Más allá del debate sobre la conquista: una olvidada “recíproca amistad científica” entre España y México

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Juan Miguel Nepote González, Coordinador de Proyectos Especiales del Museo de Ciencias Ambientales, Universidad de Guadalajara

Mariano Bárcena (1842-1899), principal gestor de la Academia Mexicana Correspondiente de la Real Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Wikimedia Commons, CC BY

En la historia compartida entre España y México existe un episodio que hemos olvidado casi por completo, pero que ilustra lo que pensaba el escritor serbio Milorad Pavic: “el pasado siempre está a punto de ocurrir”. En la Ciudad de México se inauguró, a finales de 1894, la Academia Mexicana Correspondiente de la Real Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Su principal gestor, Mariano Bárcena, aseguró que con ese proyecto se establecía un “lazo de recíproca amistad científica” entre España y México.

España y México: conversación intermitente

En febrero de 2019, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al rey de España, Felipe VI, donde proponía:

“que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa”.

A partir de entonces, la comunicación oficial entre ambos países se mantuvo en una especie de pausa. Hasta inicios de 2026, cuando la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una nueva misiva al monarca para invitarlo a viajar a México durante la Copa Mundial de Fútbol. Finalmente, Felipe VI aceptó asistir al partido de España contra Uruguay, que tendrá lugar a finales de junio en la ciudad de Guadalajara.

Un pasado común por descubrir

Es posible localizar un ejemplo tangible de esos “vínculos” en el surgimiento de una institución fundada en Madrid, por real decreto, el 25 de febrero de 1847. Se trata de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, que reunió a buena parte de los personajes de mayor talento intelectual de aquella nación: Cipriano Segundo Montesino y Estrada, pionero de la ingeniería industrial en España; el matemático, dramaturgo y político José Echegaray y Eizaguirre, primer español en ganar un Premio Nobel; el fascinante físico experimental Blas Cabrera y Felipe, quien fue amigo de Albert Einstein; o el incombustible Santiago Ramón y Cajal, quien fue elegido como miembro a finales de 1895 y tomó posesión el 5 de diciembre de 1897.

Ocurrió justamente en la época en que miembros de dicha Academia, como el ingeniero en minas Daniel Francisco de Paula Cortázar y Larrubia y el matemático y astrónomo Miguel Merino y Melchor, establecieron una amistad con un personaje nacido en México y que había llegado a Madrid hacia 1886: Vicente Riva Palacio. Este general militar, abogado, poeta, historiador, cuentista, político y novelista entonces iniciaba la carrera de diplomático, luego de haber sido nombrado “enviado extraordinario y ministro plenitpotenciario” de México en Madrid, para construir puentes que unieran a estas dos naciones.

“Lazo de recíproca amistad científica”

En el México del siglo XIX, Riva Palacio había sido el artífice de la creación de sus instituciones científicas de mayor importancia: el Observatorio Meteorológico Central (1876) y el Observatorio Astronómico Nacional (1878). En ambas había contado con la inteligencia de los ingenieros Mariano Bárcena y Ángel Anguiano.

En Madrid, Riva Palacio participó en una reunión con representantes de los pueblos hispanoamericanos para la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América. En el transcurso de este evento, el enviado propuso la fundación, en México, de una extensión de la Real Academia de Ciencias Exactas española.

El proyecto se lo encargó a Mariano Bárcena, quien habría de recordar en su discurso durante la inauguración de la Academia, que así fue como “surgió la idea de establecer en América algunos centros científicos, que puestos en relación constante con los de España, produjesen bienes recíprocos y cooperasen al adelanto de los pueblos que reconocían el mismo origen”.

En el Archivo histórico de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola es posible encontrar huellas de la historia olvidada de la Academia Mexicana Correspondiente de la Real Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Se inauguró el 24 de noviembre de 1894 con una ceremonia donde Mariano Bárcena reconoció y agradeció “la grandeza de España”, identificando que:

“las ciencias son fuentes perennes de bienestar y los lazos más indisolubles de fraternidad entre las naciones que las cultivan. En efecto, nada puede ser dirigido con acierto sin el auxilio de las ciencias exactas; porque los números tienen que ordenarlo todo, y son la base indispensable de cualquier problema, aun social o económico”.

Ciencia hispanoamericana, olvidado pasado compartido

Sus socios se reunían cada quince días para organizar conferencias públicas. Seguían un estricto turno de lectura y desarrollaron un amplio espectro de asuntos, desde las patentes de invención o la importancia del cálculo de probabilidades, hasta el levantamiento exacto de la Carta de la República Mexicana.

Esta olvidada Academia sobrevivió poco más de diez años y mantuvo un par de publicaciones periódicas: Anuario y Anales. En ellas se publicaron mas de cincuenta investigaciones de distintos ámbitos, desde los estudios geográficos hasta la medicina, pasando por la astronomía, geología, química, física y múltiples ingenierías.

Y entre la fantástica miscelánea de asuntos, hay uno que merece destacarse. En la charla pública del 7 de septiembre de 1896, el ingeniero Manuel Fernández propuso la creación de la Universidad de México. El objetivo no era otro que procurar los conocimientos científicos que se necesitaban en el país para modificar su dependencia exterior en materia científica.

Una dependencia compartida con España, en opinión del físico e historiador José Manuel Sánchez Ron, quien en su libro El país de los sueños perdidos, dedicado a la historia de la ciencia en España, afirma: “en Hispanoamérica somos, sobre todo, consumidores-importadores de ciencia y tecnología, pero no creadores”.

La innovadora idea de fundar una gran universidad mexicana tardaría aún más de 10 años en materializarse. Concretamente, hasta que el filósofo, abogado y escritor Justo Sierra presentó la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios. Y, poco después, el proyecto para fundar la Universidad Nacional, precedente inmediato de la actual Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Recordar la olvidada existencia de la Academia Mexicana Correspondiente de la Real Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es una invitación a no borrar la historia de colaboración científica que ha unido a España y México. Sus resultados, como asegura Sánchez Ron en su colosal obra, nos permiten descubrir que “lo mejor de la contribución española a la ciencia universal se hizo en América”.

The Conversation

Juan Miguel Nepote González no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Más allá del debate sobre la conquista: una olvidada “recíproca amistad científica” entre España y México – https://theconversation.com/mas-alla-del-debate-sobre-la-conquista-una-olvidada-reciproca-amistad-cientifica-entre-espana-y-mexico-241542

Viajando envejecemos más despacio, según un nuevo estudio

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Francisco José Esteban Ruiz, Profesor titular de Biología Celular, Universidad de Jaén

DavideAngelini/Shutterstock

No cabe duda de que viajar nos supone un esfuerzo y un cambio considerable en nuestra rutina diaria, con el desorden que conlleva. Pero es curiosa esa sensación tan agradable de llegar a casa así, como descansados, después de un viaje de ocio, y sentir que venimos con las pilas cargadas.

Cuando hacemos turismo, regresamos con más energía, dormimos mejor y tenemos la impresión de que algo en nosotros se ha “reordenado”, en lugar de desordenarse. Pero ¿es solo una sensación o viajar puede influir realmente en nuestra salud?

Un grupo de investigación australiano ha propuesto que las experiencias agradables que vivimos cuando viajamos contribuyen a un envejecimiento más saludable, ya que ayudan al organismo a mantener un estado fisiológico más equilibrado. Curiosamente, lo justifican recurriendo a un concepto cuando menos llamativo: la entropía.

¿Entropía y salud?

En física, la entropía describe la tendencia natural de los sistemas al desorden. Trasladando la idea a nuestro cuerpo, los investigadores australianos plantean que la salud corresponde a un estado “ordenado”, mientras que el envejecimiento y la enfermedad reflejan una pérdida progresiva de organización.

Según esta propuesta, las experiencias positivas como viajar, caminar, interactuar con otras personas o exponerse a entornos nuevos podrían ayudar al organismo a mantener su equilibrio interno. La hipótesis es sugerente y conecta con algo que bien sabemos y es que el envejecimiento saludable no sólo depende de nuestra genética, sino también de los hábitos cotidianos y de los cambios que introduzcamos en nuestra rutina.

Viajar y envejecimiento saludable

Más allá de la entropía, la evidencia científica sí muestra que determinadas formas de viajar pueden aportar beneficios reales, especialmente en personas mayores.

Tras analizar 66 estudios diferentes, una revisión sistemática publicada hace unos meses concluía que el turismo puede favorecer el bienestar, la satisfacción vital y la calidad de vida de las personas mayores. Los efectos positivos aparecen asociados a la actividad física, la interacción social, la estimulación cognitiva, el contacto con la naturaleza y la ruptura de la rutina.

Puesto que muchos viajes implican caminar más, orientarse por lugares desconocidos, conversar con personas nuevas y salir temporalmente de hábitos sedentarios, no es de extrañar que con ello se activen procesos físicos y mentales importantes para un envejecimiento saludable.

Como los propios autores indican en su trabajo, el concepto de envejecimiento saludable, promovido por la Organización Mundial de la Salud, pone el foco en mantener durante el mayor tiempo posible las capacidades físicas, cognitivas y sociales. En otras palabras, no se trata solo de vivir más años sino de mantener autonomía, relaciones sociales y calidad de vida.

El problema de la “entropía”

En relación con la entropía, conviene no exagerar las conclusiones. El principal problema del marco teórico basado en la entropía es que mezcla niveles físicos, biológicos, psicológicos y sociales bajo una misma idea de “desorden”, pero sin explicar claramente cómo se conecta ese concepto entre ellos.

En otras palabras: la idea funciona bien como metáfora, pero todavía no como teoría demostrada. Los propios autores reconocen que faltan estudios experimentales sólidos y que gran parte de la investigación actual se basa en encuestas o aproximaciones conceptuales y en una narrativa descriptiva.

Y, más aún, no existe, al menos por ahora, una medición objetiva que permita afirmar que viajar “reduce la entropía” del organismo en sentido científico. El riesgo es caer en una especie de pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que si algo mejora la salud, entonces se dice que “reduce la entropía”. Y si empeora, que la aumenta.

Beneficios y riesgos

Tal vez no necesitemos recurrir a conceptos grandilocuentes para entender por qué viajar puede hacernos bien, pues se sabe que envejecer de forma saludable depende en gran medida de mantener el cuerpo y la mente activos, reducir el aislamiento social, manejar el estrés y conservar la curiosidad por el entorno.

Sin lugar a dudas, muchos viajes, especialmente aquellos que combinan movimiento, descanso y conexión social, reúnen precisamente esos ingredientes. Pero también existen riesgos y eso no significa que cualquier escapada sea automáticamente terapéutica.

Estos mismos trabajos que nos hablan de los beneficios terapéuticos de viajar también nos recuerdan que viajar implica riesgos como infecciones, accidentes, agotamiento o experiencias negativas.

Viajar nos pone las pilas

La neurociencia reciente puede ayudarnos a entender cómo viajar nos pone las pilas. Una posible explicación es que los nuevos estímulos que recibimos durante el viaje activan el sistema de recompensa cerebral.

Un estudio, basado en la activación en nuestro cerebro del sistema de recompensa, nos dice que cuando algo es nuevo lo preferimos aunque ya conozcamos opciones más cómodas y familiares.

Por ejemplo, imagine que todos los días desayuna el mismo cereal, pero un día ve un cereal nuevo en la tienda y, aunque sabe que el suyo es bueno, es probable que sienta curiosidad y quiera probar el nuevo solo porque es diferente.

Cuando viajamos, nuestro cerebro experimenta esto constantemente. En lugar de ver solo nuestra casa y lo conocido, disfrutamos de espacios nuevos; en lugar de escuchar solo los sonidos de nuestro barrio, nos relacionamos en otros idiomas; en lugar de comer siempre lo mismo, probamos platos realmente nuevos y diferentes.

La novedad activa dos mecanismos cerebrales cruciales, que trabajan conjuntamente y que representan vías distintas que mejoran experiencias novedosas.

Por un lado, induce la liberación de dopamina en el hipocampo, lo que promueve la memoria. Esto significa que no solo recordamos mejor las experiencias de viaje, sino que el proceso mismo de crear estas memorias nos genera una sensación de vitalidad. Además, las neuronas noradrenérgicas de la región cerebral llamada locus cerúleo liberan noradrenalina en el hipocampo al mismo tiempo, potenciando aún más la retención.

Como escribió el viajero Ibn Battuta, “viajar te deja sin palabras y después te convierte en narrador de historias”. Visto así, cada escapada no detiene el paso del tiempo, pero puede ayudarnos a que ese tiempo merezca un poco más la pena.

The Conversation

Francisco José Esteban Ruiz recibe fondos para investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) bajo el proyecto PID-156228NB-I00, y de la Consejería de Salud y Consumo, Junta de Andalucía (PIP-0113-2024).

ref. Viajando envejecemos más despacio, según un nuevo estudio – https://theconversation.com/viajando-envejecemos-mas-despacio-segun-un-nuevo-estudio-282206

Las embarazadas pueden (y deben) ir al dentista

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Amparo Perez Silva, Odontopediatra, Universidad de Murcia

Andrey_Popov/Shutterstock

Todas las mujeres embarazadas saben perfectamente que deben estar atentas a su salud y a la de su bebé mediante el control prenatal obstétrico. Acudir a las revisiones médicas, seguir las indicaciones del profesional sanitario y cuidar la alimentación son hábitos que la mayoría de las gestantes incorporan desde el inicio del embarazo. Sin embargo, muchas desconocen la importancia de complementar este seguimiento con un adecuado control prenatal odontológico, un aspecto clave que a menudo se pasa por alto.

Durante el embarazo se producen múltiples cambios fisiológicos que también afectan a la boca, aumentando la probabilidad de desarrollar problemas bucodentales. Estas alteraciones no solo influyen en el bienestar de las gestantes, sino que también pueden repercutir en el desarrollo del bebé.

Falsos mitos

Es frecuente escuchar que la gestación debilita los dientes, que estos pierden calcio para cedérselo al bebé o que no se pueden realizar tratamientos dentales mientras estamos embarazas. Ninguna de estas afirmaciones es correcta. Sin embargo, son creencias que hacen que muchas mujeres eviten acudir al dentista en una etapa en la que el cuidado odontológico es fundamental.

En general, las embarazadas reciben menos atención odontológica que las no gestantes. En España, un estudio reciente señala que solo el 15 % de las mujeres embarazadas acude a revisiones dentales durante el embarazo. A esto se suma, en ocasiones, el miedo o la falta de experiencia de algunos odontólogos a la hora de tratar a pacientes gestantes.

Es importante recordar que el embarazo no es una enfermedad, sino una etapa natural que requiere cuidados específicos. Los cambios hormonales, especialmente el aumento de estrógenos, modifican la saliva y los tejidos de la boca, favoreciendo el crecimiento de bacterias. Esto puede hacer que las encías se vuelvan más sensibles, que sangren con facilidad o se inflamen. Si a esto le añadimos un mayor consumo de azúcares o cambios en la alimentación, algo bastante habitual durante el embarazo, el riesgo de desarrollar caries se dispara.

Además, los vómitos frecuentes, especialmente durante el primer trimestre, pueden desgastar el esmalte dental debido a la acción de los ácidos gástricos.

Cambios hormonales que afectan a las encías

Entre un 60 % y un 70 % de las mujeres presentan encías inflamadas, enrojecidas o que sangran con facilidad durante la gestación. Esto se debe a los cambios hormonales propios del embarazo, que aumentan la respuesta inflamatoria de los tejidos gingivales.

La gingivitis debe ser tratada, pues existe el riesgo de que evolucione a periodontitis, una enfermedad más grave que afecta a los tejidos que sostienen los dientes. Algunos estudios han relacionado estos problemas con complicaciones como el parto prematuro, el bajo peso del bebé e incluso la preeclampsia, lo que refuerza la importancia de la prevención y el tratamiento precoz.

¿Acceso gratuito a la atención dental durante la gestación?

Organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea recomiendan integrar la salud bucodental en el seguimiento del embarazo. Esto implica fomentar revisiones dentales durante la gestación y promover la colaboración entre matronas, dentistas y ginecólogos. Sin embargo, en la práctica existen diferencias importantes en el acceso a estos servicios en función del país donde vivimos.

Si nos fijamos en Europa, en el Reino Unido la atención dental es gratuita durante el embarazo y hasta 12 meses después del parto, lo que facilita el acceso de las mujeres a estos cuidados. En Francia y Alemania se fomenta la prevención mediante revisiones, aunque con algunas limitaciones en los tratamientos. Italia cuenta con programas regionales con cobertura variable, mientras que los países nórdicos destacan por su enfoque educativo y preventivo. En Portugal, existen programas que permiten a las embarazadas acceder gratuitamente a determinados tratamientos odontológicos.

En España no existe un programa nacional único dirigido específicamente a embarazadas. La atención bucodental durante la gestación depende de cada comunidad autónoma, lo que origina diferencias territoriales en el acceso a la prevención y a la educación en salud oral. Esta falta de homogeneidad puede dificultar la coordinación entre matronas, médicos de familia y ginecólogos, y limita en algunos casos la derivación sistemática al dentista durante el embarazo.

¿Las mujeres embarazadas pueden ir al dentista?

No solo pueden, sino que deben. El tratamiento dental durante el embarazo es seguro. El segundo trimestre suele ser el momento más adecuado para realizar tratamientos, ya que las náuseas suelen haber disminuido y resulta más cómodo permanecer en el sillón del dentista.

No obstante, si aparece dolor, infección o cualquier urgencia en otro momento del embarazo, las gestantes deben acudir al dentista de inmediato. Retrasar el tratamiento puede empeorar el problema y tener consecuencias mayores como dificultar la alimentación, algo fundamental en esta etapa. Una buena nutrición es clave para el correcto desarrollo del bebé, y cualquier problema que interfiera con ella debe ser resuelto cuanto antes.

The Conversation

Amparo Perez Silva no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Las embarazadas pueden (y deben) ir al dentista – https://theconversation.com/las-embarazadas-pueden-y-deben-ir-al-dentista-281549

More universities are disinviting commencement speakers who might challenge students’ ideas, unraveling an apolitical tradition

Source: The Conversation – USA (2) – By Austin Sarat, William Nelson Cromwell Professor of Jurisprudence and Political Science, Amherst College

College commencement ceremonies celebrate students’ achievements, but also have become occasionally fraught with politics. photosbyjim/iStock/Getty Images Plus

Delivering a university commencement address used to simply be a unique kind of honor. Speakers stand before a podium, wearing a traditional graduation cap and robe, and offer graduates life lessons and inspirational words as they enter the next phase of life.

But today, speaking at a university commencement ceremony carries considerable risk, as Morton Schapiro, former president of Northwestern University, recently found out. Schapiro was scheduled to speak at Georgetown University Law Center’s graduation on May 17, 2026, but announced on May 6 that he would no longer appear at the event.

Some Georgetown law students had protested and petitioned to have Schapiro’s invitation rescinded, citing what they said were Schapiro’s “controversial, Zionist, and harmful opinions.” The students pointed to an op-ed that Schapiro wrote expressing support for Israel and Jewish people a few days after the Hamas attacks on Oct. 7, 2023, which killed 1,200 people.

Schapiro is in good company. There’s a reason why the free speech advocacy group FIRE calls the lead-up to college commencements disinvitation season.

Over the past two decades, colleges and universities across the country have withdrawn invitations to various commencement speakers after students protested their scheduled appearance. Or, in some cases, invited speakers have said they will no longer participate after students spoke out against their upcoming speeches.

As a political scientist who has written about the First Amendment and free speech on college campuses, I think Schapiro’s ill-fated Georgetown commencement invitation – and other instances like this one – show that intolerance for dissenting viewpoints lasts until the last diploma is handed out at graduation.

Some students only want people who hold similar views to address them at their graduation. They exercise what free speech law experts call a “heckler’s veto,” meaning when an audience’s reaction, or anticipated response, stops someone from speaking. Free speech then takes a back seat, and a graduation becomes just a performative moment of political correctness.

Two men wear purple robes and smile in a crowd of people.
The comedian Seth Meyers, left, attends the Northwestern University graduation with Morton Schapiro, the school’s then-president, in June 2016 in Evanston, Ill.
Timothy Hiatt/Getty Images

It wasn’t always this way

The first university commencement in the U.S. took place in 1642, when Harvard College held a ceremony to honor its nine graduates. The students were joined by some of the Massachusetts Bay Colony’s most distinguished citizens, including Governor John Winthrop and his deputy, John Endicott, who observed the proceedings.

No one delivered a commencement address.

Instead, each graduate delivered an address and displayed the fruits of their classical education by speaking in Latin and English.

By the middle of the 19th century, university commencements drew well-known outsiders to college campuses to speak.

In 1837, for example, the poet and essayist Ralph Waldo Emerson addressed Harvard’s Phi Beta Kappa graduates and issued a stirring call for American students and scholars to end what he called “our long apprenticeship to the learning of other lands.”

In 1881, James Garfield became the first sitting American president to deliver a commencement address, when he spoke at the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland.

Twenty-four years later, President Theodore Roosevelt spoke at the first graduation ceremony at Clark University, in Worcester, Massachusetts. He told his audience there, “I have always felt most strongly that it is true of a nation as of the individual that the greatest doer must also be a great dreamer.”

Since then, other presidents have used commencement speeches to announce major policy initiatives and agreements, including on foreign policy.

In 1963, President John F. Kennedy told the graduating seniors at American University that the U.S., the United Kingdom and the Soviet Union would start negotiations to ban the testing of nuclear weapons.

Two years later, President Lyndon Johnson announced at Howard University’s commencement that he would launch a major initiative to address socioeconomic disparities that disadvantaged Black people.

There was no controversy or protest about Kennedy, Johnson or other prominent speakers who delivered commencement addresses before a few decades ago.

A man stands at a podium that says 'president of the United States' in a black-and-white photo.
President John F. Kennedy delivers his commencement speech at American University in June 1963.
Bettmann/Contributor/Getty Images

The commencement speaker as a lightning rod

But that was then. Times have changed.

FIRE estimates that between 2000 and 2024, there were 345 attempts to disinvite commencement speakers. Many of the scheduled speakers who faced pressure to not appear at the ceremonies backed out.

Examples of commencement speaker disinvitations have happened at small, private liberal arts colleges, as well as big public universities. Being uninvited from speaking at a graduation is often precipitated by petitions and protests, from both conservative and progressive activists.

For example, in 2019, former Nebraska Senator Bob Kerrey, a Democrat, withdrew as the scheduled commencement speaker at Creighton University. This followed the Nebraska Republican Party objecting to Kerry’s pro-abortion rights voting record.

In 2024, Dickinson College rescinded a commencement invitation for Michael Smerconish, an author and television commentator who focuses on politics. This decision came after a student wrote an opinion piece that showed that 20 years earlier, Smerconish said, “in order to keep America safe, the TSA should deliberately target Arabs and Muslims for searches because they look like the perpetrators of past terrorist attacks.”

“Does someone like Mike Smerconish in any way represent the achievements and ambitions of its students? If Dickinson truly loves and values its students, shouldn’t it honor them with someone who reflects that love?” the student asked in the opinion piece.

Protests ensued, and the college president gave in.

In 2025, the noted author Salman Rushdie withdrew as commencement speaker at Claremont McKenna College in Claremont, California, after members of its Muslim Student Association urged the school to revoke his invitation. They accused Rushdie, a self-described “hardline atheist,” of “disparaging a global religious community” in his writing and public appearances. In a 2015 commencement address at Emory University, he said: “I sometimes think we live in a very credulous age. People seem ready to believe almost anything. God, for example.”

Over the past few years, the Israel-Hamas war in the Gaza Strip has led to various commencement controversies and rescinded invitations, based on scheduled speakers’ politics around the conflict.

There have also been various commencement speakers who have delivered controversial addresses that some graduates – and outside observers – found offensive. Kansas City Chiefs kicker Harrison Butker, for example, spoke at Benedictine College’s commencement in 2024 and encouraged women to become homemakers.

A man stands at a wooden podium on a stage, surrounded by people in graduation attire and a crowd of people wearing black graduation caps.
The author Salman Rushdie delivers a commencement address at Emory University in Atlanta in May 2015.
Marcus Ingram/Getty Images

Commencement and free speech

That brings us back to Schapiro.

“I have presided over 28 commencements as a president and dean,” Schapiro wrote in a note to Georgetown’s law students, “and those ceremonies are about celebrating the graduates and their supporters. I was looking forward to giving a talk about humility and gratitude, but I don’t want my presence to distract from the day’s festivities.”

Humility and gratitude are often missing in disinvitation season.

In 2017, Drew Gilpin Faust, then the president of Harvard University, seemed to understand this absence when she issued a free speech message to graduates in her commencement address. “Silencing ideas or basking in intellectual orthodoxy independent of facts and evidence impedes our access to new and better ideas, and it inhibits a full and considered rejection of bad ones,” Faust warned.

Commencement season puts Faust’s admonitions to the test. “Universities,” she said, “must model a commitment to the notion that truth cannot simply be claimed, but must be established – established through reasoned argument, assessment and even sometimes uncomfortable challenges that provide the foundation for truth.”

The Conversation

Austin Sarat does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. More universities are disinviting commencement speakers who might challenge students’ ideas, unraveling an apolitical tradition – https://theconversation.com/more-universities-are-disinviting-commencement-speakers-who-might-challenge-students-ideas-unraveling-an-apolitical-tradition-283131

When a president settles his own lawsuit to create a fund for allies, fundamental questions about justice arise

Source: The Conversation – USA – By Austin Sarat, William Nelson Cromwell Professor of Jurisprudence and Political Science, Amherst College

A banner featuring President Trump on the outside of the DOJ building in Washington, D.C. Andrew Harnik/Getty Images

Thomas Hobbes took a very dim view of rebels and insurrectionists. He believed that insurrectionists relinquish their status as citizens the moment they seek to overthrow the government and should never be rewarded for doing so.

Hobbes, one of the finest political theorists of his time, said this in his great political treatise, “Leviathan,” published in 1651 during a civil war in England and Scotland.

Hobbes would likely also take a dim view of a major development announced by the Trump administration on May 20, 2026.

The U.S. Department of Justice has established a US$1.776 billion “Anti-Weaponization Fund,” to be used, the AP reports, to “allow people who believe they were targeted for prosecution for political purposes, including by the Biden administration Justice Department, to apply for payouts.”

The fund, Acting Attorney General Todd Blanche said, offers “a lawful process for victims of lawfare and weaponization to be heard and seek redress.”

Critics immediately charged that it might be used to compensate people involved in – some even convicted for – the Jan. 6, 2021, attack on the Capitol. Blanche has not ruled out that possibility.

The establishment of the fund is part of a settlement agreement, in response to which President Donald Trump dropped his $10 billion lawsuit against the Internal Revenue Service for damages stemming from the leak of his tax returns. Those leaks, the lawsuit alleged, “caused Plaintiffs reputational and financial harm, public embarrassment, unfairly tarnished their business reputations, portrayed them in a false light, and negatively affected President Trump.”

A DOJ press release indicates the fund will provide “formal apologies and monetary relief” to those who file claims and will cease processing claims “no later than” Dec. 1, 2028. It will be run by a five-person board appointed by the attorney general, and the president will also have the power to remove board members.

Whether or not Jan. 6 participants benefit, some believe that this situation creates an unavoidable appearance of self-dealing and favoritism. As a student of American law and political morality, I think there are important moral and constitutional issues implicated by the president’s suit against the IRS and the creation of the Anti-Weaponization Fund.

Some of them are straightforward; others are less so.

A man talking at a table behind a name plate, gesturing with his fingers.
Acting U.S. Attorney General Todd Blanche testified about the compensation fund during a Senate Committee on May 19, 2026, in Washington, D.C.
Anna Moneymaker/Getty Images

A judge in their own cause

An obvious question is: Should taxpayer funds be given to Trump allies, in a settlement reached by the Trump-controlled DOJ as compensation for a Trump family lawsuit?

As far back as ancient Greece, philosophers like Aristotle have worried about what happens when people are called on to make judgments in cases where they are involved. Aristotle thought that the natural instinct for self-preservation meant that they would always favor themselves.

From that concern emerged what was then, and remains, an uncontroversial, bedrock moral principle.

In the Roman world, the Latin phrase “Nemo iudex in causa sua” meant “no one should be a judge in their own cause.” It recognized that anyone having a personal interest should not get to decide matters in which they are involved.

In the Englsh-speaking world, Hobbes himself reiterated that phrase as he explained some of the advantages of living in an organized society, which could supply impartial judges to resolve disputes. And in 1787, James Madison wrote, “No man is allowed to be a judge in his own cause, because his interest would certainly bias his judgment, and, not improbably, corrupt his integrity.”

Commentators reacting to the Justice Department’s decision to establish an Anti-Weaponization Fund to settle the president’s claims against the IRS have drawn on these longstanding principles to criticize it, including how the DOJ, which is part of the executive branch controlled by Trump, negotiated with him to reach this settlement.

The conservative lawyer and activist Ed Whelan said, “There is a glaring conflict of interest with Trump being on both sides of the claim.” Whelan added, “It is outrageous that he and those answering to him would be deciding how the government responds to these extravagant claims.”

In testimony on May 19, 2026, before the Senate Appropriations Committee, Blanche offered a different view. He said the settlement fund was not unprecedented and likened it to a different fund, established by the Obama administration, to settle discrimination claims brought by Native American and Black farmers.

“It’s not limited to Republicans. It’s not limited to Democrats,” Blanche added. “It’s not limited to January 6th defendants. It’s limited only by the term weaponization.” Blanche promised that payments from the fund will be publicly disclosed.

Negotiating with himself

In April, Kathleen Williams, the Florida federal judge who was presiding over Trump’s lawsuit, reframed the moral issue of self-dealing as a legal one. She questioned whether the case could go on, noting “President Trump’s own remarks about this matter acknowledge the unique dynamic of this litigation.”

The remarks she referenced occurred when the president talked about the lawsuit and the prospect of negotiating with himself. “And they do say that, you know, it’s never been a case like this. Donald Trump sues the United States of America. Donald Trump becomes president, and now Donald Trump has to settle the suit.”

Williams, the judge, wrote that “it is unclear to this Court whether the Parties are sufficiently adverse to each other so as to satisfy Article III’s case or controversy requirement.” That requirement means that a court can only rule when there is a real dispute before it.

That rule is designed to prevent so-called collusive lawsuits, in which “the parties are not actually in disagreement but are cooperating” to achieve a result. Judge Williams was scheduled to hear arguments on that question on May 20, 2026. But the settlement announcement was made two days before, and, in light of it, she dismissed the case.

Back to Hobbes

Beyond the case and controversy question, the Justice Department’s actions may implicate constitutional issues.

One is whether, under the constitutional separation of powers, the executive branch has the authority to create a victim compensation fund, or whether that authority rests with Congress.

Another is whether the fund violates the Constitution’s Emoluments Clause, which prohibits the president from receiving any “Emolument from the United States” other than his salary.

While the new fund may not make direct payments to Trump, he may benefit from payments to family members, business associates and others who will claim to have been victimized by the Biden administration, including people prosecuted and convicted of crimes committed on Jan. 6.

Democratic Congressman Jamie Raskin, a former professor of constitutional law, also contends that what the Justice Department has done violates Section 4 of the 14th Amendment, part of which states: “neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States.”

Referring to the president, Raskin argues hypothetically, “So, to the extent that he wants to give a million dollars to each of 1,600 pardoned rioters and insurrectionists, we think that that’s an unconstitutional use of money.”

That section of the 14th Amendment was designed to ensure that Confederate rebels would not receive compensation for the value of their emancipated slaves. However, in Perry v. United States, a 1935 case, the Supreme Court stated that Section 4’s “language indicates a broader connotation” beyond its Civil War context.

It seems clear that courts will soon be asked to decide whether Raskin and other legal critics are right in their assertions of a host of legal problems with the Anti-Weaponization Fund. How they will do so remains to be seen.

But, in a democracy, deciding whether the creation of the fund violates the moral maxim that no one can be a judge in his or her own cause ultimately will be up to the people.

The Conversation

Austin Sarat does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. When a president settles his own lawsuit to create a fund for allies, fundamental questions about justice arise – https://theconversation.com/when-a-president-settles-his-own-lawsuit-to-create-a-fund-for-allies-fundamental-questions-about-justice-arise-283345

Le recul du télétravail accentue les inégalités d’accès pour les personnes ayant des incapacités

Source: The Conversation – in French – By Alexandra Lecours, Professeure titulaire, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

La question du retour au bureau, largement dans l’actualité ces temps-ci, se résume souvent à la gestion des horaires : par exemple, trois jours en présence, deux jours à distance. Mais pour certaines personnes, l’enjeu touche à la possibilité même de travailler.


Le télétravail n’a pas seulement offert de la flexibilité, il a aussi réduit des obstacles que le présentiel rendait incontournables. Quand une organisation ferme cette porte, elle ne revient pas à un état neutre. Elle réinstalle une norme qui avantage certains profils de personnes et en fragilise d’autres, notamment les personnes ayant des incapacités. Ces dernières forment une proportion importante de la population active, signe de la diversité de la main-d’œuvre canadienne.

Le recours plus étendu au télétravail dans les dernières années a modifié concrètement les conditions d’accès au travail pour certains groupes. Il a permis à des personnes ayant avec des incapacités de participer au travail en réduisant des contraintes du présentiel, comme le transport ou la rigidité d’horaire. Revenir à une norme de présence sans tenir compte de ces effets ne constitue pas un simple retour en arrière. Cela peut aussi signifier un recul par rapport à des formes d’inclusion qui s’étaient progressivement instaurées.

Les employeurs qui prônent le retour au présentiel invoquent l’efficacité collective, la créativité, la cohésion et le mentorat. Ces objectifs comptent, mais une règle identique ne convient pas à tous, puisque la présence obligatoire n’impose pas le même coût de participation selon les personnes.

Le présentiel ajoute des déplacements, des contraintes d’horaire et un environnement spécifique. La règle de présence devient une condition de participation au travail. Lorsqu’elle crée un désavantage lié à une incapacité, elle soulève un enjeu d’accès équitable et renvoie au devoir d’accommodement.




À lire aussi :
Emploi et handicap au Québec : un modèle à bout de souffle


Un risque de fragiliser l’accès au travail

En tant que professeure en ergothérapie à l’UQTR et chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, je m’intéresse depuis plus de quinze ans à la participation au travail des personnes ayant des incapacités. Mes travaux ont documenté comment le télétravail peut soutenir une participation durable, à condition d’un encadrement adéquat et de ressources appropriées. À partir de résultats d’études menées au cours des cinq dernières années, j’examine ici comment le retour massif au présentiel risque de fragiliser l’accès équitable au travail en transformant un levier d’accessibilité en exception précaire.

Le retour uniforme au bureau réaffirme une norme implicite : celle d’un travailleur mobile, disponible et stable sur le plan fonctionnel. Il impose des exigences qui semblent ordinaires, mais qui deviennent sélectives dans leurs effets.

Dans une étude portant sur le télétravail chez les personnes ayant des incapacités motrices et sensorielles, celles-ci expliquent que le travail en présence ajoute des contraintes qui diminuent leur capacité à travailler, même quand les tâches à effectuer restent les mêmes. Par exemple, le déplacement ressort comme contrainte majeure, surtout lorsque le transport adapté impose des délais, de l’attente et une planification lourde. Le télétravail permet de récupérer ce temps et de préserver l’énergie et la disponibilité.

Une autre étude, menée auprès de personnes souffrant de douleur chronique, abonde dans le même sens. Les personnes participantes rapportent que la flexibilité d’horaire et la possibilité d’organiser les pauses favorisent une expérience de travail plus soutenable. Elles décrivent la possibilité de changer de position, de s’étirer ou d’appliquer de la chaleur comme des stratégies plus faciles à intégrer à domicile.

Ces bénéfices n’éliminent pas les risques. Les personnes rencontrées évoquent l’isolement et la difficulté à maintenir des limites temporelles. Elles estiment néanmoins que le télétravail reste pertinent comme mesure d’accommodement lorsque l’organisation reconnaît ces risques et met en place des balises pour les prévenir.

Des problèmes liés à une gestion au cas par cas

La réaffirmation du présentiel comme norme modifie le statut du télétravail.

Dans une troisième étude, menée auprès de gestionnaires cette fois, les personnes participantes décrivent une gestion au cas par cas, où les décisions reposent sur des arbitrages entre bénéfices, fonctionnement de l’équipe et perceptions d’équité. Cette logique entraîne des pratiques différentes selon les équipes et selon les gestionnaires. Une personne peut obtenir un arrangement dans une équipe, mais pas dans une autre, ou le perdre lors d’un changement de gestionnaire. L’accès au télétravail devient alors moins prévisible.




À lire aussi :
Le télétravail, facteur clé dans la prévention de l’épuisement professionnel


Le cadre légal contribue aussi à cette logique. La jurisprudence récente rappelle que le télétravail ne constitue pas un droit systématique. Un employeur peut exiger la présence sur site lorsque les tâches le requièrent. Une décision québécoise a confirmé le refus d’un télétravail exclusif à long terme en retenant que la présence sur site demeurait essentielle aux fonctions et que cet accommodement pouvait constituer une contrainte excessive.

Dans les milieux de travail, cette lecture peut renforcer l’idée que le télétravail doit être démontré et documenté dans chaque situation, ce qui le place plus souvent du côté de l’exception que de la règle. Cette logique d’exception fait du télétravail une entente à négocier plutôt qu’une modalité organisée. Elle déplace l’enjeu vers le quotidien des équipes, où l’encadrement du gestionnaire devient déterminant.

Une revue portant sur des travailleurs ayant des enjeux de santé suggère que le télétravail s’associe le plus souvent à une diminution de l’absentéisme, tout en indiquant un risque de travailler en étant malade lorsque le cadre demeure insuffisant. Ce risque devient plus plausible lorsque l’accès dépend d’arrangements au cas par cas, car les règles restent floues et manquent de stabilité. Dans ce contexte, des gestionnaires rapportent un manque de ressources et des dilemmes éthiques lorsqu’ils arbitrent entre accommodement, équité, productivité et santé au travail. Ainsi, la précarité de l’accès et l’encadrement variable influencent concrètement la capacité de travailler des personnes ayant des incapacités et de le faire sans détériorer leur santé.


Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.


Un levier d’inclusion à considérer

Le retour au présentiel ne pose pas seulement une question d’organisation des bureaux. Il pose une question d’accès au travail. Quand l’accès au télétravail dépend d’exceptions, les employés deviennent vulnérables aux variations de contextes et aux changements de gestion.

Une organisation peut transformer le télétravail d’une exception fragile en levier d’inclusion durable en définissant des règles claires, stables et prévisibles qui garantissent un accès au travail possible, soutenable et équitable pour tous.

La Conversation Canada

Alexandra Lecours a reçu des financements du Fonds de recherche du Québec, du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et de l’Office des personnes handicapées du Québec.

ref. Le recul du télétravail accentue les inégalités d’accès pour les personnes ayant des incapacités – https://theconversation.com/le-recul-du-teletravail-accentue-les-inegalites-dacces-pour-les-personnes-ayant-des-incapacites-282528

Special courts helps veterans stay out of jail – but staffing losses at VA and cuts to government programs are threatening their work

Source: The Conversation – USA (3) – By Jamie Rowen, Associate Professor of Legal Studies and Political Science, UMass Amherst

Veterans from past wars and those returning from ongoing wars will need the country’s continued support. SDI Productions/E+ via Getty Images

Memorial Day is an apt time to reflect on the long-term consequences of war. Among them are substance use, mental health problems, homelessness and jail time for those who served in the military.

About 8% of all Americans in prisons or jails are veterans, according to the Council on Criminal Justice, a nonpartisan think tank. Veterans end up incarcerated largely because of substance use and mental health disorders, both of which also contribute to homelessness.

For more than 15 years, one tool for helping veterans break out of addiction has been Veterans Treatment Courts. These programs help veterans accused or convicted of crimes address the challenges driving their involvement in the criminal legal system.

Veterans Treatment Courts require a dedicated clinician and need to provide access to counseling, housing support and other social services to meet veterans’ needs. For this, they must have funding from the government. As a legal scholar studying the use of criminal law to aid veterans, my research shows that these programs, which exist in every state except Connecticut and Vermont, can be very effective. But they only work when they have the staffing and the resources to support veterans’ complex needs.

However, since 2025, massive staffing losses at the Department of Veteran Affairs as well as cuts to publicly funded healthcare such as Medicaid and Medicare, which are widely used by veterans, are making it harder for veterans to access healthcare.

What are Veterans Treatment Courts?

Veterans Treatment Courts are a subset of the drug treatment courts that were created by judges and criminal legal reformers beginning in 1988. These courts are an alternative to jail for people arrested or convicted for crimes that may be related to substance use disorders.

The idea was to allow courts to address the root causes of criminal behavior rather than simply punish people who committed crimes. Specialized treatment courts were soon developed to provide support for specific issues, such as mental health, or to groups accused of specific crimes, such as sex work.

Veterans treatment courts aim to help people address the underlying issues that lead them to commit crimes.

In 2008, a judge in Buffalo recognized that veterans in his drug treatment court would benefit from support from other veterans and the comprehensive services from the VA. So he launched a distinct program just for veterans that soon received national media attention. Veterans Treatment Courts now operate in over 745 courthouses.

Eligibility varies across courts, but typically requires that the person have served in the military and that the crime they committed is not considered so serious that it deserves incarceration. While these programs are funded through a variety of sources, such as local and state governments, the federal government offers tens of millions of dollars every year for local courthouses to set up Veterans Treatment Courts.

Veterans Treatment Courts have a variety of requirements for participants. Once admitted to the program, participants must attend a hearing where they talk to the judge about how they are doing. They must also take drug tests and attend therapy appointments. They may also have to show that they have stable housing and employment and that they have performed community service or engaged in other activities that indicate they are connected to their communities and therefore at lower risk for substance use or criminal behavior.

If participants meet program requirements, they graduate. Graduation usually means some sort of legal benefit, such as dropped charges and fines or the termination of probation.

Resources are key to success

Advocates suggest that Veterans Treatment Courts are more effective than jail or prison in preventing people from committing new crimes, and that treatment courts in general cost less than incarceration. But studies on whether they help veterans more than alternatives such as drug treatment courts or a regular criminal court have been inconclusive.

My research shows that treatment courts, in general, are most effective if they have dedicated staff and access to services to address substance use as well as housing insecurity. That level of support is exactly what the VA provides.

Veterans with VA benefits not only receive outpatient and inpatient substance use treatment, but they are able to access federally funded education and housing support unavailable to most U.S. citizens. Even Veterans Treatment Court participants who are ineligible for VA healthcare benefit from the unique levels of public support and state-funded programs for veterans in the U.S.

All this gives Veterans Treatment Courts the resources to help their participants more than other treatment courts or regular criminal courts can.

A person, visible torso down, walks through an economically stressed urban area, with a mural of an American flag behind them.
There’s a strong connection between veteran homelessness and incarceration.
Spencer Platt/Getty Images News

A program under threat

Recognizing the connection between veteran homelessness and incarceration, the federal government has put millions of dollars into the VA to help veterans in the criminal legal system. Congress annually authorizes tens of millions of dollars to support VA clinicians working in Veterans Treatment Courts. In January 2026, Congress even created a new center dedicated to this goal.

However, despite this support, cuts to healthcare that is delivered by VA providers, as well as to publicly funded healthcare such as Medicaid and Medicare, present numerous challenges for Veterans Treatment Courts. Tens of thousands of VA employees have left the agency since President Donald Trump took office. This has lead to staffing shortages that undermine care for all veterans.

Staff stability is especially important for these programs’ viability and success. My research shows that funding cuts lead to high turnover and low morale. When the Department of Health and Human Services sent a notice canceling US$2 billion worth of funding in January 2026, treatment courts were scrambling to figure out how they could staff their programs. Though this money was restored, the cancellation showed treatment court staff that their work could end without warning.

Given that the country’s criminal legal system is already overburdened, enabling Veterans Treatment Courts to do their vital work does more than help veterans. In my view, this program also models how comprehensive social services can help people struggling with substance use disorders, mental health problems, housing insecurity and other challenges.

As people recover from past wars and return from ongoing conflicts, they will need the country’s continued investment to reintegrate and thrive.

A previous version of this article incorrectly referred to funding cuts at the VA. It has been updated to specify the cuts were related to staffing and delivery of healthcare services.

The Conversation

Jamie Rowen receives funding from the National Science Foundation.

ref. Special courts helps veterans stay out of jail – but staffing losses at VA and cuts to government programs are threatening their work – https://theconversation.com/special-courts-helps-veterans-stay-out-of-jail-but-staffing-losses-at-va-and-cuts-to-government-programs-are-threatening-their-work-275742

Having a strong social network can help students deal with racial microaggressions

Source: The Conversation – Canada – By Irene Vitoroulis, Associate Professor, Developmental Psychology, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Many of us, at one time or another, have been in situations where something someone said or did felt offensive, hurtful or dismissive. These can be subtle, often unintentional, comments, questions or actions that suggest bias and negative assumptions about a person based on their identity.

Social scientists refer to them as microaggressions. They are called “micro” not because they have a small impact, but because they’re usually brief, subtle and occur during everyday interactions.

Racial microaggressions, specifically, are experiences of racism that take the form of slights, exclusions, assumptions and invalidation. Repeated over time, they can become a part of everyday social experiences.

Although racial microaggressions have been studied for decades, research is increasingly documenting how pervasive these experiences are in the daily lives of racialized young people and how they affect their mental health and well-being.

This is especially concerning for people in their late teens or early 20s. This time of life is marked by major social and academic transitions and increased vulnerability to mental health challenges.

In our recently published study, we surveyed over 1,300 students at a university in Ontario about racial microaggressions. We found that almost all of the racialized students experienced some kind of racial microaggressions.

Our study

University is a time of significant change in many people’s lives. For many, it might be the first time living away from their family home. It can also involve navigating changes in existing relationships and building new friendships and adjusting to new academic environments and demands while developing a sense of identity and belonging.

For racialized students, these transitions can also bring challenges and exposure to racial microaggressions and other forms of racism that can affect how safe and supported they feel.

University students are facing increased vulnerability to mental health difficulties, especially anxiety. Racial microaggressions can further exacerbate this burden for racialized students.

a young woman wearing a headscarf sitting at a table reading a book
University students are facing increased vulnerability to mental health difficulties, especially anxiety.
(Unsplash/Deddy Yoga Pratama)

In our study, participants completed a standard socio-demographic questionnaire where they could self-select their racial/ethnic identity, and responded to questions on mental health, racial microaggressions, and other constructs.

We also used an egocentric network approach that focuses on understanding the social networks of particular individuals. This allowed us to examine the different sources of support students received and how they function.

This approach provides a more fulsome understanding of social networks compared to more generalized self-reporting. Participants can indicate the socio-demographic characteristics of their friends, and the context and content of their interactions. For example, we asked participants questions such as: “Who helps you or gives you useful information when you need it?”

This kind of question gives us a nuanced understanding of network size and the richness that social relationships provide. It can inform interventions in mental health and well-being for all students, but in particular, racialized students and other marginalized populations.

All students completed the same questionnaires to describe full-sample patterns. However, our interpretation focused on racialized students because racial microaggressions are tied to broader histories and systems of racism, and do not have the same meaning or impact across groups.

Almost all racialized students in our study reported experiencing racial microaggressions, and they reported these experiences far more often than students who identified as white. The questionnaire assessed experiences such as being treated as though one does not belong, being assumed to be foreign, being treated as a second-class citizen or being subject to stereotypes about one’s racial or ethnic group.

These experiences were associated with poorer mental health outcomes. Students who reported more racial microaggressions also reported experiencing more depression, anxiety and loneliness.

Those who experienced one of these were more likely to experience the others as well. For example, more than 80 per cent of racialized students agreed with the statement: “Other people act as if all of the people of my race are alike.”

Social support matters

At the same time, our findings showed that social support matters. Having a larger and more supportive personal network was associated with lower levels of anxiety symptoms when racialized students experienced these microaggressions.

In particular, support that was emotional and relational appeared to matter most. When students said they had people who helped make them feel better, supported with problems at home or in whom they could confide, they felt less anxious in the face of racial microaggressions.

Students appeared less vulnerable when they had more people in their personal networks who offered emotional support, caring, self-validation and opportunities for intimate disclosure.

That was even more the case for the racialized students, who were more at risk of racial microaggressions. These findings align with the stress-buffering hypothesis: when students are dealing with racism, supportive ties may help buffer some of the negative impact.

Our findings suggest that social relationships are an important part of how students experience and cope with racial microaggressions. Supportive networks may help reduce the mental health risks associated with these experiences, especially for minoritized students who are more likely to encounter subtle forms of racism.

Universities also have an important role to play. They need to continue addressing racism at both systemic and interpersonal levels by strengthening culturally inclusive climates, institutional equity and restorative processes that recognize harm and promote repair.

This would also require addressing the interpersonal and institutional conditions that sustain them. Until then, any negative effects can be mitigated by supporting broad social networks, especially among minoritized youth.

What we still don’t know

The main drawback of our study is that our results are cross-sectional and based on a regionally limited sample. These data provide a snapshot of a slice of youth who experience racial microaggressions.

Therefore, we can’t make statements about the direction of these effects over time. It is possible that that social support reduces anxiety over time and that students’ mental health and prior experiences shape how they perceive, report and respond to everyday social interactions. More long-term research is needed to better understand these processes and their relations to each other.

It’s crucial to examine the trajectories of these processes over time and critically during the transition to university and later on in the workforce. These are periods when social networks change, support systems also change and exposure to new environments can increase vulnerability.

Strengthening students’ social environments, both on and off campus, may help racialized students cope with racial stressors and feel a stronger sense of belonging. Universities can support this by creating opportunities for meaningful connection, mentorship, peer connections, culturally responsive programming and community-building.

The Conversation

Irene Vitoroulis has received funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, the Canadian Institutes of Health Research and the University of Ottawa.

Jonathan B. Santo received funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada and Fonds Québécois de la Recherche Sur la Société et la Culture. Jonathan also served on the Publications committee of the International Society for the Study of Behavioral Development, whose outlet, the International Journal of Behavioral Development, published the research paper this article is based on.

ref. Having a strong social network can help students deal with racial microaggressions – https://theconversation.com/having-a-strong-social-network-can-help-students-deal-with-racial-microaggressions-278037

Accentism for profit? What Telus is getting wrong about accents

Source: The Conversation – Canada – By Molly Babel, Professor of Linguistics, University of British Columbia

Telus Digital, the global technology and digital services arm responsible for the telecommunication giant’s call centres, has recently deployed an “accent masking” artificial intelligence tool to change the way its offshore agents sound. The technology analyzes agents’ pronunciation in real time and reshapes their accents to more closely resemble generalized North American or British English speech patterns.

Linguistic profiling or accentism — stereotyping, treating someone unfairly or viewing them negatively based on their accent — can permeate aspects of our society in ways that have real-life consequences.

They can affect hiring decisions, outcomes of legal proceedings, assumptions about the crimes one might commit, assessments in education and access to housing.

Telus appears to be taking advantage of incredible technological advances in signal processing and resynthesis to reproduce an ugly aspect of human behaviour.

As language scholars we believe it is demeaning, manipulative and wrong. And, if we swap in nearly any other social characteristic, it would be discrimination. In order to see racism, we need to see race. So imagine a filter on glasses that changes people’s skin tone, for example, homogenizing our ethnic and racial identities.

There are several strands of evidence that indicate the accentism Telus is practising is not in the best interest of the call centre agents or Canadian consumers.

Some accents are harder

Our discriminatory tastes in speech start early. Children prefer playmates who share their accent, even in linguistically rich cities like Toronto. The credibility and trustworthiness adults attribute to individuals and voice-AI assistants vary with the accent.

Telus says it’s implementing an accent manipulation AI tool because some Telus customers have expressed difficulty in understanding “heavy foreign accents.” This is a leap in logic.

Researchers have known for decades that the perception of accent strength is not well-correlated with how well that voice can be understood. In the case of call centres in India or the Philippines, call agents may be first-language speakers of English, albeit a different variety than Canadian English.

As of yet, there is no public indication that this tech is being used on agents who speak English with a French Québécois accent or a Newfoundland one or a Cape Briton lilt. It’s also worth noting that everyone has an accent; unaccented speech is a myth. An accent is simply a way of speaking that is distinctive to a specific group. If this is genuinely about comprehension, then why would it apply to some accents and not others?

In any instance where we experience difficulty in understanding someone, it is always beneficial to pause and reflect on whether it is a “them problem” or a “me problem.” If there are others who find an accent comprehensible, it is most likely a “me problem.”

The cost of accent manipulation

Any human interaction is a two-way street, and the success of that communication comes, in large part, from an implicit collaborative building of understanding — an establishment of a common ground.

When Canadian customers are being duped about who they are talking to — even when this duping is, according to Telus, “to bridge communication gaps and deliver crystal-clear voice experiences” — a cornerstone of that communicative collaboration is removed, leaving an increased opportunity for misunderstanding.

Call centres often already have policies about “regulating identity” of their agents, including strict policies around accents, requirements that agents change their names to something more western-sounding or requirements that agents go through accent modification training.

These requirements can lead to workplace anxiety and stress, affecting the quality of the interaction between the consumer and agent.

Interestingly, call centre agents have already observed that if customers identify the accent as being fake or not genuine — when words and structures being used don’t match the accent — customer relations worsen, and customers become abusive.

What this means is that this “accent softening,” when identified as fake or if leading a customer to assume they are not speaking to a real person, may lead to more frustration by customers and worse treatment of call centre agents.

Exposure to diverse accents

Some might argue that it’s natural to have an easier time understanding someone whose accent is closely aligned with your own. This is true, but this benefit does not come on its own; it is a function of having more experience with an accent.

Think about it this way. There are probably people in your life that you find very easy to understand, like a spouse, family member or close friend. Indeed, that immense familiarity you have with a spouse’s voice makes it both easier to attend to and ignore your loved one. It doesn’t matter if their accent is the same as yours; it’s the experience that matters.

Experience renders both voices and accents more comprehensible. Diverse listening experiences can also make us better listeners, facilitating understanding of a wider range of accents. This is to say, as a listener, you stand to gain from exposing yourself to new voices and accents.

AI technology that can modify specific features of an acoustic speech signal while preserving the speaker’s individual identity is cool science. AI can be an incredibly useful tool, but also comes with a human responsibility. Responsible and human-centric approaches to AI should seek to limit harm.

In this case, the “accent softening” of Telus call centre agents is discriminatory to the agents. It’s also a morally dubious misrepresentation of identity to Canadian consumers that disrupts the natural and productive friction that comes with human interaction.

The Conversation

Molly Babel receives research funding from the Natural Sciences and Engineering Council of Canada (NSERC) and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).

Amanda Cardoso receives research funding from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).

ref. Accentism for profit? What Telus is getting wrong about accents – https://theconversation.com/accentism-for-profit-what-telus-is-getting-wrong-about-accents-282560

IA et décentralisation des centres de commandement : les vraies révolutions de la guerre en Iran

Source: The Conversation – in French – By Pierre Firode, Professeur agrégé de géographie, membre du laboratoire Médiations (Sorbonne Université), Sorbonne Université; Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay

Les contenus fabriqués par des spécialistes iraniens et massivement partagés sur Internet, comme celui-ci, contribuent à éroder le discours des dirigeants états-uniens qui, de plus, peinent à comprendre comment fonctionne l’État iranien et, notamment, qui décide des tirs visant les navires dans le détroit d’Ormuz et les pays du Golfe.
Capture d’écran/X

La République islamique d’Iran ne se contente plus de la guerre asymétrique classique fondée sur l’emploi massif des drones ou le blocage de la voie maritime qu’elle contrôle : elle innove surtout par l’usage massif de l’IA dans sa propagande et par une organisation décentralisée de son pouvoir militaire et diplomatique. Cette stratégie permet au régime iranien de résister durablement à la pression états-unienne tout en exploitant les fragilités politiques et médiatiques des démocraties occidentales.


L’étonnante résilience de la République islamique d’Iran (RII) est souvent présentée comme le résultat d’un art de la guerre asymétrique que le régime de Téhéran déploie avec une redoutable efficacité. Dans le contexte actuel, le temps joue en sa faveur : le coût économique lié à la hausse du prix du pétrole et les dégâts politiques causés à l’administration Trump s’accroissent de semaine en semaine, sapant complètement le soutien populaire à la guerre aux États-Unis, y compris au sein de la sphère MAGA.

Pour tenir dans la durée, l’Iran s’appuie sur un arsenal d’armes asymétriques, dont le drone Shahed et les vedettes lance-missiles sont devenus les emblèmes. Produits en masse, ces armements lui permettent de maintenir un état d’insécurité permanent sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz ainsi que sur le territoire des monarchies du Golfe. Cette prise en otage de l’économie mondiale et des États voisins, y compris ceux qui affichent leur neutralité, comme Oman ou le Qatar, pourrait d’ailleurs devenir la nouvelle arme de dissuasion d’un régime des mollahs privé d’arme nucléaire.

Néanmoins, cette approche abondamment relayée dans la presse ne pointe pas du doigt ce qui, dans la stratégie iranienne, constitue une véritable révolution : l’utilisation massive des drones, la stratégie du temps long ainsi que la désorganisation des flux maritimes internationaux ne sont pas des nouveautés et pouvaient facilement être anticipées, au vu des attaques menées par les houthistes en mer Rouge au cours des dernières années ou encore de l’utilisation massive de drones low cost en contexte asymétrique, déjà observée dans la guerre contre Daech ou à Gaza (ou dans des conflits plus conventionnels comme en Ukraine).

Analyser en détail cet arsenal asymétrique s’impose comme une évidence, mais laisse de côté la vraie révolution que constitue l’utilisation par l’Iran d’outils beaucoup plus récents, comme l’IA, ou la mise en place d’une défense en « mosaïque », décentralisée à un niveau jusque-là inégalé. Au-delà des armes classiques du faible en contexte asymétrique, quels sont les véritables outils stratégiques novateurs utilisés par l’Iran ?

L’IA, nouvelle arme au service d’une guérilla informationnelle

L’idée que l’issue d’une guerre asymétrique se joue dans la sphère informationnelle plus que sur le terrain strictement militaire n’est pas nouvelle : elle a d’ailleurs fait l’objet d’une réflexion active des théoriciens d’Al-Qaida comme Ayman Al-Zawahiri. Là où le régime des mollahs innove, ce n’est pas tant dans les objectifs de la guerre informationnelle, c’est-à-dire la mobilisation des opinions publiques contre l’effort de guerre américain, que dans l’utilisation de nouveaux outils pour développer sa propagande.

À ce titre, il est significatif de s’attarder sur l’utilisation croissante par la RII de l’IA dans l’offensive médiatique qu’elle déploie à destination des opinions publiques occidentales. L’IA permet de produire des vidéos de propagande de façon massive : économiques, faciles à réaliser en grand nombre, les vidéos de propagande iraniennes, comme celles qui mobilisent l’univers des Lego, inondent la toile. Ce qui frappe le plus dans ces vidéos réalisées pour le public occidental, c’est certainement leur capacité à saturer l’espace médiatique et à se disséminer sur les réseaux en échappant à toute forme de contrôle des plateformes sur lesquelles elles se diffusent. Par leur format ludique semblable à un dessin animé, ces vidéos échappent à la censure qui existe sur YouTube ou Instagram, qui interdisent les contenus à caractère violent ou montrant la réalité de la guerre.




À lire aussi :
L’IA, les Lego et le rap : les nouvelles armes de l’Iran face à Trump et Nétanyahou


Ici, Téhéran développe une stratégie contraire à celle des groupes terroristes tels que le Hamas ou Al-Qaida. Ceux-ci choisissent de poster des vidéos centrées sur l’expérience de la violence, qui montrent la guerre de façon crue, afin de donner une résonance médiatique à leur combat, quitte à délaisser les plateformes qui censurent ce type de contenu comme YouTube ou Instagram, au profit de réseaux où la censure est nettement moins prégnante, comme X ou Telegram.

De ce fait, les groupes djihadistes disposent d’une certaine liberté, mais limitent l’audience de leur propagande à une niche d’utilisateurs qui suivent les comptes X ou les boucles Telegram qui publient des contenus violents. À l’inverse, Téhéran s’emploie à élargir l’audience de ses vidéos de propagande en investissant massivement les plateformes où la censure est active, comme Instagram ou YouTube, avec des contenus destinés à devenir viraux.

Même si les comptes assimilés à la RII, comme Explosive Media, sont progressivement bloqués par Instagram et YouTube, les vidéos de propagande iranienne, parce qu’elles se présentent comme des dessins animés où la violence n’est que suggérée, franchissent la barrière initiale de la censure et sont alors abondamment partagées par des internautes partout dans le monde, ce qui rend vaine toute entreprise visant à les censurer. Téhéran met ainsi en pratique les principes de la saturation des défenses ennemies et de la dissémination de la menace chers aux stratégies asymétriques, mais les applique à la sphère numérique.

Pour ce faire, Téhéran utilise l’IA comme un outil de guérilla qui sature les défenses informationnelles des démocraties et capitalise sur le discrédit des médias traditionnels dans des sociétés occidentales de plus en plus soucieuses de s’informer sur les réseaux sociaux plutôt qu’auprès des médias classiques.

Le principe de la défense mosaïque poussé à son paroxysme

En plus d’investir la sphère informationnelle ennemie, Téhéran se montre aussi capable, grâce à son nouvel art de la guerre asymétrique, de mieux résister davantage en interne à l’offensive américano-israélienne. Pour ce faire, le régime met en pratique une stratégie de décentralisation du pouvoir, afin de maintenir l’effort de guerre des différentes provinces de l’Iran même lorsque des personnalités de haut rang du régime sont éliminées.

Cette stratégie n’est pas nouvelle et rappelle celle des groupes terroristes qui privilégient une organisation en cellules assez autonomes comme les émirats de l’État islamique en Syrie et en Irak, qui disposaient de leur propre état-major et de réserves de combattants, d’armes et de munitions associées. Ce qui procède chez les Iraniens d’un nouvel art de la guerre asymétrique n’est pas tant cet effort de décentralisation du commandement militaire mais plutôt l’extension de ce principe à la sphère diplomatique.

Plus qu’une dispersion classique des capacités miliaires, Téhéran a, semble-t-il, délégué le dialogue – et la guerre – avec les puissances régionales à des chefs locaux issus des pasdarans, dotés d’une véritable autonomie comme le montrent les frappes dirigées sur des pays pourtant partenaires de Téhéran, comme Oman, au moyen de drones tirés depuis les provinces de Bouchehr et d’Homozgan.

On peut légitimement émettre l’hypothèse que ces attaques s’apparentent à des initiatives locales, tant elles s’opposent aux efforts diplomatiques de rapprochement de Téhéran avec Oman et à la nécessité, pour l’Iran, de disposer de partenaires diplomatiques régionaux et, surtout, de débouchés pour placer les revenus dégagés par la vente du pétrole.

L’attaque contre un bateau appartenant à un armateur coréen, le HMM Namu, le 4 mai 2026, pourrait elle aussi s’apparenter à une initiative locale puisque l’intérêt de la République islamique consiste bien plus à rançonner le passage du détroit plutôt qu’à l’empêcher purement et simplement. L’attaque de navires procède donc probablement d’initiatives locales illustrant une stratégie de dissémination complète des fonctions traditionnellement monopolisées par l’État central comme la diplomatie.

Cette méthode pourrait relever d’un choix conscient des dirigeants de la RII afin de saborder la stratégie américaine consistant à mettre sous pression l’État iranien par le blocus de ses exportations pétrolières. Pour être efficace, la stratégie de Washington suppose l’existence d’un homologue iranien afin de le contraindre à négocier par l’asphyxie économique. Or, cette stratégie perd toute efficience si chaque province iranienne poursuit une politique décidée à l’échelle locale indépendamment des choix effectués par les leaders de l’État, comme le président de la République Massoud Pezeshkian ou le président de l’Assemblée Mohamed Ghalibaf.

À cet égard, il est intéressant de souligner les interventions dans lesquelles Donald Trump constate la difficulté de négocier et d’obtenir un deal avec un pays dont il est compliqué d’identifier les dirigeants réels et où l’échelle à laquelle se prennent les décisions devient de plus en plus obscure. Qu’il s’agisse d’une stratégie consciente de la part de la RII ou du résultat de l’élimination de ses chefs, cette dissémination iranienne de l’initiative diplomatique rend caduque l’approche de Trump, dont la négociation avec l’Iran prend alors la forme d’un monologue stérile obligeant le président américain à la surenchère pour ne pas perdre la face vis-à-vis de son opinion.

Plier sans rompre

Ainsi, si Téhéran a bel et bien renouvelé, voire révolutionné, la guerre asymétrique, ce n’est pas tant par l’utilisation massive des drones ou par la volonté de faire durer une guerre pour laquelle les démocraties comme les États-Unis ne sont pas préparées, mais plutôt par l’échelle à laquelle les décisions d’utiliser ces armes sont prises. Plus qu’une décision verticale émanant de Téhéran, les frappes sporadiques de drones ou les attaques sur des navires circulant dans le détroit d’Ormuz révèlent que les pasdarans disposent, dans les provinces de l’Iran, d’une autonomie décisionnelle non seulement militaire et stratégique, mais aussi diplomatique.

Dans ce contexte, il semble vain de vouloir faire plier l’Iran et l’obliger à « capituler » comme l’affirme Trump. Capable de plier sans rompre, le régime iranien a également révolutionné les vecteurs de diffusion de sa propagande en utilisant massivement l’IA et en investissant de nouvelles plateformes, déclinant l’art de la guérilla dans le champ numérique et informationnel. Ici, la RII profite d’une tendance de fond des sociétés occidentale : s’informer sur les réseaux au détriment des médias traditionnels, tendance renforcée par le trumpisme. Une fois encore, la République islamique utilise contre l’administration Trump une rhétorique que cette dernière a elle-même popularisée, illustrant combien l’affaiblissement intérieur des institutions démocratiques états-uniennes par l’actuel locataire de la Maison-Blanche favorise ses pires ennemis sur la scène internationale.

The Conversation

Pierre Firode ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. IA et décentralisation des centres de commandement : les vraies révolutions de la guerre en Iran – https://theconversation.com/ia-et-decentralisation-des-centres-de-commandement-les-vraies-revolutions-de-la-guerre-en-iran-282761