accountable.

Importantly, even if semiannual reporting becomes the baseline for public companies, banks may still ask for more frequent results in loan agreements.

Quarterly reporting for investment decisions

If regulators drop quarterly reporting, investors and the public could lose out.

Many investors have a limited sense of how a business is performing. They may live half a globe away and never set foot in the company’s offices. Because of this, investors generally have access to less information than internal employees, managers and executives do. This is called “information asymmetry.”

Investors, regulators and the public depend on corporate financial reporting to fill in these information gaps. If quarterly reporting mandates were removed, they might be left in the dark. Investment decisions might be less informed, although news releases and disclosures online could still be found. Corporate transparency and accountability might be reduced.

On the other hand, quarterly reporting is not a cure-all. Analysts might under-react to earnings reports, leading to delays. Or they may overreact, causing unwarranted fluctuations in investment prices. Investors are human and are subject to shortcomings like overconfidence and the fear of missing out.

Short-term versus long-term decisions

While quarterly reporting can be seen as a compliance activity, like filing taxes or acquiring a business licence, it can also be framed as a structure for decision-making.

Quarterly reporting incentivizes executives to focus on short-term financial performance, potentially at the expense of long-term results. Researchers call this “short-termism.”

Researchers have found that short-termism is not limited to managers and might stem from investors looking for quick profits. Investors may, directly or indirectly, influence the kinds of projects managers invest in. Managers may get financial bonuses based on quarterly earnings to align their goals with shareholder aims.

Short-term decisions are frequently tactical rather than strategic, meaning they may prioritize current earnings over long-term corporate sustainability and resilience.

For example, managers might invest in carbon-intensive projects that pay back quickly, rejecting more sustainable projects with a longer return horizon, like energy efficiency. For this reason, some sustainability advocates support Trump’s initiative.

While some firms measure their performance along social and environmental lines, in addition to financial earnings, profits are often the focus of quarterly earnings calls.

Not one-size-fits-all

Quarterly reporting may affect small and large firms differently. Smaller firms may take a financial hit: on average, small firms in Singapore experienced a five per cent drop in market value when they were required to report quarterly in 2003.

However, larger firms may find that the benefits of prompt, high-quality information outweigh the costs of frequent reporting. Managers, executives and board members rely on accounting reports to show whether the firm is on track to meet its goals.

Furthermore, larger firms document industry conditions and future risks and opportunities in their accounting reports. Smaller firms in the same industry can look at this information for guidance. These are called “positive information spillovers.” Smaller firms may lose this information if larger firms file reports less often.

Information spillovers, however, can be a double-edged sword. Information may be taken out of context or applied to smaller firms incorrectly. At times, this may lead to temporarily poorly priced investments.

Treading carefully

We don’t know, yet, what the SEC will decide. If changes are to come, they should be made carefully and phased in. Pilot studies would give policymakers and researchers a chance to observe effects in real time.

Quarterly reporting mandates on the Vienna Stock Exchange were phased out between 2015 and 2019. Some companies continued to file quarterly financial results while others stopped. Firms used the increased flexibility to adjust the content of their reports, making them more relevant to their stakeholders.

Research shows corporate reporting frequency is a complicated topic. Switching from quarterly to semiannual reporting may have merit, but as with any decision affecting a wide range of stakeholders, a broader, global perspective highlights what some stand to lose and what others stand to gain.

The Conversation

Douglas A. Stuart does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Trump renews push to end quarterly reporting — here’s what that would mean – https://theconversation.com/trump-renews-push-to-end-quarterly-reporting-heres-what-that-would-mean-265458

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Deepfakes and South African law: remedies on paper, gaps in practice

Source: The Conversation – Africa (2) – By Nomalanga Mashinini, Senior Lecturer, University of the Witwatersrand

Deepfakes are forgeries of people’s faces, voices and likeness generated through artificial intelligence (AI). They create a serious digital deception. Deepfakes undermine constitutional rights, reduce trust in media and distort fairness in elections. While many countries have laws that address the risks caused by deepfakes, enforcement remains a challenge.

Deepfakes began to be widely created in 2017 after they’d first appeared on Reddit, a discussion website of forums where people exchange information. A Reddit user called Deepfakes shared an AI software tool that could superimpose celebrities’ faces on pornographic videos. AI-generated media became widely accessible through software apps that enable people to freely create deepfakes.

There are several types of deepfakes:

  • text deepfakes in the form of fake receipts and identification documents

  • photo deepfakes, often swapping faces and bodies using apps to create memes

  • audio deepfakes, where text-to-speech apps are used for voice cloning, often targeting politicians

  • video deepfakes, where face and movement are transferred onto someone else’s video, commonly used to create “revenge pornography”.

Deepfakes pose three main dangers:

  1. They deceive audiences into believing fabricated media.

  2. They enable cybercrimes, reputational harm and misrepresentation.

  3. They can be published by anyone, including anonymous social media users.

The key issue is how law can protect people from the illegal use of their images, voices, and likenesses in deepfakes.

Since 2020, I have looked at laws that regulate deepfakes in South Africa and their implementation. My findings show that the biggest problem with deepfakes is law enforcement, rather than any lack of laws that prohibit the unlawful creation and distribution of deepfakes.

Deepfake threats

South Africa has seen notable cases that highlight the growing impact of deepfakes. In 2024, Leanne Manas, an award-winning South African broadcast anchor, was a victim when her image was used in fake endorsement of weight loss products and online trading on Facebook and TikTok.

South African-born businessman Elon Musk also appeared in a deepfake video that induced many South Africans to invest in a financial scam that promised high returns.

In 2025, Professor Salim Abdool Karim, the director of the Centre for the AIDS Programme of Research in South Africa, appeared in a deepfake video showing him making anti-vaccination statements while endorsing counterfeit heart medicine.

Legal protection in South Africa

South Africa has a mixed legal system that combines constitutional rights, legislation and common law rules to provide deepfake victims with remedies.

There are laws that provide remedies in both civil and criminal cases. For example:

Common law remedies

Anyone can claim violation of privacy if their private images are used without permission. They can also enforce their right to identity if a deepfake misrepresents them or gives a perpetrator commercial advantage.

I investigated these principles in an article about the impact of deepfakes on the right to identity in South Africa. Using South African cases, I found that the unauthorised use of a person’s identity attributes in a deepfake deserves protection.

The Supreme Court of Appeal confirmed, in Grütter v Lombard, that South African law protects a person’s identity from being exploited without permission. And this protection is supported by the constitutional guarantee of human dignity. Grütter and Lombard once practised on the same premises under the name “Grütter and Lombard”, but Grütter later left. Lombard kept using Grütter’s name without consent. The court ordered him to stop as it falsely implied an ongoing professional association and infringed Grütter’s right to identity.



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Deepfakes in South Africa: protecting your image online is the key to fighting them

In another case, a surfer’s magazine called ZigZag published a photo of a 12-year-old girl as a pin-up cover image. The court stressed that the key issue was whether an image was exploited for another’s benefit without consent. The defendants were ordered to pay compensation and costs.

Another case is that of South African television personality, beauty pageant titleholder, businesswoman and philanthropist Basetsana Kumalo. She sued a business that took photos of her while she was shopping in their store and used those images in an advertisement for their products without her permission. The court ruled that using someone’s likeness for false endorsements infringes identity and privacy, because it creates the misleading impression of support for the product, service or business.

These cases fit squarely into the deepfakes misuses, showing that false endorsement, election disinformation and non-consensual pornography on social media can trigger liability.

Enforcement challenges

While South African law provides remedies against deepfakes, four hurdles frustrate enforcement:

  1. South African courts have capacity constraints and struggle to resolve backlogs.

  2. Litigation remains a “rich man’s” option. The poor struggle to access justice or wait too long for pro bono help.

  3. While South African courts can assert jurisdiction over global platforms like Meta and TikTok, serving court orders abroad and compelling compliance is still costly, and takedown notices are often enforced too late.

  4. Perpetrators hide behind fake profiles and are hard to trace through the South African Police Service. Social media companies delay revealing the perpetrators’ true identities upon request.



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Artificial intelligence carries a huge upside. But potential harms need to be managed

These enforcement challenges can be addressed through capacity building and legal reform. AI research centres should work with law enforcement to train personnel and provide practical skills and tools for tracing and authenticating deepfakes. Parliament must update social media laws so that platforms are directly accountable for fast and fair action when people’s identities are misused in deepfakes.

Legal rules should set minimum standards that deepfake apps and platforms must follow. Rather than relying on age restrictions or consent alone, the law should require these tools to embed watermarking to signal that content is a deepfake, enable tracing of where it comes from, and make sure takedown systems actually work.

Justice on paper

South African law clearly prohibits the misuse of identity through deepfakes, but enforcement gaps leave victims exposed. Without affordable legal access, faster platform accountability, and effective international cooperation, illegal deepfakes will continue to increase.

The Conversation

Nomalanga Mashinini receives funding from the National Research Foundation Thuthuka Grant.

– ref. Deepfakes and South African law: remedies on paper, gaps in practice – https://theconversation.com/deepfakes-and-south-african-law-remedies-on-paper-gaps-in-practice-263850

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Ethiopia’s two bids at democracy have failed: what it will take to succeed

Source: The Conversation – Africa (2) – By Terefe Gebreyesus, Lecturer, Griffith University

Ethiopia has attempted to transition to democracy twice. First in 1991, when a new government overthrew a dictatorial military regime. Second in 2018, when Abiy Ahmed took over as prime minister after protests against a repressive government.

In both attempts, there was optimism and excitement. But both failed.

Can Ethiopia still get it right? In a recent article, I tried to answer this question. I examined four preconditions that scholars of democratic transition identify. These are:

  • economic growth over a considerable period

  • political elites committed to tolerance, compromise and respect for democratic rules and practices

  • independent political institutions

  • international organisations, such as the African Union and the UN, being willing to force the country’s political elites to uphold democratic values.

In my view, based on my research, Ethiopia does not meet any of the preconditions.

Instead, democratic governance is made almost impossible by its poverty, culture of solving political differences with conflict and violence, absence of strong political institutions, and polarisation.

A democratic government in Ethiopia would help ensure people live in a country that respects human rights and dignity. It would help unlock accountability, stability and economic growth.

Failed attempts

In 1991, the country had endured a 17-year civil war that began in 1974. The winners of the war, the Tigray People’s Liberation Front, established control over the country by forming a coalition political party, the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front.

The new government made radical reforms. It allowed political parties, radio and media communications to be free. It encouraged private publications and permitted public demonstrations.

But it didn’t take long for the new government to become authoritarian. It persecuted political competitors. Elections were held regularly, but they were not free and fair. Human rights and political freedoms were violated. Freedom of political communication was restricted.

As a result, protests started in 2015. They led to the appointment of Abiy as prime minister in 2018.

He began a second attempt at moving Ethiopia towards democracy. As The Guardian newspaper in the UK described it:

Something extraordinary is happening in Ethiopia … authoritarianism and state brutality appear to be giving way to something resembling democracy.

Again, this didn’t last. Instead, political order has worsened. The country went through a two-year civil war from 2020 to 2022 between the federal government and the Tigray People’s Liberation Front. Another guerrilla war started between the federal government and an Amhara youth group named the Fano shortly afterwards.

What democratic transition takes

No country has become democratic without at least some of the four preconditions in place. And they are not equally important. For instance, Ghana may not have a strong economy, but it has political elites who play by the rules of democratic governance.

Economic growth: if a society is economically advanced, generally, the people want democracy. This is because an undemocratic and unstable government threatens their economic security. As a result, citizens won’t take part in activities that go against democratic consolidation.

Ethiopia is one of the poorest countries in the world. While there is no magic number for this, one study found that a country with US$10,000 per capita income generally has a higher chance of adopting competitive elections. Ethiopia’s per capita income is US$1,011.

Economic growth is the foundation of strong political and civic institutions. These are important for transiting to and consolidating democracy.

But economic growth needs time. Ethiopia’s constant political instability has hurt its potential for economic development. In the two decades before 2018, its economy grew strongly, reducing the national poverty rate from 39% to 24%. Political instability and other factors since then had increased poverty rates to 32% by 2021.

Political elites: if political elites are committed to deliberating, compromising and cooperating, a country can successfully transit to democracy. One study found that when political elites are divided, the country will be authoritarian. The current civil war in Sudan offers an example of what can happen when political elites battle for power.

In Ethiopia, political disagreements often lead to violence or a government effort to silence and destroy the opposition. In 1991, when the Ethiopian People’s Democratic Front and other political groups couldn’t find common ground, the ruling elite eliminated dissenters. This allowed it to rule the country alone for 28 years. Similarly, when political elites couldn’t deliberate, compromise and cooperate in the second attempt, war broke out.

Political institutions: strong political institutions – such as an independent judiciary, police and electoral agency – support democratic transition. They also help sustain it. Political institutions prevent authoritarian leaders from persecuting political competition, and help solve any conflicts between competing elites.

External pressure: the best example of this was seen in 2022. The civil war between Tigray and the Ethiopian government ended when an African Union-led effort in South Africa forced the two sides to agree. It’s difficult, however, to transition to democracy by relying on external pressure, which would need to be constant and consistent. No country in Africa has been able to become and stay democratic based on external pressure.

What next

Democratic transition can only succeed in Ethiopia when at least one of three things occurs.

First, the country’s economy needs to grow for a substantial amount of time. Second, its diverse ethnic and religious identities must be integrated through policies that encourage the de-escalation of ethnic conflict. Third, society and, more specifically, the political elite need to commit to tolerance, compromise and respect for democratic principles.

All that will take a long time to achieve. Meanwhile, the country has two unfavourable choices: support a non-democratic government to consolidate political order and then gradually help it achieve democratic goals. Or attempt another transition, which may lead to anarchy and widespread inter-community violence. An untimely democratic transition would destroy political order.

With this in mind, Ethiopia’s political elites need to embrace discussion, debate and compromise. External forces can be a support by getting the political elite to move in this direction.

The Conversation

Terefe Gebreyesus does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

– ref. Ethiopia’s two bids at democracy have failed: what it will take to succeed – https://theconversation.com/ethiopias-two-bids-at-democracy-have-failed-what-it-will-take-to-succeed-263817

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L’éducation par les pairs dans la lutte contre le VIH menacée par les réductions de l’aide publique au développement

Source: The Conversation – in French – By Marion Di Ciaccio, Chair de Professeur Junior IRD, Institut de recherche pour le développement (IRD)

L’éducation par les pairs – délivrée par des personnes issues d’une même communauté – est un pilier de la lutte contre le VIH, en particulier dans les pays à ressources limitées. Les réductions drastiques de l’aide publique au développement menées par l’administration Trump, comme par les principaux pays européens donateurs, mettent à mal cette stratégie de santé communautaire qui a pourtant fait ses preuves.

S’appuyer sur des individus au sein d’une communauté donnée pour informer et sensibiliser leurs pairs, afin de promouvoir des comportements de prévention, leur accès à une prise en charge et/ou leur maintien dans les soins, c’est le principe d’une stratégie de santé communautaire baptisée pair éducation ou éducation par les pairs.

L’éducation par les pairs est apparue dans les années 1970 dans les pays anglo-saxons, notamment dans le champ de la santé mentale et de la lutte contre les inégalités sociales de santé des minorités ethniques et raciales. Dans la lutte contre le VIH, la pair éducation est devenue une stratégie incontournable, notamment dans les pays à ressources limitées.

Volontariat, motivation, partage des vécus

La spécificité de la pair éducation est de s’appuyer sur une dynamique de relation d’égal à égal. Les pairs éducatrices ou éducateurs (PE) partagent des pratiques, des vécus, des identités et des réalités communes avec une population donnée et sont recruté·e·s sur la base du volontariat et de leur motivation pour travailler auprès d’elle.

Les PE sont formé·e·s afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences sur la gestion du VIH et sur la connaissance des systèmes de santé afin de renforcer leurs savoirs et leurs expertises.

Les PE peuvent ainsi promouvoir des pratiques et des comportements favorables à la santé physique et mentale auprès de leurs pairs, en tenant compte des réalités dans lesquelles ils et elles vivent.

Qui sont les pairs éducatrices et éducateurs dans le VIH ?

Les pairs éducatrices ou éducateurs (PE) sont le plus souvent issu·e·s des organisations communautaires de lutte contre le VIH et/ou contre les discriminations. Leur mobilisation répond au besoin de sensibiliser et d’accompagner des catégories spécifiquement vulnérabilisées de la population qui supportent le double fardeau de la stigmatisation liée au VIH et de la discrimination sociale.

Les vulnérabilités psychologiques, sociales, économiques, cliniques et de genre chez les adolescentes et adolescents infecté·e·s par le VIH ont été largement démontrées et sont souvent similaires quelle que soit l’histoire de la contamination par le VIH, périnatale ou plus récente. Les PE qui les accompagnent sont donc des jeunes (15-24 ans) vivant avec le VIH qui contribuent à la continuité d’une offre de soins et de support adaptée aux besoins spécifiques des filles et des garçons, entre les services de pédiatrie et de médecine adulte.

Les PE proviennent également de groupes considérés par l’Onusida comme les « populations clés du VIH » : les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleuses et travailleurs du sexe ou encore les consommateurs de drogues injectables. En effet, ces groupes ont des besoins psychosociaux spécifiques (liés à leurs conditions de vie et aux discriminations subies) que les structures publiques de santé ne sont généralement pas en mesure de prendre en charge.

Ainsi, les PE sont principalement des personnes (à partir de 15 ans) vivant avec le VIH ou fortement exposées au risque d’infection. Parce qu’elles ou ils ont une histoire ou des pratiques communes, les PE sont les mieux placés pour accompagner ces groupes vulnérabilisés dans un parcours de prévention ou de soins.

Pourquoi la pair éducation est cruciale dans la lutte contre le VIH

La lutte contre le VIH est jalonnée depuis ses débuts par la participation inédite de mouvements communautaires pour l’accès aux traitements et à la prévention. Les personnes concernées (vivant avec) et affectées (groupes principalement concernés par le VIH) ont rapidement su imposer le concept du « Rien pour nous sans nous » dans la recherche et la lutte contre le VIH, imposant une nouvelle façon de faire de la recherche et de proposer des services de santé.

Dans ce contexte, les PE effectuent un travail de proximité qui permet :

Depuis plus de deux décennies, l’engagement de jeunes PE auprès des adolescentes et adolescents est déterminant dans la prise en charge du VIH. Ils interviennent, par exemple, pour soutenir leur observance aux traitements, pour favoriser leur rétention dans les soins et leur bien-être psychosocial, pour les accompagner après l’annonce de leur sérologie VIH, pour les soutenir dans le partage de leur sérologie avec leur entourage et lutter contre l’autostigmatisation ainsi que l’isolement, ou encore pour renforcer leurs connaissances en santé et concernant le VIH en particulier.

Une revue systématique de la littérature scientifique publiée, ainsi qu’une méta-analyse de toutes les études identifiées dans cette revue, montre que la pair éducation a également des bénéfices directs sur la prévention du VIH auprès des populations clés, et notamment sur le recours au dépistage du VIH, l’utilisation du préservatif, la diminution du partage du matériel de consommation de drogues et la diminution des rapports sexuels non protégés.

Les PE apportent aussi une plus-value importante aux programmes de PrEP (prophylaxie préexposition de l’infection VIH, un traitement préventif oral contre l’infection au VIH). En effet, il a été démontré au sein d’une cohorte en Afrique de l’Ouest que les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qui étaient en contact avec des PE prenaient mieux la PrEP que les autres.



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Médicaments antirétroviraux injectables contre le VIH : une évaluation impossible en Afrique de l’Ouest ?

Une étude qualitative menée au Mali montre également que les PE jouent un rôle crucial pour le maintien dans les soins des personnes vivant avec le VIH grâce, à la fois, au soutien psychosocial qu’ils leur apportent mais également grâce à leur soutien dans l’accès aux traitements.

La pair éducation est donc cruciale non seulement au niveau individuel pour améliorer la santé et la qualité de vie des groupes clés et vulnérabilisés, mais également au niveau global pour contrôler l’épidémie de VIH.

Dans le cadre de projets de recherche, les PE sont également des acteurs clés qui, en collaborant avec les équipes de recherche, permettent d’identifier des problématiques émergentes dans leurs communautés, de faciliter le contact avec des populations plus difficiles d’accès, d’adapter les méthodologies et les pratiques de recherches à leurs réalités, ainsi qu’à mieux interpréter les données issues des projets.

Quel impact de la réduction de l’aide publique au développement ?

L’expertise et la contribution précieuse à la lutte contre le VIH des PE n’est bien souvent reconnue et valorisée qu’à travers des financements issus de l’aide au développement, de programmes de mises en œuvre de prestations de santé communautaire innovantes, ou encore de projets de recherche communautaire et interventionnelle. Cette configuration précarise encore davantage leur position et la pérennité des services qu’ils apportent aux personnes qu’ils accompagnent, pourtant avec succès.

Depuis début 2025, le financement de l’aide publique au développement connaît de nombreux bouleversements. L’événement le plus notable est l’arrêt et/ou la réduction brutale des financements américains (par l’intermédiaire des programmes PEPFAR et USAID, notamment). L’aide publique au développement européen connaît également de fortes diminutions. En effet, les principaux pays donateurs (la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas) annoncent des baisses conséquentes des budgets alloués.

Ces diminutions drastiques des financements peuvent remettre en question les progrès de la lutte contre le VIH dans les pays des Suds avec un risque accru de recrudescence de l’épidémie et d’augmentation des inégalités sociales d’accès aux soins.

Les financements américains représentent une part considérable des ressources dédiées à la prévention, au dépistage, à l’accès aux traitements antirétroviraux et au renforcement des systèmes de santé locaux pouvant aller jusqu’à 60 % des financements de la lutte contre le VIH dans certains pays comme la Côte d’Ivoire (figure ci-dessous), le Cameroun ou encore le Burundi.

Exemple de la Côte d’Ivoire

Graphique représentant les principales sources de financement de la lutte contre le VIH en Côte d’Ivoire

PEPFAR pour « President’s Emergency Plan for AIDS Relief » correspond au plan d’aide des États-Unis consacré à la lutte contre le VIH à l’international/Source des données présentées dans le graphique : Data Et cetera & Coalition PLUS, Fourni par l’auteur

Dans ces pays, les données collectées montrent que ce sont les programmes de prévention à destination des populations clés qui sont les plus touchés par les coupes budgétaires, incluant le financement des postes des PE (actuellement, uniquement dans le réseau d’organisations communautaires de Coalition PLUS – un réseau international d’associations engagées dans la lutte contre le VIH sida –, plus de 1 000 PE ne sont plus financés).

Le gel des financements a déjà eu des conséquences irréversibles sur la lutte contre le VIH. Les estimations montrent que la réduction de ces aides internationales pourrait entraîner de 4,43 millions à 10,75 millions de nouvelles infections par le VIH et de 0,77 millions à 2,93 millions de décès liés au VIH entre 2025 et 2030 dans les pays bénéficiaires de ces aides.

The Conversation

Marion Di Ciaccio est une ancienne salariée du pôle recherche communautaire de Coalition PLUS, une union internationale d’organisations communautaires de lutte contre le VIH.

Cécile Cames et Mathilde Perray ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

– ref. L’éducation par les pairs dans la lutte contre le VIH menacée par les réductions de l’aide publique au développement – https://theconversation.com/leducation-par-les-pairs-dans-la-lutte-contre-le-vih-menacee-par-les-reductions-de-laide-publique-au-developpement-264528

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La France a organisé la première Assemblée de la Terre, voici pourquoi elle est pionnière

Source: The Conversation – in French – By Caroline Regad-Riot, Enseignant-chercheur, faculté de droit de l’Université de Toulon, Aix-Marseille Université (AMU)

Logo de l’Assemblée de la Terre-France. Fourni par l’auteur

C’est une première mondiale : à Toulon (Var), en juillet 2025, a eu lieu la première Assemblée de la Terre. Mêlant société civile et scientifiques, elle a pour but de décloisonner les approches pour repenser les moyens d’atteindre les objectifs de développement durable de manière écocentrée.

Le 2 juillet 2025 a marqué une date historique pour de nouveaux équilibres entre les humains, les animaux et la nature : la France a lancé la toute première Assemblée de la Terre d’envergure nationale. Cet événement pionnier, dans le prolongement des résolutions et des rapports sur l’harmonie avec la nature de l’Organisation des Nations unies (ONU), pourra servir de modèle dans le monde entier, la France ouvrant résolument la voie.

Conçue pour refonder les objectifs de développement durable (ODD) en vue du Sommet de la Terre de 2030, l’Assemblée de la Terre – France mise sur une approche participative, alliant la conscience citoyenne et la rigueur scientifique.

Un vaste et complexe travail de fond démarre à présent, échelonné sur plusieurs années, destiné à structurer l’espoir et à dessiner l’avenir de notre planète.

Les ODD, dix ans déjà et un bilan mitigé

Adoptés en 2015 et assortis de 169 cibles, les 17 Objectifs de développement durable (ODD) s’inscrivent dans l’Agenda 2030. Porteurs d’une vision à la fois globale et universelle, ils abordent des thèmes transversaux cruciaux, de l’éradication de la pauvreté à l’accès à des emplois décents, en passant par l’innovation, les infrastructures et la lutte contre le changement climatique.

Cependant, malgré leur ambition affichée, les ODD se heurtent aujourd’hui à un bilan mitigé. La complexité de leur mise en œuvre est apparue au grand jour, révélant un caractère parfois dispersé et un manque d’efficacité opérationnelle qui freinent leur pleine réalisation.

La nature transversale des objectifs est une difficulté notable. Par exemple, l’ODD 14 sur la vie aquatique peut impliquer des mesures relatives à la lutte contre le changement climatique qui, pour sa part, relève de l’ODD 13. Cette dépendance illustre la difficulté à isoler les problématiques et, plus fondamentalement, interroge la pertinence d’approches segmentées au regard de défis interconnectés. Leur nombre et leur rédaction peuvent aussi interroger.

En conséquence, l’ensemble de ces facteurs laisse présager un échec. Selon le rapport du Sustainable Development Solutions Network, aucun des ODD ne sera atteint d’ici à 2030.

Banderole de l’Assemblée de la Terre-France.
Fourni par l’auteur

L’Assemblée de la Terre – France ouvre la voie

Dans ce contexte, des Assemblées de la Terre sont appelées à se constituer dans différents pays. Elles s’inscrivent dans le prolongement des résolutions et des rapports sur l’harmonie avec la nature de l’ONU et sont désignées, à l’international, sous l’acronyme AMAT, en écho à l’espagnol Asamblea de la MAdre Tierra.

En France, l’organisation de l’Assemblée de la Terre est le fruit d’une coordination scientifique menée par des enseignants-chercheurs de l’Université de Toulon (Var), sélectionnés pour leurs travaux et l’expérience acquise avec le programme onusien précédent Harmony with Nature (HwN) : le juriste Cédric Riot ainsi que moi-même. Nous nous joignons progressivement les compétences d’autres spécialistes.

Cette démarche est guidée par un principe fondamental : la science est au cœur de l’Assemblée de la Terre – France dont l’objectif est de « semer les graines du futur », en proposant de façonner, « un modèle pour un avenir en harmonie avec la nature ».

Une assemblée participative alliant la rigueur scientifique et la conscience citoyenne

L’Assemblée de la Terre – France : une structuration par cercles concentriques.
Fourni par l’auteur

L’Assemblée de la Terre – France se structure par cercles concentriques autour de l’organe scientifique avec :

  • des personnes qualifiées, identifiées sur des critères académiques. Ces experts apportent leur savoir scientifique pointu et leur expertise sur les thèmes des ODD en adéquation avec leurs compétences ;

  • des personnes intéressées qui œuvrent ou qui ont déjà œuvré pour une approche écocentrée : institutions publiques ou privées, associations, personnes physiques prêtes à participer à l’effort de réflexion, par exemple, par la remontée d’informations locales ;

  • des observateurs volontaires qui sont les citoyens intéressés par le sujet.

Le cadencement stratégique de la feuille de route

Un cadencement stratégique du calendrier de l’Assemblée de la Terre – France.
Fourni par l’auteur

L’Assemblée de la Terre – France abordera ses travaux autour de trois thématiques principales, chacune explorée en une année.

Le cycle débutera avec la nature (biodiversité et écosystème, climat, eau, interdépendance des formes de vie…) pour la période 2025-2026, suivie des objectifs sociétaux (éducation, villes et communautés durables, santé et bien-être…) en 2026-2027, puis des objectifs économiques en 2027-2028. Chaque année, les conclusions et les avancées seront présentées lors d’une restitution solennelle, fixée au début du mois de juillet.

En 2029, une rencontre dite « régionale » (pour la France, cela signifie au niveau européen) permettra de coordonner les ultimes efforts avant le Sommet de la Terre de 2030.

Les ateliers se dérouleront pendant l’année en distanciel. La périodicité des rencontres sera ajustée en fonction des besoins du projet. Les inscriptions restent ouvertes sur la page Internet ad hoc.

La première Assemblée de la Terre nationale

Le 2 juillet 2025, la France a ainsi franchi une étape décisive, s’affirmant comme pionnière à plusieurs égards. La rediffusion de l’événement est disponible ici.

L’Assemblée de la Terre – France est non seulement la première de ce type à voir le jour au niveau mondial, mais son architecture est également conçue pour servir de modèle aux autres Assemblées de la Terre à l’étranger : l’Allemagne, le Brésil, l’Espagne, l’Équateur, les États-Unis, le Mexique, le Pays basque notamment se sont déjà manifestés en ce sens. De futurs coordinateurs de ces pays ont d’ores et déjà félicité l’initiative pionnière française et adressé leurs lettres officielles d’intention.

Dynamiser les ODD

L’Assemblée de la Terre se distingue par son approche plurielle, qui vise à surmonter les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des ODD. Cette stratégie repose sur plusieurs axes.

D’abord, la pluralité des voix : l’Assemblée est conçue comme une plateforme participative, intégrant non seulement des experts, mais aussi des citoyens et des acteurs de terrain. Cette inclusion favorise l’échange d’idées et la prise en compte de perspectives diverses, créant ainsi des solutions plus robustes et largement acceptées.

Ensuite, la pluralité des disciplines convoquées à l’Assemblée de la Terre est un autre facteur déterminant. Les défis de l’anthropocène sont par nature interconnectés. L’Assemblée y répond par une approche multidisciplinaire, rassemblant des experts de différents domaines (océanographes, éthologues, juristes, philosophes, médecins, vétérinaires, etc.) pour croiser leurs connaissances et élaborer des solutions qui traitent les problèmes dans leur globalité, plutôt que de manière isolée.

En outre, l’Assemblée de la Terre appelle à la pluralité des idées et de la pratique. Elle combine la réflexion théorique et l’action concrète. Elle ne se limite pas à des discussions académiques ; elle encourage également la remontée d’informations issues du terrain. Cet échange bidirectionnel entre les savoirs experts et les réalités locales est crucial. C’est en faisant circuler les idées entre tous les acteurs que des solutions efficaces et innovantes peuvent émerger.

En conséquence, l’Assemblée de la Terre – France dynamise les ODD en brisant les silos, en favorisant le dialogue entre différents savoirs et en ancrant la réflexion dans les réalités du terrain, tout en restant guidée par le savoir scientifique.

L’horizon 2030 et le Sommet de la Terre

Dans l’infographie officielle, les ODD sont représentés sous forme de roue, symbole d’un progrès harmonieux. Celle-ci est aujourd’hui confrontée à l’urgence d’une profonde métamorphose. Loin de s’arrêter, cette roue roule toujours plus vite, non pas pour conserver sa forme initiale, mais pour se dissoudre et se muer en un nouveau symbole : le buisson de la vie.

C’est le sens de la séquence, profondément symbolique, insérée dans le teaser et d’autres documents de communication audiovisuelle de l’Assemblée de la Terre – France, où la roue du logo des ODD se détache, tourne et se transforme en buisson de la vie.

La roue des ODD se détache et se transforme en buisson de la vie.
Fourni par l’auteur

Le buisson de la vie, symbole inspirant des Assemblées de la Terre – France, incarne un profond changement de paradigme. En s’appuyant sur les découvertes de la phylogénétique, il replace l’être humain non pas au sommet d’une pyramide, mais comme partie intégrante d’une communauté du vivant où toutes les formes de vie sont intrinsèquement liées. Cette approche résolument écocentrée et planéto-centrée (Earth-centered), loin de tout anthropocentrisme, guidera les réflexions et les travaux des Assemblées de la Terre – France. Et en cela, elle est également novatrice.

Logo de l’Assemblée de la Terre – France.
Fourni par l’auteur

Comment structurer l’espoir ?

D’autres Assemblées de la Terre devraient voir le jour en s’inspirant, selon leurs besoins, du modèle français. La fondatrice du programme onusien Maria Mercedes Sanchez, lors du lancement officiel, a solennellement affirmé :

« Je veillerai personnellement à transmettre aux experts situés à l’étranger tous les documents et modèles utiles que l’Assemblée de la Terre – France a déjà forgés et qu’elle complétera au fur et à mesure. »

La suite reste donc à écrire.

Voilà la science en quelque sorte replacée au milieu du village global, avec les idées nouvelles de multidisciplinarité et de multiculturalisme que comportent les Assemblées de la Terre.

Il est temps d’ouvrir un chapitre nouveau pour un avenir plus juste et profondément écocentré, dessinant les contours d’une « Cosmopolis » où humains, animaux, nature pourraient vivre en harmonie, actant une (r) évolution du droit du vivant.

The Conversation

Caroline Regad est experte auprès du programme Harmony with Nature de l’Organisation des Nations-Unies. Elle a été désignée coordinatrice de l’Assemblée de la Terre – France.

– ref. La France a organisé la première Assemblée de la Terre, voici pourquoi elle est pionnière – https://theconversation.com/la-france-a-organise-la-premiere-assemblee-de-la-terre-voici-pourquoi-elle-est-pionniere-261415

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Du régime de Vichy à Marx… l’étonnant parcours de l’économiste Henri Denis

Source: The Conversation – in French – By Damien Bazin, Maître de Conférences HDR en Sciences Economiques, Université Côte d’Azur

Henri Denis souhaite une nouvelle organisation de l’économie, centrée sur la communauté de travail, sur l’artisanat, induisant la suspension du jeu capitaliste et des luttes de classes. Wikimediacommons

Des années 1960 aux années 1980, les étudiants en économie ont dans leur main le manuel de l’Histoire de la pensée économique, d’Henri Denis (1913-2011). Tour à tour corporatiste, proche de Vichy, progressiste chrétien, communiste, ce dernier termine ses jours en reniant le communisme et en revenant au corporatisme. Un universitaire brillant et une girouette idéologique épousant la doctrine du moment.

Du début des années 1960 aux années 1980, l’histoire de la pensée économique a pour figure centrale le professeur Henri Denis (1913-2011). Il enseigne à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, en étant l’auteur d’un manuel d’Histoire de la pensée économique.

De la première édition de 1966 à nos jours, ce manuel connaît plusieurs éditions successives et est traduit en huit langues. « Le Denis » est entre les mains des étudiants durant toutes ces années. Le cours délivré par Henri Denis forme plusieurs générations d’apprentis en sciences économiques.

Une large partie du manuel et du cours d’Henri Denis est consacrée à l’économie de Karl Marx. Bien que ce professeur d’université se réclame de l’auteur du Capital, il ne fut pas toujours un marxiste, à en juger par sa trajectoire proche de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, il symbolise l’engagement doctrinal d’économistes dans le mouvement corporatiste, selon lequel les représentants des salariés identifient leur intérêt (de corporation) à l’intérêt général.

Alors, peut-on séparer l’homme de connaissance (théoricien) de l’homme individuel (politisé) ?

Disciple d’un vichyste

Lorsque l’on aborde la question du positionnement politique des économistes français lors de la Seconde Guerre mondiale, une figure emblématique surgit, celle de François Perroux, qui adhéra au régime de Vichy. Celle de son disciple et collègue Henri Denis est beaucoup moins connue en ce domaine.

Celui qui allait conquérir une notoriété universitaire en tant qu’historien de la pensée économique a épousé la doctrine corporatiste. Il partage les valeurs politiques de celui qui est l’un des membres de son jury de thèse, thèse soutenue le 7 mars 1938 à la Faculté de droit de Paris, « Les récentes théories monétaires en France. Idée quantitative et conflit des méthodes ».

Pour resituer le contexte, rappelons que l’entre-deux-guerres, avec en particulier le choc de la Grande Dépression (années 1930), est propice pour certains économistes à une réflexion autour d’un ordre économique nouveau, condensant un refus du libéralisme et du communisme. En économie, comme dans le reste des sciences sociales, ces visions du monde s’affrontent.

Corporatisme catholique

Portrait d’Henri Denis (1913-2011), économiste sulfureux français.
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En France, la doctrine corporatiste réunit autour d’elle plusieurs économistes, dont Gaëtan Pirou (lui aussi figurant dans le jury de thèse d’Henri Denis en 1938), François Perroux et le jeune Henri Denis. Celui-ci est issu d’une famille bretonne très catholique. Il est séduit par cette pensée qui, malgré sa diversité, entend défendre les valeurs de l’Occident et celles de la chrétienté.

Henri Denis obtient son doctorat et décroche l’agrégation de sciences économiques en 1942. Un an auparavant, en 1941, il publie La corporation dans la célèbre collection « Que sais-je ? » Ouvrage dans lequel il rend un hommage appuyé à François Perroux, et aussi à Gaëtan Pirou, dont il s’inspire pour comparer les différents courants corporatistes en Europe, du Portugal salazariste à l’Italie fasciste en passant par l’Allemagne nazie.

Dans cet ouvrage, il expose la véritable finalité du corporatisme : construire un nouvel ordre social et une nouvelle organisation de l’économie, centrés sur le corporatisme, sur la communauté de travail, sur l’artisanat, induisant la suspension du jeu capitaliste et des luttes de classes. Un an plus tard, Henri Denis va jusqu’à prétendre que le socialisme est la ruine de la civilisation.

Travaux financés par Vichy

Cette adhésion d’Henri Denis aux principes du corporatisme le conduit à rejoindre la Fondation française pour l’étude des problèmes humains créée en 1941, mieux connue sous l’appellation de Fondation Alexis-Carrel (du nom du Prix Nobel de médecine Alexis Carrel, qui prôna l’eugénisme). Son budget est alloué par le secrétariat d’État à la famille et à la santé du régime de Vichy.

Cette fondation est constituée de six départements, dont celui de « bio-sociologie », dirigé par François Perroux, qui fit appel à Henri Denis en 1942 pour traiter des théories économiques. Les conflits de personnes au sein même de la Fondation conduisent Perroux et Denis à s’éloigner d’Alexis Carrel. Mais c’est surtout la fin de la guerre, occasionnant un démantèlement progressif des institutions de Vichy, qui oblige les économistes à songer à leur reconversion.

Henri Denis, comme beaucoup d’autres, entreprend, dès le lendemain du conflit, une reconversion idéologique saisissante, inattendue même.

Du corporatisme au communisme

Afin d’effacer les années d’engagement dans le corporatisme et les fonctions accomplies dans les institutions du gouvernement de Vichy, l’heure est aux reconversions. Pour les universitaires, se soustraire à ce risque, c’est entreprendre une révolution idéologique, comme celle qui va caractériser Henri Denis.

On sait qu’après la guerre, le communisme s’impose, tant par le rôle joué par l’URSS dans l’issue de la guerre, que, dans le cas français, l’affirmation politique du Parti communiste français (PCF). Après un passage par l’Union des chrétiens progressistes (UCP), Henri Denis rejoint le PCF en 1953 – il quitte le PCF huit ans plus tard, c’est-à-dire au moment où il est nommé professeur à Paris.

Il dirige le quotidien Ouest Matin, une émanation des fédérations du PCF de Bretagne, « un grand quotidien régional d’information et de défense républicaine ». Il intègre le comité de rédaction de la revue marxiste Économie et politique, où il développe une critique des approches catholiques du marxisme.

En 1950, Henri Denis publie la Valeur. Dans cet ouvrage, il critique explicitement l’économie bourgeoise et cherche à démontrer la pertinence scientifique du marxisme en économie.

Enseignant communiste


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Professeur agrégé d’économie à l’Université de Rennes (Ille-et-Vilaine), Henri Denis est muté au début des années 1960 à ce qui est encore la Faculté de droit de Paris. Dans le cadre de son cours d’histoire de la pensée économique, Henri Denis publie en 1966 la première édition de son célèbre manuel Histoire de la pensée économique.

Comparativement aux manuels antérieurs (ceux de Charles Gide et Charles Rist, d’André Piettre ou d’Émile James, par exemple), la place de Marx et du marxisme dans le manuel de Denis est imposante : un bon tiers du manuel, soit plus de 200 pages. Elle témoigne de son engagement doctrinal et de sa connaissance de l’œuvre de Marx et des auteurs se réclamant de lui.

Nombreux sont les témoignages d’anciens étudiants devenus pour certains d’entre eux des professeurs d’économie qui indiquent que le manuel d’Henri Denis a contribué de manière décisive à l’implantation du marxisme dans les universités. La réception et la diffusion de l’Histoire de la pensée économique, d’Henri Denis, suscitent de nombreuses controverses. Elles opposent les professeurs plutôt conservateurs qui ont vu dans ce livre et dans le cours professé par Denis, une façon de corrompre la jeunesse française, tandis que d’autres y décèlent un renouveau de la pensée marxiste en France.

Discrédite le marxisme

Les années 1970 sont celles de la montée en puissance de la problématique des droits humains du totalitarisme, et du goulag en Union soviétique. L’étoile du marxisme commence à pâlir, et le discrédit jeté sur Marx et sur son œuvre s’affirme. Les signes annonciateurs du libéralisme se distinguent dans la science économique, et dans les mouvements politiques.



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Henri Denis, qui, durant plus de vingt ans, met en avant la scientificité de l’œuvre de Marx, participe à son discrédit. Il publie, en 1980, l’Économie de Marx. Histoire d’un échec. Le terme « échec » apparaissant lourd de sens à une époque où l’idée de socialisme n’a plus cours, et est associée à la dictature.

Fidèle à une conception corporatiste de l’organisation de la société, Henri Denis revient plus de quarante ans après, sur cette doctrine dans l’un de ses derniers ouvrages, publiés en 1984, Logique hégélienne et systèmes économiques. Il indique qu’il s’agit d’une solution aux maux engendrés par le libéralisme (injustices et désordres) et à la tyrannie inhérente à la planification.

Girouette économique

En se penchant sur cette figure légendaire de la pensée économique en France, l’ambition était de montrer qu’Henri Denis, dans le champ même de la science économique, avait, comme d’autres, incorporé certaines règles du jeu social qui l’ont conduit à se situer en quelque sorte sur les sommets de la pensée économique. D’abord, en affirmant sa croyance en la doctrine du moment, le corporatisme, puis, en raison de la défaite de cette doctrine, en épousant la cause du marxisme, avant d’y renoncer.

Ce faisant, il s’agit de créer une anamnèse des origines d’un professeur, et de pratiquer une historicisation d’un parcours universitaire, en se libérant d’une forme d’illusion de l’autonomie de la sphère des idées. Les discours et les actions qui se constituent dans un champ, celui de l’économie en l’occurrence, sont sociologiquement déterminés par les conditions sociales de ceux qui en sont les dépositaires. Dit autrement, l’homme de connaissance ne peut être dissocié de l’homme individuel.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

– ref. Du régime de Vichy à Marx… l’étonnant parcours de l’économiste Henri Denis – https://theconversation.com/du-regime-de-vichy-a-marx-letonnant-parcours-de-leconomiste-henri-denis-257406