Toneladas de frutas y verduras pudriéndose en el campo, otro síntoma de un modelo agrario insostenible

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Jaime Martínez Valderrama, Científico Titular, Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA – CSIC)

Jaime Martínez Valderrama, CC BY-SA

España es un país eminentemente árido, es decir, tiene condiciones climáticas caracterizadas por una importante escasez de humedad. Para ser más concretos, el 67 % del territorio tiene un índice de aridez –la relación entre la precipitación y la evapotranspiración de las plantas– inferior a 0,65, lo que se cataloga como tierras secas o zonas áridas. En este contexto, la demanda de recursos hídricos, lejos de ceñirse a su disponibilidad, no ha parado de crecer en los últimos cincuenta años.

Esa es la principal razón de la escasez de agua y la base de numerosos conflictos hídricos, y sitúa a España como unos de los países con mayor estrés hídrico (el 29 de 164). Esta escasez ya no es de índole natural, y se define como la brecha entre la oferta disponible y la demanda expresada de agua dulce en un ámbito determinado, bajo los marcos institucionales vigentes (incluidos tanto los mecanismos de fijación de precios del recurso como las tarifas de suministro), así como las condiciones de infraestructura, implicando siempre una dimensión humana en la reducción de la disponibilidad natural de agua.

Las numerosas infraestructuras para captar, acumular y distribuir agua, y la modernización de los sistemas de regadío, responden al mantra de que en España no se malgasta ni una sola gota de agua. Todos los caudales que van a parar al mar se perciben a veces como un desperdicio y cada vez que llueve a mares se lamenta no tener más embalses que acumulen toda esa agua.

Mapa donde se muestra con colores el estrés hídrico en las comunidades autónomas españolas
Estrés hídrico en España.
World Resources Institute, Aqueduct (2024), CC BY-SA

Miles de toneladas de fruta y hortalizas sin salida comercial

El supuesto fervor por acaparar cada gota de agua y transformarla en riqueza choca con la delirante imagen de campos cubiertos de frutas y hortalizas que se pudren al sol. Los bajos precios en origen existentes en determinados momentos del año hacen que a los agricultores no les merezca la pena invertir más recursos en recolectar la cosecha. Así, cada año, tras los enormes esfuerzos que supone regar, fertilizar y cuidar miles de hectáreas de cultivo, el producto final ni siquiera entra en los circuitos comerciales.

A partir de los datos que quincenalmente recopila el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y los coeficientes de uso de agua y de emisión de CO₂, por tipo de cultivo y por comunidad autónoma, hemos estimado este desperdicio para el período 2018-2024.

A lo largo de este periodo se descartaron 483 624 toneladas de producto excedente, lo que equivale a una huella hídrica de casi 36 hm³ anuales y a una huella de carbono de 36.694 toneladas de CO₂ equivalente (t CO₂-eq) al año. Estos descartes no se destinan directamente a residuos. Una parte de los alimentos descartados (32,9 %) se utiliza para alimentación animal, otra se dona a bancos de alimentos (55,4 %) y, finalmente, el 11,7 % se destruye.

El tomate es el cultivo con mayor volumen de descartes, seguido por la naranja y el caqui. En términos de huella hídrica, el cultivo con mayor impacto es la ciruela, con 3 759 miles de m³ año⁻¹. Le siguen los caquis y las naranjas. En cuanto a la huella de carbono anual, el tomate vuelve a destacar claramente, alcanzando 3 100 t CO₂-eq año⁻¹. A continuación, se sitúa el melón (2 356 t CO₂-eq año⁻¹) y la nectarina (2 209 t CO₂-eq año⁻¹).

A escala regional, el mayor volumen de descartes se registra en la Región de Murcia, con 20,2 kt toneladas al año, y un total de 141,4 kt en el periodo 2018–2024. Le siguen Andalucía (17,9 kt año⁻¹ y 125,9 kt acumuladas) y la Comunidad Valenciana (16,7 kt año⁻¹ y 119,6 kt).

En términos de huella hídrica, el mayor desperdicio corresponde a la Comunidad Valenciana, con 8,78 hm³ año⁻¹ y una huella hídrica total de 61,5 hm³ durante el periodo de estudio.

Tomates descartados en un contenedor grande en el campo
El tomate es el cultivo más descartado.
Jaime Martínez Valderrama, CC BY-SA

Producir a gran escala para bajar costes

Los bajos precios explican el abandono de cosechas en perfecto estado para el consumo. Pero ¿qué origina esos precios reducidos? En gran medida, la lógica de la eficiencia económica. Para ser competitivos, los productores buscan reducir sus costes de producción, lo que les lleva a adoptar modelos de producción a gran escala, no exentos de importantes implicaciones sociales y ambientales.




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El objetivo es generar grandes volúmenes de producción para minimizar el precio por unidad. Para ello, se recortan costes allí donde es posible –especialmente costes laborales u obviando las obligaciones con el medioambiente– con el fin de compensar las inversiones necesarias en tecnología, infraestructuras e insumos agrarios, que permiten incrementar los rendimientos por explotación.

Esta dinámica genera una espiral de inversión, endeudamiento, sobreproducción y caída de precios que termina atrapando al agricultor en un sistema perverso, en el que solo aquellos con mayor capacidad financiera logran sostenerse.

El descarte de cosechas en perfecto estado no es más que un síntoma de este modelo agrario que favorece la concentración de la producción en un número cada vez menor de agentes y genera numerosas externalidades negativas. Estas acaban siendo asumidas por la sociedad en su conjunto –y no por quienes se benefician de la producción a gran escala–, como ocurre, por ejemplo, con la necesidad de construir desaladoras tras la sobreexplotación de las aguas subterráneas.

Estas cifras son solo la punta del iceberg

El recuento del FEGA responde a la subvención (hasta el 5 % de la cosecha) que reciben los agricultores para paliar esos bajos precios. Por encima de ese porcentaje no hay cobertura, aunque los descartes de cosechas pueden seguir produciéndose.

Una simple comprobación revela la verdadera magnitud del desperdicio. En marzo de 2024 apareció en la prensa la noticia del abandono de 300 000 toneladas de limones, el 30 % de la cosecha, en Alicante. Las cifras del FEGA muestran que, para todo el año 2024, en toda la Comunidad Valenciana, se habían descartado 132 toneladas.

Sandías tiradas en un campo con rocas
Sandías abandonadas en el Campo de Níjar, Almería. El acuífero sobre el que crecen ha sido sobreexplotado y la intrusión marina lo ha arruinado. Para seguir regando se ha construido una enorme desaladora en Carboneras.
Jaime Martínez Valderrama, CC BY-SA

Atendiendo a esta comparación, a la nutrida partida de noticias que reseñan estos descartes y a las imágenes de campos donde la fruta se pudre, parece evidente que este tipo de desperdicio no es algo puntual ni anecdótico, sino que supone un despilfarro inaceptable en un contexto de creciente escasez hídrica. Por aquellas fechas del desperdicio limonero, se planteaba llevar agua en barco a Barcelona debido a la pertinaz sequía. Está en juego nuestra seguridad hídrica mientras las reglas del mercado y la eficiencia a la que no se deja de aludir siguen desperdiciando agua.

The Conversation

Jaime Martínez Valderrama ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Emilio Guirado ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Fernando Tomás Maestre Gil recibe fondos de la King Abdullah University of Science and Technology.

Javier Martí Talavera ha recibido fondos del proyecto ATLAS financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Jorge Olcina Cantos ha recibido fondos para la elaboración del proyecto Atlas d3 la Desertificacion en España de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transicion Ecológica y del Reto Demográfico, con financ8acion del programa europeo para la Recuperacion y Resiliencia.

Juanma Cintas recibe fondos del “Plan Complementario de I + D + i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU) y del gobierno de Andalucía.

ref. Toneladas de frutas y verduras pudriéndose en el campo, otro síntoma de un modelo agrario insostenible – https://theconversation.com/toneladas-de-frutas-y-verduras-pudriendose-en-el-campo-otro-sintoma-de-un-modelo-agrario-insostenible-276237

Dolor lumbar y pélvico en el embarazo: qué tratamiento funciona mejor según la ciencia

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Gemma Biviá Roig, Bióloga y Fisioterapeuta. Profesora e investigadora, Universidad CEU Cardenal Herrera

Martin Novak7Shutterstock

Durante décadas, se ha aceptado que el dolor de espalda y de pelvis es un “peaje” inevitable de la gestación. Las cifras parecen respaldar esa creencia: más de la mitad de las mujeres embarazadas lo experimentan. Aunque para algunas es una molestia leve, en otros casos supone una limitación real que afecta al sueño, al trabajo y, en definitiva, a la calidad de vida.

La evidencia más reciente no solo muestra que puede tratarse, sino también que el éxito del abordaje depende de un factor que a menudo pasamos por alto: además de mover el cuerpo, es fundamental comprender cómo funciona el dolor.

Ejercicio: necesario, pero no siempre suficiente

El ejercicio terapéutico es una de las intervenciones más recomendadas para el dolor lumbar, tanto en mujeres embarazadas como en el resto de la población. Mejora la fuerza, el control motor y la capacidad funcional y activa mecanismos biológicos con efecto analgésico. Pero en la práctica clínica vemos con frecuencia que la actividad física por sí sola no siempre resuelve el problema.

Un metaanálisis publicado en 2023 analizó 13 ensayos clínicos en mujeres embarazadas con dolor lumbar y/o pélvico. Los resultados mostraron que la combinación de ejercicio y educación en salud redujo tanto el dolor como la discapacidad de forma significativamente mayor que la educación sola. En otras palabras, la combinación de ambas estrategias obtiene mejores resultados que por separado.

Comprender el dolor para moverse sin miedo

¿Y qué tipo de educación marca la diferencia? No se trata únicamente de dar consejos posturales básicos o recomendar evitar ciertas actividades: en los últimos años ha cobrado protagonismo la educación en neurociencia del dolor.

Este enfoque explica cómo funciona el sistema nervioso y por qué el dolor no siempre equivale a un daño estructural grave. Es una señal de alarma que puede volverse más sensible cuando intervienen factores como el estrés, el miedo o determinadas creencias.

En un estudio reciente llevado a cabo por nuestro grupo de investigación y publicado en Pain Medicine, analizamos el efecto de añadir educación en neurociencia del dolor a la educación prenatal estándar en mujeres con dolor lumbopélvico asociado al embarazo. Observamos que las gestantes que recibieron esta información adicional experimentaron una reducción significativa de sus molestias y, especialmente, del miedo al movimiento en comparación con quienes solo recibieron la educación prenatal.

Este punto es crucial. Si una mujer interpreta su dolor como señal de “inestabilidad peligrosa”, es más probable que evite moverse, actitud que puede contribuir a perpetuar el problema. Cuando comprende que su cuerpo es resistente y que moverse de forma progresiva y segura es beneficioso, aumenta su confianza y su participación activa en el tratamiento.

Entender el dolor no lo hace menos real, pero sí lo hace menos amenazante.

El mensaje para el sistema nervioso

El beneficio de combinar instrucción y ejercicio no es exclusivo del embarazo. En un artículo publicado en Frontiers in Neuroscience analizamos múltiples revisiones sistemáticas sobre educación en neurociencia enfocada al dolor musculoesquelético crónico. La conclusión principal fue que dicha educación aplicada de forma aislada muestra efectos limitados en dolor y discapacidad. Sin embargo, cuando se combina con ejercicio u otras intervenciones activas, los resultados mejoran, especialmente en variables como la “catastrofización” y el miedo al movimiento.

En conjunto, la dirección de la evidencia es consistente: los enfoques que integran intervenciones activas y educativas obtienen mejores resultados que las estrategias aisladas.

¿Por qué es especialmente importante durante la gestación?

El embarazo tiene características propias que hacen que esta perspectiva mixta sea especialmente relevante.

El ejercicio proporciona una experiencia física de seguridad: movimiento progresivo, adaptado y tolerable; mientras que la educación aporta seguridad cognitiva: entender qué ocurre y por qué moverse es seguro. Juntos, envían un mensaje coherente al sistema nervioso: el cuerpo es capaz y el movimiento no es una amenaza.

Un cambio de paradigma

En conclusión, las investigaciones actuales invitan a desterrar algunos mitos. La evidencia no respalda el reposo prolongado ni los tratamientos donde la mujer adopta un papel poco activo en su recuperación. Tampoco sostiene que la sobrecarga mecánica sea la única explicación del dolor.

Para las mujeres embarazadas, el mensaje es esperanzador: el dolor es frecuente, pero no tiene por qué ser inevitable ni permanente. Combinar ejercicio adaptado con una comprensión adecuada del dolor es una de las estrategias con mayor respaldo científico disponible para recuperar el bienestar.

The Conversation

Gemma Biviá recibió financiación de la Generalitat Valenciana para el desarrollo del proyecto “Eficacia de una intervención online basada en educación en neurociencia del dolor sobre mujeres embarazadas con dolor lumbopélvico asociado al embarazo y la experiencia de dolor durante el parto” (CIGE/178).

Celia García Lucas no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Dolor lumbar y pélvico en el embarazo: qué tratamiento funciona mejor según la ciencia – https://theconversation.com/dolor-lumbar-y-pelvico-en-el-embarazo-que-tratamiento-funciona-mejor-segun-la-ciencia-277018

Décarboner, mais à quel prix ? La transition énergétique face aux droits autochtones

Source: The Conversation – in French – By Emmanuelle Champion, Professor, Université TÉLUQ

La transition énergétique s’accélère. Mais sur les territoires où s’extraient les minéraux qui la rendent possible, une autre question s’impose : celle du consentement des peuples autochtones.


Dans les discours politiques, médiatiques et même scientifiques, la transition énergétique est souvent présentée comme une trajectoire évidente et linéaire : il suffirait de remplacer les énergies fossiles par des renouvelables, d’électrifier les usages et d’innover technologiquement pour décarboner nos économies.

La décarbonation apparaît ainsi comme un impératif essentiellement technique, inscrit dans la continuité rassurante du progrès énergétique.

Mais cette représentation masque une dimension essentielle : la transition n’est pas seulement énergétique. Elle est aussi matérielle, territoriale et politique.

Une transition n’est pas un simple remplacement

Cette mise en récit de la transition comme succession ordonnée de substitutions s’appuie sur une représentation particulière de l’histoire énergétique. Or, le charbon n’a pas fait disparaître le bois ; le pétrole n’a pas remplacé le charbon.

Comme l’a montré l’historien Jean-Baptiste Fressoz dans Sans transition (2024), les transformations énergétiques passées n’ont jamais été de simples remplacements. Chaque nouvelle source d’énergie s’est ajoutée au contraire aux précédentes, contribuant à une expansion globale de la consommation de matières et d’énergie.

Cette lecture linéaire du passé rend pensable l’idée d’une transition « douce » compatible avec la poursuite de la croissance économique. Elle transforme la décarbonation en horizon rassurant. Mais elle invisibilise les tensions matérielles que cette transformation engendre aujourd’hui.




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Le cœur matériel de la décarbonation : les minéraux

Car la transition énergétique repose sur une infrastructure lourde : batteries, éoliennes, panneaux solaires, réseaux électriques, véhicules électriques.

Tout cela nécessite des minéraux critiques et stratégiques — lithium, nickel, cobalt, cuivre, terres rares — dont l’extraction se fait dans des lieux précis et soulève des enjeux politiques différents selon les territoires.

Au Canada, cette dynamique est particulièrement visible. Le gouvernement fédéral a fait des minéraux critiques un pilier de sa politique industrielle en lançant en 2022 la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui identifie 31 ressources jugées essentielles à la transition énergétique et prévoit plusieurs milliards de dollars d’investissements pour soutenir leur développement.

Plusieurs de ces minéraux — lithium, nickel, graphite ou niobium — sont présents en quantité importante au Québec. La province compte aujourd’hui plus d’une trentaine de mines actives et plusieurs dizaines de projets d’exploration ou de développement liés à ces ressources, principalement dans le Nord-du-Québec, en Eeyou Istchee ou sur la Côte-Nord. Or, ces régions correspondent largement à des territoires autochtones reconnus ou revendiqués.

À l’échelle mondiale, une analyse portant sur plus de 5000 projets liés aux minéraux de la transition énergétique montre que plus de 50 % des projets extractifs se situent sur ou à proximité de territoires occupés ou utilisés par des peuples autochtones et des communautés rurales dépendantes de la terre.

Ce n’est pas un simple hasard géographique. C’est un fait politique majeur.

Quand la transition devient une question territoriale

Cette concentration territoriale signifie que les coûts matériels de la transition sont distribués de manière inégale.

Le Forum permanent des Nations unies sur les questions autochtones souligne que les impacts de l’exploitation des minéraux nécessaires à la transition énergétique « s’accumulent et se transforment en violations systémiques des droits des peuples autochtones, notamment du consentement préalable, libre et éclairé et de l’autodétermination sur leurs terres et ressources ».

La transition ne concerne donc pas seulement le climat. Elle redéfinit les conditions politiques d’accès aux terres et aux ressources. Autrement dit : la décarbonation transforme une question énergétique en question territoriale.

Rendre structurante la question du consentement

Dans ce contexte, la question du consentement autochtone ne peut plus être traitée comme une formalité procédurale.

Le Consentement préalable, libre et éclairé (CPLÉ), reconnu par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, devient un axe central de la transition elle-même. Car l’impératif climatique accélère les projets extractifs, raccourcit les délais, mobilise des arguments d’urgence.

Or, l’urgence peut entrer en tension avec le temps long de la délibération collective et de l’autodétermination. La décarbonation ne supprime donc pas les conflits : elle les déplace. Elle reconfigure les rapports entre États, entreprises et communautés autochtones, en faisant du consentement non plus une périphérie du débat, mais l’un de ses enjeux centraux.

Une transition sous condition politique

Interroger cette dynamique ne revient pas à nier l’urgence climatique. Il s’agit plutôt de reconnaître que la transition énergétique n’est pas uniquement un projet technique. C’est aussi un projet de reconfiguration des rapports de pouvoir sur l’espace et les ressources.

Si la transition se veut réellement juste et durable, elle ne peut se limiter à un calcul carbone. Elle doit intégrer la question du consentement et de l’autodétermination des peuples concernés. Car la transition énergétique ne sera pas seulement verte – elle sera politique.




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Une transition déjà juridiquement reconfigurée au Québec

Au Québec et au Canada, cette reconfiguration n’est pas théorique. Elle est déjà visible dans des décisions judiciaires et des accords industriels concrets.

En 2017, la Cour d’appel du Québec a confirmé la décision du gouvernement de refuser un projet d’exploration d’uranium dans le Nord-du-Québec, dans l’affaire Ressources Strateco. L’entreprise minière soutenait que son projet respectait toutes les exigences techniques et environnementales. La Cour a néanmoins reconnu que l’autorisation d’un projet extractif ne dépend pas uniquement de critères géologiques ou économiques : elle comporte aussi une dimension politique, dans laquelle l’acceptabilité sociale – notamment du point de vue des communautés autochtones concernées – peut être déterminante.

Sans consacrer explicitement le consentement préalable, libre et éclairé, la décision a ainsi contribué à déplacer la focale vers la question du rapport au territoire.

En 2020, Rio Tinto et la communauté innue d’Uashat mak Mani-utenam ont conclu l’entente Ussiniun (« renouveau » en innu-aimun), mettant fin à une poursuite de 900 millions de dollars. Cette entente illustre une autre dimension de cette transformation : elle reconnaît que les conflits extractifs peuvent engager des responsabilités historiques et ouvrir des processus de réparation.

À l’échelle fédérale, l’adoption en 2021 de la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (souvent appelée Loi C-15), qui vise à harmoniser les lois canadiennes avec la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, inscrit désormais le principe du consentement dans l’architecture normative du pays. Si sa mise en œuvre demeure débattue, elle renforce l’idée que l’accès aux ressources ne peut plus être pensé indépendamment de l’autodétermination des peuples concernés.


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Dans ce contexte, la transition énergétique ne peut être réduite à une stratégie de décarbonation. Elle devient un test politique : celui de la capacité des institutions à concilier impératif climatique, exploitation minière accrue et respect effectif du consentement autochtone.

La transition ne sera pas seulement une affaire de carbone. Elle sera aussi une affaire de droit, de territoire et de pouvoir.

La Conversation Canada

Emmanuelle Champion a reçu des financements du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH).

ref. Décarboner, mais à quel prix ? La transition énergétique face aux droits autochtones – https://theconversation.com/decarboner-mais-a-quel-prix-la-transition-energetique-face-aux-droits-autochtones-275160

France-Corée du Sud : de la coopération cordiale à l’exigence stratégique

Source: The Conversation – in French – By Arnaud Leveau, Docteur en science politique, professeur associé au Master Affaires internationales, Université Paris Dauphine – PSL

La visite d’Emmanuel Macron en Corée du Sud, les 2 et 3 avril 2026, invite à regarder en face ce que la relation franco-coréenne révèle et dissimule à la fois : le potentiel inexploité d’un partenariat entre deux démocraties industrielles avancées, qui ont en commun une même condition stratégique, mais peinent encore à en tirer toutes les conséquences.


Il existe une forme d’échec particulièrement difficile à diagnostiquer : celui que dissimule une réussite partielle. La relation franco-coréenne en est l’illustration. Elle fonctionne. Elle produit des résultats mesurables dans les échanges commerciaux, la coopération culturelle, les consultations diplomatiques. Précisément parce qu’elle fonctionne, personne ne juge vraiment urgent de la transformer. Les échanges commerciaux bilatéraux avoisinent aujourd’hui 15 milliards d’euros par an, et la Corée du Sud figure parmi les partenaires industriels les plus avancés de la France en Asie, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l’énergie et des technologies critiques.

Ce confort est un piège. Dans un monde où les partenariats se hiérarchisent non plus par tradition ou proximité géographique, mais par capacité à répondre conjointement aux chocs systémiques, une relation « bien gérée » mais non structurante est une relation qui recule. Les agendas stratégiques se densifient ; si la France et la Corée du Sud n’y occupent pas une place centrale l’une pour l’autre, elles glisseront naturellement vers la périphérie des choix décisifs de chacune.

La question n’est donc pas : « Comment améliorer la coopération franco-coréenne ? » Elle est plus radicale : « Pourquoi deux démocraties industrielles avancées, aux intérêts stratégiques aussi convergents, n’ont-elles pas encore franchi le seuil d’une nécessité mutuelle reconnue ? »

Deux souverainetés sous contrainte : une grammaire commune

Pour comprendre pourquoi ce seuil n’a pas encore été franchi, il faut d’abord comprendre ce qui rapproche structurellement les deux pays, bien au-delà de la rhétorique des valeurs partagées.

La Corée du Sud et la France ont chacune, par des voies radicalement différentes, développé une philosophie d’État fondée sur la souveraineté sous contrainte. Pour la Corée, cette philosophie a été forgée dans le feu : colonisation, guerre fratricide, division permanente, voisins nucléaires ou révisionnistes. L’État coréen a appris, à force de vulnérabilité existentielle, à ne jamais confondre alliance et dépendance, à diversifier ses partenaires industriels comme d’autres diversifient leurs réserves militaires, à transformer la contrainte en moteur d’innovation.

Pour la France, la leçon a été plus lente à intégrer et plusieurs fois douloureuse. La décennie 2015–2025 aura été une décennie de désillusions successives : les illusions d’un partenariat stratégique avec la Russie, la brutalité du « America First » trumpien révélant la fragilité de la garantie atlantique, la guerre revenue en Europe, la coercition économique chinoise érigée en instrument géopolitique assumé. Ce que la Corée du Sud sait depuis 1953, la France l’apprend encore : aucune puissance moyenne, si capable soit-elle, n’est à l’abri de la pression des grands.

Cette convergence d’expériences produit une grammaire commune : l’autonomie ne se proclame pas, elle se construit. Elle s’incarne dans des bases industrielles souveraines, dans des chaînes de valeur résilientes, dans des partenariats choisis plutôt que subis. C’est sur ce socle, pas sur la similitude culturelle ni sur les coopérations sectorielles existantes, que pourrait reposer un véritable partenariat stratégique franco-coréen.

Ce que la géopolitique de 2026 rend possible et urgent

La visite du 2 au 3 avril 2026 du président Macron en Corée du Sud intervient dans un contexte inédit. Jamais depuis la fin de la guerre froide, les conditions objectives d’un rapprochement franco-coréen n’ont été aussi favorables… et les obstacles à ce rapprochement aussi visibles.

Côté opportunités : la recomposition des chaînes de valeur technologiques crée des espaces de complémentarité inédits. La France dispose d’un écosystème d’intelligence artificielle en structuration, soutenu par des investissements publics et européens croissants, d’une industrie nucléaire civile sans équivalent en Europe et d’une capacité de projection diplomatique que peu de démocraties de taille comparable peuvent revendiquer. La Corée du Sud, de son côté, maîtrise des segments critiques de l’économie mondiale – semi-conducteurs, batteries, construction navale – et a silencieusement transformé son industrie de défense en l’une des plus compétitives au monde. Ces deux profils ne sont pas en compétition : ils sont complémentaires. C’est précisément le type de complémentarité que la fragmentation de la mondialisation rend précieuse.

Côté obstacles, Paris subit désormais une double surcharge géopolitique. Le front oriental européen (réarmement, soutien à l’Ukraine, crédibilité de la dissuasion collective) absorbe une part croissante de la bande passante politique et budgétaire. Et la guerre déclenchée le 28 février 2026 contre l’Iran par Washington et Tel-Aviv ajoute une seconde zone de tension majeure que la France ne peut ignorer.

La position française dans ce conflit illustre précisément la complexité de sa situation : Emmanuel Macron a imputé la « responsabilité première » de la crise à Téhéran, tout en désapprouvant des frappes « conduites en dehors du droit international ». Une posture de double désapprobation – ni alignement sur les administrations Trump et Nétanyahou, ni condamnation franche de l’opération – qui place Paris dans un entre-deux diplomatique inconfortable. La fermeture partielle du détroit d’Ormuz, qui pèse déjà sur l’approvisionnement énergétique européen, ajoute une pression économique supplémentaire à cette équation déjà surchargée.




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Du côté coréen, c’est une autre contrainte qui s’est durcie : l’axe russo-nord-coréen est désormais une réalité stratégique assumée. La Corée du Nord a fourni à la Russie missiles balistiques et troupes de combat, et selon l’Institut sud-coréen de stratégie de sécurité nationale, Pyongyang aurait engrangé entre 7,67 et 14,4 milliards de dollars (entre 6,7 et 12,5 milliards d’euros) en combinant déploiements de soldats et exportations d’équipements, une fourchette large qui reflète les incertitudes d’évaluation, mais dont l’ordre de grandeur suffit à mesurer l’impact : pour une économie d’environ 40 milliards de dollars (34,7 milliards d’euros) de PIB, même le scénario bas représente un afflux de devises considérable, qui renforce les capacités militaires du régime et réduit sensiblement l’efficacité des sanctions internationales.




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À cela s’ajoute, côté français, un obstacle opérationnel trop rarement nommé : les coopérations de défense franco-coréennes restent structurellement entravées. Malgré des intérêts industriels convergents – la France dans le nucléaire naval et les systèmes d’armes, la Corée dans les plateformes terrestres et les munitions –, les deux pays n’ont pas encore trouvé le format d’une coproduction crédible, faute de cadre politique suffisamment ambitieux pour surmonter les réticences bureaucratiques et les contraintes de transfert technologique.

Ce contexte dual – surcharge occidentale d’un côté, menace nord-coréenne renforcée de l’autre – milite pour l’élaboration d’un agenda franco-coréen précis et ciblé, articulé autour de quelques convergences stratégiques concrètes, plutôt que pour une déclaration de partenariat global dont la mise en œuvre resterait suspendue aux urgences du moment.

Contrainte structurante supplémentaire : la Corée du Sud reste profondément ancrée dans son alliance avec les États-Unis, qui constitue le socle de sa sécurité nationale, tout en étant engagée dans une relation complexe avec le Japon. Cette double dépendance stratégique limite sa marge de manœuvre, tout en renforçant son intérêt pour des partenariats complémentaires avec des acteurs comme la France.

La récente visite du président Lee Jae-myung en Chine, marquée par un entretien avec Xi Jinping allant bien au-delà du protocole, illustre cette logique de diversification active : Séoul ne cherche pas à choisir entre Washington et Pékin, mais à élargir son espace de manœuvre en cultivant des partenariats avec des puissances tierces crédibles. La France, précisément parce qu’elle n’est ni américaine ni chinoise, et qu’elle porte une ambition d’autonomie stratégique que Séoul comprend intuitivement, occupe dans ce calcul une place potentiellement singulière à condition de la revendiquer.

L’Europe comme levier – à condition de s’en servir

L’une des pistes les moins exploitées du partenariat franco-coréen est précisément celle que Paris pourrait activer le mieux : la dimension européenne. La France n’est pas simplement un pays partenaire parmi d’autres pour la Corée du Sud. Elle est, potentiellement, la porte d’entrée dans un espace plus large, une coalition de démocraties industrielles avancées liées par des règles communes, un marché intégré et une ambition croissante de souveraineté technologique.

Or, cette dimension européenne reste sous-mobilisée. Les coopérations industrielles franco-coréennes existent, dans l’énergie, les transports, la défense, mais elles sont largement bilatérales. Elles ne s’articulent pas à une architecture européenne. Elles ne contribuent pas à construire les « chaînes de valeur de confiance » que l’UE cherche pourtant à développer pour réduire ses dépendances critiques. C’est un rendez-vous manqué.

L’invitation de la Corée du Sud au sommet du G7, que la France accueillera à Évian en juin 2026, pourrait changer l’échelle. Non comme signal protocolaire, mais comme affirmation que Séoul a sa place dans les enceintes où se redéfinissent les équilibres technologiques, les normes de l’intelligence artificielle, les règles du commerce des biens critiques. Pour Paris, faire de la Corée du Sud une partenaire structurante de l’agenda européen sur ces sujets, et non une simple observatrice bienveillante, serait un acte politique concret, pas seulement une intention.

Trois paris pour une relation qui change de régime

Plutôt que d’énumérer des domaines de coopération supplémentaires, exercice auquel les communiqués diplomatiques excellent déjà, il vaut mieux identifier ce qui permettrait à la relation de changer de dimension. Trois paris paraissent déterminants.

Premier pari : accepter l’asymétrie des urgences sans en faire un alibi

Paris a les yeux rivés sur l’est de l’Europe ; Séoul sur la péninsule coréenne. Cette asymétrie des urgences est réelle. Mais elle n’empêche pas de construire des réflexes communs sur les sujets où les intérêts se recoupent naturellement : gouvernance des technologies critiques, sécurité des espaces maritimes, résilience des chaînes d’approvisionnement. L’erreur serait d’attendre que les agendas s’alignent spontanément. Ils ne le feront pas.

Deuxième pari : faire de la Corée du Sud un partenaire de l’autonomie stratégique européenne

L’autonomie stratégique européenne n’a de sens que si elle s’appuie sur des partenaires extérieurs fiables. La Corée du Sud est l’un des rares pays au monde à réunir simultanément les critères nécessaires : résilience politique et institutionnelle, base industrielle et technologique de premier rang, capacité d’innovation dans les secteurs critiques, alignement avec les règles du commerce international et volonté de diversifier ses partenariats stratégiques.

Troisième pari : inventer des formats qui contournent les bureaucraties

Les appareils d’État des deux pays ne produiront pas spontanément la densité stratégique qui fait défaut. Les think tanks, les universités, les entreprises technologiques, les armées et les institutions financières de développement sont souvent mieux placés pour expérimenter des formes nouvelles de coconstruction. La diplomatie franco-coréenne gagnerait à déléguer davantage, à condition de fixer des caps politiques clairs. Un écosystème d’innovation partagé en intelligence artificielle, des exercices cyber communs, un fonds franco-coréen d’investissement dans les chaînes de valeur critiques : ces projets concrets valent plus, pour la relation, que dix déclarations d’intention.

La visite comme test

La visite d’Emmanuel Macron intervient dans un moment de densification des relations politiques, marqué par la volonté affichée des deux pays de donner une nouvelle impulsion à leur partenariat stratégique, sans toutefois que ses contours soient clairement définis.

Les visites d’État ont une valeur propre : elles obligent à formuler ce qu’on veut vraiment. Ce qu’Emmanuel Macron ira dire à Séoul dira autant sur la conception française de l’ordre international que sur la relation bilatérale elle-même. Viendra-t-il proposer un agenda de coconstruction industrielle et normative, ou simplement renouveler la promesse d’une relation « excellente » ?

Dans un monde où la fragmentation géopolitique pousse chaque État à hiérarchiser ses partenariats, l’entre-deux n’est plus tenable. Pour la France comme pour la Corée du Sud, le choix n’est pas entre coopération et non-coopération. Il est entre une relation qui reste à la périphérie des choix stratégiques décisifs, et une relation qui y entre résolument. Le moment est rare : les conditions de convergence sont objectives, les fenêtres diplomatiques s’ouvrent rarement deux fois au même endroit.

Il reste une condition implicite que ni les communiqués ni les accords sectoriels ne peuvent remplacer : une volonté politique partagée de se voir autrement qu’on ne s’est vus jusqu’ici, comme deux partenaires qui ont les mêmes contraintes, les mêmes vulnérabilités, et, concrètement, besoin l’un de l’autre pour peser dans un monde qui ne les attendra pas.

The Conversation

Arnaud Leveau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. France-Corée du Sud : de la coopération cordiale à l’exigence stratégique – https://theconversation.com/france-coree-du-sud-de-la-cooperation-cordiale-a-lexigence-strategique-279496

Pourquoi l’indépendance est-elle devenue un enjeu politique en Alberta ?

Source: The Conversation – in French – By Daniel Béland, Professor, Political Science, McGill University

C’est avec une certaine surprise que plusieurs Canadiens ont vu émerger, ces dernières années, un mouvement sécessionniste en Alberta. Habitués aux revendications indépendantistes du Québec, ils ont pu être étonnés de voir une partie de la population albertaine envisager l’indépendance de la province.


Pourtant, malgré un historique de contestation du pouvoir fédéral et un sentiment persistant d’aliénation dans l’Ouest — souvent lié à la perception d’un Canada dominé par les intérêts de l’Ontario et du Québec —, aucune manifestation sécessionniste sérieuse n’avait jusque-là pris forme en Alberta. La province ne s’est jamais définie comme une nation distincte, et aucun acteur politique majeur n’a porté un projet indépendantiste structuré.

D’où vient donc ce mouvement, en apparence soudain, qui se traduit aujourd’hui par des démarches visant à tenir un référendum sur l’indépendance ? Trois éléments permettent d’en comprendre l’émergence.




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Sentiment historique d’aliénation de l’Ouest

Depuis sa création comme province en 1905, l’Alberta entretient un sentiment d’aliénation partagé, à divers degrés, par les provinces de l’Ouest, nourri par la perception d’un gouvernement fédéral défavorable à ses intérêts. Cette lecture s’appuie notamment sur les luttes pour le contrôle des ressources naturelles au début du XXe siècle et sur le Programme énergétique national de la première moitié des années 1980.

La montée du Parti réformiste dans le contexte des négociations constitutionnelles des années 1980 et du début des années 1990 reflétait bien ces sentiments : frustration face à l’influence jugée limitée de l’Ouest au sein de la fédération et exaspération devant la place centrale occupée par les revendications québécoises, notamment lors des négociations entourant l’Accord du lac Meech et la reconnaissance du Québec comme « société distincte ».

À cette époque, comme l’illustrait le slogan réformiste « the West wants in, », la solution proposée reposait sur une plus grande intégration de l’Ouest dans la gouvernance fédérale, notamment par une réforme du Sénat. À la suite de l’échec de ce projet, la position albertaine s’est déplacée vers une logique privilégiant l’autonomie provinciale plutôt qu’une influence accrue au sein de la fédération.

C’est dans ce contexte qu’a été publiée la célèbre lettre, signée par d’importantes personnalités conservatrices albertaines, préconisant l’élaboration d’un pare-feu (firewall) autour de la province.

Les années du gouvernement conservateur de Stephen Harper (2006-2015) ont atténué le sentiment régional d’aliénation dans l’Ouest, alors que les gouvernements libéraux de Justin Trudeau (2015-2025) ont favorisé sa réémergence. Leurs priorités, notamment en matière de climat et de réconciliation, ainsi que leurs réticences envers de nouveaux projets d’oléoducs et leur orientation plus progressiste, ont contribué à raviver les tensions entre l’Alberta et le fédéral.

La détérioration de l’économie albertaine à partir de 2014, liée à la chute des prix du pétrole, ainsi que la victoire du nouveau Parti démocratique (NPD) de Rachel Notley en 2015, ont accentué les frustrations économiques et politiques de la droite provinciale. Ce contexte, toutefois, ne suffit pas à lui seul à expliquer l’émergence de revendications sécessionnistes.




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Le populisme trumpiste

Le populisme trumpiste issu de la première présidence Trump (2017-2021) a contribué à transformer la nature de l’aliénation en Alberta, en accentuant la polarisation politique et la méfiance envers les institutions, les élites et les médias.

Les liens étroits entre l’Alberta et les États-Unis, combinés à la pandémie de Covid-19, ont facilité la diffusion de ce populisme au sein d’une partie de la droite albertaine. Bien que ce type de populisme existe dans d’autres provinces, son influence est particulièrement forte en Alberta, une situation particulièrement visible sur les médias sociaux.

En conséquence, les gouvernements libéraux fédéraux de Justin Trudeau sont venus à être dépeints comme des ennemis de l’Alberta, déterminés à détruire l’économie de la province par le biais de lois environnementales et à éliminer le droit à la liberté des Albertains par différentes mesures de santé publique adoptées durant de la pandémie.

Cette radicalisation s’est traduite par l’émergence de nouveaux mouvements, dont l’Alberta Prosperity Project, qui milite pour la tenue d’un référendum sur l’indépendance de la province. Dans cette logique, la réforme du fédéralisme cède le pas à une remise en cause plus fondamentale de l’ordre politique canadien.

Compétition politique au sein du Parti conservateur uni

Finalement, les dynamiques internes du Parti conservateur uni de l’Alberta ont également joué un rôle direct dans le processus d’inscription à l’agenda politique de la question de l’indépendance de la province.

Pour comprendre ces dynamiques, il faut remonter aux origines du Parti conservateur uni. Fondé en 2017, il résulte de la fusion du Parti Wildrose et des progressistes-conservateurs, avec pour objectif explicite de réunifier une droite divisée, dont les tensions internes avaient contribué à la victoire du NPD en 2015, à l’image de la création du Parti conservateur du Canada une décennie plus tôt.

Dirigé dès octobre 2017 par l’ancien ministre fédéral Jason Kenney, le parti accède au pouvoir en avril 2019 à la suite de la défaite du NPD.

D’abord très populaire auprès des militants, Kenney a rapidement été confronté, durant la pandémie de Covid-19, à une faction populiste issue du Parti Wildrose devenue difficile à contrôler et de plus en plus opposée à son leadership, notamment en raison de son style jugé autoritaire et de sa gestion des mesures de santé publique. En mai 2022, il annonce sa démission après un vote de confiance où il avait reçu à peine 51 % d’appuis des membres de son parti.

Quelques mois plus tard, Danielle Smith, figure populiste issue à l’origine du Parti Wildrose, devient cheffe du parti et première ministre. En partie pour éviter le sort de Kenney, elle mise sur des politiques populistes axées sur la démocratie directe (notamment les référendums), ainsi que sur une réaction idéologique marquée contre le « wokisme » et les politiques environnementales fédérales, parfois présentées à tort par une partie de sa base comme un complot visant l’Alberta et son secteur pétrolier.

Politicienne aguerrie, Smith cherche à maintenir l’appui de l’aile populiste de son parti, qui avait contribué à la chute de Jason Kenney, notamment en facilitant les référendums d’initiative populaire, y compris sur l’indépendance, en abaissant les seuils requis.

Bien qu’environ les trois quarts des Albertains s’y opposent, le soutien à l’indépendance, autrefois marginal, est nettement plus élevé parmi les électeurs du Parti conservateur uni, en raison du poids de sa frange populiste.

Dans ce contexte, deux pétitions ont été lancées en vue de la tenue d’un référendum sur l’indépendance : l’une portée par ses partisans, l’autre par ses opposants, la première devant recueillir le nombre de signatures requis d’ici le début mai. En février, Danielle Smith a annoncé la tenue cet automne de neuf référendums en Alberta portant sur des enjeux constitutionnels ainsi que sur l’immigration, un thème central du populisme trumpiste. Aucun ne concerne toutefois l’indépendance, bien que la possibilité d’un tel scrutin demeure ouverte.

Si un référendum sur l’indépendance de l’Alberta a lieu cet automne, les chances de victoires du camp indépendantiste sont minces, du moins si on se fie aux sondages et au contexte international incertain qui semble renforcer l’idée qu’en ce moment l’indépendance est un pari particulièrement risqué, dans cette province, mais aussi au Québec.

Toutefois, dans le contexte géopolitique actuel, la simple tenue d’un tel référendum, peu importe le résultat, soulève des enjeux géopolitiques importants, notamment en matière d’ingérence étrangère. À cet égard, l’administration Trump suscite des inquiétudes, certains de ses représentants ayant déjà rencontré des indépendantistes albertains venus à Washington pour promouvoir leur cause.

Pour de nombreux conservateurs albertains, l’idée d’un référendum vise avant tout à « envoyer un message » au gouvernement fédéral, en s’appuyant sur la conviction que la menace référendaire a pu bénéficier politiquement au Québec.

Difficile à démontrer, cette croyance contribue néanmoins à maintenir la question référendaire à l’agenda, dans une province où le soutien réel à l’indépendance demeure encore relativement limité.

La Conversation Canada

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

ref. Pourquoi l’indépendance est-elle devenue un enjeu politique en Alberta ? – https://theconversation.com/pourquoi-lindependance-est-elle-devenue-un-enjeu-politique-en-alberta-275729

Petróleo y química: por qué no todos los combustibles suben igual

Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ander Portillo Bazaco, Doctor en Ingeniería Química en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

En las últimas semanas, el estrecho de Ormuz se ha convertido en protagonista informativo por circunstancias fatales, como ya ocurrió antes con la ciudad de Alepo (Siria) o la región del Donbás (Ucrania). Este accidente geográfico es la única puerta de acceso marítimo al Golfo Pérsico, donde se encuentran algunos de los países productores de gas y petróleo más relevantes del mundo: Irán, Irak, Catar, Emiratos Árabes Unidos, por mencionar algunos. De ahí que el precio del crudo se haya visto fuertemente alterado por la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero de este año.

Un aumento de los precios del crudo impacta casi inmediatamente en la economía global, pues es la base para generar energía y para el transporte.

En cuanto a la energía, el daño puede mitigarse, en mayor o menor medida, en función del peso de la energía fósil en el mix energético de cada país.

Respecto al transporte, el precio de los combustibles ha aumentado en todos los casos, pero no de la misma manera. Por ejemplo, en España, considerando los precios promedio, el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado en muchos hogares y vehículos, aumentó hasta un 9,8 % las tres primeras semanas de marzo, mientras que el diésel A lo hizo un 29 % en ese mismo periodo.

La petroquímica es clave para entender los diferentes combustibles

El porqué de esta diferencia, más allá de las oscilaciones del mercado, tiene una base técnica: el tipo de crudo y la petroquímica. Una vez obtenido y pretratado, el crudo o petróleo es una mezcla de muchos compuestos, la mayoría de ellos hidrocarburos (formados por hidrógeno y carbono). El resto, principalmente azufre y nitrógeno, se consideran impurezas. De esta manera, la calidad del petróleo suele determinarse en función de qué tipos de hidrocarburo y de cuántos compuestos indeseados tiene.

Para entender la relación entre ambas ideas es necesario profundizar en la diferencia que hay en la naturaleza química de los diferentes combustibles fósiles. Los combustibles se clasifican, principalmente, en función del número de carbonos que tienen los elementos que la componen. Hay que tener en cuenta que a mayor número de carbonos, más pesado (denso) será el compuesto. El GLP, por ejemplo, está compuesto por hidrocarburos muy ligeros, propano y butano (con 3 y 4 carbonos, respectivamente). Por ello, en la industria refinera se les conoce como corte C₃-C₄. En el caso de la gasolina, suelen ser hidrocarburos entre 5 y 11 carbonos, es decir, C₅-C₁₁.

En orden del número de carbonos, los grupos principales obtenidos del petróleo son: gas natural o metano (mayormente C₁-C₂ ), GLP (C₃-C₄), gasolina (C₅-C₁₁), queroseno (C₈-C₁₆), diésel ligero (A y B, químicamente idénticos, C₁₂-C₁₈), diésel C (gasóleo de calefacción, C₁₄ -C₃₀) y fuelóleos (>C₂₀).

Fracciones principales de petróleo por número de carbonos.

Para obtener cualquiera de estas fracciones, las refinerías emplean dos tipos principales de procesos: conversión de hidrocarburos y procesos de separación. Dentro de los procesos de conversión, las moléculas cortas pueden unirse para formar una más larga (reacciones de polimerización) o una molécula larga puede romperse para obtener varias más cortas (reacciones de craqueo).

Independientemente de las reacciones necesarias para tratar el crudo, la composición inicial de la mezcla determinará en gran medida el resultado final. Será mucho más rentable simplemente extraer un tipo de moléculas que tener que sintetizarlas para separarlas después.

A rasgos generales, un crudo ligero y con pocas impurezas será mucho más fácil y económico de tratar y dará lugar a una mayor fracción de compuestos ligeros (GLP o gasolina por ejemplo). Por el contrario, un crudo pesado y con impurezas será mucho más complejo de procesar y derivará en compuestos más pesados (diésel o fuelóleos, entre otros).

En Oriente Medio, solo el 23,4 % del crudo es considerado ligero, mientras que el 75,6 % del crudo estadounidense lo es. Por tanto, del crudo de Oriente Medio se obtienen en mayor medida productos pesados mientras que los ligeros se obtienen más sencillamente con el crudo estadounidense.

Con Ormuz cerrado, ¿cómo obtener crudo pesado?

El crudo pesado por excelencia es el venezolano. Denso, viscoso y rico en azufre, su extracción, transporte y refinación es difícil y se necesitan procesos complejos para convertirse en combustible.

Pese a ello, el bloqueo del estrecho de Ormuz hace especialmente valiosos los yacimientos venezolanos, que pueden ser una fuente alternativa de crudos pesados para las refinerías estadounidenses que antes usaban crudo procedente del Golfo Pérsico para la producción de materiales pesados como asfalto y lubricantes.




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No toda la petroquímica son combustibles, los plásticos sufren

El crudo es la materia prima de otros compuestos, más allá de los combustibles. Los plásticos son un ejemplo de ello y aquí las fábricas asiáticas son las que más sufren por el bloqueo de Ormuz, pues su materia prima proviene principalmente de los países del golfo.

La urea es otro producto petroquímico fundamental al ser la base de la mayoría de los fertilizantes y, por tanto, esencial para la agricultura. Actualmente se produce mayormente con gas natural, por lo que su precio también se ve alterado por el conflicto en el Golfo Pérsico. Desde el inicio de la guerra, el precio de la urea ha aumentado un 39 %.

Mientras que India y Filipinas han tomado medidas extraordinarias para mitigar el daño de esta guerra a su economía, China cuenta con la mayor reserva de barriles del mundo, que puede liberar para mantener su consumo habitual mientras negocia alternativas.

En estos momentos, la mejor opción para la mayoría de los países asiáticos es negociar con Rusia para proveerse de crudo. Tras años con fuertes sanciones internacionales, ahora se espera que sus ingresos procedentes del petróleo y el gas crezcan un 70 %.

Este escenario energético, con Ormuz cerrado y los precios del crudo subiendo, no implica solo que ahora salga más caro llenar el depósito del coche o que los precios de los vuelos se hayan disparado. Todos los productos derivados de la industria petroquímica (combustibles, fertilizantes o energía, entre otros) sufrirán las consecuencias. Habrá que ver el alcance de cada una de ellas.

The Conversation

Ander Portillo Bazaco no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

ref. Petróleo y química: por qué no todos los combustibles suben igual – https://theconversation.com/petroleo-y-quimica-por-que-no-todos-los-combustibles-suben-igual-279125

Kenya’s new infrastructure fund is long overdue – but design flaws could limit its impact

Source: The Conversation – Africa – By Odongo Kodongo, Associate professor, Finance, University of the Witwatersrand

Kenya is laying the ground for an infrastructure fund which will raise money for new projects – such as roads, energy and ports – through public-private partnerships, privatisation proceeds, and institutional capital. We asked Odongo Kodongo, a project finance expert, to unpack the potential risks and rewards of this strategy – and where it falls short.

Why now?

Kenya is weighed down by public debt that has built up rapidly over the last few years. The country’s public debt stood at about 12.30 trillion Kenya shillings (US$94.6 billion) as of December 2025, having risen from about 9.15 trillion shillings (US$70.3 billion) in December 2022. That is, public debt grew by over 34% in only three years.

Public debt as a percentage of GDP in 2022 was 67.9%. Thanks to an appreciating local currency, the debt to GDP ratio remained almost unchanged at 67.5% in 2025. For emerging and developing economies, a debt limit of no more than 64% of the country’s production (gross domestic product or GDP) is recommended.

In the financial year 2024/25, 71.2% of all government revenue went towards the servicing of debt. This left very little resources for other government activities including social programmes and capital projects such as infrastructure investments.

Kenya faces a massive infrastructure gap. Estimates show that the country needs to invest over US$12 billion annually in infrastructure until 2040 to meet its development goals. It doesn’t have this, resulting in an infrastructure financing gap of roughly US$2.1 billion annually.

However, due to the country’s excessive public debt, Kenyans must consider avenues other than tax revenues and public debt to pay for infrastructure. In this regard, the new fund is long overdue.

How will the fund work?

The National Infrastructure Fund Act establishes the fund as a corporate entity run by a board of directors. The board includes state officers and independent directors, recruited in accordance with the legislation governing state owned enterprises.

The treasury secretary is expected to formulate the act’s supporting regulations and guidelines. These include the fund’s investment policy, government support mechanisms, and standards and procedures.

However, the fund’s proposed legislation appears to indicate that its major responsibilities will include:

  • identifying and setting priorities for public infrastructure investments

  • conducting feasibility studies and developing bankable proposals

  • identifying an optimal mix of financing options for infrastructure projects

  • negotiating and closing financing deals with infrastructure financiers

  • overseeing implemented projects to manage risks and minimise time and cost overruns

  • audit to ensure past experiences inform project planning.

What are the potential risks and rewards?

The potential benefits of an infrastructure fund include greater infrastructure endowment, its potential cascading effects on development, and reduced reliance on the public purse.

But the success of such a fund hinges on many things. First, the fund’s design as a state owned enterprise creates the expectation that it will have autonomy to make its decisions without political interference and executive meddling.

However, some provisions of the act cast doubt that this will be possible. For example, the power to appoint independent directors is vested in the treasury cabinet secretary. This is a red flag. Given that the same cabinet secretary is a member of that board, independent board members may feel under pressure to agree with their appointing authority, making them effectively nonindependent.

Second, the fund must incentivise superior performance. Part III of the act recognises this need. The treasury cabinet secretary can set the board’s performance targets and evaluate its performance. But the cabinet secretary is a member of the same board and cannot be a fair referee.

Third, the act identifies the fund’s audited financial statements as a basis for performance evaluation. While this conventional approach appears sound, the structure of a more appropriate incentive system should focus on the objectives for which the fund is being set up. That is, performance should be based on:

  • the quantity of financial resources mobilised, especially from private sources

  • the amount of mobilised resources actually invested in infrastructure projects

  • efficiency in the management of projects

  • existence of feedback loops at various points between project origination and termination to support monitoring and corrective actions when necessary

  • capacity development and skills transfer.

The last point is important, given that human capital constraints have limited the region’s capacity to generate a pipeline of bankable projects, rendering its infrastructure sectors unattractive to private sector capital.

The fourth major weakness is the significance attached to financing derived from the disposal of government assets. Given that these assets are in short supply, monies from such sales must not be regarded as a primary source of financing.

Indeed, while the motivation for setting up the fund is to diversify funding sources and increase fiscal headroom, the act does not say much about private sector involvement.

In contrast, a similar fund created in South Africa in 2020 is specifically mandated to employ blended finance instruments. This involves using concessional finance (such as borrowing from development banks) to make an investment less risky to encourage private sector participation.

Finally, there is an ominous clause in the act that empowers the treasury secretary to issue government support in the form of letters of credit, guarantees and firm commitments to support projects. Because some of these mechanisms constitute public debt, this clause contradicts another clause that motivates the fund’s establishment on the grounds of “reduction in the reliance on public debt”.

What’s missing from the strategy, what needs fixing?

First, the implementation guidelines to be developed by the cabinet secretary should clearly spell out the fund’s goals. These include:

  • specific capital mobilisation targets: what is the volume of financial resources expected to be mobilised?

  • infrastructure investment targets: what are the immediate, medium and longer term infrastructure investment goals? These would be consistent with the country’s development plans, which often have specific timelines, such as year 2030.

Second, the underpinning law links performance measurement to the fund’s ability to “make a return commensurate with its level of investment”. This “economic/financial” view of performance ignores the social return potential of infrastructure investments.

For example, investing in hospitals and schools creates a healthier and higher quality manpower with greater longevity (social returns) and receptiveness to new knowledge. This increases labour productivity (economic returns).

Third, one of the more important beneficial spillovers of the fund’s operations is likely to be the development of the country’s capital markets. The fund could access capital from financial institutions such as pension and wealth funds, and diaspora resources, through innovative design of financial instruments.

The increased diversity of financial instruments and larger pool of capital could deepen the country’s capital markets. Thus, the act ought to have included capital markets development as one of the fund’s objectives.

At the operational level, several things need fixing. For example, the government must provide “seed” capital to support the fund’s initial activities. The amount of the seed capital, the justification for it, and its source(s) must be anchored in law.

Further, given the highlighted flaws of the cabinet secretary’s dual roles as a member of the board and its oversight agent, the cabinet secretary should be made an ex-officio member by law.

Finally, all proceeds, if any, from the sale of public assets in future should be ring-fenced to the fund. This, too, should be anchored in law.

The Conversation

Odongo Kodongo does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Kenya’s new infrastructure fund is long overdue – but design flaws could limit its impact – https://theconversation.com/kenyas-new-infrastructure-fund-is-long-overdue-but-design-flaws-could-limit-its-impact-279254

Déchets ou ressources ? Une autre histoire des excréments

Source: The Conversation – France (in French) – By Fabien Esculier, Chercheur, coordonnateur du programme de recherche-action OCAPI au LEESU, École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)

Il y a encore quelques décennies, les excréments – urines et matières fécales – étaient considérés comme des sources d’engrais vitales. Ils ont été évincés par les engrais d’origine fossile au prix d’importants dommages environnementaux et sanitaires. Aujourd’hui relégués au rang d’encombrants déchets, les excréments humains voient leurs précieux nutriments majoritairement détruits ou rejetés en rivière.

Dans le livre, qui paraît ce jour aux éditions Actes Sud, le chercheur Fabien Esculier, de l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC), plaide pour la réhabilitation de ces matières et leur réintégration dans une forme d’économie circulaire. Nous reproduisons ci-dessous un extrait de son introduction.


Les excrétions humaines ont progressivement été reléguées au rang d’impensé collectif. La principale interaction que nous avons avec elles est d’espérer les voir disparaître le plus vite possible, les éloigner le plus possible de tous nos sens.

Presque personne n’en parle ni ne se soucie de savoir ce qu’elles deviennent… sauf les jeunes enfants, naturellement très intéressés par ces matières fascinantes ! Or il y a là deux paradoxes majeurs.

Premièrement, nous produisons quotidiennement deux ressources précieuses, les urines et les matières fécales, qui sont fondamentalement de la nourriture pour les sols et pour les plantes. Du point de vue du fonctionnement des écosystèmes, et donc du soutien de la vie humaine sur Terre, comme du point de vue de la prévention pour la santé humaine, mettre nos excrétions dans l’eau fait probablement partie des pires options envisageables, déployées à grande échelle seulement depuis quelques décennies.

Jadis exploitées pour leur pouvoir fertilisant, aujourd’hui traitées comme des déchets

Les humains doivent manger des plantes pour vivre – ou manger des animaux qui ont eux-mêmes mangé des plantes. Une fois qu’elle a été ingérée, la quasi-intégralité de la matière de notre alimentation se retrouve dans nos excrétions (sauf principalement le carbone qui est expiré sous forme de gaz carbonique et que les plantes captent ensuite dans l’atmosphère).

Or, les sols et les plantes se nourrissent justement de ces excrétions qui, utilisées précautionneusement, peuvent permettre une réelle économie circulaire entre la gestion des excrétions humaines et la culture des plantes alimentaires.

Transport d’excréments humains par train afin de fertiliser les champs. Danemark, début du XXᵉ siècle.
Renholdningsselskabet af 1898, repris dans Hans Peter Hilden, « Skrald, storby og miljø », Copenhague, 1973

Dans l’histoire récente de l’humanité, il semble plutôt difficile de trouver une société qui n’ait pas mis à profit le pouvoir fertilisant de nos excrétions. Ce faisant, les risques sanitaires liés aux excrétions sont d’ailleurs susceptibles d’être mieux gérés que s’il s’agit principalement de s’en débarrasser.

C’est là qu’apparaît le deuxième paradoxe majeur. Bien que nous cessions d’y penser une fois la chasse d’eau tirée, nos excrétions ne disparaissent pas pour autant.

En fait, notre société en prend très grand soin. Depuis les personnes qui changent les couches, nettoient les toilettes ou débouchent les tuyaux, en passant par les égoutiers, les constructeurs et les exploitants de stations d’épuration, jusqu’aux agriculteurs qui épandent les boues dans leurs champs, le secteur de la gestion des excrétions humaines est un pan très important de notre économie. Et très dévalorisé pourtant.

Vous pensiez que tirer la chasse d’eau était un geste anodin ? Détrompez-vous !



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Recréer une économie circulaire des excrétions

Il ne s’agit pas seulement de mieux s’occuper de nos excrétions mais aussi d’opérer un basculement de valeur dans la manière de les considérer.

En effet, depuis quelques décennies, avec le développement des engrais de synthèse issus de ressources fossiles et l’abandon progressif des pratiques millénaires de valorisation agricole de nos excrétions, la résultante principale de cette économie des excrétions humaines mélangées à l’eau est une perte de résilience alimentaire.

Elle induit également une pollution des milieux aquatiques et une destruction coûteuse de l’engrais naturel que sont nos excrétions. Ainsi, dans les boues d’épuration qui sont épandues sur les champs en France, il n’y a même pas 10 % de la principale matière fertilisante de nos excrétions, à savoir l’azote.

Pourtant la France, en tant que nation agricole, est presque championne du monde occidental dans ce domaine : les autres pays tournent plutôt autour de 5 %, 2 %, voire souvent 0 % de valorisation de l’engrais naturel azoté de nos excrétions.




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La plus grande « usine de destruction d’engrais naturel » de France

Vue aérienne de la station d’épuration d’Achères (Yvelines) en 2012.
ToucanWings, CC BY-SA

C’est en m’intéressant à ce deuxième paradoxe que je me suis progressivement passionné pour nos excrétions. Après une formation généraliste d’ingénieur à l’École polytechnique, je me suis spécialisé dans l’ingénierie de l’environnement à l’École nationale des ponts et chaussées.

En 2007, mon premier stage d’ingénieur a consisté à étudier une phase de travaux de ce que je renomme désormais la plus grande « usine de destruction d’engrais naturel » de France, à savoir la station d’épuration des eaux usées d’Achères (dite Seine aval), qui reçoit les excrétions d’environ 5 millions d’habitants de l’agglomération parisienne.

Avant cette phase de travaux, l’azote des eaux usées arrivant à cette station était principalement rejeté en Seine, ce qui induisait une pollution dramatique du fleuve. Il était alors vu comme un très grand progrès environnemental d’envoyer dans l’atmosphère l’azote des eaux usées pour protéger le fleuve.

Pour moi, ce fut une entrée en dissonance majeure. Le plus grand chantier de génie civil d’Europe de l’époque, auquel je contribuais, était dédié à construire une usine qui allait utiliser des ressources fossiles pour détruire de l’engrais azoté naturel.

Le taux de dilution de nos excrétions empêche en effet de mettre en œuvre des procédés de récupération : 1,2 litre (l) d’urine et 120 grammes de matières fécales sont mélangées chaque jour à environ 25 l de chasses d’eau et 125 l d’autres eaux usées domestiques collectées dans les égouts.




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Détruire l’azote des eaux usées d’un côté, importer des engrais de synthèse de l’autre

À l’échelle de toute la France, la solution qui a été mise en œuvre ces dernières décennies est donc de détruire la moitié de l’engrais azoté de nos eaux usées, tout en continuant d’en rejeter environ 40 % dans les milieux aquatiques.

Dans le même temps, la France est depuis longtemps devenue totalement tributaire des importations de ressources fossiles pour faire la réaction exactement inverse dans les usines de synthèse d’engrais azotés. Ces réflexions autour de mon travail de stage m’amenèrent à étudier comment circulent les matières, molécules et atomes, pour subvenir à nos besoins fondamentaux d’alimentation et d’excrétion. En voici le parcours.

Nous dépendons en amont d’une usine pétrochimique de synthèse d’engrais azotés. Dans cette usine, moyennant une grande quantité d’énergie et de ressources fossiles, l’azote atmosphérique est converti en engrais azoté disponible pour les plantes.

Le système alimentation/excrétion linéaire actuel, comparé à un système alimentation/excrétion circulaire.
Élise Auffray

Ces atomes d’azote voyagent alors de l’usine au champ, du champ à la plante, de la plante à notre bouche, de notre bouche à nos cellules, enfin de nos cellules à notre urine, qui est la voie par laquelle le corps humain excrète majoritairement l’azote. À ce stade, l’azote est exactement sous la même forme chimique qu’à la sortie de l’usine de synthèse d’engrais azotés, à savoir l’urée.

Et son voyage continue : de notre urine à la toilette, de la toilette à l’égout, de l’égout à la station d’épuration. Et là, avec à peu près la même quantité d’énergie consommée et la même quantité de gaz à effet de serre émis par unité d’azote, l’engrais azoté de nos excrétions subit la réaction exactement inverse de celle de l’usine pétrochimique d’engrais : sa dissipation dans l’atmosphère.

En 2007, alors que j’étais choqué par ce fonctionnement linéaire, intensif et polluant, pour la plupart des personnes avec qui j’avais pu en parler, il n’y avait pas de problème. Les ressources fossiles étaient illimitées, le changement climatique n’était pas très important, les pandémies étaient de mauvais souvenirs, la paix en Europe était éternelle, la croissance économique allait reprendre et l’eau coulerait toujours au robinet.




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Le projet du Grand Paris incompatible avec le paradigme d’assainissement actuel

Depuis bientôt vingt ans, je constate que ces mirages se sont évanouis les uns après les autres dans la conscience collective et dans la réalité de nos vies. Tragiquement bien sûr, puisqu’il s’agit d’un bouleversement majeur de nos sociétés qui est en cours. Mais il y a tout de même un (maigre) lot de consolation : de plus en plus de personnes s’attachent à nouveau aux conditions matérielles de leur existence. L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons, les insectes qui pollinisent nos plantes alimentaires… et nos excrétions qui pourraient fertiliser nos champs !

À la fin de mes études, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer la haute administration du ministère en charge du développement durable, en devenant ingénieur du corps des Ponts et chaussées. Le rêve : le Grenelle de l’environnement battait son plein et j’allais pouvoir rejoindre la fonction publique pour mettre en œuvre cette fameuse transition écologique si nécessaire. Le rêve fut de courte durée : quelques mois après ma prise de poste, notre président de la République expliqua que l’environnement, « ça commençait à bien faire ».

Après plusieurs expériences professionnelles dans des administrations en charge de politiques de l’eau et de l’assainissement, l’année 2013 marqua une bifurcation dans ma trajectoire. La direction régionale Île-de-France du ministère en charge du Développement durable venait de rendre un rapport expliquant en substance qu’il n’était pas possible de faire le projet du Grand Paris, tout en respectant les objectifs de qualité de l’eau de la Seine à l’aval de l’agglomération.

Le changement climatique induisait une baisse progressive du débit des rivières, le projet du Grand Paris une hausse progressive de la population. Le faible débit de la Seine ne pouvait déjà pas suffire à diluer les eaux usées traitées de l’agglomération tout en garantissant un bon état des eaux. La situation n’allait qu’empirer à l’avenir.

Un programme de recherche-action sur la gestion des urines et matières fécales humaines

Après que j’eus contacté de très nombreuses organisations pour savoir comment on pouvait répondre sérieusement à cette impasse, ce sont finalement des chercheurs qui m’ont indiqué que, face à un défi d’une telle complexité, la meilleure méthode pour aborder le problème était de faire de la recherche. Après un an et demi d’efforts de montage, j’ai finalement réussi, à la fin de l’année 2014, à lancer le programme de recherche-action OCAPI, hébergé au laboratoire Eau, environnement et systèmes urbains à l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC).

Je suis ainsi devenu chercheur, avec également une posture d’« intrapreneur » d’action publique, tentant comme je le peux depuis cette position de donner du pouvoir d’agir aux nombreux collectifs qui s’intéressent à ce sujet, en premier lieu en partageant les connaissances, et en essayant de susciter une transformation de l’action publique et privée en la matière.

Une autre histoire des excréments, de Fabien Esculier, publié aux éditions Actes Sud, avril 2026.
Éditions Actes Sud

Premier programme de recherche-action académique français qui se soit intéressé à questionner les modes de gestion des urines et matières fécales humaines dans une vision systémique, OCAPI a connu depuis dix ans un développement aussi important que la prise de conscience grandissante des impasses de ce mode de gestion qui consiste à prélever une eau précieuse pour la souiller de nos excrétions, l’exporter loin des habitations et tenter de détruire ces matières fertilisantes devenues pollutions des milieux aquatiques et disséminatrices de risques sanitaires. Le programme OCAPI s’intéresse en particulier aux techniques dites de séparation à la source, où les urines et/ou les matières fécales humaines sont collectées séparément pour être valorisées en agriculture, et qui se déploient actuellement en France. Un appel à l’action et des propositions pour changer d’échelle ont récemment été rédigés.

Cet ouvrage a pour objectif de partager le récit, souvent très peu connu, des principales étapes qui nous ont fait arriver à cette situation et d’ouvrir les possibles et les imaginaires vers des futurs soutenables.

The Conversation

Le programme OCAPI (www.leesu.fr/ocapi), coordonné par Fabien Esculier, reçoit des financements publics (Agence de l’Eau Seine Normandie, ADEME, ANR, FranceAgriMer, Union Européenne, collectivités locales).

ref. Déchets ou ressources ? Une autre histoire des excréments – https://theconversation.com/dechets-ou-ressources-une-autre-histoire-des-excrements-278218

Face aux stratégies d’évitement scolaire des parents, les collèges contre-attaquent

Source: The Conversation – France (in French) – By Lisa d’Argenlieu, Doctorante en management, Université Paris Dauphine – PSL

Les parents « consommateurs d’école » ont animé le débat depuis que François Dubet a évoqué pour la première fois, en 2013, l’attitude « stratège » de certaines familles face aux choix d’orientation. Derrière cette expression se cachent des comportements divers : évitement du collège de secteur par des demandes de dérogation, déménagement, inscription en établissement privé ou interventions dans l’établissement (volonté de changer les choix pédagogiques, demande de changements de notation).

Dans une recherche publiée dans la revue scientifique Décisions Marketing, nous nous sommes arrêtés sur la réponse des collèges à cet évitement : contrairement aux idées reçues, certains d’entre eux développent de véritables stratégies de marque.

Et ces stratégies marketing ne concernent pas seulement les établissements favorisés. Même des collèges en grande difficulté peuvent s’y engager, à condition de disposer de ressources (matérielles, pédagogiques, financières…) qu’ils peuvent valoriser.

Pour mener cette recherche, nous avons réalisé une soixantaine d’entretiens avec différents acteurs du système éducatif : des personnels de collèges (chefs d’établissement, enseignants, personnels éducatifs), des parents d’élèves, des représentants des directions académiques et des responsables de l’enseignement catholique.

En quoi ce résultat est-il important ?

La littérature préalable à notre recherche définit la marque scolaire par son existence dans les contextes de libre choix officiel. Or, notre enquête montre qu’elle apparaît aussi dans les marchés scolaires officieux, donc non légiférés. Dans ce contexte, travailler sa marque devient une manière pour les collèges de reprendre la main sur leur identité pour lutter contre des réputations subies.

Notre recherche identifie deux conditions principales à l’émergence d’une marque scolaire :

  • une tension liée à la population d’élèves, comme un manque de mixité sociale ou une baisse du nombre d’élèves ;

  • la volonté et la capacité de valoriser une ressource spécifique. Cette ressource peut être pédagogique, par exemple une classe aménagée musique, territoriale (en lien avec équipements locaux) ou liée à un projet d’inclusivité comme un accompagnement des élèves dys.

Nous avons identifié quatre types de stratégies de marque, qui varient selon deux dimensions : la ressource de l’établissement et le type de mixité scolaire ciblé (l’accompagnement de tous les niveaux ou un niveau spécifique)

Les quatre stratégies de marque – traditionnelle, inclusive, méritocratique et expérimentale – se retrouvent aussi bien dans des collèges privés et publics.

Dans ce contexte, les stratégies de marque scolaire s’adaptent à des publics variés. Citons l’exemple du plan Attractivité en Seine-Saint-Denis qui a pour objectif de lutter contre l’évitement scolaire par la mise en place d’options attractives, de locaux plus attirants et de travail sur la réputation des collèges, ce qui correspond à la mise en place de stratégies de marque méritocratiques avec des options académiquement valorisables dans un objectif de mixité scolaire.

Quels effets sur le fonctionnement du système scolaire ?

Ces résultats modifient la façon dont on comprend les marchés scolaires. Jusqu’à présent, les établissements apparaissaient comme passifs face aux choix parentaux. Notre recherche montre au contraire que les collèges sont des acteurs de ces dynamiques. Les établissements qui restent en difficulté sont souvent ceux qui ne disposent pas de ressources facilement valorisables. À l’inverse, certaines politiques publiques comme les dispositifs REP fournissent aux établissements des outils pour construire une marque scolaire.

Une partie de notre enquête a été menée dans des collèges REP +, où les outils du dispositif pouvaient faire bien plus que s’adapter à un public en difficulté, et être utilisés pour attirer des familles du secteur parties dans d’autres collèges (privés ou hors secteur), voire obtenir des inscriptions d’élèves hors secteurs par dérogation.

Ces stratégies de marque scolaire maintenant identifiées, une nouvelle question émerge : comment évoluent-elles dans le temps ? Des enquêtes à venir vont avoir pour objectif d’observer comme elles se transforment, se renforcent ou disparaissent, à mesure que les établissements et les territoires changent au fur et à mesure du temps.


Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches, commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.


The Conversation

Denis Guiot a reçu des financements de la Commission Européenne et d’un Fonds unique interministériel (Ville de Paris et Oséo)

Lisa d’Argenlieu et Sarah Benmoyal Bouzaglo ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

ref. Face aux stratégies d’évitement scolaire des parents, les collèges contre-attaquent – https://theconversation.com/face-aux-strategies-devitement-scolaire-des-parents-les-colleges-contre-attaquent-278910

Attention, la crise d’Ormuz met la pression sur la dette de la France

Source: The Conversation – France (in French) – By Éric Mengus, Professeur associé en économie et sciences de la décision, HEC Paris Business School

La guerre en Iran ne fait pas que des dégâts humains et matériels. Elle pourrait faire croître la dette française autant que le déficit public. Andreasvon Mallinckrodt/Shutterstock

La hausse des prix de l’énergie s’est accompagnée, pour la France, d’un renchérissement du coût d’émission de la dette, jusqu’à 3,9 %. Vous ne l’apprécieriez pas si c’était le taux de votre crédit bancaire. Paradoxalement, il faut moins s’en inquiéter du point de vue des finances publiques nationales que des perspectives de croissance et de l’évolution du déficit dans les mois qui viennent.


Depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient à la fin du mois de février, le coût d’émission de la dette de la France a augmenté nettement pour l’État. Le taux sur la dette à dix ans est passé de 3,3 % à pratiquement 3,9 %, un taux inédit depuis 2009. Les derniers jours marquent une certaine détente de ces taux – avec la perspective d’une éventuelle résolution du conflit, ainsi que de plus nombreux passages de tankers par le détroit d’Ormuz tolérés par l’Iran – mais ceux-ci restent élevés à plus de 3,7 %.

De manière paradoxale, cette hausse des taux n’est pas nécessairement inquiétante en tant que telle pour la dette publique française, dans la mesure où elle va s’accompagner d’inflation. En revanche, il faut davantage s’inquiéter de l’évolution du déficit public – 152,5 milliards d’euros, soit 5,1 % du PIB selon les dernières données de l’Insee.

Le déficit public sera mis sous pression en raison de possibles moindres rentrées fiscales dues aux conséquences des prix de l’énergie sur l’activité économique. Il peut l’être encore davantage si l’État met en place des mesures comme le bouclier énergétique en 2022 – un coût estimé à 26,3 milliards d’euros entre 2021 et 2024. Bien sûr, une dégradation du déficit peut s’accompagner d’un renchérissement supplémentaire du coût de la dette, aggravant encore davantage les difficultés rencontrées par les finances publiques françaises.

Anticipations des marchés financiers

Il faut noter que, pour l’instant, cette hausse des taux n’est pas particulière à la France. D’autres pays, comme l’Allemagne, voient également le coût de leur dette augmenter. La différence des taux d’intérêt entre la France et l’Allemagne depuis un mois reste encore loin des sommets qu’elle avait connus en octobre dernier – le spread, ou l’écart entre les coûts d’emprunt français et allemands était compris aux alentours de 80 points.

La raison principale : l’inflation qui résultera des hausses des prix de l’énergie conduit les marchés financiers à anticiper une politique monétaire plus restrictive à l’avenir. Concrètement, ces potentielles hausses de taux d’intérêt anticipées par le marché sont intégrées pratiquement uniformément dans les taux des dettes publiques de la zone euro. Au contraire, cette hausse de taux ne paraît pas particulière à la France comme cela avec le cas au deuxième semestre de l’année dernière où les difficultés à obtenir un budget avaient conduit les taux français à s’éloigner davantage des taux allemands.

Du côté de la politique monétaire elle-même, ces hausses de taux ne sont pas acquises. Pour l’instant, le choc est perçu comme étant moins fort qu’il ne l’était en 2022 au moment de la guerre en Ukraine. Le contexte macroéconomique est jugé différent de ce qu’il était alors à la sortie de la pandémie de Covid-19. La réponse de la politique monétaire dans ce contexte est pour l’instant de :

  • Faire abstraction des chocs sur les prix de l’énergie, le « regarder à travers » ou look through en anglais ;

  • N’y réagir que si le choc devient plus fort et/ou persistant, ou bien si le secteur privé commence à anticiper davantage d’inflation, ce qui peut conduire à un risque d’inflation autoentretenue.

Dette publique et inflation : quels liens ?

Quelles conséquences aura alors davantage d’inflation pour les finances publiques françaises ? En principe, un choc d’inflation qui n’a pas été anticipé est favorable pour les finances publiques. Une large partie de la dette de la France – de l’ordre de 90 % – n’est pas indexée sur l’inflation. Une augmentation de cette dernière conduit à une réduction de la valeur réelle de ce que le secteur public français doit rembourser.




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Cet effet bénéfique de l’inflation se réduit si elle est accompagnée d’une contraction de l’activité économique et d’un moindre taux de croissance. Les perspectives de croissances pour ce premier trimestre 2026 données par l’Insee ne vont pas en ce sens : 0,2 % au premier trimestre, autant au deuxième.

Pour l’ensemble de la zone euro, dans les différents scénarios décrits par la BCE, l’effet net total sur la dette tend plutôt à une réduction de celle-ci : le choc va générer plus d’inflation que de réduction de croissance.

Cocktail explosif

La moindre activité économique conduira très certainement à une dégradation du déficit public, qui pèsera alors sur le niveau d’endettement public. Sans même ajouter de nouvelles mesures de soutien à l’économie, le secteur public verra ses rentrées fiscales diminuer et ses dépenses augmenter notamment du fait de l’assurance chômage – ce sont les stabilisateurs automatiques. Cela signifierait que la légère amélioration du déficit enregistrée l’année dernière sera de courte durée.

Des mesures supplémentaires pour atténuer les coûts du choc énergétique seraient très certainement associées à une hausse supplémentaire de l’endettement tel que cela avait été le cas avec le bouclier tarifaire en 2022.

Ces pressions sur le déficit public auront lieu dans un contexte d’ores et déjà complexe dans lequel le déficit se situe déjà au-delà de 5 % depuis plusieurs années sans qu’il n’y ait un consensus politique pour le ramener à des niveaux moins élevés. Des difficultés supplémentaires dans la maîtrise de ce déficit pourraient conduire la France à retrouver des niveaux de spreads (écart entre les coûts d’emprunt) vis-à-vis de l’Allemagne autrement supérieurs.

À plus long terme, si le choc sur les prix de l’énergie persiste, il est possible que se mette en place une situation compliquée d’un point de vue économique et social : inflation, réduction de l’activité économique, dépenses publiques contraintes laissant peu de place à des politiques de soutien. Ce cocktail risque de compliquer une année qui précède de multiples échéances électorales.

The Conversation

Éric Mengus ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Attention, la crise d’Ormuz met la pression sur la dette de la France – https://theconversation.com/attention-la-crise-dormuz-met-la-pression-sur-la-dette-de-la-france-279466