Source: The Conversation – (in Spanish) – By Humberto Yévenes Briones, Profesor en la Facultad de Medicina. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología., Universidad Autónoma de Madrid
Lamentablemente, aún no tiene cura, y los tratamientos disponibles ofrecen una eficacia limitada. A esto hay que añadir que opciones como los audífonos o los implantes cocleares son costosos y suelen presentar un uso deficiente o escaso entre quienes los necesitan. De hecho, se ha estimado que un audífono clínico suele ser la tercera compra más cara que realiza una persona, solo después de una vivienda o un automóvil. Por si fuera poco, la financiación pública en muchos países, incluido España, continúa siendo restringida y no garantiza un acceso equitativo a todos los ciudadanos.
El peso de los buenos hábitos
Entonces, ¿cómo podemos prevenir la pérdida de audición? La primera medida es proteger nuestros oídos del ruido excesivo. Por ejemplo, cuando trabajamos en ambientes ruidosos, hay que usar protección auditiva adecuada, y si asistimos a conciertos o eventos con música alta, no está de más ponernos tapones o protectores de oído.
Pero, además, está comprobado que llevar estilos de vida saludables –dormir bien, realizar actividad física regularmente, moderar el consumo de alcohol…– ayuda a cuidar nuestra audición. Y en este capítulo, la alimentación se revela como un pilar fundamental.
Últimamente, los investigadores han comprobado que mantener una dieta sana y equilibrada no solo beneficia nuestra salud en general: seguir patrones nutricionales ricos en frutas, verduras, legumbres y pescado, y con bajo consumo de sal, carnes rojas y productos procesados, puede contribuir a reducir el riesgo de pérdida de audición.
Pescado y vitaminas
Si ponemos el foco en componentes específicos para incluir en el menú, se muestran especialmente beneficiosos los ácidos grasos poliinsaturados que encontramos en pescados como el salmón o las sardinas, así como los presentes en el aguacate y los frutos secos. Además, consumir al menos dos raciones de pescado a la semana podría reducir el riesgo de perder audición hasta en un 20 %.
Y recientemente, un estudio que hemos llevado a cabo con población española revela que cumplir con las recomendaciones de ingesta de vitaminas como A, C, D, E y folato (también llamado vitamina B9), además de minerales como calcio, magnesio, potasio, zinc y yodo, podría dismunuir de manera significativa la prevalencia de la merma auditiva, especialmente en las personas mayores.
Disfrutar de los sonidos y las conversaciones sin trabas
En definitiva, comer bien no es solo una cuestión de prevención de enfermedades: es una manera de cuidar de nosotros mismos a múltiples niveles, desde el corazón hasta los oídos, garantizando una vida más saludable, plena y con la posibilidad de disfrutar sin trabas de los sonidos y conversaciones que nos rodean cada día. Nutrirnos correctamente es un acto de autocuidado integral, en el que proteger nuestra audición va de la mano con fortalecer nuestra salud general.
Pero al margen de la alimentación, no debemos olvidar otros factores que influyen en la salud auditiva, como evitar la automedicación, realizar revisiones periódicas con el especialista –la detección precoz es básica– y mantener un control adecuado de enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que también pueden deteriorar la audición. Cuidar nuestros oídos es cuidar nuestra calidad de vida.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Chimpancé en el Parque Nacional de Kibale (Uganda).Miquel Llorente.
¿Qué nos hace humanos? Durante siglos, nos hemos creído una excepción, la única especie capaz de pensar, sentir o planificar. Los demás eran simplemente autómatas, criaturas movidas por reflejos y aprendizajes mecánicos, casi como máquinas gobernadas por genes. Sin embargo, la primatología cambió ese relato. Hoy en día sabemos que la frontera entre humanos y primates no humanos es una línea borrosa y difusa. Y, paradójicamente, al entender cómo piensan y sienten los animales, comenzamos a comprender mejor nuestra propia mente.
De máquinas a mentes
A mediados del siglo pasado, el paradigma del animal autómata empezó a desmoronarse. La evidencia no llegó desde un único frente, sino de una oleada de trabajos pioneros en todo el mundo. En los años 1960 y 1970, figuras icónicas como Jane Goodall, Dian Fossey o Biruté Galdikas se adentraron en las selvas para estudiar y descubrir a nuestros parientes más cercanos.
Documentaron a chimpancés que fabricaban y utilizaban herramientas, formaban alianzas complejas y mostraban empatía hacia sus compañeros. Conocimos a gorilas de montaña que, lejos de ser criaturas agresivas, eran seres sociales y sensibles, capaces de cuidar, jugar y llorar la pérdida de sus crías; y orangutanes que, aunque solitarios, invertían largos e intensos periodos en el cuidado y la crianza de sus pequeños, casi más que los propios humanos.
Sabater Pi fotografiando un gorila en la Guinea española a mediados del siglo XX. Wikimedia Commons., CC BY
Al mismo tiempo, el español Jordi Sabater Pi, en sus estudios en Guinea Ecuatorial, documentó que los chimpancés usaban bastones para excavar y alimentarse de termitas, años antes de que esas imágenes llegaran a las revistas internacionales y a los documentales de la BBC. Su cuaderno de campo, repleto de bocetos y apuntes, es un recordatorio de que la curiosidad científica no siempre habla inglés.
Empatía ecológica
Al otro lado del mundo, la primatología japonesa, liderada por Kinji Imanishi y Junichiro Itani, aportó algo más que datos: una filosofía. Mientras el observador occidental mantenía las distancias, los japoneses propusieron la “empatía ecológica”: dejar de observar al sujeto de laboratorio para comprender al individuo dentro de su grupo y su entorno.
Primates capaces de consolar a un compañero angustiado
Como punto de partida de esa visión cultural, la primatología ha revelado que los primates poseen una vida mental y emocional rica. Especialmente los grandes simios –chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes– poseen una sorprendente variedad de habilidades cognitivas. Pueden reconocerse en un espejo, recordar eventos pasados y anticipar las acciones de otros. Son capaces de consolar a un compañero angustiado –lo que denominamos compasión– o, cuando les conviene, tratan de engañar a los demás.
Algunos exhiben conductas propias de la tanatología, manteniéndose al lado del cuerpo de un ser querido fallecido a lo largo de horas o días. Piensan y sienten, aunque quizá no de la misma forma en la que nosotros lo hacemos.
El duelo de Natalia, una chimpancé de 21 años.
Recordar el pasado, anticipar el futuro, la autoconsciencia o imaginar lo que otro sabe, ya no son capacidades exclusivamente humanas. Los chimpancés negocian alianzas políticas y se reconcilian tras los conflictos.
Tampoco lo es la cooperación, ni tampoco el sentido de justicia. En cuanto a la comunicación, su repertorio es asombroso: vocalizaciones con matices emocionales, gestos intencionales y miradas que “dicen” más que muchas palabras. Aunque no usen un lenguaje simbólico como el nuestro, utilizan —de forma intencional— un amplio repertorio de gestos comunicativos en sus relaciones sociales, con una complejidad que roza la conversación.
Experimento del primatólogo neerlandés Frans de Waal sobre el sentido de la justicia con monos capuchinos.
Lo que nos diferencia
Aún no sabemos hasta dónde llega su conciencia de sí mismos, su capacidad de imaginar el futuro o de atribuir creencias falsas a otros, lo que en psicología llamamos teoría de la mente completa. La lista de preguntas sin respuesta incluye cuestiones como: ¿comprenden realmente la muerte o solo la ausencia? ¿Pueden mentir de forma deliberada? ¿Tienen sentido del humor? ¿Experimentan belleza o placer ante un paisaje? ¿Pueden distinguir entre el bien y el mal en términos morales?
Y es que hay rasgos que parecen exclusivos o, al menos, más desarrollados, en nuestra especie. Nos referimos a la enseñanza deliberada, al lenguaje simbólico, a la imitación compleja y a nuestra ontogenia cultural, en la que cada generación recibe y modifica el saber de la previa. Desde una mirada neovigotskiana, podríamos afirmar que los seres humanos no venimos al mundo con una mente propia, sino dentro de una ajena: la de otros.
Nuevas miradas a viejas preguntas
Las modernas técnicas de investigación han abierto una ventana inédita al mundo interior de los animales. Herramientas como el eye-trackingpermiten registrar hacia dónde dirigen la mirada los primates y, con ello, inferir cómo perciben y procesan la información visual o social del entorno en el que viven.
Otras aproximaciones, como el análisis automatizado de expresiones faciales, la inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de gestos o los proyectos colaborativos internacionales como ManyPrimates, multiplican las posibilidades de explorar su mente.
Ciencia, ética e implicaciones prácticas
Estas nuevas miradas no solo buscan conocer, sino también cuidar. Reconocer que otros animales piensan y sienten no es únicamente un avance científico. Implica aceptar que poseen intereses, emociones y necesidades psicológicas propias. Y esa comprensión transforma también nuestra forma de actuar.
En los centros de fauna en cautividad, donde muchos de ellos viven, ya no debe de hablarse solo de mantenimiento o cuidado, sino de ofrecer vidas con sentido: permitirles elegir, explorar, cooperar, vincularse y decidir.
Si tienen mente, también tienen derechos a experiencias mentales plenas. Debemos garantizar que puedan expresar su curiosidad, su juego, su afecto y su libertad de elección. El bienestar psicológico no es un lujo, es una obligación moral y científica.
Miquel Llorente Espino no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ignacio López-Goñi, Catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología (SEM), Universidad de Navarra
Durante las primeras semanas y meses de vida, el bebé inicia uno de los procesos biológicos más importantes de su desarrollo: la construcción de su microbiota intestinal. Este conjunto de microorganismos no solo participa en la digestión de los nutrientes, sino que desempeña un papel clave en la maduración del sistema inmunitario, la regulación del metabolismo y la protección frente a patógenos en los primeros años de vida.
En este contexto, la leche materna se revela como mucho más que un alimento: es un ecosistema vivo, dinámico y complejo que se adapta a las necesidades del lactante. Aporta energía, vitaminas y minerales, pero también componentes bioactivos esenciales, como anticuerpos, células inmunes, oligosacáridos (un grupo de azúcares complejos y diversos) y microorganismos vivos.
Porque la leche humana no es ni mucho menos estéril: alberga cientos de especies bacterianas que contribuyen activamente al establecimiento del microbioma intestinal del bebé.
Las bacterias que el bebé hereda a través de la leche materna
En muchos recién nacidos, especialmente durante los primeros meses, la leche materna constituye la principal –y a veces única– fuente de microorganismos intestinales. En ella predominan géneros bacterianos como Staphylococcus y Streptococcus, junto a otros como Lactobacillus, Bifidobacterium, Veillonella o Escherichia.
Un estudio reciente analizó muestras de leche materna y heces infantiles de 195 parejas madre–bebé en Estados Unidos durante los seis primeros meses tras el parto. Los resultados mostraron que tanto la leche como el intestino de los bebés de un mes de edad estaban dominados por bifidobacterias, especialmente Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve y Bifidobacterium bifidum. También se detectaron en la leche bacterias asociadas a la piel materna, como Staphylococcus epidermidis y Cutibacterium acnes, y especies vinculadas a la cavidad oral, caso de Streptococcus salivarius. En el intestino del bebé aparecían, además, otras bacterias como Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Phocaeiola vulgatus y Phocaeiola dorei, junto a microorganismos típicos de la boca, como Veillonella.
La investigación identificó hasta doce cepas bacterianas compartidas entre la leche materna y las heces del lactante. La especie más frecuente fue Bifidobacterium longum, seguida de Bifidobacterium infantis, Staphylococcus epidermidis, Bifidobacterium breve y Streptococcus salivarius. Por otra parte, los bebés alimentados exclusivamente con leche materna presentaban una mayor abundancia de bifidobacterias intestinales que aquellos que interrumpían la lactancia exclusiva antes de los seis meses, lo que sugiere que el amamantamiento prolongado favorece su persistencia y expansión.
No obstante, la presencia de estos microorganismos en la leche no garantiza por sí sola su implantación en el intestino del bebé. Factores como la microbiota previa, la genética del huésped o la disponibilidad de nutrientes influyen en el éxito de la colonización, lo que apunta a mecanismos más complejos que una simple transferencia microbiana.
El intercambio de bacterias entre madre y lactante es más intenso durante el primer mes de vida y disminuye con el tiempo. Además, los niños nacidos por parto vaginal muestran una mayor persistencia de cepas compartidas que los nacidos por cesárea, cuyo microbioma intestinal tiende a ser más diverso pero menos estable.
Finalmente, también se observó que madre y bebé compartían bacterias típicamente orales, como Rothia mucilaginosa y Streptococcus salivarius. Esto sugiere que algunas especies podrían colonizar primero la cavidad oral del lactante antes de llegar al intestino, o que el propio bebé contribuye a la colonización microbiana de la leche poco después del nacimiento.
Un diálogo en dos direcciones
Más allá de la transferencia de bacterias, la leche materna modula activamente el microbioma infantil mediante otros componentes. Los oligosacáridos, por ejemplo, favorecen selectivamente el crecimiento de bacterias beneficiosas como Bifidobacterium, Bacteroides y Akkermansia. En este sentido, la leche actúa simultáneamente como probiótico (aporta microorganismos vivos) y prebiótico (proporciona partes de los alimentos que usan las bacterias).
Un segundo estudio, realizado en 152 parejas de madre y bebé en Burkina Faso, analizó a lo largo del tiempo muestras de heces maternas, leche y heces infantiles desde el embarazo hasta los seis meses posparto. Este trabajo mostró que la riqueza microbiana del intestino del bebé es muy baja en comparación con la de la madre, mientras que la microbiota de la leche presenta una enorme variabilidad entre mujeres, configurando una auténtica “firma microbiana” individual.
Los resultados revelaron una correlación entre la microbiota intestinal del bebé y la composición de la leche materna. De forma llamativa, los lactantes con mayor diversidad bacteriana intestinal tenían madres cuya leche contenía niveles más elevados de macronutrientes, minerales, vitaminas del grupo B y una amplia variedad de metabolitos. En particular, los oligosacáridos de la leche variaban en función de la microbiota del bebé durante los primeros meses de vida. La composición del alimento, por tanto, no es siempre la misma, sino que cambia durante el periodo de lactancia, según la microbiota del bebé.
Esto sugiere que la leche materna no solo influye en el microbioma del lactante, sino que también responde a él. Entre los posibles mecanismos se incluyen señales procedentes de metabolitos bacterianos del bebé, la transferencia de bacterias orales durante la succión o respuestas inmunitarias maternas inducidas por la microbiota infantil.
La lactancia como un sistema de comunicación biológica
En conjunto, estos estudios demuestran que la relación entre madre y bebé durante la lactancia es profundamente bidireccional. La microbiota intestinal y láctea materna, junto con los oligosacáridos, nutrientes y metabolitos de la leche, se ajustan de forma dinámica al desarrollo y al estado del microbioma del niño.
La lactancia deja de entenderse como un proceso unidireccional de nutrición para convertirse en un sistema de comunicación en tiempo real entre dos organismos interdependientes. La leche humana no es solo alimento: es un lenguaje biológico que evoluciona con el bebé, permitiendo a la madre adaptar finamente su composición a las necesidades del desarrollo infantil.
La versión original de este artículo fue publicada en el blog del autor, microBIO.
Ignacio López-Goñi no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – (in Spanish) – By Milagros Torrado Cespón, Docente e investigadora. Lengua inglesa y su didáctica, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja
Esto supone que la tradicional muñeca rubia y blanca se vende hoy con distintos colores de piel, tallas y formas, profesiones y manifestaciones culturales, pero también con distintos atributos inclusivos que abarcan desde enfermedades a condiciones médicas. Ahora lanzan una Barbie con autismo. Para caracterizarla han decidido que llevase ciertos elementos que suelen asociarse a una persona autista: un sistema de comunicación aumentada, unos cascos de cancelación de ruido y un spinner. Por lo demás, es una Barbie como las otras, en este caso, morena: esbelta, pelo largo y a la moda.
El espectro autista y sus necesidades
El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la comunicación, a la interacción social, al comportamiento y a la percepción sensorial. No es una enfermedad ni algo que se cure, sino que es parte de la diversidad humana.
Cada persona autista es diferente, por eso hablamos de un espectro. Existe una complejidad inmensa dentro del autismo y, por lo tanto, las necesidades de cada persona autista son particulares.
En ocasiones, sí se sirven de ciertos elementos para adaptarse o enfrentarse mejor a la vida ordinaria: los cascos de cancelación de ruido son bastante frecuentes entre la población autista debido a la sobrecarga de estímulos presente en muchas situaciones cotidianas, desde un partido de fútbol en un bar al ruido del transporte urbano, pero ni son exclusivos de la población autista ni todas las personas autistas los necesitan.
¿Inclusión estereotipada?
Para muchas familias de niños o niñas en el espectro del autismo, la aparición de esta muñeca puede producir sentimientos encontrados. Una primera reacción puede ser de alegría. ¡Qué bien! Estamos trabajando de cara a la visibilización, estamos poniendo el autismo en el campo de juego, literal y metafóricamente.
Pero de palabras como “inclusión” y “diversidad” podemos pasar a otras como “estereotipo”. La única diferencia entre esta muñeca y las demás de la colección, exteriormente, es la inclusión de los tres accesorios. ¿Creará esto la falsa impresión de que son imprescindibles, o de que si un niño no los necesita no estaría en el espectro?
Como madre de un niño con diagnóstico de autismo, una de las autoras de este artículo aprovechó la hora de una reunión familiar para enseñarles a sus tres hijos imágenes de Barbies. Les preguntó cuál de ellas era autista. No hubo quorum. Les indicó cuál era la así definida por la marca, y les preguntó qué la identificaba como autista. Tras unos instantes, señalaron que quizá los cascos…
Entonces la pequeña, de seis años, fue a buscar una de sus Barbies, lo que en la película Barbie llaman la Barbie estereotípica: rubia, delgada y de ojos azules. La pregunta que les hizo a los tres en ese momento fue “¿Por qué esta Barbie no es autista?”. Silencio. Entonces la niña dijo “Sí puede ser autista”. Y con esas tres últimas palabras debería hacer temblar el mundo de la inclusión mal pensada.
Las representaciones en el juego simbólico
Barbie es autista si en el niño o niña que juega con ella decide que lo sea. El juego simbólico, vital para el aprendizaje, es una representación de lo que niños y niñas absorben de su entorno. Si su entorno les enseña a identificar el autismo con estereotipos, esto será lo que representen en su juego simbólico.
Pero esta niña que conoce el autismo de primera mano sabe que su hermano no es como la Barbie autista, así que es ella quien decide cuál de sus muñecas es autista. Y lo decide porque sus padres se han preocupado de enseñarle a entender el autismo.
Sí a la Barbie autista… con acompañamiento educativo
La Barbie autista es una iniciativa valiosa, en la medida en que contribuye a visibilizar, normalizar el autismo y a hacerlo presente en el imaginario infantil. La representación importa y mucho, pero no basta por sí sola.
Un juguete, incluso diseñado con la mejor intención, no es neutro. Sin acompañamiento, la Barbie autista corre el riesgo de convertirse en una representación rígida del autismo, asociada a ciertos objetos y necesidades concretas. En cambio, utilizada desde la reflexión y el diálogo, puede ser una potente herramienta educativa para explicar que el autismo es diverso, que no todas las personas autistas son iguales y que ninguna condición se reduce a unos accesorios.
Por eso, la inclusión no debería terminar en la compra del juguete. Requiere que madres, padres y educadores se informen, escuchen a personas autistas, respondan a las preguntas que surjan y ayuden a contextualizar lo que el juguete representa. Solo así el mensaje con el que fue creado puede transmitirse de forma adecuada.
En ese sentido, Barbie ya era autista antes de esta versión. Barbie es autista desde el momento en que quien juega con ella puede imaginarlo, comprenderlo y nombrarlo sin estereotipos. Y eso solo es posible cuando el autismo deja de ser algo ajeno y se convierte en parte natural de la diversidad que enseñamos a entender desde la infancia.
Milagros Torrado Cespón es directiva y co-fundadora de la Asociación de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza – BarbanTEA.
Miguel Lois Mosquera no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Les plantes sont en contact tellement étroit avec des microorganismes que l’on parle de symbiose, et qu’on ne peut envisager l’évolution des unes sans les autres.Gaudenis/Unsplash, CC BY
Les plantes et leur microbiote – tout comme les humains et leur microbiote –échangent du matériel génétique. En étudiant cette forme de communication entre les partenaires d’une symbiose, des scientifiques montrent comment les racines peuvent favoriser l’accès aux nitrates présents dans le sol – une ressource indispensable à la croissance des plantes. Ils et elles explorent aussi l’hypothèse que ce langage permette de lutter contre les pathogènes.
Depuis une dizaine d’années, une nouvelle vision des organismes s’impose. Les êtres humains, les animaux et les plantes ne peuvent exister sans leur association avec une myriade d’espèces de microorganismes qui constituent leur microbiote et qui leur apportent des fonctions biologiques complémentaires à leur hôte.
Par exemple, les champignons « mycorhiziens » prolongent les fonctions racinaires des plantes. Ils leur permettent notamment d’explorer le sol et ses ressources ; et apportent une fonction protectrice contre les pathogènes grâce à leur capacité à synthétiser des fongicides et des antibiotiques.
Cette nouvelle vision des organismes, non plus comme des individus uniques mais comme des métaorganismes, implique l’existence d’un dialogue entre les différents partenaires de cet ensemble complexe – que nous nous efforçons aujourd’hui de décoder.
Un nouveau langage, fondé sur le transfert de « code génétique » au sein des êtres vivants
Au sein des êtres vivants, différents mécanismes de communication sont connus, permettant le transfert d’informations à différentes échelles de l’organisme. Il peut s’agir d’échanges d’ions, comme le calcium ou le potassium entre les cellules, de signaux électriques à travers nos neurones ou encore le transport d’hormones dans le sang, comme l’insuline qui régule la glycémie en fonction de notre régime alimentaire.
Il existe même des petites protéines ou des peptides capables de voyager entre les organes, qui peuvent par exemple être impliqués dans l’immunité. Un cas très étudié est celui de la systémine, produite par les feuilles de plantes blessées. Ce peptide est transféré à d’autres organes pour induire des mécanismes de défense dans la plante entière.
En plus de cet arsenal de dialogues moléculaires, une autre voie de communication a été découverte en 1993 et a révolutionné le domaine de la communication chez les organismes vivants. Elle est basée sur l’échange de matériel génétique, composé de mini-séquences appelées « microARN », entre différentes cellules et/ou organes d’un même individu.
Initialement observée chez un nématode (un ver microscopique), cette découverte a ensuite été généralisée à d’autres animaux, aux êtres humains et aux plantes. Elle a donné lieu à l’attribution du prix Nobel de médecine 2024 à Victor Ambros et Gary Ruvkun.
Les premières recherches ont montré que ces microARN sont des intermédiaires de communication impliqués dans la majorité des processus biologiques, depuis l’embryogenèse jusqu’au vieillissement, et affecte notamment l’immunité et la résistance des organismes aux contraintes environnementales.
Un langage aussi utilisé entre différents êtres vivants
Depuis une dizaine d’années, nous savons également que ces microARN sont impliqués dans le transfert d’information entre différents individus – ce que l’on peut qualifier de communication.
En particulier, les microorganismes du microbiote et leur hôte échangent du matériel génétique. Ceci est particulièrement surprenant car, en général, le matériel génétique (ADN) ou l’intermédiaire de ce matériel (ARN) ne sont pas très mobiles entre cellules et a fortiori entre cellules d’individus et d’espèces différents !
Néanmoins, l’étude du microbiote intestinal des mammifères a bien mis en évidence en 2016 l’implication de microARN produits par les cellules épithéliales du tube digestif de l’hôte, dont le but est d’exercer une pression de sélection du microbiote intestinal bénéfique et de reprogrammer le fonctionnement de ce dernier.
Pourquoi ce « langage » est important pour une agriculture en transition
En 2024, nous avons également montré (Brevet FR3147485 du 11/10/2024) que des microARN de plantes pouvaient réduire la compétition de ses dernières avec certains microorganismes présents dans le sol à proximité de leurs racines pour l’accès aux nitrates, une ressource vitale pour les végétaux souvent apportée par les engrais minéraux ou les épandages de lisier et fumier.
De plus, dans le cas de certains stress environnementaux ou bien d’infections par les pathogènes, l’expression des microARN est perturbée et on assiste à un développement anarchique, ou déséquilibre, du microbiote – on parle de « dysbiose ».
Il est concevable d’agir sur le « langage » entre microbiote et racines pour moduler la réponse des plantes aux changements environnementaux, notamment en contexte agricole. Par exemple, l’utilisation de microARN naturellement produits par les plantes pourrait aider ces dernières à recruter un microbiote bénéfique, et leur permettre de se défendre des pathogènes, de résister aux stress environnementaux liés au changement climatique ou encore de faciliter leur nutrition ; ce qui pourrait permettre de limiter notre dépendance aux engrais minéraux et aux produits phytosanitaires délétères pour l’environnement.
Nous espérons que ces pratiques fondées sur l’application de microARN mimant ceux naturellement produits par les plantes puissent constituer une nouvelle porte d’entrée vers une agriculture durable et respectueuse de l’environnement sans avoir recours à l’introduction de gènes exogènes dans le génome des plantes, ce qui crée des organismes génétiquement modifiés, qui sont l’objet de controverses dans notre société.
Le projet Deciphering plant-microbiome interactions to enhance crop defense to bioagressors est soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.
Cécile Monard a reçu des financements de CNRS, CMI Roullier, OSERen
Abdelhak El amrani a reçu des financements de la région de bretagne, CNRS, Europe, ANR.
Un retour sur un épisode aujourd’hui oublié, celui de la victoire du Venezuela contre les États-Unis, au milieu des années 1990, devant l’organe de règlement des différends de l’OMC, permet d’appréhender l’évolution qu’a connue l’ordre international au cours de ces trente dernières années.
Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, les forces armées états-uniennes ont capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro au palais de Miraflores, à Caracas. Dans la foulée, Donald Trump annonçait que les États-Unis dirigeraient temporairement le Venezuela, le temps de permettre l’installation d’un gouvernement favorable à Washington. Il s’en est ensuite félicité sans détour : l’objectif de l’opération était l’accès au pétrole vénézuélien, appelé selon lui à être exploité par les grandes compagnies américaines.
Cette séquence, largement commentée, soulève de graves questions vis-à-vis du droit international. Mais elle invite aussi à une interrogation plus fondamentale : qu’est-ce qu’une victoire dans les relations internationales ? Et si nous nous trompions sur ce que signifie « gagner » ?
Revenons trente ans en arrière, à une époque où le Venezuela affrontait déjà les États-Unis sur un terrain stratégique : celui de l’énergie. La bataille ne se déroulait pas à Caracas, mais à Genève.
David contre Goliath, ou l’art de combattre les géants
Dans La loi David et Goliath, paru en 2013, l’essayiste canadien Malcolm Gladwell invite à repenser les conflits asymétriques. Selon lui, les situations de désavantage apparent peuvent se transformer en sources de force, précisément parce qu’elles obligent à inventer d’autres stratégies.
Les géants, écrit-il, ne sont pas toujours aussi puissants qu’ils le paraissent ; leurs atouts peuvent devenir des faiblesses. À l’inverse, la position du plus faible peut ouvrir des opportunités inattendues.
Une affaire fondatrice : le Venezuela contre les États-Unis
L’OMC entre officiellement en fonctions le 1ᵉʳ janvier 1995, avec une innovation majeure : un mécanisme de règlement des différends juridiquement contraignant, destiné à remplacer les rapports de force commerciaux par des règles communes et opposables.
Quelques semaines plus tard, le 23 janvier 1995, le Venezuela saisit l’Organe de règlement des différends. Le pays est dirigé depuis 1994 par Rafael Caldera Rodriguez, figure de la démocratie vénézuélienne d’avant Chavez (qui lui succédera à la présidence en 1999), dans un contexte où Caracas et Washington entretiennent encore des relations diplomatiques et économiques relativement normales, fondées sur l’interdépendance énergétique et le respect des cadres multilatéraux.
Washington applique alors des normes environnementales plus strictes à l’essence importée qu’à l’essence raffinée sur son territoire, ce que Caracas considère comme une discrimination déguisée contraire au principe de « traitement national » selon lequel un produit importé ne doit pas être traité moins favorablement qu’un produit national similaire.
Washington invoque la protection de l’environnement et de la santé publique, estimant que ses mesures sont justifiées par les exceptions prévues par les accords de l’OMC. En janvier 1996, le groupe spécial donne raison au Venezuela, rejoint entre-temps par le Brésil. Les États-Unis font appel, mais l’organe d’appel confirme l’essentiel des conclusions. Contraints par la décision, ils modifient leur réglementation en 1997.
L’OMC et l’ORD : un pari sur la paix par le droit
La création de l’OMC reposait sur une conviction forte : le commerce international, encadré par des règles communes et arbitrées par des institutions indépendantes, pouvait contribuer à la stabilité et à la paix. Le cœur juridique de ce projet est l’Organe de règlement des différends (ORD).
Pour la première fois, les États acceptent un mécanisme quasi juridictionnel, obligatoire, doté de délais contraignants et d’une possibilité de sanction en cas de non-exécution. L’ORD n’est pas parfait, mais il introduit une rupture majeure : la substitution du droit au rapport de force dans la gestion des conflits commerciaux.
Le différend entre le Venezuela et les États-Unis incarne cet esprit fondé sur l’égalité juridique formelle des États, indépendamment de leur puissance économique ou militaire.
Le lent effritement du multilatéralisme
Depuis une quinzaine d’années, les règles du commerce international sont de plus en plus ouvertement contournées. La Chine subventionne massivement ses filières stratégiques ; l’Union européenne recourt à un protectionnisme non tarifaire fondé sur les normes ; les États-Unis bloquent le fonctionnement de l’Organe d’appel de l’OMC. En façade, tous continuent de défendre le multilatéralisme. Dans les faits, presque plus personne ne le respecte pleinement.
Le retour de Donald Trump au pouvoir a accéléré cette dynamique. Dès l’été 2025, l’administration américaine impose des surtaxes douanières massives à l’Inde, pourtant présentée comme un partenaire stratégique clé dans la rivalité avec la Chine, mais aussi, à d’autres alliés ou partenaires majeurs, du Mexique à l’Union européenne, en passant par la Corée du Sud, et assume une politique commerciale « à la carte », fondée sur le rapport de force.
Le tournant protectionniste américain
Ce modèle a toutefois toujours été accepté par Washington de manière instrumentale. Tant que l’OMC servait ses intérêts stratégiques, en ouvrant des marchés, en diffusant les normes du capitalisme libéral, en stabilisant les relations économiques internationales, elle était tolérée, voire soutenue. Mais dès lors que le droit commercial a commencé à contraindre la marge de manœuvre américaine, le discours a changé.
L’OMC est accusée d’atteinte à la souveraineté américaine, d’inefficacité et de complaisance envers la Chine. Le blocage délibéré de la nomination des juges de l’Organe d’appel, paralysant le système de règlement des différends, marque un tournant décisif : Washington ne cherche plus à réformer le droit commercial multilatéral, mais à l’empêcher de fonctionner lorsqu’il devient contraignant.
Ce rejet s’inscrit dans une revendication assumée du protectionnisme, présenté comme un instrument de puissance et de sécurité nationale. Cette logique n’a rien de nouveau et ses contradictions ont été mises en lumière dès le XIXe siècle. En 1845, dans sa célèbre Pétition des fabricants de chandelles, Frédéric Bastiat tournait en dérision les raisonnements protectionnistes en imaginant des producteurs de chandelles demandant au législateur d’interdire la lumière du soleil, trop concurrentielle…
Le Venezuela, laboratoire d’un monde sans règles
L’opération menée contre le Venezuela en ce début d’année 2026 s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. De nombreux analystes estiment que derrière le discours sur la démocratie et les souffrances du peuple vénézuélien se dessine un objectif géostratégique clair : couper un maillon essentiel de l’approvisionnement énergétique chinois. Pékin absorbait jusqu’à 80 % du pétrole du Venezuela et avait massivement investi dans ses infrastructures. En neutralisant Caracas, Washington frappe indirectement son principal rival stratégique.
Dans cette perspective, le droit international devient superflu, voire encombrant. La violation de la souveraineté vénézuélienne est cohérente avec une stratégie d’endiguement de la Chine qui passe par l’affaiblissement de ses partenaires, qu’il s’agisse du Venezuela, de l’Iran ou, demain, d’autres États jugés stratégiques.
Les réactions internationales confirment ce basculement. L’Union européenne, pourtant prompte à se présenter comme la gardienne de l’ordre juridique international, n’a pas formulé de condamnation explicite de l’opération américaine. Les déclarations, prudentes et ambiguës, traduisent une résignation : l’ordre international fondé sur des règles communes n’est plus la priorité. L’essentiel est désormais de rester dans le camp du plus fort.
Que signifie « gagner » dans les relations internationales ?
Il serait pourtant trompeur de lire l’épisode du milieu des années 1990 comme une parenthèse enchantée où le droit international aurait, par nature, triomphé de la puissance. L’ordre juridique issu de 1945 n’a jamais été extérieur aux rapports de force. Il en est au contraire le produit. Ces règles ont été acceptées, et parfois promues, par les grandes puissances parce qu’elles correspondaient à leurs intérêts stratégiques du moment : stabiliser l’économie mondiale, sécuriser les échanges, contenir les conflits dans des cadres prévisibles.
La victoire du Venezuela devant l’OMC n’était donc pas une victoire contre la puissance américaine, mais une victoire rendue possible par un système que Washington jugeait alors utile.
Trente ans plus tard, ce n’est pas tant le droit international qui a disparu que le compromis politique qui le rendait opérant. Lorsque le droit cesse de servir la stratégie dominante, il devient un obstacle à contourner. En 1995-1997, le Venezuela a gagné un différend commercial face aux États-Unis. En 2026, les États-Unis ont gagné un accès direct aux ressources pétrolières vénézuéliennes. Mais à quel prix ?
Le prix est celui de l’érosion accélérée des règles communes, de la banalisation de la force brute et de l’installation durable d’un monde plus instable, où chaque victoire tactique fragilise un peu plus l’ordre global. Si nous nous trompons aujourd’hui sur ce que signifie « gagner », c’est peut-être parce que nous confondons la domination immédiate avec la victoire durable.
Le droit international n’a jamais aboli les rapports de force ; il en a été une mise en forme, imparfaite mais stabilisatrice. Ce que nous avons perdu, en renonçant à cette contrainte volontaire, ce n’est pas seulement un idéal juridique abstrait, mais un outil concret de régulation qui permettait encore aux David d’affronter les Goliath autrement que sur le champ de bataille.
Le droit ne triomphe jamais seul. Mais sans lui, la victoire cesse d’être autre chose qu’un rapport de prédation temporaire, et le monde, un espace où, à terme, plus personne ne gagne vraiment.
Shérazade Zaiter ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Over the past year, few words have been abused as much as “sovereignty,” particularly in relation to Canadian digital policy and artificial intelligence. In early December, Microsoft promised to invest more than $7.5 billion over the next two years to build “new digital and AI infrastructure” in Canada. This investment is backed by a pledge that it will “stand up to defend” Canadian digital sovereignty.
Framing the investment in terms of protecting Canadian sovereignty isn’t incidental. Politically, countries are increasingly worried that tech companies based in the United States are vulnerable to pressure from the increasingly authoritarian government of President Donald Trump to turn over foreign citizens’ data, trade secrets, emails and any activity or metadata produced on their systems to the U.S. government.
If you’re wondering how investments in essential digital infrastructure from a U.S. company can help protect Canadian sovereignty, you’re not alone. It can’t and it won’t, for the simple reason that Microsoft — and other tech companies based in or that do business in the United States — are promising something that’s beyond their control to deliver.
Data sovereignty
Sovereignty, in its simplest terms, refers to the ability of a state to control what happens within its borders and what crosses those borders. It has other aspects, such as whether a state is recognized by other states, but at heart it’s about control.
In June 2025 testimony before a French Senate committee examining the issue of government procurement and digital sovereignty, Microsoft France’s director of public and legal affairs, Anton Carniaux, was asked if he could guarantee under oath that data could not be transmitted to the U.S. government without the French government’s approval. He replied: “No, I cannot guarantee that, but, again, it has never happened before.”
Carniaux’s response reminds us that the U.S., through its 2018 CLOUD Act, has claimed the right to exercise control over data collected by U.S. companies, even if it’s stored outside the country. In other words, American law explicitly requires that U.S. law takes precedence over other countries’ laws.
This is a clear infringement of any definition of sovereignty in terms of control. In response, Microsoft has promised to write “into contracts that Microsoft will challenge any government demand for Canadian data where it has legal grounds to.”
While meant to sound reassuring, Microsoft’s promise is less than it appears. Not only does their commitment leave it up to Microsoft and U.S. courts to determine the validity of any demand, but the law itself is only half of the problem.
Mass surveillance
The mass illegal surveillance of global communications by U.S. intelligence agencies, revealed by whistleblower Edward Snowden in 2013, was abetted by American tech companies. The U.S. National Security Agency collected vast amounts of data on people around the world, including non-American citizens, by tapping into internet firm servers.
American companies are uniquely beholden to pressure from the U.S. government. They depend on the government to negotiate favourable international agreements, and also as a major purchaser of their goods and services.
As research by York University criminology professor Natasha Tusikov has shown, the U.S. also engages in “shadow regulation,” putting pressure on private companies to fulfil government objectives that go beyond what’s required by law — even, as Tusikov discusses, pursuing policies that have been explicitly rejected by democratically elected legislatures.
All that happened before the Trump era. And given his clear contempt for the principle of sovereignty and American tech companies’ close ties with the government, U.S. abuse of the non-American data held by its tech companies is certainly a possibility.
Carney government vague about sovereignty
As misleading as Microsoft’s promises may be, it’s the Canadian government that’s playing the loosest with digital sovereignty talk. Prime Minister Mark Carney arguably won the federal election on his promise to protect Canadian sovereignty against a rapacious United States.
While the prime minister has promised a “Canadian sovereign cloud,” it is unclear what exactly this means. Evan Solomon, Canada’s minister in charge of promoting AI, has expressed openness to including U.S. companies like OpenAI (a Microsoft partner) in Canada’s sovereign cloud, indicating that it could include “hybrid models” with “multiple players.”
Solomon has also argued that “sovereignty does not mean solitude … we can’t look at AI as a walled-off garden. Like, ‛Oh, we cannot ever take money from X or Y.’”
It’s true that sovereignty is never absolute. The real world is much messier than a world divided into neat, discrete packages that the principle of territorial sovereignty implies. No community or state is fully self-sufficient.
We live in a global world of economic and social connections. Global governance involves a mix of domestic laws, international agreements and formal and informal cross-border working relationships. Countries benefit when they can draw on expertise and resources they lack at home.
Sovereignty is about control. In the digital era, power lies with those who control the software and the data. Canada’s problem is that American companies control enormous swaths of Canada’s essential digital infrastructure, including emerging AI technologies and cloud services, but also email and the increasingly networked office software that underpin our entire society.
So long as the U.S cannot be trusted to respect domestic and international laws, companies based or working in the U.S are vulnerable to political pressure. This could potentially include capturing Canadians’ data for political and economic reasons, and cutting off our access to their products or limiting their functionality.
These hard facts about control, rather than abstract musings about sovereignty, should be our starting points for discussions about Canadian digital policy.
Blayne Haggart has received funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
Across Canada, students are grappling with record-high rents, low vacancy rates and widespread housing shortages. International students, however, experience these pressures in uniquely severe and unequal ways.
Many of them are unfamiliar with local rental markets and have small social networks. As well, they often have limited knowledge of their rights and often face uncertain immigration and financial situations.
Ongoing research I’m conducting with colleagues highlights the responsibilities of governments and institutions who are obligated to uphold the housing rights of international students. Researchers have included Rupa Banerjee, Mariam (Mo) El Toukhy, Jack Krywulak and Rushde Akbar from Toronto Metropolitan University, and Sandeep Agrawal and Pradeep Sangapala from the University of Alberta.
This research examines the accountability measures and actions governments and institutions must take to ensure students’ rights are preserved using the Rights and Responsibility framework developed by researcher Kathryn Sikkink.
Based on our preliminary findings, grounded partly in interviews with
students as well as research dialogue at a housing symposium, we offer urgent recommendations.
Housing is human right
Housing is widely recognized as a basic human right. Yet, international students often lack protection when securing safe and affordable housing.
They are also unfairly blamed for worsening Canada’s housing crisis.
Across the Global North, the lack of accessible and affordable housing has put international students at risk of housing insecurity. While financial instability is one main cause, many students also experience exploitation.
These negative housing experiences are linked to growing mental distress. Many students struggle to meet basic daily needs, such as food and shelter, and they face barriers to social integration. These vulnerabilities put international students at risk of psychological, academic and financial stress.
Limited support regarding tenant rights
International students also frequently report discrimination based on their status, race, ethnicity, gender and sexual orientation. These challenges are worsened by the limited support higher education institutions provide regarding tenant rights or finding safe, stable long-term housing.
Canada formally acknowledges housing as a basic human right under the National Housing Strategy Act of 2019. Through this legislation, the federal government has committed to ensuring that everyone in Canada has access to adequate housing. For international students, this means the right to live in safe, secure, affordable and adequate conditions.
But many international students are denied this right. Unfairly high rent, unsafe living conditions and discrimination often leave them living in severely inadequate conditions, all while being scapegoated for Canada’s growing housing pressures.
Root causes
In January 2024, the federal government capped international student visas to approximately 360,000. The 2025 budget also proposes cutting study permits by over half within three years.
Current housing policies are outdated and lack intergovernmental co-ordination. This has worsened the country’s housing crisis by creating regulatory bottlenecks, misaligned incentives, inadequate development of affordable housing and insufficient co-ordination among stakeholders across sectors.
Government policies affecting student housing are complex and fragmented. They involve overlapping jurisdictions, including federal immigration decisions (like visa caps), provincial education mandates (such as student recruitment goals) and municipal zoning rules that regulate student housing development.
All levels of government should create formal avenues for collaboration on housing issues, while higher education institutions should play a key role in leading student housing development.
There is a clear need for co-ordinated action to address the policy, infrastructure and human rights dimensions of these challenges. Existing research rarely examines the role of multisectoral partnerships — or how key stakeholders, such as governments, higher education institutions, housing developers and community organizations should collaborate.
Research with students, stakeholders
We conducted semi-structured interviews with 24 international students from 14 countries, representing 10 higher education institutions from across southern Ontario — as well as with two private and non-profit housing developers, two student housing providers and one higher education representative.
Drawing on interview insights, we conducted an online survey with nearly 1,800 Ontario and Alberta international and domestic students.
Our findings echo recent studies showing that limited institutional services and resources, combined with poor governmental policy co-ordination, have left international students disproportionately vulnerable to exploitation and discrimination in housing markets.
Many turn to digital platforms, such as Facebook Marketplace, Kijiji and other rental agencies, in addition to social media, for housing information and resources. However, as several students from Nigeria, China and Cambodia reported, many online housing options are scams, including listings with false information and demands for six to 12 months of rent paid upfront. There is clearly an urgent need for safer and more reliable digital student housing infrastructure.
In the survey, international students reported greater stress during their housing search, heightened financial anxiety and more negative housing experiences compared to their domestic counterparts.
Key takeaways
International students’ lived experiences must be central to multi-level interventions. Their perspectives should be prioritized in shaping future housing policies and services.
Higher education institutions are in the best position to provide pre-/post-arrival online resources and guides to support international students in navigating safe and appropriate housing and protecting their housing rights.
Social integration and connections with the wider community help shape students’ well-being. Universities and colleges should facilitate opportunities for civic participation and community building through both on-campus and off-campus housing arrangements. This requires engaging community organizations and non-governmental organizations in building long-term partnerships focused on shared housing, digital infrastructure, legal protection and rights advocacy.
The fragmentation between immigration, education and housing policies requires special co-ordination. This project calls for an intergovernmental student housing task force as a platform for federal, provincial and municipal governments to work in tandem with universities and colleges.
Student housing developments should be incentivized, as current housing approval processes are often lengthy, complex and inconsistent. Fast-track reviews and standardized guidelines are needed. Current zoning regulations in many jurisdictions primarily recognize higher education institutions as legitimate student housing developers, requiring other private or non-profit developers to seek zoning amendments or institutional partnerships.
These rules should be expanded to allow private and non-profit developers, multi-tenant buildings and the reuse of commercial or office spaces. Student housing should also be developed near campuses with shared space designs to help students connect socially.
International students contribute significantly to Canada’s culture, prosperity and global standing. Urgent action is needed to protect these students’ rights and well-being while fostering community cohesion and long-term sustainability.
Zhixi Zhuang receives funding from Migrant Integration in the Mid-21st Century: Bridging Divides, a research program funded by the Government of Canada through the Canada First Research Excellence Fund (CFREF).
Over the past year, few words have been abused as much as “sovereignty,” particularly in relation to Canadian digital policy and artificial intelligence. In early December, Microsoft promised to invest more than $7.5 billion over the next two years to build “new digital and AI infrastructure” in Canada. This investment is backed by a pledge that it will “stand up to defend” Canadian digital sovereignty.
Framing the investment in terms of protecting Canadian sovereignty isn’t incidental. Politically, countries are increasingly worried that tech companies based in the United States are vulnerable to pressure from the increasingly authoritarian government of President Donald Trump to turn over foreign citizens’ data, trade secrets, emails and any activity or metadata produced on their systems to the U.S. government.
If you’re wondering how investments in essential digital infrastructure from a U.S. company can help protect Canadian sovereignty, you’re not alone. It can’t and it won’t, for the simple reason that Microsoft — and other tech companies based in or that do business in the United States — are promising something that’s beyond their control to deliver.
Data sovereignty
Sovereignty, in its simplest terms, refers to the ability of a state to control what happens within its borders and what crosses those borders. It has other aspects, such as whether a state is recognized by other states, but at heart it’s about control.
In June 2025 testimony before a French Senate committee examining the issue of government procurement and digital sovereignty, Microsoft France’s director of public and legal affairs, Anton Carniaux, was asked if he could guarantee under oath that data could not be transmitted to the U.S. government without the French government’s approval. He replied: “No, I cannot guarantee that, but, again, it has never happened before.”
Carniaux’s response reminds us that the U.S., through its 2018 CLOUD Act, has claimed the right to exercise control over data collected by U.S. companies, even if it’s stored outside the country. In other words, American law explicitly requires that U.S. law takes precedence over other countries’ laws.
This is a clear infringement of any definition of sovereignty in terms of control. In response, Microsoft has promised to write “into contracts that Microsoft will challenge any government demand for Canadian data where it has legal grounds to.”
While meant to sound reassuring, Microsoft’s promise is less than it appears. Not only does their commitment leave it up to Microsoft and U.S. courts to determine the validity of any demand, but the law itself is only half of the problem.
Mass surveillance
The mass illegal surveillance of global communications by U.S. intelligence agencies, revealed by whistleblower Edward Snowden in 2013, was abetted by American tech companies. The U.S. National Security Agency collected vast amounts of data on people around the world, including non-American citizens, by tapping into internet firm servers.
American companies are uniquely beholden to pressure from the U.S. government. They depend on the government to negotiate favourable international agreements, and also as a major purchaser of their goods and services.
As research by York University criminology professor Natasha Tusikov has shown, the U.S. also engages in “shadow regulation,” putting pressure on private companies to fulfil government objectives that go beyond what’s required by law — even, as Tusikov discusses, pursuing policies that have been explicitly rejected by democratically elected legislatures.
All that happened before the Trump era. And given his clear contempt for the principle of sovereignty and American tech companies’ close ties with the government, U.S. abuse of the non-American data held by its tech companies is certainly a possibility.
Carney government vague about sovereignty
As misleading as Microsoft’s promises may be, it’s the Canadian government that’s playing the loosest with digital sovereignty talk. Prime Minister Mark Carney arguably won the federal election on his promise to protect Canadian sovereignty against a rapacious United States.
While the prime minister has promised a “Canadian sovereign cloud,” it is unclear what exactly this means. Evan Solomon, Canada’s minister in charge of promoting AI, has expressed openness to including U.S. companies like OpenAI (a Microsoft partner) in Canada’s sovereign cloud, indicating that it could include “hybrid models” with “multiple players.”
Solomon has also argued that “sovereignty does not mean solitude … we can’t look at AI as a walled-off garden. Like, ‛Oh, we cannot ever take money from X or Y.’”
It’s true that sovereignty is never absolute. The real world is much messier than a world divided into neat, discrete packages that the principle of territorial sovereignty implies. No community or state is fully self-sufficient.
We live in a global world of economic and social connections. Global governance involves a mix of domestic laws, international agreements and formal and informal cross-border working relationships. Countries benefit when they can draw on expertise and resources they lack at home.
Sovereignty is about control. In the digital era, power lies with those who control the software and the data. Canada’s problem is that American companies control enormous swaths of Canada’s essential digital infrastructure, including emerging AI technologies and cloud services, but also email and the increasingly networked office software that underpin our entire society.
So long as the U.S cannot be trusted to respect domestic and international laws, companies based or working in the U.S are vulnerable to political pressure. This could potentially include capturing Canadians’ data for political and economic reasons, and cutting off our access to their products or limiting their functionality.
These hard facts about control, rather than abstract musings about sovereignty, should be our starting points for discussions about Canadian digital policy.
Blayne Haggart has received funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
The grassroots initiative — made up of merchants, shopkeepers, university students and anti-regime members of the general public — expanded rapidly to other major cities, drawing protesters from across Iran to the streets. The call for economic stability quickly evolved into a political demand for emancipation and freedom.
Iranians have been expressing their dissatisfaction with the current regime for decades. And although the recent protests were initiated in response to the dire economic crisis, the country’s future will depend more on whether authoritarian repression and political fragmentation — both inside its borders and across the diaspora — can be overcome.
Violence, fear and the tools of repression
Political upheaval in Iran often follows a predictable cycle: the public participates in peaceful protests in response to corruption, which are then silenced by IRGC forces through the threat or use of violence, including arrests, indefinite prison sentences and mass executions.
In the recent political unrest, the IRGC used force to control, intimidate and silence protesters. Hospitals have reportedly been instructed to reject injured protesters or face consequences, and a new law has been introduced to classify any civil disobedience as a capital crime punishable by death.
Iranian President Masoud Pezeshkian responded to the new citizen-driven movement with a similarly callous dismissal, referring to protesters as victims of western influence. This claim has been used to justify the nationwide digital blackout.
Iranians who relied on various social media platforms to raise awareness about government violence now encounter censorship. This digital silence also affects reporters inside Iran, limiting transparency and preventing unfiltered news from being distributed out of the country.
Various groups in Iran have shown leadership and organization as they demand recognition and cultural autonomy from the government. Elevating an outside figure diminishes Iranians’ own role in driving change.
While the national protest movement requires direction and leadership, Pahlavi is seen as creating division rather than cohesion. Many argue that a return to monarchy would leave Iran in a weakened political state vulnerable to outside influences.
This is heightened by the fact that Pahlavi has openly requested support from U.S. President Donald Trump and Israel’s Benjamin Netanyahu to reinstate him as the Shah of Iran. He held a news conference in Washington D.C. on Jan. 16 to call for political, economic and military pressure on Tehran.
During the digital blackout, they used various social media platforms to amplify information about the ongoing protests. Simultaneously, Iranians abroad physically joined the global movement by participating in rallies and marches across the world.
However, the movement within the diaspora has seen some challenges.
But the current movement has become divided. An us-versus-them tension has developed in the diasporic community, as many perceive the movement as an expression of support for the monarchy. This divisive atmosphere has left many members of Iranian diasporas in a state of despair.
History suggests that moments of liberation in Iran do not fail for lack of courage, but for lack of political cohesion. The question now is whether the grassroots movement can sustain its momentum and legitimacy, and whether its demands won’t be overshadowed by external political frictions and agendas.
Shirin Khayambashi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
