¿Cómo podría deshacerse el nudo que se ha creado en Ceuta? Seis expertos responden

Source: The Conversation – (in Spanish) – By María Teresa Gil Bazo, Profesora Titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y Cátedra Jean Monnet en Estudios Europeos, Universidad de Navarra

Ceuta, ciudad española en el norte de África, vista desde Marruecos. JUAN ANTONIO ORIHUELA/Shutterstock

En The Conversation hemos preguntado a seis expertos en derecho y relaciones internacionales, migraciones, sociología y derechos humanos qué soluciones plantean ante la crisis migratoria que vive Ceuta. Aunque sus propuestas difieren, coinciden en reclamar más recursos, coordinación institucional, procedimientos individualizados, cooperación con Marruecos y respeto a los derechos humanos, con medidas inmediatas y estructurales.

María Teresa Gil Bazo,
profesora titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (Universidad de Navarra).

España debe resolver la insólita situación en la que se encuentra una de sus autonomías en un marco jurídico estricto y de respeto de la dignidad inherente a todo ser humano. Hacer frente a la llegada a Ceuta de un número de extranjeros casi igual al de su población exige aumentar los recursos para afrontar esta situación extraordinaria con voluntad política y buena fe.

Es necesario aumentar la capacidad de los equipos que tramitan los expedientes administrativos, tanto de asilo como de expulsión/devolución, para dar resolución rápida a todos los casos. Es también urgente desplegar todos los esfuerzos diplomáticos necesarios con Marruecos y exigir a dicho país que cumpla con sus obligaciones internacionales. Mientras tanto, es imperativo aumentar la capacidad de Ceuta tanto en sanidad como en acogida temporal.

España debe aceptar ya el ofrecimiento de la UE, incluida su agencia de control de fronteras exteriores (Frontex), para realizar un control de fronteras serio y a la vez respetuoso con los derechos y libertades de los extranjeros. Todo ello exige una acción coordinada y liderada desde el Gobierno de España.

Cecilia Estrada Villaseñor, profesora y analista especializada en migraciones internacionales, refugio, movilidad humana y comunicación (Universidad Pontificia Comillas).

La salida del evento no está en la frontera, está antes de lo que imaginamos como “línea” y que se ha enredado. El nudo de Ceuta es tal porque se ha construido en los espacios donde las personas esperan: casas de acogida, albergues y dispositivos de contención en Marruecos, sostenidos en buena medida por la externalización del control europeo. Mientras la cooperación se mida por el número de cruces evitados, el problema se aplazará, no se resolverá y se enquistará.

La mejor solución pasa por invertir esa lógica. Sugiero, primero, garantizar en la propia frontera un procedimiento individualizado de identificación y acceso al asilo, con asistencia jurídica y atención especializada a menores. Segundo, reorientar la cooperación con Marruecos hacia la protección verificable, y no hacia la inmovilización, con mecanismos independientes de seguimiento, dado que se ha podido comprobar que el procedimiento que se ha empleado a lo largo de todos estos años da como resultado una situación compleja, en especial para las personas que permanecen en Ceuta. Y en tercer lugar, abrir vías legales y seguras que faciliten el acceso al asilo para todas las personas con perfiles vulnerables desde el otro lado de la frontera, porque sin ellas la única alternativa seguirá siendo el salto.

Si no se aprende de esta situación, lo que ha ocurrido en Ceuta volverá a repetirse (y en futuras ocasiones, en otras fronteras de la Unión Europea) porque las causas seguirán permaneciendo intactas si solo se gestiona el síntoma.

Berta Álvarez-Miranda Navarro, profesora titular de sociología, especializada en sociología de las migraciones (Universidad Complutense).

Conviene desenredar los hilos que componen el nudo que se ha creado en Ceuta, que no es sencillo.

Para empezar, el gobierno debe apoyar a la ciudad autónoma para afrontar la cuestión humanitaria más inmediata. Tanto las instituciones ceutíes como la sociedad civil están superadas por el número y las necesidades de los recién llegados. La solución es complicada no solo por la gravedad de la situación, sino también por el incentivo a migrar irregularmente.

En segundo lugar, es necesario afrontar la gestión administrativa de los migrantes que han permanecido en la ciudad, cuya situación debe examinarse caso a caso, por ser menores de edad, potenciales solicitantes de asilo o personas que han migrado por mar, sin saltar una barrera física, y, por tanto, no pueden ser “devueltos en caliente”. Sin embargo, tampoco tienen derecho a permanecer en España.

Por último, el gobierno debe estabilizar la colaboración con Marruecos en el control de una frontera extremadamente desigual, sin abandonar a los ceutíes de todas las confesiones que son y se sienten españoles. Y debe hacerlo en un contexto internacional más volátil, en que Marruecos se ha acercado a los intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo mientras España se alejaba. De esta manera, ha ampliado su capacidad de chantaje a España y Europa. Y ahí los migrantes constituyen una valiosa baza.

Cristina Churruca Muguruza, investigadora en el Instituto de Derechos Humanos (Universidad de Deusto).

A corto plazo, la prioridad debería ser responder a una capacidad de acogida que ya está claramente desbordada. El Estado debería habilitar alojamientos temporales dignos, movilizando todos los recursos disponibles: instalaciones públicas, apoyo logístico del Ejército y la capacidad operativa de organizaciones humanitarias. Solo así se podra gestionar la acogida, la atención sanitaria y social y la protección de las personas más vulnerables. Esta medida de emergencia debería ir acompañada de traslados rápidos a la península y de devoluciones a Marruecos únicamente cuando existan garantías reales de respeto de los derechos, especialmente en el caso de los menores.

A medio y largo plazo, España y la UE deberían adoptar una posición más firme con Marruecos, condicionando parte de la cooperación a compromisos verificables y destinando fondos a educación, protección social y empleo en las zonas de origen.

Al mismo tiempo, deben aumentarse urgentemente las inversiones en servicios públicos, empleo e infraestructuras en Ceuta.

Gloria Fernández-Pacheco Alises, profesora en el Departamento de Derecho.
Grupo de investigación en Migraciones (Universidad Loyola).

Este verano hemos visto la necesidad de proponer medidas preventivas en los incendios que han arrasado Europa. ¿Será la solución contratar más efectivos en la línea de fuego o prevenir con la preparación adecuada de espacios y la concienciación ciudadana en cuanto al respeto del entorno? Las soluciones sostenibles en el tiempo implican medidas preventivas de largo plazo. No pueden resolverse desde el cortoplacismo y la emoción que generan los eventos inesperados.

Tanto ese fenómeno como el de las migraciones están en la encrucijada de un camino en el que nos encontramos cambios rápidos y reacciones virulentas. Muchos de esos cambios han sido generados por las decisiones humanas. Las políticas europeas de planificación territorial excluyente y la marginación social como herramienta de poder político tienen efectos colaterales, en este caso en el devenir de los flujos migratorios.

Es curioso cómo sus efectos normalmente se caracterizan por ser movimientos boomerang, de ida y vuelta. La respuesta debe partir igualmente de una planificación serena que permita asegurar flujos ordenados y analizar sus consecuencias, así como el respeto por las características de los territorios y la protección de los derechos humanos.

Todo ello implica procesos administrativos que garanticen los derechos de manera individualizada, debates políticos serenos que se basen en datos científicos, coordinación institucional y planificación estructural ordenada y consciente. Se requiere, por tanto, intervenciones a largo plazo basadas en análisis rigurosos y no en alarma social cortoplacista.

Manuel Marín Gastón, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público (Universidad Nebrija).

Toda contestación al “ataque híbrido” marroquí en Ceuta debe alejarse de una política de apaciguamiento. Por ejemplo, para solucionar la crisis migratoria de 2021-2022 el gobierno, sin consultar a las Cortes, reconoció el plan marroquí de autonomía para el Sahara como propuesta “práctica y realista”. Esa decisión solo transmitió que la instrumentalización migratoria es una estrategia rentable.

Si la solución es arrebatar el poder coercitivo a Marruecos, el camino comienza por señalar cuáles son sus objetivos: los enclaves españoles en África y las islas Canarias. En este archipiélago se disputa la zona económica exclusiva ampliada, donde se halla el monte submarino Tropic, rico en tierras raras como el telurio.

Con esto en mente, el gobierno debería abandonar el cortoplacismo electoralista y responder con una estrategia ofensiva y con el Congreso. Finlandia y otros países europeos ya legislan medidas excepcionales como suspender el asilo temporalmente en caso de ataques híbridos migratorios. No es lo ideal en una democracia, pero menos aún lo es ceder a las exigencias del agresor.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. ¿Cómo podría deshacerse el nudo que se ha creado en Ceuta? Seis expertos responden – https://theconversation.com/como-podria-deshacerse-el-nudo-que-se-ha-creado-en-ceuta-seis-expertos-responden-290378

Y a-t-il trop de bois mort dans nos forêts ?

Source: The Conversation – in French – By Damien Marage, Géographe et écologue, Professeur des Universités, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)


L’ESSENTIEL

  • Il y a en moyenne cinq fois plus de bois mort dans les forêts françaises aujourd’hui qu’il y a vingt ans.

  • La nécromasse est souvent accusée de provoquer des fléaux tels que des incendies ou des épidémies. C’est infondé.

  • Le bois mort est, au contraire, fondamental à l’écosystème forestier et un indicateur de la biodiversité des forêts.


Les épisodes caniculaires, les sécheresses successives, les attaques parasitaires, les tempêtes sont en partie à l’origine de l’augmentation de la quantité de bois mort dans les forêts de l’Hexagone. Selon l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), son volume moyen a été multiplié par cinq en vingt ans, passant de 5 mètres cubes par hectare à 25 mètres cubes par hectare (m3/ha).

Face à cette réalité, on peut entendre une petite musique monter : le bois mort serait un fléau tant il encombrerait les parcelles, qui seraient à cause de lui mal entretenues, plus inflammables, plus propices à la propagation de ravageurs… Ainsi présenté, le bois mort ne serait que problème. Tâchons d’y voir plus clair.

Le bois mort : une composante primordiale des forêts

Commençons par un constat paradoxal : le bois mort est plein de vie.

Une multitude d’espèces spécialisées dépendent de caractéristiques forestières particulières, résultant du vieillissement – appelé sénescence en botanique – puis de la mort des arbres.

En pleine possession de ses moyens, un arbre vivant protège son tronc, ses branches et ses racines des insectes, des champignons et des pathogènes par les barrières physiques et chimiques que constituent l’écorce et des molécules complexes que sont tannins, résines et latex.

Mais lorsqu’il est affaibli en raison d’une perturbation ou d’un stress ou bien parce qu’il vieillit naturellement, ces défenses s’amenuisent et vont permettre à des myriades d’organismes de s’immiscer sous l’écorce, dans son aubier (partie du bois juste derrière l’écorce) et jusqu’au duramen (partie centrale d’un tronc).

Ainsi, plus de 40 % de la diversité biologique des écosystèmes forestiers relève d’organismes « recycleurs de bois » appelés « saproxylophages ». On distingue parmi eux les espèces saproxyliques, qui ne consomment que le bois mort en décomposition, et les espèces xylophages, qui réalisent leur cycle de vie dans le bois (mort ou vivant).

Le recyclage du bois mort

La quantité d’arbres morts sur pied et au sol par unité de surface représente la nécromasse de la forêt. Son recyclage se déroule en trois temps, d’abord celui de la colonisation, puis celui de la décomposition et, enfin, celui de l’humification.

Lors de la première phrase, des centaines d’espèces de champignons, comme l’amadouvier responsable de la « pourriture blanche » ou bien la « moisissure noire », vont venir coloniser le bois mort.

Ensuite, la phase de décomposition est généralement liée aux insectes dont beaucoup de coléoptères, notamment la famille des cérambycidés (capricornes ou longicornes) qui se nourrissent de bois mort. On compte en leur sein certaines espèces emblématiques, comme le lucane cerf-volant, la rosalie des Alpes, le grand capricorne du chêne ou le pique-prune.

De gauche à droite : lucane cerf-colant, rosalie des Alpes, grand capricorne du chêne et pique-prune
De gauche à droite : lucane cerf-colant, rosalie des Alpes, grand capricorne du chêne et pique-prune.
Clame Reporter, Peter Krimbacher, Lidewijde, Magnefl/Wikimedia, CC BY

Enfin, la phase d’humification est réalisée par des organismes détritivores (champignons, acariens, collemboles, oribates, bactéries), qui se nourrissent de la matière organique en état avancé de décomposition et incorporent les restes de bois dans l’humus qu’ils contribuent à former. Cette action renforce le stockage du carbone dans le sol forestier, qui, en France, est souvent plus important que le carbone stocké dans la partie aérienne de la forêt. L’humidification permet également de restituer des éléments minéraux essentiels à la santé des arbres et de la forêt.

La durée de ces trois phases varie de cinq ans à plus de cent ans en fonction de l’essence, de la taille des débris et du contact avec le sol.

Un signe du bon état écologique des forêts

Le recyclage du bois mort mobilise lors de toutes ces phases un ensemble de chaînes alimentaires complexes auxquels prennent part des crustacés (les cloportes), des mollusques (le discret Discus), des microorganismes, des oiseaux – comme les pics qui forent le bois à la recherche d’insectes ou pour concevoir un nid – ou des mammifères, à l’instar des chauves-souris comme le murin de Bechstein.

Le Murin de Bechstein niche souvent dans des vieux arbres
Le murin de Bechstein niche souvent dans de vieux arbres.
Dietmar Nill/Wikimedia, CC BY

Dans le réseau national des réserves forestières, qui rassemble les forêts protégées, les volumes et les densités d’arbres morts sur pied et de bois mort au sol sont deux à quatre fois supérieurs aux valeurs moyennes nationales. Ces volumes peuvent dépasser les 100m3/ha.

Cette nécromasse est largement reconnue comme un indicateur composite et complexe de la biodiversité des forêts, du bon état écologique des forêts et comme une mesure de l’efficacité des efforts de protection de la biodiversité. Ces espaces forestiers protégés représentent cependant moins de 2 % de la superficie des forêts hexagonales.

Des dispositifs pour protéger le bois mort

Informés et conscients des enjeux du bois mort, les forestiers ont réalisé des efforts importants pour sa prise en compte dans les forêts gérées. De petites parcelles forestières conservées volontairement pour favoriser les arbres âgés, les arbres morts et la biodiversité associée ont, par exemple, été créées. On les appelle « îlots de vieillissement et de sénescence ».

Des trames de vieux bois ont également été mises en place afin de créer une continuité de vieux arbres au sein d’une forêt permettant de faire prospérer la biodiversité inféodée aux vieux arbres ou aux arbres morts. Un plan national d’action consacré notamment aux vieux bois a, en outre, été élaboré en 2022.

C’est une évolution satisfaisante pour les biologistes, les écologues et les protecteurs de la nature, mais pas toujours pour la foresterie ou la société en général. Pour quelles raisons ?

Les procès faits au bois mort

D’abord, l’exploitant forestier et le scieur veulent du bois sain : personne ne construit de charpente en bois pourri ! Le forestier « ampute » donc le cycle forestier de cette longue phase de sénescence. Il y a logiquement, par conséquent, moins d’arbres sénescents et de bois mort dans les forêts exploitées que dans les non exploitées.

Ensuite, le bois mort peut provoquer des incendies. Lorsqu’il est sec sur pied, c’est un bon combustible et une véritable chandelle tendue vers le ciel, qui attire la foudre. De longues dates, les Canadiens et États-Uniens de la côte ouest sont accoutumés à ces cycles de grands incendies forestiers provoqués par celle-ci.

Toujours aux États-Unis et au Canada, le bois mort dérivant crée des amoncellements appelés embâcles sur les grands cours d’eau dont les barrages hydroélectriques ne peuvent alors plus fonctionner. Il faut en réduire la quantité dans les versants forestiers adjacents et les éliminer.

Le bois mort est également accusé de favoriser la pullulation d’insectes, comme les scolytes, des coléoptères qui pondent sous l’écorce des résineux affaiblis et pouvent se propager vers des forêts saines.

Forêt d’épicéas scolytés dans les Vosges en 2020
Forêt d’épicéas scolytés dans les Vosges, en 2020.
Michel L./Vosges, CC BY

Il faut alors tout couper sans hésitation et avec la plus grande diligence. Les arrêtés préfectoraux des trois régions de l’est de la France (l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne) sont là pour en témoigner : des millions d’épicéas scolytés ont ainsi été récoltés, souvent par coupe rase, amputant alors le sol d’un possible retour d’éléments minéraux.

Enfin, le bois mort est perçu par la plupart d’entre nous comme étant sale, le signe d’une forêt mal gérée, difficile d’accès et rendue dangereuse par la chute des branches ou des troncs morts.

Tous ces procès faits au bois mort sont-ils justes ? Reprenons point par point les griefs dont il est la victime.

Alors, si encombrant que cela le bois mort ?

À propos de l’exploitation du bois mort, il est tout à fait possible de l’utiliser, car les propriétés mécaniques restent identiques, un certain temps. Les bois scolytés, les frênes atteints de chalarose, par exemple, peuvent être employés, seules quelques légères colorations peuvent constituer un défaut visuel. L’État l’indique bien dans ses prescriptions.

Les griefs des exploitants forestiers ont peut-être parfois une autre origine : lorsqu’une grande partie de bois mort afflue sur le marché, du fait des ravages d’un pathogène par exemple, cela fait chuter les cours du bois et empêche les autres propriétaires, non touchés, de vendre du bois « frais ».

Concernant ensuite les incendies, commençons par rappeler un chiffre qui parle de lui-même : 97 % des incendies en Europe sont directement ou indirectement d’origine humaine. Les travaux scientifiques ne démontrent pas de lien entre quantité de bois mort et surface incendiée.

On sait, en revanche, que leur fréquence et intensité sont moindres lorsque la végétation est clairsemée et peu dense, comme c’est le cas dans les systèmes agro-sylvo-pastoraux, qui allient production agricole et production forestière. Avec le déclin de ces territoires ruraux, une accumulation de biomasse, résultat de l’abandon d’activités agro-sylvo-pastorales, s’est produite, mais avec peu de bois mort car ce sont de jeunes boisements.

Dans ces paysages, comme partout ailleurs, le bois mort au sol joue du reste le rôle d’une éponge. Gorgé d’eau, il la restitue à l’écosystème.

Une autre chose qu’on ne sait pas toujours, c’est que les incendies de forêt sont également corrélés à l’instabilité sociale, comme le chômage. On s’attend donc à ce que davantage d’incendies se déclarent dans des territoires en déclin social continu dans les zones rurales en voie de dépeuplement.

Parallèlement à cette réalité, l’étalement urbain accroît les risques d’incendie dans les zones touristiques et périurbaines.

Ainsi, la forêt est peut-être surtout une construction sociale qu’il faut inclure dans les politiques d’aménagement de nos territoires.

C’est ce que l’on constate également avec les embâcles (amoncellement naturel ou artificiel de matériaux, ndlr). Nous savons aujourd’hui, grâce aux travaux des hydrogéomorphologues qu’ils sont importants dans le fonctionnement des cours d’eau : ils déterminent le débit, piègent les sédiments et la matière organique qui fournit de la nourriture, des refuges et une couverture protectrice aux poissons. Les embâcles complexifient ainsi la morphologie des cours d’eau et, aussi, notre rapport à ce processus.

Venons-en maintenant aux insectes dits « ravageurs ». Non, ils ne détruisent pas systématiquement les forêts saines.

Déjà dans les années 1920, la question s’était posée avec la même acuité qu’aujourd’hui lors de la création du premier parc national suisse. Les conclusions d’Auguste Barbey, entomologiste forestier de renommée internationale, furent sans équivoque : point de danger.

Si l’on prend, par exemple, les scolytes qui ravagent actuellement l’est de la France, les réelles causes de leur prolifération sont bien connues : des sécheresses qui se multiplient avec le changement climatique et qui affaiblissent les arbres et les rendent plus colonisables par les scolytes, des paysages où les monocultures d’épicéa se succèdent sans diversité d’espèces pouvant faire barrière, des hivers doux qui permettent à davantage d’individus de survivre jusqu’au printemps…

Que vive le bois mort !

Que retenir de tout cela ? Le bois mort ne peut nuire aux forêts puisqu’il en est une composante intrinsèque fournissant gîte et couvert à un nombre considérable d’espèces qui participent en retour à la fertilité des sols. En quantité et en qualité, il est le signe d’une forêt en bon état écologique.

Face aux incendies, aux embâcles comme aux pathogènes qui ravagent les massifs français, ne nous trompons donc pas d’ennemis. Avec une trajectoire d’augmentation des températures de 4 °C d’ici à la fin du siècle et 10 fois plus de jours de vagues de chaleur, les feux de forêt devraient augmenter de 70 % en 2050 par rapport à la période 2000-2020.

Oui, il y a des forêts plus vulnérables que d’autres aux incendies, oui il existe des conditions météorologiques plus propices, oui nous avons raison de nous inquiéter de l’étalement urbain en périphérie des massifs, de l’abandon des territoires ruraux.

Mais non, le bois mort n’est pas dangereux ; non, il n’est pas de trop en forêt.

Pourquoi alors le bois mort a-t-il un statut de paria alors qu’il était une ressource indispensable à la vie des communautés rurales du XIXᵉ siècle? C’est parce que nos sociétés sont de plus en plus coupées de cette fabuleuse destinée du bois mort. Nous sommes ainsi devenus ignorants de la longueur des cycles forestiers, déconnectés de la lenteur de décomposition du bois mort, et nous considérons bien souvent la forêt comme un simple parc de loisir.

Ainsi, la chute potentielle de bois mort le jour où le vent souffle est perçue comme un désagrément. Aurons-nous la capacité de différer la satisfaction de nos désirs pour que d’autres humains, ou autres qu’humains, puissent jouir à l’avenir de forêts paisibles et sensibles ?


Guy Lempérière, entomologiste forestier, ancien chercheur au Laboratoire d’écologie alpine (LECA) de l’Université de Grenoble-Alpes et directeur de recherche à l’IRD a contribué à la rédaction de cet article.

The Conversation

Damien MARAGE a reçu des financements de l’ANR. Il est membre du Conseil national de la protection de la nature et expert auprès du comité français de l’UICN.

– ref. Y a-t-il trop de bois mort dans nos forêts ? – https://theconversation.com/y-a-t-il-trop-de-bois-mort-dans-nos-forets-290087

D’ici à 2040, l’Europe a besoin de dix millions de logements « net zéro » neufs ou rénovés. Comment y parvenir ?

Source: The Conversation – in French – By Ignat Kulkov, Researcher, EDHEC Business School; Åbo Akademi University


L’ESSENTIEL

  • Le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction est en pleine révolution avec l’avènement de la politique « zéro émission nette ».

  • Une étude propose quatre scénarios pour le secteur européen de la construction à l’horizon 2040, en combinant besoins en logement, objectifs « net zéero » et accessibilité financière.

  • Trois priorités se dégagent de ces scénarios : la rénovation en profondeur du parc immobilier existant, une infrastructure numérique permettant de surveiller les performances énergétiques ainsi que de nouvelles compétences et capacités organisationnelles pour la construction industrialisée.


L’Europe est confrontée à une double crise qu’elle n’arrive pas à résoudre. Au cours des quinze dernières années, les prix de l’immobilier ont augmenté de 60 % et les loyers de 30 % à travers l’Europe, tandis que le nombre de permis de construire a chuté de 20 %. Sur la même période, les coûts de construction dans l’Union européenne (UE) ont augmenté de 56 %.

Pourtant, la Commission européenne prévoit une hausse de la demande de logements de plus de 2 millions d’unités par an. La Banque européenne d’investissement estime que l’UE a actuellement besoin de 2,25 millions de logements supplémentaires, soit environ 50 % de plus que ce qui est réellement construit.

Les bâtiments construits restent parmi les plus grandes sources d’émissions de gaz à effet de serre du continent.




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Une défaillance systémique

La crise de l’accessibilité au logement et la crise climatique ne sont pas deux problèmes distincts. Il s’agit d’une défaillance systémique interdépendante. Le secteur européen de la construction et de l’immobilier se trouve au cœur de ces deux phénomènes.

Nous avons mené une étude sur plusieurs années avec des dizaines d’experts européens du secteur – architectes, promoteurs, fournisseurs de matériaux, énergéticiens, gestionnaires – afin de détailler quatre scénarios pour le secteur européen de la construction à l’horizon de 2040, en combinant les (forts) besoins en logement et des objectifs « net zéro ».

Environ 40 % de la consommation énergétique de l’Europe

Le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (Architecture Engineering Construction, AEC) a connu quatre décennies de stagnation de la productivité. La complexité des procédures d’autorisation, la fragmentation de la gouvernance et une structure industrielle axée sur des projets ponctuels l’ont empêché de fournir à grande échelle des logements abordables, agréables à vivre et durables.

À la fin de l’année 2025, l’offre de logements neufs dans l’Union européenne ne répondait qu’à 50 % de la demande réelle. Cette situation s’est aggravée avec la flambée des coûts de main-d’œuvre et des matériaux.

Par ailleurs, la hausse et la volatilité des prix de l’énergie ont également entraîné une augmentation de la production de matériaux grands consommateurs d’énergie, tels que le ciment, l’acier et le verre, accentuant ainsi la hausse des coûts de construction. Parallèlement, les bâtiments représentent environ 40 % de la consommation énergétique de l’Europe et 36 % de ses émissions de CO₂.

Transformer les modèles économiques

Le Pacte vert pour l’Europe, le Plan d’action pour l’économie circulaire et la taxonomie de l’Union européenne pour les activités durables exigent une décarbonation structurelle, du secteur de la construction notamment. Cependant, comme le souligne clairement le « Reimagining Real Estate » du Forum économique mondial (2024), les engagements en matière de technologie et de durabilité ne sont pas suffisants s’ils ne s’accompagnent pas d’une refonte totale des rôles de ceux qui construisent, possèdent et gèrent les logements.

Le précédent cadre du Forum économique mondial, intitulé « Framework for the Future of Real Estate », en 2021, formulait le même avertissement : accessibilité financière et décarbonation ne pourraient converger qu’à condition que le secteur transforme en profondeur ses modèles économiques et ses structures de gouvernance.

Aucun de ces deux cadres ne précise par quelles voies concrètes cette transformation pourrait réellement s’opérer.

Des logements énergivores

La France illustre à quel point les objectifs européens en matière de logement et de climat peuvent rapidement entrer en conflit. En avril 2026, le gouvernement a annoncé un plan de relance du logement visant à accélérer la construction, à décentraliser certaines décisions et à lancer un troisième grand programme de rénovation urbaine.

Sa proposition la plus controversée permettrait de remettre sur le marché locatif les logements énergivores classés F et G. La condition sine qua non : les propriétaires s’engagent à les rénover dans un délai de trois ans pour les maisons individuelles et de cinq ans pour les immeubles d’habitation.

Selon les règles actuelles, les logements classés G sont interdits de location neuve ou renouvelée depuis 2025, et ceux classés F le seront à partir de 2028. La question est de savoir si l’application de la loi et le financement permettront de concrétiser ces rénovations.

Vu d’Espagne et d’Allemagne

Dans toute l’Europe, les gouvernements s’efforcent d’accroître l’offre de logements sans compromettre les objectifs climatiques.

L’Espagne a opté pour une approche « industrielle », utilisant les fonds européens pour construire des logements sociaux – dont le parc est limité – plus rapidement et à moindre coût, tout en faisant face à une forte demande de location touristique. Objectif affiché : 15 000 nouveaux logements sociaux par an, en réduisant de 60 % le temps nécessaire à leur mise sur le marché. Sur le parc immobilier dans son ensemble, le déficit total de logements est estimé à 750 000 unités.

L’Allemagne est confrontée, dans une moindre mesure, à cette même problématique : les mises sur le marché de logements ont avoisiné les 206 000 unités, soit leur plus bas niveau depuis treize ans en 2025, loin des estimations antérieures qui tablaient sur un besoin annuel de 320 000 appartements jusqu’en 2030.

Quatre scénarios plausibles pour 2040

Dans notre recherche, nous avons élaboré quatre scénarios pour le secteur européen de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction à l’horizon 2040. Ces scénarios ne sont pas des prédictions.

Dans le premier scénario, des géants économiques dominent le secteur, tandis que les grandes entreprises technologiques et les entreprises de construction de type fabricant d’équipement d’origine – une entreprise qui fabrique des pièces, des composants ou des logiciels – s’imposent grâce à une construction industrialisée hors site, fondée sur les données. Les logements deviennent des services par abonnement ; les plateformes fixent les normes et la productivité augmente fortement. Cependant, l’accessibilité financière et l’autonomie des locataires restent des sujets de controverse, et les petites entreprises peinent à survivre.

Dans le second scénario, l’avenir est circulaire : une coalition de régulateurs, d’institutions financières et d’entreprises pionnières intègre les principes circulaires dans la législation en matière d’urbanisme, dans les marchés publics et dans la finance. Les bâtiments deviennent des banques de matériaux documentées ; les biomatériaux remplacent le béton ; la rénovation domine la construction.

Si dans cette hypothèse, l’impact carbone et celui du besoin en ressources diminuent notablement, le scénario doit être accompagné – pour les moyennes et grandes villes – d’un effort sur le financement. Pour cela, les pouvoirs publics doivent s’intéresser de près aux politiques de construction, aux typologies de logement et aux modèles de propriété.

Dans le troisième scénario, le secteur public prend les rênes : les gouvernements interviennent directement lorsque les mécanismes du marché ne parviennent pas à produire les résultats escomptés à grande échelle. Des objectifs contraignants, des typologies standardisées et des programmes d’investissement public favorisent une décarbonation rapide et améliorent l’offre de logements, ce, au détriment de l’innovation privée et de l’expérimentation créative.

Dans le quatrième scénario, celui de la révolution de l’énergie verte, la décarbonation rapide du réseau électrique redéfinit l’ensemble de la question du logement. Les bâtiments deviennent des « ressources actives » au sein de réseaux intelligents bidirectionnels, et le carbone opérationnel disparaît en grande partie. En d’autres termes, la généralisation des « smart grids » (réseaux de distribution optimisés, dans les deux sens, entre fournisseurs et consommateurs) réduit considérablement l’impact carbone des lieux de vie et de travail.

L’attention se porte alors sur l’impact carbone intrinsèque – celui associé à l’ensemble du cycle de vie des matériaux, la précarité énergétique et les effets distributifs d’une transition qui profite à certains ménages bien plus qu’à d’autres.

Trois priorités

Ce que nous mettons ici clairement en évidence, c’est qu’il n’y a pas de lien automatique entre la construction de nouveaux logements, la décarbonation du parc immobilier et l’accessibilité financière du logement.

Les mêmes instruments – finance verte, marchés publics circulaires, numérisation – peuvent conduire à des résultats très différents selon le type d’intervenants qui orchestre le système et selon la logique de gouvernance qui prévaut.

Trois priorités (pour « ne rien regretter ») se dégagent de ces scénarios :

  • la rénovation en profondeur du parc immobilier existant est incontournable dans tous les scénarios. La seule question est de savoir qui paie et qui en tire profit ;

  • une infrastructure numérique permettant de surveiller les performances énergétiques et matérielles semble nécessaire, quel que soit l’acteur en charge ;

  • de nouvelles compétences et capacités organisationnelles pour la construction industrialisée et la réflexion sur le cycle de vie doivent être développées dès maintenant, et non « en attendant » l’accélération de la transition.

Le premier plan de l’Union européenne pour le logement abordable, lancé fin 2025, et le tout premier sommet européen sur le logement, prévu en 2026, offrent une opportunité politique rare.

Reste à savoir si les décideurs politiques l’utiliseront pour remédier aux défaillances structurelles de la gouvernance que nos scénarios révèlent, ou s’ils se contenteront d’ajouter de nouveaux instruments à un système dont les tensions fondamentales restent non résolues. Le secteur du bâtiment dispose d’une quinzaine d’années pour y parvenir.

Les scénarios d’avenir existent ; les choix nous appartiennent.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

– ref. D’ici à 2040, l’Europe a besoin de dix millions de logements « net zéro » neufs ou rénovés. Comment y parvenir ? – https://theconversation.com/dici-a-2040-leurope-a-besoin-de-dix-millions-de-logements-net-zero-neufs-ou-renoves-comment-y-parvenir-284883

COP17 en Mongolie : la diplomatie de la terre à l’épreuve de la crise du multilatéralisme environnemental

Source: The Conversation – in French – By Chloé Maurel, SIRICE (Université Paris 1/Paris IV), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

L’Amazonie recouvre l’un des principaux foyers de déforestation de la planète. En perturbant le cycle de l’eau et en augmentant les risques de catastrophes naturelles, la destruction des forêts contribue largement au phénomène de désertification.
Midia Ninja/Wikimédia, CC BY

L’ESSENTIEL

  • La Mongolie accueille en ce moment la 17ᵉ Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies de lutte contre la désertification.

  • De nombreux instruments ont déjà été mis en place afin de lutter contre les sécheresses et la désertification galopantes. Ce qui fait défaut relève davantage de la volonté politique et de l’engagement financier.

  • Particulièrement exposée à la dégradation de ses terres, la Mongolie reçoit cette Conférence dans un contexte de fortes turbulences pour le multilatéralisme. La réussite de cette édition dépendra de l’engagement effectif des États et des financeurs privés en faveur de la restauration des terres.


À Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, du 17 au 28 août 2026, près de 200 États se retrouvent autour d’une crise longtemps reléguée au second plan de l’agenda international : celle des sols, des terres dégradées et de la sécheresse. La COP17 (17ᵉ conférence de suivi de la convention sur la désertification, chaque COP étant numérotée selon la convention sur laquelle elle porte) réunit les 197 États et organisations parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, mais aussi scientifiques, organisations internationales, entreprises, ONG, peuples autochtones, agriculteurs et éleveurs. Son slogan, « Restaurer la terre, restaurer l’espoir », résume l’enjeu : transformer les engagements accumulés depuis trois décennies en résultats mesurables.

Jamais la dégradation des terres n’a été aussi grave ; et paradoxalement, jamais les instruments internationaux destinés à y répondre n’ont été aussi nombreux. Pourtant, l’écart entre les ambitions proclamées et les financements effectivement disponibles est immense. À Oulan-Bator se joue donc autant l’avenir des terres que la crédibilité d’un multilatéralisme environnemental fragilisé.

Une crise planétaire qui dépasse largement les déserts

La désertification ne signifie pas simplement l’avancée spectaculaire du Sahara ou du désert de Gobi. Elle désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sous l’effet combiné des facteurs climatiques et humains. Agriculture intensive, déforestation, surexploitation des pâturages, mauvaise gestion de l’eau et artificialisation des sols se conjuguent désormais dramatiquement avec le réchauffement climatique.

40 % des terres émergées de la planète sont aujourd’hui dégradées, affectant près de la moitié de l’humanité. Entre 2015 et 2019, au moins 100 millions d’hectares de terres productives se sont dégradés chaque année.

La sécheresse amplifie cette dynamique. Selon l’ONU, les sécheresses affectent déjà les moyens de subsistance d’environ 1,8 milliard de personnes et représentent plus de 300 milliards de dollars (257 milliards d’euros) de pertes économiques annuelles. Entre les années 1990 et la période récente, près de 78 % des terres de la planète ont connu des conditions plus sèches qu’au cours des trente années précédentes.

Les conséquences sont systémiques : baisse des rendements agricoles, raréfaction de l’eau, insécurité alimentaire, migrations, tensions autour de l’accès aux ressources, perte de biodiversité et fragilisation des États. La sécheresse qui a réduit les flux du canal de Panama, les pertes agricoles en Afrique australe ou les épisodes répétés de sécheresse en Europe montrent que le phénomène n’est plus une question cantonnée au « Sud global ». En Espagne, la production d’huile d’olive a par exemple fortement chuté sous l’effet des épisodes de sécheresse récents et actuels.

La crise est également économique : l’ONU estime à 878 milliards de dollars (750 milliards d’euros) par an le coût de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse. Or, l’investissement nécessaire est sans commune mesure avec les financements actuellement mobilisés. Les estimations de la Convention évoquent entre 2 100 milliards et 2 600 milliards de dollars d’investissements cumulés nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration et de résilience.

Trente ans de diplomatie onusienne : des instruments réels, mais des résultats insuffisants

La réponse internationale n’est pas nouvelle. La question de la désertification est entrée dans l’agenda mondial lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro de 1992. Elle a donné naissance à la « Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification » (UNCCD), adoptée à Paris en 1994 et entrée en vigueur en 1996. Elle constitue aujourd’hui le seul traité international juridiquement contraignant spécifiquement consacré à la gestion durable des terres.

L’UNCCD travaille en articulation avec les deux autres grandes conventions environnementales issues du processus de Rio – la Convention-cadre sur les changements climatiques, et celle sur la diversité biologique –, mais aussi avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le Fonds pour l’environnement mondial et les institutions financières internationales, à savoir la Banque mondiale et le FMI.

Un tournant important est intervenu avec l’adoption, en 2015, de l’Objectif de développement durable 15.3, qui fixe l’ambition de parvenir d’ici 2030 à un monde « sans dégradation nette des terres ». L’UNCCD a développé alors le concept et objectif de « neutralité en matière de dégradation des terres ». Dans ce cadre, 129 pays ont désormais défini des objectifs nationaux volontaires.

Le PNUD accompagne concrètement ces politiques : intégration de la restauration des terres dans les stratégies nationales de développement, projets de gestion durable des sols et de l’eau, soutien aux communautés rurales et mobilisation de financements. Son approche vise à faire de la restauration non seulement une politique environnementale, mais également un instrument de lutte contre la pauvreté et d’adaptation au changement climatique.

Il existe donc sur le terrain des succès concrets. Ainsi, le Botswana a réduit de plus de moitié certains indicateurs de dégradation ; la République dominicaine a restauré d’importantes zones agricoles et bassins versants. Le programme de la « Grande Muraille verte africaine », lancé en 2007 par l’Union africaine, montre ce que le multilatéralisme peut produire à grande échelle.

L’objectif de la Grande Muraille verte africaine est considérable : restaurer 100 millions d’hectares dans le Sahel d’ici 2030, de Dakar à Djibouti. Le bilan reste malgré tout mitigé, avec 1,66 million d’hectares actuellement déclarés en restauration, pour une cible de 100 millions – soit seulement 1,66 % de l’objectif.

Le principal problème reste en fait celui du financement.

La bataille de la sécheresse, une bataille surtout financière

La COP17 ne doit pas seulement proclamer une nouvelle déclaration, mais définir des principes communs : systèmes d’alerte précoce, évaluation des risques, planification nationale, gestion intégrée de l’eau, financement et partage des données scientifiques.

C’est surtout la question financière qui reste la principale pierre d’achoppement. Les 12 milliards de dollars mobilisés dans le cadre du Partenariat mondial pour la résilience à la sécheresse de Riyad, annoncé à la COP16 tenue dans la capitale saoudienne en 2024, restent très éloignés des 2 100 milliards à 2 600 milliards de dollars d’investissements estimés nécessaires.

Autre difficulté : les financements privés ne représentent actuellement qu’environ 6 % des besoins de financement identifiés. L’un des enjeux pour l’ONU, dans un contexte de raréfaction de l’aide publique au développement, est donc de parvenir à mobiliser davantage les entreprises et les investisseurs privés.

Ceux-ci doivent contribuer réellement à la restauration des terres au bénéfice des peuples, et non financer sous couvert de « projets verts » des activités avant tout lucratives pour eux et bénéfiques pour leur image. Les financements venus du secteur privé doivent donc être assortis de garde-fous rigoureux et éviter les conflits d’intérêts.

La Mongolie, acteur géopolitique comme « troisième voisin »

Le choix de la Mongolie n’est pas seulement symbolique. Avec 1,5 million de km2, soit trois fois la France, ce vaste pays compte parmi les territoires les plus exposés à la dégradation des terres : près de 77 % de son territoire est affecté par la dégradation. Les pâturages couvrent environ 70 % du pays et font vivre une grande partie de la population rurale.

Sécheresses, surpâturage, tempêtes de poussière et surtout les « dzuds », ces épisodes hivernaux extrêmes qui déciment les troupeaux, fragilisent directement le modèle pastoral. Le nombre annuel de jours de tempêtes de sable et de poussière a plus que triplé depuis les années 1960.

Le président mongol a fait de ces questions un axe de la diplomatie du pays. La Mongolie a notamment obtenu de l’Assemblée générale des Nations unies la proclamation de 2026 comme « année internationale des parcours et des pasteurs ». La Mongolie cherche ainsi à transformer sa vulnérabilité en capacité diplomatique : faire reconnaître le pastoralisme non comme une survivance archaïque, mais comme une pratique pouvant contribuer à la conservation des écosystèmes.

Cette diplomatie comporte aussi une dimension géopolitique. Enclavée entre la Russie et la Chine, la Mongolie mène depuis plusieurs décennies une politique dite de « stratégie du troisième voisin », cherchant à diversifier ses partenariats avec l’Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et les institutions multilatérales. Accueillir une grande conférence de l’ONU permet à Oulan-Bator de renforcer cette insertion internationale tout en attirant investissements et technologies vertes.

Le retour du politique derrière l’écologie

La COP17 se déroule en outre dans un contexte géopolitique particulièrement difficile pour le multilatéralisme. Les tensions entre puissances, la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient, la rivalité sino-américaine, l’unilatéralisme de grandes puissances comme les États-Unis, et le recul de plusieurs engagements environnementaux rendent plus difficile l’adoption de règles collectives.

Un des problèmes fondamentaux est celui de la souveraineté. Les sols appartiennent aux États ; les politiques agricoles, foncières et hydrauliques relèvent largement des gouvernements nationaux. La Convention peut fixer des orientations, mais elle ne peut imposer aux États de transformer leurs systèmes agricoles.

À cela s’ajoute un conflit classique Nord-Sud : qui doit payer ? Les pays africains et autres États vulnérables – principalement dans le Sud – demandent davantage de financements concessionnels et de transferts de technologies Nord-Sud. Les pays donateurs – surtout dans le Nord – insistent davantage sur la gouvernance, la capacité d’absorption des fonds et la mobilisation du secteur privé.

Le multilatéralisme environnemental souffre moins d’un manque de connaissances que d’un déficit de volonté politique et surtout financière.

Une COP décisive, mais pas une COP miracle

La COP17 peut-elle ainsi sauver le multilatéralisme environnemental ? Probablement pas à elle seule. Mais elle peut contribuer à le réorienter. La lutte contre la désertification possède un avantage politique considérable : cet enjeu est très vaste, il touche simultanément à l’alimentation, à l’eau, à l’emploi, aux migrations, à la biodiversité, au climat et à la sécurité. Cela oblige donc les États à dépasser les cloisonnements institutionnels.

Le véritable enjeu d’Oulan-Bator est là : après trente ans de diplomatie environnementale, le monde ne manque plus de conventions, de programmes, de rapports ou de promesses. Il manque surtout une capacité collective à transformer l’engagement en financements réels et suffisants, et les financements en actions concrètes pour la restauration effective et durable des terres.

The Conversation

Chloé Maurel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. COP17 en Mongolie : la diplomatie de la terre à l’épreuve de la crise du multilatéralisme environnemental – https://theconversation.com/cop17-en-mongolie-la-diplomatie-de-la-terre-a-lepreuve-de-la-crise-du-multilateralisme-environnemental-290199

Pourquoi le RN revendique l’héritage gaulliste

Source: The Conversation – in French – By Luc Rouban, Directeur de recherches (CNRS) au Cevipof, Sciences Po


L’ESSENTIEL

  • Le Rassemblement national tente de capter l’héritage gaulliste, alors que son ancêtre, le Front national, est lié à des partisans de Vichy et de l’Algérie française.

  • Le projet de référendum constitutionnel du RN épouse la posture gaullienne de refondation sociopolitique de la France.

  • L’image du gaullisme s’oppose à celle du macronisme : de Gaulle incarne le renforcement de l’État et une légitimité tirée de l’appel au peuple.


L’espace politique français a vu se multiplier les références au gaullisme, de la part des commentateurs, des intellectuels, mais aussi des candidats à l’élection présidentielle de 2027. Il en va ainsi du Rassemblement national (RN), alors même que Jean-Marie Le Pen était en totale opposition au gaullisme et que le noyau dur du FN réunissait des anciens collaborateurs de Vichy à des partisans de l’Algérie française.

Mais il en va également ainsi et, peut-être de manière surprenante, de post-macronistes comme Édouard Philippe ou Gabriel Attal, qui en appellent à l’autorité de l’État tout en étant imprégnés, pour l’un, de la vision néolibérale d’Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy et, pour l’autre, de managérialisme macronien.

Par ailleurs, plusieurs enquêtes montrent que la figure du général de Gaulle reste très valorisée chez les Français comme à l’étranger et suscite le plus grand respect d’une forte majorité des personnes interrogées.

Une captation d’héritage

La question qui se pose est alors de savoir ce qui se joue dans cette référence au gaullisme. Une première explication est celle de la captation d’héritage afin de renforcer le processus de normalisation du RN et de faire oublier l’histoire de l’extrême droite, notamment dans son rapport à la colonisation.

L’idée serait que le RN construirait le récit d’une fausse filiation, reprenant indûment à son compte la poursuite d’un projet souverainiste tout en le déformant par sa volonté d’en faire un projet étroitement nationaliste, comme semblent l’indiquer les propositions de révision constitutionnelle qu’il envisage s’il arrive au pouvoir.

Cette récupération va jusqu’à utiliser l’article 11 de la Constitution – soit la procédure de référendum – pour modifier le texte constitutionnel en court-circuitant le Parlement, dont on peut penser qu’il n’offrirait pas de majorité absolue au RN en 2027, à l’instar du général de Gaulle qui avait utilisé cet article, en 1962, pour instaurer l’élection du président au suffrage universel direct ou, en 1969, pour réformer la composition du Sénat, ce qui avait suscité et suscite encore le désaveu d’une grande majorité de juristes.

Sur le fond, néanmoins, on voit que le RN entend ressusciter dans ce projet de référendum constitutionnel la posture gaullienne de refondation sociopolitique de la France. Il s’agit bien de s’extraire de la politique ordinaire pour effectuer, comme en 1958, une rupture historique dans une geste salvatrice.

Le recours à l’article 11, qui permet de se prononcer sur l’organisation des pouvoirs publics, les politiques économiques et sociales ou les services publics, devient en effet le signe d’un appel direct au peuple en passant par-dessus le « système ». Cette révision, qui aurait pour but de constitutionnaliser certains des objectifs politiques du RN, comme le contrôle de l’immigration, la défense de l’identité française, la préférence nationale ou la primauté du droit national sur les normes internationales, s’inscrit dans une stratégie qui fait appel au peuple non plus comme acteur politique ou social, mais comme acteur constituant. C’est ici que l’on peut mener une autre analyse.

Combattre l’impuissance politique

Comme le montre l’enquête Fractures françaises de 2025, l’électorat RN se caractérise par une très forte nostalgie passéiste : si 74 % des enquêtés estiment en moyenne « qu’en France, c’était mieux avant », cette proportion monte à 92 % parmi ceux qui ont voté Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle de 2022.

On peut donc lire cette tentation constituante, à l’instar de celle que propose, certes dans une autre perspective, La France insoumise (LFI) et son projet de VIᵉ République, comme la réponse à ce qui mine la vie politique depuis 2017, à savoir l’inadaptation profonde des formules politiques récentes à la société française confrontée à une impuissance publique qu’elle peut constater au quotidien dans le vote du budget, la lutte contre les incendies de forêt ou la cybercriminalité qui vide tranquillement les banques de données fiscales ou scolaires.

Le RN s’est engouffré dans l’effondrement du modèle d’État-providence à la française supposant des services publics forts et des élites dévouées à l’intérêt général plus qu’à leur carrière dans le privé. Le gaullisme devient alors la solution miracle alliant le renforcement de l’État et de son autorité à sa légitimation par l’appel direct au peuple.

Le gaullisme présidentiel, que l’on doit distinguer du gaullisme d’appareil perclus de compromissions partisanes notamment à partir de 1974, alliait le volontarisme politique à la démocratisation de la vie politique par le recours au référendum ou à la responsabilité du chef de l’État. C’est un projet de lutte contre l’impuissance publique et la crise de confiance dans la démocratie qui caractérisent la IVᵉ République comme le macronisme finissant.

On peut tenter de définir le gaullisme par trois principes. Le premier est celui d’un présidentialisme précaire soumis à l’approbation du peuple. Qu’une élection législative ou qu’un référendum soit perdu et le mandat présidentiel est remis en cause.

Le second est le culte de l’État comme gardien de l’intérêt général au-dessus des partis et de leurs stratégies électorales ou gouvernementales, ce qui impose une distance institutionnelle entre le président de la République et le premier ministre.

Le troisième est la souveraineté nationale, sur le plan militaire (arme nucléaire) comme sur les plans technologique (grands programmes aérospatiaux ou ferroviaires, énergie nucléaire civile), économique (relation distante des marchés financiers comme à l’égard de ce qui n’est pas encore l’Union européenne, mais la CEE, aux compétences plus réduites) et, bien évidemment, international (la France mettant à distance les États-Unis comme l’URSS et se faisant leader des non-alignés).

À ce titre, le gaullisme, né de la Seconde Guerre mondiale, a reçu une seconde légitimation par sa politique de décolonisation après que la crise algérienne a fait sauter la IVᵉ République. Il a surmonté l’indignité de Vichy comme l’indignité coloniale en proposant un nouveau modèle politique à l’international.

Force est de constater que le macronisme reste l’un des principaux moteurs politiques du vote RN, car il a, en quelque sorte, mené l’anti-gaullisme à son apex. Ceci par son indifférence à l’échec politique (lors des élections européennes de 2019 ou législatives de 2024, sans parler des municipales de 2026). Mais aussi par la fragilisation de l’État dont il a démantelé les corps les plus prestigieux (le corps préfectoral créé par Bonaparte ou le corps diplomatique) tout en mettant les agents de terrain dans la plus grande difficulté à exercer décemment leurs métiers (comme le montre l’appel récent des sapeurs-pompiers à la grève). Enfin, par son incapacité à restaurer la France comme puissance arbitrale et conciliatrice sur la scène internationale ou dans l’illusoire souveraineté numérique face aux Gafam et à l’IA qui mobilisent désormais autant de capitaux qu’un État développé.

L’illusion du volontarisme

Il ne faut donc pas prêter au RN plus de machiavélisme qu’il n’en a. Il récolte désormais les fruits gâtés, et donc sans avoir à beaucoup secouer l’arbre, de la séquence politique ouverte en 2017. Construite sur des promesses de progrès économique et d’innovation supposant une société confiante en ses dirigeants et en elle-même, cette séquence s’est conclue par une crise démocratique sans précédent, un niveau de défiance record dans les institutions nationales et une société en miettes qui a perdu ses repères, y compris le vote de classe.

La référence au gaullisme n’est que la figure de l’anti-macronisme de droite, qui attire d’ailleurs de plus en plus les anciens électeurs des Républicains et dont le RN s’est fait le porte-drapeau.

Mais l’heure est passée de la fameuse formule miracle qui doit faire renaître la France mythifiée d’autrefois, celle de la souveraineté nationale et de la décision efficace. Le RN, comme les autres partis, va devoir se confronter à deux facteurs que le gaullisme originel n’a pas connus.

Le premier est celui de l’argent : l’argent public est introuvable, l’argent privé est omniprésent.

Le général de Gaulle disait en octobre 1966, lors d’une conférence de presse, que « la politique de la France ne se fait pas à la corbeille », alors que la dette publique représentait en 1962 moins de 25 % du PIB. Mais, aujourd’hui, c’est bien le cas, lorsque cette proportion est de 117 % pour un montant dépassant 3 500 milliards d’euros. L’UE comme le FMI et surtout les marchés financiers n’attendront pas éternellement que la situation budgétaire française s’améliore et le RN, s’il accède au pouvoir, devra choisir entre couper dans les dépenses publiques au détriment des catégories populaires qui votent massivement pour lui ou bien augmenter la fiscalité au détriment des catégories moyennes et supérieures qui l’ont rejoint et lui offrent une majorité potentielle.

Le second, bien plus profond et sans doute plus grave, tient au déplacement des centres de pouvoir au profit des grandes entreprises et des marchés.

L’impuissance publique est-elle réparable ? La politique peut-elle encore changer la vie alors que le moindre ordinateur ou logiciel vient d’ailleurs ? Peut-on affirmer que la souveraineté, qui n’est désormais ni monétaire, ni militaire, ni technologique, ni culturelle, ni même alimentaire puisse encore avoir un sens autre qu’historique ?

La société française a anticipé ce mouvement bien avant les dirigeants politiques en s’investissant désormais bien plus dans la sphère privée ou associative que dans la vie militante. Le rapport au politique a changé, il est devenu plus instrumental et plus sceptique. Et le RN, tout comme les autres forces politiques, va devoir faire avec cette nouvelle anthropologie politique.

The Conversation

Luc Rouban ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Pourquoi le RN revendique l’héritage gaulliste – https://theconversation.com/pourquoi-le-rn-revendique-lheritage-gaulliste-289993

Protéger les enfants en mobilité au Mali : l’angle mort des dispositifs actuels

Source: The Conversation – in French – By Drahmane Fondo, Associate Researcher (LIRCES, Université Côte d’Azur) & Founder, Réseau EnfanceAfrique.org, Université Côte d’Azur

Dans une rue de Bamako, en octobre&nbsp:2018.
Vincent van Zeijst/Wikimédia, CC BY-NC-SA

L’ESSENTIEL

  • Au Mali, il est relativement fréquent que des enfants ayant grandi dans des villages soient envoyés dans les grandes villes, confiés aux bons soins d’adultes plus ou moins proches de leurs parents.

  • Ces enfants ne sont pas toujours bien traités et, quand ils travaillent, leurs revenus sont souvent partiellement ou totalement confisqués par les personnes d’accueil.

  • Bien que cette réalité soit connue de toutes les parties prenantes – familles, ONG ou autorités publiques—, la réponse collective n’est pas à la hauteur. Des pistes d’amélioration existent pourtant.


Dans le village de Woromana (région de Ségou, centre du Mali), l’histoire de la petite Mariam est connue de tous. Confiée à Bamako à un proche parent, elle est tombée gravement malade, jusqu’à « perdre la raison », selon les termes mêmes des habitants.

Ses parents, informés des mauvaises conditions de vie dans sa famille d’accueil, en ont parlé (et l’information a circulé dans tout le village, puis au-delà) jusque dans les villages environnants. Cette scène, recueillie lors d’une enquête menée à Ségou dans le cadre de mes travaux de doctorat, illustre un mécanisme largement ignoré des dispositifs actuels de protection de l’enfance en Afrique de l’Ouest.

Un système d’alerte informel, mais bien réel

Mon enquête ethnographique – dont les résultats complets sont présentés dans ma thèse de doctorat – menée entre 2017 et 2025 à Bamako et dans plusieurs villages de la région de Ségou met en évidence l’existence d’un mécanisme d’alerte communautaire spontané.

Si la majorité des enfants confiés en circuit urbain conservent un contact avec leur famille d’origine, certaines catégories restent structurellement plus exposées à une rupture totale de ce lien : les enfants « talibés » confiés à un maître coranique, les filles employées comme aide domestique, parfois par des intermédiaires sans lien de parenté, et les enfants ayant fui et rejoint la rue à la suite d’un confiage marqué par la maltraitance.

Lorsqu’un enfant confié à une famille d’accueil urbaine subit de mauvais traitements, l’information remonte au village par l’intermédiaire d’autres enfants, de tuteurs ou de proches et se diffuse rapidement de bouche à oreille jusqu’aux limites du village et parfois des villages voisins. Ce récit collectif devient alors, pour des parents souvent démunis face à la situation de leur enfant, une forme de parole libérée.

Des enfants en situation de mendicité à Bamako, Mali. La rue devient, pour certains enfants en rupture avec leur famille d’accueil, un espace de survie quotidien.
Drahmane Fondo, Fourni par l’auteur

Ce mécanisme communautaire se double, en milieu urbain, d’un second dispositif informel : la diffusion du téléphone portable, qui a rendu possible un contact désormais rarement rompu entre l’enfant confié et ses parents d’origine. Les appels réguliers permettent de mettre en œuvre une forme de surveillance à distance qui n’existait pas il y a une génération. Ces deux mécanismes – le récit villageois par effet boule de neige et le contact téléphonique – se combinent parfois directement à travers une alerte donnée par un village voisin, ou un appel resté sans réponse rassurante, qui déclenche l’intervention d’une famille d’origine.

Le retour des enfants au village, lorsqu’il survient, n’est cependant pas non plus une simple fin heureuse. Les familles observent fréquemment un changement de comportement chez l’enfant de retour, dont le mode de vie urbain entre parfois en tension avec les réalités villageoises. Certains garçons adoptent des habitudes nouvelles pour leur communauté d’origine, allant jusqu’à des formes de délinquance rarement observées avant leur départ. C’est un signe que ce second point de rupture, largement sous-documenté, mérite une attention comparable à celle portée au départ initial de l’enfant.

Un maillon fragile : quand les intermédiaires deviennent un risque

Ce système d’alerte communautaire, aussi précieux soit-il, ne doit cependant pas être idéalisé. Mon enquête de terrain révèle qu’il reste souvent inefficace, en particulier lorsque les enfants transitent par des intermédiaires sans lien de parenté réel avec eux, par exemple des femmes originaires du village, installées à Bamako, qui hébergent temporairement des filles avant leur placement comme aide domestique dans une famille urbaine. Plusieurs cas documentés montrent que ces intermédiaires prélèvent une partie du salaire de l’enfant ou perçoivent une commission sur son placement.

Les intermédiaires ne sont cependant pas les seuls acteurs de cette captation. Mon enquête documente également des cas où les familles employeuses elles-mêmes détournent, partiellement ou totalement, le salaire dû à l’enfant au moment où celui-ci doit être versé, souvent après plusieurs mois d’accumulation. Ce détournement s’accompagne parfois d’accusations fabriquées de vol, permettant à la famille employeuse de renvoyer l’enfant sans jamais lui régler la somme due. Ce mécanisme se répète d’autant plus facilement que ces enfants, une fois ainsi dépossédés, ne disposent d’aucun recours identifiable pour faire valoir leurs droits. Cette absence de circuit de réclamation interroge directement l’effectivité de la protection légale des mineurs travailleurs.

On observe aujourd’hui, à Bamako et dans d’autres grandes villes, l’émergence de véritables réseaux informels de placement, où des femmes proposent des services d’aide domestique en captant une partie de la rémunération des enfants placées, sans le moindre contrat écrit ni supervision des services publics compétents.

L’absence de tout circuit permettant à ces enfants de faire valoir leurs droits en cas d’abus constitue une lacune majeure qui se distincte des deux mécanismes de protection informels décrits plus haut. Ni le réseau villageois ni le suivi téléphonique ne peuvent agir efficacement lorsque l’exploitation provient de l’intermédiaire de confiance lui-même.

Traiter les symptômes, rarement les causes

Ces mécanismes informels de protection et leurs limites demeurent largement absents des dispositifs institutionnels actuels. Malgré un cadre légal complet (conventions internationales ratifiées, législation nationale, interventions de nombreuses organisations non gouvernementales), le nombre d’enfants en situation de rue continue de croître de façon significative au Mali. Les données statistiques officielles restent marginales sur le sujet et les rares études disponibles proviennent presque exclusivement de rapports d’activités produits par les organisations elles-mêmes.

Mes travaux montrent que la plupart des organisations non gouvernementales interviennent pour porter assistance aux enfants déjà en situation de précarité dans la rue, sans pouvoir agir sur l’origine de leurs souffrances. Une origine que mes recherches attribuent, pour une part importante, aux nouvelles pratiques de confiage qui se sont éloignées de leur fonction protectrice traditionnelle. Autrement dit, les dispositifs actuels traitent presque exclusivement le symptôme final, quand les mères de Woromana et d’ailleurs identifient déjà, au quotidien, l’origine réelle du problème.

Entretien mené auprès de mères dont les enfants sont en mobilité à Bamako, Mali. Ces témoignages ont permis de documenter l’inquiétude et la vigilance des familles d’origine face aux conditions de vie de leurs enfants confiés en ville.
Drahmane Fondo, Fourni par l’auteur

Le droit malien encadre pourtant plusieurs aspects de cette question. La loi d’orientation sur l’éducation n° 99-046 du 28 décembre 1999, modifiée par la loi n°2022-010 du 3 juin 2022, rend la scolarité obligatoire et gratuite pour tout enfant à partir de 6 ans, pour un cycle de 9 ans menant au diplôme d’études fondamentales.

Le Code pénal malien, entré en vigueur le 13 décembre 2024 (loi n°2024-027), sanctionne par ailleurs l’incitation d’un mineur à la mendicité (article 242-91), une disposition documentée dans des travaux de recherche menés à Bamako et Ségou. Dans la pratique, l’application de ces textes demeure inégale et un grand nombre d’enfants placés en apprentissage précoce échappent de fait à l’obligation scolaire, sans que cet écart entre le droit et la pratique ne fasse l’objet d’un suivi systématique.

Cette question se pose également à l’échelle institutionnelle. Les écoles coraniques, non reconnues dans le système éducatif formel malien, se trouvent en dehors du périmètre d’intervention défini pour les organisations non gouvernementales. Un échange avec le bureau de l’Unicef à Bamako a permis de confirmer que toute intervention structurée auprès des enfants qui y sont confiés reste conditionnée à une clarification de ce statut, actuellement non tranchée. Une situation qui laisse des milliers d’enfants hors de portée de tout accompagnement, alors même que le mécanisme d’alerte villageoise décrit plus haut pourrait, s’il était reconnu et soutenu, contribuer à documenter précisément l’ampleur de ces situations.

Ce que les bailleurs peuvent changer

Trois orientations concrètes se dégagent de ce constat pour les bailleurs et les organisations engagées sur ces questions.

D’abord, investir davantage dans la recherche ethnographique préalable, permettant d’identifier l’origine des problèmes avant d’en traiter uniquement les symptômes. Cette étape est aujourd’hui très peu valorisée dans le cycle de financement classique. Ensuite, exiger l’implication sincère de l’ensemble des acteurs concernés à chaque niveau de décision, y compris les familles elles-mêmes et les autorités traditionnelles, dont la connaissance fine des dynamiques communautaires reste largement sous-exploitée. Enfin, privilégier l’observation directe des réalités de terrain comme mécanisme d’évaluation prioritaire, plutôt que des rapports produits à distance des situations qu’ils prétendent documenter.

Un dernier constat mérite d’être posé sans détour : l’existence de textes de loi ne suffit pas à elle seule. Sans un accompagnement soutenu de leur application effective, associant État, société civile et recherche de terrain, les dispositions déjà inscrites dans le droit malien et les conventions internationales resteront, pour beaucoup d’enfants concernés par cette mobilité, une protection qui existe sur le papier davantage que dans leur quotidien.

The Conversation

Drahmane Fondo est membre d’organisation. Je suis fondateur et président du Réseau EnfanceAfrique.org et de l’AMAPISE, association mentionnée dans cet article, mais je ne reçois aucune rémunération financière de cette structure et n’en tire aucun bénéfice commercial.

– ref. Protéger les enfants en mobilité au Mali : l’angle mort des dispositifs actuels – https://theconversation.com/proteger-les-enfants-en-mobilite-au-mali-langle-mort-des-dispositifs-actuels-289937

Así funciona a nivel molecular la nueva terapia contra el melanoma

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Lluís Montoliu, Investigador científico del CSIC, Centro Nacional de Biotecnología (CNB – CSIC)

New Africa/Shutterstock

Los resultados, aparentemente positivos, de un ensayo clínico en fase 3 que persigue validar la seguridad y eficacia de una nueva terapia contra el melanoma (cáncer de piel) han saltado a los titulares de los medios de todo el mundo en los últimos días. Parte de su éxito se basa en la tecnología del ARN mensajero (ARNm), la misma que nos salvó de la pandemia de covid-19 y la misma que, por desgracia, ha sido injustamente atacada por la nueva Administración estadounidense por motivos extracientíficos.

El nuevo tratamiento antitumoral, posible gracias a la colaboración entre Merck Sharp & Dohme (MSD) y Moderna, consiste en una combinación de dos componentes llamados intismeran autogene y pembrolizumab.

Un freno al sistema inmune

Pembrolizumab, también conocido como Keytruda, corresponde a un anticuerpo monoclonal desarrollado contra un receptor de membrana de los linfocitos llamado PD-1. Esta proteína frena la respuesta de nuestro sistema inmunitario –tiene una función reguladora negativa–, tal como identificó el investigador japonés Tasuku Honjo, galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2018 por este descubrimiento. El premio fue compartido con James Allison, que descubrió otra molécula análoga, llamada CTL-4, con una actividad similar a PD-1. Si bloqueamos PD-1 o CTL-4 conseguimos potenciar nuestra inmunidad, incrementarla y reaccionar más agresivamente contra las células tumorales. Es el primer paso de los tratamientos del cáncer mediante inmunoterapia, que tantas vidas han salvado en los últimos años.

El segundo componente de la nueva terapia contra el melanoma, intismeran autogene (también conocido como mRNA-4157 o V940), contiene un conjunto de ARNm. Se trata de moléculas a medio camino entre el ADN de nuestro genoma (instrucciones genéticas) y las proteínas codificadas (las que realizan la función) en un melanoma concreto en un paciente específico.

Katalin Karikó y Drew Weissman descubrieron en 2005 que es posible estabilizar y evitar la degradación de las moléculas de ARNm sustituyendo uno de sus componentes, uridina, por otro químicamente muy similar, pseudouridina. Las empresas Moderna y BioNtech (en colaboración con Karikó y Weissman) aplicaron esta tecnología para desarrollar un ARNm que codificaba la proteína S de la espícula del coronavirus SARS-CoV-2 y, con ello, obtuvieron la primera vacuna efectiva contra la covid-19 que salvó la vida de millones de personas en todo el mundo, lo que les llevó a ser galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2023.

La buena noticia es que el ARNm estabilizado no solamente puede usarse como vacuna sino también como terapia antitumoral.

Trabajando con la firma genética de los tumores

En cada paciente de cáncer se acumulan un montón de mutaciones que afectan a diversas proteínas intracelulares. Estas proteínas mutadas son procesadas por las células y presentadas al sistema inmunitario en el exterior celular en combinación con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para que puedan ser reconocidas, y atacadas, por nuestro sistema inmunitario. Se denominan neoantígenos, es decir, antígenos nuevos. Son únicos para cada paciente y resultan altamente efectivos como dianas para terapias antitumorales mediadas por linfocitos T.

Lo que esta terapia innovadora propone es, precisamente, obtener la firma genética del tumor de melanoma de cada paciente para poder seleccionar en el laboratorio las secuencias de hasta 34 ARNm que codifican neoantígenos, específicos de esa persona con cáncer, y administrarlas dentro de una “gotita” de grasa (una nanopartícula lipídica, en la jerga).

Una vez dentro de las células, estos 34 ARNm se combinan en una sola molécula muy larga y se traducen en forma de proteínas mutantes, que se presentan en el exterior de las células para estimular todavía más la respuesta antitumoral de los linfocitos T. Por eso también nos referimos a estas terapias como “vacunas contra el cáncer”.

Aunque todavía no hemos visto los datos del ensayo clínico, los anuncios lanzados desde las empresas promotoras auguran un éxito destacable de esta nueva terapia para tratar a pacientes con melanoma. Tendremos que esperar a ver la presentación de estos resultados en algún congreso científico o médico. O, mejor todavía, esperar a la publicación de los resultados de este ensayo clínico en alguna revista científica, tras la preceptiva revisión por pares, para confirmar inequívocamente el éxito que ya se anticipa para el tratamiento del melanoma, uno de los cánceres más agresivos y con peor pronóstico que conocemos.

Si se confirma su validez, sus beneficios podrían extenderse a otros tipos de cáncer.


El artículo original fue publicado en el blog del autor.


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Los contenidos de esta publicación y las opiniones expresadas son exclusivamente las del autor y este documento no debe considerar que representa una posición oficial del CSIC ni compromete al CSIC en ninguna responsabilidad de cualquier tipo.

– ref. Así funciona a nivel molecular la nueva terapia contra el melanoma – https://theconversation.com/asi-funciona-a-nivel-molecular-la-nueva-terapia-contra-el-melanoma-290366

¿Influye el origen socioeconómico en la implicación académica y el esfuerzo?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Patricia Lorente Labrado, PhD student in Social Sciences, Universidad Carlos III

Hananeko_Studio/Shutterstock

El esfuerzo se ha convertido en una palabra recurrente del debate público. Representantes políticos apelan con frecuencia a la “cultura del esfuerzo” como motor del éxito personal, una idea que entronca con un ideal más amplio y familiar: el de la meritocracia, la creencia de que cada cual acaba donde su talento y su empeño le permiten llegar. Detrás de estas ideas late una asunción poderosa: que esforzarse es, únicamente, una cuestión de voluntad individual.

Esa asunción, sin embargo, es más frágil de lo que parece. No todas las personas parten del mismo punto: mientras algunas disponen de todas las condiciones para esforzarse en una determinada tarea, las de otras se ven mermadas por circunstancias que escapan a su voluntad.

Hasta hace poco apenas existía evidencia empírica sobre cómo se relaciona el esfuerzo con el origen social. Una de las razones es puramente técnica: medirlo de forma fiable es sorprendentemente difícil. Esto deja el terreno abonado para teorías incompletas que alimentan la idea de que todos tenemos la misma capacidad de esforzarnos, sin una explicación rigurosa de cómo afectan la socialización o el acceso a recursos materiales.

En nuestro reciente estudio hemos observado cómo influye el entorno socioeconómico en esta capacidad humana.

Cómo se mide el esfuerzo

Medir el esfuerzo despierta un enorme interés en las ciencias sociales, pero el campo ha tropezado durante años con un obstáculo metodológico. La opción más sencilla –preguntar a los propios individuos o a su entorno– resulta problemática, porque nos cuesta evaluar de manera objetiva nuestro propio esfuerzo y las respuestas pueden estar sesgadas precisamente por las características sociales que se quieren estudiar. La alternativa –medir el rendimiento en tareas cotidianas de trabajo o estudio– tampoco sirve: corre el riesgo de confundir el esfuerzo con la habilidad, porque esas tareas muchas veces son difíciles.

Hemos sorteado este problema aplicando una nueva forma de medición: en lugar de fiarnos de autoevaluaciones o de recurrir a tareas difíciles, diseñamos ejercicios lo bastante sencillos como para no depender de la habilidad, pero exigentes en términos de constancia, diseñados para medir concentración, atención y autocontrol en estudiantes. Es decir, ejercicios que precisaban para su ejecución un cierto esfuerzo cognitivo y compromiso con la tarea, pero su ejecución era fácil para cualquier participante.

La ventaja de ese diseño es que la puntuación obtenida depende del esfuerzo invertido: quien más puntos suma es, por tanto, quien más se ha esforzado.




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Además, se aplicaron diferentes condiciones para el desempeño de esfuerzo. Cada tarea se realizó en tres escenarios distintos: sin recompensa alguna, con pequeños obsequios y en una situación de competición con reconocimiento simbólico. Comparar el rendimiento entre estas condiciones permite averiguar no solo cuánto se esfuerza cada estudiante, sino bajo qué incentivos lo hace, y cómo se relaciona ese patrón con el origen social.

En total participaron 1 360 alumnos y alumnas de quinto de primaria de Madrid y Berlín, repartidos en 60 clases de 32 centros escolares.

Una brecha pequeña que borran las recompensas

Los resultados muestran que el alumnado de origen socioeconómico más desfavorecido –medido aquí por el nivel de estudios de los padres– presenta, de partida, una disposición al esfuerzo algo menor: cuando no había recompensa de por medio, estos alumnos sumaban menos puntos en las tareas diseñadas para medir el esfuerzo.

El hallazgo más revelador llega al introducir recompensas. Los estudiantes de origen más alto parten de un esfuerzo mayor, pero son menos sensibles a los incentivos. Los de origen más bajo, en cambio, responden con fuerza a ellos: cuando aparece una recompensa, su esfuerzo –es decir, los puntos que suman en las tareas– aumenta hasta prácticamente igualar al del resto. La brecha, en otras palabras, no es fija, sino que se desvanece en cuanto cambian las condiciones.

Escasez, incentivos y esfuerzo

¿Cómo interpretar esta evidencia novedosa? Lo que sugiere es que el esfuerzo no brota de una voluntad individual en el vacío, sino que está condicionado por el contexto en que cada menor crece. Los recursos de los que dispone la familia y la seguridad que el niño o la niña experimenta en su día a día resultan determinantes. Crecer con escasez –de medios económicos o de atención parental– dificulta la capacidad de sostener el esfuerzo en una tarea.

Por eso la “cultura del esfuerzo”, entendida como pura fuerza de voluntad, ofrece una imagen demasiado simplista. Tiene un sentido distinto para cada cual: las circunstancias materiales de las que partimos hacen que el coste de esforzarse, y la recompensa que se obtiene a cambio, no sean los mismos para todos.

Eso explica las dos caras del estudio: la brecha pequeña pero significativa cuando no hay incentivos, y su virtual desaparición cuando sí los hay. Dicho de otro modo, una de las razones por las que los niños menos favorecidos se esfuerzan algo menos es, sencillamente, la falta de recursos con la que crecen. Y según los resultados obtenidos, una manera de lograr que se esfuercen al mismo nivel es ofrecerles incentivos.




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Implicaciones para la práctica educativa

¿Qué consecuencias tiene esto para la escuela? Un sistema educativo más justo debería tener en cuenta estas disposiciones desiguales ligadas al origen social, en lugar de ignorarlas. Una vía posible sería complementar la valoración del rendimiento académico con el reconocimiento del progreso individual de cada estudiante dentro del aula: premiar no solo a quien obtiene las mejores notas, sino también la constancia o la mejora respecto al propio punto de partida. Para cerrar la brecha en cuanto al esfuerzo, en nuestro estudio bastaron obsequios de escaso valor y el reconocimiento simbólico asociado a una pequeña competición.

Otra vía es recurrir más a la llamada gamificación: preparar los contenidos de aprendizaje de forma lúdica, de modo que la propia tarea lleve incorporados pequeños alicientes. Premiar no solo dónde se llega, sino cuánto se avanza, podría ofrecer a quienes parten con menos el tipo de incentivos para cerrar la brecha.


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Jonas Radl recibió fondos del European Research Council (Grant agreement No. 758600) en la Universidad Carlos III de Mdrid para financiar el proyecto que generó el estudio aquí descrito.

Patricia Lorente Labrado no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Influye el origen socioeconómico en la implicación académica y el esfuerzo? – https://theconversation.com/influye-el-origen-socioeconomico-en-la-implicacion-academica-y-el-esfuerzo-282915

De la autenticidad al código de descuento: qué hay detrás de la caída de los ‘influencers’

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Beatriz Feijoo, Profesora Titular de Publicidad, Universidad Villanueva

MAYA LAB/Shutterstock

“No es oro todo lo que reluce”, dice el refrán. Tal vez esa frase describe bien el momento que viven los influencers. Durante años, su atractivo se basó en una promesa muy poderosa. Parecían cercanos, auténticos y espontáneos. No hablaban como una marca, sino como alguien que recomienda desde su propia experiencia. Pero cuando muchos contenidos empiezan a sonar a colaboración, código de descuento o estrategia de venta, esa promesa pierde valor. Y la confianza, que tarda mucho en construirse y muy poco en romperse, empieza a debilitarse.

El debate no es nuevo. Sin embargo, parece que ahora es más intenso. Las críticas ya no apuntan solo a una persona en particular, a una polémica concreta o a una campaña desafortunada. Lo que se empieza a cuestionar es algo más profundo. Se habla de la ética y la honestidad del propio formato.

Cuando el formato pierde frescura

Durante años, los influencers basaron su atractivo en una promesa difícil de copiar por la publicidad tradicional. Parecían auténticos, cercanos y espontáneos. No hablaban como una marca, sino como alguien “de los nuestros” que compartía rutinas, gustos, compras, viajes, comidas o formas de entender el bienestar. Esta fórmula funciona muy bien con las nuevas generaciones, que están acostumbradas a contenidos fluidos, personales y mezclados con el entretenimiento. Ahí reside buena parte de su poder: su eficacia no depende solo del producto que recomiendan, sino del vínculo previo que han creado con su comunidad. Por eso, cuando aparece una recomendación comercial, no se percibe como un anuncio aislado, sino como parte de una relación de familiaridad.

Pero esa misma fortaleza empieza a mostrar sus límites. Cuando todo parece que puede convertirse en colaboración, código de descuento o campaña, el formato pierde frescura. Lo que antes sonaba espontáneo ahora se siente repetitivo. Lo cercano parece calculado. La recomendación se vuelve un escaparate permanente. La saturación publicitaria no solo cansa: erosiona el sentido original del influencer como figura próxima, creíble y diferenciada.

El problema no es que hagan publicidad

Las nuevas generaciones no son ingenuas ante el fenómeno. Para muchos adolescentes, la relación entre creadores y marcas no les resulta rara ni sorprendente. Es parte de lo que significa ser influencer. En estudios cualitativos con adolescentes españoles, estos perfiles se describen como celebridades digitales, modelos de entretenimiento y figuras ligadas a marcas, seguidores y consumo. Es decir, los jóvenes no ven la presencia comercial como algo fuera de lugar: la consideran parte del trabajo del creador.

El problema, por tanto, no es que los influencers vendan productos. Vender forma parte de su modelo profesional y es totalmente legítimo. Lo delicado aparece cuando esa relación se desarrolla en un ecosistema de ambigüedad comercial, donde recomendación, opinión, entretenimiento y publicidad se mezclan hasta volverse difíciles de distinguir.

Los jóvenes pueden saber que los influencers trabajan con marcas y, aun así, no siempre contar con las claves necesarias para entender cuándo están ante una opinión, una recomendación sincera o una estrategia publicitaria. No son ingenuos, pero sí pueden llegar a naturalizar esa ambigüedad como parte normal del entorno digital. Y lo hacen como prosumidores en formación: miran, imitan, comparten, recomiendan y crean contenidos bajo lógicas de visibilidad, aspiración y marca personal. Por eso, lo que está en juego no es la publicidad en sí, sino la honestidad del vínculo con quienes escuchan, miran y confían.

A esa saturación se suman la desconexión con la vida real, el abuso del lujo aspiracional y la ligereza con la que algunos perfiles opinan sobre temas complejos. La crisis, por tanto, no es solo comercial: es también ética.

Referentes de las nuevas generaciones

Esa ambigüedad importa porque los influencers no son una presencia secundaria en la vida digital de los menores. Forman parte de su día a día y, muchas veces, de sus metas. No solo ven qué compran. También observan cómo se muestran, cómo hablan de su cuerpo, qué comen, cómo entrenan, qué marcas apoyan o qué estilo de vida muestran como deseable. Más allá de seguir a creadores de contenidos, aprenden de ellos cómo estar, consumir, mostrarse y convertir la propia visibilidad en valor.

Y buena parte de ese aprendizaje ocurre sin que nadie tenga que enseñar nada de manera explícita. Los menores observan qué comportamientos reciben atención (likes), qué formas de mostrarse generan reconocimiento (followers) y qué estilos de vida parecen conducir al éxito. El influencer se convierte así, lo quiera o no, en algo más que una fuente de entretenimiento o una nueva figura publicitaria: actúa como un modelo social. La pregunta que nos debe preocupar como sociedad no es solo cuánto tiempo pasan niños y adolescentes siguiendo a estos perfiles, sino qué están aprendiendo mientras los siguen.




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Ante este escenario, la respuesta educativa no puede limitarse a prohibir, controlar el tiempo de pantalla o repetir a los menores que “no todo lo que ven en redes es verdad”. Necesitamos enseñarles a mirar detrás del contenido. Que aprendan a preguntarse por qué alguien les recomienda un producto, qué gana con ello, por qué confían en esa persona o si tener miles de seguidores convierte realmente a alguien en una voz autorizada. Y también algo quizá más difícil: reconocer cuándo un contenido está influyendo en sus propios deseos, en la imagen que tienen de sí mismos o en lo que consideran necesario para encajar.

Los menores cada vez son más competentes para reconocer cuando un vídeo tiene publicidad. Sin embargo, pueden no percibir cómo el goteo constante y, a veces, casi bombardeo de determinados cuerpos, productos o estilos de vida va modificando lo que entienden por normal, deseable o necesario.

Educar en cultura digital significa precisamente darles herramientas para moverse en un entorno en el que entretener, influir y vender ocurren muchas veces al mismo tiempo. No se trata de criar adolescentes desconfiados de todo, sino de formar espectadores y futuros creadores capaces de detenerse, hacerse preguntas y decidir con mayor autonomía.

La responsabilidad de las marcas

La responsabilidad no recae solo en los creadores. Las marcas también juegan un papel importante en el tipo de influencia que respaldan y validan. Durante bastante tiempo, muchas campañas han primado el alcance, la cantidad de seguidores o la rapidez de la conversación. Sin embargo, en tiempos de creciente desconfianza, tal vez la pregunta clave ya no sea quién llega a más personas. Ahora es más relevante quién representa mejor los valores de la marca y mantiene una relación honesta con su comunidad. A veces, menos es más: menos volumen, menos oportunismo y más credibilidad.

Para combatir la ambigüedad comercial, no basta con poner una etiqueta que diga “publicidad” o “colaboración pagada”. La transparencia es importante, pero no suficiente. También hacen falta autenticidad, coherencia y responsabilidad. La publicidad no tiene que desaparecer del mundo de los influencers, pero sí debe ser clara, veraz y honesta, especialmente cuando se dirige a un público joven.

Los influencers no están desapareciendo, pero sí está cambiando la manera en que los percibimos. Y quizá sea una buena noticia. Su crisis no debería leerse solo como una anécdota de redes, sino como una oportunidad para revisar cómo se construye la confianza en el entorno digital. Especialmente cuando quienes están al otro lado de la pantalla son niños y adolescentes.

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Beatriz Feijoo recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación, proyecto de investigación ref. PID2024-155709NB-I00 (DIGETHICA).

Helena López-Bueno no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. De la autenticidad al código de descuento: qué hay detrás de la caída de los ‘influencers’ – https://theconversation.com/de-la-autenticidad-al-codigo-de-descuento-que-hay-detras-de-la-caida-de-los-influencers-290214

De Versalles a TikTok: llevamos siglos ‘farmeando aura’

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Sandra Bravo Durán, Socióloga y Doctora en Creatividad Aplicada, UDIT – Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología

_La recepción del Gran Condé por Luis XIV (Versalles, 1674)_, de Jean-Léon Gérôme. Musée d’Orsay

Hay expresiones que parecen destinadas a morir rápido. “Farmear aura” tiene todas las papeletas: nació en internet, suena ligeramente absurda fuera de contexto y probablemente será sustituida por otra antes de que los adultos terminen de entenderla. Pero precisamente por eso merece atención: detrás de esa fórmula fugaz hay una obsesión social bastante más antigua que TikTok.

Tener aura, en el lenguaje de las redes, significa poseer una especie de magnetismo difícil de explicar: presencia, seguridad, estilo, misterio, esa capacidad de resultar interesante sin parecer demasiado interesado en conseguirlo. Farmearla consiste en hacer cosas que aumenten ese capital invisible. Resolver una situación incómoda sin inmutarse suma puntos; tropezarse cuando todos miran o esforzarse demasiado por parecer cool puede provocar una auténtica bancarrota simbólica. El Cambridge Dictionary ya recoge aura farming como la práctica de realizar acciones destinadas a proyectar una personalidad atractiva o interesante.

Internet incluso ha inventado una contabilidad imaginaria: “+1 000 puntos de aura”, “-5. 000”, “aura infinita”. La broma funciona porque todos entendemos perfectamente qué se está puntuando: la palabra es nueva; la conducta, no tanto.

Durante siglos hemos usado palabras distintas –honor, gracia, elegancia, distinción, carisma, cool, capital simbólico– para nombrar distintas formas de una misma obsesión: proyectar algo que los demás reconozcan como especial. TikTok simplemente ha actualizado el vocabulario.

Antes del algoritmo estaba Versalles

Si TikTok hubiera existido en el siglo XVII, Luis XIV probablemente habría entendido bastante bien su lógica. En Versalles, levantarse, vestirse o comer podían convertirse en ceremonias minuciosamente reguladas. La proximidad al monarca era un privilegio y participar en determinados momentos de su rutina comunicaba posición social.

La corte funcionaba mediante una compleja red de etiquetas, ceremonias, jerarquías e interdependencias. Versalles era una gigantesca arquitectura del prestigio. Luis XIV no se limitaba a tener poder: debía escenificarlo. El palacio, la ropa, las fiestas, el protocolo y hasta la administración de sus apariciones contribuían a fabricar una figura excepcional.

Dicho en nuestro idioma, Luis XIV estaba farmeando aura a escala estatal. La diferencia es que entonces hacían falta un palacio, una corte y cientos de espectadores para sostener la representación. Hoy basta un móvil con cámara.

‘Sprezzatura’: el viejo arte de parecer que no nos esforzamos

Uno de los mejores antepasados del aura farming quizá no fuera un rey, sino un dandi.

Acuarela de un hombre vestido de forma elegante a principios del siglo XIX.
Acuarela de Richard Dighton en la que se retrata a George ‘Beau’ Brummell.
Wikimedia Commons

A comienzos del siglo XIX, George “Beau” Brummell convirtió algo aparentemente trivial –vestirse y comportarse de determinada manera– en una extraordinaria fuente de influencia social. Su estilo huía de la extravagancia y apostaba por la precisión, la sobriedad y una atención casi obsesiva al detalle. Su verdadero talento, sin embargo, era conseguir que nada de aquello pareciera costarle demasiado. Esa mezcla de enorme preparación y aparente despreocupación fue central en su forma de entender la elegancia.

Brummell perfeccionó así una de las leyes fundamentales del aura: cuanto más evidente resulta el esfuerzo por parecer interesante, menos interesante parece uno.

Pero la idea ya era antigua. En 1528, Baldassare Castiglione había formulado en El cortesano el concepto de sprezzatura: la capacidad de ejecutar algo difícil haciendo que parezca fácil, ocultando el esfuerzo y el artificio que hay detrás. Una sofisticación perfectamente ensayada que debe presentarse como espontánea.

Cinco siglos después seguimos premiando exactamente lo mismo. Un vídeo aparentemente improvisado puede necesitar treinta tomas; un estilismo “sin pensar” puede haber requerido una hora; una persona puede haber dedicado años a construir un conocimiento cultural que luego parece intuitivo.

Trabajamos muchísimo para parecer espontáneos.

Cuando el aura se convierte en competición

Las actuales aura battles trasladan ese juego a una competición casi literal.

Recuerdan a las batallas del breaking y otras danzas urbanas, nacidas en el ecosistema del hip-hop neoyorquino de los años setenta, donde dos bailarines se enfrentan por turnos y no sólo cuenta la dificultad técnica, sino también la actitud, la respuesta al rival y el carisma.

Pero nos remiten a algo mucho más reconocible para cualquiera que haya visto suficiente cine adolescente: las batallas de animadoras, los concursos en el baile de fin de curso o esas escenas de instituto en las que dos grupos se desafían mientras todo el gimnasio decide quién acaba por dominar la situación.

Cambian los movimientos, pero la lógica es parecida: no basta con hacerlo bien; hay que conseguir apropiarse de la escena.

En las nuevas aura battles, esa segunda dimensión se convierte directamente en el objetivo. Gestos, poses, memes o pequeños movimientos sirven para decidir quién triunfa. Ya no se compite tanto por hacer algo difícil como por hacer que algo parezca memorable. Es el carisma convertido en deporte de competición.

Y eso revela algo importante: el aura nunca depende sólo de quien la posee. Necesita alguien que la reconozca.

Bourdieu habría entendido perfectamente los ‘aura points’

El sociólogo francés Pierre Bourdieu seguramente no habría hablado de farmear aura, pero habría reconocido enseguida el mecanismo.

En La distinción explicó cómo nuestros gustos también funcionan como formas de clasificación social. La música que escuchamos, los libros que leemos, la ropa que elegimos o los restaurantes que conocemos no expresan únicamente preferencias personales: también comunican familiaridad con determinados códigos.

Bourdieu llamó capital cultural a esos conocimientos y competencias. Cuando obtienen reconocimiento social pueden convertirse en capital simbólico: prestigio, legitimidad y autoridad.

O, dicho de manera bastante menos académica, aura points (puntos de aura).

Reconocer un bolso sin logotipo, conocer a un diseñador antes de que se haga masivo o descubrir un restaurante antes de que TikTok lo convierta en peregrinación puede producir distinción. El alemán Georg Simmel añadió otra pieza importante al explicar que la moda vive de la tensión entre imitación y diferenciación: queremos pertenecer, pero no llegar cuando ya ha llegado todo el mundo.

También el aura tiene timing.

Todos actuamos, pero ahora alguien lleva la cuenta

El sociólogo canadiense Erving Goffman describió la vida social como una representación: presentamos versiones de nosotros mismos ante distintas audiencias y tratamos de gestionar la impresión que producimos.

Las redes han añadido una complicación deliciosa: ahora también convertimos el supuesto backstage en contenido. La foto accidental, el vídeo “sin preparar”, el libro casualmente olvidado encima de la mesa… hasta la espontaneidad puede tener dirección artística.

Y ahí farmear aura introduce una forma curiosa de sinceridad. Cuando decimos que alguien lo está haciendo reconocemos la performance y, aun así, estamos dispuestos a premiarla si funciona.

Walter Benjamin utilizó precisamente la palabra aura para pensar aquello que hacía singular e irrepetible a una obra frente a su reproducción técnica. Para Benjamin, la reproducción erosionaba precisamente esa unicidad.

La coincidencia resulta especialmente bonita hoy. Vivimos en una cultura donde casi todo puede copiarse –un look, una pose, una estética, una canción– y quizá por eso valoramos todavía más aquello que parece difícil de reproducir: la presencia, el gesto, la seguridad, el timing. Puede que dentro de unos meses nadie vuelva a decir farmear aura, pero el comportamiento sobrevivirá.

Quizá lo verdaderamente contemporáneo sea haber convertido en juego algo que antes ocurría en silencio. Siempre hemos evaluado quién tenía presencia, quién dominaba una habitación o quién parecía necesitar demasiado nuestra aprobación. La diferencia es que ahora esa intuición tiene nombre, meme y puntuación.

TikTok no inventó el aura. Solo tuvo la cortesía de ponerle marcador.


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Sandra Bravo Durán no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. De Versalles a TikTok: llevamos siglos ‘farmeando aura’ – https://theconversation.com/de-versalles-a-tiktok-llevamos-siglos-farmeando-aura-290373