Ya podemos personalizar la dosis de ejercicio físico midiendo el tiempo entre dos latidos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By María Carrasco-Poyatos, Profesora Titular de Universidad, Universidad de Almería

Taras Grebinets/Shutterstock

¿Es el ejercicio físico un fármaco más? Si no lo es, al menos ha ganado fama últimamente dentro del mundo de la salud por sus múltiples beneficios. Más allá de mejorar el aspecto físico, ejercitarnos ayuda a reducir el dolor y mejora la calidad del sueño, el estado de ánimo y la calidad de vida.

Lo extraordinario es que sus beneficios se perciben incluso entrenando muy poco. Cualquier movimiento es mejor que el sedentarismo. Sin embargo, para que el ejercicio tenga un efecto significativo es necesario aplicar una dosis adecuada en tipo, intensidad, frecuencia y progresión. Sin olvidar que los programas deben ser individualizados.

La dificultad de ajustar la “dosis” de ejercicio a cada persona

Se sabe que un entrenamiento estandarizado provoca efectos diferentes en cada individuo. Es decir, si un grupo de personas se reúne para hacer el mismo entrenamiento, incluso teniendo características comunes, no todas obtendrán el mismo beneficio de la sesión. Esto, si estamos sanos, no tiene más importancia porque normalmente no genera efectos adversos. Pero cuando se trata de pacientes con enfermedades, hay que tenerlo muy en cuenta.

Además, todos hemos notado que cada día no es igual que el anterior, es decir, que no nos sentimos siempre de la misma manera. Nuestro estilo de vida, el manejo del estrés, la edad, el género o la ratio trabajo/descanso van a condicionar nuestro estado psicofisiológico diario, lo que hace más compleja si cabe la individualización del entrenamiento.

Igual que un médico ajusta la dosis del fármaco para que produzca el efecto deseado en el paciente, se debería adaptar la dosis del ejercicio físico a cada persona para conseguir la mejora fisiológica deseada. Pero ¿cómo sabemos cuál es la dosis exacta? O dicho de otro modo, ¿cómo se individualiza el entrenamiento?

Este fue el punto de partida de la nueva línea de investigación que iniciamos en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Almería, dentro del grupo de investigación HUM628, destinada a generar avances sobre la adaptación de la cantidad de ejercicio físico a cada persona, y en la que venimos trabajando desde 2018. Se trata del entrenamiento basado en la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV, por sus siglas en inglés).

Un paso más cerca de la individualización

La HRV se define como el tiempo que transcurre entre dos latidos consecutivos. Refleja el estado del sistema nervioso autónomo, que se encarga de controlar las respuestas involuntarias del organismo para mantener un estado de equilibrio. Este sistema está por la rama simpática, que se activa en situaciones de estrés y alerta, y la parasimpática, responsable de la relajación y la recuperación. El equilibrio simpático/parasimpático es clave para que nuestro organismo siga funcionando correctamente y afronte de manera adecuada las cargas del entrenamiento.

Se ha comprobado que, en estado de reposo, valores altos de HRV coinciden con la activación del parasimpático, mientras que valores bajos se asocian a una predominancia del simpático. Con esta idea, el valor de HRV antes de entrenar nos indicará cómo de preparado está el organismo para realizar un estímulo de alta intensidad (HRV alto) o si, por el contrario, debemos elegir un entreno de baja intensidad ese día (HRV bajo).

Los estudios realizados hasta el momento han encontrado resultados satisfactorios en cuanto al ajuste de las cargas, puntualizando que, efectivamente, el estado de preparación fisiológica se ve reflejado en los valores de HRV, y que adaptar la intensidad del entrenamiento al estado fisiológico no repercute negativamente en la mejora del rendimiento.

Concretamente, en nuestros estudios en pacientes con patologías cardiovasculares vimos que el entrenamiento basado en HRV mejora la composición corporal, la capacidad funcional, la calidad de vida y las variables cardiorrespiratorias por encima de un plan estandarizado, con menor volumen de entrenamiento a alta intensidad. En resumen, usar el HRV genera más beneficios con menos minutos de entrenamiento a alta intensidad, optimizando la dosis de entrenamiento y aportando calidad.

En este sentido, tener en cuenta cómo varía la frecuencia cardíaca se convierte en un dato muy útil para ayudarnos a individualizar el entrenamiento de forma diaria. Además, hoy en día la HRV puede registrarse de forma sencilla e instantánea con instrumentos como pulsómetros con banda pectoral, pulsómetros con medición en la muñeca dispositivos que se sitúan en el pecho, anillos inteligentes o aplicaciones de dispositivos móviles, como HRV4Training o Welltory.

Consejos prácticos para personalizar el entrenamiento

Quien desee personalizar su entrenamiento por sí mismo puede seguir las siguientes recomendaciones:

  1. Medir su HRV para conocer su estado de recuperación y adaptar el entreno a sus necesidades.

  2. Escuchar su cuerpo, completando esta valoración con sus propias sensaciones.

  3. Entrenar sin prisa, centrándose en progresar adecuadamente.

  4. Consultar a un profesional, sobre todo si padece una enfermedad crónica.

  5. Priorizar la recuperación, recordando que es tan importante como el entrenamiento en sí. Conviene incluir días de descanso en la rutina, especialmente si el HRV se encuentra bajo.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. Ya podemos personalizar la dosis de ejercicio físico midiendo el tiempo entre dos latidos – https://theconversation.com/ya-podemos-personalizar-la-dosis-de-ejercicio-fisico-midiendo-el-tiempo-entre-dos-latidos-264404

El cierre de un vertedero amenaza la supervivencia de migrantes en República Dominicana

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Raúl Zecca Castel, Investigador postdoctoral en Antropologia Cultural y Social, University of Milano-Bicocca

República Dominicana quiere eliminar los vertederos a cielo abierto para modernizar su sistema de residuos. Pero ¿qué pasaría entonces con las más de 12 000 personas, muchas de ellas migrantes haitianos sin papeles, que dependen de la basura para sobrevivir?

A las ocho de la mañana, el vertedero de San Pedro de Macorís, municipio situado en el este, despierta cubierto de humo. No hay cercas, ni árboles, ni sombra. Solo montañas de residuos humeantes que se mezclan con el calor del trópico. Decenas de personas caminan sobre la basura con sacos al hombro y botas de goma gastadas. Buscan latas, cobre, cartón, plástico, telas e incluso restos de comida. Buscan lo que nadie más quiere.

Entre ellos está Kiko, que trabaja allí desde niño. Tiene 30 años y conoce el lugar como si fuera su casa:

“Mi madre siempre iba al vertedero. Yo la suplicaba que me llevara con ella. La primera vez que fui debía tener ocho años. Para mí era como un juego, como un parque de diversiones… y, mientras tanto, el tiempo pasaba. Así me convertí también yo en buzo, sin querer serlo, pero lo soy, porque estoy con ellos y hago su vida”.

Hoy, como muchos otros, Kiko teme que ese mundo desaparezca. Un mundo invisible, pero vital, del que dependen más de 12 000 personas en toda la República Dominicana. Son los “buzos”, como se conoce localmente a quienes rebuscan entre los residuos para recuperar y vender materiales reciclables.

Muchos de ellos son haitianos sin documentos o hijos de haitianos nacidos en los bateyes, los antiguos asentamientos cañeros que hoy sobreviven como comunidades empobrecidas, resultado de una economía en decadencia, que ha cedido el paso al sector servicios y, sobre todo, al turismo.




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Una ley necesaria, una amenaza inesperada

El turismo bate récords en la República Dominicana: más de 11 millones de visitantes en 2024, una cifra histórica que impulsa el consumo y, con él, la generación de residuos.

Pero ¿a dónde va toda esa basura?

Cada año se generan más de siete millones de toneladas de residuos sólidos en el país. Solo el 7 % se recicla. El resto acaba, en su mayoría, en vertederos a cielo abierto: hay 358 en todo el país, muchos de ellos sin control sanitario ni ambiental. No es casual que el país ocupe la 165. ª posición en el índice mundial de gestión de residuos.

Frente a este escenario, en 2020 el Congreso aprobó la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), cuyo objetivo es transformar por completo el sistema nacional de residuos. Entre sus medidas más ambiciosas destaca el cierre progresivo de al menos 30 vertederos a cielo abierto como parte de una transición hacia una economía más limpia y formalizada.

La medida, en principio, parece necesaria. Pero tiene un lado oscuro: no contempla mecanismos efectivos para integrar a los recicladores informales –los buzos– que viven y trabajan en estos espacios. Tampoco reconoce el peso social y económico que estas redes informales representan para miles de personas.

Sin medidas de inclusión claras, el cierre de los vertederos podría dejar a miles de personas fuera del sistema, sin ingresos, sin recursos y sin alternativas reales para sobrevivir.




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Kiko, de 30 años, recoge y vende metales reciclables que las industrias locales transforman en nuevas materias primas, impulsando la economía circular.
Raúl Zecca Castel

Vivir al margen, pero con dignidad

La vida en el vertedero es dura. Kiko lo sabe:

“Trabajar aquí es muy riesgoso. Cuando metes las manos en un saco te puedes pinchar con una jeringa o cortar con un vidrio. Te viene náusea, vomitas. A veces no resistes por las moscas. He visto muchas cosas feas, realmente… Aquí hemos encontrado bebés recién nacidos, muertos, tirados entre la basura. También personas asesinadas, quemadas, abandonadas”.

Y aun así, Kiko prefiere estar allí. Porque, como confiesa, a pesar de todo, en ese lugar que otros evitan, él ha encontrado una forma de vivir –y de ser– que no cambiaría por nada.

“A mí me gusta trabajar en el vertedero. No te voy a decir que no, porque yo crecí allí, siento que pertenezco a ese lugar. A muchos les dará asco, pero yo nací y crecí ahí: nada me molesta. Prefiero mil veces trabajar aquí que cortar caña. Aquí en un día puedes ganar lo que allá ni en una semana. Y estás solo. Nadie te manda. Aquí no hay jefes. Nadie te dice qué hacer ni cuánto trabajar. Eres tú tu propio jefe.”

Más que un basurero, el vertedero es para muchos un espacio de libertad. Una autonomía precaria, sí, pero real. Porque ese lugar lleno de riesgos, desechos y silencio también les ofrece algo que fuera nunca tuvieron: libertad, respeto, sentido de pertenencia.

Lo confirma Altagracia, una mujer de 48 años que antes sembraba caña y hoy recolecta ropa usada para revenderla en los bateyes:

“Aquí hay respeto. En el vertedero somos todos iguales. Si tú te respetas, los demás también te respetan. Eso me gusta. Aquí me siento en familia”.

Altagracia, de 48 años, madre de cuatro hijos, trabaja en el vertedero recuperando ropa usada para venderla en los bateyes de la provincia, alcanzando así su independencia económica.
Raúl Zecca Castel

También Nairobi, de 24 años, encontró en el vertedero algo que nunca imaginó: el amor. Llegó allí después de abandonar la venta de comida en las plantaciones de caña, un trabajo que no daba para vivir, donde “la gente compraba a crédito y después no podía pagarme”. Ahora lleva tres años reciclando plástico y cartón.

Su pareja, que ya no puede trabajar tras sufrir una agresión, se encarga del niño mientras ella gana el sustento diario bajo el sol. Él lo cuenta con una sonrisa tranquila, como si aún no se lo creyera del todo:

“Discutíamos mucho nosotros, pero ya tú sabes, hablando y hablando, al final nos enamoramos. Son cosas que pasan… Y míranos ahora: vivimos juntos desde hace un año y tenemos un hijo.”

En el vertedero, entre residuos y abandono, también se construyen hogares, afectos y proyectos. Allí, miles de personas –invisibles para el sistema– encuentran nuevas formas de vivir, resistir, reinventarse. Pero esa frágil red de autonomía y dignidad descansa sobre cimientos inestables: la falta de papeles, la discriminación estructural y el riesgo constante de ser expulsados.

Nairobi, de 24 años, mantiene a su marido discapacitado y a su hijo de un año recolectando plástico y cartón, materiales menos pesados que el vidrio y menos peligrosos que los metales, pero también por eso menos rentables.
Raúl Zecca Castel



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El precio de la informalidad

“Hay mucha gente como yo que no tiene documentos. Yo no pude ir a la escuela por la falta de documentos. Y sin documentos no puedes hacer nada”, explica Kiko. Su caso no es único.

Según el Movimiento Nacional de Recicladores de la República Dominicana, entre el 60 % y el 70 % de quienes trabajan en los vertederos no tienen regularización migratoria. Por eso, no pueden ser integrados como “prestadores de servicios” en el nuevo sistema de gestión de residuos propuesto por la Ley 225-20. Son trabajadores informales, pero también ciudadanos invisibles, excluidos de todo derecho.

A esto se suma un fenómeno aún más alarmante. En los últimos seis meses, más de 180 000 haitianos han sido repatriados por las autoridades dominicanas, en medio de una creciente ola de xenofobia y tensiones binacionales.

La Ley 225-20 busca modernizar el país, hacer más limpia la economía del reciclaje. Pero si no se abordan las barreras estructurales –la falta de documentos, la discriminación, el estatus migratorio– el cierre de los vertederos no será una victoria ambiental, sino una condena social para miles.

Nairobi gana el equivalente a cuatro euros al día. Como reconoce:

“No quiero que mi hijo tenga que trabajar aquí. Quiero que estudie y decida él que quiere hacer. Pero ahora… sin documentos no hay otra”.

Kiko canta, escribe canciones, sueña con escenarios:

“Tal vez llegue el día en que me vuelva famoso. Nadie sabe si seguiré aquí. Hoy sí, mañana quizás. Pero quién sabe lo que pueda pasar”.

Cerrar un vertedero sin abrir alternativas reales no es progreso. Es desechar también a quienes viven entre residuos, pero luchan –cada día– por su dignidad. Como Kiko. Como Nairobi.

The Conversation

Raúl Zecca Castel no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. El cierre de un vertedero amenaza la supervivencia de migrantes en República Dominicana – https://theconversation.com/el-cierre-de-un-vertedero-amenaza-la-supervivencia-de-migrantes-en-republica-dominicana-265179

El impuesto del 100% a la compra de vivienda por no residentes en la UE chocaría con la Constitución y el derecho comunitario

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Paloma García Córdoba, Profesora lectora en los Estudios de Derecho y Ciencia Política, UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Construcción de viviendas en Arona (Tenerife, España). Thierry Hebbelinck/Shutterstock

Cerca del 14 % de las compraventas inmobiliarias en España fueron realizadas en 2024 por extranjeros. Y más de la mitad de esas operaciones (el 52 %) fueron efectuadas por ciudadanos no comunitarios.

Por otra parte, también en 2024, el mercado del alquiler mostró mayores niveles de tensión: hay 96 512 viviendas menos en el mercado y, por cada una que se ofertó, se interesaron 124 familias en los primeros 10 días que estuvo en el mercado (en 2023 eran 45). Respecto al precio, se produjo una subida interanual del 11,2 %, por lo que el precio medio de la vivienda de alquiler es de 1 118 €.

Además, el Barómetro de septiembre de 2025 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que, para el 14,8 % de las personas que viven en España, la vivienda es el primer problema social del país.

Un gravamen del 100 %

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley “para impulsar el alquiler de
viviendas a precios asequibles”. Entre el paquete de medidas propuestas está el Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a No Residentes en la Unión Europea, que aplica un gravamen del 100 % a la compraventa de inmuebles por parte de no residentes en la UE.

La iniciativa, admitida a trámite a finales de mayo de 2025, tiene como objetivo desincentivar la compra de vivienda por parte de estos compradores, para los que la vivienda suele funcionar como un bien de inversión.




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Dicho tributo se aplicaría a la compra de viviendas de segunda mano cuando el comprador no resida en la UE (la compra de vivienda nueva ya está sujeta al pago de IVA). El Estado sería el encargado de gestionar, recaudar e inspeccionar el impuesto, sin intervención de las comunidades autónomas.

Un desafío jurídico

Esta proposición plantea posibles fricciones a nivel jurídico, tanto desde una óptica constitucional como en materia de derecho comunitario.

Por una parte, está la posible inconstitucionalidad del tributo. Un gravamen del 100 % podría considerarse confiscatorio y resultaría contrario a la prohibición de confiscatoriedad contemplada en el artículo 31.1 de la Constitución española:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Además, a nivel europeo, el impuesto podría vulnerar el principio de libre circulación de capitales recogido en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE:

“Quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”.

En este caso, el término “terceros países” equivaldría a “no residentes en la UE”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aceptado excepciones a este principio sólo cuando estén debidamente justificadas por razones imperiosas de interés general, que “permiten a los poderes públicos españoles limitar el acceso o ejercicio de una actividad económica”.

No obstante, ya ha considerado discriminatorio, por ejemplo, el trato que se le brindaba a los no residentes en la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

“El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las
donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste”.

Además, en el ámbito de los derechos humanos, el derecho de propiedad está protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CDEH) a través del Primer Protocolo Adicional, que incluye una referencia a la legislación fiscal:

“Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional. Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho
que tienen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas”.

De hecho, la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige un equilibrio entre el interés general y la protección de la propiedad privada. En este caso, un impuesto del 100 % podría ser visto como una carga excesiva, susceptible de vulnerar el derecho de propiedad protegido por el CDEH.

Experiencias a nivel internacional

A nivel internacional, existen diferentes precedentes de regulación de compra de propiedades por parte de extranjeros. Canadá utiliza un modelo combinado: la provincia de Ontario aplica una medida tributaria, el Impuesto a la Especulación para No Residentes, que grava la compra de inmuebles con un tipo impositivo del 25 %. Esta medida provincial se complementa con la Ley de Prohibición de Compra de Propiedades Residenciales por No Canadienses, una restricción directa a nivel federal.

Dinamarca opta exclusivamente por restricciones legales directas a la compra, sin recurrir a impuestos. Esta medida está específicamente autorizada la Unión Europea y le permite mantener su legislación, que restringe la adquisición de segundas residencias por parte de no residentes.

Tales experiencias demuestran que es viable adoptar diversas clases de medidas, cuya efectividad depende, en gran parte, de su adecuado diseño, su proporcionalidad y del estricto respeto al derecho de la UE.

¿Solución efectiva o riesgo innecesario?

Aunque la medida propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista responde a una necesidad urgente, el enfoque elegido podría ser excesivo y cuestionable desde un punto de vista jurídico por su posible inconstitucionalidad e incompatibilidad con el derecho de la UE.

Asimismo, cabe preguntarse si esta medida es adecuada para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles.

En todo caso, si la proposición avanza, será imprescindible una técnica legislativa rigurosa, que evite potenciales litigios y respete los principios fundamentales del ordenamiento español y europeo.

The Conversation

Paloma García Córdoba no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. El impuesto del 100% a la compra de vivienda por no residentes en la UE chocaría con la Constitución y el derecho comunitario – https://theconversation.com/el-impuesto-del-100-a-la-compra-de-vivienda-por-no-residentes-en-la-ue-chocaria-con-la-constitucion-y-el-derecho-comunitario-266340

Cómo prepararse para estudiar un grado o un máster en otro idioma

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Raquel Sánchez Ruiz, Profesora del Departamento de Filología Moderna, área de Inglés, Universidad de Castilla-La Mancha

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La oferta de títulos universitarios en inglés en España y las posibilidades de estudiar en el extranjero se han multiplicado exponencialmente como consecuencia natural de la implantación de los programas bilingües en las etapas previas a la universidad y de la creciente internacionalización de nuestra sociedad.

¿Cómo evaluar si tenemos el nivel de inglés o de otro idioma suficiente para dar un paso así? Aprender contenidos en una lengua extranjera implica la activación de procesos cognitivos específicos que van más allá de lo que nos da una acreditación de un nivel X de idioma. Cuando nos planteamos estudiar en otro país, tenemos que tener en cuenta que conocer la lengua no garantiza el éxito.

En este artículo explicaremos cuál es la diferencia entre hablar un idioma extranjero y usarlo como vehículo para el aprendizaje de contenido en educación superior, y cuáles son las mejores estrategias para alcanzar éxito en lo segundo.

Nivel de acceso imprescindible

La mayoría de los estudios impartidos en lengua extranjera (LE) requieren un nivel de acceso, generalmente B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Sin embargo, estudiar en otro idioma exigirá ir más allá del conocimiento general de la lengua para desenvolverse en situaciones cotidianas y, por tanto, ampliar contenido y términos de ámbitos de conocimiento específicos y lenguaje crítico con estructuras complejas.

Más que poder acreditar el nivel de lengua mediante nuevos certificados, lo importante es estar en continuo contacto con la lengua en diversos contextos y materias, y practicarla lo máximo posible en todos los modos (oral, escrito o combinaciones de ambos).

Alfabetización plural

Todo proceso de aprendizaje, en cualquier área e idioma, se divide en tres pasos: recibir, procesar y producir información. Es lo que los expertos definen como pluriliteracies en inglés, que podría traducirse como “alfabetizaciones múltiples”.

Veamos en qué consiste el primer paso: recibir el contenido de una materia concreta en inglés, algo que haremos a través de diferentes canales, tanto en clase como de manera autónoma. En cualquier proceso de aprendizaje, para interiorizar los conceptos hay que empezar por recordar y comprender (o construir significados). Pero no es lo mismo comprender el idioma propio que otro.

Las clases universitarias o de máster no son clases de idioma: al igual que un edificio, se apoyan en conocimientos o conceptos clave que nos abren la puerta al contenido más especializado. Por esta razón es útil prepararse, mediante lecturas básicas en el idioma elegido, definiendo y entendiendo estos conceptos básicos en dicho idioma.




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Hacer nuestra la información: procesar en inglés

El segundo paso es procesar esta información, comprenderla, hacerla nuestra. Esto implica la conformación de un mapa de conocimientos con sus propias conexiones, personal, a través de una serie de procesos como resumir o destacar.

Se trata de procesos cognitivos más elaborados: analizar información comprendiendo su estructura, evaluar justificando una opinión o decisión con criterios y crear produciendo contenido original aplicando pensamiento crítico y creativo. Todo ello, en el idioma vehicular del curso.

Esto no quita que podamos recurrir al “translenguaje” y que mezclemos palabras o expresiones de nuestro idioma nativo.




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Último paso: producir

Finalmente, esta información matizada por el conocimiento previo, que ahora nos pertenece, está disponible para procesos creativos propios. Ya deberíamos ser capaces de manejar la lengua para expresar con nuestras propias palabras lo que hemos entendido y aprendido.

En el desarrollo del curso que hayamos elegido, tendremos que producir discurso en inglés siguiendo modelos, contrastando y aportando matices. Para ello, necesitamos aplicar estrategias de construcción de discurso y evitar la mera traducción del español al inglés.

En los meses previos

Si hemos tomado la decisión de estudiar en otro idioma, podemos optimizar el tiempo que nos queda. Leer (y escuchar) lo más posible en dicha lengua, aprovechando todo el input que tengamos a nuestra disposición, y acostumbrarnos a oír puntos de vista diferentes y los argumentos de quienes no piensan como nosotros.

Solo nos queda dar la enhorabuena a quien apueste por este tipo de enseñanza: estudiar en otro idioma no solo mejora el aprendizaje, sino que contribuye a la ciudadanía global, promoviendo la apreciación de la propia cultura, el respeto y el entendimiento entre comunidades.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. Cómo prepararse para estudiar un grado o un máster en otro idioma – https://theconversation.com/como-prepararse-para-estudiar-un-grado-o-un-master-en-otro-idioma-265304

Bolivia renueva su democracia con transparencia y sin ceder a la campaña de desinformación

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Carmen Beatriz Fernández, Profesora de Comunicación Política en la UNAV, el IESA y Pforzheim, Universidad de Navarra

Rodrigo Paz, vencedor en las elecciones presidenciales de Bolivia. RTVE

Bolivia acaba de vivir una jornada histórica tras acudir por primera vez a un balotaje. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada este 19 de octubre, no solo confirmó el final de un ciclo político que dominó el país durante casi dos décadas, bajo el liderazgo autoritario de Evo Morales, sino también la madurez de su democracia.

Con el 54,53 % de los votos, Rodrigo Paz se impuso al exmandatario Jorge Tuto Quiroga, que obtuvo el 45,74 %, según los resultados preliminares del SIREPE. Un margen de casi diez puntos en un país que se volcó en dejar atrás unas páginas oscuras de su historia reciente y votar al unísono por el cambio, pero de forma moderada y progresiva. Porque el pueblo boliviano escogían entre el cambio tranquilo de Rodrigo Paz y el cambio acelerado de Tuto Quiroga.

Más allá de los resultados, el verdadero acontecimiento fue la serenidad con que Bolivia votó, esperó y aceptó los resultados. El árbitro electoral prometió los primeros datos a las ocho de la noche y los entregó con puntualidad inglesa –o más bien, boliviana–.

La logística del cierre y cómputo, impecable, fue un recordatorio de que las instituciones, cuando funcionan, pueden devolverle dignidad a la política. La transparencia del proceso, su supervisión ciudadana y la apropiación cívica de cada etapa dejan una lección: la democracia boliviana ha madurado.

Un ejemplo para muchos países de la zona

Ese logro no es menor en un contexto regional saturado de sospechas electorales y discursos que minan la confianza pública. De hecho, este proceso electoral estuvo rodeado de desinformación, aunque la respuesta institucional y académica fue ejemplar.

El Observatorio Complutense de Desinformación (OCD) desplegó en Santa Cruz una misión en colaboración con el PNUD, la Universidad Católica Boliviana (UCB) y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA). Su objetivo: identificar los desórdenes informativos y fortalecer la integridad del proceso. Los hallazgos preliminares del equipo de investigación, con datos de Bolivia Verifica, son elocuentes: de 228 verificaciones de incidentes, 181 provenían de fuentes anónimas; el 82 % resultó falso y el 13 % engañoso.

Gracias al trabajo de estudiantes y profesores, se diseccionó cada pieza de desinformación, y se evaluó su viralidad y alcance. Las plataformas más utilizadas para desinformar fueron TikTok, donde se difundieron el 43 % de los bulos, seguido de Facebook (38,6 %) y WhatsApp (17 %).

El formato audiovisual, con vídeos, gráficos e imágenes, permitió una rápida propagación de narrativas alejadas de la verdad. Se empleó la IA para generar vídeos y audios falsificados en decenas de incidentes. También se recurrió al uso fraudulento de logos de medios de comunicación nacionales reconocidos, como Unitel, Red Uno y El Deber, e internacionales como CNN.

Aparecieron diversos pseudomedios, páginas web creadas a manera de cabeceros informativos, pero cuya misión principal era la de desinformar e incidir en la agenda electoral.

La desinformación buscó influir en la intención de voto, alterar el debate electoral y desestabilizar las instituciones. Las principales difamaciones y calumnias trataban de perjudicar a los candidatos y, en esta segunda vuelta, especialmente a los candidatos a vicepresidentes.

Proliferaron encuestas falsas –inventadas y sin respaldo– o manipuladas –estudios reales, pero adulterados–, que circularon en redes como Facebook y WhatsApp, carentes de un mínimo rigor metodológico.

También se observó un patrón claro: se buscaba erosionar la credibilidad del árbitro electoral. Sin embargo, el árbitro salió fortalecido. “El Tribunal contaba con un 12 % de credibilidad en abril 2024, y hoy tiene 80 %”, nos comentó con entusiasmo Gustavo Ávila, vocal de la institución.

Un referente de transparencia electoral

La tecnología, la observación internacional y el compromiso ciudadano consolidaron un sistema que hoy puede ser citado como referente regional de transparencia electoral. El talante democrático de Tuto Quiroga, que aceptó con rapidez la derrota y felicitó a Rodrigo Paz, contribuyó sobremanera a la confianza institucional en el sistema, máxime ante las denuncias de fraude de algunos de sus simpatizantes.

En lo político, el mensaje es inequívoco. Rodrigo Paz, heredero de una tradición democrática –es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora–, supo leer el malestar de un país en donde, según Ipsos-Ciesmori, un 94 % cree que iba por el camino equivocado.

Paz asentó su victoria en una campaña de largo recorrido tras haber sido diputado, concejal, alcalde de Tarija y senador nacional. Como senador, recorrió toda Bolivia mostrando su talante moderado y dialogante, así como su cercanía con la gente de los nueve departamentos y de todas las clases sociales.

Su campaña, austera y simbólica, captó el voto descontento sin asustarlo, con propuestas de cambios radicales, mientras que Quiroga no logró convencer a los sectores populares de la necesidad de sus políticas más incisivas.

Pero, sin duda, la sorpresa de estas elecciones fue el candidato a la vicepresidencia de Rodrigo Paz, Edgar Lara: expolicía, populista y estrella de TikTok. El rebelde y antiestablishment capitán Lara conectó emocionalmente con las capas populares y se ganó a los simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y de Evo Morales en un país con voto obligatorio.

Los resultados muestran la diversidad de Bolivia, donde el comportamiento electoral difiere entre oriente y occidente, y sobre todo entre Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Diferencias que se asientan en modelos distintos, porque las actividades económicas en occidente se desarrollan en función de lo colectivo, mientras que Santa Cruz apuesta por el libre mercado, basado en la iniciativa privada, la eficiencia en tecnología y educación. Quiroga ganó en Santa Cruz con más del 65 %, pero perdió en La Paz y el Alto.

Un país con crisis y escasez

El próximo gobierno no lo tendrá fácil. Hereda un país sumido en un abismo económico, con una crisis de divisas que le impide importar combustible, cuya escasez afecta el transporte y la producción agropecuaria, lo que incrementa la elevada inflación.

La paciencia de la sociedad no es mayor y Rodrigo Paz durante la campaña alentó expectativas inmediatas. Una clave será la gobernabilidad, en el parlamento, la calle y las redes sociales. La incógnita, su compañero de tique: el capitán Lara.

Sin embargo, lo que emerge hoy en Bolivia no es solo un nuevo Gobierno, sino una cultura política más crítica, más vigilante y más exigente con sus instituciones. En tiempos en que la mentira digital y la desconfianza corroen democracias enteras, Bolivia demostró que la transparencia, la puntualidad y la ciudadanía informada siguen siendo los mejores antídotos. Bolivia no solo eligió un presidente: eligió reconstruir su democracia.

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Carmen Beatriz Fernández y Jordi Rodríguez-Virgili son investigadores del Observatorio Complutense contra la Desinformación, y fueron observadores electorales en el balotaje boliviano 2025

Jordi Rodríguez-Virgili es investigador del Observatorio Complutense contra la Desinformación, y fue observador electoral en el balotaje boliviano 2025 con ayuda del PENUD

ref. Bolivia renueva su democracia con transparencia y sin ceder a la campaña de desinformación – https://theconversation.com/bolivia-renueva-su-democracia-con-transparencia-y-sin-ceder-a-la-campana-de-desinformacion-267893

¿Por qué los conservadores estadounidenses no quieren que Bad Bunny actúe en la Super Bowl?

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ediberto Román, Professor of Law, Florida International University

Recientemente Bad Bunny decidió evitar actuar en el territorio continental de Estados Unidos, alegando el temor de que algunos de sus fans pudieran ser objeto de persecución y deportación por parte del ICE. Michael Loccisano/Getty Images for Coachella

Poco después de que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) anunciara que el rapero puertorriqueño Bad Bunny sería la estrella del intermedio de la Super Bowl, los medios de comunicación conservadores y los funcionarios de la administración Trump saltaron al ataque.

La directora de Seguridad Nacional, Kristi Noem, prometió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (el ICE) “estaría atento a la Super Bowl”. El presidente Donald Trump calificó la selección como “absolutamente ridícula”. El comentarista de derechas Benny Johnson lamentó el hecho de que Bad Bunny “no tenga canciones en inglés”. El rapero, se quejó la comentarista conservadora Tomi Lahren, “no es un artista estadounidense”.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito A. Martínez Ocasio, es una superestrella, uno de los artistas más escuchados del mundo. Y como es puertorriqueño, también es ciudadano estadounidense.

Sin duda, Bad Bunny cumple muchos requisitos que irritan a los conservadores: apoyó a Kamala Harris para la presidencia en 2024, tiene un guardarropa que desafía los estereotipos de género, ha criticado duramente las políticas antiinmigración de la administración Trump y ha rechazado hacer giras por el territorio continental de Estados Unidos por temor a que algunos de sus fans puedan ser perseguidos y deportados por el ICE. Además, sus letras explícitas, la mayoría de las cuales están en español, harían temblar incluso al más ferviente defensor de la libertad de expresión.

Sin embargo, como expertos en cuestiones de identidad nacional y políticas de inmigración de EE. UU., creemos que los insultos de Lahren y Johnson dan en el clavo sobre por qué el cantante ha desatado tal tormenta en la derecha. El espectáculo de un rapero hispanohablante actuando durante el evento deportivo más visto de la televisión estadounidense es un rechazo directo a los esfuerzos de la administración Trump por ocultar la diversidad del país.

La colonia puertorriqueña

Bad Bunny nació en 1994 en Puerto Rico, un territorio no incorporado de Estados Unidos que el país adquirió tras la guerra hispano-estadounidense de 1898. Es el hogar de 3,2 millones de ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Si fuera un estado, sería el trigésimo más grande en población, según el censo de Estados Unidos de 2020.

Pero Puerto Rico no es un estado, sino una colonia de una época pasada de expansión imperial. Los puertorriqueños no tienen representantes con derecho a voto en el Congreso y no pueden participar en la elección del presidente de los Estados Unidos. También están divididos sobre el futuro de la isla. Una gran mayoría busca ser un estado más del país o adquirir una forma mejorada del actual estatus de Estado Libre Asociado, mientras que una pequeña minoría lucha por la independencia.

Jóvenes gritan y agitan banderas puertorriqueñas rojas, blancas y azules.
Fiesteros en el Harlem hispano de Nueva York agitan banderas puertorriqueñas durante el festival anual de la calle 116 del barrio.
Mario Tama/Getty Images

Pero hay algo que todos los puertorriqueños tienen claro: son de una tierra no soberana, con una cultura latinoamericana claramente definida, una de las más antiguas de América. Puerto Rico puede pertenecer a los Estados Unidos –y muchos puertorriqueños aceptan esa relación especial–, pero la isla en sí no suena ni se siente como el resto de la nación.

Los más de 5,8 millones de puertorriqueños que residen en los 50 estados complican aún más el panorama. Aunque legalmente son ciudadanos estadounidenses, estos en general no suelen verlos de esa manera. De hecho, una encuesta de 2017 reveló que solo el 54 % de los estadounidenses sabía que los puertorriqueños eran ciudadanos de su mismo país.

La paradoja del ciudadano extranjero

Los puertorriqueños viven lo que describimos como la “paradoja del ciudadano extranjero”: son estadounidenses, pero solo los que residen en el territorio continental disfrutan de todos los derechos de ciudadanía.

Un informe reciente del Congreso afirmaba que la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños no es “igualitaria, permanente e irrevocable, protegida por la 14ª Enmienda… y el Congreso se reserva el derecho de determinar la disposición del territorio”. Cualquier ciudadano estadounidense que se traslade a Puerto Rico deja de poseer todos los derechos que tiene en el territorio continental.

La selección de Bad Bunny para el espectáculo del descanso de la Super Bowl ilustra esta paradoja. Además de las críticas de figuras públicas, hubo llamamientos generalizados entre los influencers de MAGA (siglas del movimiento Make America Great Again) para deportar al rapero.

Esta es solo una de las formas en las que se recuerda a los puertorriqueños, así como a otros ciudadanos latinos, que son los “otros”.

Las detenciones del ICE de personas que simplemente parecen ser inmigrantes, una táctica que recientemente ha recibido la aprobación del Tribunal Supremo, son un ejemplo de su condición de extranjeros.

Y la mayor parte de las redadas del ICE se han producido en comunidades predominantemente latinas de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Esto ha obligado a muchas de ellas a cancelar las celebraciones que tenían planeadas para el Mes de la Herencia Hispana.


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El alcance global de Bad Bunny

El fervor xenófobo contra Bad Bunny ha llevado a líderes políticos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a pedir una figura más adecuada para la Super Bowl, como el artista de música country Lee Greenwood. Refiriéndose a Bad Bunny, Johnson dijo: “Parece que no es alguien que atraiga a un público amplio”.

Pero los hechos contradicen esa afirmación. El artista puertorriqueño ocupa los primeros puestos de las listas de música mundiales. Tiene más de 80 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y ha vendido casi cinco veces más álbumes que Greenwood.

Ese atractivo global ha impresionado a la NFL, que espera organizar hasta ocho partidos internacionales la próxima temporada. Además, los latinos representan la base de aficionados de más rápido crecimiento de la liga, y México es su mayor mercado internacional, con 39,5 millones de aficionados.

La participación de Bad Bunny en la Super Bowl puede convertirse en un momento político importante. Los conservadores, en su afán por destacar la “alteridad” del cantante –a pesar de que Estados Unidos es el segundo país con mayor número de hispanohablantes del mundo–, pueden haber educado sin querer a Estados Unidos sobre la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños.

Mientras tanto, los puertorriqueños y el resto de la comunidad latina de Estados Unidos siguen preguntándose cuándo serán aceptados como iguales en la sociedad.

The Conversation

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

ref. ¿Por qué los conservadores estadounidenses no quieren que Bad Bunny actúe en la Super Bowl? – https://theconversation.com/por-que-los-conservadores-estadounidenses-no-quieren-que-bad-bunny-actue-en-la-super-bowl-268006

España, a tiempo de no quedarse atrás en la carrera por los polos

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ana Belén López Tárraga, Investigadora en el Grupo de investigación Territorio, Innovación y Desarrollo (TEIDE), Universidad de Salamanca

Remo Thommen/Shutterstock

Comer bacalao forma parte de la cultura gastronómica española. Bacalao a la tranca, a la vizcaína, en potaje o en brandada… ¿Quién no ha probado alguno de estos platos? Pues bien, si lo ha hecho, por unos momentos ha estado conectado con el Polo Norte, porque gran parte del bacalao que comemos viene del océano Ártico.

Bacalao en salazón sobre un puesto de un mercado
Bacalao en salazón en un puesto de venta en el mercado.
Ana Belén López Tárraga, CC BY-NC-SA

Este detalle curioso muestra que España está más unida a las regiones polares de lo que parece. Aunque estén muy lejos, los polos han influido en su historia, su economía y también en su forma de vida.

El interés por estos lugares viene de hace siglos. En el siglo XVI, pescadores y balleneros del norte del país viajaban a los mares de Terranova y Labrador, en la actual Canadá. Allí cazaban ballenas y pescaban bacalao, productos muy valiosos entonces. Aquellos viajes fueron los primeros contactos entre España y el Ártico.

En 1603, el navegante Gabriel de Castilla escribió que había visto tierras antárticas durante una expedición por Tierra del Fuego, entre Argentina y Chile. Es posible que fuera el primer europeo en describir el continente blanco. Esas expediciones no solo fueron comerciales: también iniciaron la observación científica de las zonas polares.

De la exploración a la ciencia

Con el tiempo, los polos dejaron de ser territorios de exploradores para convertirse en laboratorios naturales. Allí se estudian temas clave como el cambio climático, la vida marina, los océanos y la atmósfera. Lo que ocurre en el Ártico o en la Antártida afecta directamente al clima y a los mares del mundo.

España, aunque no tiene territorio polar, ha desempeñado un papel importante en la investigación antártica. Desde 1987 organiza cada verano una Campaña Antártica en la que los científicos estudian el hielo, el clima y los ecosistemas. Además, España cuenta con dos bases científicas: la Juan Carlos I y la Gabriel de Castilla, situadas en las islas Shetland del Sur.

En estas misiones colaboran universidades y centros de investigación de todo el país. Sin embargo, la presencia española en el Ártico ha sido menor. No hay bases propias, y la mayoría de los estudios se realizan con el apoyo de otros países.

Un conjunto de construcciones rojas sobre un terreno cubierto de nieve y al fondo el mar helado
Base Antártica Española Gabriel de Castilla, situada en la isla Decepción.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, CC BY-NC-SA



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Un plan que espera convertirse en realidad

En 2016, el Ministerio de Ciencia publicó las Directrices para una Estrategia Polar Española. Este documento marcaba las ideas que debía seguir España para fortalecer su presencia en los polos.

El plan se dividía en tres partes: investigación científica, apoyo logístico y acciones sectoriales.

En la parte científica, se pedía mantener una observación continua del entorno polar. También crear un programa nacional de seguimiento a largo plazo y reforzar el Centro Nacional de Datos Polares. Se propuso apoyar a jóvenes investigadores, promover la cooperación con otros países y acercar el conocimiento polar al público.

En la parte logística, el objetivo era mantener y modernizar las bases antárticas y mejorar el transporte marítimo y aéreo que las abastece. Además, se recomendaba cooperar con otras naciones para compartir recursos, reducir costes y cuidar el medio ambiente.

Por último, en las acciones sectoriales, se destacaba la importancia de la pesca sostenible. Este sector es clave para la economía española. La estrategia proponía una gestión responsable de los recursos marinos y una participación activa en los foros internacionales que deciden sobre la protección de los océanos.

¿Por qué España debería ponerse al día?

Han pasado casi diez años desde que se publicaron esas directrices. Aun así, España no ha convertido el plan en una estrategia real. Esto ha hecho que el país avance más despacio que otros.

Mientras tanto, Francia, Alemania y el Reino Unido, que tampoco son países árticos, ya tienen políticas polares consolidadas. También China e India han desarrollado programas ambiciosos de investigación y cooperación. Estas naciones han entendido que el Ártico y la Antártida son espacios esenciales para la ciencia y la sostenibilidad del planeta.




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Vivimos un momento marcado por la crisis climática y el deshielo acelerado. España tiene la oportunidad de ponerse al día y actualizar su estrategia. Una política moderna permitiría reforzar la ciencia, asegurar financiación estable y mejorar la coordinación entre ministerios e instituciones.

Además, serviría para planificar mejor las operaciones logísticas, mantener las bases en buen estado y aumentar la cooperación en el Ártico. También ayudaría a unir la investigación con la economía, impulsando sectores sostenibles como la pesca, la tecnología marina y las energías limpias.




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Una apuesta por el futuro

Tener una política polar actualizada no es solo una cuestión científica. Es también una forma de asumir responsabilidad global ante los retos del siglo XXI. Los polos son el termómetro del planeta: lo que ocurre allí nos afecta a todos.

España tiene la experiencia, el conocimiento y las alianzas necesarias para desempeñar un papel más activo. Convertir las directrices de 2016 en una estrategia concreta permitiría aprovechar el trabajo ya hecho y situar al país entre las naciones que lideran la protección y el estudio de las regiones polares.

Hablar de los polos no es hablar de lugares lejanos. Es hablar del futuro del clima, de los océanos y de la vida en la Tierra.

The Conversation

Ana Belén López Tárraga no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. España, a tiempo de no quedarse atrás en la carrera por los polos – https://theconversation.com/espana-a-tiempo-de-no-quedarse-atras-en-la-carrera-por-los-polos-266685

Nicolas Sarkozy incarcéré : une normalisation démocratique ?

Source: The Conversation – France in French (3) – By Vincent Sizaire, Maître de conférence associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie, Université Paris Nanterre – Alliance Paris Lumières

L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été incarcéré à la prison de la Santé à Paris, ce mardi 21 octobre, après avoir été jugé coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Cet événement inédit dans l’histoire de France s’inscrit dans une évolution des pratiques de la magistrature qui s’est progressivement émancipée du pouvoir politique. Elle couronne le principe républicain, proclamé en 1789, mais longtemps resté théorique, d’une pleine et entière égalité des citoyens devant la loi.


Le 25 septembre 2025, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs par le tribunal correctionnel de Paris, qui a considéré qu’il avait tenu un rôle actif dans la mise en place d’un dispositif de financement de sa campagne électorale de 2007 par les dirigeants libyens. Comme on pouvait s’y attendre, cette décision a immédiatement suscité l’ire d’une large partie de la classe politique.

Que l’on conteste la décision en soutenant qu’elle est injuste et infondée, cela est parfaitement légitime dans une société démocratique, à commencer pour les principaux intéressés, dont c’est le droit le plus strict – comme, d’ailleurs, de faire appel du jugement. Mais, dans le sillage de la décision rendue dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national, cette condamnation est aussi l’occasion, pour une large fraction des classes dirigeantes, de relancer le procès du supposé « gouvernement des juges ».

Certes, la condamnation peut paraître particulièrement sévère : 100 000 euros d’amende, cinq ans d’inéligibilité et surtout, cinq ans d’emprisonnement avec un mandat de dépôt différé qui, assorti de l’exécution provisoire, oblige le condamné à commencer d’exécuter sa peine de prison même s’il fait appel.

Toutefois, si on les met en regard des faits pour lesquels l’ancien chef de l’État a été condamné, ces peines n’apparaissent pas disproportionnées. Les faits sont d’une indéniable gravité : organiser le financement occulte d’une campagne électorale avec des fonds provenant d’un régime corrompu et autoritaire, la Libye, (dont la responsabilité dans un attentat contre un avion ayant tué plus de 50 ressortissants français a été reconnue par la justice), en contrepartie d’une intervention pour favoriser son retour sur la scène internationale…

Alors que la peine maximale encourue était de dix ans de prison, la sanction finalement prononcée ne peut guère être regardée comme manifestement excessive. Mais ce qui est contesté, c’est le principe même de la condamnation d’un responsable politique par la justice, vécue et présentée comme une atteinte intolérable à l’équilibre institutionnel.

Si l’on prend le temps de la mise en perspective historique, on constate pourtant que les jugements rendus ces dernières années à l’encontre des membres de la classe dirigeante s’inscrivent, en réalité, dans un mouvement d’émancipation relative du pouvoir juridictionnel à l’égard des autres puissances et, en particulier, du pouvoir exécutif. Une émancipation qui lui permet, enfin, d’appliquer pleinement les exigences de l’ordre juridique républicain.

L’égalité des citoyens devant la loi, un principe républicain

Faut-il le rappeler, le principe révolutionnaire proclamé dans la nuit du 4 au 5 août 1789 est celui d’une pleine et entière égalité devant la loi, entraînant la disparition corrélative de l’ensemble des lois particulières – les « privilèges » au sens juridique du terme – dont bénéficiaient la noblesse et le haut clergé. Le Code pénal de 1791 va plus loin encore : non seulement les gouvernants peuvent voir leur responsabilité mise en cause devant les mêmes juridictions que les autres citoyens, mais ils encourent en outre des peines aggravées pour certaines infractions, notamment en cas d’atteinte à la probité.

Les principes sur lesquels est bâti le système juridique républicain ne peuvent être plus clairs : dans une société démocratique, où chaque personne est en droit d’exiger non seulement la pleine jouissance de ses droits, mais d’une façon générale, l’application de la loi, nul ne peut prétendre bénéficier d’un régime d’exception – les élus moins encore que les autres. C’est parce que nous avons l’assurance que leurs illégalismes seront sanctionnés effectivement, de la même façon que les autres citoyens et sans attendre une bien hypothétique sanction électorale, qu’ils et elles peuvent véritablement se dire nos représentantes et représentants.

Longtemps, cette exigence d’égalité juridique est cependant restée largement théorique. Reprise en main et placée dans un rapport de subordination plus ou moins explicite au gouvernement, sous le Premier Empire (1804-1814), la magistrature est demeurée sous l’influence de l’exécutif au moins jusqu’au milieu du XXe siècle. C’est pourquoi, jusqu’à la fin du siècle dernier, le principe d’égalité devant la loi va se heurter à un singulier privilège de « notabilité » qui, sauf situations exceptionnelles ou faits particulièrement graves et médiatisés, garantit une relative impunité aux membres des classes dirigeantes dont la responsabilité pénale est mise en cause. Il faut ainsi garder à l’esprit que la figure « du juge rouge », popularisée dans les médias à la fin des années 1970, vient stigmatiser des magistrats uniquement parce qu’ils ont placé en détention, au même titre que des voleurs de grand chemin, des chefs d’entreprise ou des notaires.

La donne ne commence à changer qu’à partir du grand sursaut humaniste de la Libération qui aboutit, entre autres, à la constitution d’un corps de magistrats recrutés sur concours, bénéficiant à partir de 1958 d’un statut relativement protecteur et d’une école de formation professionnelle spécifique, l’École nationale de la magistrature. Ce corps se dote progressivement d’une déontologie exigeante, favorisée notamment par la reconnaissance du syndicalisme judiciaire en 1972. Ainsi advient une nouvelle génération de juges qui, désormais, prennent au sérieux la mission qui leur est confiée : veiller en toute indépendance à la bonne application de la loi, quels que soient le statut ou la situation sociale des personnes en cause.

C’est dans ce contexte que survient ce qui était encore impensable quelques décennies plus tôt : la poursuite et la condamnation des notables au même titre que le reste de la population. Amorcé, comme on l’a dit, au milieu des années 1970, le mouvement prend de l’ampleur dans les décennies suivantes avec la condamnation de grands dirigeants d’entreprises, comme Bernard Tapie, puis de figures politiques nationales, à l’image d’Alain Carignon ou de Michel Noir, députés-maires de Grenoble et de Lyon. La condamnation d’anciens présidents de la République à partir des années 2010 – Jacques Chirac en 2011, Nicolas Sarkozy une première fois en 2021 – achève de normaliser cette orientation ou, plutôt, de mettre fin à l’anomalie démocratique consistant à réserver un traitement de faveur aux élus et, plus largement, aux classes dirigeantes.

Procédant d’abord d’une évolution des pratiques judiciaires, ce mouvement a pu également s’appuyer sur certaines modifications du cadre juridique. Ainsi de la révision constitutionnelle de février 2007 qui consacre la jurisprudence du Conseil constitutionnel suivant laquelle le président de la République ne peut faire l’objet d’aucune poursuite pénale durant l’exercice de son mandat, mais qui permet la reprise de la procédure dès la cessation de ses fonctions. On peut également mentionner la création, en décembre 2013, du Parquet national financier qui, s’il ne bénéficie pas d’une indépendance statutaire à l’égard du pouvoir exécutif, a pu faire la preuve de son indépendance de fait ces dernières années.

C’est précisément contre cette évolution historique qu’est mobilisée aujourd’hui la rhétorique de « la tyrannie des juges ». Une rhétorique qui vise moins à défendre la souveraineté du peuple que celle, oligarchique, des gouvernants.

The Conversation

Vincent Sizaire ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Nicolas Sarkozy incarcéré : une normalisation démocratique ? – https://theconversation.com/nicolas-sarkozy-incarcere-une-normalisation-democratique-266101

Giant ground sloths’ fossilized teeth reveal their unique roles in the prehistoric ecosystem

Source: The Conversation – USA – By Larisa R. G. DeSantis, Associate Professor of Biological Sciences, Vanderbilt University

Harlan’s ground sloth fossil skeleton excavated and displayed at the La Brea Tar Pits in Los Angeles. Larisa DeSantis
animal hanging from a branch looks upside down at the camera
A two-toed sloth at the Nashville Zoo.
Larisa R. G. DeSantis

Imagine a sloth. You probably picture a medium-size, tree-dwelling creature hanging from a branch. Today’s sloths – commonly featured on children’s backpacks, stationery and lunch boxes – are slow-moving creatures, living inconspicuously in Central American and South American rainforests.

But their gigantic Pleistocene ancestors that inhabited the Americas as far back as 35 million years ago were nothing like the sleepy tree huggers we know today. Giant ground sloths – some weighing thousands of pounds and standing taller than a single-story building – played vital and diverse roles in shaping ecosystems across the Americas, roles that vanished with their loss at the end of the Pleistocene.

In our new study, published in the journal Biology Letters, we aimed to reconstruct the diets of two species of giant ground sloths that lived side by side in what’s now Southern California. We analyzed remains recovered from the La Brea Tar Pits of what are colloquially termed the Shasta ground sloth (Nothrotheriops shastensis) and Harlan’s ground sloth (Paramylodon harlani). Our work sheds light on the lives of these fascinating creatures and the consequences their extinction in Southern California 13,700 years ago has had on ecosystems.

Dentin dental challenges

Studying the diets of extinct animals often feels like putting together a jigsaw puzzle with only a portion of the puzzle pieces. Stable isotope analyses have revolutionized how paleoecologists reconstruct the diets of many ancient organisms. By measuring the relative ratios of light and heavy carbon isotopes in tooth enamel, we can figure out what kinds of foods an animal ate – for instance, grasses versus trees or shrubs.

dental drill in hands near an animal jawbone
Drilling teeth provides a sample for stable isotope analyses.
Aditya Kurre

But the teeth of giant ground sloths lack enamel, the highly inorganic and hard outer layer on most animal teeth – including our own. Instead, sloth teeth are made primarily of dentin, a more porous and organic-rich tissue that readily changes its chemical composition with fossilization.

Stable isotope analyses are less dependable in sloths because dentin’s chemical composition can be altered postmortem, skewing the isotopic signatures.

Another technique researchers use to glean information about an animal’s diet relies on analyzing the microscopic wear patterns on its teeth. Dental microwear texture analysis can infer whether an animal mostly ate tough foods such as leaves and grass or hard foods such as seeds and fruit pits. This technique is also tricky when it comes to sloths’ fossilized teeth because signs of wear may be preserved differently in the softer dentin than in harder enamel.

Prior to studying fossil sloths, we vetted dental microwear methods in modern xenarthrans, a group of animals that includes sloths, armadillos and anteaters. This study demonstrated that dentin microwear can reveal dietary differences between leaf-eating sloths and insect-consuming armadillos, giving us confidence that these tools could reveal dietary information from ground sloth fossils.

Distinct dietary niches revealed

Previous research suggested that giant ground sloths were either grass-eating grazers or leaf-eating browsers, based on the size and shape of their teeth. However, more direct measures of diet – such as stable isotopes or dental microwear – were often lacking.

Our new analyses revealed contrasting dental wear signatures between the two co-occurring ground sloth species. The Harlan’s ground sloth, the larger of the two, had microwear patterns dominated by deep pitlike textures. This kind of wear is indicative of chewing hard, mechanically challenging foods such as tubers, seeds, fungi and fruit pits. Our new evidence aligns with skeletal adaptations that suggest powerful digging abilities, consistent with foraging foods both above and below ground.

diagram of sloth profiles, tooth outline and magnified surface of two bits of the teeth
The fossil teeth of the Harlan’s ground sloth typically showed deeper pitlike textures, bottom, while the Shasta ground sloth teeth had shallower wear patterns, top.
DeSantis and Kurre, Biology Letters 2025

In contrast, the Shasta ground sloth exhibited dental microwear textures more akin to those in leaf-eating and woody plant-eating herbivores. This pattern corroborates previous studies of its fossilized dung, demonstrating a diet rich in desert plants such as yucca, agave and saltbush.

Next we compared the sloths’ microwear textures to those of ungulates such as camels, horses and bison that lived in the same region of Southern California. We confirmed that neither sloth species’ dietary behavior overlapped fully with other herbivores. Giant ground sloths didn’t perform the same ecological functions as the other herbivores that shared their landscape. Instead, both ground sloths partitioned their niches and played complementary ecological roles.

Extinctions brought ecological loss

The Harlan’s ground sloth was a megafaunal ecosystem engineer. It excavated soil and foraged underground, thereby affecting soil structure and nutrient cycling, even dispersing seed and fungal spores over wide areas. Anecdotal evidence suggests that some anachronistic fruits – such as the weird, bumpy-textured and softball-size Osage orange – were dispersed by ancient megafauna such as giant ground sloths. When the Pleistocene megafauna went extinct, the loss contributed to the regional restriction of these plants, since no one was around to spread their seeds.

The broader consequence is clear: Megafaunal extinctions erased critical ecosystem engineers, triggering cascading ecological changes that continue to affect habitat resilience today. Our results resonate with growing evidence that preserving today’s living large herbivores and understanding the diversity of their ecological niches is crucial for conserving functional ecosystems.

Studying the teeth of lost giant ground sloths has illuminated not only their diets but also the enduring ecological legacies of their extinction. Today’s sloths, though charming, only hint at the profound environmental influence of their prehistoric relatives – giants that shaped landscapes in ways we are only beginning to appreciate.

The Conversation

Larisa R. G. DeSantis received funding from the National Science Foundation, the Guggenheim Foundation, and Vanderbilt University. DeSantis is also a research associate at the La Brea Tar Pits and Museum.

Aditya Reddy Kurre received funding from Vanderbilt University.

ref. Giant ground sloths’ fossilized teeth reveal their unique roles in the prehistoric ecosystem – https://theconversation.com/giant-ground-sloths-fossilized-teeth-reveal-their-unique-roles-in-the-prehistoric-ecosystem-267601

Prince Andrew didn’t really give up his titles, and truly removing them would be onerous

Source: The Conversation – Canada – By Justin Vovk, Adjunct Professor. History of the Royal Family, Redeemer University

Prince Andrew has announced he will “no longer use my title or the honours which have been conferred upon me.” Translation? Andrew is giving up his Duke of York title.

The decision comes as the Royal Family has faced calls to take action against Andrew over his friendship with Jeffrey Epstein, the notorious convicted sex offender and pedophile who died in prison in 2019.

The late Virginia Giuffre, one of Epstein’s victims, accused Andrew of sexually assaulting her on three occasions when she was 17, allegations he has repeatedly denied. In 2022, she settled a civil lawsuit against him in a Manhattan court for an undisclosed amount and a charitable donation.

PR disaster

Prince Andrew’s public image imploded after his now infamous 2019 interview with BBC’s Newsnight. Speaking to host Emily Maitlis, he presented an incredulous, implausible and, at times, baffling series of denials in an attempt to clear his name of any wrongdoing toward Giuffre when she was underage.

Andrew’s statements during the interview were met with “near universal condemnation” and were a public relations disaster for the prince. He was removed from public duties four days later.




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A Very Royal Scandal: of all the interviews that rocked the royal family’s brand – Prince Andrew’s might just be the worst


Within a week, he resigned from his role as patron of more than 200 charitable organizations. He was no longer a working member of the Royal Family, but a member he nonetheless remained.

These actions did little to improve public opinion of Andrew or his actions. In June 2020, Newsweek released a poll suggesting almost 60 per cent of Britons felt Andrew should not only be stripped of his titles, but also extradited to the United States to answer for his conduct with Epstein.

A case of déjà vu

The first major step taken by the Royal Family only came in January 2022 once a judge allowed Giuffre’s civil suit to proceed. Andrew was stripped of all his military appointments and honourary positions.

At the same time, Buckingham Palace announced Andrew would no longer be referred to as His Royal Highness. To date, there has been no formal decree stripping Andrew of HRH. It simply disappeared from his name.

That makes his recent announcement to give up his royal titles seem like a case of déjà vu.

Despite appearances to the contrary, he hasn’t actually been renounced or been stripped of those titles or honours. They have simply fallen into dormancy; an inactive limbo. Andrew is still a prince and is still in the line of succession to the British throne, at least for now.

The natural question that many people are now asking is why hasn’t Andrew been formally stripped of these titles? Why is he still a prince? To answer those question, it’s necessary to explain what these titles mean and the process to remove them, which is actually much more complicated than meets the eye.

Andrew’s titles

Let’s start with the prince. As a child of the late Queen Elizabeth, Andrew was born a prince of the United Kingdom. In 1917, King George V issued a royal decree known as Letters Patent. The document stated “that the children of any Sovereign …shall have and at all times hold and enjoy the style title or attribute of Royal Highness with their titular dignity of Prince or Princess.”

There is currently no mechanism for stripping a sovereign’s child of that princely title. But never say never.

In 1986, Queen Elizabeth granted Andrew the titles Duke of York, Earl of Inverness and Baron Killyleagh. These titles are known as peerages.

For centuries, it has been customary for sovereigns to bestow peerages on their sons and heirs. Prince William was made Duke of Cambridge on his wedding day in 2011. Prince Harry was similarly granted the title Duke of Sussex when he married Meghan Markle in 2018.

It has become tradition that certain peerages go to certain members of the Royal Family. Since 1474, for example, the title Duke of York has been bestowed on the sovereign’s second son.

An act of parliament

For nearly 40 years, this title has been synonymous with Prince Andrew. When it was recently announced that he would no longer use his peerage titles, news reports spread like wildfire with headlines declaring he had lost or relinquished his titles. Neither, in fact, has happened.

King Charles can’t simply revoke a peerage once it has been granted. Doing so would require an act of parliament under some pretty extreme circumstances. It has only happened twice in the last two centuries.

In 1798, parliament passed an Act of Attainder (or treason) against Lord Edward Fitzgerald for leading a rebellion in Ireland.

In 1917, parliament passed the Titles Deprivation Act during the First World War. Several German princes held British titles because they descended from Queen Victoria. The act provided parliament with a way to deprive enemy German princes of their “British dignities and titles” for fighting against Britain in the war.

Prince Andrew’s recent announcement has done little to deflect public fury away from him. This week, a group of British parliamentarians presented a motion to take legal steps to officially remove his peerages. As more Epstein revelations come to light, Andrew’s troubles are clearly far from over.

The Conversation

Justin Vovk has previously received funding from the Social Sciences and Humanities Council of Canada. He is an advisory board member of the Institute for the Study of the Crown in Canada.

ref. Prince Andrew didn’t really give up his titles, and truly removing them would be onerous – https://theconversation.com/prince-andrew-didnt-really-give-up-his-titles-and-truly-removing-them-would-be-onerous-267940