Más del 60% del océano corresponde a aguas de alta mar: aquellas que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños. El resto, las jurisdiccionales, que ocupan un tercio de los océanos, llevan bastante tiempo reguladas. Pero el ordenamiento de aquellas más alejadas de la costa se lleva discutiendo desde hace dos décadas y solo recientemente se ha firmado un Tratado de Alta Mar.
El Convenio del Derecho del Mar, firmado en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, regula las aguas jurisdiccionales. Pero el nuevo Tratado de Alta Mar solo se aplica a partir de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Es decir, en las aguas alejadas más de 200 millas de los territorios soberanos.
El tratado BBNJ (según sus siglas anglosajonas) es el tercer acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El pacto incluye la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, ha obtenido la ratificación 81 países. En febrero de 2025, España se convirtió en el primer país europeo en depositar su ratificación ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Marruecos y Sierra Leona se unieron recientemente (septiembre 2025) al total de Estados que lo han firmado. Se convirtieron en los países 60 y 61 en respaldar el tratado, permitiendo que entrara en vigor lo firmado en junio del año 2023.
El objetivo principal del acuerdo (dotado de 76 artículos repartidos en 12 partes) se centra en mejorar la coordinación entre los países y establecer un enfoque integral destinado a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas.
Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en alta mar a un ritmo y de una manera adecuados. Es decir, que su aprovechamiento no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Adicionalmente, el reparto de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos marinos debe ser llevado a cabo de una manera equitativa. Y ello creando áreas protegidas y fortaleciendo la cooperación científica.
En referencia a la pesca, el artículo 10 del tratado refleja de manera clara lo que pretende en este aspecto. El acuerdo no busca invadir las competencias de otros organismos internacionales en referencia al reparto de los cupos de pesca. Se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación y la explotación tecnológica.
No obstante, debido al fin ambientalista del pacto, es normal que se cree un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. Ello puede traer la consiguiente desconfianza por parte de los afectados.
Barcos pesqueros en Viveiro (Lugo). Raúl Villa Caro, CC BY-SA
Implicaciones jurídicas
Desde una óptica estrictamente jurídica, las normas del Tratado de Alta Mar no van en contra del Convenio del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, sino que lo complementan en las áreas fuera de las aguas jurisdiccionales de los países. Así, se presentan como las primeras normas que tendrán efectividad en alta mar.
Adicionalmente, el tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad: la Conferencia de las Partes, que será el foro especializado para ejecutarlo.
Este tratado, como cualquier otro instrumento de derecho internacional, contiene una lista de principios. Estos deben tenerse en cuenta para su aplicación. Entre ellos destacan los de “quien contamina, paga” y “distribución justa y equitativa de los beneficios”, es decir, se obliga a quien contamina a asumir la responsabilidad y se garantiza una distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos marinos.
81 países lo incorporarán a su legislación
Tras su reciente entrada en vigor, el tratado pasa a ser jurídicamente vinculante. Afectará a los más de 80 países que lo han ratificado hasta ahora. Esto significa que aceptan incorporarlo a su legislación nacional.
El éxito del acuerdo dependerá de su traducción en medidas operativas y de los países implicados. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado. También lo han hecho otros países de América Latina, África y pequeños Estados vulnerables a la degradación oceánica, como las islas Seychelles y Palaos. Incluso China se ha sumado al pacto.
Pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado, como Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. Esto genera un escenario de adhesión desigual que condiciona el alcance real del tratado. En cualquier caso, la eficacia en su aplicación dependerá de la capacidad de los órganos institucionales ya existentes. Además, la puerta sigue abierta para que más Estados lo ratifiquen.
Raúl Villa Caro no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Source: The Conversation – USA – By Steven Lamy, Professor Emeritus of Political Science and International Relations and Spatial Sciences, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences
People protest against U.S. President Donald Trump’s policy toward Greenland in front of the U.S. consulate in Nuuk, Greenland, on Jan. 17, 2026.AP Photo/Evgeniy Maloletka
From my perspective as an international relations scholar focused on Europe, Trump’s national security rationale doesn’t make sense. Greenland, like the U.S., is a member of NATO, which provides a collective defense pact, meaning member nations will respond to an attack on any alliance member. And because of a 1951 defense agreement between the U.S. and Denmark, the U.S. can already build military installations in Greenland to protect the region.
Trump’s 2025 National Security Strategy, which stresses control of the Western Hemisphere and keeping China out of the region, provides insight into Trump’s thinking.
In 1867, Secretary of State William Seward commissioned a survey of Greenland. Impressed with the abundance of natural resources on the island, he pushed to acquire Greenland and Iceland for US$5.5 million – roughly $125 million today.
But Congress was still concerned about the purchase of Alaska that year, which Seward had engineered. It had seen Alaska as too cold and too distant from the rest of the U.S. to justify spending $7.2 million – roughly $164 million today – although Congress ultimately agreed to do it. There was not enough national support for another frozen land.
In 1910, the U.S. ambassador to Denmark proposed a complex trade involving Germany, Denmark and the United States. Denmark would give the U.S. Greenland, and the U.S. would give Denmark islands in the Philippines. Denmark would then give those islands to Germany, and Germany would return Schleswig-Holstein – Germany’s northernmost state – to Denmark.
During World War II, Nazi Germany occupied Denmark, and the U.S. assumed the role of protector of both Greenland and Iceland, both of which belonged to Denmark at the time. The U.S. built airstrips, weather stations and radar and communications stations – five on Greenland’s east coast and nine on the west coast.
The U.S. used Greenland and Iceland as bases for bombers that attacked Germany and German-occupied areas. Greenland had a high value for military strategists because of its location in the North Atlantic – to counter Nazi threats to Allied shipping lanes and protect transatlantic routes, and because it was a midpoint for refueling U.S. aircraft. Greenland’s importance also rested on its deposits of cryolite, useful for making aluminum.
The secret U.S. project Operation Blue Jay at the beginning of the Cold War resulted in the construction of Thule Air Base in northwestern Greenland, which allowed U.S. bombers to be closer to the Soviet Union. Renamed Pituffik Space Base, today it provides a 24/7 missile warning and space surveillance facility that is critical to NATO and U.S. security strategy.
At the end of World War II, Denmark recognized Greenland as one of its territories. In 1953, Greenland gained constitutional rights and became a country within the Kingdom of Denmark. Greenland was assigned self-rule in 1979, and by 2009 it became a self-governing country, still within the Kingdom of Denmark, which includes Denmark, Greenland and the Faroe Islands.
Denmark recognizes the government of Greenland as an equal partner and recently gave it a more significant role as the first voice for Denmark in the Arctic Council, which promotes cooperation in the Arctic.
What the US may want
The Trump administration’s 2025 National Security Strategy identifies three threats in the Western Hemisphere: migration, drugs and crimes, and China’s increasing influence.
Two of those threats are irrelevant when considering Greenland. Greenlandic people are not migrating to the U.S., and they are not drug traffickers. However, Greenland is rich in rare earth minerals, including neodymium, dysprosium, graphite, copper and lithium.
Those rare earth minerals appeal to the European Union, too. The EU lists some 30 raw materials that are essential for their economies. Twenty-five are in Greenland.
Figures vary, but it is estimated that over 60% of rare earth elements or minerals are currently mined in China. China also refines some 90% of rare earths. This gives China tremendous leverage in trade talks. And it results in a dangerous vulnerability for the U.S. and other nation states seeking to modernize their economies. With few suppliers of these rare earth elements, the political and economic costs of securing them are high.
Consider for a moment that Trump is not interested in owning Greenland.
Instead, he is using this threatening position to secure promises from the Greenlandic government to make economic deals with the U.S. and not China. Thus, Trump’s threats could be less about national security and much more about eliminating competition from China and securing wealth for U.S. interests.
This form of coercive diplomacy threatens the political and economic development of not only Greenland but Europe. In recent interviews, Trump has made it clear that he does not respect international law and the sovereignty of countries. His position, I believe, undermines the international order and removes the U.S. as a responsible leader of that framework established after World War II.
Steven Lamy does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Tout indique que les négociations portant sur l’arrêt de la guerre en Ukraine sont au point mort. Divers enjeux laissent penser que cette situation est voulue par le Kremlin, qui peut non seulement s’en saisir afin d’accroître ses gains territoriaux et renforcer ses leviers à la table de négociations, mais aussi pour exposer les divisions au sein de l’Union européenne (UE).
Initiées depuis plusieurs mois par les États-Unis, l’Ukraine, la Russie et les États européens représentés par la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, les négociations n’ont pas connu d’avancée significative vers un cessez-le-feu ou un accord de paix. Cette situation va perdurer tant que le président Poutine refusera de s’asseoir à la table de négociation avec le président Zelensky.
Professeur en relations internationales à l’Université Laval et spécialiste de la politique étrangère russe, je m’intéresse depuis 2014 à la guerre en Ukraine et à la réaction internationale vis-à-vis du conflit.
Il est donc facile de réfuter l’argument de Poutine, puisqu’il repose sur une simplification – voire une négation – de la réalité ukrainienne.
Rappelons que suite à l’agression russe du 24 février 2022, l’Ukraine a déclaré la loi martiale, laquelle suspend la tenue des élections. Les centaines de drones et de bombes qui s’abattent quotidiennement sur le territoire de l’Ukraine, en tuant les civiles et en détruisant les infrastructures du pays, ne permettent pas l’organisation d’élections démocratiques. L’instauration de la loi martiale en temps de guerre est une pratique ancienne et reconnue, d’ailleurs encadrée par le droit international des droits humains.
Poutine sait tout cela.
Il faut d’abord conclure un cessez-le-feu entre les belligérants afin que des élections présidentielles puissent être organisées. En repoussant les négociations directes avec l’Ukraine, le Kremlin cherche à maximiser ses gains territoriaux dans le Donbass, au détriment de l’Ukraine.
L’Union européenne méprisée
Plutôt que d’entamer des négociations directes avec l’Ukraine, Poutine s’est tourné vers le président Trump. Sa stratégie diplomatique poursuit deux objectifs. Le premier concerne l’affaiblissement à moyen terme des relations entre les États-Unis et l’UE, ainsi que le renforcement de ses propres relations avec les États-Unis. Le second objectif de la diplomatie russe vise la fissuration du soutien politique et économique de l’UE à l’égard de l’Ukraine.
Comme le montre le document de l’administration Trump intitulé « Stratégie de Sécurité Nationale » (National Security Strategy) publié le 5 décembre 2025, la perception que les États-Unis ont de l’UE est très négative, voire méprisante. L’UE est perçue comme une organisation en « déclin économique » confrontée à un « effacement civilisationnel » en raison de sa politique d’immigration hors de contrôle.
Dans une entrevue au site Politico le 8 décembre 2025, Trump a critiqué sur le même ton les dirigeants de l’UE : « Ils parlent, mais ils n’agissent pas, et la guerre ne cesse pas de s’éterniser » en Ukraine. Les mêmes reproches avaient déjà été exprimés par le vice-président des États-Unis J.D. Vance en février 2025 à la conférence de Munich. Ces deux prises de parole exemplifient le peu de poids politique dont jouit l’UE à Washington.
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Réorientation des États-Unis
La nouvelle doctrine de sécurité nationale de l’administration américaine est bien reçue à Moscou. Pour Poutine, cette constellation diplomatique est perçue d’un œil favorable, car elle ouvre la porte à une entente entre la Russie et les États-Unis au détriment de l’Ukraine et de l’Europe.
Bref, un nouveau traité de Yalta, organisant une nouvelle division de l’Europe en deux blocs opposés tant désirée par Poutine, pourrait voir le jour.
Pour arriver à un accord de paix en Ukraine, les États-Unis pourraient s’inspirer des accords de Dayton. Signés en 1995, ces accords ont mis fin aux guerres en ex-Yougoslavie. Le président américain Bill Clinton (1993-2001) et son diplomate Richard Holbrook responsable des négociations ont réussi à rassembler à la table de négociation le président serbe Slobodan Milosevic, responsable des guerres en ex-Yougoslavie, le président de Croatie Franjo Tudjman et le président de Bosnie Alia Izetbegovic.
Ce format de négociations a permis de mettre fin à la guerre. La médiation diplomatique américaine était décisive pour parvenir à la fin de la guerre et elle était soutenue par les alliés européens. Trente ans après la signature des accords de Dayton, la paix perdure entre la Bosnie, la Croatie et la Serbie.
Frapper l’économie
Après le départ du président américain Joe Biden, l’UE est devenue le premier livreur de l’aide économique et militaire de l’Ukraine. Dorénavant, les armes livrées par les États-Unis à l’Ukraine sont payées par l’Ukraine et l’UE.
Pour soutenir l’effort de guerre ukrainienne, l’UE a imposé 19 paquets de sanctions économiques à la Russie, a gelé des avoirs russes, a exclu partiellement des banques russes du système Swift. De nombreuses autres mesures visant l’affaiblissement de son économie afin d’obtenir en cessez-le-feu en Ukraine ont également été mises en place.
Pour la Russie, l’UE est devenue un belligérant dangereux. Surtout après que l’UE a décidé, le 12 décembre 2025, d’immobiliser les actifs russes jusqu’à la fin de guerre en Ukraine. Ces actifs, d’une valeur de 210 milliards d’euros, se trouvent en Belgique, dans la société Euroclear, une institution financière de dépôt basée à Bruxelles. L’intention de la Commission de l’UE était d’utiliser une partie de cet argent pour faire un prêt à l’Ukraine. Après l’opposition de la Belgique, de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Tchequie, la Commission a décidé de faire un prêt de 90 milliards d’euros à Kiev en utilisant ses propres fonds financiers.
Ce recul marquait une victoire diplomatique de Poutine contre les dirigeants européens jugés hostiles à la Russie.
Dans sa dernière conférence de presse tenue le 19 décembre 2025, Poutine a qualifié les dirigeants européens « de porcelets » décidés à provoquer « l’effondrement » de la Russie. Briser l’unité de l’UE est l’objectif primordial de la Russie, car après la diminution de l’aide américaine, l’UE reste le premier bailleur de fonds de l’Ukraine.
Renéo Lukic ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
On dépense des milliards de dollars à rechercher la molécule qui soignera la maladie d’Alzheimer. Mais l’adoption de certaines habitudes de vie pourrait, entre-temps, réduire significativement le risque d’en développer les symptômes, jusqu’à près de la moitié des cas, souligne le Dr Louis Bherer.
Professeur au département de médecine de l’Université de Montréal, chercheur et directeur du Centre ÉPIC, le centre de médecine préventive et d’activité physique de l’Institut de cardiologie de Montréal, ses travaux portent sur l’impact du style de vie, de l’exercice physique et de la stimulation cognitive sur la santé cérébrale des personnes âgées et des patients atteints de maladies cardiovasculaires.
À son laboratoire montréalais, le Dr Bherer et son équipe élaborent des programmes d’exercices tant physiques que cognitifs. Les résultats corroborent ceux d’autres recherches sur l’importance du mode de vie dans la prévention des démences, une donnée négligée par la santé publique, explique celui qui est également directeur de laboratoire à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
Cet article fait partie de notre série La Révolution grise. La Conversation vous propose d’analyser sous toutes ses facettes l’impact du vieillissement de l’imposante cohorte des boomers sur notre société, qu’ils transforment depuis leur venue au monde. Manières de se loger, de travailler, de consommer la culture, de s’alimenter, de voyager, de se soigner, de vivre… découvrez avec nous les bouleversements en cours, et à venir.
La Conversation Canada : Une nouvelle étude de Statistique Canada sur l’espérance de vie en bonne santé indique un recul substantiel au Canada : en 2023, elle était de 66,9 ans, une baisse de 3,5 ans par rapport au sommet de 70,4 ans atteint entre 2010 et 2012. Ça vous surprend ?
Dr Louis Bherer : Oui et non. Mais le fait est que ce qu’on appelle le Healthspan-Lifespan Gap, c’est-à-dire l’écart entre l’espérance de vie et l’espérance de vie sans maladie, s’accentue. Par exemple, neuf personnes sur dix ont au moins un facteur de risque de maladie cardiovasculaire après 65 ans : surpoids, mauvais sommeil, inactivité, hypertension, etc. Comme l’espérance de vie augmente, ça fait plus d’années en moins bonne santé.
Notre mode de vie n’est pas optimal. Le stress, l’anxiété augmentent. C’est un fléau. Par ailleurs, les gens sont inactifs, ils ont des problèmes de sommeil, leur alimentation est négligée : on mange vite, du fast food ou des aliments ultra-transformés. Pourtant, l’information est là, disponible, mais on n’adopte pas toujours les actions nécessaires. On ne l’enseigne pas non plus à nos enfants. L’éducation physique devrait faire partie du cursus scolaire au quotidien, et il faudrait aussi enseigner les bases de la nutrition.
Par ailleurs, les gens se tournent vite vers la médication. La popularité de l’Ozempic en est un exemple. On souhaite perdre du poids, mais on ne s’attaque pas aux causes de ce surpoids. On ne fait pas grand-chose pour inciter les gens à changer leur mode de vie. Or, on évalue que près de la moitié des démences (soit 45 %) pourraient être évitées avec un mode de vie adéquat. Quatorze facteurs de risques modifiables (FRM) ont ainsi été identifiés.
Les quatorze facteurs de risques modifiables qui contribuent aux démences ont été identifiés par la professeure Gill Livingston, de l’University College de Londres. (Alzheimer’s Disease International)
LCC : Bien des gens se disent : j’ai 65, 70 ans, il est trop tard pour moi, j’aurais dû commencer avant…
L.B. : Il n’est jamais trop tard, même si on sait que l’éducation (un facteur atténuant des démences) s’acquiert généralement jeune. Au contraire des troubles de l’audition, qui surviennent plus tard dans la vie. Bien des gens ne les prennent pas tant au sérieux, ou les camouflent, et pourtant, c’est un facteur associé à l’augmentation des risques de troubles cognitifs majeurs, ou de démence. Et bien sûr, la santé psychologique joue un rôle majeur : une personne sera inactive, car elle se sent un peu déprimée ou moins motivée, mais ça accentue les risques. On ne réalise pas que les facteurs de santé globale sont tous interreliés. La santé cardiaque et cérébrale, ça va ensemble. Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau.
LCC : Votre laboratoire, axé sur la santé cognitive, est justement installé à l’Institut de cardiologie de Montréal. En quoi consiste vos travaux ?
L.B. : À l’aide de programmes de stimulation, on évalue l’impact des exercices sur la santé physique et cognitive. L’âge de nos participants varie entre 50 et 95 ans, avec une moyenne entre 68 et 70 ans. On les suit entre trois mois et un an. Ils peuvent avoir des déficits cognitifs légers, notés par leur entourage, et parfois souffrir d’anxiété, une condition qui peut avoir un impact sur la mémoire et être un prédicateur de démence. D’autres participants n’ont pas d’enjeux cognitifs, mais ils présentent des risques en raison de leur hypertension, diabète, etc. Nos programmes comportent des jeux de mémoire, sur les téléphones par exemple, qui améliorent le côté cognitif, notamment la vitesse psychomotrice, ainsi que des exercices physiques : vélo stationnaire, tapis roulant, renforcement musculaire, etc. Le mieux est la combinaison des deux.
L.B. : On voit des améliorations cliniquement significatives. Des participants qui ont des troubles cognitifs légers peuvent voir des améliorations après six mois d’entraînement, des différences au niveau de leur attention, de leur vigilance, de leur vitesse de réponses. Ils sont plus éveillés, et ce, après quelques semaines seulement. On voit aussi un impact sur la mémoire, même si ça prend plus de temps. À l’aide de biomarqueurs, nos recherches tentent de faire le lien entre les paramètres qui changent, tant sur le plan physique que cognitif et les effets sur le cerveau. Avec l’imagerie cérébrale, on peut mesurer les améliorations du flux sanguin et des structures du cerveau, comme l’hippocampe par exemple, qui joue un rôle clé dans la mémoire.
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L’entraînement physique, que les participants font trois fois par semaine, stimule la production de protéines qui favorisent la neuroplasticité. Quand les muscles travaillent, ils produisent et libèrent des myokines et d’autres exerkines. Ces molécules jouent un rôle important sur le métabolisme, l’inflammation, la santé osseuse et même l’humeur. Comme on le dit souvent, l’exercice est la pilule miracle pour la santé globale.
LCC : Bien des gens entreprennent des changements en profondeur de leur mode de vie, mais ces bonnes intentions ne tiennent pas toujours…
L.B. : Oui, et c’est dommage, car les effets positifs de l’entraînement disparaissent en un mois, un mois et demi. Et plus on vieillit, plus c’est rapide. Idéalement il faut choisir des activités qui s’intègrent facilement dans la routine quotidienne, je pense à la course, par exemple, un exercice très complet, très facile à faire, qui ne coûte pas cher. La marche rapide, aussi, mais l’idée est de suer un peu. Et de compléter avec des exercices pour accroître la force musculaire, et d’autres pour améliorer la posture et la mobilité. C’est un facteur important d’autonomie en vieillissant. La peur de chuter est une préoccupation pour plusieurs personnes âgées. Les exercices d’équilibre et de contrôle de la posture, comme le yoga, peuvent vraiment faire une énorme différence sur la santé et les habitudes de vie des personnes âgées.
Louis Bherer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Hours after Donald Trump began his second term as United States president on Jan. 20, 2024, he signed an executive order to end American membership in the World Health Organization (WHO) after one year. This restarted a process that the first Trump administration initiated in July 2020 but was reversed by Joe Biden.
The withdrawal is set to take effect this week, although WHO officials may not officially accept it because the U.S. has unpaid dues from the last two years. No matter how events play out, the rift signals the start of an uncertain new era in global public health.
In the withdrawal announcement, the Trump administration cited the WHO’s “mishandling” of the COVID-19 pandemic and its inability to remain independent from the political influence of member states. This reflected Trump’s belief that the WHO leadership favoured China in early 2020 by praising its initial COVID response while faulting the U.S. for closing its border to Chinese travellers.
Other observers acknowledged the need for reform of the WHO’s cumbersome bureaucratic structure and criticized its inability to translate scientific research about COVID into useful guidance about masking and social distancing.
Such criticisms should not obscure the WHO’s enormous contribution to global health or how U.S. interests have been intertwined with its successes. Viewed historically, its great strength lies in sustained collaboration rather than short-term emergency response.
Vaccine diplomacy
In my research for Epidemics and the Modern World and its forthcoming revision, I have explored how the U.S. conducted “vaccine diplomacy” in developing countries. After the Second World War, the U.S. discerned an alignment between its strategic objectives and the soft power it gained from campaigns against epidemic diseases and childhood immunization programs.
For example, in 1967, American funding and leadership encouraged the start of the WHO’s Intensified Smallpox Eradication Program (ISEP) in African countries. This work involved collaboration with global rivals such as the Soviet Union, which contributed large quantities of freeze-dried smallpox vaccine.
When the ISEP began, at least 1.5 million people worldwide died from smallpox annually. Only 13 years later, the WHO declared the disease eradicated from nature in 1980. This success encouraged efforts to eradicate polio, which accelerated after 1988 when the WHO launched the Global Polio Eradication Initiative with support from the United States Centers for Disease Control and Prevention and other partners.
Another important collaboration began in 1974 when the WHO and international partners launched the Expanded Program on Immunization to help prevent six childhood diseases (polio, diphtheria, pertussis, tuberculosis, measles and tetanus).
An analysis published last year in the Lancet estimated that, in the last 20 years, USAID-funded programs had helped prevent over 90 million deaths globally, including 30 million deaths among children.
Dismantling global influence
In public health, as in other arenas, the Trump administration has discarded participation in global alliances and instead sought bilateral agreements with other countries.
By July 2025, the Trump administration had formally dismantled USAID and cancelled funding for more than 80 per cent of its programs. Modelling conducted by Boston University epidemiologist Brooke Nichols suggests the lapsed programs have already caused roughly 750,000 deaths, mostly among children.
The U.S. has also already begun to cede influence over the objectives of global health programs. At the World Health Assembly in May 2025, the U.S. did not sign the WHO Pandemic Agreement intended to foster collaboration among governments, international agencies and philanthropies after the COVID-19 pandemic.
At that same meeting, China pledged to increase its voluntary contributions to the WHO to US$500 million over the next five years. Practically overnight, China will replace the U.S. as the WHO’s largest national contributor and undoubtedly steer priorities in global health programs towards its interests.
Disease monitoring and global threats
A more immediate concern is the disruption to surveillance for ongoing disease challenges and emergent threats.
Since 1952, the WHO’s Global Influenza Surveillance and Response System has provided a platform for monitoring of cases and the sharing of data and viral samples. Information from institutions in 131 countries contributes to recommendations for the composition of seasonal influenza virus vaccines. The U.S. may be left out of this global system, which will hamper efforts to match vaccines to the circulating strains of flu.
The WHO also dispatches response teams around the world for outbreaks of numerous diseases such as mpox, dengue, Ebola virus disease or Middle East respiratory syndrome. The exclusion of American scientists will hamper these efforts and diminish the nation’s capacity to protect itself.
The policy shift in the U.S. poses challenges for Canada both as its northern neighbour and as a strong financial supporter of the WHO. The recent spread of measles within Canada, which resulted in loss of the country’s elimination status, reminds us that disease outbreaks are inevitable but progress in public health is not.
Renewed support of the WHO and other multilateral efforts, although desirable, should be matched by expanded investment in programs for disease surveillance and research, vaccine procurement and public health communication. Federal and provincial governments and the Public Health Agency of Canada will all have roles to play as Canada faces disease threats in a rapidly changing world.
Mitchell L. Hammond does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Source: The Conversation – USA (2) – By Kaveh Madani, Director of the Institute for Water, Environment and Health, United Nations University
The world is now using so much fresh water amid the consequences of climate change that it has entered an era of water bankruptcy, with many regions no longer able to bounce back from frequent water shortages.
About 4 billion people – nearly half the global population – live with severe water scarcity for at least one month a year, without access to sufficient water to meet all of their needs. Many more people are seeing the consequences of water deficit: dry reservoirs, sinking cities, crop failures, water rationing and more frequent wildfires and dust storms in drying regions.
Water bankruptcy signs are everywhere, from Tehran, where droughts and unsustainable water use have depleted reservoirs the Iranian capital relies on, adding fuel to political tensions, to the U.S., where water demand has outstripped the supply in the Colorado River, a crucial source of drinking water and irrigation for seven states.
Droughts have made finding water for cattle more difficult and have led to widespread malnutrition in parts of Ethiopia in recent years. In 2022, UNICEF estimated that as many as 600,000 children would require treatment for severe malnutrition. Demissew Bizuwerk/UNICEF Ethiopia, CC BY
Water bankruptcy is not just a metaphor for water deficit. It is a chronic condition that develops when a place uses more water than nature can reliably replace, and when the damage to the natural assets that store and filter that water, such as aquifers and wetlands, becomes hard to reverse.
Kaveh Madani, director of the United Nations University Institute for Water, Environment and Health, explains the concept of “water bankruptcy.” TVRI World.
What water bankruptcy looks like in real life
In financial bankruptcy, the first warning signs often feel manageable: late payments, borrowed money and selling things you hoped to keep. Then the spiral tightens.
Water bankruptcy has similar stages.
At first, we pull a little more groundwater during dry years. We use bigger pumps and deeper wells. We transfer water from one basin to another. We drain wetlands and straighten rivers to make space for farms and cities.
How the Aral Sea shrank from 2000 to 2011. It was once closer to oval, covering the light-colored areas as recently as the 1980s, but overuse for agriculture by multiple countries drew it down. NASA
That last one, subsidence, often surprises people. But it’s a signature of water bankruptcy. When groundwater is overpumped, the underground structure, which holds water almost like a sponge, can collapse. In Mexico City, land is sinking by about 10 inches (25 centimeters) per year. Once the pores become compacted, they can’t simply be refilled.
The Global Water Bankruptcy report, published on Jan. 20, 2026, documents how widespread this is becoming. Groundwater extraction has contributed to significant land subsidence over more than 2.3 million square miles (6 million square kilometers), including urban areas where close to 2 billion people live. Jakarta, Bangkok and Ho Chi Minh City are among the well-known examples in Asia.
A sinkhole in Turkey’s agricultural heartland shows how the landscape can collapse when more groundwater is extracted than nature can replenish. Ekrem07, 2023, Wikimedia Commons, CC BY
About 3 billion people and more than half of global food production are concentrated in areas where water storage is already declining or unstable. More than 650,000 square miles (1.7 million square kilometers) of irrigated cropland are under high or very high water stress. That threatens the stability of food supplies around the world.
In California, a severe drought and water shortage forced some farmers in 2021 to remove crops that require lots of irrigation, including almond trees. Robyn Beck/AFP via Getty Images
Droughts are also increasing in duration, frequency and intensity as global temperatures rise. Over 1.8 billion people – nearly 1 in 4 humans – dealt with drought conditions at various times from 2022 to 2023.
Is the world ready to cope with water-related national security risks? CNN.
How did we get here?
Every year, nature gives each region a water income, depositing rain and snow. Think of this like a checking account. This is how much water we receive each year to spend and share with nature.
When demand rises, we might borrow from our savings account. We take out more groundwater than will be replaced. We steal the share of water needed by nature and drain wetlands in the process. That can work for a while, just as debt can finance a wasteful lifestyle for a while.
The exposed shoreline at Latyan Dam shows significantly low water levels near Tehran on Nov. 10, 2025. The reservoir, which supplies part of the capital’s drinking water, has seen a sharp decline due to prolonged drought and rising demand in the region. Bahram/Middle East Images/AFP via Getty Images
Those long-term water sources are now disappearing. The world has lost more than 1.5 million square miles (4.1 million square kilometers) of natural wetlands over five decades. Wetlands don’t just hold water. They also clean it, buffer floods and support plants and wildlife.
Water quality is also declining. Pollution, saltwater intrusion and soil salinization can result in water that is too dirty and too salty to use, contributing to water bankruptcy.
Climate change is exacerbating the situation by reducing precipitation in many areas of the world. Warming increases the water demand of crops and the need for electricity to pump more water. It also melts glaciers that store fresh water.
Despite these problems, nations continue to increase water withdrawals to support the expansion of cities, farmland, industries and now data centers.
Not all water basins and nations are water bankrupt, but basins are interconnected through trade, migration, climate and other key elements of nature. Water bankruptcy in one area will put more pressure on others and can increase local and international tensions.
Stop the bleeding: The first step is admitting the balance sheet is broken. That means setting water use limits that reflect how much water is actually available, rather than just drilling deeper and shifting the burden to the future.
Protect natural capital – not just the water: Protecting wetlands, restoring rivers, rebuilding soil health and managing groundwater recharge are not just nice-to-haves. They are essential to maintaining healthy water supplies, as is a stable climate.
In small island states like the Maldives, sea-level rise threatens water supplies when salt water gets into underground aquifers, ruining wells. UNDP Maldives 2021, CC BY
Use less, but do it fairly: Managing water demand has become unavoidable in many places, but water bankruptcy plans that cut supplies to the poor while protecting the powerful will fail. Serious approaches include social protections, support for farmers to transition to less water-intensive crops and systems, and investment in water efficiency.
Measure what matters: Many countries still manage water with partial information. Satellite remote sensing can monitor water supplies and trends, and provide early warnings about groundwater depletion, land subsidence, wetland loss, glacier retreat and water quality decline.
Plan for less water: The hardest part of bankruptcy is psychological. It forces us to let go of old baselines. Water bankruptcy requires redesigning cities, food systems and economies to live within new limits before those limits tighten further.
With water, as with finance, bankruptcy can be a turning point. Humanity can keep spending as if nature offers unlimited credit, or it can learn to live within its hydrological means.
Ce gouffre dans le cœur agricole de la Turquie montre comment le paysage peut s’effondrer lorsque l’on extrait plus d’eau souterraine que la nature ne peut en reconstituer.Ekrem07, 2023/Wikimedia Commons, CC BY-SA
De Téhéran au fleuve Colorado, les signes d’un effondrement durable des ressources en eau se multiplient. La planète consomme aujourd’hui plus d’eau douce qu’elle n’est capable d’en renouveler. Sous l’effet du changement climatique et de décennies de surexploitation, de nombreuses régions du monde ne parviennent plus à se remettre des périodes de manque d’eau. Cette situation, que nous qualifions de « faillite hydrique », est omniprésente : elle touche déjà des milliards de personnes avec des conséquences déjà visibles sur les sociétés, l’agriculture et les écosystèmes.
Le monde utilise aujourd’hui tellement d’eau douce, dans un contexte de changement climatique, qu’il est désormais en situation de « faillite hydrique ». Par là, il faut comprendre que nombreuses régions ne sont plus en mesure de se remettre des pénuries d’eau à mesure que celles-ci deviennent de plus en plus fréquentes.
Environ 4 milliards de personnes, soit près de la moitié de la population mondiale, vivent dans des conditions de grave pénurie d’eau (c’est-à-dire sans accès à une quantité d’eau suffisante pour répondre à tous leurs besoins) pendant au moins un mois par an.
En réalité, beaucoup plus de personnes subissent les conséquences du déficit hydrique : réservoirs asséchés, villes englouties, mauvaises récoltes, rationnement de l’eau, incendies de forêt et tempêtes de poussière dans les régions touchées par la sécheresse.
Les signes de faillite hydrique sont partout, de Téhéran, où les sécheresses et l’utilisation non durable de l’eau ont épuisé les réservoirs dont dépend la capitale iranienne, alimentant les tensions politiques, jusqu’aux États-Unis, où la demande en eau a dépassé les capacités du fleuve Colorado, une source cruciale d’eau potable et d’irrigation pour sept États.
Les sécheresses ont rendu plus difficile l’approvisionnement en eau pour le bétail et ont entraîné une malnutrition généralisée dans certaines régions d’Éthiopie ces dernières années. En 2022, l’Unicef estimait que jusqu’à 600 000 enfants auraient besoin d’un traitement contre la malnutrition sévère. Demissew Bizuwerk/UNICEF Ethiopia, CC BY
La faillite hydrique n’est pas seulement une métaphore du manque d’eau. Il s’agit d’une situation chronique qui se développe lorsqu’un endroit utilise plus d’eau que la nature ne peut en remplacer de façon fiable, et lorsque les dommages causés aux ressources naturelles qui stockent et filtrent cette eau, comme les aquifères et les zones humides, deviennent difficiles à réparer.
Kaveh Madani, directeur de l’Institut de l’Université des Nations unies pour l’eau, l’environnement et la santé, explique le concept de « faillite hydrique » (interview en anglais)/TVRI World.
Reconnaître les signes de « faillite hydrique »
Lors d’une faillite financière personnelle, les signes avant-coureurs semblent au départ gérables : retards de paiement, compensés par des emprunts voire des ventes d’objets. Puis la spirale s’accélère. Les premières étapes d’une faillite hydrique sont assez similaires.
Cela commence doucement, d’abord les années sèches, où l’on augmente les prélèvements d’eau souterraine, on utilise des pompes plus puissantes ou encore des puits plus profonds.
Puis on va peut-être, pour répondre aux besoins, transférer l’eau d’un bassin à un autre. On assèche des zones humides et on rectifie le cours des rivières pour laisser de la place aux fermes et aux villes préexistantes.
La mer d’Aral (Asie centrale) a considérablement rétréci entre 2000 et 2011. Ce lac d’eau salée était autrefois de forme ovale et couvrait les zones claires jusqu’aux années 1980, mais la surexploitation agricole de plusieurs pays l’a fait disparaître. NASA
Ce dernier phénomène, appelé subsidence, surprend souvent les gens. Il s’agit pourtant d’un signe caractéristique lié au manque d’eau. Lorsque les nappes phréatiques sont surexploitées, la structure souterraine, qui retient l’eau presque comme une éponge, peut s’effondrer. À Mexico, le sol s’affaisse d’environ 25 centimètres par an. En effet, une fois que les « pores » du sol sont compactés, leur recharge en eau est plus difficile et moins efficace.
Le Global Water Bankruptcy report, publié ce 20 janvier 2026, montre à quel point ce phénomène est en train de se généraliser. L’extraction des eaux souterraines a contribué à un affaissement important du sol sur plus de 6 millions de kilomètres carrés, y compris dans les zones urbaines où vivent près de 2 milliards de personnes. Jakarta (Indonésie), Bangkok (Thaïlande) et Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) sont parmi les exemples les plus connus en Asie.
L’agriculture est le plus grand consommateur d’eau au monde, responsable d’environ 70 % des prélèvements mondiaux d’eau douce. Lorsqu’une région est confrontée à un manque d’eau, l’agriculture devient plus difficile et plus coûteuse. Dans certains cas, les agriculteurs peuvent perdre leur emploi, les tensions peuvent augmenter et la sécurité nationale peut être menacée.
Environ 3 milliards de personnes et plus de la moitié de la production alimentaire mondiale sont concentrées dans des régions où les réserves d’eau sont déjà soit en déclin, soit instables. Plus de 1,7 million de kilomètres carrés de terres agricoles irriguées sont déjà soumises à un stress hydrique élevé ou très élevé. Cela menace la stabilité de l’approvisionnement alimentaire dans le monde entier.
En 2021, en Californie, une grave sécheresse et une pénurie d’eau ont contraint certains agriculteurs à abandonner les cultures nécessitant beaucoup d’irrigation, notamment les amandiers. Robyn Beck/AFP
Chaque année, la nature offre à chaque région une « rente » d’eau sous forme de pluie et de neige. On peut la considérer comme un compte courant : c’est la quantité d’eau à dépenser et à partager avec la nature dont nous disposons chaque année.
Lorsque la demande augmente, nous pouvons puiser dans notre compte d’épargne. Nous prélevons alors plus d’eau souterraine que ce que les milieux peuvent reconstituer. Autrement dit, nous volons la part d’eau dont la nature a besoin et asséchons les zones humides au cours du processus. Cela peut fonctionner quelque temps, tout comme l’endettement peut financer un mode de vie dépensier pendant un certain temps.
Le 10 novembre 2025, le niveau d’eau du barrage de Latyan, près de Téhéran, était particulièrement bas. Ce réservoir, qui alimente en partie la capitale iranienne en eau potable, a connu une forte baisse en raison d’une sécheresse prolongée et d’une demande d’eau croissante dans la région. Bahram/Middle East Images/AFP
Ces sources d’eau sont aujourd’hui en train de disparaître, en tout cas à long terme. En cinq décennies, le monde a perdu plus de 4,1 millions de kilomètres carrés de zones humides naturelles. Les zones humides ne se contentent pas de retenir l’eau. Elles la purifient, atténuent les inondations et servent d’abri à la faune et la flore.
La qualité de l’eau diminue également. La pollution, les intrusions d’eau salée et la salinisation des sols peuvent rendre l’eau trop souillée et trop salée pour être utilisée, contribuant ainsi à la pénurie d’eau.
Le changement climatique aggrave la situation en réduisant les précipitations dans de nombreuses régions du monde. Il augmente aussi les besoins en eau des cultures et la demande en électricité pour pomper davantage d’eau. Il provoque enfin la fonte des glaciers qui stockent l’eau douce.
Malgré ces problèmes, les États continuent de prélever toujours plus d’eau pour soutenir l’expansion des villes, des terres agricoles, des industries et désormais des data centers.
Tous les bassins hydrographiques du monde ne sont heureusement pas en situation de faillite hydrique. Mais n’oublions pas que ces bassins sont interconnectés du fait de la géographie, du commerce, mais également des migrations et du climat. La faillite hydrique d’une région exercera une pression supplémentaire sur les autres et peut ainsi accroître les tensions locales et internationales.
Arrêter l’hémorragie : la première étape consiste à reconnaître que le bilan est déséquilibré. Cela implique de fixer des limites de consommation d’eau qui reflètent la quantité d’eau réellement disponible, plutôt que de simplement forer plus profondément et reporter le problème sur les générations futures.
Dans les petits États insulaires, comme les Maldives, l’élévation du niveau de la mer menace l’approvisionnement en eau lorsque l’eau salée s’infiltre dans les aquifères souterrains, détruisant les puits. UNDP Maldives 2021, CC BY
Consommer moins d’eau, mais la partager de façon plus équitable : la gestion de la demande en eau est devenue inévitable dans de nombreux endroits, mais les plans qui réduisent l’approvisionnement des populations pauvres tout en protégeant les plus puissants sont voués à l’échec. Les approches sérieuses comprennent des mesures de protection sociale, un soutien aux agriculteurs pour qu’ils se tournent vers des cultures et des systèmes moins gourmands en eau, et des investissements dans l’efficacité hydrique.
Mesurer ce qui compte vraiment : de nombreux pays gèrent encore l’eau avec des informations partielles. Pourtant, des méthodes modernes, comme la télédétection par satellite, facilitent la surveillance des réserves d’eau et des tendances globales. Cela permettrait d’émettre des alertes précoces concernant l’épuisement des nappes phréatiques, l’affaissement des sols, la disparition des zones humides, le recul des glaciers et la détérioration de la qualité de l’eau.
Prévoir moins d’eau : le plus difficile aspect d’une faillite est l’aspect psychologique. C’est cette dimension qui nous oblige à abandonner ce qu’on tenait pour acquis. La faillite hydrique implique de repenser les villes, les systèmes alimentaires et les économies pour respecter de nouvelles limites et éviter que celles-ci ne se resserrent encore davantage.
En matière d’eau, comme de finance, la faillite peut être un tournant. L’humanité peut continuer à dépenser comme si la nature offrait un crédit illimité, ou elle peut apprendre à vivre sans outrepasser les limites de ses ressources hydrologiques.
Kaveh Madani ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
Canada has announced an agreement to reduce its 100 per cent tariff on electric vehicle (EV) imports from China to 6.1 per cent. The tariffs will be replaced by an annual import quota of 49,000 EVs in 2026, rising gradually to 70,000 by 2030.
This phased opening is designed to help Canada diversify its supply chain and accelerate EV adoption without relying on subsidies. In return, China will lower tariffs on Canadian canola to 15 per cent by March and remove tariffs on a few other Canadian goods.
The rollback of Canada’s EV tariff wall marks a significant shift in the Canadian trade relationship with China. It also represents a notable de-escalation of trade tensions during a period of intense economic uncertainty, driven largely by protectionist American policy.
It will not, however, reshape Canada’s auto market overnight.
A modest opening with outsized effects
The initial 2026 quota amounts to about 2.5 per cent of total new vehicle sales in Canada, which was just below two million vehicles in 2025. In global terms, it’s also a modest amount, equivalent to only 2.2 per cent of BYD’s estimated 2025 EV sales (2.26 million vehicles) and three per cent of Tesla’s estimated 2025 EV sales (1.65 million vehicles).
For Canada’s struggling EV market, however, the policy change could provide a meaningful boost. The end of the federal Incentives for Zero-Emission Vehicles program in 2025 increased EV prices by roughly eight to 12 per cent. Higher upfront costs slowed demand, and EVs now account for about nine per cent of new vehicle sales, down from 15 per cent in 2024.
By opening the market to innovative EVs from China, the new policy should expand access to lower-cost models and help revive demand. China’s EV market includes more than 100 EV brands, including BYD, which recently overtook Tesla as the world’s largest EV maker.
The new policy also features other major brands like Geely, SAIC Group, Nio and XPeng, with several models priced within at about $30,000. Increased price competition could narrow the affordability gap that has slowed adoption since incentives were withdrawn.
Pivoting to China for diversification
The quota system likely reflects concern within Ottawa that unrestricted access for Chinese EVs could flood the Canadian market and disrupt local manufacturing. A phased opening gives automakers time to adjust and helps consumers become familiar with new Chinese brands.
It may also encourage foreign manufacturers to expand local assembly or partnerships to cater to growing EV demand. The government expects the deal to catalyze Chinese joint-venture investment that will deepen and diversify Canada’s EV supply chain.
The agreement also signals an effort to reduce Canada’s dependence on the United States, which is the destination for about 92 per cent of Canada’s auto and auto parts exports. This shift, however, starts from a very low base.
While China is Canada’s second-largest trading partner, merchandise exports to China were only $29.9 billion in 2024, or about 7.3 per cent of exports to the U.S.
For that reason, the seemingly ambitious target of increasing merchandise exports to China by 50 per cent by 2030 will not materially change Canada’s reliance on the U.S.
It is better understood as one element of a broader strategy to reduce exposure to an increasingly inward-looking and unpredictable partner.
The deal could also complicate Canada’s position ahead of future renegotiations of the Canada–United States–Mexico Agreement. Prime Minister Mark Carney can reasonably argue that import volumes are small relative to total auto sales in Canada and the U.S. At the same time, deeper engagement with China signals alternatives and may modestly strengthen Canada’s leverage.
More EV adoption at lower government cost
The trade opening could support EV adoption at lower fiscal cost. The Incentives for Zero-Emission Vehicles program, which stalled after its funding was exhausted, cost the government $2.6 billion and supported approximately 546,000 EV purchases.
When rebates lapsed, annual EV sales declined by more than one-quarter, falling from 264,000 in 2024 to 191,000 in 2025.
As Canada contends with a growing fiscal deficit, expanding consumer choice through trade may prove more durable than relying on subsidies.
It not only reduces the need for public spending but also reduces the future cost of adoption by putting pressure on incumbents such as Tesla and GM to cut prices to compete with new entrants like BYD.
A wider set of affordable models should lift demand and, as the customer base expands, strengthen the case for faster charging network expansion. This could help Canada return to its mandate of 50 per cent EV sales by 2030 and 100 per cent by 2035, which was recently paused.
Why the quota needs a hard end date
Tariffs and quotas are often framed as temporary protections that give domestic producers breathing room amid competitive pressure. In practice, they can be difficult to unwind because beneficiaries lobby to preserve them.
Canada’s rollback of its tariff wall on Chinese EVs is unusual, precipitated by trade tensions with the U.S. and punishing reciprocal tariffs by China on its canola imports.
Absent similar pressure, the newly introduced quotas could outlive the intended five-year window. Automakers and their political allies will defend them, just as they defended the blanket EV tariffs that denied Canadians of access to affordable EVs.
Canada should explicitly commit to eliminating the quota by 2030. Moving to an open market regime will benefits consumers, strengthens competitiveness and supports environmental goals.
Addisu Lashitew does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.
Difficiles à observer, les planètes errantes commencent à se dévoiler notamment grâce au télescope Euclid. De futures missions devraient nous en apprendre beaucoup sur ces astres.Hervé Bouy/Cosmic-Dance Team, Fourni par l’auteur
Sa mission est de cartographier le cosmos pour en dévoiler les mystères. Mais au passage, le satellite Euclid a découvert une quinzaine d’exoplanètes sans étoiles : des planètes errantes. On en connaît peu, mais Euclid et de futurs satellites devraient nous aider à comprendre leur formation.
Lorsque le télescope spatial Euclid de l’Agence spatiale européenne (ESA) a été lancé en 2023, son objectif était d’explorer l’un des plus grands mystères de l’Univers : le côté obscur du cosmos. En cartographiant des milliards de galaxies, Euclid doit aider à révéler la nature de la mystérieuse énergie noire qui serait le moteur de l’évolution du cosmos. Il n’avait pas été conçu pour étudier les régions de formation d’étoiles ni pour traquer des planètes.
Mais quelques mois après son lancement, l’ESA a mis en place le programme d’observations préliminaires d’Euclid (Euclid early release observations, ou ERO). Ce programme vise à démontrer les performances exceptionnelles du télescope à travers une large gamme d’objets astrophysiques, qu’il s’agisse de galaxies et d’amas lointains ou de régions de formation d’étoiles beaucoup plus proches. Cela permet de mettre en lumière la polyvalence et la précision des instruments d’Euclid, et prouver leur valeur bien au-delà de sa mission principale de cosmologie.
Des planètes sans soleil
Par définition, les planètes sont censées orbiter autour d’étoiles. Mais certaines sont solitaires, errant dans l’espace interstellaire sans étoile pour les réchauffer. Ces planètes errantes, comme on les surnomme, sont de véritables orphelines du cosmos. On pense qu’elles peuvent s’être formées comme des mini-étoiles, à partir de l’effondrement de petits nuages de gaz et de poussières.
Une autre hypothèse y voit de vraies planètes, nées autour d’une étoile et ayant été violemment éjectées de leur système d’origine. Les détecter et les étudier permet ainsi aux astronomes de mieux comprendre à la fois la formation des étoiles et la formation et l’évolution précoce (et parfois chaotique) des systèmes planétaires.
Jusqu’à présent, repérer ces corps discrets relevait presque de l’impossible tant la lumière qu’ils émettent est faible. Ils sont aussi très difficiles à distinguer d’autres objets astrophysiques, en particulier de galaxies lointaines. Mais Euclid, grâce à la combinaison unique d’un grand champ de vision, d’une résolution fine et d’une sensibilité allant de la lumière visible à l’infrarouge, a changé la donne.
Euclid prend le Taureau par les cornes
Lorsque l’ESA a proposé à la communauté scientifique de participer au programme ERO, notre équipe a suggéré de pointer Euclid vers une région de formation d’étoiles bien connue : le nuage LDN 1495, au sein de la constellation du Taureau, situé à environ 450 années-lumière. Cette région sombre, où le gaz et la poussière se condensent pour former de jeunes étoiles, est étudiée depuis des décennies, mais ne l’avait jamais été avec la précision et la sensibilité fournie par Euclid.
Les observations d’Euclid ont été combinées à plus de vingt ans d’imagerie au sol accumulée par notre équipe et obtenue avec des télescopes, comme le Canada-France-Hawaii Telescope
(CFHT), Subaru ou UKIRT, tous les trois situés sur le sommet du volcan Mauna Kea dans l’archipel hawaiien (États-Unis). Cette longue période d’observation nous a permis de mesurer les mouvements, les luminosités et les couleurs de centaines de milliers de sources faibles dans ces images.
Parmi elles, 15 objets se distinguent. Leur luminosité, leur couleur et leur mouvement correspondent à ceux attendus pour des objets qui se sont formés dans les nuages moléculaires du Taureau. Ces objets partagent certaines propriétés : étant nés à peu près ensemble, ils sont tous jeunes (quelques millions d’années), situés à une distance similaire (celle des nuages, d’environ 425 à 490 années-lumière) et se déplacent ensemble à la même vitesse et dans la même direction dans le ciel, ayant hérité du mouvement du nuage moléculaire où ils sont nés. Neuf de ces quinze objets sont totalement nouveaux, et parmi les plus faibles et les moins massifs jamais détectés dans cette région.
Certains de ces candidats sont incroyablement petits : d’après leur luminosité extrêmement faible, ils pourraient avoir des masses proches ou légèrement supérieures à celle de Jupiter. C’est bien en dessous du seuil de masse d’une étoile ou même d’une naine brune, un astre plus gros qu’une planète, mais trop petit pour être une étoile. Cela les place donc clairement dans la catégorie des objets de masse planétaire. S’ils sont confirmés, ils compteraient parmi les objets les plus légers jamais détectés de manière directe en dehors d’un système solaire.
Une fenêtre sur les origines cosmiques
Cette découverte est bien plus qu’une curiosité : elle ouvre une fenêtre directe sur la façon dont l’Univers fabrique ses étoiles et ses planètes. Ces mondes solitaires se forment-ils de la même manière que les étoiles, à partir de petits fragments de nuages qui s’effondrent sous l’effet de la gravité ? Ou bien sont-ils les orphelins de systèmes planétaires, expulsés par le chaos gravitationnel de leur famille ?
Chacun de ces deux scénarios a des implications différentes pour notre compréhension des premiers stades de la formation stellaire, mais aussi de la formation des planètes. Dans des régions comme la constellation du Taureau, où la densité d’étoiles est faible et les étoiles massives sont rares, ces objets de masse planétaire pourraient se former directement par effondrement gravitationnel, brouillant encore davantage la frontière entre planète et étoile.
Les résultats de notre équipe suggèrent également que ces planètes errantes pourraient ne pas être si rares. En extrapolant nos résultats à l’ensemble du complexe du Taureau, on peut estimer que des dizaines d’entre elles, encore à découvrir, pourraient exister dans cette région.
Un Univers plein de surprises
Ce travail ne constitue qu’une première étape. Euclid a déjà observé d’autres régions de formation d’étoiles dans le cadre du programme ERO, actuellement en cours d’analyse, et pourrait en observer à nouveau à l’avenir, offrant ainsi des mesures de mouvements encore plus précises et des recensements plus complets.
À moyen terme, le futur télescope spatial Nancy-Grace-Roman, dont le lancement est prévu à l’automne 2026, disposera de capacités similaires et complémentaires en grand champ et en infrarouge. Ensemble, ces télescopes ouvriront une ère nouvelle pour l’étude systématique des objets de très faible masse dans les jeunes régions du cosmos.
Enfin, le James-Webb Space Telescope jouera un rôle clé dans le suivi de ces découvertes, en fournissant les observations spectroscopiques indispensables pour confirmer la nature, la masse et la composition des atmosphères de ces mondes errants. Ces missions dessinent un avenir particulièrement prometteur pour l’exploration des origines des étoiles et des planètes errantes.
Chaque nouveau grand télescope finit par accomplir des découvertes qu’il n’était pas censé faire. Le télescope spatial Hubble a révolutionné la cosmologie, mais il nous a aussi offert des vues spectaculaires des pouponnières d’étoiles. Aujourd’hui, Euclid, construit pour cartographier le squelette invisible du cosmos, révèle de nouveaux mondes en formation flottant dans l’Univers sans attache et sans étoile. Petits, froids et solitaires, ces mondes vagabonds nous rappellent que la frontière entre planète et étoile est mince et que, même dans l’obscurité entre les étoiles, il reste des histoires à découvrir.
Hervé Bouy est membre senior de l’Institut Universitaire de France. Il a reçu des financements du Conseil européen pour la recherche (ERC) et a été employé à l’Agence spatiale européenne (ESA).
Source: The Conversation – in French – By Cléa Fortuné, Maîtresse de conférences en civilisation des États-Unis, membre du laboratoire Langages, Littératures, Sociétés, Études Transfrontalières et Internationales (LLSETI)., Université Savoie Mont Blanc
Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump ne cesse de reprocher au pouvoir (de gauche) de Mexico de ne pas en faire assez en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et contre le trafic de drogue, et va jusqu’à menacer de frapper militairement les cartels de la drogue implantés sur le sol mexicain. La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum lui répond à l’occasion avec véhémence. Mais elle est allée dans son sens sur certains dossiers, à commencer par celui du contrôle de la frontière séparant les deux pays, laquelle est aujourd’hui plus que jamais la zone de tous les dangers pour les migrants.
Dès son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, Donald Trump a de nouveau, comme au cours de son premier mandat, placé la frontière avec le Mexique au cœur de son agenda politique. Sécurité nationale, contrôle strict des migrations et guerre contre les cartels de drogues sont redevenus des priorités affichées, tant à la frontière sud qu’à l’intérieur des États-Unis.
Un an plus tard, le bilan de cette première année de mandat révèle une militarisation renforcée, une remise en cause des droits des personnes migrantes et des relations diplomatiques avec le Mexique incertaines.
L’urgence sécuritaire malgré une frontière historiquement calme
Dès janvier 2025, Donald Trump a signé le décret présidentiel Protecting the American People Against Invasion, présenté comme une réponse à ce qu’il décrit comme une « inondation sans précédent de migrations illégales » sous l’administration Biden qui constituerait, selon lui, une « menace » pour la sécurité nationale. Ce décret permet notamment de restreindre les possibilités d’accès à l’asile aux États-Unis et de renvoyer les personnes migrantes sans audience devant un tribunal de l’immigration, rompant avec le droit international et le principe de non-refoulement.
Dans la foulée, l’administration Trump a déclaré l’état d’urgence nationale à la frontière États-Unis/Mexique, une décision qui lui a permis de débloquer des fonds fédéraux pour en renforcer la sécurisation. Cette logique s’est concrétisée en juillet 2025 par l’adoption de la loi dite One Big Beautiful Bill Act qui prévoit 46,5 milliards de dollars pour la construction d’un « mur intelligent » (Smart Wall), combinant barrières physiques, capteurs, drones, et dispositifs de surveillance numérique. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de politiques déjà engagées au niveau des États fédérés, notamment au Texas, où des barrières aquatiques ont été installées dans le Rio Grande dans le cadre de l’Operation Lone Star lancée par le gouverneur républicain Greg Abbott en 2021.
Au-delà de ces dispositifs physiques et technologiques, le mur reste un puissant symbole politique dans le discours de l’administration Trump. À l’instar de son slogan de campagne de 2016, « Build the Wall », l’administration continue de mettre l’accent sur les portions de mur inachevées, qu’elle érige en symbole d’une frontière prétendument « ouverte » permettant l’entrée de migrants qualifiés de « criminels ».
Cette insistance sur les « vides » du mur contraste pourtant avec la réalité de la frontière. Les cartes officielles publiées par la Customs and Border Protection entretiennent d’ailleurs une certaine confusion, en minimisant visuellement l’ampleur des infrastructures déjà existantes. En réalité, sur les 3 150 kilomètres de frontière, environ 1 130 kilomètres de barrières ont été progressivement installés depuis les années 1990, tandis qu’environ 1 100 kilomètres correspondent à une barrière naturelle constituée par le fleuve Rio Grande/Rio Bravo. Depuis mars 2025, les segments en construction – qui visent à remplacer des barrières déjà existantes pour la plupart –, notamment dans la vallée du Rio Grande (sud du Texas), s’inscrivent ainsi davantage dans une logique de continuité administrative (achevant des projets décidés sous l’administration Biden) que dans une réponse à une crise migratoire inédite.
Cette baisse des traversées s’explique en partie par des tendances amorcées sous l’administration Biden, notamment la restriction des possibilités de demande d’asile et la signature d’accords régionaux dans le cadre de la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection de 2022 qui ont contribué à externaliser la gestion de la frontière sud des États-Unis vers les pays latino-américains. Elle tient également au rôle central joué par le Mexique, qui a intensifié les contrôles migratoires sur son territoire, sous la pression des administrations Trump et Biden. Le Mexique arrête aujourd’hui davantage de migrants en transit vers les États-Unis que les États-Unis eux-mêmes, agissant de facto comme le premier « mur » de la politique migratoire des États-Unis.
De la militarisation de la frontière aux expulsions intérieures
Alors que les traversées diminuent à la frontière, Donald Trump a déplacé son attention vers l’intérieur du territoire états-unien. Dès sa campagne présidentielle, il a annoncé un plan de rapatriements de masse, présenté comme le plus ambitieux de l’histoire des États-Unis, visant jusqu’à un million de personnes par an.
Cette politique s’est traduite par une intensification des raids menés par l’agence en charge des migrations, ICE (Immigration and Customs Enforcement), dans les villes sanctuaires, mais aussi par l’évolution des outils administratifs existants. L’application CBP One, initialement conçue en 2020 et largement utilisée par l’agence CBP (Customs and Border Protection) sous l’administration Biden afin de permettre aux migrants de prendre rendez-vous avec les autorités états-uniennes pour déposer une demande d’asile, a été relancée en mars 2025 avec une nouvelle fonction : celle de faciliter le départ volontaire des non-citoyens.
Le département de la Sécurité intérieure (Department of Homeland Security) affirme que 1,9 million de personnes seraient reparties volontairement en 2025, certaines incitées par la promesse d’un billet gratuit pour un vol de rapatriement et d’une aide financière de 1 000 dollars (860 euros), portée à 3 000 dollars (2500 euros) pendant la période de Noël 2025.
Ces chiffres sont toutefois contestés. Un tel exode ne serait vraisemblablement pas passé inaperçu. Des estimations plus plausibles évoquent plutôt environ 200 000 départs volontaires, tandis que de nombreux migrants en situation irrégulière adoptent des stratégies d’invisibilisation afin d’éviter les arrestations et les contrôles. Par ailleurs, un sondage national indique que 15 % des migrants sondés (en situation régulière ou non) auraient envisagé de quitter le pays, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’ils soient effectivement partis.
Dès janvier 2025, l’administration Trump a désigné six organisations criminelles mexicaines comme organisations terroristes étrangères, une décision qui ouvre la possibilité d’interventions militaires. Cette rhétorique coercitive s’est durcie après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis, le 4 janvier 2026, officiellement justifiée par son implication présumée dans des trafics de drogues. Dans ce contexte, Donald Trump a de nouveau évoqué la possibilité d’une action militaire au Mexique, accusant le pays d’être géré par les cartels de drogues et de ne pas en faire assez pour endiguer les traversées irrégulières et le trafic de fentanyl.
Cette relation asymétrique renvoie à une tradition plus ancienne de la politique étrangère des États-Unis. Donald Trump évoque lui-même une « Doctrine Donroe », contraction de son nom et de la Doctrine Monroe. Si cette dernière, formulée en 1823, visait à écarter les puissances européennes des Amériques, son corollaire de 1904 (le corollaire Roosevelt) légitimait déjà l’intervention des États-Unis dans les affaires intérieures des pays latino-américains.
Face à ces accusations, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a adopté une ligne diplomatique à la fois prudente et ferme. Tout en réaffirmant la coopération du Mexique avec les États-Unis dans la lutte contre le trafic de drogues, elle a rejeté toute intervention militaire états-unienne sur le sol mexicain. Elle a également condamné l’intervention des États-Unis au Venezuela, invoquant les principes de la souveraineté et d’intégrité territoriale.
Cette montée des tensions pourrait laisser penser à la possibilité d’une rupture des relations bilatérales. Pourtant, les critiques publiques du Mexique face aux menaces d’actions unilatérales des États-Unis s’articulent avec une coopération sécuritaire étroite et durable entre les deux pays.
Lorsque, en septembre 2025, le secrétaire d’État Marco Rubio qualifie l’intensification de la coopération bilatérale entre Mexico et Washington d’« historique », il s’agit moins d’un tournant que de la poursuite d’une relation qui s’inscrit dans la durée.
De l’Initiative Mérida lancée en 2008 à la pression exercée par l’administration Biden sur le gouvernement d’Andres Manuel Lopez Obrador pour déployer des dizaines de milliers de membres de la garde nationale mexicaine à sa frontière avec le Guatemala et accepter des rapatriements de migrants non mexicains, les États-Unis ont, depuis longtemps, délégué une part essentielle de la gestion de leur frontière au Mexique.
Malgré la baisse des traversées irrégulières observée en 2025, la frontière États-Unis/Mexique demeure l’une des frontières terrestres les plus dangereuses au monde. La militarisation accrue, la suspension du droit d’asile, la surveillance massive et les pressions diplomatiques exercées sur le Mexique y produisent une violence structurelle, et font de la frontière un espace d’exception au cœur de la stratégie anti-migratoire et sécuritaire du second mandat de Donald Trump.
Cléa Fortuné ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
