¿Puede Estados Unidos reeditar la invasión de bahía de Cochinos? El derecho internacional dice que no

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Julián Santana Silva, Profesor Asociado del área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La invasión de bahía de Cochinos entre el 17 y 20 de abril de 1961 sigue presente en la memoria histórica como el intento frustrado de Estados Unidos por derrocar al Gobierno cubano. Más allá de la anécdota histórica o del estudio estratégico de aquel fracaso, nace en estos días un interrogante que va más allá de lo político y recae en el marco legal que rige a las naciones.

Actualmente, una intervención no se mediría solo por su éxito táctico, sino bajo el prisma del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. Esto plantea un desafío jurídico fundamental. ¿Puede un Estado intervenir militarmente en otro? ¿Qué excepciones, como la legítima defensa o el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, reconoce el ordenamiento internacional para justificar tal acción?

Pilar legal del sistema global

La prohibición del recurso a la fuerza, consagrada de forma imperativa en el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, supone uno de los pilares del derecho internacional contemporáneo. Este precepto fundamental obliga a todos los Estados miembros a abstenerse de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier nación.

Consolidada como norma estructural y columna vertebral del sistema global, la prohibición se apoya en el principio de igualdad soberana, garantizando que cada Estado pueda decidir libremente su rumbo sin coacciones externas.

Esta protección también se recoge con detalle en el sistema regional mediante el Artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el cual consagra un principio de no intervención absoluto.

Mientras que la norma de la ONU se enfoca primordialmente en la agresión armada, el citado Artículo 19 prohíbe que cualquier Estado o grupo de Estados intervenga, directa o indirectamente, en los asuntos internos o externos de otro, sin importar el motivo.

Tiene una cobertura más extensa, pues excluye explícitamente no solo el uso de las armas, sino cualquier injerencia o tendencia que atente contra la personalidad del Estado o sus elementos políticos, económicos y culturales. Así, la OEA establece un blindaje jurídico contra cualquier tipo de coacción. Esto garantiza que la soberanía no sea vulnerada por presiones de carácter no militar.

El caso nicaragüense

La importancia de esta norma fue ratificada históricamente por la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos (1986). En su fallo, la Corte determinó que la prohibición del uso de la fuerza no es solo una obligación contractual de la Carta, sino un principio esencial del derecho internacional consuetudinario y del jus cogens (normas imperativas).

Al condenar acciones como el minado de puertos y el apoyo logístico a fuerzas insurgentes, el tribunal reafirmó que estas actividades violan la soberanía territorial y el compromiso ineludible con la paz internacional.

Aunque la Carta de las Naciones Unidas establece una prohibición general del uso de la fuerza, el ordenamiento jurídico internacional reconoce excepciones estrictas y limitadas para salvaguardar la paz. El fundamento de esas excepciones se encuentra en el Artículo 51, que consagra el derecho inmanente de legítima defensa, ya sea individual o colectiva.

Aun así, esta facultad solo se activa ante un “ataque armado” previo, lo que dificulta muchísimo la justificación legal de una invasión preventiva. Según la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, cualquier respuesta defensiva debe observar rigurosamente los principios de necesidad y proporcionalidad para ser considerada legítima.

La segunda vía legal es la fuerza colectiva autorizada exclusivamente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el Capítulo VII de la Carta. Este órgano posee la responsabilidad primordial de mantener la paz, para lo que puede autorizar acciones militares si las medidas diplomáticas o económicas resultan inadecuadas.

En un hipotético caso entre Cuba y Estados Unidos, esta autorización es jurídicamente improbable debido al papel del veto, que permite a cualquier miembro permanente (EE. UU., Rusia, China, Reino Unido y Francia) bloquear decisiones sobre cuestiones sustantivas. En definitiva, el derecho internacional contemporáneo está diseñado para prohibir las guerras unilaterales. El recurso a las armas ha de ser siempre excepcional y bajo supervisión multilateral.

¿Y si hay motivos humanitarios?

En la actualidad, el debate sobre una intervención humanitaria cobra una relevancia fundamental bajo el principio de la “responsabilidad de proteger” (R2P), adoptado en la Cumbre Mundial de 2005.

Este concepto sostiene que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a las poblaciones de crímenes atroces cuando el Estado falla en su deber primordial. No obstante, no existe un acuerdo generalizado sobre la legalidad de una intervención humanitaria unilateral, ya que varios Estados piden mayores aclaraciones sobre el marco jurídico para la acción colectiva y el uso de la fuerza militar. Permanece también un riesgo crítico de instrumentalización política, ya que los intereses de potencias poderosas pueden sesgar la aplicación de estos programas de protección.

En definitiva, desde una perspectiva jurídica contemporánea, invocar la democracia, los derechos humanos o un cambio de régimen no constituye una base legal suficiente para justificar acciones armadas unilaterales fuera de los marcos multilaterales establecidos.

Tampoco son legales las intervenciones indirectas

La invasión de bahía de Cochinos se puede utilizar como ejemplo de intervención indirecta. En este tipo de actuaciones, el uso de la fuerza no se manifiesta como una guerra formal, sino mediante operaciones encubiertas. En 1961, Estados Unidos no desplegó sus tropas directamente, sino que financió, entrenó y brindó apoyo logístico a grupos armados en bases secretas, como la de Puerto Cabezas en Nicaragua.

Este precedente es vital para comprender que el derecho internacional no solo regula invasiones declaradas, sino toda injerencia externa. Al respecto, el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos reafirmó que el apoyo a fuerzas irregulares vulnera el principio de no intervención. Por tanto, la legalidad internacional prohíbe cualquier acción que, mediante el respaldo a insurgentes, atente contra la soberanía e independencia política de un Estado.

Blindaje jurídico de Cuba

En definitiva, el derecho internacional no tiene el poder de acabar con las guerras, pero sí fija un marco estricto que distingue la legalidad de la ilegalidad en el uso de la fuerza.

Bajo el ordenamiento jurídico vigente, una intervención en Cuba sería muy difícil de justificar. La prohibición general de agresión, la carencia de un ataque armado previo que autorice la legítima defensa y la parálisis del Consejo de Seguridad ante un veto casi seguro blindan la soberanía de la nación.

Incluso invocar la protección de derechos humanos o un cambio de régimen carece de base legal suficiente para acciones unilaterales fuera de marcos multilaterales.

Sesenta años después de bahía de Cochinos, el desafío ha cambiado de lo táctico a lo normativo. Hoy por hoy, el problema quizá ya no sea un desembarco en Cuba, sino un desembarco fuera del derecho internacional.

The Conversation

Julián Santana Silva no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ¿Puede Estados Unidos reeditar la invasión de bahía de Cochinos? El derecho internacional dice que no – https://theconversation.com/puede-estados-unidos-reeditar-la-invasion-de-bahia-de-cochinos-el-derecho-internacional-dice-que-no-282820

La edad que borra a las mujeres del foco

Source: The Conversation – (in Spanish) – By María Calado Otero, Profesora Contratada Doctora Facultad de Educación, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

Iryna Inshyna/shutterstock

En la cultura de la fama, la juventud no solo se idealiza: se convierte en una condición de existencia. Para muchas mujeres del cine, la música o la televisión, el cuerpo y la edad determinan la visibilidad, el reconocimiento y, a menudo, la supervivencia profesional. Envejecer puede significar desaparecer.

Esta realidad fue retratada hace más de veinte años en el documental Buscando a Debra Winger (Rosanna Arquette, 2002), donde actrices como Jane Fonda o Sharon Stone reflexionaban sobre la pérdida de papeles al cumplir 40 o 50 años. Todas coincidían: Hollywood penaliza la madurez femenina.

Mientras los hombres envejecen con prestigio, las mujeres dejan de “servir” cuando ya no encajan en los cánones de juventud y belleza. La artista feminista Yolanda Domínguez ironiza sobre esta desigualdad en Una mujer de la edad de Clooney, contraponiendo el respeto hacia los hombres maduros con la invisibilidad que sufren las mujeres de la misma edad. El mensaje es claro: la edad es un privilegio masculino.

En Mujeres, envejecimiento y cultura de la belleza (Generations, 2017), la socióloga Laura Hurd Clarke asegura que el envejecimiento se convierte en una anomalía que debe corregirse: no se trata de vivir más, sino de parecer no haber vivido. El documental A los 25 empieza el declive (Cecilia Fernández Medina, 2012) amplía esta crítica: “El cuerpo humano alcanza su máximo rendimiento a los 25; después, empieza a decaer”. Esa frase resume una obsesión global.

La industria cosmética y quirúrgica –valorada en más de 400 000 millones de dólares para 2030, según P&S Intelligence– alimenta el mito de la juventud eterna mientras se lucra con la inseguridad femenina.

A golpe de filtro

En los últimos años, esta presión se ha intensificado con la exposición digital. Plataformas como Instagram o TikTok funcionan como escaparates donde la juventud se fabrica a golpe de filtro. Según una investigación difundida por ScienceDaily (2021), el 90 % de las mujeres jóvenes utiliza filtros o edita sus fotos antes de publicarlas y el 94 % reconoce sentir presión por mantener una imagen idealizada.

Para las celebridades, cuya carrera depende del cuerpo, el escrutinio es doble: deben ser “auténticas”, pero sin mostrar los signos del tiempo.

El cine reciente también lo evidencia. En La sustancia (2024), Demi Moore encarna a una actriz que recurre a un experimento para recuperar su juventud, metáfora brutal de una industria que devora a las mujeres cuando ya no cumplen con el ideal.

En The last showgirl (2024), Pamela Anderson interpreta a una bailarina que se enfrenta al final de su carrera cuando su cuerpo deja de “vender”.

Ambas ficciones reflejan el mismo patrón: el cuerpo femenino como objeto de consumo y obsolescencia programada.

Esta crítica ha llegado también desde el activismo. En la campaña “Visibilizando lo invisible” por el 25-N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) de 2025, abordábamos en el vídeo “Taylor ya no encaja” el edadismo estético y la presión corporal en la fama. A través de una historia inspirada en letras de Taylor Swift, el trabajo planteaba cómo la comparación social, el miedo a envejecer y la pérdida de valor simbólico afectan a las mujeres en la cultura de la celebridad. Las frases del vídeo –extraídas de canciones– son un espejo emocional de esa lucha interna: entre la exigencia de perfección y la búsqueda de autenticidad.

Pero esta presión no es solo estética: es también una cuestión de mirada y poder. Tal y como aseguro en Liberarse de las apariencias: género e imagen corporal, la mayoría de los relatos audiovisuales siguen escritos y dirigidos desde la perspectiva masculina: las mujeres son representadas, no representadoras.

En consecuencia, su experiencia del tiempo, el deseo o la corporalidad aparece distorsionada o silenciada. No es solo que las actrices desaparezcan al envejecer: es que las miradas femeninas apenas encuentran espacio en las pantallas.

Frente a esta lógica emergen nuevas formas de resistencia. Movimientos digitales como #ProAge, #BodyNeutrality o #GreyHairDontCare reivindican la diversidad corporal y la belleza no normativa. Como dice este estudio, muchas mujeres mayores desafían el mandato de la juventud reapropiándose de su imagen y visibilizando otras formas de ser y mostrarse.

Éxito personal y apariencia física

Pero los cambios individuales no bastan. Según el Estudio 136 del Instituto de las Mujeres, el 87 % de las mujeres reclama diversidad de edades en los medios y más del 90 % pide desvincular el éxito personal de la apariencia física.

Reconocer el derecho de las mujeres a envejecer –también a las visibles, a las famosas, a las que nos miran desde las pantallas– no es un gesto estético: es un acto político. En una cultura que premia lo joven y desecha lo vivido, envejecer con dignidad y seguir ocupando el espacio público puede ser, hoy, el acto más revolucionario de todos.

The Conversation

María Calado Otero no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. La edad que borra a las mujeres del foco – https://theconversation.com/la-edad-que-borra-a-las-mujeres-del-foco-272469

¿Ser demasiado flexible puede arruinar una empresa? Una paradoja estratégica

Source: The Conversation – (in Spanish) – By José Manuel de Haro García, Profesor titular, Organización de Empresas (RR.HH. y Comportamiento Organizacional), Universidad Miguel Hernández

El problema no es si hay que ser flexible, sino qué tipo de flexibilidad necesita cada entorno. A. M. Teixeira/Shutterstock

En 2011, Nokia vivía una crisis existencial. Su CEO, Stephen Elop, comparó la empresa con una plataforma en llamas. La compañía tenía recursos, talento y múltiples opciones estratégicas. Sin embargo, estaba abocada al fracaso.

¿Por qué? Porque intentó ser flexible en todas las direcciones a la vez: desarrolló varios sistemas operativos simultáneamente, mantuvo líneas de producto contradictorias y firmó alianzas incompatibles entre sí. Mientras Nokia deliberaba entre alternativas, Apple y Samsung ejecutaron con velocidad quirúrgica en una sola dirección.

La intuición dominante en management es clara: en entornos turbulentos, las empresas deben ser flexibles. Sin embargo, un estudio reciente, realizado con 399 empresas tecnológicas europeas muestra algo contraintuitivo: la flexibilidad mal calibrada puede destruir el rendimiento que pretende proteger. El problema no es si hay que ser flexible, sino qué tipo de flexibilidad necesita cada entorno.

Dos tipos de flexibilidad

La investigación estratégica distingue dos dimensiones fundamentales de la flexibilidad organizacional de una empresa:

  1. Velocidad: qué tan rápido puede responder y ejecutar cambios. Dell es un ejemplo clásico: ajusta su cadena de suministro casi en tiempo real para adaptarse a la demanda.

  2. Variedad: cuántas alternativas estratégicas puede mantener o generar simultáneamente. IBM ilustra esta dimensión con su amplio portafolio, que abarca desde computación en la nube hasta ciberseguridad y consultoría.

Ambas capacidades son valiosas. El error es suponer que conviene maximizar las dos siempre y al mismo tiempo.

Dos tipos de turbulencia

Parte de la confusión proviene de tratar la turbulencia como un fenómeno único. En realidad, los entornos empresariales pueden ser turbulentos de dos maneras distintas:

  1. Dinamismo (velocidad del cambio): los nuevos competidores, las tecnologías que se vuelven obsoletas en meses, las preferencias de los clientes, que cambian rápidamente, obligan a las empresas a reaccionar. El problema está en la velocidad a la que pueden hacerlo. Ejemplo de estas turbulencias pueden ser la evolución de las redes sociales o la aparición de los smartphones para las empresas del sector.

  2. Complejidad: referida al número de factores interdependientes que afectan cada decisión. Regulaciones múltiples, ecosistemas de socios, cadenas de suministro globales y numerosos grupos de interés. Sectores como el farmacéutico o el energético encajan aquí.

Nuestro estudio muestra un patrón claro: si la velocidad mejora el rendimiento en entornos dinámicos, pero lo empeora en entornos complejos, la variedad mejora el rendimiento en entornos complejos, pero lo empeora en entornos dinámicos. Las diferencias no son triviales: pueden representar varios puntos porcentuales en rentabilidad sobre activos.

¿Por qué la variedad penaliza cuando el mercado cambia muy rápido?

Mantener múltiples opciones estratégicas consume tres recursos escasos:

  1. La atención directiva. La capacidad cognitiva de los equipos de liderazgo es limitada. Cuantas más iniciativas simultáneas, menos foco y peor ejecución en cada una.

  2. El tiempo de construcción. Desarrollar alternativas viables requiere inversión, aprendizaje y desarrollo de capacidades. En mercados que cambian semanalmente, el tiempo dedicado a la opción B puede cerrar la ventana de la opción A.

  3. Costes de coordinación. Cada iniciativa adicional multiplica la complejidad interna: conflictos entre unidades, competencia por recursos y pérdida de claridad estratégica.

En entornos dinámicos, el coste de dispersión supera el beneficio de tener un plan B. En estos contextos, foco y rapidez suelen generar mejores resultados.

La trampa de la velocidad en la complejidad

El error inverso también es frecuente: acelerar decisiones en entornos complejos.
Cuando existen múltiples interdependencias, decidir demasiado deprisa aumenta el riesgo de consecuencias imprevistas. Una decisión aparentemente correcta puede generar efectos en cadena: incumplimientos regulatorios, cuellos de botella o conflictos organizativos.

Imaginemos una farmacéutica que reduce ciclos de validación para ganar velocidad. Opera en un sistema donde interactúan reguladores de varios países, ensayos clínicos distribuidos, cadenas de suministro especializadas y acuerdos de propiedad intelectual. La velocidad sin integración no es agilidad: es temeridad. En entornos complejos, la prioridad no es correr más rápido, sino construir variedad de respuestas y fortalecer mecanismos de coordinación e integración.

Cómo diagnosticar el entorno

La pregunta clave no es “¿debemos ser flexibles?”, sino “¿qué tipo de flexibilidad encaja con nuestro entorno?”. Un diagnóstico inicial puede comenzar con cuatro preguntas:

  1. ¿Con qué frecuencia cambian tecnologías, precios y movimientos competitivos? (dinamismo).

  2. ¿Cuántos actores y dependencias afectan cada decisión importante? (Complejidad).

  3. ¿Cuánto cuesta internamente abrir una opción estratégica adicional?

  4. ¿Existen mecanismos sólidos de coordinación entre unidades?

De forma general, según el tipo de entorno, las reglas a seguir son las siguientes:

  • En un entorno dinámico y relativamente simple: priorizar la velocidad y limitar las iniciativas simultáneas.

  • En un entorno complejo y relativamente estable: invertir en variedad y fortalecer la integración.

  • En un entorno dinámico y complejo: desarrollar la modularidad (que las opciones no interfieran entre sí) y los mecanismos de coordinación robustos.

  • En un entorno estable y simple: la eficiencia operativa puede generar más valor que la flexibilidad.

La evidencia detrás del argumento

Analizamos 399 empresas europeas de manufactura tecnológica y servicios informáticos en 14 países. La flexibilidad estratégica se midió en sus dos dimensiones mediante encuestas a directores de operaciones. Las características del entorno fueron evaluadas por directores ejecutivos. El rendimiento financiero se midió posteriormente mediante rentabilidad sobre activos, lo que refuerza el orden temporal y reduce el riesgo de correlaciones ficticias.

Como toda investigación organizacional, los resultados muestran asociaciones consistentes y teóricamente plausibles, pero no constituyen una receta mecánica universal. Aun así, la evidencia es suficientemente robusta para cuestionar una idea muy extendida: que más flexibilidad siempre es mejor.

Diagnóstico antes que prescripción

Las empresas de alto rendimiento no maximizan la flexibilidad en todas sus formas. Ajustan sus capacidades a las demandas dominantes de su entorno. La lección es sencilla, aunque incómoda: en estrategia organizacional, “depende” no es una evasiva académica. Es la forma rigurosa de decir que primero hay que entender el problema específico antes de aplicar la solución. Como en medicina, el diagnóstico precede a la prescripción. Y, en ocasiones, el tratamiento equivocado puede ser peor que no hacer nada.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. ¿Ser demasiado flexible puede arruinar una empresa? Una paradoja estratégica – https://theconversation.com/ser-demasiado-flexible-puede-arruinar-una-empresa-una-paradoja-estrategica-277705

‘Fuerza de voluntad’ perruna: ¿qué les permite autocontrolarse delante de un bistec?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Víctor Oswaldo Gamboa Ruiz, Jefe del departamento de psicología básica y neurociencias, Universidad de La Sabana

Pueden esperar el momento de comer, controlar su mordida durante el juego, tolerar el corte de sus uñas o la aplicación de una vacuna e, incluso, detenerse solos antes de cruzar una calle concurrida ante la luz verde de un semáforo. Los perros son parte de nuestra vida cotidiana de una forma tan profunda que, a veces, olvidamos lo extraordinario que resulta su comportamiento.

Cuando vemos conductas de espera o autocontrol ante algo gratificante y de inhibición de la agresión ante algo incómodo, es fácil pensar que tienen una enorme “fuerza de voluntad”. Pero lo que ocurre en realidad es todavía más interesante: los perros poseen mecanismos biológicos y cognitivos que les permiten controlar sus impulsos y adaptarse al mundo social humano.

¿Qué rol tiene el instinto?

Durante mucho tiempo, se pensó que los animales actuaban únicamente por instinto. Sin embargo, hoy sabemos que muchos son capaces de inhibir respuestas inmediatas. Los perros pueden esperar, tolerar la frustración y ajustar su comportamiento según el contexto.

Esta capacidad se conoce como control inhibitorio y tiene bases neurobiológicas compartidas con otros mamíferos, incluidos los seres humanos. En ella, participan regiones cerebrales como la corteza frontal, asociada con la regulación del comportamiento, y neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que regulan emociones, comportamiento y funciones fisiológicas esenciales.

Además, el cerebro canino posee una gran plasticidad, lo que les permite aprender constantemente de la convivencia con las personas a través de las consecuencias de su comportamiento. Por eso, pueden ser entrenados para esperar tiempos cada vez más largos.

Así, el autocontrol no es lo opuesto al instinto: también hace parte de la biología del comportamiento. En la naturaleza, controlar una respuesta puede ser tan importante como ejecutarla. Un depredador que espera el momento adecuado aumenta sus posibilidades de éxito y un animal social que regula su agresividad mantiene relaciones más estables dentro del grupo.

Por tanto, el comportamiento inhibitorio coexiste con las necesidades de obtener territorio, comida, pareja o protección en el cerebro de nuestros compañeros caninos.

Compañeros moldeados por la convivencia

Aunque muchos mamíferos poseen control inhibitorio, en los perros ocurre algo especial. Miles de años de convivencia con humanos favorecieron individuos más atentos a nuestras señales, menos agresivos y más dispuestos a cooperar.

Responden a nuestro tono de voz, a los gestos, a la mirada, a la postura y a la tensión corporal. Hasta son sensibles a cambios sutiles en nuestras emociones. Esa sensibilidad hace que parezca que entienden nuestras intenciones del mismo modo que otro ser humano, pero probablemente lo que hacen es responder a patrones consistentes del ambiente social.

Por ejemplo, cuando un perro espera permiso antes de comer, no necesariamente comprende una norma moral sobre “lo correcto”. Más bien, aprende que ciertas señales humanas se relacionan con consecuencias estables: tranquilidad, recompensa, aprobación o ausencia de interrupciones. Cuanto más consistente es la instrucción, más sólido será el aprendizaje.

En otras palabras, nuestras mascotas no responden al lenguaje humano por su significado abstracto o cultural, sino por las relaciones que establecen entre sonidos, emociones, gestos, contextos y consecuencias.

Entonces, ¿tienen fuerza de voluntad?

La respuesta depende de cómo entendamos ese concepto. En los seres humanos, la fuerza de voluntad suele involucrar deliberación moral, conflicto interno y reflexión consciente sobre normas culturales. No hay evidencia de que los perros experimenten estos procesos del mismo modo que nosotros.

Sin embargo, sí muestran formas complejas de autocontrol. Pueden inhibir respuestas inmediatas, esperar recompensas, tolerar situaciones incómodas y adaptar su conducta a distintos contextos sociales. En términos funcionales, esto se parece mucho a lo que llamamos “resistir un impulso”.

Encaje perfecto entre dos especies

Así, lo que interpretamos como fuerza de voluntad es, en gran parte, el resultado de sistemas biológicos de regulación del comportamiento refinados durante miles de años de convivencia con nuestra especie. Su cerebro, preparado para responder al ambiente físico y social, terminó ajustándose de manera extraordinaria a la vida humana.

Por eso, solemos interpretar sus acciones en términos humanos. Su regulación social es tan compatible con la nuestra que fácilmente atribuimos intenciones morales a lo que hacen. Pero comprender cómo aprenden y cómo controlan su comportamiento no reduce el vínculo que tenemos con ellos; al contrario, nos permite relacionarnos de forma más empática y realista.

Al final, quizá los perros no “reprimen sus impulsos” como imaginamos los humanos. Más bien, son animales profundamente adaptados a convivir con nosotros, capaces de aprender nuestras rutinas, responder a nuestras señales y regular su conducta en un mundo social compartido. Y tal vez esa extraordinaria capacidad de adaptación sea una de las razones por las que han logrado convertirse en nuestros compañeros más cercanos.

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Víctor Oswaldo Gamboa Ruiz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. ‘Fuerza de voluntad’ perruna: ¿qué les permite autocontrolarse delante de un bistec? – https://theconversation.com/fuerza-de-voluntad-perruna-que-les-permite-autocontrolarse-delante-de-un-bistec-281151

Tuskegee o cuando la ciencia se olvidó de lo más importante: las personas

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Santiago Roura Ferrer, Profesor agregado Facultad de Medicina, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Un médico extrae sangre de un paciente como parte del estudio de la sífilis de Tuskegee. National Archives Atlanta, GA (Gobierno de los Estados Unidos)

En 1932, en Alabama, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos inició un estudio que pretendía observar la evolución natural de la sífilis en población afroamericana rural. La investigación, desarrollada en torno al Instituto Tuskegee, reclutó a 600 hombres pobres, la mayoría jornaleros analfabetos. Los participantes, de los cuales 399 estaban infectados, fueron engañados: nunca se les explicó el verdadero objetivo del experimento ni se les informó de que padecían sífilis, tan sólo “sangre mala”. Incluso, cuando años más tarde la penicilina se consolidó como tratamiento eficaz, se les negó deliberadamente.

Hoy el llamado “experimento de Tuskegee” se considera uno de los mayores escándalos éticos de la investigación biomédica moderna. Pero más allá de la indignación histórica que aún provoca, el caso sigue planteando una cuestión incómoda: ¿cómo pudo mantenerse durante cuarenta años un estudio así en una sociedad que ya conocía principios básicos sobre investigación en seres humanos?

La Declaración de Helsinki, impulsada por la Asociación Médica Mundial en 1964, establecía que el bienestar de la persona debía prevalecer sobre los intereses de la ciencia y la sociedad. Sin embargo, Tuskegee demostró que las normas éticas pueden existir sobre el papel, aunque la práctica real continúa alejándose de ellas.

Cuando el fin justifica los medios

El estudio comenzó en una época marcada por profundas desigualdades raciales y sociales, y pretendía comprender la evolución clínica de la sífilis no tratada. Pero su diseño partía de una relación profundamente desigual entre investigadores y participantes.

Los hombres reclutados fueron atraídos con promesas de asistencia médica gratuita, comidas y ayudas para el entierro. En realidad, muchos fueron sometidos a procedimientos diagnósticos dolorosos sin comprender su finalidad. Lo más grave ocurrió después de 1947, cuando la penicilina pasó a ser el tratamiento estándar: lejos de administrarla, los responsables del estudio evitaron activamente que los pacientes accedieran a ella.

El experimento solo terminó en 1972, tras una filtración periodística que desencadenó una enorme reacción pública. Para entonces, decenas de personas habían muerto y muchas familias habían sufrido las consecuencias de la enfermedad.

La pregunta ética resulta inevitable: ¿cómo pudieron tantos profesionales justificar durante décadas semejante conducta? Probablemente la respuesta no se encuentre únicamente en la ausencia de regulación, sino también en la capacidad de las instituciones para normalizar decisiones inaceptables cuando se amparan en el prestigio científico, la burocracia o la supuesta utilidad colectiva.

El nacimiento de la bioética moderna

Tuskegee no fue el único episodio que obligó a replantear la investigación con seres humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg revelaron los experimentos realizados por médicos nazis en campos de concentración. De aquel horror surgió el Código de Núremberg (1947), primer intento de establecer límites éticos universales para la investigación biomédica.

Posteriormente, la Declaración de Helsinki reforzó principios esenciales como el consentimiento informado, la proporcionalidad riesgo-beneficio y la protección de las personas vulnerables. Más tarde, el escándalo de Tuskegee impulsó en Estados Unidos el conocido Informe Belmont, que consolidó tres pilares de la bioética contemporánea: respeto por las personas, beneficencia y justicia.

Estos principios siguen guiando hoy a los comités de ética y a la regulación internacional de los ensayos clínicos. Sin embargo, las preguntas esenciales continúan siendo muy parecidas: ¿quién asume los riesgos?, ¿quién obtiene los beneficios?, ¿hasta qué punto los pacientes comprenden realmente aquello a lo que consienten?

La confianza perdida

Una de las consecuencias de Tuskegee fue la desconfianza generada hacia las instituciones sanitarias. La relación entre ciencia y sociedad se basa en la confianza, y ésta no se alcanza únicamente con resultados, sino también con transparencia, honestidad y respeto.

La pandemia de covid-19 mostró hasta qué punto la percepción pública sobre vacunas, ensayos clínicos o decisiones sanitarias está condicionada por factores éticos. Cuando la ética es una mera formalidad, existe riesgo de convertir a las personas en simples medios para lograr avances científicos.

Por ello, la ética biomédica no debe entenderse como un obstáculo añadido a la investigación, sino como una condición indispensable de su credibilidad.

Nuevos desafíos, viejas preguntas

El legado de Tuskegee resulta especialmente relevante en una época marcada por el avance acelerado de la inteligencia artificial, la secuenciación genética o el análisis masivo de datos sanitarios. Las amenazas actuales rara vez adoptan la forma explícita de los experimentos del siglo XX, pero pueden aparecer en algoritmos discriminatorios, cesiones masivas de datos clínicos o investigaciones realizadas en poblaciones vulnerables.

Por ello, la investigación biomédica ya no se enfrenta solo al riesgo de causar daño físico directo. También debe responder a cuestiones relacionadas con privacidad, autonomía, equidad y a un acceso justo a los beneficios de la innovación científica.

En este contexto, los comités éticos desempeñan un papel fundamental. Su función no consiste únicamente en aprobar o rechazar proyectos, sino en recordar que el progreso científico pierde legitimidad cuando ignora la dignidad humana.

La historia demuestra que ningún sistema está completamente inmunizado frente a los abusos. Precisamente por ello, la vigilancia ética debe ser constante y adaptarse al ritmo de las nuevas tecnologías biomédicas.

La ciencia debe tener reglas

Existe una tentación recurrente en la historia de la medicina: pensar que un posible beneficio futuro justifica determinados sacrificios presentes. Tuskegee representa uno de los ejemplos más extremos de esa lógica.

Pero la experiencia histórica ha demostrado que separar ciencia y ética acaba deteriorando ambas. Una investigación basada en el engaño o la desigualdad no solo resulta moralmente inaceptable; también erosiona la confianza pública necesaria para el desarrollo científico.

Quizá la principal lección de Tuskegee sea que la ética debe siempre formar parte de la propia cultura científica. Porque la pregunta esencial nunca debería ser qué puede hacerse técnicamente, sino también bajo qué condiciones.

Aún hoy debería avergonzarnos que, incluso después de los crímenes contra la humanidad y pseudociencia del régimen nazi y la Declaración de Helsinki de 1964, pudieran llevarse a cabo investigaciones que vulneraban tan gravemente la dignidad humana. El caso Tuskegee debe permanecer como un recordatorio permanente para que bioética e investigación biomédica avancen siempre juntas. Sólo así el progreso científico se acompaña de la mejor de las calidades humana y asistencial.

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Santiago Roura Ferrer recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Instituto de Salud Carlos III, que dedica exclusivamente a investigaciones en el área de estudio de las enfermedades cardiovasculares. Asimismo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y declara carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Tuskegee o cuando la ciencia se olvidó de lo más importante: las personas – https://theconversation.com/tuskegee-o-cuando-la-ciencia-se-olvido-de-lo-mas-importante-las-personas-282597

Qu’est-ce que le « piège de Thucydide » évoqué par Xi Jinping face à Trump ? Les leçons de la guerre entre Athènes et Sparte

Source: The Conversation – in French – By David M. Pritchard, Associate Professor of Greek History, The University of Queensland

En évoquant le « piège de Thucydide » face à Donald Trump, Xi Jinping a remis au centre du débat une vieille théorie géopolitique : le risque qu’une puissance dominante entre en guerre contre une puissance émergente. Mais l’histoire d’Athènes et de Sparte est bien plus complexe que ne le suggère cette formule devenue célèbre.


Lors de leur rencontre à haut risque cette semaine à Pékin, le président chinois Xi Jinping aurait interrogé le président américain Donald Trump sur la capacité des deux puissances à échapper au « piège de Thucydide ».

Popularisée au début des années 2010 par le politologue américain Graham Allison, cette expression désigne le risque de guerre qui peut émerger lorsqu’une puissance dominante voit monter l’influence d’une puissance rivale. Allison pensait explicitement à la Chine et aux États-Unis.

L’expression tire son nom de Thucydide, auteur de History of the Peloponnesian War, consacré à la guerre de 27 ans entre Athènes et Sparte déclenchée en 431 avant notre ère.

Mais qu’a réellement écrit Thucydide à ce sujet ? Et en quoi Athènes et Sparte éclairent-elles les relations actuelles entre les États-Unis et la Chine ?

Une erreur de gestion des rapports de force

L’expression de « piège de Thucydide » sous-entend qu’une puissance dominante a des difficultés à gérer l’ascension d’une puissance rivale et finit par considérer la guerre comme inévitable, alors qu’elle ne constitue pas forcément la seule issue possible.

Cette idée s’appuie sur une citation tirée de La Guerre du Péloponnèse
(livre I, chapitre 23), dans laquelle Thucydide écrit :

« J’ai commencé par écrire les causes de cette rupture et les différends qui l’amenèrent, pour qu’un jour on ne se demande pas d’où provint une pareille guerre. La cause véritable, mais non avouée, en fut, à mon avis, la puissance à laquelle les Athéniens étaient parvenus et la crainte qu’ils inspiraient aux Lacédémoniens (Sparte) qui contraignirent ceux-ci à la guerre »

Autrement dit, pour Thucydide, c’est l’essor de la puissance athénienne qui a rendu la guerre du Péloponnèse inévitable.

À l’époque, de nombreux Grecs expliquaient la reprise de la guerre entre Athènes et Sparte par une série de conflits secondaires. Mais Thucydide rejette cette interprétation : selon lui, la véritable cause résidait dans la peur grandissante qu’inspirait à Sparte — la puissance dominante traditionnelle — l’ascension d’Athènes, devenue une puissance démocratique majeure.

Transposée, l’idée générale du « piège de Thucydide » serait donc que les États-Unis, inquiets de la montée en puissance de la Chine, pourraient être tentés par une logique de confrontation alors même que d’autres options existent. Mais de nombreux spécialistes de la Grèce antique contestent aujourd’hui cette utilisation contemporaine du concept.

Un concept contesté

Le terme de « piège » suggère que Sparte aurait commis une erreur en 431 avant notre ère et qu’elle aurait pu gérer autrement la montée en puissance d’Athènes. Or ce n’est pas réellement ce que raconte Thucydide.

Au contraire, il montre que Sparte avait de bonnes raisons de craindre l’ascension athénienne. Athènes était alors devenue la principale puissance navale des Balkans et de la mer Égée. Elle attirait à elle les alliés de Sparte les uns après les autres — et n’hésitait pas à écraser ceux qui refusaient de changer de camp.

Ces alliés ont alors, en substance, lancé un ultimatum à Sparte en 432 avant notre ère : il fallait agir contre Athènes, faute de quoi ils rejoindraient son camp. C’est cette pression exercée par ses propres alliés qui a poussé Sparte à intervenir contre Athènes.

Oui, d’une certaine manière, la crainte grandissante qu’inspirait la puissance athénienne a bien conduit Sparte à la guerre. Les Spartiates estimaient devoir engager une guerre totale contre Athènes pour préserver leur système d’alliances et, en 431 avant notre ère, ils ont rompu le traité de paix qui les liait à la cité athénienne.

Une lecture à plus long terme

Plus largement, l’expression de « piège de Thucydide » renvoie aussi au fait que, sur le long terme, la situation n’a pas tourné à l’avantage de Sparte. Certes, elle finit par remporter la guerre du Péloponnèse, mais au terme de 27 années de conflit.

Après sa victoire, Sparte se lança dans une vaste expansion afin de devenir une puissance encore plus dominante. Cette montée en puissance suscita alors l’inquiétude du reste du monde grec. À partir de 404 avant notre ère, l’expansion spartiate transforma progressivement nombre de ses alliés en adversaires. Ces cités grecques finirent par s’unir contre Sparte, qui fut totalement écrasée en 371 avant notre ère lors de la bataille de Leuctres. Toute l’architecture sécuritaire spartiate s’effondra alors : Sparte perdit ses alliés, ses esclaves furent libérés et la cité fut reléguée au rang de puissance secondaire.

La leçon que sous-entend le « piège de Thucydide » pour les États-Unis est donc que la peur qu’inspirent les grandes puissances constitue un moteur extrêmement puissant des relations internationales. Mais beaucoup de ceux qui utilisent cette expression oublient d’évoquer ce qu’est devenue Athènes par la suite.

Athènes a survécu à la guerre du Péloponnèse. La cité a restauré sa démocratie, reconstitué sa puissance militaire et retrouvé une influence régionale importante. Mais un élément est particulièrement frappant : au début du IVe siècle avant notre ère, Athènes faisait face à une pression considérable exercée par l’Empire perse, alors infiniment plus puissant que n’importe quelle cité grecque.

Athènes a ainsi choisi de réduire ses ambitions et de renoncer à son statut de grande superpuissance méditerranéenne. La cité abandonna toute tentative de rétablir son contrôle impérial sur les nombreuses cités grecques d’Anatolie, qui repassèrent sous domination perse.

Athènes préféra recentrer ses ambitions sur la mer Égée et cessa de chercher l’affrontement avec les Perses ; elle prit acte des limites de sa propre puissance. Autrement dit, la décision de Sparte d’entrer en guerre contre Athènes en 431 avant notre ère n’a pas conduit, à long terme, à une domination totale du monde grec par Athènes.

Une leçon pour aujourd’hui

L’histoire de la guerre du Péloponnèse offre plusieurs enseignements pour les relations actuelles entre la Chine et les États-Unis. Le premier est qu’il peut être dangereux, pour une puissance installée, de vouloir absolument contenir l’ascension d’une puissance émergente. Sparte a appris à ses dépens qu’une telle stratégie pouvait avoir un coût considérable. En acceptant davantage la montée en puissance d’Athènes, Sparte aurait peut-être pu conserver son statut de grande puissance bien au-delà du IVe siècle avant notre ère.

Un autre enseignement est qu’une puissance dominante, comme les États-Unis aujourd’hui, peut choisir de réduire ses ambitions et de se concentrer davantage sur des régions plus proches de ses intérêts immédiats.

C’est précisément ce qu’a fait l’Athènes démocratique après la guerre du Péloponnèse. Ce recentrage lui a permis de continuer à prospérer sur les plans culturel et politique, tout en maintenant ses ennemis à distance jusqu’aux années 310 avant notre ère.

The Conversation

David M. Pritchard a reçu des financements de l’ARC.

ref. Qu’est-ce que le « piège de Thucydide » évoqué par Xi Jinping face à Trump ? Les leçons de la guerre entre Athènes et Sparte – https://theconversation.com/quest-ce-que-le-piege-de-thucydide-evoque-par-xi-jinping-face-a-trump-les-lecons-de-la-guerre-entre-athenes-et-sparte-283125

L’Iran menace les câbles sous-marins, ces artères invisibles d’internet

Source: The Conversation – in French – By Meredith Primrose Jones, Researcher, Oceania Cyber Security Centre, RMIT University

Plus de 95 % du trafic mondial de données transite par des câbles sous-marins. Laiotz/Shutterstock

Les menaces iraniennes contre les câbles sous-marins du détroit d’Ormuz rappellent une réalité souvent invisible : internet repose sur des infrastructures physiques extrêmement vulnérables. Une coupure majeure pourrait perturber les communications mondiales, les marchés financiers et les équilibres géopolitiques.


En début de semaine, des médias iraniens liés à l’État ont évoqué un projet visant à faire payer aux opérateurs de câbles internet sous-marins un droit de passage dans le détroit d’Ormuz, au nom de ce que les autorités présentent comme les eaux offshore relevant de l’Iran.

Cette proposition intervient après des mises en garde iraniennes soulignant que plusieurs câbles stratégiques traversant le détroit constituaient un point de vulnérabilité majeur pour les économies du Moyen-Orient.

Les propos iraniens rappellent brutalement l’existence d’une infrastructure largement invisible : les plus de 500 câbles sous-marins qui acheminent plus de 95 % du trafic mondial de données et constituent l’épine dorsale d’internet — et de l’économie mondialisée.

Car derrière l’image d’un internet immatériel « dans le cloud » se cache un réseau physique extrêmement stratégique, mais aussi vulnérable. Une fragilité qui s’impose désormais comme un sujet géopolitique majeur.

Golfes, détroits et câbles

Plusieurs des routes de câbles sous-marins les plus stratégiques au monde traversent le Moyen-Orient. Les passages étroits de la mer Rouge, du détroit de Bab el-Mandeb, du canal de Suez ou encore du détroit d’Ormuz sont devenus de véritables « points d’étranglement numériques ».

Ces corridors maritimes relient les grands centres économiques d’Europe, d’Asie et d’Afrique. En 2024, des incidents touchant des câbles sous-marins en mer Rouge ont perturbé environ 25 % du trafic internet entre l’Europe et l’Asie.

L’importance stratégique des câbles sous-marins n’échappe pas à l’Iran. Une coupure — accidentelle ou volontaire — de ces infrastructures aurait des conséquences considérables.

Plus largement, le message est clair : les infrastructures numériques sont devenues à la fois des instruments de puissance géopolitique et des cibles potentielles.

Des infrastructures devenues stratégiques

Autrefois, les infrastructures critiques se résumaient surtout aux oléoducs, aux ports et aux réseaux électriques. Désormais, les infrastructures de données occupent une place tout aussi centrale pour la sécurité économique et nationale.

Le principal problème des câbles sous-marins tient à leur concentration. Beaucoup empruntent les mêmes routes au fond des mers et convergent vers un nombre très limité de passages maritimes stratégiques.

Cette concentration crée des points de vulnérabilité majeurs. Une coupure de câble — volontaire ou accidentelle — peut perturber simultanément les connexions de plusieurs régions du monde.

Or, si les ruptures de câbles ne sont pas rares, les réparations sont complexes, en particulier dans des zones contestées ou militarisées. Les navires chargés des réparations ont besoin d’un accès sécurisé, d’une coordination internationale et de délais parfois importants.

Fragmentation et rupture des connexions

Un incident majeur touchant les câbles sous-marins pourrait avoir des conséquences considérables. L’un des effets les plus immédiats serait une fragmentation de la connectivité mondiale. Cette capacité, aujourd’hui tenue pour acquise, de communiquer instantanément avec n’importe qui dans le monde pourrait être fortement remise en cause.

Les régions dépendant fortement de routes de câbles vulnérables pourraient subir des ralentissements massifs d’internet, des coupures de communication ou encore des turbulences financières. Les pays disposant de peu d’infrastructures de secours — notamment dans certaines parties de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud — seraient particulièrement exposés.

Les marchés financiers sont eux aussi particulièrement vulnérables. Les systèmes de trading à haute fréquence, les réseaux mondiaux de paiement et les transactions bancaires internationales reposent sur des flux de données extrêmement rapides et fiables.

Même de brèves interruptions peuvent provoquer de fortes fluctuations des marchés, retarder des transactions et alimenter l’incertitude des investisseurs. Dans une économie mondiale profondément interconnectée, une instabilité numérique localisée peut rapidement produire des ondes de choc financières à l’échelle planétaire.

Et si des perturbations des câbles coïncidaient avec des tensions ou des conflits le long de routes maritimes stratégiques comme le détroit d’Ormuz ou le canal de Suez, les marchés de l’assurance, le secteur du transport maritime et les chaînes d’approvisionnement énergétiques seraient eux aussi confrontés à une incertitude accrue.

Le domaine militaire

Les conséquences militaires et stratégiques d’une coupure des câbles pourraient être plus graves encore. Les armées dépendent de communications sécurisées sur de longues distances et d’une coordination en temps réel.

Concrètement, tout repose sur ces infrastructures : systèmes de commandement, opérations de drones, planification logistique ou coordination entre alliés passent par les câbles sous-marins. Une dégradation de ces réseaux réduirait l’efficacité des forces armées, compliquerait la coopération militaire et augmenterait le risque d’erreurs de calcul.

Le sabotage de câbles constitue en outre une forme d’attaque particulièrement ambiguë. Contrairement à une frappe militaire classique, il est difficile d’en attribuer clairement la responsabilité — comme dans le cas des ruptures de câbles en mer Baltique souvent attribuées à la Russie. Le cadre juridique reste lui aussi flou.

Cette ambiguïté accroît le risque d’escalade : les États peuvent avoir du mal à déterminer si les perturbations relèvent d’un accident, d’un acte criminel ou d’une véritable attaque de guerre.

Le monde numérique repose sur des infrastructures bien réelles

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran a déjà retardé la construction de nouveaux câbles sous-marins. Il rappelle aussi une réalité plus large : les fondations du monde numérique sont physiques, concrètes — et loin d’être invulnérables.

Toute attaque ou sabotage délibéré ne constituerait pas un simple incident localisé. Les répercussions se feraient sentir sur les communications mondiales, l’économie et les systèmes de sécurité.

Les fonds marins sont devenus un nouvel espace de rivalité géopolitique — et une perturbation majeure pourrait avoir des conséquences durables sur la stabilité mondiale.

The Conversation

Meredith Primrose Jones ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. L’Iran menace les câbles sous-marins, ces artères invisibles d’internet – https://theconversation.com/liran-menace-les-cables-sous-marins-ces-arteres-invisibles-dinternet-283126

Végétalisation urbaine: améliorer notre santé aujourd’hui, habiter une ville plus résiliente demain

Source: The Conversation – France in French (3) – By Léo Moutet, Doctorant en sécurité sanitaire, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Les espaces verts améliorent notre santé, physique comme mentale, et jouent un rôle clé dans l’adaptation aux changements climatiques. Pourtant, les villes peinent encore à proposer plus d’espaces naturels à leurs habitants. Quels seraient les bénéfices pour la santé de végétaliser une partie de la surface aujourd’hui réservée aux véhicules motorisés ?


Dans les villes denses, trouver de la place pour végétaliser l’espace urbain est une gageure, d’autant que la place des voitures y reste considérable. Chaussée, espaces de stationnements… en 2016, à Paris, la moitié de l’espace public leur était dévolu. Pourtant, on sait aujourd’hui que les enjeux sanitaires et environnementaux liés à l’espace routier sont plus importants qu’on ne le perçoit généralement.

De leur côté, les bénéfices potentiels pour la santé des projets de renaturation des villes sont encore trop peu évalués, alors même qu’ils pourraient favoriser des planifications urbaines favorables à la santé de leurs habitants.

Dans une étude récente, nous avons estimé les bénéfices en matière de réduction du risque de mortalité de divers projets d’aménagement d’espaces verts urbains qui se baseraient sur le remplacement d’une partie des zones aujourd’hui dédié aux voitures à Paris. Voici ce que ces travaux nous ont appris.

Espaces verts urbains, santé et climat

Le changement climatique affectera de plus en plus les villes et, avec près de 85 % de la population européenne habitant en zone urbaine d’ici 2050, il est urgent de renforcer la résilience de nos milieux de vie, notamment face à l’augmentation des risques d’inondations et d’îlots de chaleur urbains. Dans les villes européennes, les solutions fondées sur la nature permettent de réduire les émissions de carbone jusqu’à 25 % et d’abaisser la température moyenne locale de 1,3 °C en été.

Les espaces verts urbains, en plus de contribuer au rafraichissement des villes, permettent également de réduire l’exposition à différents facteurs de stress environnementaux (pollution atmosphérique, bruit de la circulation). En outre, ils permettent d’induire plus d’activité physique et améliorent la cohésion sociale.

Ils ont également un effet bénéfique avéré en matière de santé mentale, améliorent nos capacités cognitives et nos fonctions immunitaires, tout en réduisant le niveau de stress.

À l’inverse, le modèle actuel, qui fait la part belle à la voiture individuelle dans l’espace urbain, a des répercussions sur l’environnement, la santé et les inégalités sociales. La dépendance à l’automobile a une influence sur le manque d’activité physique, un impact sur la qualité de l’air, sur le climat et sur la biodiversité, nécessite l’imperméabilisation des sols (responsable des îlots de chaleur urbains, des inondations et de la pollution de l’eau), et entraîne une baisse de l’accessibilité au logement (en raison des surfaces occupées).

Quels liens entre l’aménagement d’espaces verts et santé publique ?

Le calcul du NDVI (de l’anglais « Normalized Difference Vegetation Index ») permet d’évaluer le couvert végétal à l’échelle d’une ville, et donc l’exposition de ses habitants aux espaces verts. Il s’agit d’une mesure satellite spatialisée de l’activité chlorophyllienne au sol, dont les valeurs en ville sont comprises entre 0 (pas de végétation) et 1 (végétation dense).

En 2019, une méta-analyse publiée dans la revue scientifique The Lancet Planetary Health a estimé qu’une augmentation de 0,1 du NDVI est associée à une réduction du risque de mortalité toutes causes confondues de 4 %.

La première étape de notre étude a consisté à quantifier l’effet spécifique de l’aménagement d’une surface donnée d’espace vert sur le NDVI. Nous avons pour cela observé comment cet indicateur a été impacté par les aménagements réalisés entre 2001 et 2017 par la municipalité de Paris, à partir de la méthode de doubles différences, fréquemment utilisée par les économistes.

Cette méthode consiste à comparer l’évolution du NDVI dans les zones aménagées avec celle de zones similaires, mais non aménagées. Elle permet d’isoler l’effet propre des travaux de végétalisation de toute tendance générale. Cela a permis de relier le nombre de mètres carrés végétalisés avec une augmentation locale du NDVI.

Trois scénarios de végétalisation évalués

Dans un second temps, nous avons développé trois scénarios de végétalisation pour la ville de Paris, à l’échelle du quartier :

  • le scénario 1 (S1) consiste à végétaliser les zones payantes de stationnement pour voiture considérées comme excédentaires par l’institut National de la Statistique et des Études économiques (INSEE) ;

  • le scénario 2 (S2) remplace dans chaque quartier 20 % de la chaussée par des espaces verts urbains ;

  • le scénario 3 (S3) permet à chaque quartier d’atteindre 15 % de couvert végétal, ce qui correspond aujourd’hui à la surface végétalisée dans les 10 % des quartiers les plus verts de la ville.

Pour chaque scénario, nous avons estimé le nombre de décès prématurés qui pourraient être évités par ces différents niveaux de végétalisation, entre 2025 et 2040. Afin de mieux apprécier la répartition des bénéfices sanitaires, nous avons procédé à une répartition de ces résultats par âge et selon différents niveaux de défaveur sociale (indicateur regroupant le taux de chômage dans la population active de 15 à 64 ans, le taux d’ouvriers dans la population active de 15 à 64 ans, le taux de bacheliers dans la population non scolarisée des plus de 15 ans et le revenu médian déclaré par unité de consommation).

La réduction de la mortalité a également été valorisée monétairement et comparée aux coûts de ces aménagements pour la collectivité.

Quels bénéfices sanitaires, pour qui, et à quel coût ?

D’ici 2040, la végétalisation d’une partie de l’espace occupé par la voiture, suivant les scénarios S1 et S2, représenterait respectivement 0,7 % et 2,6 % de la surface de la ville. Cela permettrait d’éviter respectivement 29 et 315 décès chaque année, chez les plus de 20 ans.

Le scénario S3 implique la végétalisation de 8,7 % de l’espace urbain et permettrait d’éviter 312 décès, soit 2,6 % de la mortalité annuelle à Paris.

Ces résultats restent stables selon les différentes hypothèses de calculs formulées. Par ailleurs, quel que soit le scénario, les bénéfices se répartissent de manière homogène selon les niveaux de défaveur sociale.

En outre, si les décès évités concernent principalement les âges les plus élevés, les années de vies gagnées bénéficient à toutes les tranches d’âge.

Sur la période 2025-2050, pour les trois scénarios, les coûts financiers de ces renaturations sont largement compensés par les bénéfices socio-économiques issus de la réduction de la mortalité. Ce résultat reste similaire, même lorsque l’on teste tout un panel d’hypothèses concernant les coûts et les bénéfices de végétalisation, ainsi que lorsque la temporalité d’implémentation ou de maturation de la végétation sont considérées.

Par ailleurs, les méthodes de végétalisation peuvent avoir une influence significative sur les coûts financiers, les bénéfices pour la santé et l’impact environnemental. Par exemple, privilégier la plantation de jeunes arbres combinée à la réhabilitation des sols, plutôt que d’importer des arbres matures et des substrats externes, peut certes retarder la maturité écologique, mais présente l’avantage d’offrir une croissance de la végétation urbaine plus abordable économiquement, adaptée localement et durable.

La gentrification verte : un revers sanitaire et social évitable

Les espaces verts urbains confèrent souvent un effet protecteur plus important aux groupes socio-économiques les plus défavorisés. Cependant, l’augmentation potentielle de la valeur foncière et l’afflux de résidents à revenus plus élevés peuvent déclencher une « gentrification verte » des quartiers concernés, ce qui peut accentuer les inégalités en matière de santé quant à l’accès aux espaces verts urbains et aux avantages qu’ils procurent.

L’aménagement d’espace verts urbains doit donc toujours être élaboré avec les habitants et accompagné de mesures permettant de garantir l’accessibilité aux logements : préservation de la valeur foncière, quotas de logements sociaux, etc.

Les résultats de nos travaux indiquent cependant que, sur la ville de Paris, la végétalisation d’une partie de l’espace dédié aux voitures n’augmenterait pas les inégalités environnementales.

Tous les espaces verts ne procurent pas les mêmes bénéfices pour la santé

Au delà de leur quantité, la qualité des espaces verts proposés module les bénéfices sanitaires qui peuvent en découler.

Des espaces verts plus vastes, complexes et mieux connectés entre eux sont associés à de meilleurs bénéfices pour la santé. Redéfinir l’espace urbain avec des politiques de végétalisation ambitieuses pourrait également favoriser les mobilités actives (marche, vélo), vecteur d’activité physique régulière et de bénéfices majeurs pour la santé des populations.

Il est également important de veiller à renaturer les villes et soutenir la biodiversité tout en minimisant l’exposition aux pollens. Pour cela, une solution consiste à privilégier les espèces peu allergènes (en évitant les bouleaux, les graminées et les cyprès) et pollinisées par les insectes.
Parallèlement, l’exposition aux espaces verts dès le plus jeune âge peut réduire le risque de sensibilisation allergique, grâce à un meilleur développement du système immunitaire et du microbiote intestinal.

Un autre point d’attention est que, selon le contexte écologique local, certains espaces verts urbains peuvent moduler le risque de transmission de certaines maladies vectorielles, soulignant l’importance de la coconstruction de ces aménagements entre ses différents acteurs et la population locale.

Enfin, la relation entre végétalisation et pollution atmosphérique est également ambivalente. Afin d’optimiser les bénéfices sanitaires, il est important d’éviter de planter des arbres très émetteurs de certains terpènes (COVb) ou avec un large houppier au dessus des routes empruntées par les voitures.

En définitive, nos résultats suggèrent que fixer des objectifs plus ambitieux en matière de couverture végétale dans les villes permettrait de réduire considérablement la mortalité tout en renforçant les efforts de la ville en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, mais aussi d’amplifier les cobénéfices sanitaires de cette renaturation.

Ils démontrent aussi que les bénéfices sanitaires monétisés compensent largement et rapidement les coûts d’aménagement, confirmant la forte valeur sociétale des politiques de végétalisation urbaine.

The Conversation

Kévin Jean est membre du conseil d’administration de l’association Science Citoyennes.

Laura Temime a reçu des financements de l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour plusieurs projets de recherche, sans lien avec cet article.

Léo Moutet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Végétalisation urbaine: améliorer notre santé aujourd’hui, habiter une ville plus résiliente demain – https://theconversation.com/vegetalisation-urbaine-ameliorer-notre-sante-aujourdhui-habiter-une-ville-plus-resiliente-demain-280750

Plus rien ne vous choque ? Comment l’intolérable se transforme en norme dominante

Source: The Conversation – France in French (3) – By Lee-Ann d’Alexandry, doctorante, Aix-Marseille Université (AMU)

*Comment des idées politiques ou sociales considérées comme inadmissibles finissent-elles par pénétrer, voire à s’imposer, dans le débat public ? La psychologie sociale montre que face à l’incertitude ou à la pression du groupe, les individus ajustent leurs jugements à ce qu’ils perçoivent comme la norme dominante. Mais la résister à la normalisation d’idées extrémistes ? *


Plus rien ne vous choque ? Aux États-Unis, les raids de l’ICE et les promesses de déportations massives de Donald Trump se sont concrétisées, son administration a capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro et menace désormais Cuba. En Europe, certains politiciens souverainistes n’hésitent pas à affirmer que la loi nationale doit primer sur les traités. Ce qui frappe n’est pas seulement la radicalité de ces paroles ou de ces actions, mais le fait qu’elles suscitent de moins en moins de surprise – à peine le temps d’un scroll ou d’un zappage de chaîne.

Qu’il s’agisse de politique, de société ou de valeurs culturelles, des idées autrefois impensables finissent par entrer dans le débat public. Elles deviennent discutables, tolérables, parfois banales, même si elles continuent de diviser. Comment expliquer ce déplacement progressif des frontières de l’acceptable ?

Pour y répondre, il faut dépasser le seul registre de l’indignation. La psychologie sociale montre en effet que ce que nous jugeons « acceptable » n’est ni naturel ni stable : cela se construit collectivement, au fil des interactions, des discours et des répétitions.

La normalisation : comment le « normal » se déplace

Ce que nous percevons comme « normal » repose sur des normes sociales : des règles implicites partagées qui définissent ce qui est valorisé, toléré ou sanctionné. Ces normes évoluent lorsque des comportements ou des idées sont répétés et validés publiquement. Les expériences classiques de Muzafer Sherif et de Solomon Asch ont montré que, face à l’incertitude ou à la pression du groupe, les individus ajustent leurs jugements à ce qu’ils perçoivent comme la norme dominante.

Mais la normalisation ne relève pas seulement de mécanismes individuels. Des travaux récents en science politique montrent qu’elle opère aussi à l’échelle des idéologies. Dans The Normalization of the Radical Right (2024), le politiste Vincenzo Valentim montre que la montée de l’extrême droite ne tient pas tant à une radicalisation soudaine des électeurs qu’à l’érosion progressive des normes sociales qui freinaient l’expression publique de ces idées.

Lorsque le stigmate social diminue, des préférences jusque-là latentes peuvent s’exprimer plus librement. L’enjeu n’est donc pas simplement un changement des convictions, mais une transformation des conditions de leur expression : à mesure que le coût symbolique de certaines prises de position baisse – parce qu’elles sont reprises par des responsables politiques, discutées dans les médias ou moins fortement sanctionnées – elles deviennent plus visibles, paraissent plus ordinaires et déplacent progressivement le seuil de leur acceptabilité collective.

Ce phénomène s’apparente à ce que le sociologue Damon Centola appelle une « contagion complexe » : contrairement à une information virale, une idéologie ne se diffuse pas par une exposition ponctuelle, mais par des expositions répétées, socialement renforcées, au sein de réseaux où elle gagne progressivement en légitimité.

L’évolution récente du terme de « remigration » en Europe illustre ce mécanisme. Longtemps cantonné à des cercles marginaux, il a été remis en lumière en janvier 2024 par l’enquête du média allemand Correctiv sur des réunions entre responsables politiques et militants d’extrême droite. La reprise de ce terme par des dirigeants du parti d’extrême droite AfD et sa discussion sur des plateaux télévisés, non plus comme une proposition extrémiste mais comme une option politique parmi d’autres, a contribué à en déplacer l’acceptabilité.

Quand l’autorité et les médias légitiment l’impensable

La normalisation est accélérée lorsque des figures d’autorité s’en font les relais. Les travaux d’Albert Bandura sur l’apprentissage social montrent que nous avons tendance à imiter les comportements et les discours de modèles perçus comme puissants ou légitimes. Lorsqu’un dirigeant politique adopte publiquement une position radicale, celle-ci gagne en crédibilité par simple imitation.

Les médias jouent un rôle complémentaire. Depuis les travaux fondateurs de Maxwell McCombs et Donald Shaw (1972), on sait que l’agenda-setting n’influence pas directement ce que les citoyens pensent, mais ce à quoi ils pensent. En accordant une visibilité répétée à certaines idées, mêmes marginales au départ, les médias contribuent à les installer durablement dans le débat public.

La criminalisation des mouvements écologistes en offre un exemple récent. En France, entre 2023 et 2025, plusieurs responsables politiques ont qualifié des militants écologistes de « terroristes » ou de « menace pour l’ordre public » à la suite d’actions contre des infrastructures. La forte médiatisation de ces discours par des médias nationaux a contribué à rendre cette grille de lecture progressivement acceptable, voire légitime, dans l’espace public.

Mais la normalisation ne va pas toujours dans le sens d’un durcissement. Elle peut aussi accompagner des transformations progressistes. L’égalité salariale entre les femmes et les hommes, longtemps perçue comme une revendication marginale, s’est imposée comme une norme sociale largement partagée. De même, selon un sondage Ipsos publié en 2025, 77 % des Français se déclarent favorables à des lois renforçant la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT+.

Quand la normalisation rencontre des résistances

Pour autant, l’élargissement du champ de l’acceptable n’est ni automatique ni irréversible. La psychologie sociale s’intéresse aussi aux mécanismes de résistance à la normalisation. Des travaux récents sur l’« inoculation psychologique », menés notamment par Jon Roozenbeek et Sander van der Linden, montrent que l’exposition préventive aux techniques de manipulation renforce la capacité des individus à résister à des discours trompeurs ou extrémistes. Autrement dit, les normes ne se déplacent pas indéfiniment : elles se heurtent à des seuils de tolérance et à des capacités de vigilance collective.

Ces moments de rupture apparaissent souvent lorsque des acteurs légitimes nomment explicitement le basculement en cours. L’histoire en offre plusieurs exemples. En 1974, lorsque Simone Veil défend la législation de l’IVG, elle met en lumière l’écart entre l’interdit pénal et une réalité sociale déjà répandue. Elle révèle l’inadéquation croissante de la norme juridique. De même, lors de l’abolition de la peine de mort en 1981, portée par Robert Badinter sous la présidence de François Mitterrand, la réforme ne suit pas immédiatement l’opinion majoritaire : elle redéfinit publiquement le seuil moral tolérable en inscrivant la question sur le terrain des principes fondamentaux.

Ces séquences rappellent que la normalisation n’est jamais totale. Le déplacement des frontières du tolérable n’est pas un processus à sens unique : il peut être contesté, freiné, voire partiellement inversé lorsque des repères moraux partagés sont réactivés. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour éviter le double écueil du fatalisme – tout serait inévitable – et de l’illusion inverse, selon laquelle les normes se transformeraient sans résistance.

The Conversation

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Plus rien ne vous choque ? Comment l’intolérable se transforme en norme dominante – https://theconversation.com/plus-rien-ne-vous-choque-comment-lintolerable-se-transforme-en-norme-dominante-275459

Augmenter les frais d’inscription universitaires des étudiants internationaux : une erreur stratégique ?

Source: The Conversation – France in French (3) – By Marion Tissier-Raffin, Maîtresse de conférences en droit public, Université de Bordeaux

Dans la lignée du plan « Bienvenue en France » lancé en 2018, la stratégie annoncée en avril 2026 pour renforcer l’attractivité de la France auprès des étudiants étrangers conforte une mesure controversée, celle des frais d’inscription universitaires différenciés. En quoi cette logique est-elle contre-productive ?


Sept ans après « Bienvenue en France », la stratégie pour renforcer l’attractivité de la France auprès des étudiants internationaux, le ministre de l’enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a annoncé le 21 avril 2026, le lancement de « Choose France for Higher Education ». Dans la continuité du précédent, ce nouveau plan conforte une mesure controversée, celle des frais d’inscription majorés pour les étudiants extra-européens. Il annonce leur généralisation, dès la rentrée 2026, par la restriction drastique de l’autonomie des universités pour leur accorder des exonérations ciblées.

Cette annonce suit de près la divulgation du déclenchement par l’université de Strasbourg d’une procédure de désinscription à l’encontre de 47 étudiants extra-européens, faute pour eux d’avoir pu s’acquitter des 3941 euros de frais d’inscription majorés. Elle fait aussi suite à la suppression des aides personnalisées au logement (APL) pour la majorité des étudiants extra-européens dans le cadre de la loi de finances 2026, alors même que la précarité sociale des étudiants étrangers est déjà préoccupante.

Si l’annonce d’une probable désinscription administrative si tard dans l’année est une véritable catastrophe pour ces 47 étudiants internationaux de l’université de Strasbourg, qui risquent en plus de ne pas pouvoir renouveler leur titre de séjour étudiant, cette situation n’est que la conséquence logique de la mise en place de frais d’inscription différenciés pour les étudiants extra-européens issue du plan « Bienvenue en France ».

Des frais d’inscription différenciés

En 2018, constatant le déclassement de la France, passée de la 3e à la 7e place dans les rankings internationaux entre les années 1980 et 2019, le gouvernement d’Edouard Philippe fixait l’objectif d’attirer 500 000 étudiants étrangers en 2027 (soit une hausse de 40 % par rapport à 2018), et pour cela, mettait en place des frais d’inscription différenciés pour les étudiants extra-européens, soit 2 770 euros pour une inscription en Licence et 3 770 euros pour une inscription en Master, contre 178 euros et 254 euros pour les étudiants français et ressortissants de l’UE.

Cette mesure était toutefois assortie de la possibilité pour les universités d’exonérer jusqu’à 10 % de tous les étudiants inscrits dans leur établissement. Or cette marge de manœuvre a largement été utilisée par ces dernières, puisqu’à la rentrée 2025, près de 60 % des universités exonéraient, partiellement mais automatiquement, l’ensemble des étudiants extra-européens, ce qui permettait de ramener le montant de leurs frais d’inscription à ceux payés par les étudiants français et européens (données issues d’un projet de recherche sur « Les mobilités à des fins d’études »).

Et, parmi les universités qui appliquaient les frais d’inscription différenciés, une grande majorité d’entre elles a voté des politiques d’exonération ciblées, sur divers fondements, comme l’excellence académique des candidats, leur provenance d’un des pays les plus pauvres du monde, ou encore leur inscription dans un cursus de sciences et technologie, ou leur niveau d’étude.

C’est par exemple le cas de l’Université de Strasbourg qui, si elle applique les frais différenciés, a décidé d’exonérer les étudiants extra-européens inscrits en Licence, et non ceux qui, comme les 47 étudiants visés par la mesure de désinscription administrative, poursuivent leurs études en Master.

De l’universalisme à l’utilitarisme

L’annonce du plan « Choose France for Higher Education » s’inscrit dans la continuité du plan « Bienvenue en France ». Comme celui-ci, il s’inscrit dans une logique utilitariste, selon laquelle il faut « passer d’une logique de réponse à la demande à une logique d’offre qualitative ».

Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’attirer le plus grand nombre d’étudiants étrangers, dans une logique d’accès universel et culturel, mais de renforcer l’attractivité auprès des étudiants internationaux dont l’apport économique et scientifique est le plus profitable, c’est-à-dire des étudiants solvables et qui poursuivent leurs études dans des domaines stratégiques pour l’innovation et la croissance, comme « la santé, le numérique (dont l’intelligence artificielle), le quantique, les biotechnologies, les sciences de l’environnement, etc. »

Comme le plan « Bienvenue en France », la nouvelle stratégie se fonde sur une mesure clé, celle de la généralisation des frais d’inscription différenciés. La logique d’attractivité de celle-ci repose sur la théorie du signal-prix qui postule que des études plus onéreuses sont des études de meilleure qualité et donc plus attractives pour les étudiants internationaux.

Une hausse des frais universitaires pour les étudiants étrangers qui fait polémique (France 3 Grand Est, avril 2026).

Cette nouvelle stratégie d’attractivité « Choose France for Higher Education » interroge. Celle-ci fait suite à un Rapport de la Cour des Compte qui postulait, certes, la généralisation des frais différenciés, mais sans que cette proposition ne s’appuie sur un diagnostic précis de leur application.

Surtout, si l’objectif d’atteindre 500 000 étudiants étrangers en 2027 est en passe d’être atteint – l’objectif est en soi contestable car il comptabilise les étudiants étrangers et non les étudiants en mobilité d’étude qui sont moins nombreux – le classement de la France dans les rankings ne s’est pas amélioré depuis Bienvenue en France, au contraire. La France est reléguée au 8e rang mondial, derrière des pays comme la Turquie.

On s’étonne également de l’autosatisfaction du gouvernement sur plusieurs données pourtant peu favorables, comme le fait que la France est le 3e pays francophone le plus attractif, alors qu’elle était le 1er pays d’accueil non anglophone en 2019, ou encore de l’annonce de la diversification de la provenance des étudiants internationaux, alors que les chiffres ont peu évolué, plus de la moitié d’entre eux provenant toujours du continent africain. Enfin, si le gouvernement annonce flécher 60 % des bourses du gouvernement français sur les filières d’avenir, c’est déjà le cas des bourses d’excellence Eiffel dont 60 % de leur titulaire poursuivent des études scientifiques, dont 45 % en cursus ingénieur.

Sous-financement et fragmentation de l’enseignement supérieur

Au-delà des interrogations liées à l’analyse objective sous-tendant ce nouveau plan, la principale critique que l’on peut émettre est que, comme le plan « Bienvenue en France », il fonde toute la stratégie d’attractivité internationale sur une approche étroite, liée à la seule généralisation de frais d’inscription majorés.

Non seulement cette annonce n’anticipe pas comment le risque d’un effet d’éviction peut être écarté, comme le mentionne France Université, puisqu’un tel phénomène a déjà été documenté par France Stratégie, mais elle passe sous silence d’autres facteurs structurels qui expliquent aussi le déclassement de la France.

Il s’agit du sous-financement chronique des universités et de la recherche, la fragmentation de l’enseignement supérieur français, entre ses « grandes écoles » issues des classes prépa et la concurrence croissante des écoles privées, mais aussi l’absence de coordination avec la politique migratoire qui ne cesse de se durcir et dont les étudiants internationaux sont également les victimes.

Quoiqu’en dise le ministre, et comme en attestent le Défenseur des droits ou l’arrêt récent du Conseil d’État, le fonctionnement de la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) met tous les étrangers, y compris les étudiants et les chercheurs internationaux, dans des situations administratives inextricables et graves.

Le cas de l’Allemagne, à la 4e place dans les rankings internationaux, avec des frais d’inscription aussi « modiques » qu’en France, témoigne du fait qu’une stratégie d’attractivité ne se construit pas sur la seule problématique des frais d’inscription et de la théorie du signal-prix. Pour être effective, celle-ci devrait se construire à partir d’une approche plus globale, fondée sur une coordination des politiques ministérielles, que ce soit celles liées à l’enseignement supérieur ou aux politiques migratoires, et être davantage respectueuse de l’autonomie des universités et leur mission historique de service public.

The Conversation

Marion Tissier-Raffin a reçu des financements de la Région Nouvelle Aquitaine.

ref. Augmenter les frais d’inscription universitaires des étudiants internationaux : une erreur stratégique ? – https://theconversation.com/augmenter-les-frais-dinscription-universitaires-des-etudiants-internationaux-une-erreur-strategique-282800